La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de hacer pública una resolución que sanciona a la Consellería de Medio Ambiente como responsable, por su baja seguridad informática, de la filtración de datos personales de unas 40.000 personas propietarias de animales de compañía. Además de datos como nombres, direcciones o teléfonos, la brecha de seguridad también facilitó el acceso a documentos escaneados como el DNI. Según Protección de Datos, la propia Xunta admitió que el acceso a esa documentación “podría dar lugar a que las personas físicas afectadas pudieran ser víctimas de usurpación de identidad”.

En octubre de 2023 la Xunta informó a través del Diario Oficial de Galicia (DOG) de que un “incidente de seguridad informática” había afectado “a los datos personales de las personas titulares de animales de compañía inscritos en el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía de Galicia (Rexiac)”, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Tras aquellos hechos, Protección de Datos abrió una investigación que ahora concluye con una resolución que establece la responsabilidad de la consellería.

Según la resolución, la brecha informática se inició el 8 de septiembre de 2023 y la consellería tuvo conocimiento de la misma a través de una alerta del Centro Criptológico Nacional los días 13 y 14. Pero la brecha no se dio por cerrada hasta el 22 de septiembre y la Xunta no informó a la ciudadanía a través del DOG hasta el 3 de octubre con la publicación de un anuncio que tenía fecha del 29 de septiembre.

El origen de la brecha fue “la usurpación de credenciales de acceso de 7 usuarios legítimos”, esto es, de las contraseñas de personas habilitadas para consultar el registro. Un registro que a su vez contaba con sistemas de consulta distintos para que los propietarios pudiesen conocer los datos de sus mascotas y para el acceso de otros usuarios no propietarios, como veterinarios, concellos o policía. Pero la consellería “carecía de un sistema de gestión y eliminación de perfiles inactivos” y tampoco contaba con doble factor de autenticación de los perfiles.

La Xunta alegó la “complejidad organizativa y heterogeneidad de usuarios”, pero Protección de Datos le respondió que eso “no elimina el deber jurídico de garantizar un nivel de seguridad adecuado”, sino que “al contrario, la existencia de distintos perfiles y entidades con acceso al nivel de usuario de la plataforma comprometida debían ser valoradas desde un inicio para asegurar la adopción de medidas técnicas y organizativas de todo tipo necesarias para asegurar un adecuado nivel de protección”.

Una vez producida la brecha, Protección de Datos también dice que “la ausencia de una monitorización avanzada dificultó la detección temprana de la brecha de datos personales, lo que revela una insuficiencia de las medidas técnicas y organizativas adecuadas y, por ende, el incumplimiento” del reglamento de protección de datos.

Protección de Datos recoge que la propia Xunta, como responsable de los datos, admitió que “se contabilizaron más de 40.000 consultas de información, por lo que se estima un número aproximado de 40.000 personas que podrían ver afectados sus datos personales”. Respecto de la documentación escaneada que también estaba disponible en el sistema, la consellería señaló que “dicha extracción podría dar lugar a que las personas físicas afectadas pudieran ser víctimas de usurpación de identidad, o de campañas de phishing/spamming o sufrieran la pérdida de control sobre sus datos personales”.

La resolución señala que el Centro Criptológico Nacional “no tiene constancia del uso, publicación o venta en internet de los datos robados”, pero no indica con qué fecha hizo esa valoración ni descarta que los datos robados puedan ser empleados en el futuro.

Ante las alegaciones de la Xunta de que no constan daños, Protección de Datos concluye que “no puede sostenerse en este punto la ausencia de culpa de la consellería que sufrió una brecha de datos personales como consecuencia de una usurpación de credenciales que carecía de medidas de todo tipo, como el doble factor de autenticación o una política de modificación periódica de contraseñas, entre otros”. Por eso, Protección de Datos concluye imponiendo una sanción a Medio Ambiente que en la práctica no es más que un apercibimiento, la declaración de que la consellería “infringió lo dispuesto” en el reglamento de protección de datos, ya que las administraciones públicas no tienen que pagar multa económica. Esta, en el caso de dirigirse a una empresa, podría ser de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual.

El Tribunal Supremo acaba de pedir a la Comisión Europea el dictamen motivado que emitió hace un año en el que consideró que el Gobierno de Aznar había incumplido la normativa comunitaria al prorrogar la concesión de la AP-9 hasta 2048 sin concurso público para después privatizarla. La petición se produce en el marco del proceso judicial iniciado por la asociación de transportistas Apetamcor para que el Gobierno de España rectifique de oficio aquella prórroga y la anule, para lo que el Supremo considera que la valoración de la Comisión Europea puede ser relevante. Ahora será el propio Ejecutivo comunitario el que decida si entrega ese dictamen a la justicia española o si la normativa europea permite mantenerlo confidencial.

Hace un año la Comisión Europea hizo público que acababa de alcanzar un dictamen motivado —cuyo contenido concreto no reveló— en el que instaba a España a respetar la normativa comunitaria sobre concesiones tras considerar, en el marco de un procedimiento de infracción abierto desde 2021, que la prórroga autorizada por el Gobierno de Aznar hasta 2048 sin concurso público había incumplido dicha normativa. Tras conocerse ese paso de la UE, la asociación Apetamcor pidió formalmente al Gobierno de España la revisión de oficio de dicha prórroga. Pero el Ejecutivo de Sánchez viene negándose tanto a iniciar el procedimiento para anular aquella prórroga como a rescatar la concesión y apuesta por mantener activo el pleito con la UE, que puede tardar años en ser resuelto por la justicia europea.

Tras la negativa del Consejo de Ministros a su petición de revisar la concesión, Apetamcor recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo. En ese pleito judicial Apetamcor pidió tener acceso al expediente de infracción de la UE y al dictamen motivado de la Comisión Europea.

En un primer auto del mes de mayo, el Supremo rechazó que Apetamcor pudiese pedir ese dictamen como una ampliación del expediente administrativo que elaboró el Gobierno de España sobre su petición de revisión de oficio de la prórroga. El Supremo admitía entonces la negativa del Gobierno a facilitar el dictamen con el argumento de que no formaría parte del expediente de revisión propiamente dicho. Pero ahora el Supremo sí acepta otra vía empleada por Apetamcor para tratar de acceder al dictamen, ya no como ampliación del expediente que obre en poder del Ejecutivo español sino dentro del periodo de prueba que pueden abrir las partes antes de que el tribunal emita sentencia.

Para ese periodo de prueba Apetamcor pidió que se aportase no solo el expediente del Gobierno de España sobre su petición de revisión, sino también y al margen el dictamen de la Comisión Europea. El Estado y Audasa volvieron a oponerse insistiendo en que es confidencial hasta que termine el procedimiento de infracción de la UE, pero el Supremo tiene una visión distinta.

Si antes el tribunal no consideraba el dictamen parte del expediente del Gobierno de España sobre la petición de Apetamcor, ahora, según un auto del 22 de julio, sí considera que como prueba “no puede considerarse ni impertinente ni inútil”. Según dice, con esa “prueba” que solicita Apetamcor “pretende acreditar que la prórroga acordada” cuya revisión solicita “es contraria a la normativa europea, cuestión esta que no está desvinculada del objeto de este procedimiento”. El Supremo admite que el dictamen por sí mismo no anula la prórroga, pero “eso no implica que dicho dictamen no sea relevante, pudiendo ser tomado en consideración como un elemento más que sirva para apreciar si existieron infracciones de las normas de la Unión Europea que pueden determinar la nulidad de pleno derecho de las normas” cuya revisión de oficio solicitó Apetamcor.

Esto es, igual que en el ámbito comunitario el dictamen puede ser empleado por la Comisión Europea para iniciar un procedimiento contra España en el Tribunal de la UE, a nivel estatal el Supremo también puede tenerlo en cuenta para decidir si el Gobierno de España debe revisar de oficio la prórroga.

El Supremo considera pertinente la petición de Apetamcor del dictamen europeo como una prueba más a tener en cuenta en el proceso judicial, pero dice que las valoraciones sobre si el documento se debe mantener o no confidencial “corresponde realizarlas a la Comisión Europea y no a este Tribunal”. Así que su decisión es enviar un oficio a la Comisión Europea “para que valore si procede o no”, de acuerdo con la normativa comunitaria, “remitir el dictamen motivado que se solicita como medio de prueba”.

A finales del pasado año un juzgado de Ferrol condenó a la empresa Samaín Servizos á Comunidade, del grupo ACS, y a uno de sus trabajadores por el acoso laboral y sexual de este último contra una compañera, limpiadora en la sede administrativa de la Xunta en Ferrol. El hombre realizaba comentarios como “qué rico hueles, ¿sabes igual?” o “aquí tenía que venir un Hitler o un Franco”, y la empresa tardó meses en actuar y no lo hizo hasta que supo que la víctima había denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

La mujer acabó recibiendo una baja médica por ansiedad, pero esta fue calificada inicialmente como enfermedad común, por lo que tuvo que recurrir también por ello ante la justicia, que tanto en un juzgado de lo Social de Ferrol como ahora en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le da la razón en que lo suyo debe ser considerado accidente laboral.

Según la sentencia, revelada por Praza.gal en enero, que analizó el fondo de su caso, la mujer ya trabajaba como limpiadora del edificio de la Xunta en Ferrol cuando a finales de 2022 se incorporó también como limpiador un compañero que “comenzó a realizar comentarios” como “qué rico hueles, ¿sabes igual?”, “¿no te da vergüenza venir tan pintarrajeada a trabajar?”, “los hombres deben estar trabajando y las mujeres en casita” o “aquí tenía que venir un Hitler o un Franco”. Unos comentarios que el compañero lanzó “durante meses, incluso delante del superior jerárquico de ambos”, el responsable de limpieza del edificio, “y de forma reiterada”.

La mujer pidió a un segundo superior, jefe del servicio, primero que actuase la mutua de la empresa, “que aquel le negó”, y después, el 31 de mayo de 2023, la activación del protocolo de acoso laboral. Además, su jefe inmediato “puso en conocimiento” del jefe del servicio lo que él mismo había presenciado. Sin embargo, la empresa tardó meses en actuar y no realizó un despido disciplinario del acosador hasta octubre de 2023, tras saber que la víctima había denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

Al tiempo que la víctima pidió la activación del protocolo de acoso laboral, recibió una baja médica por “ansiedad generalizada”, pero la Seguridad Social decidió declararla “enfermedad común”. La mujer tuvo que recurrir a la Justicia y en mayo del pasado año un juzgado de lo Social de Ferrol le dio la razón y estableció que era “accidente de trabajo”. Pero Samaín recurrió ante el TSXG y este ahora reitera que lo sucedido debe ser calificado como accidente laboral.

Según la sentencia del TSXG, “antes de los episodios relacionados con la interacción del otro trabajador implicado, la situación de salud de la trabajadora era estable y permitía el desempeño del trabajo, resultando evidente que tras esa interacción se produce la alteración de salud que implica el impedimento para el trabajo constitutivo de la incapacidad temporal”.

La sentencia también dice que “la propia reacción de la empresa, activando el protocolo de acoso, que culminó en el despido del otro trabajador, ayuda a corroborar la trascendencia de dicho comportamiento en el empeoramiento del estado de salud de la trabajadora que motivó la baja por incapacidad temporal”. Un protocolo en el que la propia empresa admitió que “existen conductas verbales, constitutivas de acoso sexual y por razón de sexo —tras hacer comentarios o bromas sexuales obscenas y comentarios impropios— en el ámbito del trabajo”.

Así que el TSXG concluye que lo sucedido debe ser considerado accidente de trabajo y Samaín Servizos á Comunidade debe asumir también las costas judiciales.

El pasado abril, en el debate anual sobre política general, el presidente Rueda puso en el punto de mira al personal de baja laboral. Desde entonces, la Xunta, la patronal y en las últimas semanas también el PP estatal de Feijóo vienen presentando como “absentismo” la demora con la que las personas asalariadas obtienen un tratamiento por parte del sistema de salud y, con ella, el alta laboral. En esta lucha de clases entre el capital y el trabajo, responsables políticos y empresariales suelen poner ejemplos de supuestos empleados de baja que realizan actividades presuntamente incompatibles con su curación.

Pero en el otro lado la justicia gallega también viene anulando despidos de personas de baja a las que se acusó de excederse a partir de informes de detectives privados y a las que las sentencias reconocen su derecho a hacer “vida cotidiana”, recordando incluso que también las empresas incumplen en ocasiones sus obligaciones.

Una sentencia del pasado mayo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el despido de un hombre con “lumbago con ciática” que fue despedido tras dos meses de baja amparándose la empresa en un informe de un detective privado. La empresa reprochó a su empleado que cortase el césped, levantase unas losas de 25 kilos, empujase una carretilla con leña o saliese de un establecimiento cargando seis botellas de agua de litro y medio.

La sentencia del TSXG comienza valorando que en este caso la dolencia no es simulada o fraudulenta, sino que “la realidad del lumbago con ciática no es discutida”. Pero también señala que la prescripción médica que tenía el trabajador era “la de no hacer esfuerzos, sin mayor concreción y sin que esté acreditada una indicación médica de reposo”. Y considera que “algunas de las conductas imputadas y acreditadas no tienen especial significación o relevancia”. Así, tras subrayar que habría que tener en cuenta la complexión del hombre para valorar el peso relativo de las cosas que levantó, la sentencia señala que cargó las losas antes de recibir la prescripción de no hacer esfuerzos o que no se tiene constancia del tipo de leña que llevaba en la carretilla.

Sí se pudo establecer el peso de las losas y de las botellas de agua, pero el tribunal señala que hay que tener en cuenta la “proporcionalidad, o no, de la decisión de despido”. “Estamos ante dos conductas puntuales y solo parcialmente objetivadas, y ello puesto que no se señalan en los hechos probados datos como, por ejemplo, la concreta distancia recorrida con las botellas”, dice la sentencia, que añade que “en este sentido conviene decir que tampoco otros incumplimientos de las personas trabajadoras o de las empresas, cuando son puntuales, constituyen una causa justificativa de la ruptura de la relación laboral”. Y pone como ejemplos “faltas de asistencia o de puntualidad de la persona trabajadora” o “retrasos en el abono de las nóminas o impagos por parte de la empresa”.

El TSXG valora también que el hombre tenía una antigüedad laboral de más de 30 años y nunca había sido sancionado, por lo que considera que “la sanción de despido no es proporcionada en atención a las circunstancias del caso concreto”. Así, la sentencia no solo anula el despido, sino que también indemniza al trabajador con 7.501 euros “por daños morales”.

También en las últimas semanas acaba de hacerse pública otra sentencia, en este caso de la sección de lo Social número 3 del Tribunal de Instancia de A Coruña, que anuló el despido de una mujer que había sufrido un ictus. Menos de cinco meses después fue despedida amparándose la empresa, igualmente, en un informe de un detective privado que la observó “llevando a cabo, con intensidad y de forma reiterada, actuaciones como permanecer sentada, caminar, pasear, subir y bajar escaleras y rampas, acudir a centros comerciales, ir de compras y portar bolsos o bolsas de tamaño generoso”. También mantenía “relaciones sociales con toda normalidad” y realizaba “trámites administrativos en oficinas públicas” o “actuaciones con su teléfono móvil”. Incluso se le reprochó que acompañaba a su hijo menor de edad hasta la parada del autobús.

Sin embargo, la sentencia hecha ahora pública considera que “las tareas que realiza la trabajadora no suponen ningún estrés, ni esfuerzo alguno, más allá de realizar funciones normales en la vida cotidiana de una madre”. “Son actividades que se pueden incluir dentro de la vida cotidiana de cualquier persona, incluida la conducción de un vehículo, y que se trata de actividades que no se acreditó que sean incompatibles con su enfermedad, ni tampoco con la curación de la misma”, subraya la sentencia.

Así, igual que en el caso anterior, la sentencia anula el despido y obliga a la empresa a indemnizar a la trabajadora con 5.000 euros por “daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales”.

La sentencia cita diversa jurisprudencia y recuerda que “cuando el trabajador está en situación de incapacidad temporal, la realización de actividades incompatibles con la recuperación o que evidencian simulación pueden suponer un despido disciplinario” por “transgresión de la buena fe contractual”. Sin embargo, para que el despido por esa transgresión de la buena fe sea procedente debe cumplir varias exigencias: que el incumplimiento sea grave; que sea culpable y la persona actúe de manera consciente y no sea un error o descuido; que exista proporcionalidad entre la conducta y la sanción teniendo en cuenta la antigüedad y trayectoria anterior del empleado; y que la empresa no “guarde” los hechos indefinidamente, sino que actúe en un plazo razonable desde su conocimiento.

Un juzgado de Santiago acaba de ratificar una sanción de ocho años de suspensión de funciones dictada por la Consellería de Sanidade contra una médica especialista en ginecología y obstetricia por trato vejatorio a pacientes y enfermeras del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO). En la sentencia, el juez dice no tener “ni un mínimo de dudas” sobre la realidad de los hechos relatados en el expediente abierto por Sanidade, que cita 34 reclamaciones en dos años contra la médica y refleja insultos y vejaciones a enfermeras y pacientes, a las que la sancionada no permitía hablar.

Según la sentencia, los hechos analizados sucedieron entre comienzos de 2022 y comienzos de 2024. Sanidade resolvió sancionar a la médica en mayo de 2024 por tres faltas disciplinarias graves y una muy grave con un total de 8 años de suspensión de funciones. La mujer recurrió, pero ahora un juzgado de Santiago, en una sentencia del pasado 1 de junio hecha pública en las últimas semanas, avala la sanción en todos sus extremos.

La sentencia dice que “de forma reiterada y mantenida en el tiempo la encartada tuvo un trato desconsiderado y vejatorio con las pacientes, llegando algunas a desarrollar cuadros de ansiedad que motivaron acudir al servicio de Urgencias”. “Esa situación generó que desde marzo de 2022 a febrero de 2024 se presentasen un total de 34 reclamaciones, todas ellas incluidas y valoradas prudentemente en el expediente disciplinario”, del que el juez también concluye actitudes como “desobedecer a sus superiores y actuaciones no diligentes, imprudentes o no apropiadas en el marco de su servicio”.

El magistrado considera que la mujer “ocasionó una repercusión en todo el servicio de Ginecología al existir una desconfianza en sus valoraciones, diagnósticos y/o tratamientos pautados tanto por parte de sus compañeros como por parte de las pacientes, a las que no permite expresarse o explicarse sobre su estado de salud, lo que supone la imposibilidad por parte de estas de exponer debidamente su situación”. “Todo ello generó una sobrecarga asistencial para el resto de facultativos tanto a nivel asistencial (repetición de consultas, cambio de especialista que solicitan las pacientes en sus reclamaciones) como docente por su nula participación en actividades con los residentes”, añade la sentencia.

“Igualmente se infieren conductas por las que la encartada no cumplió con la normativa vigente ni en materia de documentación clínica, al entregar a las pacientes copia del curso clínico realizado por diferentes profesionales, ni en materia de cumplimentación de recetas, ni en materia de confidencialidad de los datos clínicos”, profundiza el juez, que dice que tras el juicio “si este juzgador pudiese tener un mínimo de dudas respecto de la minoración o modulación de la pena impuesta [...] tras la lectura del expediente administrativo aquella posibilidad fue descartada de plano”.

Un expediente administrativo que señala que, además de las 34 quejas formales de las pacientes, un informe de la jefatura de servicio reflejó en diciembre de 2023 que “son incontables las quejas/reclamaciones verbales recibidas sobre la doctora desde el personal de enfermería, matronas, residentes y ginecólogos del servicio”. Así, el expediente recoge declaraciones de varias auxiliares de enfermería ratificando quejas de pacientes sobre que la doctora no las dejaba explicar sus dolencias.

También cita el caso de una auxiliar que cuando se presentó a la doctora esta le respondió: “me importa una mierda cómo te llames”. Cuando la auxiliar le dijo que era la primera vez que estaba en ese servicio, la nueva respuesta fue que estaba “hasta las narices o hasta los cojones de novatas gilipollas de mierda” y que en una ocasión “le tiró todos los papeles al suelo y le mandó recogerlos”.

La supervisora de urgencias de Ginecología también expuso que ya en abril de 2022 “comunicó a la Dirección de Enfermería y a la Dirección Médica del CHUO, mediante oficio, una relación del personal que sufrió trato vejatorio por parte de la facultativa” y que “en relación con las pacientes, la supervisora declara que tuvo que acudir en varias ocasiones a tratar de calmarlas por ataques de ansiedad e indicarles dónde tienen que hacer una reclamación debido a la incredulidad que muestran con el trato recibido en la consulta”.

En cuanto a las pacientes, el expediente citado en la sentencia relata el caso de una mujer a la que la doctora “comenzó a gritar y humillar, preguntándole: ¿Usted está bien de la cabeza?”. Al decirle la paciente que iba a presentar una reclamación, la doctora “ni se inmutó y en vez de facilitarle sus datos personales le imprimió su curso clínico de ginecología completo y se lo entregó”. En otro caso la doctora llamó en la sala de espera a una paciente “por su nombre y apellidos y su enfermedad”, lo que supuso una “vulneración del derecho a la intimidad”.

El juez concluye que “los hechos imputables a la demandante fueron tan reprochables y las penas impuestas tan ajustadas y ponderadas que en modo alguno pueden minorarse”. La sentencia, en todo caso, es recurrible ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El 24 de julio de 2013 un tren Alvia de alta velocidad descarriló en la curva de Angrois, en la entrada de Santiago, tras despistarse el maquinista al recibir una llamada del interventor del convoy y no frenar a tiempo. Por las 79 muertes y 144 personas heridas que dejó el siniestro fueron condenados hace dos años por un juzgado de lo Penal de Santiago tanto el maquinista como un cargo de Adif por no habilitar medidas de seguridad que evitasen el previsible error humano.

Pero el pasado enero la Audiencia Provincial de A Coruña absolvió al cargo de Adif por considerar que no hay pruebas suficientes de que él en concreto fuese quien debía prevenir ese riesgo. Así que 13 años después del accidente el maquinista acaba de quedar como único culpable, a la espera de que el Tribunal Constitucional revise si el proceso judicial se desarrolló con garantías y de que el Gobierno de España decida sobre la petición de indulto que ya le formuló el condenado.

Los más de diez años pasados entre el accidente y las sentencias judiciales, así como las discrepancias reflejadas en ellas entre las juezas que revisaron el caso y absolvieron al cargo de Adif pese a no cambiar ni una sola coma de los hechos probados, abrieron la puerta a recursos ante el Tribunal Constitucional por parte tanto del único condenado como de víctimas del siniestro.

Según el recurso del maquinista al Constitucional, el proceso judicial vulneró sus derechos de presunción de inocencia, igualdad de trato y tutela judicial efectiva ya que, argumenta su abogado, “existió una presunción de culpabilidad desde el inicio” y no se le aplicaron atenuantes por dilaciones indebidas, auxilio o reparación del daño a las víctimas.

Por su parte, la plataforma de víctimas, que sigue insistiendo en responsabilidades más allá del maquinista, pone el foco en la vulneración de su propia tutela judicial efectiva porque con los mismos hechos probados la Audiencia de A Coruña realizó una valoración distinta de la primera sentencia condenatoria del cargo de Adif “sin una justificación o explicación suficiente”, una “grave falta de motivación e irrazonabilidad” que vulneraría también los derechos constitucionales de los afectados.

A la espera de lo que decida el Constitucional, unos días antes de presentar su recurso de amparo, y de manera paralela, el abogado del maquinista pidió también al Gobierno de España oficialmente el indulto para su defendido. Condenado a dos años y medio de cárcel, una medida de gracia parcial de solo medio año, como ya se concedió en el pasado a otros maquinistas con condenas similares y como defienden maquinistas y parte de las víctimas, evitaría que entrase en prisión. Sin embargo, los indultos vienen siendo cada vez menos, con solo 13 en la última década en Galicia.

Pero más allá de la causa judicial, las víctimas recuerdan que España sigue sin realizar la investigación técnica oficial del accidente que exige la normativa europea, después de que la publicada un año después del siniestro fuese descalificada por la Agencia Ferroviaria Europea por falta de independencia y por poner el foco solo en el maquinista.

En el ámbito político sí está avanzando, tras años de demora y con el reciente aliciente del accidente de Adamuz, en Córdoba, la creación de un nuevo ente único e independiente que se encargue de esas investigaciones técnicas de siniestros ferroviarios, aéreos y marítimos.

Sin embargo, nada se volvió a saber de la “respuesta política” concreta al accidente de Angrois que exigen las víctimas después de que la comisión de investigación política abierta en 2018 en el Congreso de los Diputados nunca emitiese sus conclusiones. Así que 13 años después Angrois sigue a la espera de pronunciamientos en los ámbitos penal, técnico y político.

La Xunta acaba de archivar el proyecto de fábrica de Altri en Palas de Rei por no tener garantizada su conexión eléctrica después de años de fuerte contestación social. Sin embargo, casi un lustro después de firmar con la empresa en octubre de 2021 un acuerdo para su instalación en ese lugar, ese pacto sigue siendo secreto. Tras reiteradas peticiones del Consello de Contas o de BNG y PSdeG en el Parlamento, el Gobierno gallego viene escudándose para ocultarlo en que fue un acuerdo entre dos empresas privadas, pese a que una de ellas, Impulsa Galicia, estaba controlada por la Xunta.

Praza.gal viene formulando desde hace años varias solicitudes de acceso al documento a través de la Ley de Transparencia, la última tras asegurar el presidente Rueda en marzo que él conoció el acuerdo a través de “representantes de la Xunta”. Una petición de transparencia también denegada, ahora con el argumento de que Rueda no lo conoció “en el ejercicio de sus competencias”, pero sin que se aclare en calidad de qué lo conoció.

La Xunta viene amparándose para denegar el acceso al pacto secreto con Altri en que no fue firmado por la administración sino por una empresa creada y controlada por ella, Impulsa Galicia, pero en la que el capital público no era mayoritario sino solo del 48,02%. Eso la dejaría al margen de la Ley de Transparencia, y para incidir en ese argumento la Xunta llegó a responder oficialmente que “desconoce” el pacto y que el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmara el acuerdo como parte de un “negocio jurídico privado” y no como conselleiro.

Praza.gal viene defendiendo otra interpretación de la Ley de Transparencia, la de que al margen de quién firmase el acuerdo, este está en poder de la Xunta en el ejercicio de sus funciones de administración pública, tanto por su firma por parte del conselleiro Conde como por el control de su participación en sociedades como Impulsa Galicia.

Sería también en el ejercicio de sus funciones como presidente, y no como ciudadano particular, como Rueda conoció el pacto a través de “representantes de la Xunta”, según él mismo declaró en marzo. Por eso, dado que la Ley de Transparencia “entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder” de las administraciones, este diario reclamó ese acuerdo a la Presidencia de la Xunta.

Pero Presidencia de la Xunta remitió la petición dirigida a ella nuevamente a la Consellería de Economía y esta la rechazó de nuevo, esta vez con el argumento de que la ley le permite inadmitir “las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo”.

Ante esa negativa, Praza.gal recurrió ante la Comisión da Transparencia de Galicia, que como primera consideración acaba de decir que la petición de este diario no tuvo carácter repetitivo ya que el destinatario de la solicitud, la Presidencia de la Xunta, “no es el mismo al que el interesado solicitó la información con anterioridad”.

En su respuesta a la Comisión da Transparencia, contra la que Praza.gal no pudo alegar pese a solicitarlo expresamente, la Xunta introdujo un nuevo argumento. Esta vez, según refleja la resolución de Transparencia, Presidencia de la Xunta rechazó que el acuerdo fuese adquirido “en el ejercicio de sus competencias”, requisito establecido por la ley.

La Comisión da Transparencia subraya que “las meras declaraciones públicas de la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia indicando que es conocedora del documento, en ningún caso implican que el memorando sea información pública en poder de la Presidencia, pues esta circunstancia implicaría que el memorando fue adquirido en el ejercicio de sus competencias, lo que rechazó la Presidencia al remitir la solicitud a la Consellería de Economía e Industria”. Esto es, según la Comisión da Transparencia, al remitir Presidencia la nueva petición de Praza.gal a Economía ya estaba rechazando que Rueda conociese el acuerdo en el ejercicio de sus competencias como presidente. Queda en el aire en calidad de qué conoció Rueda el acuerdo con Altri.

Esta nueva resolución de la Comisión da Transparencia favorable a la Xunta llega después de que en un análisis anterior de otro paso previo del caso se registrase el mayor cisma interno en sus 10 años de historia al discrepar los representantes de los consellos de Contas y Consultivo sobre cómo la Xunta argumentaba que no conoce el pacto. Entonces esos dos representantes discreparon de que la Xunta introdujese un argumento nuevo en el proceso sin dar la posibilidad de que este diario alegase antes de pronunciarse la Comisión da Transparencia.

Esta vez Praza.gal pidió expresamente poder alegar a las consideraciones que formulase la Xunta. Pero la Comisión da Transparencia volvió a emitir su resolución sin dar esa posibilidad y sin pronunciarse sobre esa petición.

La Valedora do Pobo lleva años advirtiendo del problema “lamentablemente recurrente” del acoso laboral en la Xunta, con actuaciones incorrectas por parte de la administración ante una denuncia, más allá de que cada caso sea o no acoso laboral. Así lo vienen reflejando también sentencias judiciales que constatan que el Gobierno gallego no está aplicando sus protocolos como debería, provocando nuevas victimizaciones de las personas afectadas.

En esa línea, ahora la Valedora acaba de hacer públicas dos resoluciones que, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre si hubo o no acoso laboral, constatan nuevas deficiencias en la tramitación de dos denuncias recibidas por la Xunta.

El primero de los casos ahora revelados por la Valedora es el de una trabajadora que presentó una denuncia ante el Comité de Intervención contra el acoso laboral de la Xunta, conformado por ocho personas, la mitad designadas por la Administración y la otra mitad representantes sindicales. El protocolo contra el acoso de la Xunta establece que ese comité debe dar audiencia a las personas implicadas en cada denuncia. Sin embargo, tras su denuncia quien entrevistó a la mujer fue el director territorial de la consellería implicada, en este caso la de Cultura.

Tras la entrevista, en la que la mujer se sintió interrogada y revictimizada, el director territorial emitió un informe que remitió al Comité de Intervención, con el que este “decidió por unanimidad archivar la denuncia por no entrar dentro del ámbito material competencial del protocolo”.

Tras analizar el caso, la Valedora subraya que “la entrevista realizada por el superior jerárquico de la persona interesada no figura dentro del procedimiento preestablecido ni puede sustituir a la audiencia prevista en el protocolo”. Sin embargo, la resolución subraya que “el procedimiento establecido, como marco formal de actuación de la administración, se configura como una garantía fundamental para la ciudadanía [...] evitando arbitrariedades y garantizando el cumplimiento de los principios de legalidad, seguridad jurídica y transparencia y, en el presente caso, de los principios informadores del protocolo a aplicar”.

La resolución de la Valedora considera que “la entrevista realizada por una persona superior jerárquica de la denunciante puede ser percibida por esta como revictimización al no tener amparo en el procedimiento establecido y, consecuentemente, dar lugar al incumplimiento de los principios informadores del propio protocolo”. Así, termina recordando a la Xunta que el protocolo contra el acoso laboral “obliga a todas las partes implicadas en la tramitación de denuncias, no procediendo la realización de trámites no contemplados que suponen una vulneración del procedimiento establecido como garantía de los derechos para personas afectadas”.

La otra resolución que acaba de hacer pública la Valedora do Pobo analiza una denuncia presentada contra una trabajadora del Sergas en situación administrativa de servicios especiales para dar clase en una universidad, puesto en el que supuestamente habría acosado laboralmente a una compañera. La denuncia se presentó ante la Consellería de Sanidade, pero esta la remitió a la Consellería de Educación e Universidades y llegó también a la universidad implicada. Pasados cinco meses, la denunciante preguntó formalmente a Sanidade sobre el estado de la tramitación “y dicha solicitud no fue contestada”.

Según respondió Sanidade a la Valedora cuando esta le pidió explicaciones, esa consellería considera que “los hechos que se describen son ajenos a la vinculación profesional [de la denunciada] con el Servizo Galego de Saúde”, ya que actuaba como profesora y no como sanitaria.

Sin embargo, la Valedora subraya que Sanidade nada dice de la petición de información que le hizo la denunciante cinco meses después de formular la denuncia. “Ante la no contestación de esta solicitud presentada, debemos recordarle que el marco jurídico vigente configura un sistema de garantías de la ciudadanía en su relación con la Administración”, dice la Valedora, que subraya que “la solicitud presentada por la persona interesada debería haber sido contestada”.

Como viene contando Praza.gal desde hace años, la Xunta no se dotó de su primer protocolo de lucha contra el acoso laboral hasta 2016, pero solo para la administración general, dejando fuera entre otros al personal de Educación o al de Xustiza, este último con un procedimiento específico solo desde abril de 2023. En Sanidade hay diversos protocolos, planes de acción y documentos contra la violencia laboral de todo tipo, pero son varios los casos en los que la justicia o la Valedora do Pobo vienen constatando deficiencias, principalmente por no actuar ante las denuncias. Y en Educación se está terminando la negociación con los sindicatos de un protocolo específico para ese ámbito, pero sin que esté aún aprobado la Xunta acaba de restringir expresamente su protocolo general para dejar fuera de él al personal docente tras varias sentencias que consideraron que sí les era de aplicación.

Los expertos y la Valedora do Pobo vienen reiterando que en muchos casos el hecho de que la administración inicie algún tipo de actuación ante una denuncia, aunque no se pueda acabar confirmando una situación de acoso, supone que el ambiente laboral mejore. Sin embargo, son reiterados los casos en que Educación —y la Xunta en general— demora “meses o años” sus actuaciones frente al acoso laboral o, cuando las inicia, no aplica como debe los procedimientos normativos. Una situación que se reproduce también en el acoso escolar, como acaba de subrayar el último informe anual de la Valedora do Pobo. [Sin confidencialidad, sin hablar con la víctima y obviando a médicos: deficiencias en la lucha contra el acoso escolar].

El Tribunal Militar de A Coruña acaba de hacer pública una sentencia que condena, con la conformidad del acusado, a un cabo primero del Ejército de Tierra destinado en el cuartel de Atocha de esa ciudad como autor de un delito de abuso de autoridad en la modalidad de maltrato de obra contra un soldado. El condenado, “en evidente estado de embriaguez”, lo agarró por el cuello, lo empujó y le ofreció unas “hostias” al subordinado, por lo que fue condenado a indemnizarlo con 2.000 euros.

Según el relato que hace la sentencia, emitida por conformidad de las partes, el día de los hechos el cabo primero entró en el acuartelamiento de Atocha a las 3.30 horas y accedió al centro de control y seguridad del mismo “en evidente estado de embriaguez y olor a alcohol”. Cuando uno de los soldados que estaban de guardia en ese centro de control fue al aseo, el cabo primero le gritó “a dónde cojones vas” y lo siguió. Y en el aseo, tras cerrar la puerta, situó los puños a la altura de la cara del soldado, le dijo que “ahora estamos tú y yo solos” y le gritó “si lo estaba vacilando, repitiendo varias veces que le iba a dar unas ‘hostias’”.

Siempre según el relato de los hechos probados de la sentencia, cuando el soldado intentó salir del aseo el cabo primero “se lo impidió, agarrándolo del cuello con una mano y después sujetándole las solapas con ambas manos, empujándolo contra la pared varias veces”. El soldado le dijo que “si le daba un puñetazo se iba a meter en un lío, a lo que el cabo primero respondió que si no se lo daba ese día lo buscaría en la calle para dárselo”.

La sentencia dice que “los hechos que se declararon expresamente probados constituyen un delito consumado de abuso de autoridad, en su modalidad de maltrato de obra”, que no solo atenta contra la integridad física y moral de la víctima sino también “contra la propia disciplina, como elemento estructural de cohesión que resulta indispensable para que las Fuerzas Armadas puedan desarrollar las misiones constitucionales”.

“En este caso, resulta meridiano que el acusado conocía su condición de superior, desde el punto de vista jerárquico, respecto al soldado”, dice la sentencia, que añade que llevó a cabo “los hechos de forma voluntaria siendo plenamente consciente del acto que perpetraba”.

Como autor de los hechos probados, el cabo primero fue condenado, con su conformidad, a una multa de tres meses con cuota diaria de dos euros (180 euros) y a indemnizar al soldado por daños morales con 2.000 euros, cuantía que ya había sido consignada previamente, lo que le permitió aplicar la atenuante de reparación del daño.

Hace más de una década que la Xunta viene reconociendo derechos y prestaciones a bebés aún no nacidos. Pero no para obtener plaza en una escuela infantil. Para acceder al centro que más convenga a cada familia es mejor nacer antes de que se abra en primavera, entre marzo y abril, el plazo ordinario de solicitud, porque los que nacen después quedan condicionados a que quede alguna plaza libre aunque las necesidades de conciliación sean mayores que las de los nacidos antes. La Valedora do Pobo ha pedido a la Xunta "evitar la discriminación derivada del mes de nacimiento", que se mantiene incluso en cursos sucesivos, y ahora acaba de dejar constancia de que la Consellería de Política Social "no acepta" su recomendación.

La normativa de adjudicación de plazas en las escuelas infantiles de la Xunta establece que para cada curso que comienza en septiembre las solicitudes deben realizarse en un período ordinario que se abre cada año en primavera, entre marzo y abril. Las peticiones formuladas en ese momento se bareman según distintos criterios, como si trabajan uno o dos progenitores, la renta familiar o si ya hay hermanos en el centro. Pero no se puede pedir plaza para un hijo aún no nacido, y el que nace después de ese plazo debe formular una petición extraordinaria condicionada a que aún queden plazas.

La Valedora do Pobo viene recibiendo diversas quejas sobre esta cuestión, y así lo reflejó en su último informe anual, en el que constató que "la consecuencia práctica es que la fecha de nacimiento es determinante en la posibilidad de obtener plaza de nuevo acceso, pasando a un segundo plano las necesidades reales de conciliación de los progenitores". Además, añadía, "penaliza a los niños nacidos fuera del período ordinario de solicitud en sus expectativas de acceso el siguiente curso, ya que en las aulas 1-2 [el segundo curso de las escuelas infantiles tras el 0-1] se da prioridad a las renovaciones de matrícula de los niños que ya están escolarizados y a sus hermanos".

Es decir, nacer en mayo no solo dificulta tener escuela infantil cuando comience el siguiente curso en el mes de septiembre, sino que también condiciona para obtener plaza en cursos posteriores, porque tendrán preferencia los niños que ya hayan entrado en esa escuela aunque las necesidades de conciliación fuesen menores. Además, como la edad mínima para comenzar en la escuela infantil es de 3 meses, quien naciendo después de primavera consigue plaza de forma extraordinaria se ve instado a ocuparla cuanto antes para no perderla, lo que lleva a tener que llevar al niño al centro siendo muy pequeño aunque los actuales permisos de paternidad duren más meses.

Tras recoger la preocupación de las familias en su último informe anual, ahora la Valedora do Pobo acaba de hacer pública una recomendación expresa que formuló a la Consellería de Política Social tras recibir quejas de varias familias sobre esa cuestión. Y deja constancia de que su recomendación fue "no aceptada".

La resolución de la Valedora detalla que, tras recibir las quejas, requirió información a la consellería, que explicó que "esta es una cuestión singular de esta etapa educativa no obligatoria, que no se produce en el resto del sistema educativo pero en la que no hay margen de previsión". Según la Xunta, "si se reservasen plazas para solicitudes de niños no nacidos se estaría perjudicando a otras familias que ya cumplen los requisitos, lo que sería una gestión inadecuada de un recurso público".

En cuanto al hecho de que el mes de nacimiento condicione también obtener plazas en siguientes cursos, la resolución de la Valedora recoge el argumento de la Xunta de que "en las aulas 1-2, lógicamente se da prioridad a las renovaciones de matrícula" y que "lo contrario supondría dejar fuera de una escuela infantil a una familia que ya está escolarizada en la misma".

Esas explicaciones de la Xunta no acabaron de convencer a la Valedora, que considera que "esta garantía de permanencia" de los niños que ya están en un centro para años posteriores, aunque queden fuera otros con más necesidades, "es específica de la educación en los niveles obligatorios pero debería revisarse su conveniencia en la normativa de las escuelas infantiles 0-3".

La Valedora recoge que "la justificación de no admitir las solicitudes de personas gestantes para los bebés no nacidos en el período ordinario radica en optimizar el recurso y conceder las plazas a las personas solicitantes que cumplen los requisitos". "Sin embargo", añade, "resulta preciso que la Administración adopte las medidas necesarias para evitar esta diferencia de trato en los casos de nuevo acceso en los que la fecha de nacimiento del bebé determina una exclusión" de los recursos de conciliación.

"Las posibilidades son varias y deben ser analizadas en el contexto del funcionamiento de las escuelas partiendo de la base de que el hecho de nacer en un determinado período del año no puede suponer ventajas o desventajas para acceder el segundo año a la escuela infantil en el nivel 1-2", concluye la resolución de la Valedora.

La recomendación final emitida tras todas las quejas recibidas fue que Política Social "adopte todas las medidas necesarias para evitar la discriminación de los niños en el acceso a las escuelas infantiles 0-3 derivada del mes de su nacimiento, eliminando cualquier circunstancia ajena a los aspectos que son tenidos en cuenta en la baremación para acceder a este recurso público" y "que se estudie eliminar la garantía de permanencia en esta etapa volviendo a baremar en la etapa 1-2 todas las solicitudes para garantizar el acceso preferente de los niños en las familias en que ambos progenitores trabajen". Tras esa resolución, ahora la Valedora deja constancia de que la Xunta "no acepta" su recomendación.

Una reformulación como la que pide la Valedora implicaría cambios complejos en el sistema público de escuelas infantiles cuando la política de la Xunta para ese ámbito es la de potenciar los centros concertados, con la gratuidad de los privados vía subvención. Una política de apuesta por las plazas privadas subvencionadas que se ratificó con la renuncia de la Xunta a 22 millones de euros del Estado para crear nuevas plazas públicas.

Frente a esta recomendación no aceptada, la Xunta sí aceptó, y ya aplica, otra recomendación de la Valedora referente a la baremación de familias con incapacidad de uno de los progenitores. Como las escuelas infantiles están pensadas para la conciliación, la Xunta puntúa más a las familias en las que los dos progenitores trabajan. Pero no tenía en cuenta que uno de los progenitores tuviese una discapacidad y, por lo tanto, no pudiese cuidar del menor. En ese caso lo que contaba era que uno de los dos, el discapacitado, no trabajaba, aunque no pudiese cuidar del niño, y la puntuación recibida era menor.

La Valedora recomendó a la Xunta que "se otorgue la misma puntuación que a los progenitores que estén trabajando a aquellas situaciones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, en todos los casos". Esa recomendación sí fue aceptada por la Xunta y ya fue aplicada en la convocatoria de plazas de este año.

Víctimas del accidente de Angrois ya han empezado a recurrir ante el Tribunal Constitucional la absolución del cargo de Adif que había sido condenado inicialmente en 2024 por un juzgado de lo Penal de Santiago, pero exculpado el pasado enero por la Audiencia Provincial de A Coruña. Los recursos se sumarán al que también formuló ya ante el Constitucional el maquinista del Alvia contra su propia y única condena por el accidente a dos años y medio de prisión.

Además, el maquinista también pidió el indulto al Gobierno de España y la suspensión de la entrada en prisión mientras no se resuelvan esos dos procedimientos.

El juicio por el accidente de Angrois del 24 de julio de 2013, en el que murieron 79 personas y otras 144 resultaron heridas, se celebró entre 2022 y 2023. La primera sentencia, emitida en 2024 por la jueza de lo Penal que juzgó el caso, condenó al mismo nivel al maquinista, Francisco José Garzón, por despistarse al recibir una llamada del interventor y no frenar a tiempo antes de la curva, y al director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no habilitar medidas que paliasen ese previsible error humano. Sin embargo, en enero la Audiencia de A Coruña corrigió esa sentencia y, sin modificar nada de los hechos probados, absolvió a Cortabitarte, una decisión respaldada por dos de las tres juezas del tribunal pero de la que discrepó la tercera jueza.

Ante esa decisión, el maquinista, como condenado, solo pudo recurrir ante el Constitucional pidiendo su absolución, lo que hizo argumentando que se vulneraron sus derechos constitucionales de presunción de inocencia, igualdad de trato y tutela judicial efectiva. Pero las víctimas pueden recurrir la absolución del cargo de Adif, lo que están empezando a hacer ahora. Ya lo hizo un maquinista que viajaba en el tren como pasajero y Praza.gal ha podido confirmar que también están ultimando sus recursos otras víctimas, entre ellas la Plataforma que agrupa a buena parte de ellas.

En su recurso de amparo, el segundo maquinista del Alvia que viajaba en él como pasajero y que, por tanto, también fue víctima subraya el voto discrepante de una de las tres magistradas de la Audiencia de A Coruña y cómo las otras dos absolvieron al cargo de Adif sin modificar en nada los hechos probados consignados por la jueza de primera instancia. Por eso, su motivo de recurso es la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y a "obtener una resolución motivada, fundada en derecho, no incursa en arbitrariedad, irracionalidad/parcialidad o error fáctico patente", deficiencias que atribuye a la absolución de la Audiencia de A Coruña.

Según el recurso, tanto la primera jueza de instancia como la magistrada discrepante de la Audiencia formularon sus argumentaciones a favor de la condena del cargo de Adif "de forma congruente, detallada y motivada", algo que no hicieron las otras dos magistradas. Una absolución que sostuvieron "en los mismos hechos probados de la sentencia de instancia que determinan la responsabilidad penal como culpable del señor Cortabitarte, sin modificación de hechos, lo cual resulta incongruente, arbitrario, irracional e ilógico, lo que debe dar lugar a su nulidad de plano".

Por el contrario, añade, se absolvió a Cortabitarte basándose "en meras alegaciones que no se recogen como hechos probados en la sentencia", que a continuación detalla, como la responsabilidad que tenía como cargo al frente de la Seguridad en la Circulación o las decisiones concretas que tomó y que rebajaron la seguridad en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago.

El recurso también defiende la "especial trascendencia constitucional" del asunto para justificar su admisión a trámite por el Tribunal Constitucional. Así, señala que "nos encontramos ante el primer accidente catastrófico de la alta velocidad ferroviaria española", una "tragedia que dio lugar a un amplio debate institucional, nacional e internacional, sobre el cumplimiento de las normas de seguridad ferroviaria". Así, considera que la valoración que pueda hacer del caso el tribunal puede "proyectarse sobre futuros supuestos análogos", que "la controversia jurídica afecta directamente a la aplicación e interpretación de la normativa de la Unión Europea en materia de seguridad ferroviaria" o que la "exportación del riesgo" decidida por Cortabitarte en perjuicio del maquinista "podría proyectarse sobre otros ámbitos de actividad especialmente peligrosos".

A la espera del nuevo y demorado Plan Eólico, comprometido en 2009 y que no estará terminado hasta 2028, el Gobierno viene rechazando proyectos por la “masificación” ya existente en algunos lugares, ahora entre Baleira y Castroverde.

La Consellería de Medio Ambiente publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la declaración de impacto ambiental desfavorable de un parque eólico de cuatro aerogeneradores que Enel Green Power quería instalar entre los ayuntamientos lucenses de Castroverde y Baralla. En esa zona, dice la Xunta, en las sierras de Vacariza y Punago, entre los ayuntamientos de Baleira y Castroverde, ya hay un “alto nivel de ocupación” y los nuevos aerogeneradores “formarían un denso conglomerado” y ensancharían la “barrera eólica”.

Con palabras similares, incluso hablando de “masificación” o de zonas que ya tienen “superada la capacidad de carga”, Medio Ambiente viene denegando nuevos proyectos, incluso de un único aerogenerador, en diversos lugares de Galicia. En al menos siete casos lo hizo señalando de manera explícita que la negativa no se debe a cuestiones técnicas corregibles de cada proyecto concreto, sino al exceso de aerogeneradores que supondría para esa zona. Mientras, el nuevo Plan Sectorial Eólico llamado a identificar las zonas en que se pueden seguir instalando parques, comprometido por Feijóo en 2009, no estará terminado hasta 2028.

Fue en enero de 2023, cuando Xunta y Estado autorizaron decenas de parques eólicos por toda Galicia, cuando la propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, puso nombre a las primeras zonas identificadas con exceso de aerogeneradores. Vázquez admitió entonces que “hay una masificación” de parques en varias zonas de Galicia e identificó expresamente “Vimianzo, la sierra de O Suído o la zona de O Barbanza”.

Ese mismo enero de 2023 la Xunta concretaba algo las palabras de la conselleira en declaraciones de impacto ambiental desfavorables de varios parques en las que decía que “ya existe una larga alineación de aerogeneradores, de más de 30 kilómetros, desde Vimianzo hasta la ría de Noia, formando una barrera que obliga a las aves a realizar grandes cambios de rutas”.

En esa misma zona de la Costa da Morte, en mayo de 2024 llegaba otra declaración de impacto desfavorable para un único aerogenerador entre Coristanco y Santa Comba en la que se indicaba que “el conjunto de aerogeneradores ya instalados puede estar generando un impacto significativo, particularmente sobre las rapaces”. El documento subrayaba que era un área “con un alto nivel de ocupación” con “19 parques eólicos y 116 aerogeneradores”.

Algo similar ocurrió unos meses después, en octubre de 2024, con otra de las zonas identificadas por la conselleira. Si ella hablaba en general de O Barbanza, otra declaración de impacto negativa rechazaba entonces un único aerogenerador nuevo en Porto do Son porque solo con él “el aumento de densidad de aerogeneradores generará probablemente un efecto sinérgico” que llevaba a Medio Ambiente a identificar un “impacto negativo que debe calificarse como crítico”.

Otro de los lugares identificados por la conselleira, la sierra de O Suído, entre Pontevedra y Ourense, ya había registrado varias declaraciones de impacto negativas por parte de la Xunta y el pasado febrero también el Estado denegó un parque por verlo incompatible “con la capacidad de carga del territorio”. En la zona, decía el documento estatal, que hacía suyas las consideraciones negativas trasladadas por la Xunta, hay ya “más de 500 aerogeneradores en un radio de 25 kilómetros”.

Más allá de las valoraciones generales de la conselleira ratificadas por declaraciones de impacto concretas, estos documentos vienen señalando problemas similares en otras zonas. En mayo de 2024 se rechazaba un nuevo parque entre Muras y Ourol porque ya “existe un alto nivel de ocupación y las especies están sometidas permanentemente a un elevado riesgo de colisión”. Y en agosto de 2024 se decía que el sur de la sierra de O Faro “ya tiene superada la capacidad de carga”. Esto es, no es que los nuevos parques propuestos y denegados fuesen a suponer un peligro, sino que los ya instalados están siendo un peligro.

Y ahora llega la declaración de impacto ambiental hecha pública este jueves que dice que entre Baleira y Castroverde, en las sierras de Punago y Vacariza, ya hay “un alto nivel de ocupación” con la “consiguiente acumulación de los riesgos de colisión” de aves “que se vería agravada con la instalación de este nuevo parque eólico”. “Entre todos estos aerogeneradores formarían un denso conglomerado que produciría efecto vacío y que contribuye al ensanche de la barrera eólica” ya existente.

Ante este agotamiento de varias de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) contempladas en el actual Plan Eólico de Galicia, de 2002, la Xunta está elaborando un nuevo plan. Una nueva planificación que ya aparecía comprometida en la ley eólica impulsada por Feijóo en 2009, pero que la Xunta aparcó hasta que Rueda decidió retomarla anunciando en octubre de 2024 que iniciaría su elaboración. Pero eso no ocurrió hasta año y medio más tarde, hace unas semanas, cuando comenzaron unos trabajos de estudio y redacción que no terminarán hasta 2028. Será en ese momento cuando se tenga más claro dónde caben más eólicos.

La Consellería de Educación venía negándose a aplicar a su personal docente el protocolo general de la Xunta contra el acoso laboral, lo que viene motivando sucesivas condenas judiciales obligándola a hacerlo, porque nada en ese documento decía que el personal de la enseñanza quedase al margen. Ante esta situación, ahora la Xunta acaba de modificar el texto del protocolo para reflejar expresamente que es de aplicación solo al personal de la administración general, quedando el de Educación a la espera de un protocolo propio.

Mientras, frente al protocolo general que contempla que tras una denuncia debe intervenir un comité con representantes sindicales, Educación viene resolviendo denuncias a través de su Inspección Educativa, con diversas condenas por archivar casos sin tomar siquiera declaración a las personas denunciantes.

El protocolo general contra el acoso laboral de la Xunta, aprobado por primera vez ya en 2016 y con posteriores versiones, la última de 2023, establece que las denuncias tienen que ser analizadas por un Comité de Intervención con representación sindical. Pero el Gobierno gallego va a restringir su aplicación solo a la administración general a través de una modificación ya aprobada que prevé publicar en el DOG en la primera quincena de julio, cuando entrará en vigor.

En otros ámbitos, como el del personal de la administración de Justicia, se aprobó en 2023 un protocolo específico, que también contempla un comité con representación sindical. Y en el Sergas existen desde hace décadas diversos protocolos, planes de acción y documentos contra la violencia laboral de todo tipo. Pero en Educación aún está pendiente de aprobarse, con su negociación con los sindicatos muy avanzada, un protocolo específico que tenga en cuenta las características concretas del sector.

A falta de un protocolo para Educación, las denuncias presentadas por personal de ese ámbito, incluso las que expresamente reclaman la aplicación del protocolo general de la Xunta y de su Comité de Intervención, vienen siendo tramitadas por la Inspección Educativa, lo que limita su independencia. Ante esas decisiones reiteradas de la consellería, las personas afectadas se ven obligadas a recurrir a la justicia y son varias las sentencias que en los últimos tiempos han anulado actuaciones de esa Inspección por diversas deficiencias, como resolver casos sin tomar siquiera declaración a víctimas o testigos, como sí se exige expresamente en el protocolo general.

En este contexto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de hacer pública una sentencia en la que fue más allá de un caso concreto de supuesto acoso laboral denunciado en Educación y analizó en profundidad el protocolo general de la Xunta para concluir que nada en su texto decía que no fuese de aplicación a la enseñanza o al resto del personal de la Xunta más allá de su administración general.

Según la argumentación de la Xunta ante el TSXG, el protocolo general estaría ligado a su I Plan de Igualdad, que a su entender no afectaría a los sectores de educación, sanidad y justicia, que tendrían sus documentos específicos. Sin embargo, el TSXG analiza las resoluciones de 27 de octubre de 2023 que aprobaron respectivamente el plan de igualdad y el protocolo de lucha contra el acoso laboral supuestamente ligado a él y niega esa conexión entre ambos documentos.

El tribunal subrayó que el plan de igualdad, dirigido al personal de la administración general, analiza la discriminación o violencia sexual, pero que el protocolo va más allá y "también extiende su ámbito al acoso moral o psicológico" al margen del sexo. "No se establece limitación alguna al personal de la Xunta de Galicia, sin que se ciña al personal dentro del ámbito de gestión de la Dirección Xeral de Función Pública", concluyó el TSXG. Así que ahora el Gobierno gallego acaba de modificar la cláusula tercera de ese protocolo general, en la que establece el ámbito de aplicación, para dejar expresamente fuera al "personal docente", además del que trabaja en el Sergas y en la administración de justicia.

Pese a ese pronunciamiento del TSXG, la Consellería de Facenda, responsable del funcionariado, consultada por Praza.gal, insiste en que el protocolo general de acoso "se enmarca dentro del I Plan de Igualdad, que va dirigido únicamente al personal funcionario y laboral de la Administración general", incluido el personal no docente de Educación.

El Gobierno gallego se empeña en su interpretación incluso después de que ya se haya pronunciado la justicia e insiste en que "la lectura aislada del ámbito de aplicación del protocolo puede inducir a error, dado que no reproduce exactamente el ámbito de aplicación del I Plan de Igualdad, lo que podría interpretarse en el sentido de que el protocolo sea también de aplicación al personal docente". Esa interpretación es exactamente la que hace la justicia, así que, como la justicia dice que su protocolo no ponía lo que la Xunta decía que ponía, la Xunta modifica ahora el protocolo para que lo ponga más claramente.

La medida desprotegerá al personal docente de Educación mientras no se termine la negociación de su protocolo específico con los sindicatos. Desde la CIG señalan que en el caso del personal de Educación existen distintos riesgos que deben ser atendidos por un protocolo específico, ya que no es lo mismo el trabajo de un docente que el del personal de servicios. Pero, a la espera de ese protocolo específico, lamentan la decisión de "desproteger" temporalmente al personal docente dejándolo al margen del protocolo general. También lamentan que se haya modificado el protocolo general sin convocar a la propia comisión de seguimiento de acoso laboral, sino llevando la propuesta a la Mesa General de la función pública, donde fue apoyada por otros sindicatos, y reclaman que se convoque en todo caso esa comisión específica para mejorar deficiencias en la aplicación del protocolo.

El proyecto de Altri para instalar una fábrica en Palas de Rei se resiste a morir mientras permanecen ocultas algunas de las gestiones que facilitaron la llegada de la empresa a Galicia. La compañía acaba de alegar contra el archivo de su proyecto por parte de la Xunta al no facilitarle el Estado una conexión eléctrica y, al tiempo, el Gobierno gallego insiste en mantener oculto su acuerdo con la empresa e incluso considera “abusivo” preguntarle por él al presidente Rueda.

Hace unos meses, tras una petición formal de transparencia de Praza.gal, la Consellería de Economía argumentó que “desconoce” el pacto secreto firmado en octubre de 2021 para la llegada de Altri a Galicia porque no lo firmó la Xunta sino una empresa impulsada por ella. Tras esa respuesta, y preguntado directamente por ese pacto, el presidente Rueda admitió en febrero que él sí conoce ese acuerdo, por lo que este diario formuló una nueva petición de transparencia dirigida expresamente a la Presidencia de la Xunta. Sin embargo, el Gobierno gallego derivó esa solicitud nuevamente a Economía, que ahora acaba de denegarla obviando la petición dirigida a Presidencia y argumentando que, tras las solicitudes previas, considera que esta última tiene “un carácter abusivo”.

La Xunta viene amparándose para denegar el acceso al pacto secreto con Altri en que no fue firmado por la Administración sino por una empresa creada y controlada por ella, Impulsa Galicia, pero en la que el capital público no era mayoritario sino solo del 48,02%. Eso la dejaría al margen de la Ley de Transparencia, y para incidir en ese argumento la Xunta llegó a responder oficialmente que “desconoce” el pacto y que el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmó el acuerdo como parte de un “negocio jurídico privado” y no como conselleiro.

Praza.gal viene defendiendo otra interpretación de la Ley de Transparencia: que, al margen de quién firmase el acuerdo, este obra en poder de la Xunta en el ejercicio de sus funciones de Administración pública, tanto por su firma por parte del conselleiro Conde como por el control de su participación en sociedades como Impulsa Galicia.

También habría sido en el ejercicio de sus funciones como presidente, y no como ciudadano particular, como Rueda conoció el pacto, según él mismo declaró a través de “representantes de la Xunta”. Por eso, dado que la Ley de Transparencia “entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder” de las Administraciones, este diario reclamó a la Presidencia de la Xunta ese acuerdo después de que el propio Rueda declarase que él sí lo conocía y por “representantes de la Xunta”, esto es, en el ejercicio de su función como presidente.

Pero Presidencia de la Xunta remitió la petición a ella dirigida nuevamente a la Consellería de Economía y esta, en su nueva respuesta, reitera textualmente los argumentos de anteriores denegaciones y añade ahora que la ley le permite inadmitir “las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo”. “La reiteración de una solicitud sobre la misma materia constituye motivo suficiente para su inadmisión”, añade Economía, sin tener en cuenta que la anterior petición fue realizada a Economía, que respondió que desconocía el pacto, y la ahora rechazada iba dirigida a la Presidencia de la Xunta después de admitir Rueda que él sí lo conoce.

Ante esta nueva negativa, el largo proceso desarrollado por Praza.gal para conocer el acuerdo con Altri vuelve ahora a estar en manos de la Comisión de la Transparencia de Galicia, que en un análisis anterior sobre otro paso previo del caso registró el mayor cisma interno en sus 10 años de historia al discrepar los representantes de los consellos de Contas y Consultivo sobre cómo la Xunta argumentaba que no conoce el pacto.

El Tribunal Supremo acaba de rechazar el intento de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) de conocer el contenido del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España por la prórroga de la concesión de la AP-9 a Audasa hasta 2048 para lograr así su anulación. El tribunal avala la negativa del Gobierno de España a facilitar esa documentación por tratarse de un procedimiento de infracción aún no finalizado y, en el proceso, Audasa se situó del lado del Estado, que viene rechazando anular o rescatar la concesión. Según la concesionaria, conocer los argumentos concretos de la UE sobre la ilegalidad de su prórroga “perjudicaría gravemente los intereses públicos”.

El pasado julio la Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que instó a España a “respetar” la normativa comunitaria sobre concesiones tras considerar, en el marco de un procedimiento de infracción abierto desde 2021, que la prórroga autorizada por el Gobierno de Aznar hasta 2048 sin concurso público incumplía dicha normativa.

Tras conocerse ese paso de la UE, la asociación Apetamcor pidió formalmente al Gobierno de España la revisión de oficio de dicha prórroga. Pero el Ejecutivo de Sánchez viene negándose tanto a iniciar el procedimiento para anular aquella prórroga como a rescatar la concesión y apuesta por mantener activo el pleito con la UE, que puede tardar años en ser resuelto por la justicia europea.

Tras la negativa del Consejo de Ministros a su petición de revisar la concesión, Apetamcor recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo. En ese pleito judicial Apetamcor pidió tener acceso al expediente de infracción de la UE y al dictamen motivado de la Comisión Europea, pero el Supremo lo rechaza.

En un auto con fecha del 12 de mayo, el alto tribunal asume la argumentación del Gobierno de España de que el pleito iniciado por Apetamcor versa sobre su negativa a revisar la concesión, mientras que el procedimiento de infracción y el dictamen de la UE constituyen otro proceso administrativo distinto.

Para tomar esa decisión el Supremo recibió alegaciones también de Audasa. En ellas la empresa aseguró que “la divulgación del Dictamen [de la UE] no solo resultaría contraria al ordenamiento de la Unión, sino que perjudicaría gravemente los intereses públicos cuya tutela tiene encomendada el Ministerio, puesto que se trata de un procedimiento de infracción aún en tramitación y las cuestiones tratadas en el mismo son estrictamente confidenciales”.

Esa confidencialidad de los procedimientos de infracción de la UE mientras no se finalizan fue también argumentada por el Gobierno, pero el Supremo no llega a pronunciarse sobre esa cuestión. El tribunal se limita a rechazar la petición de Apetamcor de ampliar su pleito con esa documentación diciendo que “dicho documento no forma parte del expediente y, por lo tanto, no procede acceder a la ampliación con independencia o no de su carácter confidencial”.

También la Xunta mantiene un pleito judicial con el Gobierno de España para tener acceso a la documentación del procedimiento de infracción europeo. Por su parte, también la Comisión Europea viene manteniendo, en este y en otros procedimientos de infracción, que su contenido, más allá de sus propias notas de prensa, es reservado mientras no concluya.

Ahora el Supremo deberá pronunciarse sobre la petición de fondo de Apetamcor de que el Gobierno revise la prórroga de la concesión sin conocer en detalle los argumentos que llevan a la UE a considerarla ilegal, según su propio resumen para los medios de comunicación, porque fue otorgada discrecionalmente sin convocar un concurso público.

Francisco José Garzón, maquinista del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 descarriló en Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, presentó el pasado lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. La que en enero lo consideró único culpable del siniestro, absolviendo a un cargo de Adif que había sido condenado en primera instancia al mismo nivel.

El maquinista, que de forma paralela acaba de solicitar un indulto de la condena que recibió de dos años y medio de cárcel —con un perdón de medio año ya evitaría entrar en prisión—, alega diversas vulneraciones de derechos constitucionales durante el proceso judicial.

La primera sentencia sobre el accidente de Angrois, emitida en 2024 por la jueza de lo Penal que juzgó el caso entre 2022 y 2023, condenó al mismo nivel al maquinista por distraerse al recibir una llamada del interventor y no frenar a tiempo antes de la curva, y al director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no habilitar medidas que paliaran ese previsible error humano. Sin embargo, en enero la Audiencia de A Coruña corrigió esa sentencia y, sin cambiar nada de los hechos probados, absolvió a Cortabitarte, una decisión respaldada por dos de las tres juezas del tribunal pero de la que discrepó la tercera jueza.

Ahora el abogado del maquinista argumenta ante el Tribunal Constitucional la vulneración en el proceso judicial de varios derechos constitucionales. Por una parte, considera que, frente a la presunción de inocencia, "existió una presunción de culpabilidad del recurrente desde el inicio del procedimiento, en base al resultado final de su error [distraerse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois], sin tener en cuenta, como recoge la sentencia de instancia, que el máximo garante de la seguridad en la explotación ferroviaria es Adif".

"Al recurrente se le condena como si las condiciones de seguridad de la instalación ferroviaria fueran impolutas, cuando las condiciones reales en las que tuvo que desarrollar su trabajo (sin análisis, sin evaluación de riesgos previa, sin sistema de protección, sin señalización en vía de reducción de velocidad) no garantizaban su seguridad, ni la de los viajeros", añade, y argumenta que no fue desvirtuada "la presunción de inocencia" que garantiza la Constitución.

El recurso también señala que se vulneró su derecho constitucional a la igualdad de trato y a la tutela judicial efectiva al no tener en cuenta la sentencia diversas atenuantes como la dilación excesiva de la causa durante más de una década, que pidió perdón y las víctimas fueron reparadas económicamente, o que les prestó auxilio desde el primer momento.

El recurso argumenta, para que sea admitido a trámite por el Constitucional, que "el asunto suscitado trasciende el caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social" de la que considera conveniente sentar jurisprudencia para otros posibles casos de "accidentes catastróficos de un medio de transporte masivo, como el ferroviario". "Hay que aclarar si para enervar la presunción de inocencia es aceptable o no exigir a un trabajador que tenga que suplir la carencia de medidas de seguridad en la infraestructura ferroviaria", concluye el recurso.

El escrito también pide como medida cautelar que se suspenda la entrada en prisión del maquinista mientras el Constitucional tramita el recurso de amparo "al ser irreparable el daño causado al recurrente en caso de que se estimara cualquiera de las vulneraciones de derechos constitucionales denunciadas, no suponer una perturbación grave para los intereses generales ni generar ningún daño a los derechos y libertades de terceros".

Unos días antes de presentar este recurso de amparo constitucional, y de forma paralela, el abogado del maquinista pidió también oficialmente al Gobierno de España el indulto para su defendido. Condenado a dos años y medio de cárcel, un indulto parcial de solo medio año, como ya se concedió en el pasado a otros maquinistas con condenas similares y como defienden maquinistas y parte de las víctimas, evitaría que entrara en prisión.

Por su parte, la Plataforma de Víctimas también prevé recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, disconforme con la absolución del cargo de Adif. Para ello, presentaron un incidente de nulidad contra la sentencia de la Audiencia de A Coruña, que acaba de ser inadmitido por ese tribunal y que supone un paso imprescindible para formular ahora un recurso ante el Constitucional.

El maquinista del tren Alvia que en 2013 descarriló en Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, único condenado por el siniestro tras la absolución en enero de un cargo de Adif, pidió hace unos días formalmente su indulto al Gobierno de España. Condenado a dos años y medio de cárcel por homicidios y lesiones por imprudencia grave profesional, un indulto parcial de solo medio año, como el que ya recibieron en 2009 otros dos maquinistas por otro accidente con 18 muertes en Navarra en 1997, le permitiría evitar la entrada en prisión al carecer de antecedentes penales previos.

La medida de gracia es una potestad discrecional del Consejo de Ministros, que viene reduciendo progresivamente las que concede, con 13 en la última década en Galicia, fundamentalmente a condenados por lesiones o robos tras ser las drogas o insumisiones al servicio militar las protagonistas en décadas anteriores.

Los indultos se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) indicando el tribunal que pronunció la condena que se perdona total o parcialmente, lo que permite conocer si esta tuvo origen en algún juzgado de las cuatro provincias gallegas. Una búsqueda directa en los indultos publicados, ratificada por un buscador que Civio mantiene desde hace unos años, permite comprobar que tanto en Galicia como en el resto del Estado las medidas de gracia cayeron notablemente en lo que va de siglo.

Los perdones de condenas por insumisión al servicio militar obligatorio que terminó en 2000 fueron seguidos en los primeros años de este siglo por numerosos indultos de casos menores de tráfico de drogas o de otros delitos vinculados con el consumo de las mismas, y en los últimos años por delitos de lesiones o robo. Pero en progresivo descenso. Si en lo que va de siglo se concedieron 335 indultos de penas emitidas por tribunales gallegos, el grueso, 253, se corresponden con la primera década, mientras que en los últimos diez años solo se concedieron 13 medidas de gracia.

El indulto de mayor relevancia de los concedidos en lo que va de siglo en Galicia fue en 2005 el de una mujer condenada a dos años y medio de cárcel por cada uno de los tres homicidios imprudentes de tres bebés de los que fue considerada culpable en el incendio de una escuela infantil en Vigo en 1997. Las penas le fueron conmutadas parcialmente por una única de dos años de cárcel.

En 2009 también fue indultado parcialmente un hombre condenado por tentativa de homicidio tras una discusión de tráfico. Sentenciado a dos años y medio, le fue igualmente rebajada la pena a dos años.

En la última década, con 13 indultos, seis fueron a personas condenadas por delitos de robo o hurto, uno de ellos con violencia e intimidación; cuatro por delitos de lesiones, uno de ellos con deformidad; dos por delitos contra los derechos de los trabajadores; y uno por deslealtad militar.

Las penas originales más altas eran en tres de esos casos de tres años de cárcel. En el caso de los dos indultos por delitos contra los derechos de los trabajadores, habían sido dos sindicalistas condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete en una huelga en 2008 que vieron en 2019 conmutada la pena de prisión por otra de multa. También a tres años había sido condenado en 2017 el autor de un delito de lesiones con deformidad que en 2021 fue indultado parcialmente rebajándole la pena a dos años a condición de que pagase la indemnización establecida. Lo que no se encuentra en Galicia en las últimas décadas son indultos por delitos relacionados con la corrupción o la libertad sexual.

Fuera de Galicia, los indultos con más renombre de los últimos años fueron los concedidos en 2021 a los nueve líderes independentistas catalanes encarcelados desde 2017, a los que se les perdonaron las penas que aún tenían pendientes de cumplir, en varios casos con condenas a más de diez años de cárcel.

Pero el indulto con más similitudes con el que ahora se solicita para el maquinista de Angrois fue el que concedió en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dos maquinistas condenados igualmente a dos años y medio de cárcel por 18 homicidios por imprudencia grave en un accidente ocurrido en 1997 en Navarra. Los dos maquinistas de aquel siniestro de Uharte Arakil habían sido sentenciados por entrar con exceso de velocidad en esa estación según ellos porque una señal errónea así lo permitía, cuestión que la justicia no consideró acreditada. El Gobierno les perdonó en 2009 medio año de cárcel a cada uno "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años".

Ese matiz, el de que el delito por el que fue condenado el maquinista de Angrois no fue doloso o a propósito —se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva al recibir una llamada del interventor del tren—, es uno de los argumentos esgrimidos en su solicitud de indulto, junto con otros como el perdón reiterado que pidió a las víctimas, que está integrado y no es un peligro para la sociedad o que está enfermo y es el único cuidador de su madre de 93 años.

Ante la posibilidad de un indulto parcial al maquinista de Angrois, el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, ya había declarado días después de la condena de la Audiencia de A Coruña que esa sería una valoración que debería hacer una asamblea de las víctimas y no él como presidente. A título personal Domínguez decía que para él "no tiene ningún sentido que el maquinista entre en la cárcel", pero destacaba que la Plataforma analizaría la cuestión en una próxima reunión.

Esa reunión ya se produjo y el resultado del debate desarrollado en ella fue que la Plataforma como tal sigue considerando más culpable del accidente al cargo de Adif ahora absuelto, y en esa línea sigue actuando ante la justicia, pero que no tiene una postura respecto al indulto del maquinista sino que esa es una cuestión personal de cada persona afectada o familia. Praza.gal pudo constatar, hablando con una decena de personas heridas o familiares de fallecidas, que cada persona consultada ofrece argumentos distintos que van desde el apoyo al indulto hasta el rechazo pasando por la indiferencia.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de hacer pública una sentencia que condena al hospital concertado Povisa, del grupo Ribera Salud, y al Sergas por tres errores consecutivos cometidos en la atención recibida por una mujer en el centro vigués. En una operación de útero la mujer sufrió una perforación del intestino que no fue detectada y, pese a sus síntomas, le dieron el alta de forma prematura. Volvió a Urgencias ese mismo día con síntomas ya compatibles con una sepsis y le administraron un opioide para el dolor, pero tardaron más de 17 horas en hacerle una ecografía, cuando lo adecuado era un TAC, que se le realizó después, demorando sucesivamente la intervención adecuada para la peritonitis.

Según los hechos probados recogidos en la sentencia, la mujer fue operada en Povisa de un mioma uterino en una cirugía por laparoscopia en la que se le causó una perforación de intestino que no fue detectada. Pese a su dolor y a analíticas con resultados desfavorables, la mujer recibió un “alta prematura” cuatro días después, a las 10:11 horas de la mañana. Esa misma noche, a las 21 horas, volvió por Urgencias con dolor abdominal intenso, taquicardia, temperatura de 35,5 grados indicativa de “hipotermia leve, compatible con sepsis” y nuevas analíticas de sangre indicativas de infección.

La sentencia refleja que a las doce y media de la noche “ante la persistencia del dolor a pesar de la analgesia convencional, se administra cloruro mórfico (opioide potente)” y “permanece en observación durante toda la noche, sin más pruebas diagnósticas”. No es hasta las 14:26 horas del día siguiente, más de 17 horas después de ingresar en Urgencias, cuando se le realiza una ecografía, con la que el radiólogo recomienda un TAC urgente que confirma la peritonitis.

La sentencia dice que el TAC debería haber sido la prueba a realizar directamente, ya que la ecografía no permitía confirmar el problema, y censura la demora en la realización de las pruebas, que llevó a no intervenir a la paciente hasta las 20:45 horas de ese día, 24 horas después de su entrada en Urgencias. Después aún vendrían varias intervenciones más por diversas secuelas.

Tras los problemas sufridos, la mujer presentó una reclamación y la Consellería de Sanidade admitió que tenía derecho a una indemnización de 12.000 euros, pero solo por un “déficit en el consentimiento informado” que firmó la paciente sobre las posibles complicaciones que podría tener su operación.

La mujer recurrió a la justicia ordinaria e inicialmente un juzgado de Vigo ratificó esa indemnización, pero ahora el TSXG corrige esa sentencia y eleva la cuantía a 92.000 euros tras considerar que hubo “hasta tres actuaciones antijurídicas”: “La perforación no advertida en el intraoperatorio; ese alta prematura; y el retraso diagnóstico y terapéutico que ocasiona unas secuelas reconocibles como reintervenciones médicas posteriores constantes que pueden incluso continuar en el futuro”.

Así, al margen del error médico en la primera intervención en la que se le perforó el intestino, el tribunal considera que “si se hubiese acudido a la cirugía urgente después de un diagnóstico más precoz, que era posible, el resultado sería menos gravoso para la paciente, a la que se mantuvo en Urgencias, en observación, con una peritonitis evolucionada, sin valoración y sin la realización de una serie de pruebas analíticas y de imagen que se revelaban como necesarias”.

El viernes 1 de agosto de 2025, a las 23:04 horas de la noche, comenzó en Vilardevós, en la parroquia de Terroso (Ourense), un incendio que quemaría 563 hectáreas. Fue el primer gran incendio (los que superan las 500 hectáreas) de una ola que se extendería exactamente durante todo el mes, hasta que el domingo 31, al mediodía, la Xunta dio por extinguidos los tres últimos que quedaban pendientes.

Por el medio, como se puede comprobar en los datos oficiales obtenidos por Praza.gal al amparo de la Ley de Transparencia, en ese mes de agosto ardieron 113.700 hectáreas en un total de 655 incendios distintos (en el resto del año solo se quemaron otras 5.000 hectáreas en otros 820 incendios). Sin embargo, durante ese mes de agosto la Xunta solo fue informando de 54 incendios, ocultando información de los restantes 601, una media de 20 al día.

El día en el que se registró el comienzo de un mayor número de incendios fue el 5 de agosto, con 37 fuegos distintos. Pero en esa jornada y en las siguientes la Xunta solo divulgó información de cuatro de ellos, en Mondariz (Pontevedra), A Fonsagrada (Lugo), Ponteceso y Camariñas (A Coruña).

Ese día, a comienzos de agosto, ni siquiera se podía hablar aún del descontrol de la situación que se registró una semana más tarde, ya que en lo que iba de mes solo se había informado de un total de diez incendios, incluidos los de esa misma jornada, en la que el muy incompleto parte oficial de la Xunta divulgado a media tarde solo informaba de que en toda Galicia había dos incendios activos, dos estabilizados y dos controlados.

Una ocultación que responde a la política informativa aplicada por el PP desde su retorno a la Xunta en 2009. Fue entonces cuando, alegando diferentes razones, decidieron informar públicamente solo de los incendios que superen las 20 hectáreas y, por debajo de esa superficie, los que pongan en riesgo zonas habitadas o espacios naturales protegidos.

Este procedimiento informativo evitaría informaciones alarmistas sobre docenas o incluso cientos de incendios ardiendo por toda Galicia al mismo tiempo, como ocurrió durante la ola de 2006. Pero en años como el pasado, con incendios de muy gran tamaño desarrollándose de forma simultánea al tiempo que seguían saltando nuevos fuegos por todo el país, el silencio informativo impidió conocer la sobrecarga de trabajo de los dispositivos de emergencias y propició informaciones sobre la frustración de ciudadaría que no obtenía ninguna respuesta a sus avisos de nuevos focos.

La ocultación de datos sobre los incendios viene siendo sistemáticamente rechazada por las fuerzas de la actual oposición, colectivos ambientalistas y también el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que reclamó al Gobierno gallego durante a ola de incendios de agosto de 2025 más transparencia con la información sobre los incendios. 

El Colexio reclamó también que "además de comunicados de prensa, se fortalezca también la información sistematizada en formatos abiertos, que permitan reutilizar y comparar los datos", como exige la Ley de Transparencia. Esa información en formato abierto y reutilizable es ahora ofrecida por Praza.gal.

El Consello de Contas hizo públicos el jueves varios informes de fiscalización de la Xunta de Galicia, entre ellos uno específico sobre la atención primaria en el país, pero también los habituales informes anuales sobre las cuentas públicas, correspondientes en este caso al ejercicio 2024, en los que volvió a pedir más transparencia en la empresa con la que la Xunta pactó la llegada de Altri.

Ese 2024 una de las decisiones más significativas del Gobierno gallego fue el rescate de cuatro autovías con peaje en sombra planificadas por Feijóo en las que Contas había detectado que la Xunta estaba pagando más de lo que debía. Un rescate que supuso un desembolso inmediato para la Xunta de unos 300 millones de euros a cambio de ahorrar en futuros pagos comprometidos. Pese a esa reducción a instancias del Consello de Contas, el ente fiscalizador refleja que los compromisos de pagos futuros de la Xunta ascendían a finales de ese año a 19.916 millones de euros.

En esos compromisos futuros que tiene ya adquiridos la Xunta hasta 2073, gobierne quien gobierne, se incluyen los cerca de 12.000 millones de euros de deuda financiera de la administración general, a los que hay que añadir otros 4.500 millones de otro tipo de compromisos de la administración general y otros 3.500 millones de compromisos futuros de organismos autónomos (fundamentalmente el Sergas) y agencias públicas. Para contextualizar las cifras, el total de gasto no financiero en los presupuestos de la Xunta para este 2026 es de unos 14.000 millones de euros.

Los informes de Contas destacan cómo en la última década y media se fue reduciendo el número de entidades instrumentales de la Xunta, pero con un aumento del importe total de fondos públicos que gestionan, especialmente en las generalizadas agencias. Así, Contas señala que en 2024 las entidades instrumentales disponían "aproximadamente del 17% del presupuesto autonómico" y que "pese a la reducción considerable en el número de entidades desde 2011, el volumen de fondos del sector instrumental desde ese ejercicio y, en particular, las transferencias y subvenciones, crecieron por la generalización del modelo de agencia".

En 2024 esas entidades instrumentales gestionaron un total de 2.309 millones, cifra que aumentó por la transferencia de la Xunta a la Axencia de Infraestruturas de unos 300 millones para el rescate de las cuatro antedichas autovías de peaje en sombra: AG-11 Autovía do Barbanza, AG-41 Autovía do Salnés, AG-31 Autovía de Celanova y AG-56 Autovía Santiago-Brión. A cambio de esos 300 millones del rescate inmediato, la Xunta ahorrará unos 641 millones que se había comprometido a ir pagando en los próximos años por la construcción y mantenimiento de esas autovías. Por el contrario, ahora tendrá que ser la Xunta la que asuma el mantenimiento de esas infraestructuras con contratos ordinarios de conservación ordinaria.

Los informes de Contas divulgados el jueves también reiteran diversas deficiencias contables en toda la Xunta, especialmente en el Sergas, que sigue sin contar con un plan de contabilidad adecuado. En el ámbito sanitario, el ente fiscalizador insiste en criticar las reiteradas modificaciones y ampliaciones presupuestarias que se producen cada año por una incorrecta planificación de gastos que el Sergas ya debería dar por supuestos y estables. En general, toda la Xunta insiste en presentar como inversiones gastos que deberían ser corrientes. Igualmente, Contas vuelve a cuestionar la elevada temporalidad en el empleo público.

En el ámbito municipal, el ente fiscalizador señala que seis ayuntamientos no le rindieron cuentas del ejercicio 2024, entre ellos la ciudad de Ourense, además de Cambre, Culleredo, Narón, Verín y Rois. Contas también constata que en aquel ejercicio 81 entidades locales contaban con un presupuesto prorrogado de años anteriores, alguna desde hace muchos años, como Gondomar desde 2012 o Salvaterra de Miño desde 2017.