Altri, no: el archivo del plan para instalarse en Palas ya es definitivo
Altri, no. O, en palabras de la conselleira de Economía, un proyecto que “no tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna”. El propio Gobierno gallego se ha visto abocado a convertir en definitivo el archivo del expediente iniciado el pasado febrero. El motivo central fue que la subestación que debía dar servicio a la factoría quedó fuera de la planificación de las redes eléctricas del Gobierno de España hasta 2030.
Greenfiber, la empresa con la que Altri impulsó su proyecto de la mano de la Xunta —a través de la ahora disuelta sociedad Impulsa Galicia— y de la gallega Greenalia, presentó alegaciones contra ese archivo el pasado mayo, al límite del plazo de cuatro meses que tenía para hacerlo. Sostuvo, esencialmente, que la conexión eléctrica que inicialmente había presentado como “imprescindible” en realidad no era “esencial”. Pero el argumento no superó el filtro.
Según la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, las alegaciones de Altri no fueron “consideradas suficientes para continuar con el expediente” y, por eso, “acabamos de resolver de manera definitiva y firme el archivo”. Esta decisión cierra la vía administrativa y a la empresa solo le quedaría la posibilidad de intentar revertir la decisión mediante un recurso de reposición o, posteriormente, a través de un proceso judicial por la vía contencioso-administrativa.
Preguntada por la posibilidad de que Altri valore iniciar un nuevo proyecto desde cero, Lorenzana asegura no tener “conocimiento de eso”. Hasta ahora, señala, “pretende continuar con el procedimiento iniciado”, que tenía “una solución técnica muy concreta”: la citada subestación eléctrica de Palas de Rei, que “no está en el borrador de la planificación eléctrica” del Gobierno de España, un documento que está “ya muy avanzado”.
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De esta manera, sostiene Lorenzana, “el proyecto actual es inviable por no tener conexión eléctrica”. Más aún si se tiene en cuenta que la Declaración de Impacto Ambiental —el primer permiso para la fábrica, que la Xunta sí otorgó— tiene una vigencia de cuatro años y ya ha transcurrido casi año y medio desde su aprobación. “No tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna”, sintetiza.
Movilización social y reveses económicos y políticos
Como es sabido, la exclusión de la planificación eléctrica estatal supuso el revés definitivo para un proyecto que, aun así, ya había encontrado otros obstáculos: desde una enorme movilización social hasta la falta de acceso a los fondos europeos a los que aspiraba, entre ellos los destinados a la descarbonización industrial. Altri solicitó 30 millones de euros del PERTE de descarbonización pese a saber que incumplía los plazos. Ese motivo de exclusión se sumó a la previsión de utilizar combustibles fósiles en la fábrica.
Pese al cierre de todas estas vías, la movilización no cesó. Buena muestra de ello fue la manifestación celebrada el pasado mes de junio en A Illa de Arousa, en la que se reclamó precisamente el descarte administrativo definitivo de un proyecto cuyo germen fue un pacto entre el Gobierno gallego presidido por Alberto Núñez Feijóo y la propia Altri, articulado a través de Impulsa Galicia. La Xunta continúa negándose a divulgar el contenido íntegro de ese acuerdo.
