El alcalde de Barcelona ha echado cuentas. Jaume Collboni sabe que la oposición difícilmente se aliará en su contra y que, mal que pese, no existe mayoría alternativa capaz de arrebatarle el mando. Al menos, por ahora. Por eso, a riesgo de suspender el primer gran examen de su mandato, ha lanzado un órdago a la oposición: una cuestión de confianza que, aunque ha perdido, le permitirá aprobar los presupuestos si en el plazo de 30 días no se presenta otro candidato con mayoría absoluta. Sólo una maniobra de malabares podría hacer descarrilar esta apuesta socialista y, a la luz del último pleno, no parece que haya un plan B.

La de Collboni es una encrucijada de difícil salida: surfear la legislatura en minoría o compartir trayecto —y poder— con sus rivales políticos. La decisión no es sencilla, pero el paso del tiempo y el deterioro de las relaciones han ido aclarando el panorama. El primer escenario, por más codiciado que sea, ha abocado al PSC a la dependencia de los pactos. Una agonía que los socialistas parecían dispuestos a asumir hasta que el alcalde ha dado un nuevo giro de guion. 

Tras perder la cuestión de confianza, ha anunciado que está dispuesto a ampliar el gobierno una vez haya presupuestos, lo que implicaría sumar a Esquerra, la única formación que ha dado su apoyo a las cuentas. No es la primera vez que lo dice, pero de momento las palabras se las ha llevado el viento. Ahora bien, la tesis del PSC sigue siendo la misma: primero el qué, luego el cómo. “Hemos llegado a un acuerdo con ERC porque primero hemos hablado de políticas y luego se hablará de gobierno. Lamentablemente, esto no ha sido posible con otros grupos porque el orden que se nos imponía en la negociación era otro”, ha disparado Collboni.

Con tono impasible y la actitud de quien ya prevé el desenlace —tanto que casi da por terminada la sesión sin haber realizado la votación—, el alcalde se encamina a sacar adelante sus primeros presupuestos, los más expansivos de la historia con 3.807 millones de euros, a finales de este mes para que entren en vigor el próximo 2 de mayo. “A corto plazo, Collboni queda reforzado, pero a largo plazo y en función de los resultados de las elecciones catalanas, le puede salir el tiro por la culata”, advierte a infoLibre el politólogo Toni Rodon. “En estos momentos, no hay mayoría alternativa, pero en política nunca se sabe. Eso, o la oposición le hará la vida imposible”, recalca.

De acuerdo con este profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, la situación actual está en cierto “punto muerto” a la espera de lo que suceda tras el 12M, cuando todos los sondeos dan la victoria al socialista Salvador Illa, pero pronostican que necesitará el apoyo de otras fuerzas para lograr la presidencia de la Generalitat. De hecho, la posibilidad que Collboni ha puesto hoy sobre la mesa tampoco se escapa de esta lógica. “Veremos qué consecuencias tienen las elecciones, porque podría haber pactos cruzados”, sostiene Rodon. 

Hasta la fecha, Collboni no ha mostrado prisas por hacer crecer su equipo y ha apostado por gobernar con tan sólo con 10 concejales —en total hay 41—, a pesar de que le han llovido propuestas de todo los colores, especialmente de Barcelona en Comú, que lleva meses reclamando entrar en el ejecutivo.

Por eso, el dardo que ha lanzado el alcalde ha impactado especialmente en filas de los comunes, que en su momento permitieron la tramitación de las cuentas con la esperanza de acabar sumándose a una coalición progresista. Sin embargo, el velado veto a Ada Colau y la enmienda a la totalidad a buena parte de su legado han convertido en imposible un pacto que permitió a ambos partidos estar al frente de la ciudad durante cuatro años. No en vano los socialistas respiraron con cierto alivio cuando constataron que los de Colau no iban a apoyar las cuentas: se alejaba así el melón de sumarlos al gobierno. 

“Colau es una figura importante no solo dentro de su partido. Ha sido alcaldesa y, en cierto modo, hace sombra a Collboni. Tenerla dentro del gobierno no les interesa”, sostiene Rodon. A su juicio, “detrás de toda historia política, está el factor humano” y, en el caso de Collboni y Colau, ese factor no pasa por su mejor momento. Cabe recordar que, a cuatro meses de las pasadas municipales, el actual alcalde abandonó sus responsabilidades como primer teniente para centrarse en la campaña, lo que sentó como un jarro de agua fría a sus socios. 

Al malestar por las críticas que lanzaba Collboni a la gestión municipal cuando su formación aún participaba de ella se suma otra cuestión que ha contribuido al evidente desgaste. Tras el voto favorable de Barcelona en Comú a la investidura de Collboni se escondía el compromiso de mantener el grueso de los cargos de confianza de los comunes en el ayuntamiento pero, con el tiempo, esto no se ha cumplido. Algunas de estas figuras han sido destituidas y a otras se les han retirado atribuciones, lo que, para los de Colau, supone una traición. “Con el tiempo, ha habido cierto enfado personal y las relaciones se han erosionado rápido”, subraya Rodon. 

Ahora bien, según este politólogo, “Barcelona en Comú no quería tanto los presupuestos, como entrar en el ejecutivo”. “Es una cuestión de cómo se reparte el pastel que, para los partidos, significa mucho dinero. Los comunes se han ido molestando y han ido apretando para tener más posiciones, que es lo que suele pasar en el juego de la gallina”, sostiene. La formación sabía que existen otras fórmulas para aprobar los presupuestos y lo han apostado todo a una única jugada, la de demostrar que el del PSC es un “gobierno débil”. 

De hecho, también Colau —y anteriormente Trias— han echado mano de la cuestión de confianza para aprobar las cuentas cuando gobernaban en minoría. Eso sí, el desgaste para Colau puede llegar más pronto que tarde: “Todo lo que ha ocurrido puede hacer que muchos actores la vean como un socio menos seguro. Ha generado unos cuantos enemigos entre gente que, en principio, están en un espacio político cercano al suyo”, recalca Rodon. No obstante, cuestiona que el fracaso de los presupuestos pase factura electoral a los comunes: “Es difícil de saber. Buena parte de la ciudadanía no los culpa, pero la situación tampoco los beneficia especialmente”.

Quienes tampoco escondieron su comedida satisfacción al escuchar el “no” de Barcelona en Comú a los presupuestos fueron los republicanos, conscientes de que la potencial entrada de los comunes en el gobierno los conducía a un papel secundario. Con la incógnita Colau ya despejada, ERC tiene ahora la oportunidad de regresar a primer plano. La operación Collboni frustró los planes de un gobierno independentista con Junts, pero los meses y la necesidad de aprobar las cuentas en el Parlament los ha llevado a olvidar ese fatídico día. 

“Hemos trabajado para tener presupuestos en todos lados, no sólo donde gobernamos”, ha resaltado el concejal Jordi Castellana. A estas alturas, ya nadie esconde que las cuentas en una administración condicionan las de la otra. “Los partidos hacen pactos multinivel, es un intercambio de cromos habitual. Tú me votas en el Parlament y, luego, yo te voto en el Ayuntamiento de Barcelona”, confirma Rodon. 

De concretarse la ampliación del ejecutivo con los cinco concejales republicanos, el gobierno de Collboni pasará a tener 15 ediles, una aritmética algo más cómoda que la actual, pero igualmente lejos de la mayoría. El gobierno barcelonés seguirá necesitando pactos y la correlación de fuerzas que surja tras 12M será clave.

La prueba de ello está en Junts. Tras haber tanteado a principios de año la posibilidad de una coalición que hubiera sumado mayoría, Collboni se hizo atrás. Entre los motivos estaban los temores sobre cómo impactarían las idas y venidas de Junts en el Congreso si se enturbiaban las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente a raíz de la ley de amnistía. Pesó también el interrogante de quién sustituirá a Xavier Trias y los lazos —o la cercanía— de su sucesor con Carles Puigdemont. El PSC quiso evitar así un gobierno parcialmente condicionado por el expresidente catalán, pero con el que hubiera compartido fuertes similitudes ideológicas.

“Junts y el PSC no son muy distintos. Ambos representan el establishment, el status quo, y sus políticas son similares porque los socialistas se han movido mucho hacia la derecha en los últimos años”, opina Rodon. Sin embargo, continúa, el panorama nacional ha hecho saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo. “Ha habido un efecto contaminación porque Barcelona es la joya de la Corona y tiene un poder simbólico muy alto”, asegura.

De hecho, Trias —que ha ido dilatando su salida del ayuntamiento— ha sido una de las voces más contundentes contra Collboni, a quien ha reprochado que se haya convertido en el primer alcalde en presentar una cuestión de confianza sin haber ganado las elecciones y en su primer año de mandato. “Está utilizando tácticas que no tienen que ver con Barcelona”, le ha recriminado.

Si estos “métodos” funcionan o no se verá a finales de mes, cuando la oposición agote el plazo para presentar una alternativa al gobierno más en minoría que ha tenido la capital catalana. Por ahora, el viento no sopla a favor, pero en política nunca se sabe. 

Los trabajadores penitenciarios de Cataluña están en pie de guerra. El asesinato el pasado miércoles de una cocinera en la cárcel de Mas d’Enric (Tarragona) a manos de un interno ha desencadenado un terremoto en el sistema carcelario cuyas consecuencias son aún difíciles de calcular. A las puertas de las elecciones del 12M, el Govern enfrenta una crisis sin precedentes que tiene todas las de convertir el final de la legislatura de Pere Aragonès en un camino de espinas.

La muerte de la trabajadora ha sido el detonante que ha hecho estallar la indignación de trabajadores y funcionarios, que se han plantado ante la Consellería y no piensan ceder hasta que dimita la cúpula penitenciaria. La exigencia es clara: piden la cabeza del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, y de rebote, la de la titular de Justicia, Gemma Ubasart.

No se andan con chiquitas. Llevan días bloqueando los accesos de las distintas cárceles catalanas —con excepción de la tregua del domingo— y, aunque este martes han dado una tregua, amenazan con retomar las protestas si no se atienden sus demandas. Esta situación ha obligado a confinar a más de 5.000 presos en sus respectivas celdas, a suspender unos 50 juicios y a movilizar a los Mossos d’Esquadra, que este lunes han actuado para permitir el acceso por carretera a la prisión de Quatre Camins (Barcelona).

Dicen los sindicatos que el problema viene de lejos, que en las prisiones cada vez hay más inseguridad y que las agresiones a trabajadores van en aumento. Las encuestas les dan la razón. Según datos del departamento de Justicia, en los últimos siete años se han triplicado las agresiones a funcionarios. En 2017 se registraron 202, de las cuales 31 fueron graves, mientras que en 2023 fueron 577, la mayor cifra hasta el momento. Del total, 80 fueron casos graves e implicaron la baja laboral de las víctimas. Estas cifras no son exactamente las mismas que divulga el sindicato CSIF, que eleva a 582 las agresiones sufridas por trabajadores el año pasado. En cualquier caso, ambas muestras revelan una misma realidad.

Es por ello que los sindicatos exigen más recursos humanos y materiales para poder hacer frente a la situación, así como cambios legislativos que los amparen, como el hecho de que se los reconozca como agentes de autoridad. Consideran que se atienden más los derechos de los presos que la seguridad de los funcionarios. “Las movilizaciones no tienen nada que ver con las condiciones laborales ni económicas. Reclamamos más seguridad. Reivindicamos el derecho a la vida”, señalaba a los medios Xavier Martínez, portavoz de UGT prisiones, el sindicato mayoritario del sector. 

Sin embargo, de fondo planea otra cuestión. Si los sindicatos han decidido hacer un pulso al ejecutivo de ERC también es por la política penitenciaria actual, que consideran demasiado laxa y culpable del incremento “sin freno” de incidentes en las cárceles. Un modelo que defienden diversos exconsellers y antiguos responsables de prisiones de la Generalitat y que tiene en Calderó a uno de sus máximos artífices. 

Titular de prisiones del Govern desde 2016 —salvo en la etapa de Lourdes Ciuró (Junts) al frente del departamento entre 2021 y 2022—, este licenciado en Derecho y funcionario de carrera lleva años en el punto de mira de los sindicatos, que le reprochan falta de mano dura en la gestión de las prisiones. Su mandato ha estado marcado por el énfasis en las medidas de reinserción, las medidas penales alternativas y por su apuesta para que los funcionarios ejerzan como agentes sociales en la evolución de los presos y no como simple personal de seguridad.

Uno de los principales motivos de fricción con los sindicatos ha sido justamente la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos oscuros de los recintos penitenciarios, así como la obligatoriedad de que los vigilantes lleven a cabo cursos de formación en derechos humanos para evitar torturas y maltratos a presos, en aplicación del Protocolo de Estambul. La gestión de Calderó también es conocida por la limitación de las contenciones mecánicas, los programas para la prevención de suicidios, programas para internos trans y mujeres embarazadas, por potenciar el tercer grado entre los reclusos y por el cierre de La Modelo. Pero si su nombre ha copado titulares en todo el país es porque en su día fue el encargado del traslado de los presos del procés a cárceles catalanas, además del responsable de supervisar los permisos concedidos en contra del criterio de la Fiscalía.

Su “cese fulminante” es la condición sine qua non de las organizaciones sindicales para sentarse a negociar, pero dice la Generalitat que esta posibilidad no está sobre la mesa. “Una cabeza no es el mejor punto de partida para hablar”, defendía en rueda de prensa la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. “Es el mejor profesional que tenemos para resolver la crisis. Su currículum lo avala”, zanjaba la consellera Ubasart.

Despejada la incógnita sobre una posible renuncia de Calderó, el ejecutivo catalán se muestra contundente: la situación se está convirtiendo en una bomba de relojería. Si no se reabren los accesos a las cárceles para poder desconfinar a los presos, el riesgo de motines o mayores incidentes no deja de crecer. También las entidades de derechos humanos alertan que este “aislamiento ilegal” vulnera derechos de los presos y pone en riesgo la convivencia en los centros. Por eso, tras la reunión del gabinete de crisis, el gobierno catalán ha exigido a los sindicatos que dejen de promover el “caos” con un bloqueo “ilegal” sin convocatoria de huelga. Y advierten: no descartan sancionar a los trabajadores que no acudan a sus puestos.

A falta de explicaciones que ayuden a entender qué falló para que un interno condenado por matar a una mujer con un cuchillo estuviera destinado a la cocina de la cárcel, Ubasart se ha comprometido a reforzar la vigilancia de los servicios en las prisiones. Se trata de una de las tres medidas que ha pactado con el Centro de Iniciativas de la Reinserción (CIRE), la empresa pública para la que trabajaba la cocinera asesinada, y que entrarán en vigor en un máximo de 48 horas. También se incluye la obligatoriedad de que el personal lleve dispositivos de comunicación y emergencia y que siempre haya al menos dos trabajadores en los servicios.

Estas propuestas concretas llegan después de que el lunes por la mañana los sindicatos dieran doble plantón a la consellería, que los había convocado a dos reuniones para desencallar la situación y atajar las protestas. Las organizaciones rechazaron asistir porque creen que la cita era “una provocación” e insisten en que no se sentarán en la mesa hasta que haya dimisiones. “La pelota la tiene la consellera”, subrayaba el portavoz UGT. “Esto se soluciona desde el diálogo, pero con interlocutores que quieran enfrentar esta problemática. Con los actuales dirigentes no se genera ningún tipo de confianza”, enfatizaba. Un mismo mensaje que han ido repitiendo a lo largo de estos días distintos representantes sindicales desde las puertas de las cárceles.

En estos momentos, el principal objetivo del Govern es frenar las movilizaciones para poder normalizar la actividad de los centros penitenciarios. El ejecutivo de Aragonès no tira la toalla y ha vuelto a convocar este martes a los sindicatos a una nueva reunión para darles detalles sobre la investigación interna del asesinato. Recalcan que quieren profundizar en las medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores, una batería de acciones que pasa por incorporar al sistema entre 700 y 800 nuevos profesionales dedicados a mejorar el clima social y reducir los incidentes. Sin embargo, tampoco hoy se han presentado.

Durante la jornada del martes, los abogados también redoblaron la presión. A través de un comunicado, el Consejo de la Abogacía Catalana denunció que no se pueden comunicar con sus clientes, ni presencialmente ni telemáticamente. Se sumaron al debate una docena de exresponsables de prisiones para recalcar que, si bien el asesinato de la cocinera de Mas d’Enric es un hecho “dramático”, también es “extremadamente excepcional”. Tan “excepcional” que es el primer caso en cuarenta años.

Pero al que le toca ser convincente, si quiere desactivar las protestas, es al Govern, abocado a encontrar el equilibrio entre atender las demandas de los trabajadores, preocupados por su integridad física, y preservar el espíritu de sus políticas a las puertas de una contienda electoral. Sea como sea, la tensión en las cárceles se ha convertido ya en una crisis de alto voltaje que tensa las costuras del modelo penitenciario y tiene visos de marcar el fin de esta legislatura.

El adelanto electoral catalán con el que ha sorprendido el president Pere Aragonès (ERC) ha cogido con el paso cambiado a la mayoría de sus rivales, que si bien flirtean hace tiempo con nuevos comicios, poco se esperaban acudir a las urnas tan pronto. El fracaso de los presupuestos y las dificultades añadidas de gestionar sin cuentas y con tan solo 33 diputados los meses venideros, marcados por la grave sequía, han llevado a Aragonès a renunciar a su compromiso de agotar la legislatura y convocar elecciones antes de que el desgaste sea mayor, con la ley de amnistía —probablemente— aún sin el aval definitivo.

Precisamente esa es una de las críticas que ya ha lanzado Junts. Los postconvergentes acusan a ERC y PSC de "coordinarse" para que los tiempos de la amnistía dejen fuera de juego a Carles Puigdemont, un extremo que aún está por ver. Y es que, sobre lo que concierne al líder de Junts, hay más interrogantes que certezas. El expresident ya amaga con volver, mucho antes de lo previsto, a riesgo de “que lo detengan” y generar así un terremoto con el que desbancar a los republicanos. Lo decía la semana pasada su abogado, Gonzalo Boye, convencido de que ese hipotético arresto no impediría sin embargo que “sea presidente”. 

Habrá que esperar unos días más hasta la formalización de las candidaturas para saber en qué aventura se embarca Puigdemont y si encabeza la lista. Hasta la fecha tenía en mente concurrir a las europeas, pero tras la sacudida por el avance electoral no ha dudado en dejar clara la “ilusión” que le haría acudir al debate de investidura catalán.

Sobre la posibilidad de que Puigdemont sea candidato, el politólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Adrián Caballero tiene una posición clara: “No creo que el efecto sea arrollador”. A su juicio, este factor será clave para los electores que deciden su voto en función del “eje nacional” y que, pronostica, serán muchos menos que en otras ocasiones. “Con el procés acabado, creo que esta vez será el eje izquierda-derecha el que marque más las elecciones. Evidentemente, no lo sabremos hasta que lleguen, pero si el eje ideológico cobra importancia, quizás el efecto Puigdemont pierda fuerza”, analiza el también director del podcast Simple Política.

Según Caballero, el factor Puigdemont “funcionaba mucho mejor en 2017, cuando los comicios se convirtieron casi en un plebiscito”. Esa fue la última vez que el expresident concurrió de facto a unas elecciones al Parlament, puesto que en 2021 lo hizo de manera simbólica con Laura Borràs como candidata efectiva. De hecho, para Caballero hay otro punto clave en esta cuestión: la alternativa a ERC. “Como segunda opción de sus simpatizantes, creo que habrá un porcentaje interesante que puede irse al PSC, a En Comú Podem e incluso a la CUP”. “Los dudosos de Esquerra están más en el eje ideológico que en el nacional porque, en el intrabloque independentista, las posiciones ya están más o menos fijadas desde 2021”, agrega.

El también politólogo y director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales, Oriol Bartomeus, no lo tiene tan claro. “Puigdemont es el activo principal de Junts. Su candidatura a la presidencia de la Generalitat se proyecta mucho más allá de su partido y entra con fuerza significativa en los espacios de ERC y la CUP”, afirma. Teniendo en cuenta que el objetivo principal de Junts es “quedar por delante de ERC”, cualquier voto que pueda rascar de las otras fuerzas independentistas es más que bienvenido. 

"El eje del sentimiento de pertenencia no ha perdido fuerza porque siempre juega un papel importante en las elecciones autonómicas en Cataluña. Lo que ha perdido fuerza es el impulso de 2012”, añade Bartomeus. “Hay una parte del voto independentista que desde 2019 arrastra los pies porque el procés se ha acabado como movimiento para lograr la independencia. Lo que ha venido detrás es la gestión de la memoria y ahora lo que queda es una pugna descarnada entre partidos”, opina. Ahora bien, para Bartomeus, esto no implica que las elecciones del 12M se celebren en una “lógica derecha-izquierda”: “Ni Puigdemont está políticamente muerto ni significa que Junts vaya a arrasar. Eso sí, le puede servir para ganar a ERC, que no es lo mismo que ganar las elecciones. 

No es un detalle menor, puesto que Aragonès ha dejado la puerta abierta a reeditar el pacto con sus exsocios en el Ejecutivo, que explotó por los aires en octubre de 2022. “Si quedan por delante de ERC, Junts exigirá la confección de un gobierno de mayoría independentista porque, o gobierna con ERC, o no gobierna”, sostiene Bartomeus. “No lo hará ni con PP ni con Vox ni tampoco con el PSC. Los republicanos son su única opción”, recalca. 

En cualquier caso, la principal amenaza para Junts es otra: la fragmentación del espacio independentista. “Su principal problema es la aparición de una candidatura integrista que sea capaz, no tanto de obtener representación, como de arrastrar unos votos que hubiera necesitado Junts aprovechándose del pacto por la amnistía”, detalla Bartomeus antes de recordar que se han quedado sin su argumento principal, el de no pactar con el Gobierno. “En el momento en que Junts no puede esgrimir más este argumento, es posible que deje a sus espaldas un núcleo de voto que no sabemos si tendrá dimensión suficiente como para poner en peligro el resultado electoral”.

¿Hará realmente cosquillas a los de Puigdemont? Los expertos apuntan que quizás las suficientes como para impedir que quede por delante de ERC. Desde la óptica republicana, eso sería una victoria. “Intuyo que estos partidos del cuarto espacio independentista serán más fuertes en provincias urbanas y se irán fastidiando los unos a los otros”, indica Caballero. “Precisamente por eso Junts hará una retórica muy encendida sobre el independentismo”, añade Bartomeus.

Uno de los beneficiados podría ser Aliança Catalana, la formación ultra de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. Aunque aún no ha desvelado oficialmente si se presentará, tras el anuncio del 12M publicó un vídeo en X que se ha interpretado como un paso al frente. Con el lema “Salvemos Cataluña”, el vídeo incluía imágenes de su ayuntamiento, la montaña de Montserrat, símbolo del cristianismo, edificios de Barcelona y el hemiciclo del Parlament con una senyera ondeando.

Por el momento, su aparición y beligerancia en temas como la delincuencia y la immigración ya han arrastrado a Junts hasta este debate ideológico, lo que se podría redoblar si finalmente da el paso en campaña. Sin embargo, los politólogos consultados por este diario no le auguran grandes resultados. “Estamos inflando un globo que no es nada. Entiendo que es muy jugoso porque son ‘los fachas’, pero Aliança Catalana solo existe en la medida en que hablamos de ella. Es un globo hinchado por los medios de comunicación”, subraya Bartomeus. “En las tertulias es muy llamativo tener a Orriols como lo era en su día invitar a Javier Ortega Smith y así se infló Vox”, advierte. Tampoco Caballero pronostica un buen resultado a la formación ultra catalana. “Le veo una posición complicada y mucha competencia en cualquiera de los dos ejes, el nacionalista y el ideológico. No tiene experiencia y no tiene nombre, ni en la extrema derecha ni con su posición nacional y, si intenta moderar uno de los dos ejes, seguirá teniendo barreras en el otro”, analiza.

Aunque en las antípodas, otra de las irrupciones del 12M será la candidatura de la eurodiputada y exconsellera Clara Ponsatí, que en los últimos tiempos se ha ido distanciando de Puigdemont, crítica con sus pactos con Pedro Sánchez. Junto al filósofo Jordi Graupera, tiene planeado concurrir bajo el nombre “Alhora” y rivalizar así con los partidos independentistas con presencia en la Cámara. “Ponsatí y Graupera sufren el mismo mal que todo independentista: están muy bajos, muy de retirada. Sus posibilidades son las de sacar unos cuantos votos y su oferta tiene un interés partidista muy claro: su existencia beneficia a ERC”, considera Bartomeus. Eso sí, la negativa de los socios de la Assembla Nacional Catalana (ACN) a presentar una lista cívica a las elecciones, tal como defendía su presidenta, Dolors Feliu, podría facilitarles el camino.

En la derecha no nacionalista también habrá cambios. Si no hay sobresaltos, todo apunta que la remontada del PP, que viene de mínimos históricos, podría sobrepasar a Vox, cuarta fuerza de la Cámara ahora con once diputados. Y Ciudadanos, en vías de extinción, podría contribuir a ello. La semana pasada Carlos Carrizosa lanzó la propuesta de un “frente constitucionalista amplio y transversal” y, aunque no apuntó nombres concretos, se interpretó como una oferta al PP. Si los populares deciden recoger el guante, podrían sumar un puñado de votos más decisivos para pasar por delante de la formación que lidera Ignacio Garriga.

“El momento de Vox ya ha pasado. La gente que se animó a votarlo en 2021, después de la sentencia del procés, es posible que ya se desbravara y ahora apueste por un voto serio. Y el voto serio de este espacio es el PP”, considera Bartomeus. Eso sí, todo depende del escenario político. “Evidentemente pueden pasar cosas durante la campaña, como que llegue Puigdemont, lo detengan y las calles se incendien. Esto comportaría votos para Vox, como en las generales de noviembre de 2019. Pero si no pasa nada extraordinario, la tendencia marca una ligera caída de Vox en detrimento del PP”. Todo indica que los populares se verán beneficiados por “el escenario nacional, el odio contra Sánchez, la venganza por el 23J y el derrumbe de Cs”.

Ambos expertos están de acuerdo en que lo único que podría ser “desastroso” para el PP es que dejara aflorar las tensiones internas en un contexto de sucesivos pulsos entre Génova y el líder autonómico, Alejandro Fernández. Hasta la fecha, la dirección popular ha evitado confirmar el nombre del candidato a las elecciones. “Si Feijóo echa a Alejandro Fernández y se demuestra que hay lío interno, a la gente no le gustará”, alerta Bartomeus, quien no entendería que el PP “se dedicara a reventar sus opciones con tonterías”. “Lo que necesita el PP es mostrar unidad”, resalta. También Caballero cree que Alberto Núñez Feijóo va a tener que ratificar a Fernández. “No tiene tiempo de presentar a un candidato con nombre que pueda mediatizarse pronto ni tampoco tiempo para coger el extintor y apagar posibles incendios internos”, concluye.

Desde hace algunos años, los alumnos de la inmensa mayoría de institutos públicos catalanes tienen las tardes libres. Con algunas variaciones, suelen entrar a las ocho de la mañana y salen sobre las tres de la tarde, lo que significa que, en el mejor de los casos, no comen hasta media hora después. Eso, si tienen suerte y viven cerca. Y aunque la normativa dice que los estudiantes de secundaria no pueden tener más de tres tardes sin clase, el 88% de los centros hace caso omiso. Pero eso podría cambiar.

El departamento de Educación está a la espera de conocer las conclusiones del informe que ha encargado al Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas (Iválua) que podrían servir para abordar el polémico debate de la reforma horaria, en este caso, en la escuela. Paralelamente y tal como confirman fuentes de la Generalitat a infoLibre, la consellería también está elaborando un Plan de Educación a Tiempo Completo con el fin de “reflexionar” sobre los usos educativos del tiempo fuera de los centros escolares.

A la espera de los resultados de ambos estudios, el grupo de expertos designado por el Govern tras el batacazo del informe PISA ha lanzado una batería de medidas entre las cuales figura “avanzar hacia una educación a tiempo completo”, como en las escuelas concertadas, y “garantizar el acceso al servicio de comedor escolar al alumnado socialmente desfavorecido”.

“La educación intensiva generalizada en secundaria es insólita a nivel internacional. No hay ningún otro país en el mundo en el que los alumnos hagan seis horas seguidas de clase y la comida no llegue hasta primera hora de la tarde, precisamente por sus efectos nocivos en términos educativos y sociales”, sostiene la socióloga Elena Sintes. De acuerdo con la también jefa de proyectos de la Fundación Bofill, el ritmo que se impone a los adolescentes es “muy estresante”. “Son muchas horas en las que prácticamente no hay momentos para un buen descanso, lo que repercute en la dificultad de atención, problemas mentales y se vincula con peores resultados educativos”, sostiene antes de agregar que comer tan tarde también se relaciona “con mayor riesgo de sobrepeso y diabetes”.

Más contundente se muestra la maestra, psicopedagoga y doctora en Pedagogía de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, Laura Domingo: “Hacer comer tan tarde a los adolescentes es una aberración. Lo mires por donde lo mires es un problema de salud en mayúsculas”. Domingo, que ha analizado la reforma horaria en el mundo rural, asegura que es en estas zonas donde cobra mayor importancia debido a las distancias y la falta de transporte: “Tenemos un drama en los institutos públicos”. 

En la comarca del Lluçanès (Barcelona), por ejemplo, ubicada en la Cataluña Central, hay un solo instituto, de forma que los jóvenes de la región deben desplazarse hasta la capital. “Hacen el recorrido en autobús y, el último, llega a casa sobre las 15.45 horas sin haber comido todavía. Esto es inaceptable”, remarca.

Para poder mantener el ritmo, los institutos suelen hacer dos pausas durante la mañana lo que, para esta experta, no tiene ningún sentido. “El segundo patio debería ser la comida”. Reclama así que se recuperen los comedores en la ESO, especialmente en los municipios rurales, donde los estudiantes tardan hasta cuarenta minutos para regresar a sus casas. “Al menos así los estudiantes, especialmente los que están en riesgo de exclusión, se asegurarían una comida de calidad”.

De esta forma, coinciden los especialistas, se podría estrechar la brecha que separa la educación pública de la concertada. “Ambas prestan un servicio público, pero hay grandes desigualdades en la oferta que ofrecen y, en términos de justicia y equidad social, no deberíamos permitirlo”, enfatiza Sintes.

De hecho, la eliminación de este servicio ha sido una de las consecuencias de los recortes que impuso a partir de 2012 el gobierno del entonces president Artur Mas. Los menguantes presupuestos y la reducción de plantillas y personal docente llevó a muchos centros a pedir el horario continuado en secundaria y cancelar el servicio de comidas.

“La supresión del servicio de comedor y, por tanto, de las becas comedor, comporta muchos problemas”, advierte Sintes. “Los alumnos de familias en situación de vulnerabilidad que en sexto de primaria pueden tener al menos una comida saludable al día, pierden este derecho dos o tres meses después por pasar al instituto, que también es una etapa obligatoria”, denuncia. 

“Especialmente los niños y jóvenes de entornos desfavorecidos, que son el 30% en Cataluña, cuanto más tiempo pasen en la escuela, mejor. Son espacios seguros”, sostiene, por su parte, Domingo. Ahora bien, en su opinión, el comedor no sólo se debería subvencionar a los alumnos en riesgo de exclusión, sino también a todos los estudiantes rurales, que no tienen opción de volver a casa. 

Precisamente una de las cuestiones que plantean los expertos consultados por este diario es que los horarios se adapten a cada zona en función de las necesidades educativas. “En un entorno rural, en el que los alumnos deben recorrer kilómetros, que se queden a comer es fundamental”, recalca el profesor de Pedagogía Internacional de la Universidad de Barcelona Enric Prats. De hecho, en algunos municipios del Pirineo, las escuelas empiezan más tarde para evitar las heladas de primera hora de la mañana. “Debería existir un criterio gubernamental, y, dentro de este marco común, que haya flexibilidad en función de las casuísticas”, resalta Sintes.

Es más, según esta socióloga, aunque la jornada partida es mejor que la intensiva, también presenta algunos problemas, como la larga pausa del mediodía o el horario de entrada, que propone atrasarlo para adaptarse a los biorritmos de los adolescentes. A grandes rasgos, sugiere que los institutos empiecen las clases a las 9 de la mañana, paren sobre las 15 horas a comer y acaben alrededor de las 16 horas. “Podría ir variando por etapas con una cierta gradación en función de la edad, porque no es lo mismo primero y segundo de ESO, que tercero y cuarto”. Eso es lo que hacen muchas escuelas concertadas, donde las tardes libres aumentan a medida que los estudiantes pasan de curso. 

“Cada comunidad educativa debería establecer lo que más le convenga a través de procesos participativos, con autonomía de los centros y horarios más flexibles”, matiza Domingo, para quien el horario de la comida debería ser “formativo”. “Es en los espacios no formales donde pasan todos los conflictos, donde los niños y jóvenes pueden ser más ellos, están más desinhibidos y, por tanto, donde debería haber más mirada pedagógica”, indica.

Para Prats, el criterio debe ser precisamente pedagógico: “El proceso de maduración también incide mucho, aunque yo no sería muy fundamentalista con el horario porque la idea de tiempo completo va más allá de la idea de tiempo lectivo e incluye otras actividades como las extraescolares”. El profesor pide fijarse en Portugal, donde existe una idea de “horario integral” y cuyo modelo educativo integra diversos tipos de profesionales, así como un conjunto de actividades no curriculares destinadas a desarrollar otro tipo de competencias y habilidades, también emocionales.

“Hay desde deporte a artes plásticas, juegos, refuerzo o incluso el comedor, alrededor del cual se generan una serie de situaciones, vivencias y hábitos que no se pueden reproducir en una clase normal”. “Es una medida muy potente siempre y cuando haya recursos y los ayuntamientos y territorios se impliquen con dinero y fórmulas imaginativas”, apostilla. Prats está convencido de que, con esta mirada, se podría combatir el abandono escolar, al reforzar el vínculo entre los estudiantes y los centros educativos.

Sintes también reivindica el modelo portugués, uno de los “más exitosos” y más fácil de asumir en España por las similitudes culturales, sociales y económicas. “El currículum oficial lectivo es tan importante como el no lectivo. Las competencias que se adquieren son extremadamente valiosas y marcan un diferencial enorme entre los que han podido acceder a ellas y los que no, por eso las administraciones deben asumir la responsabilidad de disponibilizar estas actividades a todo el mundo”.

La última de las cuestiones que los expertos ponen sobre la mesa es justamente cómo pasan los jóvenes sus tardes libres. “Si la escuela acaba a las 15 horas y no hay extraescolares, generas mucha desigualdad, porque los que tienen recursos llevarán a sus hijos a inglés o natación y, los que no, se quedarán en la calle”, advierte Prats. ¿La solución? Que las actividades estén subvencionadas o patrocinadas en la escuela pública para evitar mayores diferencias con las concertadas.

También lo comparte Domingo, quien enciende de nuevo la alarma en el mundo rural. “Las extraescolares son uno de los hándicaps más bestias porque no salen a cuenta. Solo las familias de clase media o alta, que tienen el coche en la puerta y pueden pagar la cuota, pueden llevar a sus hijos a la capital de comarca a hacer deporte o música. Los demás, no tienen opción”, lamenta.

Pere Aragonès está más cerca de terminar la legislatura con los deberes hechos. Al menos, el grueso de ellos. Tras haber cerrado un acuerdo de Presupuestos con el PSC y después de que el Govern haya aprobado el proyecto, lo fía todo a la suerte parlamentaria, especialmente al apoyo de unos comunes que, de momento, se mantienen en el “no”. Ahora bien, si consigue que el Parlament dé luz verde a las cuentas, podrá encarar el próximo año electoral con el viento a favor. Que el electorado se lo compre o no, es otra cosa.

Lo que es evidente es que, si salen adelante, las cuentas de 2024 supondrán un balón de oxígeno para un ejecutivo en clara minoría, liderado por un president que se ha prometido ser el primero en quince años en agotar el mandato. No en vano remodeló hace un mes su equipo, reforzando su círculo íntimo, con la intención de hacer frente a los muchos desafíos que tiene por delante. Una agenda en la que sobresalen las negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, amnistía y referéndum incluidos, además de la gestión de la sequía, el traspaso de Rodalies o la financiación autonómica.

Por eso, si consigue que por tercer año consecutivo Cataluña tenga Presupuestos, sumará galones de cara a la contienda electoral de 2025 en un contexto de debilidad parlamentaria. “ERC podrá vender el discurso de que, si ha sido capaz de gobernar con pocos diputados, imaginad lo que haría con más”, asegura a infoLibre el profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, Toni Rodon. 

También el PSC sale ganando, en la medida en que se presenta como un partido responsable que brinda estabilidad con la mirada puesta en las encuestas, que le resultan más favorables a medida que pasa el tiempo. “Al PSC no le interesa que haya elecciones ahora. Deben de tener sus cálculos internos y consideran que, para quedar primeros, necesitarán aliados, alguien que vote su investidura, lo que ahora mismo es complicado en términos de cifras”, señala el politólogo. “Desde la lógica del PSC, se venden como un partido de gobierno, formado por personas serias y ganan puntos de cara a las elecciones”, añade. 

En los próximos meses, ERC y PSC pasarán de socios en los Presupuestos a principales rivales electorales, un camino que con toda probabilidad se irá complicando a medida que se acerque la cita con las urnas. Ambos partidos se necesitan y compiten a partes iguales. Precisamente por ello, hay otro factor clave en este escenario: “el lado humano”. De acuerdo con Rodon, el hecho de que el PSC se “porte bien” con ERC, pactando desde la oposición y facilitando la aprobación de los Presupuestos, puede contribuir a allanar el terreno de cara a una hipotética investidura de Salvador Illa si gana las próximas elecciones. “No se han llevado bien durante mucho tiempo, pero dejar pasar tiempo es una forma de cerrar viejas heridas”, defiende. 

De hecho, parece que ERC ha logrado con el PSC la estabilidad que no había conseguido cuando gobernaba con Junts que, pese a su papel clave en la arena nacional, vuelve a quedar apartada de la política catalana. “Este movimiento arrincona un poco a Junts, aunque dependerá de cómo jueguen sus cartas”, sostiene Rodon. Los de Carles Puigdemont podrían erigirse ahora como la “oposición real”, una alternativa al “tripartito” de ERC, PSC y comunes, aunque habrá que ver si esta estrategia, de darse, acaba siendo efectiva. “Lo que está claro es que Junts queda descolocada”.

Por otro lado, al éxito del pacto entre Illa y el Govern también ha contribuido la doble negociación de los Presupuestos en el Ayuntamiento de Barcelona y en el Gobierno. A pesar de que ambos partidos se han apresurado a desvincular una cosa de la otra, cuesta de imaginar que sean realidades estancas, teniendo en cuenta los escasos ocho días que han pasado desde que ERC anunció que validaría los primeros Presupuestos de Jaume Collboni y el afán del alcalde barcelonés –que anteriormente había tanteado al Junts de Xavier Trias– de relacionar las cuentas con una probable ampliación de su ejecutivo. “Es como un tablero de juego. A veces no es necesario pactarlo de antemano, pero si yo me porto bien aquí, es con la expectativa, sin que te lo diga, de que tú te portarás bien en otro escenario”, resalta Rodon. 

No obstante, para este politólogo, las negociaciones de los Presupuestos catalanes se han llevado a cabo “más mirando hacia Madrid, donde el PSOE necesita a ERC, que hacia el Ayuntamiento de Barcelona, que es bastante más complicado”. Los republicanos no han querido regalar sus votos a Sánchez en un Congreso que también estará marcado por la decisión que tome el partido de Puigdemont sobre la amnistía. En cualquier caso, lo más probable es que ERC se valga de la situación para redoblar la presión sobre los comunes de cara al Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar.

Pero Aragonès aún no puede cantar victoria. Aunque haya logrado sumar de nuevo al principal partido de la oposición, que tiene tantos escaños como su propia formación -33-, todavía le faltan dos votos para garantizar que prosperen las cuentas. Y ahí es donde entra En Comú Podem, con quien ya pactaron el año pasado. Los comunes consideran el acuerdo entre el Govern y el PSC “insuficiente” y mantienen como línea roja el Hard Rock, un macrocomplejo turístico en Tarragona cuyo plan director urbanístico está en tramitación. Por ahora, ambos equipos siguen negociando, pero aseguran que, si Esquerra no descarta definitivamente el proyecto de casino, no aprobarán los Presupuestos.

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, esta vez han sido los socialistas los primeros en pactar con el Govern, lo que sitúa a los comunes en una posición de mayor fuerza. Aunque la lógica parlamentaria y el aliciente de unos Presupuestos expansivos, con claro carácter social, conduce a pensar que acabarán permitiendo la tramitación de las cuentas, tampoco es descabellado imaginarse un escenario en el que las hacen descarrilar. Los comunes no gobiernan ya en el Ayuntamiento de Barcelona, no hay señales de que vayan a sumarse al ejecutivo municipal  -al menos en un futuro cercano- y, por lo tanto, no necesitan buscar socios, como sí tuvo que hacer Ada Colau.

“No sé qué acabarán haciendo, pero cuesta de pensar que dejarán caer los Presupuestos”, apunta Rodon, para quien la formación de Jéssica Albiach está “gesticulando totalmente” con la polémica del Hard Rock. Y es que el pasado año este casino también estuvo en el centro de las negociaciones de los Presupuestos, un dilema que se acabó saldando de forma salomónica: la ley no contempló ninguna partida específica para el macrocomplejo, pero ERC y PSC pactaron en paralelo que el proyecto avanzaría. Por eso, para Rodon, lo más probable es que también ahora la cuestión se salde con cierto “postureo político”. “Lo más probable es que ERC acepte alguna demanda de los comunes y se mantenga el Hard Rock diciendo que se estudiará bien”, intuye. 

En cualquier caso, las dudas deberían disiparse como máximo el 13 de marzo, cuando está previsto que se celebre el debate a la totalidad. Será entonces cuando se sabrá si los comunes permiten que las cuentas de ERC sigan adelante y dan aire al ‘president’ para que respire un poco más. 

Hace unos días, el Gremio de Hoteleros de Lloret de Mar, icono turístico de la Costa Brava, sorprendía con una ingeniosa maniobra para driblar la prohibición de llenar piscinas. Con este clima, el verano está casi a la vuelta de la esquina y no quieren arriesgarse a esperar una solución que no cae del cielo. Por eso, han apostado por comprar una desalinizadora móvil para tratar el agua del mar. Aunque, en principio, el plan de sequía no contempla esta posibilidad, el Govern (ERC) se ha abierto a estudiar el proyecto del municipio, que recibe más de un millón de visitantes al año.

También los agricultores y ganaderos, que llevan semanas paralizando vías y carreteras de todo el país, empiezan a ver atendidas algunas de sus reivindicaciones. Tras intensas tractoradas, el Ejecutivo catalán se ha comprometido a indemnizar a los trabajadores del campo hasta por el 80% de las pérdidas sufridas debido a las restricciones y a garantizar la supervivencia de algunos cultivos, así como a elaborar un plan de choque para paliar la falta de agua en explotaciones ganaderas.

En medio de la extrema sequía que asola Cataluña, el Govern ya ha empezado a ceder y admite que acabará flexibilizando algunas de las medidas que impuso cuando decretó el estado de emergencia, hace tan solo tres semanas, para poder dar aire al tejido productivo. A las piscinas municipales —que finalmente podrán abrir si suponen un refugio climático— y al riego agrícola se suman las multas a los ayuntamientos que consumen más agua de la permitida. Aún no hay nada cerrado, pero todo apunta que podrían librarse de las sanciones los municipios que están haciendo los deberes. 

Ahora bien, ¿dónde está el límite y hasta qué punto es posible suavizar las restricciones? Es la pregunta que lanza Jordi Mir, el profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y de Pensamiento Político de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). “Cualquier sociedad, en un momento de emergencia, si se queda sin recursos básicos, tiene que establecer prioridades. No puede ser que a los ganaderos se les mueran las terneras y las piscinas se puedan llenar. Tendremos que ver hasta dónde se puede flexibilizar y plantear un debate más transparente que el que hemos tenido hasta ahora, eso sí, compensando los sectores donde no se pueda llegar”, apunta a infoLibre. 

En una línea similar se expresa el investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología de la UAB Jordi Honey-Rosés, para quien debe ponerse sobre la mesa el valor económico de los diferentes usos del agua. “Seguramente sea cierto, en términos de mercado, que el valor económico que genera un metro cúbico de agua en la piscina de un hotel es mucho mayor que ese mismo metro de agua en la agricultura o en casa. Pero lo que deben hacer los gobiernos es valorar los usos en función de las prioridades de la sociedad”, señala. 

Hace tiempo que los expertos dan por hecho que la emergencia climática, de la que es consecuencia la sequía, no va a dejar indiferente la economía y que habrá sectores a los que no les quedará otra que reinventarse o desaparecer. No hay agua suficiente para sostener el modelo actual. Es más, según un informe de la Red de Bancos Centrales y Supervisores para Ecologizar el Sistema Financiero (NGFS) recogido por el Banco de España, si se mantienen las políticas actuales para combatir la crisis climática, el 10% de la actividad económica mundial se evaporará antes de final de siglo. También un estudio presentado a finales de año en el marco de la COP28 pronostica una caída del 1,8% en el PIB mundial debido al calentamiento global.

Por eso, de acuerdo con Mir, el momento actual se asemeja a la pandemia porque los gobernantes deben decidir si ponen por delante “la economía o la vida”. “En el caso de la pandemia, había que reducir la movilidad y cerrar negocios ante el riesgo de que el sistema sanitario colapsara y no pudiéramos dar respuesta”. Ahora, ante un recurso escaso como el agua, hay que decidir cómo se gestiona y permitir que las personas que no puedan desarrollar sus trabajos dispongan de ingresos. Eso sí, a diferencia de la pandemia, esto no se trata de encerrarse unos meses en casa. Esto es para siempre”, advierte.

Tal como recalca, la sequía es una “manifestación clarísima del cambio climático que no tendrá solución mientras no revirtamos el calentamiento global”, un extremo que “debería estar presente en cada minuto en que se deciden las políticas públicas”: “Esta es la gran conversación que debemos tener. Igual que durante la pandemia había el dilema entre economía y vida, ahora debemos pensar si priorizamos la salud o un modelo económico que es el detonante y desencadenante de las causas que generan el problema”.

“Nos hemos de plantear que quizás determinados modelos de negocio tienen que cambiar, como el sistema de transporte, las aerolíneas de bajo costo o la industria tal como la desarrollamos”, insiste. Honey-Rosés también lo ve así. “Para ser realistas, hay privilegios estructurales que se deben cuestionar. Hay un coste que tenemos que pagar para atender el cambio climático y habrá que ver quién y cómo pagamos esta transición”. 

Por ese motivo, los expertos creen que la clave se encuentra en el “decrecimiento”, un polémico concepto que en los últimos tiempos algunos sectores liberales han empleado como arma arrojadiza. “Es una idea contradictoria con nuestro modelo de sociedad, pero quizás nos tenemos que plantear que progresar no tiene nada que ver con que el PIB crezca más”, apunta Mir antes de agregar: “Hoy en día, usamos el número de vehículos que se venden como indicador de que la economía va bien o mal, pero ¿qué nos hace pensar que vender un 10% más de coches que contaminan equivale a crecimiento, a progreso?”.

Por contra, este profesor aboga por abandonar los indicadores tradicionales para fijarnos, por ejemplo, en los índices de pobreza, la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, la tasa de personas sin hogar o la reducción de emisiones de CO2.  “La pregunta es si preferimos vivir en una sociedad de consumo, de usar y tirar, de un modelo especulativo, o preferimos vivir más y mejor cambiando el modelo de vida. Si conseguimos la justicia climática, todos ganamos, pero debe ser fruto de un contrato social”, sintetiza.

Para Honey-Rosés, es urgente abordar el debate del decrecimiento para evitar llegar al “colapso” que pronostican “cada vez más investigadores y expertos” si no logramos reemplazar las fuentes de energía. “Tenemos que poner en el centro cómo afrontar las varias crisis que tenemos, pero cuesta de aceptar porque la gente no quiere hacer sacrificios y va totalmente en contra del status quo del sistema económico”, lamenta. “Es una propuesta a contracorriente y problemática para muchos actores”.

Critica así la falta de “ambición” y “valentía” de los legisladores y advierte que las consecuencias de la inacción las pagarán “los más débiles”: “Cada vez será más difícil mantener nuestra calidad de vida”. Cita como ejemplo la apuesta por las desalinizadoras para paliar la sequía, una propuesta que a su juicio no tiene sentido porque implica consumir más combustibles fósiles y, en consecuencia, seguir contaminando. “Estamos tirando la cadena del váter con agua potable que ha pasado por unos procesos y costes altísimos y no estamos siendo capaces de reutilizar estas aguas grises conectándolas a la lavadora. En su lugar, seguimos invirtiendo en desalinizadoras, a pesar de que quemar petróleo para conseguir agua solo hace mayor el agujero”, defiende.

Desde las entidades ecologistas también cuestionan el papel de las desaladoras, que en los últimos tiempos se han convertido en una de las alternativas estrella para combatir la sequía. “Esto no es gratis, es a costa de un consumo ingente de combustibles fósiles que incrementarán aún más el cambio climático”, asevera a este diario el portavoz de Ecologistas en Acción y de la plataforma Agua es Vida, Dídac Navarro. “No hay agua para sostener toda la actividad económica que se está practicando. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad climática”, apostilla. 

El tejido asociativo reclama desde hace tiempo que se hagan públicos los datos de consumo de todos los sectores económicos para saber quién está gastando más agua de la que debería. “Es una necesidad imperante. Sin datos no puede haber una buena gestión ni participación de la sociedad civil. Necesitamos saber cuánto consume la agroindustria en función de si está destinada a la producción de pienso o alimento humano, si es para exportación; cuánto consumen exactamente los turistas o cuánta agua gastan los cruceros”, señala Navarro.

En el dilema entre priorizar la economía o el medio ambiente han sido los agricultores de los primeros en alzar la voz, con recurrentes pancartas en sus movilizaciones que pedían el fin de la Agenda 2030. “No deberíamos caer en este mensaje fácil. De hecho, la Agenda 2030 tiene muchos puntos, entre los cuales la de proteger la producción de alimentos. No podemos cumplir exclusivamente el objetivo de las emisiones. Debemos garantizar el equilibrio”, sostiene el responsable de Organización de Unió de Pagesos, Josep Carles Vicente. Por eso, pide que las políticas para luchar contra el cambio climático sigan criterios “objetivos y probados”, eso sí, sin reducir el debate a “quién es el mayor consumidor de agua”.

“El objetivo tiene que ser común, una estrategia de país a largo plazo. Valoremos el impacto económico que tendrán las medidas para poder apaciguarlo”, añade Carles Vicente antes de situar una línea roja, el “potencial productivo”. “Con el turismo podemos perder economía, pero si la ganadería debe bajar su producción, se desplazará la producción y no volverá. El país tendrá que valorar qué es más importante”, concluye.

Nuria Lage es propietaria del restaurante El Forn de Gósol, un pequeño municipio leridano de poco más de 200 habitantes. Cuando llegó, hace veinte años, el pueblo contaba con varias entidades bancarias pero, con el tiempo, fueron desapareciendo. Ahora, si necesita cambio para cobrar o quiere hacer algún trámite, tiene que desplazarse casi 30 kilómetros hasta el cajero más cercano. Un trayecto de media hora que no todos los vecinos se pueden permitir.

Mientras la banca española vuelve a pulverizar todos los récords y cierra el año 2023 con más de 26.000 millones de euros de beneficios, la mayor cifra de su historia, hay quienes aún tienen que recorrer largas distancias para poder disponer de sus ahorros, cobrar la pensión o retirar efectivo. Y las cifras no son anecdóticas. En Cataluña, por ejemplo, más de la mitad de los municipios ―503―, no cuentan con oficina bancaria, lo que afecta a unas 300.000 personas. Las sucursales han pasado de 2.194 en 2008 a las poco más de 8.100 en 2022. En el conjunto del Estado, la tendencia es la misma. Según la Asociación de Usuarios Financieros, han cerrado el 60% de las oficinas del país y han pasado de 45.662 en 2008 a 17.537 en 2023.

Precisamente para combatir esta exclusión financiera, el Congreso de los Diputados comenzó hace unos días a tramitar una proposición de ley impulsada por el Parlament que pretende obligar a los bancos a garantizar que todos los municipios cuenten al menos con un cajero. Un primer paso que ha sido celebrado por vecinos que, como Lage, tienen que hacer peripecias para encontrar un banco.

“Es una situación compleja. Mucha gente paga con tarjeta, pero a veces se va la luz o no funciona internet y no podemos usar el TPV ―el datáfono―. Tenemos que fiarnos de que los clientes, al llegar a casa, nos hagan una transferencia. Por suerte no ha pasado nunca nada malo, pero nos arriesgamos a no cobrar por el trabajo que hacemos”, explica Lage a infoLibre. En su caso, dispone de vehículo para acercarse a Guardiola de Berguedà, donde está la oficina más cercana, pero la mayoría de quienes viven en Gósol no tienen la misma suerte. “El problema es la gente mayor. Aquí el porcentaje de población envejecida y sin movilidad es muy alto y hay muchas personas que viven solas y tienen que depender de un vecino o de alguien que les ayude”, denuncia.

En Cal Rosal (Barcelona) viven una situación similar. A pesar de contar con decenas de negocios y ser destino de paso de miles de personas que viajan hacia la Cerdanya y Andorra, no hay ni un solo lugar donde se pueda sacar dinero. “A menudo nos encontramos con gente que deja la compra aquí porque no tiene efectivo. Esto es un pueblo rural y a veces la cobertura falla y no funciona el TPV”, lamenta Alba Bonet desde el obrador de chocolate NaturCadi. A los vecinos de siempre a veces les fían el producto, pero no pueden hacer lo mismo con los clientes que no conocen. “Muchas personas mayores no nos pueden pagar hasta que llegan sus hijos o tienen que esperar a la semana siguiente para coger el autobús hacia Gironella o Berga donde van a hacer más recados”, añade.

El otro gran problema para estos negocios es disponer de cambio. “Nos vemos obligados a ir de una tienda a la otra buscando efectivo. Nosotros vamos al bar, donde tienen más monedas, y los del bar vienen a por billetes cuando necesitan. Nos vamos organizando, pero no nos podemos escapar a media mañana si nos quedamos sin”, asegura Bonet a este diario.

En la carnicería Ca l’Àngel de Peramola, en Lleida, Maria Capdevila va incluso un paso más allá. “Yo misma he tenido que prestar dinero a gente del pueblo que no podía sacar”, asevera. Aquí no hay transporte público y quien necesita un banco con urgencia y no tiene carnet de conducir se ve obligado a pagar un taxi para acercarse hasta Oliana, a cinco kilómetros. “Para mí no es un gran inconveniente porque tengo coche, pero para la gente mayor es un problema muy grande. Y a los que tienen que pedirte el favor les sabe muy mal”, opina.

A su juicio, una de las soluciones, al menos a corto plazo, podría ser la que quiere implementar el Govern. Se trata de una red de oficinas bancarias móviles que prestarán servicio al menos dos veces al mes en los municipios que no cuentan con alternativa. Permanecerán un mínimo de media hora en los pueblos de hasta 250 habitantes y al menos una hora en los más poblados. De hecho, el ejecutivo catalán ya ha dado luz verde a la licitación del proyecto y, si no hay sorpresas, se adjudicará en las próximas semanas a CaixaBank en toda Cataluña y también a Caixa d’Enginyers en algunas comarcas. El objetivo es que estos bancos itinerantes entren en funcionamiento a finales de 2024.

Sin embargo, este servicio no llegará a todos los pueblos que lo necesitan. Es el caso de Torrebesses (Lleida), donde se produce una situación insólita. Tienen sucursal bancaria, pero solo abre una vez al mes y no permite retirar efectivo. “Es una oficina que cerró durante la pandemia y no la han vuelto a abrir hasta hace dos meses, pero solo se pueden hacer gestiones y trámites. Hasta ahora venía un trabajador cada quince días, pero el miércoles me dijeron que sólo vendrá una vez al mes”, explica el alcalde, Mario Urrea antes de agregar que eso “no les sirve” porque los vecinos, especialmente los mayores, “no quieren pedir un crédito o abrirse una póliza, sino sacar dinero”.

Los cajeros automáticos más cercanos son los de Meials o Granadella, a unos 12 km, pero como a veces se quedan sin efectivo o están fuera de servicio, la mayoría de habitantes de Torrebesses acostumbra a acudir a la capital leridana. El problema, subraya, es que sin coche apenas hay una opción: coger el autobús temprano por la mañana y regresar a mediodía.

“Es una injusticia. Nos obligan a trabajar con entidades bancarias, porque yo no puedo cobrar el sueldo o la pensión si no la tengo domiciliada, ni presentar la declaración de la renta, y en cambio, a las entidades no se las obliga a prestar el servicio que deberían”, reclama Urrea. El agravio, en Torrebesses, es doble. “Aquí tenemos cedido un local del ayuntamiento al banco y pagan sólo 60 euros de alquiler al mes. ¡720 euros al año y tienen disponibilidad las 24 horas del día! Y no pagan ni luz, ni calefacción ni agua…”, exclama.

Servicios para combatir la despoblación Desde la asociación Micropobles, que representa a los municipios catalanes con poca densidad de población, tienen claro el diagnóstico: “La falta de oficinas es un elemento más de dejadez de la vida en el campo”, sintetiza su presidente, Joan Solà. “Tener banco es un servicio básico. No es normal que una persona, para sacar dinero, tenga que recorrer muchos kilómetros, especialmente en puntos donde no hay transporte público. De la misma forma que no se entendería que el barrio de una gran ciudad no tuviera cajeros, no debería normalizarse en un pueblo de 300 habitantes”, sostiene. Por eso, celebra que el Congreso haya empezado a hacer avances para implementar sucursales bancarias en todos los municipios, aunque se muestra cauteloso con el impacto de esta medida: “Es un paso adelante de una reivindicación histórica, pero veremos cómo se aplica”.

Solà espera que esta proposición de ley sirva de “sacudida” para que cada vez haya más servicios en el mundo rural, una cuestión que pide abordar de manera “global” para revertir la despoblación: “O se actúa de forma contundente o el porcentaje de gente que vive en el mundo rural irá disminuyendo cada vez más”, vaticina.

El campo está en pie de lucha y la derecha española ya ha tomado partido. Mientras PP y Vox rivalizan por capitalizar el malestar del sector agrario, en plena campaña para las elecciones gallegas y con la mirada puesta de reojo en los comicios europeos, en Cataluña los cauces son otros. Pese al profundo malestar de los agricultores, compartido en el conjunto del Estado, en esta comunidad la extrema derecha parece haber encontrado un tope que le impide avanzar en el mundo rural. Los factores son varios, pero abarcan desde el conflicto independentista al modelo de explotaciones agrarias o el carácter tradicional del sindicalismo payés.

Así lo aseguran los expertos consultados por infoLibre, los cuales apuntan a la singularidad del campo catalán, donde un partido como Vox tiene difícil cabida. Al menos, por ahora. Uno de ellos es el director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona, Oriol Bartomeus. Según este politólogo, el peso que la derecha y la extrema derecha tienen en Extremadura, Andalucía, Castilla La Mancha o Castilla y León no es extrapolable a Cataluña. “El mundo rural, en general, es de derechas, pero si lo miramos sólo en ese eje nos perdemos la mitad de la foto”. A su juicio, también es necesario tener presente la cuestión nacional: “El campo catalán puede ser de derechas, pero es una derecha particular, independentista”.

De hecho, en las últimas elecciones municipales, ERC y Junts arrasaron en la mayoría de municipios rurales, un resultado que se repitió en las generales del 23J, en las que el PSC logró arrebatar varias decenas de localidades a los independentistas. También en las últimas elecciones al Parlament, en 2021, los partidos de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont cosecharon contundentes victorias en las zonas agrarias. Por eso, según Bartomeus, las protestas catalanas no son “caldo de cultivo” para la extrema derecha española. “Vox no tiene la misma entrada que tiene en el campo castellano por motivos evidentes. Fuera de las áreas urbanas de la conurbación barcelonesa y de la costa, existe una mayoría independentista”, señala.

Por su parte, el profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, Toni Rodon, recuerda que en Cataluña la extrema derecha logra votos de los estratos sociales tanto más ricos como más pobres, pero siempre en zonas urbanas. “Los líderes de Vox aquí vienen todos de clases muy altas, lo que supone un mundo simbólico totalmente diferente”, indica.

Este posicionamiento político del campo catalán explica que, aunque los agricultores “puedan compartir algunos elementos de reflexión con Vox y con la derecha española y españolista, como cargar contra la Agenda 2030 o la legislación europea”, estos partidos no logren capitalizar las movilizaciones. “Puede que las protestas sean las mismas, porque los problemas de los payeses catalanes son básicamente los mismos que los de Castilla La Mancha, pero existe una diferencia brutal entre el campo catalán y las posiciones de Vox”, remarca.

Anhelos independentistas al margen, el abismo que separa a la formación de Santiago Abascal de los agricultores catalanes también pasa por la cultura y la lengua. “Vox propone una España unitaria que evidentemente no reconoce las identidades diferenciadas, la pluralidad, por lo que a cualquier payés de habla catalana le chirría”, señala Bartomeus. “A Vox todo lo que es tradicionalismo catalán, el llamado territorio, le genera una reacción negativa, desde la lengua al resto de tradiciones, y esa no es una buena manera de entrar en el sector”, añade Rodon.

Pero hay más elementos, como el modelo de explotación agraria. “La estructura de la tierra es muy precaria y los márgenes de beneficio son muy pequeños”, remarca Rodon. A diferencia de lo que ocurre en buena parte del país, el sector agroindustrial y ganadero catalán está formado básicamente por pymes y no por grandes empresas agrícolas. “No somos terratenientes, somos familias”, destaca Esmeralda Roureda, la presidenta de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC), uno de los sindicatos que lidera las protestas. De acuerdo con Roureda, al menos en su organización, no hay “ningún partido detrás” ni tampoco se produce “como en el resto del Estado que la derecha quiere liderar el movimiento”. “Nosotros no pertenecemos a ningún partido y cada uno tiene sus ideas”, asevera.

Con todo, cabe recordar que tanto JARC como Unió de Pagesos, el principal sindicato agrario catalán, protagonista de las tractoradas que esta semana han colapsado las carreteras catalanas hasta Barcelona, llevaron a cabo movilizaciones “por la libertad” tras la detención de los líderes independentistas del procès y se alinearon a favor del referéndum del 1-O. Una muestra más del carácter “progresista y catalanista” con el que se define el sindicato mayoritario, cuyo consejo nacional acordó no compartir con el grupo parlamentario de Vox las iniciativas que pudieran llevar a debate a la cámara catalana. “Nosotros reconocemos y hablamos con todos los partidos, pero decidimos abstenernos de hablar con Vox y ellos tampoco se han dirigido a nosotros”, relata a este diario el responsable de Organización de Unió de Pagesos, Carles Vicente.

Aprovecha también para dejar claro que las movilizaciones convocadas por ellos “en ningún caso estuvieron alentadas por ningún partido ni extremo” y lamenta que, tras las tractoradas en Alemania, Bélgica y Francia, “orquestradamente se comenzaran a organizar grupos de Whatsapp”: “Está claro que la estrategia de la extrema derecha es acudir cuando alguien está desesperado para darle una solución mágica en poco tiempo”. Es más, según Vicente, si en el conjunto del Estado las protestas están siendo monopolizadas por “la extrema derecha o el centro derecha más radicalizado”, en Cataluña “está bufando más la percepción de que es una órbita más cercana a la CUP”.

No cabe olvidar, como señala Rodon, que en las zonas de dónde vienen los tractores los tres grandes activos electorales son Junts, ERC y la CUP, las tres formaciones que a su entender “más pueden ganar y perder”. “Si lo hacen bien y se percibe como tal, que son dos cosas diferentes, el que tiene más a ganar es ERC. Pero también al contrario”, advierte. Algo similar opina Bartomeus: “Creo que, de entrada, estas protestas son difíciles para los gobiernos, que son los que tienen que capearlas y proponer soluciones a la situación, pero hay otros partidos que podrían sacar rédito”. Uno de ellos es el PSC, especializado en electorados urbanos y cuyo papel podría ser clave para decantar la opinión del campo catalán. “En algunos casos podría perder porque hay zonas rurales en las que tiene apoyo y, en cambio, no ha sobresalido mucho en las protestas, lo que se podría interpretar como que se pone de perfil”, añade Rodon.

Caso aparte es Aliança Catalana, que difundió mensajes de propaganda, aprovechando la ira del campo, animando a los agricultores a afiliarse. “No ha prosperado”, asegura Vicente. Sobre si el partido de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, podría conseguir rédito de las movilizaciones, Bartomeus tiene claro que no, pero con excepciones. “La primera es que lo que pone sobre la mesa es fácilmente abordable por parte de este espacio político que incluye a una parte de Junts y, la segunda, porque ahora mismo estamos hablando de ello. Aliança Catalana es una nanorealidad, pero se está convirtiendo en real por los medios de comunicación”, concluye.

A medio camino entre Olot y Ripoll, en el campo gerundense, se encuentra Mas Pinós, una pequeña empresa familiar que se dedica a la agricultura y la ganadería extensiva desde hace más de un siglo. Comenzaron como masoveros, cultivando patatas y cereales. Más tarde, gracias a las ganancias, pudieron adquirir la finca y poner ovejas, pero en tiempos de la retirada se quedaron sin ganado. Desde entonces, trabajan con carne bovina, aunque su negocio podría tener los días contados. La grave sequía ha provocado que apenas quede agua ni comida para alimentar a los animales. Si en primavera no llueve suficiente, estarán sentenciados. 

“No tenemos salida. Tendremos que llevar las vacas al matadero o se morirán solas de hambre”, lamenta a este diario Jaume Cases, que pertenece a una cuarta generación de ganaderos de Vallfogona de Ripollès. Cases asegura que, hasta hace un tiempo, cerca de su masía había “muchas fuentes y arroyos”, pero ahora “está todo completamente seco y no mana agua de ninguno”, lo que dificulta el pastoreo de sus 130 vacas. Por eso, ya han empezado a deshacerse de ejemplares que, en otras condiciones, mantendrían durante más tiempo. Y la cosa podría ir a peor. “Si no llueve entre marzo y abril, vamos a tener que empezar a sacrificar animales”, confiesa.

Tradicionalmente, el ganado pace durante nueve meses, desde abril hasta finales de diciembre, y en invierno se alimenta gracias a la hierba recolectada durante el resto del año. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones ha dejado los prados secos y los ganaderos se están viendo forzados a comprar alimento extra de productores franceses, lo que a su vez ha disparado los costes. “Se ha triplicado el precio de la bala”, asegura Cases. Si hace dos años costaba alrededor de 40 euros, ahora la unidad, con la que se alimentan unas veinte vacas al día, llega a los 150 euros. 

A 100 kilómetros, Carme Plana también se lleva las manos a la cabeza. Desde hace diez años está al frente de la masía Can Plana de Vallgorguina (Barcelona), que han regentado durante siglos sus antepasados, pero nunca antes había vivido algo así. “En invierno sembramos avena en flor que convertimos en balas de forraje. Hace cuatro años sacamos 90 balas de 500 kilos, hace dos años fueron 45 kilos y el año pasado, tan solo 20”, explica. 

La situación es tal que han dejado de utilizar paja para armar los establos: “En su lugar usamos serrín porque la paja la guardamos prioritariamente para comer. Y a las ovejas ni les hacemos cama porque cuando comen ya van tirando avena al suelo”. Según Plana, el momento es “muy crítico”. “Es un pez que se muerde la cola porque las hembras están cada vez más magras y delgadas, por lo que no se quedan embarazadas, no tienen corderos ni cabritos y tampoco tenemos carne que vender. Así no nos podemos ganar la vida”, apunta.

Mientras en las grandes ciudades el debate a menudo se centra en las piscinas, en Can Plana hacen malabares para administrar la poca agua que tienen. De hecho, entre julio y noviembre se quedaron sin una gota. El pozo se secó y la Generalitat tuvo que enviar un camión cisterna para llenar semanalmente el depósito y que los animales pudieran beber. A finales de año, remontaron y, desde entonces, van “trampeando”. “Ahora tenemos un poco de agua, pero solamente les damos de beber por la mañana y por la noche”. 

Por todo ello, en Can Plana también se están planteando deshacerse de algunas cabezas de ganado. “No hay comida y todo se está encareciendo. Estamos muy apurados y angustiados, estamos sufriendo mucho”, resalta esta ganadera.

El escenario no es mucho mejor en el Pirineo. En el Mas Can Riu, en el municipio de Ribes de Freser, se encuentra Ramon Carbonell, uno de los pocos pastores trashumantes que aún queda en Cataluña. Desde hace años, cuando llega diciembre, se marcha al Empordà con sus 250 vacas para que pasten en los campos de la zona. Sin embargo, este año no ha podido emprender el viaje. “No hay agua ni comida y, con la sequía, tampoco hay forraje en ningún sitio. Ahora tenemos que comprarlo en Francia y se aprovechan de nosotros. Es una lástima porque todas las monedas son buenas, mientras que no todas las balas que nos dan lo son”, exclama.

En su caso, dice, debe hacer frente a un gasto diario de 1.500 euros en alimento para el ganado. “Es una ruina. Es como ir a trabajar y encima pagar. Nos estamos gastando un dinero que jamás volverá”, sostiene. Por este motivo, también en su finca han empezado a “jubilar” algunos ejemplares antes de tiempo. “Hemos hecho una reducción de plantilla, una jubilación anticipada. Tenemos que reducir el ganado y algunas vacas que hubieran podido aguantar tres o cuatro años más las hemos tenido que sacrificar. Pero matarlas es siempre la última opción y nos duele”. 

La sequía está haciendo estragos en uno de los sectores más castigados por la emergencia climática, y las perspectivas empeoran a cada día que pasa. Con la declaración de la fase de emergencia en Cataluña el pasado jueves, se imponen nuevas restricciones a agricultores y ganaderos, que deberán reducir entre el 50% y el 80% el agua que utilizan para regar y cuidar del ganado. Más presión sobre unos trabajadores que se ven, sin alternativas, en un callejón sin salida.

“No tenemos plan B. No podemos simplemente cerrar el chiringuito y hacer otra cosa. No es tan fácil. Este es nuestro modus vivendi”, afirma Plana, quien asegura que cada vez hay más compañeros que abandonan la profesión. “Conozco un montón de gente que ha vendido sus vacas y se ha marchado. Los más jóvenes aún pueden buscarse la vida, pero a según qué edades es muy difícil”, dice tras recordar que el sector primario es uno de los más envejecidos de Cataluña. Carbonell es un ejemplo. A sus 60 años, está preocupado por cómo afrontará los cinco que le quedan para jubilarse. “¿De qué viviré este tiempo? ¿Qué haremos si tenemos que sacrificar el ganado? El grueso de campesinos tiene más de 55 años… Nos estamos cargando el patrimonio de nuestros padres y nuestros abuelos. Esto no se puede aguantar”, insiste.

Por si fuera poco, el salvavidas con el que contaban parece estar pinchado. Muchos ganaderos tienen contratado un seguro de compensación con Agroseguro, pero, según los sindicatos, no está respondiendo como debería. De acuerdo con Unió de Pagesos, este tipo de pólizas se basa en una serie de lecturas por satélite de la cubierta vegetal para determinar y delimitar las zonas en las que existe sequía. El problema es que no siempre refleja la realidad. “En algunas comarcas donde la sequía es evidente, marca que no hay”, denuncia a infoLibre la responsable del sector bovino, Raquel Serrat. Y no es la primera vez que ocurre. La organización hace años que lo advierte, pese a lo cual el problema continúa. “Es una estafa que no hay quien la entienda. Deberíamos poner una demanda”, resalta Carbonell.

Vía legal al margen, los ganaderos catalanes lo apuestan todo a una opción, que el refranero haga justicia y que este abril llueva como es debido. “Si no, no quedará nadie en pie”, augura Cases.

Pere Aragonès no piensa tirar la toalla. Tiene entre ceja y ceja cumplir un hito que hace casi quince años no logra ningún president de la Generalitat: agotar la legislatura. Sabe que no será tarea fácil y que los “retos” se le amontonan. De gestionar la peor sequía de la historia, a impulsar el catalán, culminar el traspaso de Rodalies (Cercanías) y acordar el sistema de financiación. Pero, ante todo, resolver la cuestión catalana, con la aplicación de la amnistía y el referéndum en el horizonte. Una misión para la cual ha decidido reajustar su equipo, reforzando el núcleo duro con la mirada puesta en las negociaciones que se prevén con Moncloa.

Los cambios son escasos, pero de fuerte carga simbólica. La hasta ahora consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, asciende a vicepresidenta, un cargo que llevaba huérfano desde que Junts abandonó el Govern. Y el que era jefe de gabinete de Aragonès, Sergi Sabrià, pasa a ocupar la nueva viceconsellería de Estrategia y Comunicación. Dos modificaciones que, lejos de suponer una reestructuración del ejecutivo catalán, dotan al equipo de Aragonès de un perfil aún más político, en un contexto en el que será crucial la interlocución con el Gobierno de Pedro Sánchez, cuya estabilidad está condicionada en buena parte por el partido de Carles Puigdemont.

En su comparecencia, Aragonès ha asegurado que no se trata de una “cuestión cosmética”, pero lo cierto es que los cambios son claramente menores: no hay ceses, ni intercambio de carteras, tampoco entran ni salen altos cargos y el único puesto nuevo es el de Sabrià. Más allá, todo continúa esencialmente igual, especialmente la gestión del ejecutivo, que busca —eso sí— una bocanada de aire fresco para encarar la recta final de la legislatura.

Y es que el anuncio llega a un año de que se celebren las próximas elecciones catalanas y se produce tan sólo dos días después de que Aragonès haya sido postulado por ERC como candidato a la reelección, lo que había suscitado incertidumbre sobre un posible adelanto electoral. Sin embargo, el president ha sido diáfano con sus intenciones: “Los que desean sembrar dudas, por puro beneficio electoral particular, que abandonen toda esperanza, porque este Govern culminará la legislatura”. El mensaje es claro. Aragonès se prepara para transitar el año más complicado de su mandato, tratando de sacar rédito a su gestión y rearmándose para ello con dos perfiles de su máxima confianza y dilatada trayectoria en el partido.

La nueva vicepresidenta del Govern será la encargada de pilotar las negociaciones con el Estado, una tarea de la que ya se estaba encargando pero que ejercerá ahora desde un rango superior. Laura Vilagrà tendrá así más empaque y fuerza para abordar cualquier carpeta con el Gobierno con la previsión de que en los próximos meses se intensifiquen los contactos entre Moncloa y la Generalitat. 

De hecho, Vilagrà lleva siendo un pilar en el Govern de Aragonès desde que concurrió como número dos de ERC en los comicios del 14F, aupada y auspiciada por el presidente de la formación, Oriol Junqueras. Vilagrà era entonces una desconocida para la mayoría de catalanes, pero en el partido conocían bien su nombre. 

Alcaldesa de Santpedor (Barcelona) con tan solo 27 años, en los últimos tres ha sido protagonista de la mayoría de carpetas decisivas de la legislatura y ha ejercido, de facto, como número dos del president desde la consellería de la Presidencia, la cartera con más peso en la estructura del ejecutivo. Ha sido la principal interlocutora con el ministro Félix Bolaños y capitanea las relaciones con el Gobierno. Lo ha admitido el propio Aragonès al comunicar su ascenso: “En todos los aspectos fundamentales que ha llevado a cabo el Govern desde el inicio de mi presidencia, ha jugado un rol político de primer orden, un papel protagonista”.

Si bien el ascenso de Vilagrà supone fortalecer “el rol paraguas” que ha tenido en todas las negociaciones con el Estado, tampoco cabe olvidar que su desempeño fue duramente criticado la pasada primavera tras el caos en las oposiciones a funcionarios o a raíz del fracaso de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno. 

El otro ajuste del Govern pasa por aupar a primera línea a uno de los pesos pesados de ERC, destacado dirigente y artífice de tantas estrategias del partido, que a partir de este martes será el nuevo viceconseller de Estrategia y Comunicación, un nuevo puesto poco habitual, con rango de comisionado, que ya ha existido en mandatos anteriores. A efectos prácticos, su nueva categoría le permite participar en las reuniones del Consejo Ejecutivo a petición de Aragonès, además de gestionar los proyectos estratégicos de la Generalitat.

Sabrià es una de las caras más conocidas de los republicanos, si bien en los últimos tiempos se ha movido entre bastidores, controlando la sala de máquinas de Palau desde el gabinete del president. Con una decena de cargos públicos y orgánicos a su espalda, entre los cuales la presidencia del grupo parlamentario de ERC entre 2018 y 2021, Sabrià es uno de los hombres fuertes del partido, cuyo liderazgo afianzó durante los años del ‘procés’, con Junqueras en prisión y Marta Rovira en Ginebra. Tras las últimas elecciones, fue uno de los artífices del acuerdo de coalición con Junts, con quien ha protagonizado sonoros choques.

Reajustes al margen, si Aragonès ha salido este martes al paso también ha sido para disipar cualquier posibilidad de duda respecto a las próximas elecciones catalanas. Eso sí, para llegar al final de la legislatura con cierta estabilidad y margen primero deberá superar el siguiente examen: los Presupuestos. Si el año pasado tuvo que sudar los apoyos de PSC y de los comunes para poder dar luz verde a las cuentas —lo que no ocurrió hasta bien entrado marzo—, nada para indicar que esta vez el escenario cambie. 

Es más, el Govern, en clara minoría, se había propuesto tener las cuentas más o menos atadas a estas alturas pero, de momento, lejos de socios, sólo cuenta con los reproches de la oposición. Las conversaciones se han intensificado con el PSC, pero tanto socialistas como comunes, las formaciones que facilitaron la aprobación de los presupuestos catalanes en 2023, tienen el foco puesto en los incumplimientos. En Esquerra confían en que la coyuntura estatal sirva de aliciente, ya que el PSOE también necesita sus votos para sacar adelante los Presupuestos del Estado, aunque Salvador Illa ha descartado un “cambio de cromos”. 

Y para más presión, el escenario del Ayuntamiento de Barcelona, donde el socialista Jaume Collboni aún no tiene cerrado ningún acuerdo, pese a que en los últimos días ERC debate con intensidad si recoger el guante y entrar en un ejecutivo tripartito que los comunes hace tiempo pregonan.

Hace apenas unos meses, Junts sobrevivía en la intemperie institucional. Tras haber abandonado el Govern y haber perdido más de doscientos cargos, las elecciones municipales dejaron a la formación con un poder totalmente residual. Mantenían la presidencia del Parlament, pero no pudieron retener ningún ayuntamiento de peso, ni siquiera el de Barcelona. Medio año después, no sólo han logrado condicionar la investidura del Gobierno, sino que están marcando la agenda política al punto de inspirar al PP de Isabel Díaz Ayuso. ¿La fórmula? Espolear el temor a las personas migrantes y vincularlas a la delincuencia.

En los últimos días, Junts ha abierto un melón que hace tiempo que sostiene, pero que hasta ahora no había sabido rentabilizar. Lo planteó Carles Puigdemont el pasado septiembre en su conferencia en Bruselas, pero no fue el titular que acaparó la atención. Lo volvió a intentar la formación semanas después con una propuesta en la cámara catalana, pero tampoco salió adelante. El tercer embate lo ha dado a instancias de una decena de alcaldes del Maresme, que han logrado finalmente situar la cuestión en primer plano. 

Los resultados —además de peligrosos— están siendo, cuanto menos, sorprendentes. El más llamativo sea quizás la compañera de viaje que se les ha sumado. Esta semana, la presidenta madrileña ha empleado un discurso muy similar al esgrimido por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y que los propios populares habían criticado por “xenófobo y racista”. Sin ningún tipo de prueba, Ayuso ha asociado la llegada de migrantes a un centro de acogida de Alcalá de Henares con agresiones sexuales en el municipio e incluso con un brote de sarna, unas palabras que el Gobierno se ha apresurado a desmentir y con las que el PP ha cerrado filas, a pesar de haberlas criticado cuando salían por boca de Vox.

La estrategia de criminalizar la inmigración no es original ni novedosa, pero sí llama la atención que sea justamente Junts el partido que haya traído al centro del debate esta cuestión tan delicada. Lo ha conseguido tras pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez que se deleguen a la Generalitat las competencias en esta materia a cambio de salvar los primeros decretos del Ejecutivo y a pesar de no haber prestado especial atención a esta carpeta durante el procés, ni tampoco en las últimas citas electorales.

Precisamente ahora, con el interés por la independencia bajo mínimos, los partidos catalanes se han apresurado a sumarse a este jugoso y, a menudo tergiversado, debate, que viene ocupando titulares, portadas y horas de tertulias en medios de todo color político. Con los comicios autonómicos en el horizonte, la inmigración tiene todas las de convertirse en un nuevo filón electoral. Y en Junts lo saben bien.

En algunos puntos de Cataluña hace tiempo la inmigración ya es un arma electoral y la comarca del Maresme es un buen ejemplo. El pasado diciembre, varios alcaldes de Junts presionaron para exigir la expulsión inmediata de los migrantes multirreincidentes, asegurando que si estas personas “no han venido para integrarse y trabajar como hace la mayoría de la población, no tienen cabida”. Lo plantearon después de denunciar una “ola de delitos” en la zona, especialmente en la localidad de Calella, presuntamente perpetrados por un mismo grupo “multirreincidente”. 

La dirección del partido mostró rápidamente su apoyo a estos alcaldes, endureciendo así el debate sobre la migración y vinculándolo a la seguridad en los municipios. “Entiendo perfectamente el llamado que hacen estos alcaldes. Están desesperados. Tienen una presión de los vecinos brutal (...). Si alguien da el paso de venir a Cataluña, tiene unos derechos y unos deberes”, apuntó Turull.

Se da la circunstancia, además, de que la agrupación de Junts en el Maresme tiene especial peso dentro de la formación y sus líderes, de marcada herencia convergente, son más cercanos al ala pragmática del partido y, en consecuencia, a Turull. De hecho, cuando estaba en debate la salida del Govern, la mayoría de ellos firmó un manifiesto pidiendo seguir ocupando cuotas de poder en el ejecutivo. 

Por otro lado, se trata de una zona en la que la percepción de seguridad suele estar en el punto de mira. Hace tiempo que han aflorado patrullas vecinales, es habitual que reclame más agentes policiales y a menudo ha sido objeto de polémica por la gestión de las ocupaciones ilegales de inmuebles o la contratación de los servicios de la cuestionada empresa Desokupa.

Sin embargo, la sensación de inseguridad es peor de lo que indican los datos oficiales. Según el Departamento de Interior, la media de delitos en esta zona es “ligeramente inferior” a la media catalana, pese a lo cual la Generalitat se ha comprometido a destinar nuevos agentes de Mossos d’Esquadra hasta lograr la dotación más grande que ha tenido nunca la comarca. Y otro indicador: todos los municipios cuyos alcaldes reclamaron expulsar a migrantes multirreincidentes tienen una tasa de población extranjera inferior a la media catalana, del 16,3% Sólo Calella está dos puntos porcentuales por encima, de acuerdo con el Instituto de Estadística de Cataluña.

Pero hay más lecturas. Otra de las cuestiones que sirven para entender por qué el partido de Carles Puigdemont está enarbolando la bandera de la inmigración es el “efecto Ripoll”. La irrupción de la ultraderecha de Aliança Catalana, el partido independentista de Sílvia Orriols, llevó el pasado mayo a Junts a perder la alcaldía de este municipio. La sonada e inesperada victoria de Orriols, el fracaso de un cordón sanitario —precisamente por la negativa de Junts de sumarse a la alternativa de izquierdas— y la posibilidad de que la formación dé el salto al arco parlamentario mantienen en vilo a los partidos hegemónicos, especialmente a los postconvergentes, con quienes tienen frontera electoral.

Es evidente que desde las pasadas municipales los de Junts han ido planteando cada vez con más frecuencia el tema de la inmigración, lo que puede leerse como un intento de sacar pecho y de consolidar su posición a la derecha del tablero político en una cuestión que tiene visos de ser clave en la próxima disputa electoral. Al poner el debate sobre la inmigración en el centro, el partido de Puigdemont también marca perfil ante ERC, su principal rival político. Prueba de ello es el cruce de acusaciones en el que se han enzarzado ambos partidos a cuenta de este tema, que para los primeros es sobre todo una cuestión de competencias, mientras que para los segundos supone inflar un debate que “espolea a la extrema derecha”. 

Además, la tesis migratoria como problema parece tener buena base entre el electorado. Según el último barómetro del CEO, el CIS catalán, los votantes de Junts muestran actitudes más racistas o xenófobas que la media catalana. Creen, en mayor medida, que hay “demasiada inmigración” —el 64% frente al 60% de los catalanes— y que “el Gobierno ha perdido el control de quien entra en nuestro país” —el 66% frente al 63%—, si bien estos porcentajes se sitúan por debajo de lo manifestado por los partidarios de Cs, PP y Vox. 

No obstante, cuando se habla de sacar rédito a inmigración y delincuencia en Cataluña hay otro nombre que resuena con fuerza: el de Xavier García Albiol. El líder del Partido Popular y actual alcalde de Badalona hace más de una década que lleva arrasando en las urnas de su ciudad con este discurso. En el recuerdo queda su controvertido lema “Limpiando Badalona”, una consigna racista que no le permitió revalidar la alcaldía únicamente porque la oposición se alió para evitarlo.

Entonces el discurso de Albiol chirriaba en una sociedad proclive a la acogida y la inclusión, pero en un contexto europeo en el que cada vez son más las puertas cerradas, también son cada vez menos los que se llevan las manos a la cabeza. Como nota, el Consejo y el Parlamento Europeo acaban de pactar el endurecimiento del control de las fronteras exteriores y una especie de “solidaridad a la carta” para poder eludir la acogida de migrantes a cambio de un pago. En una población que acepta estos términos, el discurso de Junts no queda tan lejos.

Más de 200 días lleva Jaume Collboni al frente del Ayuntamiento de Barcelona y aún no ha logrado tejer los apoyos necesarios para sobrevivir toda el mandato. Con tan solo 10 concejales, a años luz de los 21 de la mayoría absoluta, ya ha comprobado lo que supone gobernar en clara minoría: la semana pasada tuvo que firmar el decreto que prorroga los presupuestos de Ada Colau ante la falta de apoyo de los comunes, de ERC y de Junts. Pero eso podría cambiar.

En los últimos días ha cogido fuerza la posibilidad de que la lista de Xavier Trias se sume al ejecutivo municipal, una opción que socialistas y Junts llevan meses explorando. El tiempo apremia y es que, sin las cuentas al día, hay poco margen de maniobra. La prórroga presupuestaria deja en el aire casi 120 millones de euros en inversiones y condena a Collboni a depender de la oposición.

El propio alcalde se ha marcado una meta, la de tener los presupuestos aprobados como máximo en primavera, lo que implica activar el sudoku de pactos. "Los deberes del primer trimestre serán estos", ha prometido. También Trias parece tener prisa. En vísperas de Nochebuena, el exalcalde apuró a Collboni a dejar de "perder el tiempo" y a decidir cuanto antes un socio estable para los próximos años. 

Con el viento a favor, fuentes de la negociación aseguraban entonces que ambos partidos habían dado pasos de gigante y estaban sobre la mesa cuestiones como el programa o el organigrama municipal. Sin embargo, este miércoles Xavier Trias ha dado un giro de guion. En una entrevista, ha desmentido que las formaciones estén ya en la recta final de la negociación, tal como publicó el diario TOT Barcelona, enfriando así el pacto con el PSC.

También los socialistas han salido al paso y aseguran que no hay nada cerrado, ni siquiera un socio preferente. Es más, según fuentes del partido, la prioridad sigue siendo un “tripartito de izquierdas”, es decir, el pacto con Barcelona en Comú y ERC, pero los movimientos políticos van en otra dirección. De cualquier forma, el escenario progresista parece lejano, cuando no poco probable. 

Fuentes de los comunes denuncian que Colau y el alcalde no hablan desde noviembre y lamentan que éste se niegue a convocar un “grupo de negociación”. “Sólo ha habido contactos informales”, aseveran a este diario. Las mismas fuentes condicionan la aprobación del presupuesto a un acuerdo a largo plazo y piden a Collboni que siga el ejemplo del presidente del Gobierno: “Pedro Sánchez ha sabido ceder”. Por su parte, en ERC garantizan que no han tenido conversaciones formales con el PSC y dicen no ver “real” la posibilidad de un acuerdo progresista cuando Collboni, critican, “ha tendido hacia la derecha” en sus primeros meses al frente del consistorio. 

Escenificación —y coreografía— al margen, a nadie se le escapa que una alianza entre socialistas y Junts no es un acuerdo fácil de alcanzar, ya que las implicaciones de resucitar la conocida sociovergencia en una plaza tan codiciada como Barcelona traspasan fronteras municipales. Sin ir más lejos, desde Junts llevan días aireando los recelos que a su juicio tiene el PSC. Dicen que los socialistas temen llevarse el enemigo a casa. “Tienen miedo de que digan que acabaré siendo yo el alcalde, porque tengo once concejales y él tiene diez”, apuntaba recientemente Trias, que fue el vencedor de las elecciones. Descartado el escenario en que las dos formaciones se turnen la alcaldía, el riesgo es otro. 

En el partido de Collboni no tienen claro cuál será el peso de Carles Puigdemont si los de Trias acaban entrando en el gobierno de la ciudad ni tampoco hasta qué punto podría el expresidente catalán condicionar la toma de decisiones, especialmente a la luz de lo que suceda en Madrid. Quieren evitar que, si se enturbia la relación entre Junts y Sánchez, los socialistas catalanes salgan perjudicados, especialmente cuando parten como favoritos en las encuestas para las elecciones al Parlament. 

No obstante, el peso de Puigemont también dependerá del equipo que acabe entrando en el gobierno en caso de que prospere el pacto. Y, especialmente, de la persona que releve a Trias. El exalcalde no esconde su predilección por Jordi Martí Galbis, que forma parte del núcleo duro del partido y a quien él mismo aupó en 2011. Pero, dentro de la formación, hay disparidad de opiniones. Algunas voces apuestan por Victòria Alsina o Neus Munté, mientras que otras se inclinan por Damià Calvet e incluso Josep Rius, actual portavoz y uno de los perfiles más cercanos a Waterloo —fue exjefe de gabinete de Puigdemont—.

La decisión aún no está tomada y Trias va dilatando así su paso por la oposición, a pesar de que, durante la campaña de las municipales, repitió por activa y por pasiva que se marcharía si no lograba la vara de alcalde. Dada la coyuntura política y los vaivenes de la investidura de Sánchez, el partido le pidió que aguantara y ahora es él quien insiste en que se quedará hasta que se aclare el panorama. 

La fecha es un interrogante aún sin respuesta. Las negociaciones, supuestamente congeladas por las fiestas de Navidad, se retomarán después de Reyes. Así lo aseguran ambas partes, las cuales han dejado claro que, cualquier tipo de contacto, tendrá que esperar a después de las vacaciones.

La disyuntiva es compleja y el equilibrio de poder, delicado. Cuando accedió al mando, Collboni apostó por articular una mayoría progresista con los comunes y ERC, pero la negativa por parte de Oriol Junqueras y la necesidad de marcar distancia con sus predecesores y exsocios de gobierno ha llevado al PSC a explorar un nuevo camino. Más allá de la afinidad en planteamientos como la ampliación del aeropuerto o la materia fiscal, Collboni y Trias ya han sellado un gran pacto esta legislatura. Se trata de la reducción de la tasa de las terrazas, un acuerdo al que llegaron en noviembre y que, para muchos, fue un ensayo de lo que vendrá después. 

Que llegue o no dependerá de muchos factores, incluida la cintura política del alcalde de Barcelona, que deberá decidir si le compensa más mantener un gobierno débil en minoría o ganar en estabilidad a costa de pactar, como ya lo ha hecho Sánchez, con uno de sus principales rivales políticos. 

Planoles es un pequeño municipio del Pirineo catalán. Ubicado en la provincia de Girona, cuenta con tan sólo 300 habitantes, que podrían ser muchos más si tuvieran dónde residir. En los últimos años, hasta un centenar de familias se han interesado por esta tranquila localidad, rodeada de naturaleza y anclada en el valle del río Rigard, pero la falta de vivienda y de alquileres asequibles ha hecho imposible que se acabaran mudando.

“Cuando se ponen en contacto con el Ayuntamiento les explicamos que tenemos escuela rural y escuela infantil, que ya llega la fibra óptica, que hay trabajo, comercios y estación de tren. Somos un pueblo activo y dinámico y todo encaja… todo excepto que no tenemos vivienda”. Con estas palabras explica a infoLibre el alcalde de Planoles, David Verge, el gran problema que tienen en el municipio, uno de los 486 micropueblos que existen en Cataluña y que luchan, con uñas y dientes, para ganar nuevos residentes. 

La Cataluña rural se vacía y una cuarta parte de sus municipios está en serio riesgo de despoblación, especialmente en el Pirineo y en las comarcas de Lleida y Tarragona. Se trata de núcleos rurales con menos de un millar de habitantes que buscan frenar a toda costa el éxodo de gente y que lidian, en esta tarea, con trabas burocráticas, exiguos presupuestos y una estacionalidad que los lleva a triplicar el censo en verano y en vacaciones. En este contexto, cada uno se las ingenia como puede.

En Planoles, su alcalde se ha puesto como misión buscar vivienda hasta debajo de las piedras. De gestión en gestión, ya ha conseguido movilizar casi una veintena, pero espera seguir sumando. “Hay un edificio del ministerio con 11 viviendas que llevan 25 años cerradas. En el garaje se guardan las máquinas quitanieves de la Collada de Toses y un piso se usa de oficina, pero el resto están vacíos. En dos años dejarán el edificio y esperamos que pase a ser vivienda social”, señala Verge. El Ayuntamiento también tiene en el punto de mira otras dos residencias que requieren de una reforma. “El problema es que para reformar necesitamos dinero, así que estamos en trámites de vender un terreno para poder financiarlo”, explica.

“La falta de vivienda, de alquiler asequible, es de lejos la gran carencia”, insiste. Los matices importan, especialmente porque la compra sigue siendo una opción alejada de muchos bolsillos. “No estamos en los niveles de la Cerdanya, pero una casa en el Ripollès cuesta entre 350.000 y 400.000 euros y un piso unos 200.000 euros”. 

De hecho, Planoles es uno de los 20 pueblos que fueron seleccionados para participar en un plan piloto de rehabilitación de viviendas en el mundo rural impulsado por la Agencia de Vivienda de Cataluña en 2020 y uno de los únicos cuatro que ha finalizado las obras. La gran mayoría aún tiene en marcha los trabajos y algunos han desistido, especialmente por la falta de mano de obra y de recursos.

“La burocracia es un drama. Se nos come. Tenemos que tener mucha paciencia y, sobre todo, tiempo. En nuestro caso, la secretaria municipal sólo viene tres veces a la semana porque se lo combina con el pueblo de al lado”, asegura Verge, que también es responsable de los temas de vivienda de la asociación Micropueblos de Cataluña. A su juicio, la Generalitat debería ser “más ambiciosa”. “Todo va demasiado lento. Se deberían proponer reequilibrar la población en diez años como máximo porque, de lo contrario, no acabaremos nunca”, enfatiza.

Lo dice después de que la semana pasada el Ejecutivo catalán diera un paso más en la tramitación del Estatuto de Municipios Rurales, un marco legal con el que se pretende frenar la despoblación y lograr una redistribución territorial. El documento, cuya aprobación en el Parlament está prevista a finales de 2024 para que entre en vigor al año siguiente, propone deducciones fiscales para quien se traslade de residencia a un municipio rural, así como para la compra o alquiler de viviendas. 

En concreto, plantea rebajas de hasta un 4% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, deducciones de hasta 1.000 euros en el IRPF para quienes se muden a un micropueblo —entendido como aquel de menos de 2.000 habitantes— y de entre un 15% y un 20% para las personas que adquieran, arrienden o rehabiliten un piso para residencia habitual. 

“Seguro que mejorará muchos aspectos burocráticos, pero a nivel de vivienda le falta contenido y ambición. Actualmente la política de vivienda depende exclusivamente de la Generalitat. Si al territorio nos dieran más recursos y competencias todo iría más rápido, porque nosotros conocemos muy bien qué hace falta en cada municipio”, valora.

Pero mientras algunos municipios batallan contra la ausencia de viviendas, otros tienen que hacer frente a inmuebles vacíos o cerrados. Por ejemplo, en Urgell, en Lleida, hay unas 1.500 viviendas vacías, lo que supone el 20% del parque residencial. En la Terra Alta, en Tarragona, el 12% de las viviendas tampoco tiene inquilino, una cifra que se dispara hasta el 28% en pueblos como Batea o el 17% en Fatarella. Y en el Pirineo, según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña, llegan al 40% los pisos vacíos o de segunda residencia. 

Por eso, según el geógrafo de la Universidad de Lleida Josep Ramon Mòdol, el reto está en “movilizar el parque de vivienda en manos de particulares”. “Es muy difícil porque hay muchas casas en estos municipios rurales que van perdiendo integridad y cuesta adaptarlas a las condiciones de habitabilidad y ponerlas en funcionamiento”, sostiene este profesor, coautor de un estudio sobre despoblamiento en el mundo rural. Y es que muchas de las residencias vacías, sobre todo en el Pirineo, están en ruinas y no son habitables. En otros casos, llevan tanto tiempo abandonadas que es difícil saber quién es el propietario. Los motivos son varios. Desde quienes mantienen la residencia por motivos emocionales pero no van nunca, a quienes evitan heredar para no hacer frente a los costes de la transmisión o rehabilitación. “Hay que favorecer que los particulares, a partir de incentivos fiscales, movilicen este parque de viviendas porque es muy difícil revertir el problema en municipios pequeños sólo con el impulso público”, opina este geólogo.

Además, tal como detalla el doctor en Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) Jordi Franquesa, en muchos puntos falta vivienda social porque la actual ley de urbanismo exime a las localidades pequeñas: “Si no hay una administración pública que invierta, estos municipios no tienen capacidad para hacerla”.

A ello se suma el creciente número de pisos turísticos, que ha disparado los precios del alquiler. “En muchos municipios en zonas de montaña, entre las segundas residencias y los usos turísticos, casi no hay alquileres que sean asequibles y cuesta movilizar los activos”, agrega. Se da una paradoja: muchos municipios rurales sobreviven gracias al turismo, pero este ha disparado los precios de la vivienda. “El mercado inmobiliario se desplaza y va en detrimento de los precios asequibles que son los que pueden fijar la población. El mercado de segunda residencia es muy agresivo en los entornos rurales y genera riqueza en periodos estacionales, pero no reequilibra el territorio, de manera que un joven que quiera vivir en el territorio rural lo tiene muy difícil”, remarca este profesor de la UPC.

En el caso de Planoles, el 72% de las viviendas del municipio son segundas residencias, pero, según su alcalde, el efecto es positivo porque “dan trabajo a muchos industriales, constructores, pintores y carpinteros de la comarca”. Además, desde que hace seis meses llegó la fibra óptica, ya han notado un ligero aumento de jóvenes que teletrabajan y optan por quedarse en la segunda residencia de sus padres ante la imposibilidad de pagar un alquiler en la ciudad. Aún es un fenómeno minoritario, pero trae cierta esperanza. “Ahora es un buen momento para hacer este reequilibrio de población porque tenemos empleo y podemos ofrecer la calidad de vida que mucha gente busca”, defiende Verge.

De acuerdo con Franquesa, la pandemia ha marcado un antes y un después y, por primera vez, hay más gente que emigra de la ciudad al campo que del campo a la ciudad. Aunque no a cualquier lugar. Los pueblos pequeños, afirma el profesor, siguen perdiendo población y son los de entre 2.000 y 7.000 habitantes los que están empezando a ganar residentes. “Se trata de pueblos que tienen un mínimo de servicios básicos garantizados y una cierta actividad cultural”, precisa. De hecho, la mitad de los municipios de Lleida que ganaron vecinos a raíz de la pandemia, los han vuelto a perder, algunos incluso por debajo de las cifras anteriores a la covid, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por eso, también Mòdol considera clave que las localidades tengan capacidad para brindar un “proyecto vital” a sus habitantes. “La vivienda es importante, pero no suficiente. El municipio tiene que tener actividades y servicios que permitan a la persona integrarse en el entorno, como un bar, escuela, farmacia, consultorio o cajero”, apunta. De lo contrario, dice, será imposible retener a las nuevas generaciones o lograr que los jóvenes opten por vivir en el campo

“Los problemas de envejecimiento genéricos en toda Cataluña son cada vez más importantes en los municipios rurales. Si en el conjunto del territorio la población de más de 65 años es del 19%, hay micropueblos que duplican este porcentaje. La mayoría está por encima de la media y hay casos que tienen hasta el 40% de la población jubilada”, advierte.

En los últimos años, algunos municipios han empezado a explorar nuevas formas de vivienda para atraer a gente joven, como cooperativas, coviviendas, cesión de usos y alquileres compartidos. Distintas fórmulas que, poco a poco, están ganando popularidad. Ahora bien, tal como admite Franquesa, estos modelos esconden en ocasiones otra realidad: la imposibilidad de pagar un alquiler. “Los jóvenes son los que mejor se adaptan a estos nuevos modelos habitacionales, pero no puedo negar que en algunos casos escondan escenarios de precariedad. Ahora bien, en la ciudad también existen”. 

En cualquier caso, a su juicio, el objetivo debería ser “dinamizar el mercado de vivienda en suelo rural para que quien quiera vivir pueda hacerlo”: “No se trata de repoblar por repoblar, sino de que la gente que viva en estos lugares lo haga dignamente y no se tenga que marchar por necesidades económicas o falta de servicios básicos”.

Trece días llevan las enfermeras catalanas del sistema público y concertado en pie de guerra por el nuevo convenio colectivo. Trece días de huelga indefinida que no tienen intención de desconvocar a menos que se reúnan con el conseller de Salud, Manel Balcells, que no parece estar dispuesto a ello. Trece días a los que se suman otras tres citas, también de paro, convocadas por otros colectivos como técnicos auxiliares, celadores o personal de mantenimiento contra las nuevas condiciones laborales. Y, para completar la escena, un centenar de directivos de centros de atención primaria (CAP) de Barcelona amenaza con dimitir.

La sanidad catalana atraviesa un terremoto y nadie sabe cuál será el desenlace. Lo único cierto es que, en poco más de un año, el conseller Manel Balcells ha logrado ponerse a buena parte del sector en contra. 

La chispa saltó el pasado 22 de noviembre, cuando CCOO, UGT, el sindicato de Enfermería Satse y el Sindicato de Médicos de Cataluña firmaron el III Acuerdo de condiciones de trabajo del personal del Instituto Catalán de Salud (ICS), que gestiona el 80% de los ambulatorios y ocho hospitales. El nuevo acuerdo llegó casi un año después de que se rubricara el convenio del Siscat —la sanidad concertada— y debía mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, revirtiendo los recortes de 2010 y el impacto de la pandemia. O al menos eso dijo la Generalitat.

Para gran parte de los sanitarios, este nuevo acuerdo supone un menosprecio porque ratifica la precariedad laboral que sufren desde hace décadas. Consideran que las nuevas condiciones son “injustas” y que, en lugar de solucionar la pérdida adquisitiva de los trabajadores, fomentan la división y las diferencias entre el personal. Es más, acusan al Govern de estar llevando a cabo “recortes encubiertos” con un acuerdo “totalmente discriminatorio” que servirá para que el ICS “pueda ahorrar”. “No es un acuerdo de mejora para los sanitarios, es un acuerdo de ahorro para el ICS, una miseria, unos recortes encubiertos”, sostiene a infoLibre Maribel Ramírez, delegada de CGT y técnica en cuidados auxiliares de enfermería del Hospital de Bellvitge.

Las enfermeras fueron las primeras en decir basta. El pasado 12 de diciembre, el sindicato Enfermeras de Cataluña convocó una huelga indefinida para todas las trabajadoras del sistema público y concertado, así como un seguido de movilizaciones con las que piden la dimisión de Balcells y que han ido cogiendo cada vez más fuerza. La secundan incluso los colegios de enfermería de Cataluña.

“Nuestra profesión está muy menospreciada y maltratada, especialmente el colectivo de comadronas, que son enfermeras especialistas, pero no se las reconoce como tal”, señala a este diario la vicepresidenta del sindicato, Laia Marsal. De acuerdo con esta profesional, tras años de continuos “desprecios”, han llegado al “límite”. “Hace más de una década que somos graduadas y tenemos una titulación académica equivalente a las psicólogas u optometristas. Hemos asumido nuevas competencias y responsabilidades, pero el reconocimiento social, laboral y económico no ha sufrido ningún tipo de evolución positiva”, apuntan desde la organización. Alertan, además, de que la sobrecarga sistémica, que afecta a todos los perfiles profesionales, a menudo se traduce en un aumento del deterioro de la salud mental y física, en absentismo laboral e incluso en el abandono de la profesión.

A ello se agrega el hecho de que es una profesión “muy feminizada en una sociedad totalmente patriarcal y masculinizada”. “Nuestras reivindicaciones se escucharían mucho más si no fuese así”, opina Marsal antes de recordar que, cuando Médicos de Cataluña fue a la huelga a principios de año, el departamento de Salud “rápidamente se sentó con ellos en una mesa unilateral”. 

Y es esa precisamente una de las principales reivindicaciones del sindicato: reunirse con Balcells. Aunque Enfermeras de Cataluña no cuenta con representación sindical en la negociación con el ICS, reclama una mesa de diálogo para tratar de “llegar a puntos de acuerdo y líneas de trabajo conjuntas” o, de lo contrario, amenaza con mantener la huelga indefinida. Sin embargo, el conseller ha rechazado de plano esta propuesta, que relega a su equipo. El lunes hubo una reunión entre el sindicato y la cúpula del departamento y el jueves estaba previsto que se repitiera la cita, pero las enfermeras desistieron al constatar que la intención del Govern "nunca ha sido ni será llegar a un acuerdo". Por eso, han decidido mantener la huelga durante todas las fiestas de Navidad.

Las posiciones se han ido enrocando después de que el viernes de la semana pasada la protesta de enfermeras alcanzara su punto álgido, con una manifestación en la que participaron miles de personas al grito de “basta, basta, basta”. Ese mismo día se produjo también un giro de guion cuando el sindicato mayoritario Satse —firmante del nuevo acuerdo laboral—, que en un primer momento tildó la huelga de “electoralista y precipitada”, emitió un comunicado expresando su “apoyo total” a las enfermeras y asegurando que ya estaba manos a la obra junto al ICS para “corregir los errores”. 

Todo ello ha forzado al Govern a negociar mejoras. Balcells ha acabado admitiendo que el acuerdo del ICS no es “suficiente” y ha pedido al Estado que modifique las categorías de empleados públicos para que las enfermeras puedan pasar del grupo A2 —equivalente a una diplomatura, a pesar de ser graduadas— al A1 —el mismo que los médicos—. Este cambio implicaría mejoras retributivas y es una de las grandes reivindicaciones del sector. 

Asimismo, en un intento de aplacar los ánimos, la consellería ha aireado que el personal de enfermería cobrará alrededor de 5.000 euros anuales más en la atención primaria y unos 2.500 euros en la atención hospitalaria, al margen de los objetivos variables y de especialidad.

Pero la huelga de enfermeras no ha sido la única. Paralelamente, otros sindicatos minoritarios, como CGT, Som Sanitat, Som Intersindical, Intersindical y CATAC-CTS —que sí formó parte de la mesa con la Generalitat pero que se negó a suscribir el acuerdo— se sumaron a las protestas con tres días de paro —el 12, 13 y 20 de diciembre—, ampliando el malestar a otros colectivos profesionales. 

“El acuerdo es un insulto para los trabajadores. Después de 17 años, tras los recortes y con la nueva subida retributiva, estamos cobrando lo mismo que cobrábamos hace 20 años y hemos perdido el 50% del poder adquisitivo”, denuncia Ramírez. “Estuvimos al pie de cañón durante la covid, la gente iba a trabajar sin EPIs, y ¿ésta es la recompensa que obtenemos? Queda mal hablar de dinero, pero llevamos 17 años sin una subida de sueldo y los sanitarios también pagamos alquiler, tenemos hipotecas y vamos al supermercado”, agrega. 

Ramírez denuncia que el acuerdo se firmó “con prisas y sin avisar” y acusa a los sindicatos mayoritarios de “opacidad” por no haber compartido el contenido de las negociaciones con las organizaciones que no tenían lugar en la mesa. “Seguramente, si nos hubieran dicho lo que había, habríamos salido a la calle mucho antes”.

Por otro lado, considera que el nuevo marco servirá para que el ICS “ahorre” porque “impone una bolsa de horas obligatoria” a los trabajadores, lo que podría traducirse en menos contrataciones. Además, advierte, el aumento salarial no es “lineal” para todos los empleados, lo que puede suponer “una estampida de profesionales hacia la concertada y la privada”.

En este contexto, un centenar de directivos de unos cincuenta CAP de Barcelona han amenazado con dimitir a principios del próximo año si no se reconocen las competencias de todos los profesionales de la Atención Primaria. Lo han hecho a través de una carta dirigida a la consellería, en la que consideran que el tercer acuerdo denota “una falta de conocimiento de la dinámica de trabajo en los CAP”. Por ahora, está previsto que responsables del ICS se reúnan con los firmantes para abordar —en palabras de Balcells— la “ansiedad” y el “malestar” manifestado.

Pero el malestar con las políticas sanitarias del Govern de ERC no acaba aquí. Al ejecutivo catalán se le ha abierto un nuevo frente a raíz del anuncio de remodelación de la atención pediátrica. A partir del año que viene, Cataluña dejará de tener un pediatra por cada CAP y estos especialistas se concentrarán en 79 centros territoriales. Esto significa que las familias ya no tendrán pediatra en su barrio, sino que deberán desplazarse a un nuevo punto de atención, ubicado a un máximo de media hora de distancia de cada hogar.

La noticia ha generado profundo malestar entre decenas de entidades sociales, que han exigido al conseller que dé marcha atrás. Consideran que la atención centralizada no garantiza un servicio de calidad, que los profesionales perderán el contacto directo con el entorno de los menores y que muchas familias se verán obligadas a ir al médico fuera de su municipio. También la oposición ha mostrado las uñas y ha cargado contra Salud por este “gran recorte”. 

Los próximos meses dirán si este nuevo modelo realmente es perjudicial, o, por el contrario, es “más efectivo” y “mejora la calidad” del servicio, como defiende el Govern. Lo que a día de hoy es evidente es que la sanidad catalana no goza de su mejor estado de salud.

Una semana después de que se conocieran los desastrosos resultados del informe PISA, Cataluña sigue buscando respuestas que la ayuden a entender por qué ha obtenido las peores notas de su historia. Ya no solo es que el nivel académico se haya desplomado o que sea la comunidad autónoma que más cae, muy por debajo de la media española y de la OCDE. Es que el retroceso del alumnado catalán es tal que equivale a haber perdido un curso entero respecto a las últimas pruebas que se llevaron a cabo.

Frente a este panorama, son muchas las voces que tratan de arrojar luz. 

Mientras el Govern trata de zafarse de la polémica generada por haber atribuido el descalabro a la “sobrerrepresentación” de alumnos migrantes, la derecha se ha apresurado a apuntar en una misma dirección: la inmersión lingüística. Sin embargo, los expertos consultados por infoLibre coinciden en que no existe una relación significativa entre la lengua materna y los resultados académicos, especialmente cuando se equipara la clase social. 

Es más, según el profesor de Pedagogía Internacional de la Universidad de Barcelona, Enric Prat, si la culpa de los malos resultados fuera la lengua de los exámenes, también se hubiera reflejado en los años precedentes. “Este argumento no tiene ningún sentido. Si fuera por el modelo de escuela catalana, en el momento álgido de la inmersión, en los años 2000, no habríamos tenido los mejores resultados”, asegura.

De hecho, el pasado octubre la Generalitat dio a conocer las pruebas de competencias básicas que realizan alumnos de sexto de primaria y cuarto de la ESO y los resultados tampoco revelaron diferencias significativas entre lenguas. Tanto en castellano como en catalán los alumnos del último curso de secundaria obtuvieron las peores notas de la última década.

Si no es una cuestión del modelo de inmersión lingüística, ¿cómo se explica el desplome de Cataluña en el informe PISA? Los especialistas apuntan a un cúmulo de factores, entre los que destacan el cambio en el perfil socioeconómico del alumnado, el incremento de la complejidad en las aulas, una mayor proporción de estudiantes con necesidades especiales, la baja vinculación con los centros o la falta de especialización de los perfiles docentes. Un conjunto de elementos a los que se suma la infrafinanciación del sector, la ausencia de mirada larga y los continuos cambios políticos al frente del departamento de Educación. 

“En general, los resultados se explican por el perfil socioeconómico de los alumnos, que cada vez son más vulnerables”. El diagnóstico lo realizan fuentes del Síndic de Greuges, para quienes el factor de clase social es crucial para comprender por qué Cataluña ha sufrido un retroceso tan pronunciado en los resultados de PISA. De acuerdo con los expertos de esta institución, el perfil del alumnado catalán ha cambiado mucho en los últimos años, más que en otras comunidades, al punto de que se está detectando un 25% de estudiantes vulnerables por curso escolar.

Los últimos datos de Unicef apuntan que la pobreza infantil no para de crecer y ya alcanza a cerca de un tercio de los niños y adolescentes catalanes. Si nos fijamos en el índice social, económico y cultural de PISA, con el que valora el contexto socioeconómico de las familias de los alumnos que participan en las pruebas, también podemos comprobar que Cataluña ha pasado del segundo lugar en 2018 al noveno en 2022, cayendo incluso por debajo del promedio español y de la OCDE.

“Esto va de pobreza infantil y de segregación escolar”. Lo decía hace pocos días la consellera de Educación, Anna Simó, aunque con estas palabras corregía otras, las del secretario de Políticas Educativas, Ignasi Garcia Plata, que había achacado los malos resultados al exceso de estudiantes migrantes. Poco después, un análisis de Esade y Save The Children lo dejaba claro: la pobreza pesa más que el origen en el rendimiento académico. Si un alumno nativo saca una media de 42,6 puntos más que un estudiante migrante en la prueba de matemáticas, cuando se descuenta el factor de clase, la brecha baja hasta el 5,1, es decir, prácticamente desaparece.

Pero tras la interpretación inicial de la consellería se esconde otra realidad: el desconocimiento de la Generalitat sobre la población migrante en las aulas. Tal como explica a este diario el investigador de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona Adrián Zancajo, en Cataluña se considera alumno extranjero aquel que no tiene nacionalidad española, mientras que PISA hace una lectura más amplia y también engloba a los migrantes de segunda generación, esto es, los que tienen padres extranjeros.

“Hasta ahora, hemos tenido una óptica del alumnado migrante muy pensada en el que acaba de llegar, con aulas de acogida y acompañamiento lingüístico. Pero no ha habido políticas específicas para el de segunda generación”, sostiene Zancajo. El investigador explica que los estudiantes con padres extranjeros no suelen tener problemas con la lengua, pero a menudo se sienten “excluidos” del sistema educativo. “Hablan muy bien catalán, pero las expectativas del profesorado son más bajas”, lamenta.

En el Síndic de Greuges también consideran esta baja vinculación del alumnado con los centros un elemento clave para explicar los resultados de PISA. “Es como si los alumnos vieran la escuela como una institución ajena a su realidad y esto puede ayudar a explicar los bajos resultados académicos”, sostienen. “Es muy preocupante porque el sentimiento de pertenencia a los centros está muy vinculado al rendimiento académico y al abandono escolar y tenemos el índice más bajo de toda España”, agrega Zancajo.

Como ejemplo, el profesor Prats cita el reciente modelo de institutos escuela, que se han empezado a implementar en Cataluña —afirma— de forma “tímida”. “En Asturias o Galicia funcionan hace tiempo, pero aquí se han desplegado de forma deplorable, sin un marco normativo y sin profesorado unificado”, detalla. Se trata de centros con un “proyecto educativo unitario” que pretenden evitar el “corte” que sufren los alumnos cuando cambian de escuela entre primaria y secundaria. “Esta discontinuidad tiene muchos efectos a nivel de rendimiento y abandono escolar”, advierte.

A ello se suma el impacto de la segregación. El informe de Esade y Save The Children pone de relieve que en Cataluña se ha disparado la segregación escolar del alumnado de origen migrante respecto a 2018 y ya es la comunidad con la tasa de discriminación más alta. También está entre las autonomías con mayor segregación escolar de alumnos desfavorecidos, sólo superada por la Comunidad de Madrid.

Para combatirlo, en 2019 la Generalitat  impulsó el Pacto contra la Segregación Escolar, que permite distribuir a los alumnos vulnerables de manera equilibrada por la red de centros, también concertados, y evitar así la guetización de determinadas escuelas. Según los datos del Síndic, uno de los principales actores de esta iniciativa, el pacto ha permitido reducir en una cuarta parte los niveles de segregación escolar, pero los resultados aún siguen lejos de lo esperado.

“Los resultados son buenos, pero hasta que tengan un impacto en el aprendizaje pasará un tiempo”, aseguran fuentes de la institución, las cuales defienden que esta estrategia —cuestionada por quienes ven inaceptable seguir financiando a los centros privados para evitar que segreguen— es “positiva en términos de cohesión social”. “El perfil social determina las perspectivas educativas de los alumnos. Compartir aula, grupo y amistades con compañeros con expectativas altas de continuar estudiando lleva a un contagio. En cambio, cuando tenemos entornos muy guetizados, no existe ese contagio de expectativas”, argumentan las mismas fuentes. 

Según Zancajo, la mejora en los índices de segregación está siendo “menos rápida e importante de lo que debería” porque no se está aplicando de manera uniforme en todos los municipios. El investigador atribuye la responsabilidad al Departamento de Educación por dar demasiada manga ancha a los ayuntamientos. “Falta gobernanza y directrices más claras sobre cómo se debe aplicar el decreto”, afirma.

Otro de los factores que los expertos ponen sobre la mesa es el incremento del alumnado con necesidades educativas especiales, una categoría que engloba desde estudiantes vulnerables a alumnos migrantes o con problemas de aprendizaje. Si en 2019 suponían un 6,5% del total, el curso 2022-2023 representan el 21%. No está claro si realmente han aumentado este tipo de perfiles, o bien lo ha hecho el índice de detección. Pero, en cualquier caso, si en algo están de acuerdo expertos y familias es que a los docentes les falta formación para atender esta nueva realidad.

“No es un problema de disposición del profesorado, sino de formación. La que reciben los profesores de secundaria no es suficiente para atender una complejidad creciente en el aula”, opina Zancajo. También en el Síndic de Greuges consideran que el perfil profesional de los centros debería ser más diverso porque se han destinado muchos recursos a incrementar la plantilla de docentes, pero falta personal de apoyo, como trabajadores sociales, educadores sociales o psicopedagogos.

“En los últimos años se han tomado medidas muy lineales de inversión cuando realmente habría que enfocar donde hay más necesidades. Existe un bajo porcentaje de alumnos con rendimiento alto y un porcentaje alto de alumnos con rendimiento bajo. Lo que tiene que hacer el sistema es estimular más la personalización”, indican desde la institución.

Pero todo ello requiere, evidentemente, de recursos. “Venimos de una inversión muy baja, sobre todo en un sistema educativo comprensivo como el nuestro”, recalca Zancajo. Para Prats, la falta de inversión también es una pieza central en este rompecabezas. “Tenemos una escuela inclusiva que no se ha abordado de manera integral ni de manera inclusiva. Ni la vulnerabilidad ni las dificultades de aprendizaje se han resuelto adecuadamente porque no es cuestión de poner más maestros, sino profesionales adecuados, especializados y bajar las ratios. Esto también significa tener instalaciones adecuadas, dejar los barracones y reducir ratios, es decir, invertir recursos”, subraya.

De acuerdo con este profesor, todo ello debe ir acompañado de mirada larga y de decisiones que se mantengan en el tiempo. “Tanto los consellers de Educación como los ministros tienen una duración en el cargo inferior al tiempo que dura una legislatura. Así no se pueden hacer planes. Falta visión de futuro”, asevera. A su juicio, es necesario forjar “un acuerdo firme” que garantice la estabilidad de un mismo modelo educativo al menos durante una década para que los cambios puedan asentarse.

Esta misma semana, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado a los grupos parlamentarios a trabajar para hallar una respuesta conjunta a los sucedido y forjar un nuevo pacto por la educación, pero la oposición no parece haber recibido la propuesta de brazos abiertos. Previamente, la consellera Anna Simó había expuesto su receta para hacer frente al demoledor retroceso educativo: “Volver a lo básico”. En otras palabras: reforzar la lectura, la escritura y las matemáticas, personalizar el aprendizaje y destinar más recursos.

“La reacción del Govern está siendo precipitada. Falta análisis de fondo, tocar más la escuela, atender lo que dice el sector y dejar de lado las ideas preconcebidas”, opina Prats. En el Síndic, son un poco más optimistas y consideran que el revés de PISA puede servir de fuelle: “No hagamos una lectura catastrofista de la situación. Usémosla como revulsivo para hacer políticas más orientadas al éxito educativo del alumnado”. 

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau suma desde este jueves un nuevo carpetazo a su largo historial de denuncias y querellas en los juzgados. Esta vez, contra la que interpuso el fondo de inversión Vauras acusándola de coacciones. La jueza considera que tales amenazas no sólo no existieron, sino que el fondo buscaba sacar rédito del “efecto mediático” por sus discrepancias con la política de vivienda de los comunes. Pero no es el único caso. Con éste, suman ya quince los procesos judiciales en los que se ha visto sumido el anterior equipo de gobierno y que se han acabado archivando. 

Quince causas enarboladas por fondos, empresas, hoteles y rivales políticos, insatisfechos con las decisiones del consistorio que lideraba Colau y que, a lo largo de los últimos años, han tratado de torpedear por la vía judicial algunas de las medidas estrella del anterior ejecutivo municipal: desde vivienda social a la gestión del agua, las zonas de bajas emisiones o la suspensión de relaciones de Barcelona con Tel-Aviv. 

Por ahora, ninguna ha llegado a juicio, pero el desgaste político es evidente. Sin ir más lejos, en el marco de la causa archivada hoy por el juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona, Colau tuvo que declarar como imputada a dos meses de las elecciones municipales del pasado mayo, en las que su candidatura quedó a tan sólo 141 votos del PSC. 

Es precisamente ésta la reivindicación que ha hecho tras tras conocerse la noticia: cuestionar si la investigación y su declaración en los juzgados influyó en el apretado resultado de los comicios. “Esto es el famoso ‘lawfare’ o guerra judicial del que tanto se ha hablado. Al final todo se archiva, pero el daño está hecho (...) ¿Qué habría sucedido sin todos los titulares de ‘lawfare’ y mi imagen yendo a declarar al juzgado en los medios de comunicación?”, ha señalado.

Pero recapitulemos. El caso se remonta a marzo de 2020, cuando fueron desahuciadas seis familias vulnerables que ocupaban el conocido como Bloc Llavors, un inmueble con pisos de protección oficial ubicado en el barrio del Poble-sec de Barcelona que había sido adquirido en 2016 por el fondo de inversión Vauras Investment. El objetivo de la firma era claro: comprar pisos para reformarlos y revenderlos a un precio mayor.

Por ese entonces Vauras se hizo con más de una decena de inmuebles por toda la ciudad, en un conjunto de operaciones que no estuvieron exentas de polémica, como la del edificio de la calle Leiva 37, en el barrio de Sants. Allí el Ayuntamiento acabó haciendo uso de su derecho de tanteo y retracto para evitar que los inquilinos fueran expulsados. 

Además, tal como consta en el Registro Mercantil, desde 2015 Vauras estaba capitaneado por Barcelona Invest Oy, un instrumento creado por la también finlandesa Confido Capital para invertir en la capital catalana en operaciones con “excelente relación rentabilidad-riesgo”. Y en un artículo publicado en su página web explican de manera diáfana su sentir con la “política muy negativa hacia los promotores inmobiliarios” que a su juicio impuso Colau. “Se consideró que el mercado era atractivo porque los valores se habían reducido a la mitad desde el comienzo de la crisis financiera, (...) pero a medida que los problemas políticos se agravaban, la sociedad gestora del fondo dejó de comprar propiedades” porque “no había posibilidad de alcanzar los rendimientos objetivo”. “Los problemas políticos se centraron especialmente en la situación y la política local en Cataluña, donde el alcalde elegido en el momento de la fundación del fondo empezó a aplicar una política muy negativa hacia los promotores inmobiliarios y los operadores hoteleros”, sostiene el fondo.

Tras el desalojo del Bloc Llavors, el Ayuntamiento abrió un proceso sancionador contra la propiedad por incumplir la normativa que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos, que tenían un informe de exclusión residencial.

El fondo reaccionó querellándose contra Colau y los concejales Lucía Martín y Marc Serra por coacciones y prevaricación, pero el juzgado archivó el caso con el beneplácito de la Fiscalía. Un año y medio después y tras un recurso, la Audiencia de Barcelona ordenó que se investigara a la exalcaldesa y a su equipo para esclarecer si los comunes amenazaron a Vauras con no concederles licencias de obras en otros inmuebles si no ofrecían pisos de alquiler social a las familias desahuciadas de la calle Lleida.

Finalmente, Colau tuvo que ir a declarar el pasado marzo en medio de una gran expectación mediática. Fue la segunda vez que lo hizo, después de que el año anterior se presentara en los juzgados por otra causa, aún abierta, relacionada con la adjudicación de subvenciones. Su declaración ocupó titulares, portadas y tertulias. Sin embargo, la conclusión es contundente. 

La magistrada Carmen García considera que el fondo Vauras se querelló contra Colau y su equipo —entre quienes figuraba también la responsable del departamento de disciplina de vivienda e Inspección— por “fines ajenos al del procedimiento penal”, con el solo objetivo de aprovecharse del “efecto mediático que supone involucrar a un partido político en un procedimiento penal” debido a las discrepancias políticas y a sabiendas de que no tuvo ninguna participación en los hechos. La juez entiende que la propiedad emprendió acciones penales contra Colau “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda que propició durante su mandato”.

“Ni hubo presiones ni hubo resoluciones dictadas injustamente”, zanja la magistrada.

Más allá de esta causa, a los comunes de Barcelona les quedan aún otras tres abiertas, en dos de las cuales figura como investigada Colau. La más relevante es la que presentó el exarquitecto jefe del PSC Josep Antoni Acebillo contra la peatonalización de las ‘supermanzanas’. Pero permanecen activas otra más por la adjudicación de subvenciones a entidades como la PAH o Ingeniería Sin Fronteras en las que la Fiscalía no vio delito y una tercera de la inmobiliaria Juninmo por presuntas presiones.

A ello hay que añadir la investigación contra el actual diputado de En Comú Podem y exconcejal de Emergencia Climática de Barcelona Eloi Badia por la contaminación de una planta incineradora de residuos en el Besòs.

Paralelamente, el Bloc Llavors se ha convertido en un símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda en Barcelona, lo que se ha visto reforzado tras otros dos desahucios más. En 2021 la policía desalojó a tres vecinos —uno de los cuales contaba con un informe de vulnerabilidad— con un macrodispositivo que fue muy cuestionado, en parte por la presencia de miembros de la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa. El último desahucio fue el pasado mayo, cuando fueron expulsados dos vecinos que ocupaban uno de los pisos de la finca y pedían un alquiler social.

Cataluña sufre la peor sequía de su historia. Con más de la mitad del territorio afectado, el nivel de los embalses bajo mínimos y seis millones de personas con restricciones de agua, esta comunidad atraviesa el episodio más severo del que se tiene constancia. Hace tres años que llueve por debajo de la media, el doble de tiempo que durante la sequía más dura vivida hasta la fecha, la de los años 2005 a 2008. Para revertir la situación, tendría que llover tanto como para inundar Cataluña medio metro. La crisis hídrica se ensaña, en duración e intensidad, y nada parece indicar que la situación vaya a mejorar a corto plazo. Al menos, si continuamos por el mismo camino. 

Esa es la advertencia que lanzan, cada día con más fuerza, las principales organizaciones ecologistas, muy críticas con la gestión del Govern, que desde la semana pasada mantiene en preemergencia por sequía a más de la mitad del territorio catalán. Esto significa que el consumo de agua queda limitado a 210 litros por persona y día, incluido el uso doméstico y también el de actividades comerciales y económicas. Es decir, el cálculo no solo abarca al gasto de agua en casa, sino también el del trabajo o, por ejemplo, el gimnasio. Esta medida afecta a los 202 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Girona que se abastecen de la cuenca Ter-Llobregat.

Pero eso no es todo. Los recursos hídricos siguen menguando y el estado de las reservas de agua en los embalses de las cuencas internas apenas llegan al 18%, el nivel más bajo registrado nunca. En 2008 se llegó al 21,06% y el mínimo histórico, en 1989, era del 19,1%. En este contexto, las desalinizadoras hace tiempo que funcionan a marchas forzadas, lo que está a punto de repercutir sobre los consumidores: por primera vez en seis años, la factura del agua subirá unos 5 euros en Barcelona y su área metropolitana. Ello a pesar de que, según la OCU, es la región con el agua más cara del Estado. Además, si no caen lluvias abundantes en las próximas semanas y los pantanos siguen vaciándose, la Generalitat se plantea medidas más extremas para garantizar el suministro. La más sonada, llevar en barcos agua del Ebro hasta el puerto de Barcelona, pero ninguna de estas alternativas convence a las organizaciones medioambientales, que han dicho basta.

“La clase política no está a la altura. Todas las actuaciones son para intentar curar de manera bastante precaria las heridas que ya tenemos abiertas”, lamenta en declaraciones a infoLibre el portavoz de Ecologistas en Acción Dídac Navarro. La suya es una de las más de treinta asociaciones que se han unido en un frente común para denunciar la “mala gestión del agua” y la “poca firmeza” del Govern “frente a los intereses económicos y los grandes consumidores”. Forman parte, entre otros, Greenpeace, Agua es Vida, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública o Cáritas.

De acuerdo con Navarro, se podría haber evitado llegar a la situación actual si se hubiera llevado a cabo una correcta gestión de los recursos hídricos. “El problema no es exclusivamente que llueva menos. Es cierto que estamos en sequía, pero también lo es que durante años se ha ofertado agua y se ha utilizado de manera intensiva en la agroindustria, en el turismo y en el urbanismo desenfrenado. Hemos dado agua a cualquiera que quería y ahora no sabemos cómo contener esta demanda desmedida”, asegura.

A su juicio, es necesaria “una nueva cultura del agua” para hacer frente a este “problema estructural”: “Tenemos que replantearnos cuál es el modelo de gestión del agua que queremos. Repensar a quién damos agua y para qué”. Navarro apuesta de esta forma por priorizar los caudales ecológicos que permiten mantener la biodiversidad de los ecosistemas, así como el agua para el saneamiento, la higiene y el consumo humano. A partir de aquí, propone analizar a gran escala a qué tipo de actividades económicas se da preferencia. “Necesitamos producir alimentos, pero hay que ser conscientes de si son para alimentarnos, para alimentar al ganado o para exportar a otros países”, detalla. Lo mismo se aplica, dice, al turismo, cuyo consumo de agua supera con creces el de los vecinos. Por ejemplo, los turistas que se alojan en hoteles de lujo en Barcelona consumen una media de 500 litros de agua por persona y noche, cinco veces más que quienes viven en la ciudad.

Por su parte, el ambientólogo y doctor en Biodiversidad, Andreu Escrivà, se muestra prudente al valorar para este diario la gestión de la sequía por parte del ejecutivo catalán, pero se expresa en una línea similar a la de Navarro al entender que la coyuntura actual es fruto de “un modelo socioeconómico depredador con el territorio”. “Es un modelo intensivo que utiliza muchísima agua y cuya solución no solo depende de haber tomado una medida antes o después”, opina. Para este experto, urge un “cambio estructural” basado en “el decrecimiento del agua”. 

“Tenemos que ser conscientes de que cuanta menos agua utilicemos y necesitemos, mejor. Aún seguimos con la idea de que necesitamos más agua y no sabemos de dónde sacarla, pero hay que verlo de forma más global. Entender que es un recurso escaso y que la disponibilidad será cada vez menor”, argumenta Escrivà. Defiende así que la sociedad pase de una visión basada en “cómo ofertar agua” a otra en que “cada vez se demande menos este recurso”, ya que, al margen de la crisis climática, “el agua forma parte de un modelo depredador, insostenible y que genera desigualdad”.

Por todo ello, el ambientólogo considera complicado valorar la gestión puntual de la sequía, ya que, a su entender, “para hacerlo bien deberíamos cambiar la manera en que consumimos, cultivamos e incluso viajamos”: “No podemos esperar solucionarlo con un chasquido de dedos”. Además, señala que las medidas que habría que tomar para paliar la situación  topan con determinados poderes territoriales. “Siempre ha habido mucho miedo por parte de algunos gobernantes de plantear el valor real del agua porque hay lobbies muy poderosos, como el agrícola o el de la carne”.

También Ecologistas en Acción detecta una “falta de valentía” en la clase política a la hora de tomar “decisiones que no son sencillas y pasan por un cambio de modelo de crecimiento”. “Es arriesgado porque hay muchos sectores económicos con intereses”, insiste su portavoz. Pero Navarro no solo se refiere a los lobbies. También denuncia la falta de severidad del Govern en lo que se refiere a las sanciones. Critica que el ejecutivo de Pere Aragonès esté siendo “demasiado laxo” con los municipios que consumen más agua de la permitida y que tampoco se haya puesto coto a los grandes consumidores que se saltan las restricciones. “Tenemos muchísimas fugas por la gestión mayoritaria del agua privada. Si no penalizamos este tipo de prácticas, tendrán total impunidad”, resalta.

Otra de las cuestiones que los expertos ponen sobre la mesa son las campañas de sensibilización que colocan el foco sobre la ciudadanía. Consideran que es positivo sensibilizar a la población y hacer pedagogía sobre el consumo responsable del agua, pero también creen que a menudo se exagera al trasladar la responsabilidad a las personas de a pie.

“Tenemos un gran problema. Hemos puesto mucho énfasis en la vertiente individual del consumo urbano, pero es el que menos peso tiene”, afirma Escrivà. A grandes rasgos, unas tres cuartas partes del gasto de agua lo produce la agricultura, un 15% los usos industriales y sólo el 10% restante representa el consumo doméstico. Por eso, el ambientólogo cuestiona que se ponga el foco en las “acciones individuales”, una estrategia que a su juicio es contraproducente. “No lo estamos haciendo bien. Si incidimos tanto en estos comportamientos, la gente se acaba hartando y existe el riesgo de que se giren en contra”, apunta antes de añadir que, esta táctica, conlleva “la percepción errónea y absolutamente sesgada de que el consumo de agua principal es el nuestro”.

A pesar de todo, Escrivà se muestra optimista con la actual coyuntura y dice estar convencido de que “nunca es tarde” para tratar de revertir la situación de sequía. “Quizás soy idealista, pero nunca es tarde. No tenemos otro hogar, por lo que nunca estará justificado bajar los brazos, siempre tendremos motivos para esforzarnos”, subraya. Eso sí, advierte que “frenar la degradación” no significa “revertirla”: “El cambio climático no lo podemos revertir, pero hay que tratar de frenarlo lo más rápido posible para ralentizarlo y adaptarnos”. Y es que, tal como dice, “queda mucho más por salvar de lo que hemos perdido”. 

Cuando alguien menciona la palabra “inseguridad”, lo más probable es que acudan a la cabeza imágenes como las del robo de un reloj, la entrada forzada a un domicilio, el atraco a un establecimiento, una agresión o incluso una violación. Si se alude a reforzar la seguridad, la imaginación enseguida vuela hacia los cuerpos policiales, bomberos o de protección civil. Es poco habitual, que al hablar de este asunto surjan conceptos como la falta de vivienda, el mercado laboral o el salario mínimo interprofesional, aunque su impacto sobre la seguridad de la población es tan o más potente que el uso del Código Penal. 

Se trata de una de las principales reflexiones que se desprende de la reciente encuesta sobre convivencia y seguridad publicada por el Instituto Catalán Internacional para la Paz, cuya tesis apuntalan los expertos consultados por infoLibre. De acuerdo con el estudio, más de la mitad de la ciudadanía considera que la seguridad ha empeorado en el último año, tanto en el Estado (51,4%) como a en todo el mundo (72,8%). También un 38,1% siente más inseguridad en su pueblo o ciudad y un 28,2%, en el barrio en el que vive. En cambio, cuando se pregunta sobre el nivel de seguridad personal, la gran mayoría (76%) responde que se ha mantenido estable en los últimos meses. 

De hecho, el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior revela un aumento de los delitos de apenas el 3% en el conjunto del país, un porcentaje que sube al 7% en Cataluña, pero que en ningún caso ha encendido las alarmas de la policía. 

Entonces, si no han aumentado significativamente los delitos, ¿por qué la población percibe un incremento en la inseguridad? La respuesta a esta paradoja es compleja. Según el profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad Pompeu Fabra Jordi Mir, “la gente tiende a pensar que hay más violencia y delincuencia de la que realmente existe”, lo que a su juicio “claramente tiene que ver con la realidad que se construye y no con la que es”. En este sentido, apunta a “la voluntad de determinadas opciones políticas de hacer visibles algunos peligros y presentarse como los que logran resolverlos”. Cita como ejemplo la campaña electoral de las municipales del 28 de mayo, que en buena parte giró alrededor de la delincuencia y el supuesto aumento de la inseguridad en las calles.

“Desde medios de comunicación a partidos políticos o poderes económicos se generan mensajes y se dan noticias muy jugosas que en el fondo no tienen tanta importancia en términos de seguridad”, continúa Mir, para quien este tipo de información contribuye a dejar fuera de debate otros asuntos de peso. “Mientras se habla de robos de relojes en Las Ramblas que valen miles de euros, no hablamos de cuánta gente pierde el trabajo, no puede pagar el alquiler o, teniendo acceso a gas, no podrá encenderlo este invierno por miedo a que se le dispare la factura”, lamenta.

Lo mismo ocurre, dice, con las ocupaciones ilegales de inmuebles. “Durante el período electoral se fueron encadenando noticias de ocupaciones de pisos cuando, en Cataluña y en España, genera más inseguridad la dificultad para acceder a una vivienda que los pisos que están ocupados. Dicho de otro modo, hay mucha más gente que no puede acceder a una vivienda digna que personas a quienes se les ha ocupado una, pero se pone más el foco en una realidad que en otra”, critica.

En este sentido, la encuesta del ICIP revela que casi un cuarto de la población está muy o bastante de acuerdo en que se eche de casa a una persona que no puede pagar el alquiler, el 72% si se trata de una ocupación ilegal. Ello a pesar de que una cuarta parte de la ciudadanía dice tener dificultades para acceder a la vivienda y la sanidad pública —el 44% en el caso de los jóvenes de entre 25 y 34 años— y de que un tercio no puede ni mantener su hogar a una temperatura adecuada ni irse de vacaciones al menos una semana al año. Unos datos que contrastan con otra realidad: de manera mayoritaria, la población dice estar siempre o a menudo dispuesta a ayudar a quien tiene problemas (70%) y se autodefine como conciliadora (89%) y cooperativa (85%).

“Las personas tendemos a tener un buen concepto de nosotros mismos y a pensar que hacemos bien las cosas”, analiza Mir antes de advertir que “expulsar de su hogar a alguien que no puede pagar el alquiler sin ofrecerle ninguna alternativa es violencia estructural” y también genera “inseguridad”. “Las personas no podemos vivir con seguridad si no sabemos si tendremos un lugar donde dormir o unos ingresos para mantener unas condiciones materiales de vida digna”, aclara.

En esta misma línea se expresa el director del ICIP, Kristian Herbolzheimer, para quien “los muy altos niveles de percepción de las personas como conciliadoras, empáticas y con sentimientos positivos hacia los demás seguramente están algo inflados”. La prueba es que, cuando se preguntan cuestiones más concretas, las respuestas chocan. Por ejemplo, el 45% de la gente cree que quien no tiene trabajo es porque no busca suficiente. 

En conjunto, la valoración de la convivencia social sigue una tendencia a la baja: la ciudadanía la puntúa con un 5,6 a nivel estatal y con un 6,4 en su municipio o barrio, la peor nota del último lustro. Además, una de cada cinco personas dice haber tenido miedo de expresar lo que piensa en los últimos dos años y un 25%, de participar en una manifestación.

Para comprender por qué se producen estas aparentes contradicciones, es necesario analizar qué entendemos por “seguridad”. Según Mir, existen dos construcciones distintas. Una, la más popular y extendida, se refiere a “los delitos contra la propiedad y la vida o integridad física”. Pero también existe otra, más amplia, que comprende “todo lo que da seguridad a nuestras vidas”. En palabras del docente, “no sólo tiene que ver con la posibilidad de ser agredido o sufrir un robo, sino con tener acceso a la vivienda, a los suministros básicos o a determinadas condiciones de trabajo”. 

Este segundo significado es precisamente el que mejor se ajusta a las inquietudes de la población, de acuerdo con la encuesta del ICIP. Del estudio se desprende que la ciudadanía prefiere fortalecer las políticas educativas y de formación en valores como herramienta para aumentar su nivel de seguridad antes que endurecer las penas contra quienes cometen delitos. 

“Cuando el debate se enfoca en delincuencia, la gente tiende a responder que quiere condenas más duras y más policía. Pero si se enfoca la seguridad como aquello que realmente preocupa a la gente —la economía, la crisis climática, las condiciones de trabajo, el acceso a bienes y servicios o el machismo, entre otros—, el endurecimiento de las penas pierde mucho peso en relación a otras medidas”, explica Herbolzheimer. Y es que las políticas educativas y la formación en valores son las herramientas que, según la encuesta, se consideran más útiles para reducir la mayoría de preocupaciones y miedos de la ciudadanía. En cambio, el endurecimiento de las penas, el aumento de agentes o la videovigilancia sólo se tienen en consideración para combatir la corrupción, el terrorismo o la delincuencia.

“Esto lanza un claro mensaje a la clase política: el debate sobre seguridad debe ser más amplio y también sus respuestas”, sintetiza Herbolzheimer. Para el director del ICIP, la seguridad se debería entender como una “responsabilidad colectiva” e incluir “un número mayor de actores, como organizaciones sociales, grupos ecologistas, científicos, entidades e incluso escuelas o instituciones”. “Creemos que esto tendría beneficios para el conjunto de la sociedad. Se amplía el abanico, se gana en legitimidad y reconocimiento y se fortalece la convivencia y la confianza”.

También el profesor Mir apuesta por hacer “una reflexión más profunda sobre el concepto de seguridad para incorporar nuevas perspectivas más democráticas que no solo pasen por los delitos”: “Si solo pensamos en violencia, el concepto se vuelve muy restrictivo y punitivista”.

Hace algunos años, en pleno apogeo del procés, el ICIP lanzó una receta para mantener la polarización y la crispación a raya. Los años han pasado y las aguas están ahora más calmadas, pero a cuento de la seguridad la fórmula sigue siendo válida: tratar a las personas con “CURA”. Un juego de palabras que en catalán se traduce por “cuidado” y que remite al acrónimo que describe cómo deberíamos tratar al otro, “con curiosidad, respeto y autocrítica”: “Curiosidad porque, de lo contrario, no hay posibilidad de diálogo y entendimiento, sólo una batalla por imponerse. Respeto a las personas a pesar de la controversia en las ideas y autocrítica porque nadie tiene la verdad absoluta”. 

Tres años después de abandonar la primera línea, allá por 2015, el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu daba la receta para una buena jubilación política: marcharse con un proyecto ilusionante bajo el brazo y sin nostalgia. El primero de los ingredientes lo encontró durante largo tiempo en el sector privado, pero el segundo, en cambio, parece haber vuelto a aflorar ahora, cuando se le ha encomendado la sorpresiva misión de pilotar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez.

Jordi Hereu (Barcelona, 1965) pone fin así a tres años al frente de la operadora de satélites de telecomunicación Hispasat y toma el relevo del canario Héctor Gómez, que aceptó el cargo hace tan sólo nueve meses. Asume, además, una cartera con tradición socialista catalana, que ocupó durante el mandato de Felipe González Joan Majó (1985-1986), y en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente de la Generalitat José Montilla (2004-2006) y, posteriormente, Joan Clos (2006-2008), su predecesor en el Ayuntamiento de Barcelona.

De hecho, fue el salto de Clos a Madrid lo que precipitó en 2006 que Hereu se hiciera con el mando del consistorio barcelonés, donde había aterrizado en 1997 como gerente del distrito de Les Corts para abrazar, más tarde, los asuntos de Seguridad y Movilidad. En 2007 pudo revalidar el cargo y, cuatro años después, salió victorioso de las primeras primarias a las que se sometía un alcaldable socialista en Barcelona. Su perfil se impuso al de Montserrat Tura, pero la buena racha tocó fondo. La derrota sin paliativos en las municipales de 2011 llevó al PSC a perder la hegemonía de una institución que lideraba desde la restauración de la democracia. Si bien Hereu había sido uno de los principales impulsores de las nuevas políticas de movilidad urbana, le pasaron factura proyectos como la construcción del tranvía de la Diagonal y el desgaste de un partido que llevaba 32 años en el poder. El alcalde tuvo que ceder la vara a Xavier Trias (entonces CiU, ahora Junts) sin saber que, más de una década después, el apoyo de la formación que le arrebató la posición sería clave para que pudiera regresar a la arena política.

Durante todos esos años, Hereu acumuló varios cargos orgánicos: secretario de organización entre 2011 y 2008, secretario de Política Municipal entre 2008 y 2011 y miembro del comité Federal del PSOE. Sin embargo, tras la derrota electoral y unos meses en la oposición, dejó su carrera política para adentrarse en el sector privado, convencido de que la fórmula de éxito pasa por las colaboraciones público-privadas. Licenciado en Administración de Empresas y Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) en ESADE, creó la consultora IdenCity Consulting, especializada en políticas urbanas, con la que estuvo viajando por múltiples países, especialmente en Latinoamérica. 

También ha participado en la consultora Fledge Barcelona de Barcelona Plataforma Empresarial, centrada en la internacionalización de empresas, y es consultor en Barcelona Centre Logístic BCL, así como patrono de la Plataforma Fórum Ambiental Barcelona. Entre otros, ha sido miembro del consejo de administración de AENA y del consejo asesor de AGBAR.

En todo este tiempo, nunca ha dejado de militar en el PSC, partido al que se afilió cuando tenía 22 años, empujado por los ideales de Josep Pallach que tanto admiraba. En estos años, ha logrado mantener las buenas relaciones con el partido y también con su actual líder, Salvador Illa. Los lazos vienen de lejos y es que ambos llegaron a trabajar juntos en 2010 cuando el actual dirigente del PSC fue fichado como director de servicios del ayuntamiento que encabezaba Hereu. De hecho, el pasado mayo participó en la campaña electoral de las municipales para apoyar a Jaume Collboni en su carrera a la alcaldía de Barcelona, un gesto que Illa ha sabido apreciar al proponerlo como ministro una vez recuperado el preciado feudo socialista.

Y aunque con este nombramiento Sánchez reconoce el peso del PSC, cuyo apoyo se encuentra disparado —las últimas encuestas lo sitúan como primera fuerza política en Cataluña—, así como su papel clave en las elecciones del 23J, lo cierto es que el partido pierde cuota de poder en el nuevo gobierno. La sorpresa no ha sido menor, dado que las quinielas apuntaban a que, como mínimo, el PSC retendría el mismo número de carteras que hasta ahora. Lo que no se veía venir es que, después del triunfo electoral del pasado julio, crucial para apuntalar la candidatura de Sánchez, los socialistas catalanes vieran mermada la creciente implicación que han tenido en el Gobierno central en los últimos años. Especialmente a las puertas de una legislatura en la que está previsto que entre en vigor la Ley de Amnistía pactada con ERC y Junts.

Con el nuevo organigrama, el PSC gana la cartera de Industria, pero se ve obligado a ceder las de Cultura y Transportes, que estaban en manos de su presidente, Miquel Iceta, y de la exalcaldesa de Gavà Raquel Sánchez, respectivamente. Tampoco tienen la presidencia del Congreso, que ha pasado a la balear Francina Armengol en sustitución de Meritxell Batet, quien renunció a la política el pasado septiembre pese al éxito cosechado en los comicios generales, en los que fue cabeza de cartel. Eso sí, aún está por ver qué ocurre con el denominado “sottogoverno”, el conjunto de altos cargos donde radica gran parte del poder. Hasta la fecha, el PSC tenía a nombres como el de Francesc Vallès al frente de la secretaría de Estado de Comunicación y el de Víctor Francos en la de Deporte, así como figuras de peso en empresas públicas: Mauri Lucena en AENA, Marc Murra en Indra, Antonio Llardén en Enagás o Raül Blanco en Renfe.

Sea como sea, Hereu entra en el Ministerio de Industria en un contexto en el que se pronostica cierto desaceleramiento de la economía española y con el gran reto de gestionar los fondos europeos Next Generation. Entre sus principales misiones está hacer frente al Perte Chip, el Perte Naval, el Perte de Descarbonización o el del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), con la mirada puesta en la planta de baterías de Volkswagen en Sagunto o el hub mediterráneo del coche eléctrico. También estará en sus manos impulsar una nueva ley que regule el sector industrial. Su antecesor en el cargo, Héctor Gómez, se comprometió a aprobar esta norma en el Consejo de Ministros para llevarla al Congreso de los Diputados, pero el adelanto electoral y la disolución de las Cortes frustraron estos planes.

Cuando se convirtió en alcalde, Hereu prometió “proximidad y diálogo”, “escuchar antes de decidir”. Han pasado casi dos décadas de esas declaraciones y el encargo ahora es mucho mayor. Habrá que ver si, lejos del consistorio y en su nuevo despacho de ministro, reedita esta máxima.

Dicen los más acérrimos detractores de la amnistía que revienta el marco constitucional. Advierten que, tras su pacto con los nacionalistas, el gobierno de Pedro Sánchez aboca el país a una nueva dictadura. Lo repiten y corean a diario, desde hace casi dos semanas, a las puertas de la sede del PSOE. Pero no son los únicos. Al otro lado del tablero, la norma también levanta ampollas, aunque los motivos sean muy distintos y las consignas estén a años luz.

Los independentistas contrarios a la amnistía esgrimen también la Carta Magna, pero con una lectura opuesta. Consideran que el texto apuntala la Constitución, los aleja aún más de sus aspiraciones soberanistas y supone un “punto final” para el conflicto catalán. Se trata de un conjunto de voces, entre las que figuran partidos y entidades, plataformas y personalidades que llevan tiempo mostrando sus reticencias con el camino que ha emprendido el grueso del independentismo, favorable a la amnistía. Unas críticas que se han intensificado con el paso de los días y que resuenan ahora, ya en pleno debate de investidura. 

Una de esas voces es la Asamblea Nacional Catalana (ANC). La entidad que preside Dolors Feliu considera demasiado alto el precio que han pagado los partidos independentistas a cambio de la amnistía: “dar la presidencia a un gobierno liderado por un PSOE que aprobó el 155 para aniquilar el autogobierno catalán y renunciar a la vía unilateral”. Según fuentes de la organización, este proyecto de ley no resuelve el conflicto político, sino que cierra en falso una etapa. Y lo hace sin ninguna garantía de que los socialistas acaben accediendo a “la autodeterminación y el referéndum”. “Una vez investido Sánchez, los independentistas no tendrán muchas armas. Dejar en manos del PSOE una resolución del conflicto significa perpetuarlo y postergar sine die su resolución. Más que un acuerdo es una rendición”, denuncian.

La ANC también teme que la amnistía aplaque la movilización independentista y sea utilizada por el Gobierno como “una muestra de benevolencia y de apaciguamiento” tanto a nivel interno como de cara a Europa. Cabe recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitió a trámite los recursos contra los nueve condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia del procés —entre los que se encuentra el expresidente de la ANC Jordi Sánchez— y dio de plazo a España hasta el 12 de enero para que presentara sus alegaciones. “Es muy posible que la amnistía desarticule estas demandas”, alerta la entidad.

Y aunque lamentan que el texto no abarque a todas las personas procesadas en el marco del procés ni frene la “persecución futura” en eventuales acciones o protestas independentistas, las mismas fuentes admiten que no pueden “cerrarse en banda” y celebran que la norma vaya a beneficiar a cientos de encausados.

Regreso al autonomismo

Desde la CUP tampoco están satisfechos con los acuerdos alcanzados entre Junts y ERC con el PSOE, que consideran “un pacto de rendición”. Acusan así a estas formaciones de haber traicionado los compromisos alcanzados en el Parlament en aras de sus intereses: “El redactado demuestra que las prisas y las necesidades partidistas se han puesto por delante de los derechos colectivos”. Los anticapitalistas consideran que el partido de Oriol Junqueras y el de Carles Puigdemont “han abandonado la vía de la independencia y se han situado de nuevo en posiciones autonomistas que son un tope para los derechos nacionales y sociales” porque el texto negociado “borra completamente la autodeterminación del mapa” y “nada tiene que ver con un pacto para avanzar en la resolución democrática del conflicto”.

"No sólo no se vincula la amnistía al derecho de autodeterminación, sino que se refuerza el marco constitucional y las instituciones que niegan este derecho”, recalcan desde la CUP, molestos aún con ERC y Junts por haberse desvinculado de una propuesta que presentaron la semana pasada para impulsar un nuevo referéndum de independencia en Cataluña.

En esta misma línea se sitúa el colectivo jurídico Alerta Solidària que coordina, entre otros, la defensa de los CDR acusados de terrorismo. Así como la CUP, también esta organización critica algunas “ambigüedades” del texto, como el interrogante sobre si estos activistas podrán acogerse a la amnistía. “Desgraciadamente, estas incertidumbres serán resueltas por los jueces, pero nosotros batallaremos todos los casos”, resalta en declaraciones a infoLibre su portavoz, Martí Majoral.

Alerta Solidària también denuncia que la ley de amnistía “escenifica una política de retorno al autonomismo” y trata de “enterrar un conflicto no resuelto”, lo que dicen que se hará evidente en futuras movilizaciones. “El problema es qué pasará cuando en la próxima manifestación haya detenidos o alguien quiera desobedecer. ¿O es que por el hecho de que dos o tres partidos hayan acordado un pacto de legislatura el resto estamos obligados a dejar de lado la reivindicación de la independencia? Eso no pasará. La ley de amnistía cubre un amplio período de tiempo, pero acaba el 13 de noviembre de 2023 y hoy o mañana, si hay nuevas protestas, puede haber nuevas detenciones”, argumenta Majoral.

Una “humillación” sin contrapartida

Precisamente este argumento es uno de los principales caballos de batalla del exdiputado de Junts y exvicepresidente del Parlament Josep Costa, que se considera “perjudicado” por esta ley. En declaraciones a infoLibre, Costa sostiene que sus procesos judiciales son parte de su “lucha por la independencia” y que la nueva norma amenaza sus intereses. “Tengo causas penales que he tomado la decisión consciente de asumir y he llevado a Estrasburgo para lograr la derrota de España, causas que podrían perder su objeto o ser desestimadas por culpa de la ley de amnistía. Si eso pasa, lo consideraré un grave retroceso”, asegura. Se refiere, entre otros, a la demanda por vulneración de derechos fundamentales que presentó a raíz de la causa por desobediencia contra los miembros independentistas de la Mesa del Parlament que presidió Roger Torrent y de la que fueron finalmente absueltos.

Costa considera además “políticamente indefendible” que los independentistas hayan “acatado el marco constitucional para ser perdonados”, cuando —afirma— la amnistía no implica el “abandono de la vía represiva”: “La valoración política debe ser negativa. Es una humillación, una ley de punto final, un lavado de cara para el Estado que quiere poner fin a la situación. Sólo existe la posibilidad de que la represión se minimice en la medida en que el independentismo institucional acata el marco constitucional y renuncia a la unilateralidad”.

Por todo ello, vaticina que la amnistía “acabará de desactivar cualquier confrontación” con el Estado. “Ya no habrá una disidencia institucional respecto de la política de acatamiento, como con los indultos, que sólo apoyaba ERC. En el pacto de la amnistía, que en la práctica es consolidar el régimen, participa todo el independentismo institucional”, insiste.

Junto a Costa, la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí es otra de las figuras de peso del independentismo que ha criticado con más dureza el pacto con el PSOE. De hecho, Ponsatí, que fue consellera del Govern de Carles Puigdemont y se marchó de España en 2017, siempre ha sido un verso libre, pero su distanciamiento con la cúpula del partido se ha hecho más evidente en los últimos meses, especialmente después de que cuestionara abiertamente la estrategia del expresident. Los dardos han vuelto ahora en un reciente artículo publicado en el digital “Vilaweb” bajo el título “Final de trayecto”. En él, Ponsatí también tacha el acuerdo por la amnistía de “humillación” y arremete contra el líder de Junts por “menospreciar” a quienes han estado de su lado: “Que el primer presidente de Cataluña que nos había dicho que no quería saber nada de España pacte para hacer presidente de España al líder de este PSOE es un menosprecio a la gente que ha confiado y lo ha protegido”.

Para Ponsatí, el resultado de la negociación con el Ejecutivo es “un acuerdo sin otro contenido que la promesa de amnistía”, una medida que, a su modo de ver, se traducirá en “la amnistía que permita tener tantos políticos controlados como sea imaginable”. “El precio ha sido renunciar a la vez a la autodeterminación y a las políticas que el país necesita”, censura.

Los díscolos de ERC

Pero tampoco ERC puede alardear de tener una posición monolítica. El Colectivo Primer d’Octubre, integrado por militantes de Esquerra, ha sido muy beligerante en los últimos meses y, una vez conocido el texto de la amnistía, ratifica los reproches vertidos hasta la fecha contra la dirección de su partido.

“Todo el camino es erróneo. Partimos de una mala decisión que nos está llevando a sitios que tampoco son buenos”, recalca a este diario el portavoz del colectivo, Xavier Martínez. “No votamos para esto, sino para que prevaleciera el derecho a la autodeterminación”, continúa. Una de sus mayores preocupaciones, como apuntaba la ANC, es que la amnistía impida una eventual condena al Estado por parte de los tribunales europeos, lo que a su juicio supondría una derrota sin paliativos. “Hay gente que ha sufrido mucho por el camino”, insiste antes de reprochar la actitud de los políticos que “debían llevar a Cataluña a la independencia” y que, “por incapacidad, falta de voluntad o porque están reprimidos”, han tomado la dirección contraria.

“Faltan líderes que tengan las estrategias apropiadas. El malestar sigue en la calle y tarde o temprano aflorará. Ya veremos cuando lleguen las elecciones”, concluye.