Caso Nóos

¿Por qué la infanta Cristina no paga la fianza?

La infanta Cristina a su llegada a su trabajo en La Caixa.

La decisión del juez José Castro de investigar la relación de bienes de la infanta Cristina de Borbón como paso previo al embargo, toda vez que ha dejado expirar el plazo legal sin depositar los dos millones de fianza civil que tenía pendientes, plantea una pregunta clave: la de por qué la hermana del rey ha desoído el mandato judicial.

¿Carece Cristina de Borbón de la solvencia necesaria para afrontar el pago de esos dos millones de euros tras haber consignado meses atrás 587.413 euros en la cuenta del juzgado de instrucción número 3 de Palma? ¿Resultan insuficientes sus bienes inmuebles, entre ellos, el 50% del palacete de Pedralbes, cuya venta por 6,9 millones –es el precio anunciado al juez por la pareja- se ha retrasado al denegar el Registro de la Propiedad el levantamiento del embargo que ya pesaba sobre la mitad que pertenece a Iñaki Urdangarin hasta que la Audiencia resuelva el recurso pendiente? ¿Está fuera de su alcance obtener avales bancarios de La Caixa, para la que trabaja como directiva en Ginebra, o de cualquier otra entidad financiera? Para ninguno de esos interrogantes hay todavía respuesta.

Sus abogados no han ofrecido ninguna explicación hasta el momento. El plazo legal para afrontar la fianza acabó el miércoles 9 de abril, días después de que la aristócrata y su marido, Iñaki Urdangarin, fuesen fotografiados de vacaciones de Semana Santa en una playa de la Toscana italiana.

A esas vacaciones se refirió este viernes de modo expreso la abogada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular en nombre de la asociación Manos Limpias y que ha pedido al juez que inicie ya los trámites para el embargo, proceso que ya ha iniciado de oficio el magistrado pero que, a efectos prácticos, puede demorarse meses. Primero, el magistrado requerirá a los inculpados para que aporten una relación de sus bienes; luego, si resulta necesario, pedirá información actualizada a la Agencia Tributaria, que en el caso de la infanta ya propició un monumental lío al atribuirle la propiedad de 13 inmuebles por un "error" informático. 

En una nota de prensa, López Negrete sostiene que la infanta sí “posee bienes suficientes para hacer frente a la fianza que le fue impuesta”. Cristina de Borbón –agrega la letrada citando las noticias sobre sus vacaciones de Semana Santa- “alardea de un ritmo de vida nada coherente con el no depositar, como cualquier otro ciudadano, la fianza de algo más de dos millones de euros que le corresponde como onsecuencia de estar acusada como cooperadora necesaria, de dos delitos fiscales, enfrentándose a la pena de 8 años de prisión”.

La caución establecida por el juez para Cristina de Borbón es pequeña en comparación con la de su esposo: esta asciende nada menos que a 14,95 millones, aunque ya tenía bienes embargados para responder de los 6,11 millones en que había sido fijada originalmente.

El palacete de Pedralbes, cuya compra escrituraron los Urdangarin-Borbón por 5,8 millones de euros en septiembre de 2004, constituye la joya de la corona del patrimonio familiar. Pero no es el único inmueble de su propiedad. La empresa Aizoon SL, justamente aquella con la que Urdangarin maniobró para pagar menos a Hacienda y que recibió más de un millón de euros del Instituto Nóos, es la que ha terminado por colocar en el banquillo a su esposa.

Y es, también, la compañía propietaria de otros tres inmuebles: dos en Palma, con garaje y trastero y adquiridos en 2004, es decir, en pleno boom inmobiliario, por 203.230 y 196.799 euros respectivamente; y de un tercer piso en la ciudad catalana de Terrassa escriturado en 247.587 euros.

Pero no basta con sumar y dividir por dos a efectos de calcular si la infanta podría depositar avales por importe de dos millones de euros.

Sobre el palacete de Pedralbes pesa una costosa hipoteca de cinco millones de euros otorgada por La Caixa en el momento de la compra y por la que la pareja pagaba 52.000 euros cada trimestre.

En febrero de 2013, así lo declaró Urdangarin, el matrimonio adeudaba seis meses a La Caixa. O sea, más de 100.000 euros. Qué ocurrió a partir de ahí o si la entidad catalana les exigió o no el pago de los atrasos es otra incógnita. Como lo es qué ocurrió con el medio millón procedente del 25% de la venta del piso donde previamente residían la pareja y sus hijos y que Cristina de Borbón declaró en 2007 como destinado a reinversión en la vivienda habitual. O cuál fue el destino final de los 1,2 millones que el rey Juan Carlos prestó a su hija en 2004 para la compra de la mansión de Pedralbes ayudó a enjugar la hipoteca.

El único dato cierto hoy por hoy es que, a tenor de los datos ofrecidos al juez por las defensas de los duques, la venta del palacete por 6,9 millones de euros apenas permitiría que entre ambos depositasen 2,37 millones en total para sus respectivas fianzas una vez levantadas las cargas.

La pareja hizo ese cómputo teniendo en cuenta cuánto sobraría tras pagar la hipoteca, una deuda tributaria de Urdangarin –por IRPF– de 253.000 euros y otra con La Caixa de 437.000 euros. A esas dos últimas, el juez dijo que no. O sea, que si la mansión se vende en los términos previstos –y no se conoce la identidad del comprador final, solo que hay un intermediario–, La Caixa tendrá que esperar y los 437.000 euros deberán ir a la cuenta de consignaciones del juzgado. El dinero de la deuda tributaria, también.

Como la residencia de Pedralbes, los pisos de Palma y Terrassa están gravados por sendas hipotecas: 389.000 suman las de los dos inmuebles de Palma con sus correspondientes garajes y trasteros, todo ello adquirido en 2004. Y se eleva a 191.000 euros el crédito concedido en 2007 para la compra del piso de Terrassa.

¿Y del dinero, qué?

El proceso de embargo de bienes implica la localización de todos los bienes, no solo los de carácter inmueble. Es decir, el juez averiguará cuánto dinero hay en las cuentas de la pareja a día de hoy y, también, si poseen valores o instrumentos financieros de cualquier tipo que puedan contribuir a cubrir la fianza.

En la ya mencionada declaración de febrero de 2013, Urdangarin aseguró que solo le quedaban 80.000 euros en sus cuentas. Tres años antes, y a través de su suculento contrato con Telefónica, el yerno de Juan Carlos de Borbón había cobrado 337.000 euros.

Ese mismo ejercicio de 2010, su esposa anotó en su declaración de IRPF ingresos totales por 328.400 euros. En total, el matrimonio superó así los 600.000 euros brutos, cantidad en la que se subsume la guinda del arrendamiento que cada uno de sus miembros cobró hasta junio de ese año –643 euros al mes– de su empresa Aizoon SL por alquilarle una parte de su propio palacete familiar.

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