Francisco José Garzón, maquinista del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 descarriló en Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, presentó el pasado lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. La que en enero lo consideró único culpable del siniestro, absolviendo a un cargo de Adif que había sido condenado en primera instancia al mismo nivel.

El maquinista, que de forma paralela acaba de solicitar un indulto de la condena que recibió de dos años y medio de cárcel —con un perdón de medio año ya evitaría entrar en prisión—, alega diversas vulneraciones de derechos constitucionales durante el proceso judicial.

La primera sentencia sobre el accidente de Angrois, emitida en 2024 por la jueza de lo Penal que juzgó el caso entre 2022 y 2023, condenó al mismo nivel al maquinista por distraerse al recibir una llamada del interventor y no frenar a tiempo antes de la curva, y al director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no habilitar medidas que paliaran ese previsible error humano. Sin embargo, en enero la Audiencia de A Coruña corrigió esa sentencia y, sin cambiar nada de los hechos probados, absolvió a Cortabitarte, una decisión respaldada por dos de las tres juezas del tribunal pero de la que discrepó la tercera jueza.

Ahora el abogado del maquinista argumenta ante el Tribunal Constitucional la vulneración en el proceso judicial de varios derechos constitucionales. Por una parte, considera que, frente a la presunción de inocencia, "existió una presunción de culpabilidad del recurrente desde el inicio del procedimiento, en base al resultado final de su error [distraerse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois], sin tener en cuenta, como recoge la sentencia de instancia, que el máximo garante de la seguridad en la explotación ferroviaria es Adif".

"Al recurrente se le condena como si las condiciones de seguridad de la instalación ferroviaria fueran impolutas, cuando las condiciones reales en las que tuvo que desarrollar su trabajo (sin análisis, sin evaluación de riesgos previa, sin sistema de protección, sin señalización en vía de reducción de velocidad) no garantizaban su seguridad, ni la de los viajeros", añade, y argumenta que no fue desvirtuada "la presunción de inocencia" que garantiza la Constitución.

El recurso también señala que se vulneró su derecho constitucional a la igualdad de trato y a la tutela judicial efectiva al no tener en cuenta la sentencia diversas atenuantes como la dilación excesiva de la causa durante más de una década, que pidió perdón y las víctimas fueron reparadas económicamente, o que les prestó auxilio desde el primer momento.

El recurso argumenta, para que sea admitido a trámite por el Constitucional, que "el asunto suscitado trasciende el caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social" de la que considera conveniente sentar jurisprudencia para otros posibles casos de "accidentes catastróficos de un medio de transporte masivo, como el ferroviario". "Hay que aclarar si para enervar la presunción de inocencia es aceptable o no exigir a un trabajador que tenga que suplir la carencia de medidas de seguridad en la infraestructura ferroviaria", concluye el recurso.

El escrito también pide como medida cautelar que se suspenda la entrada en prisión del maquinista mientras el Constitucional tramita el recurso de amparo "al ser irreparable el daño causado al recurrente en caso de que se estimara cualquiera de las vulneraciones de derechos constitucionales denunciadas, no suponer una perturbación grave para los intereses generales ni generar ningún daño a los derechos y libertades de terceros".

Unos días antes de presentar este recurso de amparo constitucional, y de forma paralela, el abogado del maquinista pidió también oficialmente al Gobierno de España el indulto para su defendido. Condenado a dos años y medio de cárcel, un indulto parcial de solo medio año, como ya se concedió en el pasado a otros maquinistas con condenas similares y como defienden maquinistas y parte de las víctimas, evitaría que entrara en prisión.

Por su parte, la Plataforma de Víctimas también prevé recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, disconforme con la absolución del cargo de Adif. Para ello, presentaron un incidente de nulidad contra la sentencia de la Audiencia de A Coruña, que acaba de ser inadmitido por ese tribunal y que supone un paso imprescindible para formular ahora un recurso ante el Constitucional.

El maquinista del tren Alvia que en 2013 descarriló en Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, único condenado por el siniestro tras la absolución en enero de un cargo de Adif, pidió hace unos días formalmente su indulto al Gobierno de España. Condenado a dos años y medio de cárcel por homicidios y lesiones por imprudencia grave profesional, un indulto parcial de solo medio año, como el que ya recibieron en 2009 otros dos maquinistas por otro accidente con 18 muertes en Navarra en 1997, le permitiría evitar la entrada en prisión al carecer de antecedentes penales previos.

La medida de gracia es una potestad discrecional del Consejo de Ministros, que viene reduciendo progresivamente las que concede, con 13 en la última década en Galicia, fundamentalmente a condenados por lesiones o robos tras ser las drogas o insumisiones al servicio militar las protagonistas en décadas anteriores.

Los indultos se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) indicando el tribunal que pronunció la condena que se perdona total o parcialmente, lo que permite conocer si esta tuvo origen en algún juzgado de las cuatro provincias gallegas. Una búsqueda directa en los indultos publicados, ratificada por un buscador que Civio mantiene desde hace unos años, permite comprobar que tanto en Galicia como en el resto del Estado las medidas de gracia cayeron notablemente en lo que va de siglo.

Los perdones de condenas por insumisión al servicio militar obligatorio que terminó en 2000 fueron seguidos en los primeros años de este siglo por numerosos indultos de casos menores de tráfico de drogas o de otros delitos vinculados con el consumo de las mismas, y en los últimos años por delitos de lesiones o robo. Pero en progresivo descenso. Si en lo que va de siglo se concedieron 335 indultos de penas emitidas por tribunales gallegos, el grueso, 253, se corresponden con la primera década, mientras que en los últimos diez años solo se concedieron 13 medidas de gracia.

El indulto de mayor relevancia de los concedidos en lo que va de siglo en Galicia fue en 2005 el de una mujer condenada a dos años y medio de cárcel por cada uno de los tres homicidios imprudentes de tres bebés de los que fue considerada culpable en el incendio de una escuela infantil en Vigo en 1997. Las penas le fueron conmutadas parcialmente por una única de dos años de cárcel.

En 2009 también fue indultado parcialmente un hombre condenado por tentativa de homicidio tras una discusión de tráfico. Sentenciado a dos años y medio, le fue igualmente rebajada la pena a dos años.

En la última década, con 13 indultos, seis fueron a personas condenadas por delitos de robo o hurto, uno de ellos con violencia e intimidación; cuatro por delitos de lesiones, uno de ellos con deformidad; dos por delitos contra los derechos de los trabajadores; y uno por deslealtad militar.

Las penas originales más altas eran en tres de esos casos de tres años de cárcel. En el caso de los dos indultos por delitos contra los derechos de los trabajadores, habían sido dos sindicalistas condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete en una huelga en 2008 que vieron en 2019 conmutada la pena de prisión por otra de multa. También a tres años había sido condenado en 2017 el autor de un delito de lesiones con deformidad que en 2021 fue indultado parcialmente rebajándole la pena a dos años a condición de que pagase la indemnización establecida. Lo que no se encuentra en Galicia en las últimas décadas son indultos por delitos relacionados con la corrupción o la libertad sexual.

Fuera de Galicia, los indultos con más renombre de los últimos años fueron los concedidos en 2021 a los nueve líderes independentistas catalanes encarcelados desde 2017, a los que se les perdonaron las penas que aún tenían pendientes de cumplir, en varios casos con condenas a más de diez años de cárcel.

Pero el indulto con más similitudes con el que ahora se solicita para el maquinista de Angrois fue el que concedió en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dos maquinistas condenados igualmente a dos años y medio de cárcel por 18 homicidios por imprudencia grave en un accidente ocurrido en 1997 en Navarra. Los dos maquinistas de aquel siniestro de Uharte Arakil habían sido sentenciados por entrar con exceso de velocidad en esa estación según ellos porque una señal errónea así lo permitía, cuestión que la justicia no consideró acreditada. El Gobierno les perdonó en 2009 medio año de cárcel a cada uno "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años".

Ese matiz, el de que el delito por el que fue condenado el maquinista de Angrois no fue doloso o a propósito —se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva al recibir una llamada del interventor del tren—, es uno de los argumentos esgrimidos en su solicitud de indulto, junto con otros como el perdón reiterado que pidió a las víctimas, que está integrado y no es un peligro para la sociedad o que está enfermo y es el único cuidador de su madre de 93 años.

Ante la posibilidad de un indulto parcial al maquinista de Angrois, el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, ya había declarado días después de la condena de la Audiencia de A Coruña que esa sería una valoración que debería hacer una asamblea de las víctimas y no él como presidente. A título personal Domínguez decía que para él "no tiene ningún sentido que el maquinista entre en la cárcel", pero destacaba que la Plataforma analizaría la cuestión en una próxima reunión.

Esa reunión ya se produjo y el resultado del debate desarrollado en ella fue que la Plataforma como tal sigue considerando más culpable del accidente al cargo de Adif ahora absuelto, y en esa línea sigue actuando ante la justicia, pero que no tiene una postura respecto al indulto del maquinista sino que esa es una cuestión personal de cada persona afectada o familia. Praza.gal pudo constatar, hablando con una decena de personas heridas o familiares de fallecidas, que cada persona consultada ofrece argumentos distintos que van desde el apoyo al indulto hasta el rechazo pasando por la indiferencia.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de hacer pública una sentencia que condena al hospital concertado Povisa, del grupo Ribera Salud, y al Sergas por tres errores consecutivos cometidos en la atención recibida por una mujer en el centro vigués. En una operación de útero la mujer sufrió una perforación del intestino que no fue detectada y, pese a sus síntomas, le dieron el alta de forma prematura. Volvió a Urgencias ese mismo día con síntomas ya compatibles con una sepsis y le administraron un opioide para el dolor, pero tardaron más de 17 horas en hacerle una ecografía, cuando lo adecuado era un TAC, que se le realizó después, demorando sucesivamente la intervención adecuada para la peritonitis.

Según los hechos probados recogidos en la sentencia, la mujer fue operada en Povisa de un mioma uterino en una cirugía por laparoscopia en la que se le causó una perforación de intestino que no fue detectada. Pese a su dolor y a analíticas con resultados desfavorables, la mujer recibió un “alta prematura” cuatro días después, a las 10:11 horas de la mañana. Esa misma noche, a las 21 horas, volvió por Urgencias con dolor abdominal intenso, taquicardia, temperatura de 35,5 grados indicativa de “hipotermia leve, compatible con sepsis” y nuevas analíticas de sangre indicativas de infección.

La sentencia refleja que a las doce y media de la noche “ante la persistencia del dolor a pesar de la analgesia convencional, se administra cloruro mórfico (opioide potente)” y “permanece en observación durante toda la noche, sin más pruebas diagnósticas”. No es hasta las 14:26 horas del día siguiente, más de 17 horas después de ingresar en Urgencias, cuando se le realiza una ecografía, con la que el radiólogo recomienda un TAC urgente que confirma la peritonitis.

La sentencia dice que el TAC debería haber sido la prueba a realizar directamente, ya que la ecografía no permitía confirmar el problema, y censura la demora en la realización de las pruebas, que llevó a no intervenir a la paciente hasta las 20:45 horas de ese día, 24 horas después de su entrada en Urgencias. Después aún vendrían varias intervenciones más por diversas secuelas.

Tras los problemas sufridos, la mujer presentó una reclamación y la Consellería de Sanidade admitió que tenía derecho a una indemnización de 12.000 euros, pero solo por un “déficit en el consentimiento informado” que firmó la paciente sobre las posibles complicaciones que podría tener su operación.

La mujer recurrió a la justicia ordinaria e inicialmente un juzgado de Vigo ratificó esa indemnización, pero ahora el TSXG corrige esa sentencia y eleva la cuantía a 92.000 euros tras considerar que hubo “hasta tres actuaciones antijurídicas”: “La perforación no advertida en el intraoperatorio; ese alta prematura; y el retraso diagnóstico y terapéutico que ocasiona unas secuelas reconocibles como reintervenciones médicas posteriores constantes que pueden incluso continuar en el futuro”.

Así, al margen del error médico en la primera intervención en la que se le perforó el intestino, el tribunal considera que “si se hubiese acudido a la cirugía urgente después de un diagnóstico más precoz, que era posible, el resultado sería menos gravoso para la paciente, a la que se mantuvo en Urgencias, en observación, con una peritonitis evolucionada, sin valoración y sin la realización de una serie de pruebas analíticas y de imagen que se revelaban como necesarias”.

El viernes 1 de agosto de 2025, a las 23:04 horas de la noche, comenzó en Vilardevós, en la parroquia de Terroso (Ourense), un incendio que quemaría 563 hectáreas. Fue el primer gran incendio (los que superan las 500 hectáreas) de una ola que se extendería exactamente durante todo el mes, hasta que el domingo 31, al mediodía, la Xunta dio por extinguidos los tres últimos que quedaban pendientes.

Por el medio, como se puede comprobar en los datos oficiales obtenidos por Praza.gal al amparo de la Ley de Transparencia, en ese mes de agosto ardieron 113.700 hectáreas en un total de 655 incendios distintos (en el resto del año solo se quemaron otras 5.000 hectáreas en otros 820 incendios). Sin embargo, durante ese mes de agosto la Xunta solo fue informando de 54 incendios, ocultando información de los restantes 601, una media de 20 al día.

El día en el que se registró el comienzo de un mayor número de incendios fue el 5 de agosto, con 37 fuegos distintos. Pero en esa jornada y en las siguientes la Xunta solo divulgó información de cuatro de ellos, en Mondariz (Pontevedra), A Fonsagrada (Lugo), Ponteceso y Camariñas (A Coruña).

Ese día, a comienzos de agosto, ni siquiera se podía hablar aún del descontrol de la situación que se registró una semana más tarde, ya que en lo que iba de mes solo se había informado de un total de diez incendios, incluidos los de esa misma jornada, en la que el muy incompleto parte oficial de la Xunta divulgado a media tarde solo informaba de que en toda Galicia había dos incendios activos, dos estabilizados y dos controlados.

Una ocultación que responde a la política informativa aplicada por el PP desde su retorno a la Xunta en 2009. Fue entonces cuando, alegando diferentes razones, decidieron informar públicamente solo de los incendios que superen las 20 hectáreas y, por debajo de esa superficie, los que pongan en riesgo zonas habitadas o espacios naturales protegidos.

Este procedimiento informativo evitaría informaciones alarmistas sobre docenas o incluso cientos de incendios ardiendo por toda Galicia al mismo tiempo, como ocurrió durante la ola de 2006. Pero en años como el pasado, con incendios de muy gran tamaño desarrollándose de forma simultánea al tiempo que seguían saltando nuevos fuegos por todo el país, el silencio informativo impidió conocer la sobrecarga de trabajo de los dispositivos de emergencias y propició informaciones sobre la frustración de ciudadaría que no obtenía ninguna respuesta a sus avisos de nuevos focos.

La ocultación de datos sobre los incendios viene siendo sistemáticamente rechazada por las fuerzas de la actual oposición, colectivos ambientalistas y también el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, que reclamó al Gobierno gallego durante a ola de incendios de agosto de 2025 más transparencia con la información sobre los incendios. 

El Colexio reclamó también que "además de comunicados de prensa, se fortalezca también la información sistematizada en formatos abiertos, que permitan reutilizar y comparar los datos", como exige la Ley de Transparencia. Esa información en formato abierto y reutilizable es ahora ofrecida por Praza.gal.

El Consello de Contas hizo públicos el jueves varios informes de fiscalización de la Xunta de Galicia, entre ellos uno específico sobre la atención primaria en el país, pero también los habituales informes anuales sobre las cuentas públicas, correspondientes en este caso al ejercicio 2024, en los que volvió a pedir más transparencia en la empresa con la que la Xunta pactó la llegada de Altri.

Ese 2024 una de las decisiones más significativas del Gobierno gallego fue el rescate de cuatro autovías con peaje en sombra planificadas por Feijóo en las que Contas había detectado que la Xunta estaba pagando más de lo que debía. Un rescate que supuso un desembolso inmediato para la Xunta de unos 300 millones de euros a cambio de ahorrar en futuros pagos comprometidos. Pese a esa reducción a instancias del Consello de Contas, el ente fiscalizador refleja que los compromisos de pagos futuros de la Xunta ascendían a finales de ese año a 19.916 millones de euros.

En esos compromisos futuros que tiene ya adquiridos la Xunta hasta 2073, gobierne quien gobierne, se incluyen los cerca de 12.000 millones de euros de deuda financiera de la administración general, a los que hay que añadir otros 4.500 millones de otro tipo de compromisos de la administración general y otros 3.500 millones de compromisos futuros de organismos autónomos (fundamentalmente el Sergas) y agencias públicas. Para contextualizar las cifras, el total de gasto no financiero en los presupuestos de la Xunta para este 2026 es de unos 14.000 millones de euros.

Los informes de Contas destacan cómo en la última década y media se fue reduciendo el número de entidades instrumentales de la Xunta, pero con un aumento del importe total de fondos públicos que gestionan, especialmente en las generalizadas agencias. Así, Contas señala que en 2024 las entidades instrumentales disponían "aproximadamente del 17% del presupuesto autonómico" y que "pese a la reducción considerable en el número de entidades desde 2011, el volumen de fondos del sector instrumental desde ese ejercicio y, en particular, las transferencias y subvenciones, crecieron por la generalización del modelo de agencia".

En 2024 esas entidades instrumentales gestionaron un total de 2.309 millones, cifra que aumentó por la transferencia de la Xunta a la Axencia de Infraestruturas de unos 300 millones para el rescate de las cuatro antedichas autovías de peaje en sombra: AG-11 Autovía do Barbanza, AG-41 Autovía do Salnés, AG-31 Autovía de Celanova y AG-56 Autovía Santiago-Brión. A cambio de esos 300 millones del rescate inmediato, la Xunta ahorrará unos 641 millones que se había comprometido a ir pagando en los próximos años por la construcción y mantenimiento de esas autovías. Por el contrario, ahora tendrá que ser la Xunta la que asuma el mantenimiento de esas infraestructuras con contratos ordinarios de conservación ordinaria.

Los informes de Contas divulgados el jueves también reiteran diversas deficiencias contables en toda la Xunta, especialmente en el Sergas, que sigue sin contar con un plan de contabilidad adecuado. En el ámbito sanitario, el ente fiscalizador insiste en criticar las reiteradas modificaciones y ampliaciones presupuestarias que se producen cada año por una incorrecta planificación de gastos que el Sergas ya debería dar por supuestos y estables. En general, toda la Xunta insiste en presentar como inversiones gastos que deberían ser corrientes. Igualmente, Contas vuelve a cuestionar la elevada temporalidad en el empleo público.

En el ámbito municipal, el ente fiscalizador señala que seis ayuntamientos no le rindieron cuentas del ejercicio 2024, entre ellos la ciudad de Ourense, además de Cambre, Culleredo, Narón, Verín y Rois. Contas también constata que en aquel ejercicio 81 entidades locales contaban con un presupuesto prorrogado de años anteriores, alguna desde hace muchos años, como Gondomar desde 2012 o Salvaterra de Miño desde 2017.

El posible indulto parcial que evitaría la entrada en prisión del maquinista condenado por el accidente de Angrois de 2013 está suscitando debate entre víctimas del siniestro. Con alrededor de 500 personas reconocidas judicialmente como tales (79 personas fallecidas, 144 heridas y cerca de 300 familiares con derecho a indemnización), no se puede hablar de las víctimas como una unidad, sino que cada una tiene su propia valoración de lo sucedido. Para intentar reflejar la variedad de sentimientos y reflexiones en torno al posible indulto, Praza.gal habló con diez personas heridas o familiares de fallecidas en el accidente, con opiniones que van desde el apoyo hasta el rechazo pasando por la indiferencia.

El maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amo, fue considerado en enero por la Audiencia de A Coruña como único responsable del accidente por despistarse al recibir una llamada del interventor del tren y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois. No había medidas de seguridad que evitasen o paliasen ese error humano previsible, pero la Audiencia no consideró que el cargo de Adif también condenado en 2024 en primera instancia fuese responsable.

Condenado a dos años y medio de prisión, Garzón cumplirá en pocas semanas 65 años y en reiteradas ocasiones pidió perdón a las víctimas, en público y en privado. Sin antecedentes penales, no entraría en prisión con una condena de solo dos años, por lo que un indulto parcial de solo medio año bastaría para evitarle la cárcel. Un indulto así, de medio año, fue el que otorgó en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dos maquinistas condenados igualmente a dos años y medio de prisión por 18 homicidios por imprudencia grave, el mismo delito que ahora, en un accidente ocurrido en 1997 en Uharte Arakil (Navarra).

Ante la posibilidad de un indulto parcial similar al maquinista de Angrois, el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, ya decía en entrevista con Praza.gal días después de la sentencia de la Audiencia de A Coruña que a título personal apoyaba el indulto, pero que esa sería una valoración que debería hacer una asamblea de las víctimas y no él como presidente.

Esa asamblea ya se celebró y lo que decidió fue que la Plataforma como tal no tiene una postura, sino que es una cuestión personal de cada persona afectada. La Plataforma no dará ningún paso jurídico, pero buena parte de los socios que asistieron a la asamblea coincidieron en que la entrada en prisión también puede suponer un aviso de futuro para que los maquinistas denuncien formalmente las irregularidades que detecten en su trabajo y rechacen circular en ausencia de medidas adecuadas de seguridad.

Pero la disparidad de opiniones y matices es tal que Praza.gal pudo comprobar cómo incluso en dos matrimonios afectados la postura es distinta en los dos miembros de las parejas. En uno de los casos el padre de un fallecido en el accidente se muestra a favor del indulto parcial del maquinista mientras que la madre está en contra. Y lo mismo sucede en otro matrimonio que resultó herido en el accidente, con el hombre a favor del indulto y la mujer en contra.

“No queremos seguir peleando más, pero que este hombre pague nos parece injusto comparado con la responsabilidad del cargo de Adif”, explica el padre que perdió a un hijo. Pero la madre matiza que “te queda esa sensación de que pueda no haber ningún culpable” y que “la prisión puede hacer que los maquinistas no dejen pasar situaciones así”. Similar discrepancia transmite el otro matrimonio de personas heridas en el siniestro. En cuanto supieron que el maquinista quedaría como único condenado, él se mostró favorable al indulto, mientras que ella lo rechaza. Pero él ahora añade el temor de “que se piense que apoyamos el indulto porque ya conseguimos el dinero”.

La visión de que alguien debe pagar como culpable tras tantos años de lucha es transmitida por varias de las víctimas consultadas. El padre de un fallecido en el Alvia admite que “el hombre era uno más como nosotros que se pudo confundir, pero tampoco puede marcharse de rositas”. “Igual es una contradicción lo que estoy diciendo”, señala, al tiempo que admite su “frustración”. Y añade que la condena del maquinista puede hacer que otros maquinistas presten mayor atención a su trabajo aunque Adif no les facilite todas las medidas de seguridad que debería. “Mi cabeza no da para perdonar porque no hubo justicia”, concluye.

Postura completamente contraria tiene el hermano de un fallecido. “La sensibilidad es de cada uno”, comienza matizando, pero él se dice “a favor del indulto, por coherencia, por dar contenido a toda nuestra lucha”. “Incluso defendí que en la Plataforma no debíamos pedir condena para el maquinista porque nuestra tesis era que el accidente iba a pasar antes o después con esa falta de seguridad”, argumenta, para añadir que el maquinista “no tomó ninguna decisión, ni consciente ni inconsciente, que llevase al descarrilamiento”.

Otra persona herida que tuvo a un ferroviario en su familia se muestra también a favor del indulto. “Él ya pasó su pena, tiene el remordimiento; que vaya a la cárcel no mejora nada, no solucionaría nada”, dice.

Varios de los consultados admiten que pasaron por muchas dudas hasta tener una postura respecto al indulto. El hijo de un fallecido considera que el maquinista “cometió una falta, pero no creo que tenga que entrar en prisión”. Esta víctima dice que “en un momento me hizo dudar el criterio de otra persona, que el maquinista cometió una falta y que hay que lanzar un aviso a los otros maquinistas, pero realmente creo que, al lado de las faltas tan graves que cometieron Adif y Renfe, es injusto; eso me quitó la duda que pude tener”.

También con dudas se muestra la hija de un fallecido en el accidente. “Con mis hermanos siempre fuimos conscientes de que este señor tuvo un accidente, y en tu trabajo tienes una responsabilidad, pero ¿culpable? No lo tengo claro. En todo caso, entrar en la cárcel es excesivo”, dice. Esta mujer también argumenta que supone que su padre pensaría lo mismo, y que eso es lo que guía su opinión.

Son varias también las víctimas consultadas que, con independencia de lo que piensan, señalan que lo del indulto es un debate que ya les queda lejos. Hay quien no está dispuesto a pedir o apoyar el indulto, “pero si lo indultan no será un drama”.

118.763,65 hectáreas quemadas en Galicia y al menos los dos mayores incendios forestales de la historia, los iniciados en Larouco y Oímbra. La Xunta acaba de hacer oficiales esos dos grandes datos del pasado año con la aprobación y publicación esta semana del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga) para este 2026, que hace balance de lo ocurrido en 2025.

Un documento que constata que un tercio de la provincia de Ourense ardió a lo largo de la última década y que en ese mismo período resultó quemado entre el 32% y el 41% de la superficie protegida por distintas figuras de la Red Natura 2000 en toda Galicia.

El cálculo oficial de la Xunta de hectáreas quemadas (inferior a las 145.000 calculadas por satélite) sitúa el pasado año como el tercer peor de la serie histórica, apenas por debajo de las 119.633 hectáreas de 1978 y a distancia de las 198.998 hectáreas de 1989. En 2025 fueron unas 80.000 hectáreas de superficie rasa y unas 38.000 de superficie arbolada. Y el grueso de ellas, el 94%, unas 111.000, se concentraron en 18 grandes incendios forestales, que el plan define como aquellos que superan las 500 hectáreas.

Los grandes incendios del pasado año se cebaron especialmente con la provincia de Ourense y el sur de la de Lugo. Así, el documento refleja expresamente que "los incendios más grandes de la historia reciente se produjeron en 2025, el de Larouco que también afectó notablemente a la provincia de Lugo, y el de Oímbra".

El documento hace repaso también a lo sucedido en las últimas décadas y en el caso de la provincia de Ourense ofrece el dato de que entre 2016 y 2025 ardieron 196.308 hectáreas, lo que supone el 35% de las 727.000 hectáreas de superficie total de la provincia o el 27% de las 560.000 hectáreas de superficie forestal.

Tras los incendios del pasado año, Adega calculó que el fuego había afectado al 11% de la superficie protegida en toda Galicia bajo la Red Natura 2000. El Pladiga no hace el cálculo para el pasado año pero sí para toda la última década y señala que en ese período resultaron afectadas 120.000 hectáreas de zonas de especial conservación (ZEC), el 32% del total, y 41.000 hectáreas de zonas de especial protección para las aves (ZEPA), el 40,7% del total. Parte de la superficie afectada sería coincidente, porque existen zonas de la Red Natura protegidas por ambos tipos de figuras.

El Pladiga también fija objetivos para este 2026 y, como en años anteriores, se calculan a partir de las medias de la última década. Esto hace que las cifras disparadas del pasado año eleven esas medias, de modo que algunos de los objetivos para este año son no superar las 21.000 hectáreas totales quemadas o reducir los incendios de más de media hectárea por debajo de los 282.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajará la próxima semana a China. Un viaje que llega después de críticas directas del PP estatal y veladas de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez por la visita oficial que está realizando esta semana al mismo país. En Galicia también viene siendo habitual que cargos del PPdeG critiquen a PSOE o BNG por reuniones con cargos políticos chinos pese a que el propio Feijóo también las mantuvo tanto en el viaje que realizó como presidente de la Xunta a Pekín en 2017 como recibiéndolos en Galicia.

El viaje de Rueda de la próxima semana, a Pekín y Shanghái, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tendría un contenido fundamentalmente económico para mejorar los intercambios comerciales gallegos. Y llega al tiempo que el PP retoma sus críticas a Sánchez por hacer lo mismo.

Este martes el propio Feijóo criticó de modo velado el “coqueteo con terceros países al margen de Europa” y dijo que Sánchez debe aclarar “si tiene previsto alterar las alianzas de España en el exterior”. Unas declaraciones que se producen pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tiene previsto realizar una visita oficial a China dentro de un mes.

Además, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, cuestionó que reunirse con China sea conciliable con la defensa “de la democracia y los derechos humanos”. El PP de Madrid, al tiempo, llamó a contrastar que “Sánchez se reúne con la dictadura china” mientras su líder, Díaz Ayuso, lo hace con la venezolana María Corina Machado.

Sin embargo, el propio Feijóo se reunió con cargos del Gobierno chino en su visita de 2017. También recibió a varios embajadores chinos en Santiago.

En el pasado Feijóo y el PP estatal también cargaron contra encuentros entre el Gobierno de Sánchez y otros estados como Cuba que el propio Feijóo visitó en dos ocasiones, incluso reuniéndose con Raúl Castro.

Desde el pasado 1 de abril, la Xunta permite de nuevo la pesca de la anguila en las rías de Arousa y Vigo pese al progresivo deterioro de esa especie en los ríos gallegos, al igual que ocurre con la lamprea o el salmón, que también deja capturar. Ese mismo día, el 1 de abril, el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, firmaba una respuesta oficial en la que advertía de que “no hay indicios de recuperación de la anguila” y que “es necesaria una mayor ambición para hacer frente a la mortalidad debida al medio ambiente y, al mismo tiempo, seguir adoptando medidas en materia de pesca”.

Sin embargo, el Gobierno gallego, pese a admitir su “declive”, viene rechazando elevar la protección de la especie. El año pasado se pescaron 37.000 kilos en Galicia.

Este año la anguila puede capturarse durante medio año, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, en las rías de Arousa y Vigo, y entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en la de Ferrol. Con todo, el comisario de Pesca, a preguntas del eurodiputado socialista César Luena, acaba de insistir, en una respuesta al Parlamento firmada ese mismo 1 de abril, en que la anguila está “en peligro crítico”. Así lo declaró la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La respuesta del comisario señala que “la conservación y la gestión de la anguila europea, una especie en peligro crítico, deben basarse en consideraciones en materia de pesca y medio ambiente para abordar la mortalidad provocada por el ser humano”. Según dice, sin identificar zonas geográficas, los planes de gestión de la especie “no se cumplieron en su mayoría” y “no hay indicios de recuperación de la anguila”. Por eso pide a los Estados que mejoren la protección de la anguila y revisen sus planes de gestión.

El comisario europeo de Pesca añade que “algunos Estados miembros adoptaron medidas más estrictas mediante la inclusión de la anguila europea en la lista de especies estrictamente protegidas o la prohibición de la pesca de la anguila durante todo el año”.

Eso es lo que quiere hacer el Gobierno de España, pero varias comunidades, entre ellas Galicia, lo rechazan. Hace dos meses la Xunta se jactó de “frenar” la intención del Estado de prohibir la pesca de la anguila al tiempo que subrayaba que el año pasado se pescaron 37.371 kilos. Según el Gobierno gallego, supusieron un volumen de negocio “próximo a los 800.000 euros” para 93 barcos, de los que no detalla si pescan también otras especies ni el porcentaje de negocio que supuso la anguila en relación con otras capturas.

La respuesta del comisario no solo pone el foco en la pesca, sino también en el deterioro ambiental como causa del declive de la especie. Un “declive” que admite la Consellería do Mar, pero para decir que “no está vinculado al tipo de captura, sino a causas estructurales ampliamente documentadas por la comunidad científica”. Causas que no cita, pero que podrían ser los embalses, la contaminación o el cambio climático.

Sin embargo, cuando se le pregunta por sus actuaciones para frenar el deterioro en los ríos gallegos de especies migratorias como la anguila, la lamprea o el salmón, la Consellería de Medio Ambiente, en respuesta a Praza.gal, se limita a hablar de cuotas de captura decrecientes en lugar de otras iniciativas de mejora ambiental. Esto es, al tiempo que el departamento con competencias en pesca dice que la pesca no es la única causa del declive de la anguila sino también otros problemas ambientales, el departamento con competencias en medio ambiente pone el foco solo en la pesca justificando que las cuotas de capturas son cada vez menores.

Mientras, cocineros y entidades ecologistas piden más protección en los ríos gallegos no solo para la anguila —para la que Adega insiste en pedir una veda total y su catalogación como especie en peligro crítico de extinción—, sino también para la lamprea y el salmón.

El Sindicato Español de Maquinistas (Semaf) quiere el indulto de su compañero, condenado por el accidente de la curva de Angrois en 2013, en el que murieron 79 personas y 144 resultaron heridas. Condenado a dos años y medio de prisión como único responsable del accidente tras la anulación por parte de la Audiencia Provincial de A Coruña de una sentencia similar impuesta a un oficial de Adif en enero, el maquinista de Alvia evitaría la cárcel con un indulto parcial de medio año, el mismo que recibieron dos maquinistas en 2009 por un accidente ocurrido en Navarra en 1997, en el que fallecieron 18 personas. Un indulto parcial que genera debate entre las víctimas, con algunos a favor, otros en contra y otros indiferentes.

En julio de 2024, la primera sentencia dictada por un Juzgado Penal de Santiago sobre el accidente de Angrois condenó al maquinista, Francisco José Garzón, a dos años y medio de prisión del mismo grado, y a Adif como responsable de 79 homicidios por negligencia profesional grave: el primero por perder el control y no frenar a tiempo antes de la curva, y el segundo por no haber implementado medidas de seguridad que hubieran evitado o mitigado ese error humano previsible. Sin embargo, el pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de A Coruña rectificó dicha sentencia y absolvió a Adif, dejando al maquinista como único condenado.

Tras la sentencia, el secretario general de Semaf, Diego Martín, declaró en una entrevista con Praza.gal que ya están trabajando para obtener el apoyo necesario para un "indulto parcial" para su compañero, una medida de gracia discrecional concedida por el Consejo de Ministros. "Trabajaremos para que nuestro compañero no sufra las consecuencias de la sentencia", afirmó el dirigente sindical, quien ratificó la opinión generalizada dentro de su grupo de que "el accidente de Angrois le podría haber ocurrido a cualquiera". Una opinión compartida por otros profesionales del sector ajenos a Semaf que también se muestran a favor del indulto para el conductor, que cumplirá 65 años en pocas semanas y que ha pedido disculpas a las víctimas en varias ocasiones, tanto en público como en privado.

El abogado del conductor es el mismo que el de Semaf y, al ser consultado sobre el indulto, indicó que está estudiando esa posibilidad, así como un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Sin antecedentes penales, la persona condenada no iría a prisión con una pena de solo dos años, por lo que un indulto parcial de tan solo medio año sería suficiente para evitar la cárcel. Dicho indulto, de medio año, fue concedido en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dos maquinistas que también habían sido condenados a dos años y medio de prisión por 18 homicidios por negligencia grave en un accidente ocurrido en 1997 en Navarra.

Los dos maquinistas implicados en el accidente de Uharte Arakil habían sido condenados por entrar en la estación a velocidad excesiva, según ellos, debido a una señal errónea que se lo permitió, un hecho que los tribunales no consideraron probado. En 2009, el Gobierno les concedió un indulto de medio año a cada uno "con la condición de que no cometieran otro delito intencional en un plazo de cuatro años".

Ante la posibilidad de un indulto parcial para el maquinista de Angrois, el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, ya había declarado días después del fallo del Tribunal de A Coruña que esta valoración debería corresponder a una asamblea de víctimas y no a él como presidente. A título personal, Domínguez afirmó que para él "no tiene sentido que el maquinista vaya a prisión", pero recalcó que la Plataforma analizaría el asunto en una futura reunión.

Dicha reunión ya tuvo lugar y el resultado del debate fue que la Plataforma, como tal, no tiene una postura sobre el indulto, sino que se trata de una cuestión personal para cada persona o familia afectada. Según lo que Praza.gal pudo averiguar a través de diversas fuentes presentes en la reunión, se manifestaron posturas a favor, en contra e indiferentes respecto al indulto. Se pueden encontrar valoraciones igualmente dispares entre las víctimas que no asistieron a la reunión de la Plataforma, de modo que cada persona o familia afectada consultada ofrece un argumento diferente a favor, en contra o indiferente al indulto.

En el accidente de Angrois, la justicia acabó reconociendo como víctimas a 79 personas fallecidas, 144 heridas y alrededor de 300 familiares con derecho a una indemnización individualizada.

Ya venía siendo una tendencia habitual en los últimos años, pero ahora con un porcentaje mucho más elevado. Cuando el Gobierno de España no está en manos del PP, las propuestas de resolución populares en el debate de política general del Parlamento de Galicia, como el que se está celebrando esta semana, disparan el número de peticiones al Estado. En anteriores debates las reclamaciones al ejecutivo central solían situarse en alrededor de la mitad del total de las propuestas de resolución, pero en el debate de este año 27 de las 40 propuestas contienen peticiones expresas al Gobierno de Sánchez.

Por su parte, las peticiones de BNG y PSdeG se centran en reclamar actuaciones a la Xunta, sobre la que tiene las competencias de control e impulso el Parlamento gallego. Pero mientras las 40 propuestas del PP tienen garantizada su aprobación gracias a su mayoría absoluta, las formuladas por nacionalistas y socialistas deben ser negociadas con los populares para que estos acepten apoyar alguna en la votación final que se producirá este viernes.

En este documento puedes consultar las 160 propuestas, 40 por grupo, formuladas por PP, BNG, PSdeG y DO:

Las propuestas de resolución del PP piden actuaciones del Gobierno de Sánchez en cuestiones tan dispares y habituales en su discurso político como volver a rechazar el terrorismo de ETA, impulsar el Xacobeo o que el pazo de Meirás no solo recuerde la dictadura de Franco sino también a Pardo Bazán. Son resoluciones que reclaman al Estado mejores infraestructuras, le atribuyen responsabilidades en la situación de la sanidad gallega o le piden mayor implicación en el desarrollo industrial del país.

Las propuestas del PPdeG fueron presentadas por la número 2 del partido, Paula Prado, quien volvió a criticar a la oposición, como también hizo este miércoles en el debate su portavoz, Alberto Pazos, tirando de una supuesta "ouija bloqueira".

Por su parte, desde la oposición el BNG apuesta con sus propuestas de resolución por "quitarle el freno de mano" a la Xunta. Según la viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, el presidente debe "una disculpa por criminalizar a las y los trabajadores tratándolos de vagos y defraudadores con las bajas". Los nacionalistas también ponen el foco en sus propuestas en reclamar más vivienda pública, el refuerzo de la atención primaria y la dependencia o una financiación autonómica justa.

Por el PSdeG fue su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, quien presentó sus propuestas de resolución destacando que "Galicia necesita un gobierno que actúe ya". Los socialistas ponen el foco en la vivienda, la sanidad o en una "implicación real de la Xunta en la candidatura de Vigo como sede del Mundial de fútbol".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, centró sus propuestas de resolución en peticiones que reclaman un mejor reequilibrio territorial con el interior de Galicia.

Diego Martín es secretario general del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) desde 2022 y lleva un comienzo de año especialmente duro. El 18 de enero el descarrilamiento de Adamuz dejó 46 personas muertas, entre ellas un maquinista. El 20 de enero murió otro maquinista en otro accidente en las Rodalies catalanas. Y el 23 de enero la Audiencia de A Coruña consideraba que el único culpable del accidente de Angrois de 2013, en el que murieron 79 personas, había sido el maquinista, absolviendo a un cargo de Adif condenado previamente. Hablamos con él sobre estos siniestros y la situación del sistema ferroviario en general y en Galicia en particular.

Empezando por el accidente más antiguo, la sentencia de la Audiencia de A Coruña sobre Angrois absolvió al director de Seguridad en la Circulación de Adif, que había sido condenado en primera instancia. Pero mantuvo la condena a dos años y medio de cárcel del maquinista, que queda así como único culpable por despistarse y no frenar a tiempo al recibir una llamada del interventor del tren sin que hubiese ningún sistema de seguridad de respaldo. ¿Qué valoración hace?

Estamos bastante devastados y preocupados por la sentencia. Acataremos las decisiones judiciales, pero no estamos de acuerdo con el análisis que al final emana de esta sentencia y las consecuencias que tiene para el sector, que nuevamente se ponga única y exclusivamente el foco en la responsabilidad de un operador de primera línea. Con todo un sistema de gestión de la seguridad y de riesgos del sistema ferroviario. Creemos que hay lo suficiente para demostrar que no es así. Pero es una decisión judicial. Una decisión que tenemos que acatar porque confiamos en la justicia, pero no la compartimos y trabajaremos para que nuestro compañero no sufra las consecuencias de esta sentencia, de todo este proceso que creemos que fue totalmente utilizado e influenciado por las condiciones tanto políticas como del propio sector y de dinámicas de poder dentro del sector ferroviario durante muchísimos años.

La condena inicial de un cargo de Adif por un error suyo, personal, parecía salvar la imagen de esa empresa pública. Pero ahora la Audiencia de A Coruña, al culpar solo al maquinista, viene a decir que la normativa ferroviaria permitía un accidente como el que ocurrió porque no contemplaba un despiste de un maquinista, un error humano previsible. ¿Cómo deja esto la imagen del sistema ferroviario español?

En ese momento, cuando se produjo el accidente, lo que está claro es que, si la única responsabilidad de todo lo ocurrido recae sobre el maquinista, es que había un fallo grave de gestión de los riesgos que había dentro del sector. Un fallo gravísimo que, encima, no estaba alineado con la normativa europea, porque la normativa europea no permite este tipo de accidentes, que sea solamente por culpa de una interfaz, en este caso el maquinista. El maquinista, en este caso, es una interfaz que tiene que estar contemplada dentro de los sistemas de gestión de riesgo. Y si el accidente solo se produjo y se responsabiliza única y exclusivamente al propio maquinista, consideramos que el sistema ferroviario falló en su conjunto, no solamente el maquinista. La condena inicial del responsable de seguridad de Adif salvaba un poco la imagen del sector, de que las responsabilidades eran compartidas con todos los responsables de las empresas ferroviarias en contacto con el administrador. Pero ahora mismo lo que desconfiamos mucho es que esta dinámica cambie y que veamos un cambio real en el sector, porque nuevamente vemos que la responsabilidad recae sobre la última línea. Y eso no lo compartimos.

El maquinista de Angrois viene siendo defendido por el abogado de Semaf. ¿Cree que los maquinistas en general piensan que el accidente le podía ocurrir a cualquiera?

Sí, sí. Yo personalmente. Incluso cuando ocurrió el accidente, todo el mundo lo primero que hizo fue identificarse con el propio maquinista y pensar que esto nos podía pasar a cualquiera. Sobre todo los que circulaban por esa línea habitualmente. De hecho, ya se venía avisando, y por eso hay pruebas de que se comunicaba a los responsables directos de los maquinistas, a los mandos intermedios; incluso hay un reporte de la situación. Y lo primero que hicieron fue identificarse y coincidíamos todo el mundo en que nos podía pasar a cualquiera. Y eso hace que sea más grave, porque era un riesgo reconocido dentro de la empresa que no se mitigó.

Decía antes que trabajan para que el compañero no sufra las consecuencias de la sentencia. Ante las limitadas posibilidades de recurso, ¿el Semaf estudia o va a estudiar la posibilidad de apoyar un indulto parcial del maquinista para que no entre en la cárcel?

Totalmente, totalmente. Creo que es la única posibilidad ahora mismo existente, puesto que no hay mucha posibilidad de recurso, o así lo contempla la propia sentencia. Con lo cual, la única posibilidad que podemos contemplar de una manera más afianzada o más consistente es la del indulto parcial, y estamos trabajando para conseguir los apoyos necesarios a través de nuestro gabinete jurídico, que es el que defiende al maquinista.

En Angrois hubo advertencias previas de los maquinistas, cuando menos una por escrito, de que podía pasar un accidente como el que ocurrió y la respuesta oficial fue que todo estaba conforme a la normativa. Tras los accidentes de Adamuz y Rodalies se multiplicaron las alertas de maquinistas en toda la red ferroviaria y parte de las reacciones consistieron en culparlos a ustedes de sobreactuar. ¿Fue así? ¿Tan mal está la red ferroviaria?

Lo que está claro es que lo que está mal no es la red ferroviaria, sino la gestión de toda la información y de las responsabilidades que hay dentro de la red ferroviaria. Ahí observamos el hecho de que solo quedase un reporte por escrito en el caso de Angrois, porque era comúnmente aceptado. El problema de todo esto es la normalización: que al final no te escuchen, que los reportes de los maquinistas no sirvan para absolutamente nada. Pero casualmente después de un accidente o después de un hecho como el de Adamuz, ahora sí que se tienen en cuenta las mismas actuaciones, porque nosotros como profesionales, como maquinistas, no estamos ni sobreactuando, como se nos dijo, ni hay ningún tipo de cambio de actuación, sino que estamos reportando igual que se venía reportando con anterioridad. De hecho, no aumentaron en exceso el número de reportes. Lógicamente, cuando un reporte ves que tiene más consecuencias que anteriormente, hablo de una manera más confiada, porque ahora mismo Adif es al final a donde llegan los reportes y las operadoras ferroviarias sí que están tomando medidas mitigadoras para los mismos reportes que se hacían anteriores a los accidentes. Con lo cual nuestra actuación no cambió; lo que cambió es la actuación de los responsables, porque ahora sí que ven que el riesgo que nosotros reportábamos es real.

Tras el accidente de Angrois se reactivaron foros de intercambio de experiencias entre Adif, empresas y sindicatos similares a las comisiones mixtas entre Adif y Renfe que se habían suprimido unos años antes. ¿Están funcionando correctamente?

No eran similares a las comisiones mixtas, realmente, porque eran unos foros de intercambio de experiencia pilotados por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, no Adif. Se trataban temas que proponía la propia agencia que podían afectar a todos los agentes, operadoras, sindicatos o administradores. Ahora, después de la desconvocatoria de la huelga, sí que creamos un comité de riesgos compartidos, que además preside el administrador de infraestructura, aunque está la agencia involucrada. Ahora sí que va a haber participación real, o en teoría eso tenemos acordado, para que los temas que nosotros consideremos o riesgos detectados se traten como se hacía en las comisiones mixtas cuando solo existían Renfe y Adif y por eso eran tan directas.

En general, la mayoría de las recomendaciones de seguridad derivadas del accidente de Angrois de 2013 tardaron años en implantarse, entre ellas esa de una mejor comunicación de Adif con Renfe o con los sindicatos, que no se dio por cumplida hasta 2017. O la última, para mejorar los análisis de riesgos en toda la red, que se dio por implantada en 2023, diez años después del accidente. ¿Puede pasar lo mismo tras Adamuz?

Esperemos que no, y de hecho por eso estamos haciendo más presión que nunca los agentes sociales, porque lo que queremos son cambios reales que se palpen en un corto espacio de tiempo. Por eso creamos una comisión de seguimiento de los acuerdos y de la implantación de estas medidas, porque lo que vemos es que, como dejemos dormir el asunto, por decirlo de alguna manera, es lo que se hizo en el caso de Angrois. Yo creo que aquel era un acuerdo más de agentes políticos, porque implicaba a todo el mundo; entonces se durmió el asunto hasta que ya no tenían alternativas de cumplimiento, incluso con expedientes sancionadores por parte de Europa. En este caso lo que no queremos es que quede en el olvido. Y que sirva para cambiar el sector. Está claro que el sector falló. Para que se puedan producir accidentes de estas características, y muy consecutivamente, el sector falló de alguna manera y hay que cambiarlo de manera inminente, porque si no, el riesgo de que ocurran accidentes va a ser el mismo.

Tras los accidentes de Adamuz y Rodalies el Semaf convocó una huelga de tres días y al primer día ya consiguieron un acuerdo con el Ministerio de Transportes para mejorar el mantenimiento de la red ferroviaria y aumentar el personal. ¿Cómo fue posible un acuerdo tan rápido en un problema tan complejo? ¿Confía en que se cumpla?

El problema del acuerdo no es el propio acuerdo, sino que al final se adopten todas las medidas. Tuvimos reuniones de seguimiento del acuerdo y se están dando avances, y se pusieron en marcha ya los grupos de trabajo y se nos dio la información que estábamos solicitando, sobre todo en el tratamiento de la infraestructura por parte de Adif. No era muy usual que como organización sindical, por ejemplo, tuviésemos comunicación directa con Adif, porque no tenemos ni representación en la empresa pública. Pero en cambio éramos los que estábamos reivindicando más esas actuaciones en infraestructura, y lo que vemos es que algo de cambio hubo. Otra cosa es que sea suficiente o no; eso lo dirá el tiempo y las acciones que lleven a cabo. Lógicamente, si se están implantando limitaciones temporales de velocidad donde nosotros reportamos esas deficiencias o esas irregularidades que detectamos en la vía, vemos que algo cambió, por lo menos su actuación. Otra cosa es que sea para mejorar o sea para prevenir o que nadie llegue a responsabilizarse ahora de cualquier nuevo accidente. Lo veremos con el tiempo.

Que se acordase o no de una manera rápida... Se trabajó directamente con el propio ministro durante seis días y se llegó a acuerdos que inicialmente no querían, porque eran reconocer la implicación y la responsabilidad del administrador, y de la agencia, y de todo el sector, y del propio ministerio, en que algo tenía que cambiar. Y eso inicialmente no se nos planteó, porque se nos planteó como organización sindical únicamente una salida laboral, de personas, que nosotros como organización sindical no aceptábamos. Lo que queríamos era un cambio de dinámica dentro del sector y de grupos de trabajo para analizar el estado real del sector. Y por eso no se llegó a un acuerdo de manera rápida, sino que tuvimos que trabajar durante seis días prácticamente 24 horas. Cambió bastante la percepción del ministerio de cuáles eran nuestras reivindicaciones.

¿Ve algún problema singular o particular en la red ferroviaria gallega?

Principalmente la orografía que tiene Galicia, es la peor para una infraestructura ferroviaria. Tiene muchísimas consecuencias directas en la capacidad de operación ferroviaria, en las velocidades y en la enorme cantidad de túneles y viaductos que existe. Y sobre todo las diferencias de inversión y de actuación respecto a otras regiones. Con esa orografía tendría que destinarse mucho más presupuesto ferroviario para mantener y para construir nuevas líneas y las consecuencias fueron las modificaciones incluso de los proyectos iniciales de las líneas de alta velocidad. Tienen una infraestructura particular que no existe en el resto de España, o que no existía más que cuando se inventó en Galicia la línea de ancho convencional con tensión de alta velocidad o cosas así. Fueron consecuencias directas de eso que se vivía allí.

¿Viajar en tren es seguro?

Nosotros consideramos que sí. Si no fuese seguro, nosotros mismos no pondríamos en riesgo nuestra propia integridad. Y de hecho ya lo hicimos en algunas ocasiones, con la paralización de alguna línea o de algún tramo cuando considerábamos que no reunían las condiciones de seguridad. Otra cosa es que el sistema en un momento determinado fallase y sean necesarios cambios. Pero nosotros consideramos que el ferrocarril es seguro. Ahora mismo, con los accidentes que vivimos, el ferrocarril no puede estar más fiscalizado.

El Gobierno gallego tardó cinco años en reclamar a Angulas Aguinaga que devolviese unas ayudas que consideraba que no le correspondían por no ser una pequeña o mediana empresa, pero el TSXG dice que fue demasiado tiempo y que ese requisito era previo.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de dictar dos sentencias, fechadas el 11 y el 18 de febrero, que anulan dos requerimientos de la Consellería do Mar al grupo Angulas Aguinaga para que devolviese dos ayudas de 1.448.667 y 369.255 euros, respectivamente. Las ayudas fueron concedidas en 2018 y 2019, pero la Xunta no exigió su devolución por considerar que la beneficiaria no cumplía el requisito de ser una pequeña o mediana empresa, como exigía la convocatoria, hasta junio de 2024.

El tribunal considera que, se computen como se computen los plazos de prescripción, estos ya habían sido superados. Y la Xunta ya no tiene derecho a que le devuelvan los 1,8 millones de euros.

Las ayudas de la Consellería do Mar fueron obtenidas en 2018 y 2019 por Depuradora de Moluscos La Sirena SL, de Cambados, actualmente integrada en el grupo Angulas Aguinaga después de que este absorbiese en 2021 al grupo gallego Linamar, al que pertenecía.

La ayuda de 1,4 millones fue para el "lanzamiento de nuevos productos elaborados con innovación industria 4.0 en procesos clave" y fue concedida el 8 de agosto de 2018, mientras que la ayuda de 369.000 euros fue para la "innovación en procesos de pasteurización y elaboración de salsas" y fue concedida el 1 de agosto de 2019. En ambos casos se trataba de convocatorias de ayudas para pequeñas y medianas empresas, un criterio que tenía que estar certificado antes de la concesión de las subvenciones.

Sin embargo, no fue hasta el 15 y el 17 de abril de 2024 cuando la Xunta notificó a la empresa la incoación de los procedimientos de reintegro de las ayudas por incumplimiento de condiciones. Ese paso fue seguido el 26 de junio de 2024 por sendas resoluciones de reintegro.

La Xunta consideró que la beneficiaria no cumplía el requisito de ser una pequeña o mediana empresa, algo que esta negó al argumentar que era una firma autónoma respecto del resto del grupo. Pero la justicia ni siquiera entra a analizar esa cuestión. El tribunal considera que, en el momento en que concedió las ayudas, "la Administración se encontraba en condiciones de conocer lo que tacha de irregularidad, poueto que se trataba de una condición para solicitar la subvención, es dicir, que se trataba en realidad de un requisito previo".

La consellería no solo dio por cumplido ese requisito, sino que, tras conceder las ayudas, comprobó también posteriormente que las inversiones asociadas a ellas se habían realizado, hasta el punto de que efectuó ajustes en las cuantías concretas a percibir. Fue tiempo después cuando pasó a considerar que la beneficiaria no era una pequeña o mediana empresa.

Pero el tribunal considera que la Xunta tardó demasiado en esa revisión. Por una parte, la consellería tardó más del plazo fijado de un mes para incoar el expediente de reintegro desde que el departamento de Intervención consideró que las ayudas eran incorrectas. Y, por otra, también había transcurrido más del plazo de cuatro años desde que se cometió la infracción, tanto si se consideraba que ese momento fue cuando se concedió la subvención como si el cómputo comenzaba posteriormente, cuando se justificó su ejecución.

En ambos casos, el TSXG anula las resoluciones de reintegro de los 1,8 millones de euros en subvenciones e impone las costas judiciales a la Xunta con hasta otros 1.500 euros por cada procedimiento judicial.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

El pasado 6 de marzo María Azucena Recio tomó posesión como nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Menos de una semana después, el día 12, esta magistrada encuadrada convencionalmente en el sector conservador de la judicatura tomó una de sus primeras decisiones: trasladar a la fuerza a dos de los cuatro miembros de la Sección Tercera de la Sala, que trata sobre cuestiones como la legalidad de los parques eólicos o diversos contratos del Gobierno gallego: Luís Villares y Dolores López.

Estos traslados forzosos, que Praza.gal pudo confirmar a través de fuentes judiciales, están generando un notable revuelo en el seno del alto tribunal gallego por su celeridad y también por su justificación. Especialmente en el caso de Villares, que viene siendo cuestionado públicamente por el PP y por el Gobierno gallego en los últimos años a causa de decisiones de la Sala como paralizaciones cautelares de parques eólicos, que los populares atribuyen no a cuestiones legales, sino al pasado político del magistrado como portavoz de la desaparecida formación En Marea.

La resolución en la que Recio decide el traslado forzoso de Villares, a cuyo contenido pudo tener acceso este diario, lo justifica citando tres sentencias en las que el Tribunal Supremo anuló resoluciones previas del TSXG que obligaban a la empresa concesionaria del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a pagar el IBI al Ayuntamiento o que rechazaban las peticiones de la empresa para obtener diversas compensaciones por servicios prestados durante la apertura del centro. La causa de esas anulaciones fue que el Supremo observó riesgo de que Villares, uno de los tres magistrados que las adoptó, no fuese imparcial por las posiciones políticas de En Marea sobre el asunto cuando él la lideraba, con independencia de que fuesen “correctas”.

Según la nueva presidenta de la Sala, esos pronunciamientos del Supremo “motivan” el traslado forzoso de Villares fuera de la Sección Tercera y su recolocación en la Cuarta. Lo hace, justifica, para “salvaguardar la apariencia y la realidad de la imparcialidad con la que funciona esta Sala” y también para la “salvaguarda del magistrado cuya imparcialidad fue sometida a valoración judicial por el Supremo”. También apunta a “necesidades reorganizativas” y al “refuerzo” del “buen funcionamiento” de la Sala.

Entiende María Azucena Recio que el traslado forzoso va a implicar además para Villares un “crecimiento profesional” y “una oportunidad” al “abordar nuevas materias que también son competencia” de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La resolución concluye con un agradecimiento al “apoyo y comprensión de todos/as”.

Las tres sentencias conocidas hasta el momento en las que el Supremo anuló resoluciones previas del TSXG porque Villares participó en ellas junto con otros jueces no dicen que aquellas fuesen incorrectas o parciales. El Supremo dijo que esas resoluciones no tenían “signos manifiestos que permitan levantar, por sí solos, sospechas sobre la ausencia de parcialidad”, pero aun así consideró que se había vulnerado el derecho de la empresa recurrente a un juez imparcial. En aquellos procesos la Xunta incluso defendió al magistrado diciendo que el supuesto “vicio de parcialidad” que le atribuían no se había producido porque “la sentencia es correcta en derecho en cuanto al fondo”.

Por otra parte, el Supremo ya ha avalado resoluciones del TSXG en las que participó Villares, en particular sobre el sector eólico. Y, al mismo tiempo, el PP incluso criticó a Villares por la anulación en firme por parte del Supremo de un parque eólico en cuyo proceso judicial no participó ese juez.

Ante los ataques del PP al TSXG por sus resoluciones sobre el sector eólico, participe o no Villares en ellas, el propio tribunal y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia se pronunciaron públicamente en defensa de la “independencia judicial”, subrayando que “su respeto por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones” y “sin perjuicio de que quien esté disconforme con las resoluciones judiciales utilice los medios que le garantiza la legislación procesal”.

Los traslados forzosos decididos por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, especialmente el de Villares, causan “preocupación” en la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. El colectivo que agrupa el sector progresista de la judicatura, del que el magistrado ahora trasladado fue coordinador en Galicia, considera que la decisión “puede afectar a las garantías de inamovilidad e independencia judicial”.

Destaca la sección territorial gallega de XpD que este “desmantelamiento” de la Sección Tercera de la Sala, “no previsto en el programa de gobierno sometido a examen del Consejo General del Poder Judicial” con el que María Azucena Recio llegó al cargo, “supone de facto deshacer la composición de un órgano judicial que venía resolviendo asuntos de materias concretas”, ya que “afecta a la mitad de las personas que la componen”. Se trata, añaden, de un movimiento “inusual” tanto por su “envergadura” como por las “formas con las que se realiza”.

“El procedimiento habitual de cambio de magistrados entre secciones es el concurso interno voluntario cuando existen vacantes”, detallan, y “cuando la Presidencia propone una reorganización, lo normal es la consulta previa” con los afectados y aplicar los cambios “de modo individual” para no “perturbar” el trabajo. Pero en este caso los movimientos, entre los trasladados y los que llegan, “afectan a cuatro magistrados” de dos de las cuatro secciones de la Sala y “fue adoptado sin audiencia previa ni consultas informales” con los implicados.

Los sucesivos argumentos de la Xunta para mantener oculto su pacto con Altri ante peticiones formales de transparencia formuladas por Praza.gal provocaron el mayor cisma en los diez años de historia de la Comisión da Transparencia de Galicia. Se trata del órgano hasta ahora dependiente de la Valedora do Pobo que vela por el derecho de la ciudadanía de acceder a información en poder de las Administraciones.

La representación en ese órgano del Consello Consultivo y del Consello de Contas firmaron una inédita justificación conjunta de voto discrepante sobre la forma en que la Xunta argumentó, tras dar otras motivaciones, que no puede entregar el acuerdo con Altri porque no está en su poder ni lo conoce. Un argumento nuevo que fue validado por otros vocales de la Comisión da Transparencia, sin permitir alegar a Praza.gal, lo que pudo vulnerar sus derechos.

La primera petición de transparencia de Praza.gal al Gobierno gallego para conocer el acuerdo con Altri fue rechazada con el argumento de que no había sido firmado por la Xunta, sino por la ahora disuelta empresa Impulsa Galicia, en la que la participación pública es del 48% y por lo tanto no está afectada por la Lei de Transparencia. Praza.gal recurrió aquella negativa destacando que el pacto había sido firmado por el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, pero la Xunta replicó que no lo había hecho como conselleiro, sino como presidente de Impulsa Galicia como parte de un "negocio jurídico privado".

Impulsa Galicia fue creada por la Xunta, que tiene el deber de controlar su propia participación en empresas. Por este motivo Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia pidiendo el pacto con Altri como documento que obra "en poder" de la Administración "en el ejercicio de sus funciones" de control de sus participaciones empresariales. La formulación tendría amparo en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, que dice que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder [de las Administraciones] y que fuesen elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

La respuesta de la Xunta obvió los matices de esta nueva petición y se limitó a reiterar los argumentos denegatorios de la solicitud previa, esto es, que era un documento de una empresa privada. Así que Praza.gal recurrió ante la Comisión de Transparencia incidiendo en el elemento jurídico de que el documento estuviese "en poder" de la Administración. Fue en ese momento cuando la Xunta argumentó ante la Comisión da Transparencia que la información solicitada era "desconocida" para ella y no la tenía "en su poder". Un argumento nuevo que fue validado por cuatro de los seis miembros de la Comisión da Transparencia de Galicia sin dar la posibilidad de alegar a Praza.gal, ante lo que discrepan los vocales en representación de los consellos de Contas y Consultivo.

La Comisión da Transparencia está formada por seis personas: la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño; su adjunta, María Xosé Porteiro; una representante de la Xunta, en este caso Patricia Brión Cabanelas, en sustitución del director general José María Barreiro; uno de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Xosé Manuel Rodríguez Méndez; uno del Consello de Contas, Manuel José Santana Suárez; y una del Consello Consultivo, Ana María López Guizán. Los dos últimos son los que discrepan y consideran vulnerado el derecho de Praza.gal.

El asunto fue debatido durante tres meses, ya que debía ser analizado por primera vez en el pleno mensual de la Comisión da Transparencia previsto para el 31 de octubre, pero ante el debate suscitado la decisión fue pospuesta primero al siguiente pleno del 25 de noviembre y después al del 23 de diciembre. En ese pleno el argumento introducido ex novo por la Xunta de que no tiene el pacto con Altri fue validado sin dar a Praza.gal posibilidad de alegar por la Valedora (propuesta por el PP), su adjunta (exdiputada propuesta por el PSdeG), el representante de la Fegamp (exalcalde de As Neves del BNG) y la representante de la Xunta.

Por el contrario, el voto discrepante firmado por la letrada representante del Consultivo y por el de Contas destaca que el primer argumento de la Xunta para denegar la petición de Praza.gal era porque Impulsa Galicia no estaba sometida a la Lei de Transparencia, "no porque la Consellería no tuviese en su poder el documento" en la argumentación de la Xunta ante la propia Comisión en septiembre sin comunicárselo a Praza.gal. Por eso, los discrepantes consideran que "la Comisión da Transparencia, en lugar de entrar a conocer el fondo del asunto, debió conceder al interesado [Praza.gal, a través de un periodista] un trámite de audiencia" para alegar lo que considerase ante ese "hecho nuevo".

"Sólo una vez realizado este trámite, esencial para la contradicción del procedimiento, era posible entrar a conocer el fondo del asunto", añade el voto discrepante conjunto. Un trámite de alegaciones por parte de Praza.gal que era "garante del derecho de defensa" de este periódico.

Es la primera vez en diez años de existencia de la Comisión da Transparencia de Galicia, creada en 2016, que se firma una justificación de voto discrepante conjunta de dos vocales tras analizar un tema sin acuerdo durante tres plenos distintos. La inmensa mayoría de las alrededor de doscientas resoluciones que emite cada año la Comisión son acordadas por unanimidad. De forma excepcional se abstiene algún vocal porque la cuestión a debate afecte a la institución que representa. Y aún más excepcionales son los votos en contra, generalmente de la representación de la Xunta disconforme con que la Comisión quiera que divulgue alguna información que prefiere mantener oculta.

Hasta ahora la representación del Consultivo sólo había emitido justificación de voto discrepante en solitario en un par de ocasiones, por lo que es la primera vez que se firma una justificación discrepante conjunta de dos vocalías distintas y con una argumentación de la extensión de esta. Será precisamente el Consello Consultivo el que pase este año a gestionar la Comisión da Transparencia después de que el PP decidiese retirar su adscripción a la Valedora do Pobo.

A pesar de estos obstáculos de la Xunta y de la Comisión da Transparencia, Praza.gal sigue investigando para tener acceso al pacto con Altri. Tras la argumentación de la Xunta de que no tiene el acuerdo, el presidente Rueda admitió que él sí lo conoce y a través de "representantes de la Xunta". Por eso Praza.gal formuló una nueva petición de transparencia para tener acceso a la información que esté en poder de la Presidencia de la Xunta. Una petición de la que de momento Presidencia se desentendió remitiéndola a la Consellería de Economía e Industria.

En junio de 1996 el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Pontevedra publicó una nueva normativa urbanística del Ayuntamiento de Oia, una localidad sur de las Rías Baixas, que, entre otras cuestiones, pretendía facilitar un balneario de agua de mar en pleno cabo Silleiro, un emplazamiento de alto valor paisajístico. Pero alguien se olvidó de publicar la ordenanza concreta, la número 13, que regularía esa construcción, así que nunca entró en vigor. Eso no impidió al gobierno local del PP otorgar en 2000 la licencia al amparo de esa ordenanza fantasma de 1996. Y cuando la justicia estableció en 2009, a instancias de la Xunta de PSdeG y BNG, que había sido ilegal, el edificio ya llevaba seis años funcionando.

Treinta años después, aquella ordenanza fantasma es ahora una amenaza real de quiebra para el Ayuntamiento de Oia. Porque si el derribo se concreta, como vuelve a insistir la justicia, los propietarios podrían exigir una indemnización millonaria a las arcas municipales.

La sentencia que en 2009, a instancias de la Xunta de PSdeG y BNG, declaró ilegales las licencias del Ayuntamiento de Oia para construir el hotel y centro de talasoterapia de cabo Silleiro refleja así lo sucedido: “La Ordenanza nº 13, de equipamiento hotelero-balneario, de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Oia de 1996 no aparece en el texto que fue publicado en el BOP de Pontevedra de 18/6/96 y por lo tanto nunca entró en vigor”. Y concluía que “al no entrar en vigor dicha ordenanza ninguna licencia podía ser concedida a su amparo”.

Pero iba más allá e incluso decía que lo construido tampoco respetaría lo establecido en la ordenanza fantasma “en lo referente a altura y número de plantas de los edificios”.

Lo finalmente construido fueron varias plantas de altura, en teoría cinco sobre la rasante del terreno. Pero sobre un terreno en fuerte pendiente que hace que desde la carretera de acceso se puedan contar hasta ocho alturas distintas en el complejo. Todo ello a apenas cien metros del mar y a 500 metros del emblemático faro de cabo Silleiro, en un lugar de especial tranquilidad pero a tan solo 5 kilómetros de la muy turística Baiona.

Inaugurado en 2003, durante este tiempo el talaso de Oia, pese a su ilegalidad, recibió diversas ayudas públicas de la Xunta y del Estado e incluso albergó una conferencia internacional de ministros de Pesca en el marco de la World Fishing Exhibition celebrada en Vigo a los pocos meses de su apertura. Al tiempo, diversas administraciones le abrieron varios expedientes no solo por la ilegalidad de la construcción o por obras posteriores, sino también por vertidos al mismo mar del que obtiene el agua para el funcionamiento de sus piscinas de talasoterapia.

Con la sentencia firme de 2009 que estableció la ilegalidad de la licencia otorgada por el Ayuntamiento se instó el derribo del edificio, que también fue sentenciado por la justicia en 2012. Pero eso supondría que los propietarios del hotel podrían pedir una indemnización municipal, ya que ellos construyeron con una licencia en la mano que daban por válida. Con una población de apenas 3.000 habitantes y unos presupuestos municipales que apenas superan los 2 millones de euros, indemnizar el derribo de semejante complejo llevaría a las arcas municipales a la quiebra.

Para evitar la indemnización el Ayuntamiento lleva década y media intentando legalizar lo ilegal, de momento sin éxito. La justicia fue aplazando la ejecución del derribo ante la promesa de tramitación de un plan urbanístico específico para legalizar el hotel reduciendo su altura y reestructurando sus volúmenes para así adaptarlo supuestamente a lo que permite la legislación urbanística en ese entorno. Pero ese plan municipal sigue sin ser aprobado porque la Xunta no acaba de ver que la topografía del terreno vaya a quedar como estaba.

También consideró que el uso de talasoterapia está permitido en el tipo de suelo del litoral en el que se levanta el complejo, a apenas cien metros del mar, pero no así “los usos residenciales o terciarios asociados a estas instalaciones”. Esto es, el hotel.

A falta de un plan urbanístico que legalice el complejo, el juzgado de Pontevedra, que conoce del caso desde hace dos décadas, se cansó de esperar y acaba de emitir un nuevo auto en el que da al Ayuntamiento diez días para iniciar el proceso de derribo instando al propietario a que lo acometa. La amenaza surgida de la ordenanza fantasma de 1996 está más cerca de hacerse real.

En 2018, una mujer que estaba colaborando con la justicia en la investigación del caso Carioca de prostitución en Lugo obtuvo por su ayuda un permiso de residencia extraordinario a solicitud de la justicia. En 2022, tras residir legalmente más años de los requeridos, solicitó la nacionalidad, pero el Estado se la denegó en 2024 sin tener en cuenta su propio permiso extraordinario de residencia.

Ahora la Audiencia Nacional condena al Estado, considera “acreditado el cumplimiento del requisito de residencia legal” y le reconoce a la mujer “la nacionalidad española por residencia”.

El caso Carioca comenzó a investigarse con diligencias previas en 2008 por parte del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, en el que estaba la jueza Pilar de Lara. La investigación, como otras de la misma jueza –que acabó siendo sancionada–, se demoró y se diversificó en varias piezas, llegando la sentencia de la pieza principal en julio de 2024, cuando quedó confirmada para la justicia la existencia de favores mutuos entre agentes de la Guardia Civil y proxenetas, con varias mujeres prostituidas como principales víctimas.

En la sentencia de Carioca fueron condenados por conformidad dos guardias civiles y tres proxenetas. Y entre los primeros estaba precisamente uno que tenía entre sus cometidos realizar inspecciones “en clubes de alterne o establecimientos análogos” para, entre otros aspectos, “examinar la documentación del personal” y, en el caso de personas extranjeras, denunciar posibles estancias en situación irregular.

En este contexto, en marzo de 2018 el juzgado instructor envió un oficio sobre la mujer al subdelegado del Gobierno en Lugo “por el que informa sobre dicha colaboración y que su presencia en España es imprescindible, solicitando asimismo que se le conceda la correspondiente autorización de residencia por circunstancias excepcionales”. La mujer obtuvo “las correspondientes tarjetas de residencia en España desde el año 2018 hasta 2024”, pero en ese año le fue denegada la nacionalidad que había solicitado en 2022 por incumplir el requisito de residencia legal previa.

La legislación establece que las personas de Iberoamérica que soliciten la nacionalidad española solo tienen que residir previamente en España de forma legal, continuada y sin interrupción durante dos años. Y ese fue el argumento dado por el Estado: que no cumplía el requisito de residencia legal previa durante dos años, obviando el permiso extraordinario que había obtenido por su colaboración con la justicia. Así que ahora la Audiencia Nacional anula la decisión del Estado “y en su lugar reconocemos la nacionalidad española por residencia a la recurrente”.

Tras archivar el proyecto de Altri, el pasado lunes 23 de febrero el presidente de la Xunta aseguró conocer el contenido del pacto secreto firmado con la empresa en octubre de 2021 para su llegada a Galicia, que el Gobierno gallego se viene negando a revelar. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una petición oficial de transparencia a la Presidencia de la Xunta para acceder a la información que obre en poder de ese departamento. La respuesta dada por el gabinete de Rueda, firmada apenas dos horas después de recibir la solicitud formal y sin motivación alguna, fue desentenderse de ella y remitirla a la Consellería de Industria, que previamente ya había negado conocer ese documento ante la Comisión de la Transparencia de Galicia.

La Ley de Transparencia establece que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder [de las Administraciones] y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Sin embargo, la Xunta ha esquivado la aplicación de ese artículo en sucesivas peticiones de transparencia formuladas por Praza.gal con respecto al pacto con Altri.

En febrero del pasado año, cuando todo apuntaba a que el primer dictamen ambiental de la Xunta sobre el proyecto de Altri sería inminente —la declaración de impacto ambiental favorable para la factoría acabó siendo firmada el 5 de marzo—, Praza.gal solicitó a la Consellería de Economía e Industria acceder al acuerdo con la empresa. La consellería obvió la petición y solo contestó cuando intervino la Comisión de la Transparencia de Galicia, dependiente de la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo), tras un recurso de Praza.gal.

En su respuesta, la consellería inadmitió la petición de Praza.gal con el argumento de que el acuerdo no había sido firmado por la Xunta sino por una empresa privada, Impulsa Galicia, creada por la Xunta para apoyar proyectos como el de Altri pero en la que el capital público era del 48%. Al no llegar al 50%, la Xunta consideraba esa empresa privada y, por tanto, al margen de la Ley de Transparencia, pese a que el Consello de Contas insistió de manera reiterada y también sin éxito en que las características de Impulsa Galicia debían someterla a una mayor fiscalización pública.

Praza.gal recurrió esa inadmisión ante la Comisión de la Transparencia subrayando que el documento había sido firmado por el entonces titular de Economía, Francisco Conde, presidente de Impulsa Galicia precisamente por ser conselleiro. La respuesta que dio la Xunta a esa alegación fue que Conde no había firmado el acuerdo como conselleiro sino como parte de un "negocio jurídico privado".

Tras esa respuesta, Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia a Economía e Industria poniendo ahora el foco no en quién o cómo había firmado el documento, sino en que obraba "en poder" de la Xunta, como contempla la Ley de Transparencia, "en el ejercicio de sus funciones" de control de su propia participación en empresas. La respuesta de la Xunta, al límite del plazo legal, obvió el énfasis de la petición de Praza.gal en el hecho de que el documento estuviese en poder de la Administración en el ejercicio de sus funciones y se limitó a reiterar los argumentos denegatorios de la petición previa, esto es, que había sido firmado por Impulsa Galicia, una empresa privada.

Praza.gal recurrió nuevamente esa respuesta ante la Comisión de la Transparencia incidiendo en el elemento jurídico de que el documento sea público por estar "en poder" de la Administración. Pero la respuesta que dio Economía e Industria a la Comisión de la Transparencia, según reflejó esta, fue que la información solicitada era "desconocida" para la consellería y, por tanto, no podía facilitarla.

Tras esa alegación del pasado enero de que Economía e Industria "desconoce" el pacto firmado por quien en 2021 era conselleiro y como tal presidente de Impulsa Galicia, el pasado lunes 23 de febrero el presidente Rueda dijo que él sí conocía el acuerdo con Altri y que no contempla "ningún tipo de compensación" para la empresa. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una tercera petición formal de transparencia, pero esta vez ya no a la Consellería de Economía e Industria, que decía desconocer el documento, sino a la Presidencia de la Xunta.

En la petición se expusieron los antecedentes de las dos solicitudes de transparencia previas y se hizo hincapié en que se pide el pacto con Altri como documento conocido por el presidente. Un presidente de la Xunta que no tuvo ningún cargo en Impulsa Galicia y, por tanto, solo pudo conocer el documento como presidente de la Xunta, no como miembro de una empresa privada.

Pero la respuesta de Presidencia de la Xunta, firmada apenas dos horas después de que Praza.gal registrase su petición y sin incluir en ella ninguna motivación o argumentación de la decisión, fue remitir la solicitud a la Consellería de Economía e Industria. Lo hace tergiversando y simplificando el texto de la petición de Praza.gal, obviando que la petición expresa es a la Presidencia de la Xunta y remitiéndola a un departamento que ya dijo que no conoce el documento solicitado. El gabinete de Rueda se desentiende así de la afirmación del presidente de que conoce el pacto con Altri y deja en manos de Economía e Industria explicar cómo pudo conocerlo si la consellería dice desconocerlo.

Entre la documentación desclasificada en torno al Golpe de Estado del 23-F, además de informes policiales sobre las reacciones políticas, sindicales y estudiantiles en Galicia, figura un informe del Ministerio de Defensa “sobre la amenaza interior”, fechado el 10 de febrero, dos semanas antes del golpe, en el que se tienen en cuenta “las hipótesis de acciones involutivas” con respaldo militar.

En ese informe se analizan también otras amenazas, entre las que aparece “el separatismo en Galicia”. El documento lo minimiza y señala, sobre la posibilidad de un separatismo violento, que “puede constituir una amenaza potencial a muy largo plazo”.

El Informe semestral sobre la amenaza interior, del Centro Superior de Información de la Defensa, con fecha de 10 de febrero de 1981, destaca el origen “esencialmente interno” de las principales amenazas para España. Entre ellas señala como la más probable el terrorismo, seguida de “brotes más o menos generalizados de desobediencia civil separatista” y añade que “en tercer lugar deben considerarse las hipótesis de acciones involutivas, bien por medio de maniobras políticas extraconstitucionales con respaldo militar, o por acciones armadas de entidad limitada”.

En su desarrollo, el documento analiza la situación política y sindical, la “amenaza revolucionaria” y diversos separatismos, con especial atención al terrorismo de ETA. Las 21 páginas del documento dedican medio folio a analizar “el separatismo en Galicia”, del que afirma que “al igual que en Cataluña, el separatismo violento gallego encuentra por el momento poco eco, aunque puede constituir una amenaza potencial a muy largo plazo”. Sería en 1987 cuando el Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive iniciaría su actividad violenta.

Al margen de ese pronóstico sobre el separatismo violento, el informe militar de dos semanas antes del 23-F señala que “el espectro separatista gallego” estaba formado, “principalmente”, por cuatro entidades. La primera citada es el Bloque Nacional Popular Galego (BN-PG), del que afirma que “su apoyo electoral ronda el 3% del censo electoral de la región”. La segunda organización es el Partido Obreiro Galego, “integrado en Esquerda Galega, cuyo respaldo popular no está cuantificado por no haber participado hasta el momento en elecciones pero que, a tenor de su apoyo en la calle, parece mínimo”.

Frente a esas consideraciones del informe militar, unos meses después, en las primeras elecciones gallegas del 20 de octubre de 1981, la coalición de BN-PG y PSG obtuvo el 6,2% de los votos y 3 diputados, encabezados por Bautista Álvarez, que no llegaron a tomar posesión por su negativa a jurar lealtad a la Constitución. Por su parte, Esquerda Galega obtuvo el 3,4% de los votos y un escaño, ocupado por Camilo Nogueira.

El informe también cita como formaciones menores al Partido Galego do Proletariado, partido que presenta como “partidario de la lucha armada” y que “mantiene relaciones con ETA”. Y, de pasada, a la Irmandade Galega, con “escasa militancia”.

El informe considera que “a medio plazo, solo en Vascongadas y Cataluña podrían originarse hechos o actitudes separatistas susceptibles de provocar una decisión del Gobierno en relación con algún tipo de intervención de las Fuerzas Armadas”.

El documento comienza señalando que las principales amenazas para el Estado eran internas, “lo cual no impide que determinados grupos cuenten con apoyos exteriores ni que sus actividades favorezcan de modo más o menos indirecto los intereses de otras potencias, en particular los del bloque soviético”. Y concluye advirtiendo de la posibilidad de interrelación entre esas amenazas y señalando la “mutua influencia entre posibilidades involutivas y posibilidades revolucionarias, viéndose cada una de ellas estimulada por el crecimiento de la otra”.