Los pisos turísticos, una brecha difícil de tapar en la Ley de Vivienda: “Hay que revocar licencias”

Se podría haber hecho y no se quiso. Es la tesis que mantienen las fuerzas a la izquierda del PSOE, así como las entidades que luchan por el derecho a la vivienda. Dejar en el tintero la regulación de los pisos turísticos y desaprovechar la oportunidad de hacerlo con la Ley de Vivienda, aprobada el jueves pasado, con los votos de las fuerzas de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, además de ERC y EH Bildu, entre otros, deja a algunos un sabor agridulce y a otros más varias incertezas. “La norma tiene muchos agujeros”, acusa Jordi Estivill, de la CUP, formación que votó en contra del texto.

“Es una oportunidad perdida”, lamenta Enric Aragonès, portavoz del Sindicat de Llogateres. “Ahora pedimos que se haga desde las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, sigue. De hecho, son estas dos administraciones quienes formalmente tienen las competencias en materia de vivienda. La falta de regulación, avisa, puede suponer un auténtico desastre. Incluso ciudades en las que está limitada la expansión de nuevos pisos turísticos, como Barcelona, no hay suficiente, considera. “Es insostenible, hace falta reducirlas y revocar licencias. Estamos convencidos que hay maneras para hacerlo”, exige.

Unidas Podemos intentó elaborar junto al PNV una enmienda transaccional a la ley que impulsó la misma formación desde el Gobierno, junto a los socialistas, para topar los apartamentos turísticos. En concreto, proponían que en zonas tensionadas, como Barcelona, Málaga, Donostia o Cádiz, que son lugares en los que la gente tiene que hacer un sobreesfuerzo para poder pagar la vivienda, no hubiera un número de plazas superior al 2% de los habitantes de ese municipio o distrito. Finalmente no salió adelante.

“El acuerdo de coalición habla de regular los alquileres turísticos”, recuerdan fuentes de Unidas Podemos. En concreto, el pacto entre morados y socialistas estipula que “se impulsarán reformas normativas que permitan que las comunidades de propietarios puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio”. De todos modos, nada hace prever que se cumpla el compromiso alcanzado entre ambas partes, puesto que la legislatura se agotará en diciembre y el margen para elaborar un texto y someterlo a la tramitación parlamentaria es estrecho.

Donde vivían familias ahora hay 120 pisos turísticos

La semana pasada la Inmobiliaria Gallardo, que se vincula a Susana Gallardo, pareja del exprimer ministro francés y exconcejal en Barcelona Manuel Valls, logró una victoria judicial que le permitió conseguir, de golpe, 120 licencias para transformar pisos en los que hasta ahora vivían familias en viviendas de uso turístico. Todo a pesar de que en la capital catalana hay una norma restrictiva en este ámbito, tras experimentar un auténtico boom en los últimos años.

En menos de una década, de 2005 a 2014, Barcelona pasó de tener 81 a tener 9.606 licencias. La Generalitat en 2012 aprobó un decreto que frenó en seco la proliferación de este tipo de viviendas y en 2017 el Ayuntamiento elaboró el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que, entre otros, fijó por objetivo una reducción del número de permisos concedidos en buena parte de la ciudad. Sin embargo, la inmobiliaria en cuestión se valió de un resquicio legal en 2019 para torcer el brazo a la normativa.

El Ayuntamiento se encuentra en fuera de juego. “Lamentamos mucho esta situación, estamos analizando jurídicamente qué podemos hacer, y exigimos los cambios normativos que nos habiliten a actuar de forma rápida, para evitar casos como este y nuevos que puedan ocurrir”, lamentó públicamente Janet Sanz, teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad de Barcelona. De hecho, ha reconocido que el propio Ayuntamiento desconoce si en las próximas semanas habrá más casos como el de ahora.

“Lo mínimo sería un poco de autocrítica de la administración”, reprocha Estivill, número dos en estas elecciones municipales de Barcelona por la formación anticapitalista. “Si un propietario plantea una demanda de licencia del Ayuntamiento, este lo debería saber, es un poco extraño que no sea así”, insiste.

En la capital catalana hay 9.397 viviendas de uso turístico, según los últimos datos disponibles. Ahora, sin embargo, habrá que sumar las 120 de la inmobiliaria Gallardo. “Pediremos una reunión con el Govern, les habíamos hecho una propuesta, que era la posibilidad de revocar licencias, y no la han tirado adelante. No puede ser que una licencia, que en Barcelona se puede conseguir por 200 euros, perdure para toda la vida y no haya capacidad normativa para retirarla cuando genera molestias o atenta al derecho a la vivienda. En este [último] caso hemos visto vecinos de nuestra ciudad que residían de forma habitual y ahora tienen que dejar su piso”, dijo Sanz.

Los pisos de alquiler temporal, “desregulados y sin datos oficiales”

Otro tema aparte son los pisos de alquiler temporal, que son aquellos que tienen una duración inferior a 12 meses. Desde el Sindicat de Llogateres acusan a la Generalitat de falta de voluntad por regular una tipología de contratos que, aseguran, en muchas ocasiones son fraudulentos. “Desde la pandemia, y especialmente en el último año, vemos que cada vez hay más arrendadores e inmobiliarias que desvían el alquiler habitual al alquiler de temporada; usan un vacío [legal]”, denuncia Aragonès. “Está profundamente desregulado. No existen datos oficiales, ni de contratos, ni de precios, ni tienen una licencia, como sí la tienen los turísticos”, añade.

El quinto párrafo: Ley de vivienda, ¿un cambio de paradigma?

Ver más

El Congreso aprobó, junto con la ley de vivienda, la creación de un grupo de trabajo para abordar la situación de los contratos de arrendamiento de temporada, con el objetivo de poner coto a esta modalidad y evitar usos indiscriminados.

“Puede que haya un desvío continuo de viviendas hacia un uso que no sea de residencia habitual. Y luego escucharemos que ha bajado la oferta, pero lo que pasa es que hay una parte del mercado secuestrado, porque entre pisos turísticos, de temporada y vacíos tenemos una gran cantidad de viviendas que no están destinadas a que viva la gente”, lamenta el portavoz del Sindicat de Llogateres. Con todo, para evitar un fraude, esta organización pide que si un propietario encadena contratos de temporada con un mismo inquilino la ley lo obligue a hacer un contrato usual, de cinco o siete años de duración, en función de si la propiedad es una persona física o jurídica.

Una vez el Congreso de los Diputados no ha legislado ni los pisos turísticos ni los de temporada, otras instituciones, como el Ayuntamiento de Barcelona, y entidades por el derecho a la vivienda, además de partidos políticos, esperan que sean otras instancias, como la Generalitat o el Parlament, quienes se echen manos a la obra con ello.