Hubo voces diversas, desde las más beligerantes a las más moderadamente críticas, que advirtieron de que la primera luz verde ambiental de la Xunta al plan de Altri y Greenalia de construir en Palas de Rei una fábrica de fibras textiles de celulosa y lyocell a partir de este producto no era nada más y nada menos que eso. Es decir, el proyecto Greenfiber avanza por la vía del Gobierno gallego, uno de sus impulsores a través de la empresa Impulsa Galicia —fundada por la Xunta junto a Abanca y otras empresas—, pero el partido no ha terminado.
En este contexto, siguen entrando en juego múltiples elementos. A la espera de la próxima aprobación ambiental del Ejecutivo gallego —la Autorización Ambiental Integrada—, otra carta de la jugada fue el primer "no" a la obtención de los fondos europeos —los de descarbonización del plan de recuperación post-covid—, que la empresa solicitó sabiendo que incumpliría los plazos. Y otras dos son, en los últimos días, la liberación de expediente completo para la autorización de Altri por parte del colectivo Ulloa Viva y la dimisión de la directora general del Patrimonio Cultural.
La publicación de la amplísima información documental del expediente (más de 7 gigas de documentos) fue decidida por la plataforma que agrupa a organizaciones y personas opuestas a Altri "en nombre de la transparencia y del derecho a la información". Aseguran estar convencidos de que "sólo con acceso a datos reales se puede ejercer una participación efectiva y responsable".
En este proceso, Ulloa Viva tiene acreditada la condición de parte interesada en el procedimiento administrativo, lo que le permite acceder a los documentos que ahora divulga. Con esta condición, también tienen previsto litigar contra las autorizaciones de la fábrica, una “estrategia judicial” para la que han abierto una campaña de recaudación de fondos en la que dicen que necesitan un mínimo de 70.000 euros, de los que ya se han recaudado más de 62.000.
Dimite la directora que firmó el "icónico" informe de la chimenea
Uno de los informes de la Xunta liberados por Ulloa Viva antes de la publicación completa del expediente fue el de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta. En él, el departamento dependiente de la Conselleria de Cultura dio su visto bueno a la instalación de Altri, adoptando las recomendaciones propuestas por una consultora contratada por la compañía para evaluar el impacto de su proyecto en el Camino de Santiago. Entre ellas, convertir la chimenea de 75 metros que tendría la fábrica en un “icono” arquitectónico.
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Ese informe, centrado en la "salvaguardia de los aspectos ambientales relacionados con el patrimonio cultural y, de forma singular, con el Camino de Santiago Francés", estaba firmado por Carmen Martínez Insua, directora general de Patrimonio Cultural desde hace más de 12 años. Tras meses en los que en círculos políticos y relacionados con el patrimonio cultural sonaba con fuerza la posibilidad de su dimisión, ese cese ha llegado este mismo lunes "a petición propia", según ha informado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión semanal del Gobierno autonómico, celebrado en Lugo.
Según adelantó El Correo Gallego, Martínez Insua justifica que "los cambios son necesarios" y prevé "buscar otras alternativas en la vida de funcionaria". Consultada por el diario compostelano sobre el informe sobre Altri, asegura tener la "conciencia totalmente tranquila" ya que el trabajo se basó en "criterios técnicos" y, en ese sentido, asegura que las críticas "desde el punto de vista del patrimonio cultural" no "tienen justificación", sino que "son más bien interpretaciones o lecturas erróneas de los informes".
Fuentes consultadas por Praza.gal apuntan a una mezcla de factores en torno a esta dimisión. Algunas de carácter personal y no relacionadas con el cargo. Otros, por el cansancio y cierto aburrimiento en el ejercicio de la dirección de Patrimonio Cultural, sensaciones que la controversia en torno al informe de Altri sólo contribuyó a acrecentar. El cambio contribuye también, por razones obvias, a avivar la polémica en torno a la autorización del proyecto Greenfiber.
Hubo voces diversas, desde las más beligerantes a las más moderadamente críticas, que advirtieron de que la primera luz verde ambiental de la Xunta al plan de Altri y Greenalia de construir en Palas de Rei una fábrica de fibras textiles de celulosa y lyocell a partir de este producto no era nada más y nada menos que eso. Es decir, el proyecto Greenfiber avanza por la vía del Gobierno gallego, uno de sus impulsores a través de la empresa Impulsa Galicia —fundada por la Xunta junto a Abanca y otras empresas—, pero el partido no ha terminado.