Soy gorda. Estoy casada con una mujer y queremos ser madres. Quiero ser madre, quiero gestar y parir a una criatura. Acudimos a la Sanidad Pública para ello. Tengo sobrepeso y un trastorno de conducta alimentaria por el que estuve ingresada durante un tiempo largo después de ser Secretaria de Estado de Igualdad, después de haber recibido una violencia política muy concreta y muy sostenida que tenía como objetivo principal mi cuerpo, y casi no lo cuento. El primer médico que nos atendió en el centro de salud dijo que era mejor que él no fuera mi médico, que era demasiado todo (¿demasiado yo? ¿Demasiado grande, demasiado lesbiana? ¿Demasiada Pam?)  Y qué hago, pensé, ¿me mato? Ya estuve ahí. Y soy lesbiana y quiero ser madre pero soy gorda y cuando llegué a la consulta del hospital en la que sí me quisieron atender para iniciar el proceso de fertilidad lo primero que me plantearon fue que sin bajar de peso no podría acceder a ese derecho. Me propusieron que adelgazara, que corrigiera el cuerpo antes de que el cuerpo pudiera hacer lo que había ido a pedir que le ayudaran a hacer. Dije que era mi derecho, blabla, bulimia, blaba, ansiedad. Me plantearon que ahora había unas inyecciones muy buenas con las que no me costaría tanto hacerlo, corregir mi cuerpo, y así poder ser madre, con ese mismo cuerpo gordo-delgado-gordo-bulímico-insultado-gordo y, quizás sí, delgado, parturiento y amamantador. Todo un cuerpo para ser madre, fantaseo con humor sobre la idea de decirle a une future hije: cariño, no te comas la galleta, anda. Y aun así quería ser madre. Sentí con tanta intensidad la rabia, el deseo y la ajeneidad por mi propio cuerpo que me pregunté –y es la pregunta que articula todo lo que viene después– qué ha cambiado en los últimos años para llegar a esta situación, qué lógica hace que una institución pública le diga a una mujer con un trastorno de conducta alimentaria diagnosticado y sin ningún problema de fertilidad que la solución a su deseo de ser madre pasa por un fármaco para adelgazar, qué clase de sistema produce esa respuesta y la normaliza hasta el punto de que nadie en esa consulta pareció encontrarla problemática, casi ni yo misma. 

No es que ahora haya más gordofobia que antes, de hecho ésta lleva décadas operando sobre los cuerpos de las mujeres con una precisión que el lenguaje de la violencia estética no termina de capturar. Llamar violencia estética a lo que le ocurre a los cuerpos gordos es describir el síntoma y perder la causa, es quedarse en la superficie de un sistema que no opera principalmente sobre el deseo o sobre la belleza sino sobre la producción, sobre qué cuerpos pueden entrar en el circuito económico y social y reproductivo y cuáles quedan fuera, no por razones de gusto sino por razones de estructura.  El giro al que estamos asistiendo pasa por comprender que la gordofobia no consiste en que los cuerpos gordos gusten menos, sino que es un dispositivo cultural y social pero también tecnológico y económico que ordena el mundo, de tal modo que lo gordo vale menos, los cuerpos gordos valen menos ya que producen menos, acceden a menos, y el sistema ha encontrado formas cada vez más sofisticadas de administrar esa devaluación sin tener que declararla, en el mejor de los casos, como la opción saludable y, desde luego, nunca como política. 

Durante mucho tiempo se prometió que en el capitalismo todo se volvería inestable, que las formas sólidas se disolverían en el aire, que ninguna jerarquía sería permanente, y era una promesa que funcionaba también como advertencia: nada dura, nada resiste, todo puede cambiar. Hay algo, sin embargo, que no se ha vuelto líquido por más que los cantos de sirena del body positive nos pudieran haber confundido, y que, al contrario, se ha estrechado, que se ha vuelto más rígido y más exigente a medida que todo lo demás prometía flexibilizarse. El cuerpo. Y no todos los cuerpos, solo aquellos que pueden permitirse existir, al menos aparentemente, sin ser corregidos, es decir, empequeñecidos. Todo está empequeñeciendo a nuestro alrededor. La delgadez ya no organiza únicamente el deseo, sino que condiciona la existencia misma, y en ese desplazamiento —de ideal a condición de posibilidad— está todo el problema, porque lo que antes era una aspiración ahora se ha convertido en un umbral, en una línea que determina qué cuerpos pueden circular sin fricción en los mundos digitales que hoy habitamos y nos enriquecen y empobrecen; y a consecuencia de ello, cuáles son creíbles,  empleables, visibles y, por tanto, cuáles pueden producir valor. El giro de la delgadez ha hecho que hoy lo humano ya casi equivalga a lo delgado. 

El neoliberalismo produjo un desplazamiento que todavía estamos procesando, que tiene que ver con la fusión entre la persona trabajadora y su fuerza de trabajo, es decir, entre la persona y el producto que ofrece, de manera que el sujeto ya no tiene capital humano sino que es el sujeto mismo el capital humano, y su cuerpo, su imagen, su presencia, su manera de ocupar el espacio, muy particularmente el espacio digital, son parte del activo que pone en circulación cada vez que entra en el mercado, lo cual convierte todo lo que le ocurra al cuerpo en algo constitutivo del valor que produce, no en algo accesorio o privado o separable de su rendimiento económico.

La delgadez es, entonces, capital, pero no en el sentido en que solemos pensarlo, no como un atributo que suma puntos dentro de un sistema que ya te ha aceptado, sino como una condición que habilita la entrada al circuito, un umbral que hay que cruzar antes de que cualquier otra cualidad cuente o no. Durante décadas funcionó como capital erótico —ser deseable— y como capital social —ser aceptable—, pero hoy ha mutado y se ha vuelto económico, algorítmico y técnico, de manera que el cuerpo delgado no solo gusta más sino que rinde más, que se integra mejor en los flujos de producción contemporáneos, que ya no pasan por la fábrica sino por la visibilidad y la atención, y en los que lo que se extrae ya no es fuerza de trabajo sino forma, presencia y legibilidad. Como el Face ID de tu teléfono, si no eres delgada, el nuevo mercado de valores ni te reconoce la cara. 

Ya no solo vivimos en una economía de cuerpos alienados sino en una economía de cuerpos producidos. La fábrica disciplinaba el cuerpo para hacerlo útil, hoy el mercado lo interviene para hacerlo legible, para que pueda literalmente entrar en el circuito no como trabajador sino como producto, como unidad que se ajusta, que se optimiza, que se corrige cuando se desvía del estándar. En este contexto, la aparición de fármacos como el Ozempic no ha liberado a nadie del ideal de la delgadez sino que lo ha convertido en una tecnología de producción corporal, en una técnica que administra lo que antes se exigía, y conviene detenerse aquí porque lo que ha ocurrido es estructuralmente distinto a lo que ocurrió con la cultura de la dieta o el ejercicio, que, por más violentos que fueran, seguían operando sobre la voluntad, sobre la disciplina, la constancia, la renuncia, y eran en ese sentido tecnologías morales disfrazadas de tecnologías corporales, mientras que el fármaco liquida esa ficción porque no pide voluntad sino prescripción y capacidad de pago, y el cuerpo correcto ya no se construye sino que se compra. El privilegio de la delgadez es el nuevo privilegio de clase. 

Esto tiene una consecuencia que apenas estamos empezando a ver, que tiene relación con un desplazamiento del estigma de lo gordo. Si antes la gordura podía leerse como fracaso moral, como falta de disciplina o de voluntad o de cuidado, ahora se lee cada vez más como fracaso económico, como no haber podido, no haber tenido acceso, no haber llegado a tiempo, de manera que la estigmatización no desaparece sino que muta y ya no te señala como débil sino como pobre, y en una sociedad que lleva décadas confundiendo ambas cosas, el efecto práctico es exactamente el mismo. A esto se añade que la delgadez farmacológica produce una nueva opacidad, porque el cuerpo intervenido borra sus huellas —no hay cicatriz, no hay operación visible, no hay dieta reconocible—, la transformación es química y silenciosa y atribuible a cualquier causa, y lo que permanece es solo el resultado: el cuerpo correcto, presentado como siempre como algo natural, como algo que simplemente se tiene o no se tiene, nunca como algo que se ha comprado.

Y ahí aparece una forma de desigualdad que el sistema se niega a reconocer como tal, porque no todos los cuerpos tienen el mismo acceso a esa intervención, no todos pueden producirse de la manera adecuada en el tiempo correcto y sin dejar rastro, y el capital corporal funciona en este sentido como cualquier otro capital, es decir, cuanto más se aproxima un cuerpo al estándar más valor genera, cuanto más se aleja más se devalúa, no simbólicamente sino materialmente, en oportunidades, en salario, en credibilidad, en acceso a derechos, de manera que más gordo no es una descripción física sino una posición en una jerarquía económica, y esa posición no refleja lo que el cuerpo produce sino lo que el sistema está dispuesto a reconocer como producción válida.

En esto consiste exactamente el privilegio de la delgadez, en no tener que demostrar que tu cuerpo es funcional, no tener que cruzar ese umbral antes de que cualquier otra cosa que hagas o digas o produzcas pueda ser tomada en serio. Y en una realidad mediada por algoritmos esta lógica se intensifica de forma dramática y exponencial, porque los cuerpos no solo son vistos sino que para producir ese valor son también filtrados, clasificados, ordenados, y los que encajan, circulan, mientras los que no, quedan fuera del campo de visión, de manera que, y por decirlo de forma explícita e instagrameable,  el alcance orgánico de una publicación con un cuerpo no normativo es sistemáticamente menor. Y no es que las plataformas censuren sino que simplemente no amplifican ni muestran, lo que equivale a no existir en una economía de la atención a la imagen. Es decir, que si eres gorda, ganar dinero en una economía que algoritmiza la delgadez y cancela su contrario va a resultar inevitablemente más difícil. Lo que, por cierto, te hará más pobre y por tanto aún más gorda. La delgadez es la nueva bitcoin. 

Si el algoritmo es indispensable para comprender este giro, la lectura de género es el otro núcleo fundamental de este análisis, ya que es sobre los cuerpos feminizados donde esta lógica se vuelve más exigente y más precisa y más violenta. El cuerpo feminizado no enfrenta el mismo umbral de capital corporal que el cuerpo masculino sino uno más estrecho y vigilado, con menos margen de error. Un hombre con un cuerpo no normativo puede compensarlo con autoridad o con dinero o con posición, pensemos en Trump como paradigma de todo ello y cómo irónicamente ha sido el primer gobernante que, siendo gordo, ha pretendido prohibir la entrada a un país a las personas gordas. Sin embargo, los estudios sobre percepción de liderazgo documentan que el exceso de peso es penalizado de forma significativamente más severa en mujeres que en hombres en contextos de evaluación profesional, y la gordura masculina puede leerse como descuido o incluso como poder según el contexto, pero la gordura femenina casi nunca se lee como poder, sino más bien como una señal de que algo en ese cuerpo no funciona como debería. A esto se añade la temporalidad específica del cuerpo feminizado, que no solo tiene que ser correcto sino que tiene que serlo en el momento adecuado, porque la maternidad, la menopausia, el envejecimiento son procesos que el mercado lee como deterioro del capital corporal, y en ese contexto el Ozempic llega no como herramienta de salud pública sino como solución de mantenimiento para cuerpos que el tiempo va apartando del estándar, de manera que la intervención farmacológica se convierte en una forma de pagar la deuda de envejecer en un cuerpo que se sigue leyendo como femenino. Y hay una capa más, que tiene que ver con que las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres trans enfrentan umbrales adicionales que se superponen y se multiplican, porque el capital corporal no opera en una sola dimensión sino que es interseccional en su estructura aunque el mercado lo presente como universal, y el estándar que habilita no tiene el mismo coste para todos los cuerpos que se alejan de él.

Quizás el engaño más cutre en todo esto es que el privilegio de la delgadez aparecerá en tu pantalla en cualquier declinación posible del podemos ser quienes queramos ser. Lo que esconde toda esa semántica de la autoliberación es que solo es válida a veces, que solo algunos cuerpos pueden permitirse no optimizarse, y la pregunta entonces no es qué cuerpos son más bellos, ni siquiera qué cuerpos son más sanos, sino qué cuerpos pueden existir sin ser producidos, qué significaría un cuerpo que no funcione como capital, un cuerpo que come sin calcular y ocupa espacio sin pedir permiso y envejece sin corregirse y existe sin justificarse, un cuerpo que no tenga que ajustarse para circular ni reducirse para ser leído ni intervenirse para ser aceptado, un cuerpo que hemos aprendido a llamar inútil para el mercado y que por eso mismo, quizá, es el único desde el que puede empezar algo distinto, no producir mejores cuerpos sino hacerlos ingobernables. Las preguntas endemoniadas que nos quedan son: ¿Cuánto pesaría ese cuerpo que al neoliberalismo ya no le resulta rentable? ¿Se puede ser libre hoy teniendo un cuerpo? 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

La primera vez que recibí una amenaza de muerte me dio vergüenza. Supongo que no ayudó que el policía nacional que se sentaba en mi despacho para decidir si necesitaba escolta o no se quedase en absoluto silencio mientras me daba un ataque de ansiedad. Era Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, a la izquierda no le iba del todo mal y la ofensiva contra el feminismo aún no gobernaba el mundo. Después de aquel mensaje, y tantos otros a tantas otras mujeres, vinieron muchos otros más y el antifeminismo ha terminado comenzando guerras que amenazan directamente al futuro de la humanidad. La situación es tan grave que ya no solo llega con contar que sufrimos amenazas de muerte, sino que urge preguntarnos en qué momento a la sociedad de nuestro país esto le empezó a dar igual. 

Aquel mensaje no tuvo que ver con un argumento, ni con una crítica política. No respondía tampoco a las leyes que aprobamos o la forma que teníamos de ocupar el espacio público. Aquellos mensajes fueron advertencias, balizas que se iluminaron en rojo para señalar que algo no terminaba de ir del todo bien. Entonces aún podía pensarse que ese tipo de violencia pertenecía a los márgenes, a los extremos ruidosos de internet o a la furia de unos pocos. Hubo incluso quien sostuvo en animadas charlas y tertulias madrileñas que aquellos mensajes tenían que ver con el comportamiento que las feministas teníamos. El antifeminismo existía, pero no gobernaba el mundo. Hoy esa certeza es más difícil de sostener.

Esta semana, España ha vuelto a enfrentarse a una secuencia de noticias que algunos preferirán leer por separado pero que juntas no ofrecen lugar a la interpretación. Después de conocer nuevos casos de agresiones sexuales por parte de políticos y policías, después de que dos hombres fueran detenidos por amenazar de muerte a Ione Belarra; seguido todo ello de las denuncias públicas de amenazas y hostigamiento hechas por Irene Montero, Rita Maestre, Tesh Sidi, Laura Arroyo o Sarah Santaolalla; después de todo ello, conocíamos un nuevo asesinato machista en Barbastro y días antes, tres mujeres asesinadas en Miranda de Ebro por un agresor reincidente, que vienen a sumarse a un histórico de feminicidios que amenazan con hacer del 2026 un año históricamente violento. Y después, después de todo ello y como cifra de todo lo anterior, el juicio celebrado contra Cristina Fallarás por publicar el testimonio anónimo de una mujer que relataba una agresión sexual. Después de la violencia, la violencia por contar la violencia. 

Cada uno de estos episodios y todos los otros que no caben en un texto como este tienen su contexto y sus dolores, y con todas y cada una de las mujeres que sufren ese miedo y ese dolor me quiero solidarizar. Hacer política o periodismo, ser madres, amigas, hijas, novias; vivir nuestras vidas como nos dé la puñetera gana y  ser amenazadas o asesinadas por ello no puede ser lo normal. Sin embargo, todas estas historias juntas dibujan algo que ya no puede explicarse como una simple coincidencia o un sumatorio de casos. Negar la existencia de violencia estructural contra las mujeres, presentar el feminismo como una amenaza ideológica y convertir a mujeres feministas que denuncian lo anterior en objetivos de hostilidad pública no son fenómenos separados. Forman parte de la misma ofensiva antifeminista. Una ofensiva que no surge de la nada ni de individuos aislados sino que tiene actores reconocibles y que es urgente y ético señalar. Para ello va este breve relatorio de los hechos. 

La ofensiva que ha reaccionado a los avances de nuestros derechos y que legitima la violencia contra las mujeres tiene partidos y liderazgos de la nueva derecha que han descubierto que el antifeminismo es una bandera electoral rentable. Tiene un ecosistema mediático que ha tratado el rechazo al feminismo como una opinión más dentro del pluralismo democrático. Tiene plataformas y algoritmos que amplifican el odio porque el odio genera atención. Y, por mucho que duela, tiene también las ambivalencias de sectores progresistas, incluido el Gobierno de coalición que, por cálculo o fatiga, empezaron a tratar el feminismo como un tema incómodo. Cuando estos cuatro actores coinciden, el resultado es un cambio de clima político y cultural que facilita enormemente que la impunidad y por tanto la inseguridad que ésta provoca no dejen de crecer.

Durante años el feminismo consiguió algo que parecía impensable e irreversible: transformar la violencia contra las mujeres en una evidencia política. No en un asunto doméstico ni en una cuestión privada o pasional, sino en un problema estructural que exigía políticas públicas y nuevos liderazgos y formas de relacionarnos. Ese ciclo tuvo un momento de especial intensidad en la última década. Las movilizaciones feministas masivas, el movimiento #MeToo, las huelgas del 8 de marzo, los cambios legislativos y, en España, la creación del Ministerio de Igualdad como culminación institucional de décadas de lucha.

Fue sin duda el momento de mayor consolidación del feminismo en el espacio público y así lo decían todas las encuestas, desde aquellas que medían la violencia que se ejerce contra las mujeres o los factores económicos que sirven de caldo de cultivo para las mismas, hasta las que medían las percepciones sociales en torno a la idea de que la igualdad de género era inseparable del progreso. Pero como ha ocurrido antes con otras transformaciones profundas del poder, este avance también produjo su reacción y hoy esa ofensiva ya no se limita a titulares provocadores o a mensajes virales. La ofensiva antifeminista que antes ponía mensajes en redes insultándonos, hoy gobierna países, gana elecciones, marca agendas políticas y desplaza el debate público y amenaza con arsenales nucleares. El antifeminismo ha dejado de ser un reflejo marginal para convertirse en un proyecto político global. La cosa emepezó con tuits y hoy va de torpedos. 

Y conviene señalar que lo más peligroso de este cambio ha sido el silencio con el que se ha dado, esa inversión siniestra de la causalidad que parece terminar haciendo culpables a las mujeres incluso de la propia violencia que sufren: "¡Algo habréis hecho!" Mientras se repetía que el feminismo había ido demasiado lejos por pedir cosas como poder abortar o no ser violadas, el machismo se fue convirtiendo en el aliado ideológico perfecto para aquellos que no salían bien parados con ese cambio de bando de la vergüenza. Pero, y aquí está la clave del asunto, ese machismo ideológico que ahora gobierna el mundo no nos echó a golpes, sino que lo hizo convenciendo a nuestros aliados de que si nosotras estábamos ahí, para ellos era peor. El triunfo del machismo ha sido por tanto camuflarse de sentido común. Y ahora que lo ocupan todo, amenazar, insultar, empujar, pegar, violar y asesinar vuelve a hacerse sin ningún pudor. Por eso, no solo tenemos que preguntarnos por las amenazas de muerte que sufrimos, sino en qué momento esto nos empezó a parecer lo normal. Porque es ahí, y no antes, en el preciso instante en el que la violencia, y no el feminismo, fue demasiado lejos. 

El juicio contra Cristina Fallarás es paradigmático precisamente por todo esto. La periodista publicó el testimonio anónimo de una mujer que relataba una agresión sexual, como lleva haciendo años, sirviendo de canal y altavoz para aquellas que no pueden tomar la palabra. Aunque era un testimonio anónimo, un hombre tremendamente ofendido por la posibilidad de ser señalado de forma anónima como agresor ha iniciado una demanda reclamando una indemnización millonaria por vulneración del honor. Sí, sí, has leído bien. No el honor de la mujer agredida, no el honor de la periodista que lo cuenta, sino el honor del hombre que agrede. Fallarás lo explicaba ayer con claridad al salir del juzgado. No es un juicio contra ella, sino contra el movimiento testimonial de mujeres, contra la posibilidad misma de que las mujeres contemos lo que nos ha ocurrido. Es un juicio contra nuestra palabra, contra la posibilidad de contar y relatar lo que somos. ¿Qué nos queda si nos quitan eso?

Y aquí está la clave. Y para que no queden dudas. Ni la mujer de Barbastro o las de Miranda de Ebro fueron asesinadas por culpa de un debate político ni de un proceso judicial. Pero sí fueron matadas en una sociedad donde el feminismo vuelve a ser cuestionado como si fuera un exceso, y en la que sin embargo contar los excesos del patriarcado se paga con la violencia o la amenaza de la misma. Cuando una sociedad empieza a discutir sobre el derecho de las mujeres a nombrar la violencia que sufren, es precisamente una señal de que la violencia ha encontrado otra sibilina y cómoda forma de aparecer: nuestro silencio. Por ello, cuando demasiadas mujeres pueden responder a la pregunta “¿cuándo fue tu primera amenaza de muerte?”, el problema ya no es solo la violencia, sino el régimen político que la tolera.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Cuando el estrecho de Ormuz se convierte en una amenaza y el precio del crudo de nuevo empieza a subir, la geopolítica deja de ser un mapa lejano y se convierte en algo muy concreto para toda la ciudadanía española que ve cómo su día a día puede volver a tambalearse por los precios de la luz o la gasolina, la inflación que estos puedan generar y el consecuente malestar social. Es en ese preciso momento cuando el debate geoestratégico vuelve a tener un componente material insoslayable. ¿A qué intereses responden realmente estos ataques de Trump? ¿Quién controla qué? ¿Quién decide qué margen tiene un país cuando las tensiones globales escalan? En un contexto internacional donde la postura de Pedro Sánchez es una excepción, ¿merece la pena explorar caminos que profundicen en esta vía? ¿Qué van a hacer las derechas patrióticas ante semejante ejercicio de soberanía nacional?

En estos tiempos de guerras de inteligencia, que España pueda pedir contención ante el nuevo escenario de tensión provocado por Estados Unidos en Oriente Próximo es mucho más que una distancia discursiva con nuestros colegas europeos. Sin embargo, apelar al derecho internacional mientras al otro lado de nuestras fronteras se está pidiendo más desarrollo de armamento nuclear es, a todas luces, insuficiente. Si no hay ninguna acción más allá de la disputa bruselense y tuitera por el relato, prevalecerá intacta la estructura de poder que ha permitido estos ataques y que nos inserta automáticamente en la lógica estratégica de Estados Unidos. Aquí aparece casi de forma lógica la ochentera pregunta que casi nadie formula en voz alta: ¿Qué ocurriría, en la práctica, si España decidiera abandonar la OTAN en un escenario de escalada bélica? ¿Perderíamos inmediatamente el paraguas de defensa colectiva? Sí. ¿Tendríamos que redefinir nuestra doctrina militar, nuestros acuerdos de inteligencia, nuestras bases estratégicas? Sin duda. ¿Se tensionarían las relaciones con socios europeos que permanecieran dentro? Probablemente. ¿Habría presión financiera y diplomática? Seguramente. Pero es necesario discutir también sobre las otras consecuencias menos mencionadas. 

Si España plantease un escenario de redimensión de nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica, ¿forzaría eso a Europa a acelerar una defensa autónoma real? ¿Nos permitiría esa redimensión diversificar alianzas, negociar de manera distinta con potencias como China o reforzar vínculos económicos y políticos con América Latina y el eje UE–Mercosur como parte de una estrategia de interdependencia más amplia? ¿Cambiaría la capacidad de negociación energética si el país dejara claro que su inserción estratégica no es incondicional? Salir de la OTAN sin duda tendría costes, pero permanecer también los tiene. Y la diferencia es que estos últimos los hemos naturalizado como inevitables. Por poner solo una derivada de este escenario en el que los matices son infinitos, con el derecho internacional en una mano y la defensa de una hoja de ruta para la soberanía estratégica en la otra, como mínimo, ya no es sostenible defender que Donald Trump es ahora un mejor aliado que Xi Jinping. 

Mientras se sigue posponiendo el debate sobre el nuevo orden mundial o más bien éste se da sin que nos atrevamos del todo a participar del mismo, en el plano más inmediato la soberanía se juega en algo mucho más pedestre como son las facturas, pero que sin embargo está estrechamente relacionado con ese orden mundial cambiante como ya vimos con la subida de los precios de la energía derivada de la Guerra en Ucrania de la que ya fuimos capaces de ser los líderes de una excepción ibérica para la gestión de los precios. Una excepción que seguiría teniendo efectos en la ciudadanía si no fuera porque, la semana pasada, las derechas tumbaban un Real Decreto-ley que incluía medidas como la prórroga del bono social y otros mecanismos de protección energética para hogares vulnerables. Es importante señalar la gravedad de bloquear herramientas destinadas a amortiguar el impacto sobre la población en un contexto de volatilidad internacional y riesgo de encarecimiento del crudo que va mucho más allá de la aritmética parlamentaria; se trata de una decisión que aumenta la exposición social a la crisis.

Por ello es igual de importante insistir que aquí la contradicción es particularmente difícil de esquivar. Para esas derechas que constantemente presumen de defensa de la nación o de supuesta soberanía frente a injerencias externas, debería tener costes políticos caros cuando su patriotismo excluye la posibilidad de reforzar la autonomía energética interna o los instrumentos que protegen a la ciudadanía. ¿Qué es más patriótico: sostener un bono energético que reduce la vulnerabilidad de millones de hogares o reafirmar sin fisuras la fidelidad a una arquitectura militar diseñada en otro contexto histórico? ¿Qué fortalece más a un país? ¿Repetir la foto de las Azores como símbolo de alineamiento o reducir su dependencia estructural del petróleo del Golfo y de decisiones estratégicas tomadas en Washington?

Es por todo esto que el grado de apoyo a Trump no puede ser un detalle únicamente retórico. Estados Unidos vive una polarización profunda y una deriva autoritaria que ha colocado en el centro político a una corriente abiertamente nacionalista, hostil al multilateralismo y dispuesta a utilizar alianzas como instrumentos transaccionales. Muchos describen ya este escenario político como abiertamente fascista. Si esa posibilidad amplía su poder como estamos observando impasibles en las últimas semanas, ¿qué margen real tendría Europa para disentir en un escenario de guerra? ¿Sería capaz España de sostener una posición como la que retóricamente hemos mantenido estos días si la arquitectura de seguridad de la que formamos parte presupone disciplina especialmente para los casos de escalada bélica?

Teniendo todo esto presente, preguntarse por la salida de la OTAN debe ser mucho más que una consigna, y quizás pueda comenzar a ser un horizonte regulador que permita examinar el grado real de soberanía que tiene nuestro país. ¿Podría España asumir sola su defensa? ¿Qué otros países podrían sumarse a esta posición? ¿Qué nuevas alianzas podríamos dibujar en ese escenario? ¿Puede integrarse este debate en un esquema europeo distinto? ¿Qué implicaría para nuestras exportaciones, para nuestras inversiones, para nuestra capacidad de influir en el Mediterráneo? ¿Nos aislaría o nos obligaría a negociar desde otro lugar? ¿Qué ofrece más seguridad a la ciudadanía de nuestro país? ¿Las operaciones de Trump para controlar el mercado del petróleo que se saltan el derecho internacional o una redimensión de la multilateralidad para nuestra política exterior?

Tal vez la conclusión más probable en este debate sea que no es posible abandonar mañana la Alianza. Pero lo verdaderamente revelador es que la pregunta resulte casi impronunciable mientras se acepta como natural una dependencia que condiciona tanto la política exterior como la energética. No sirve de nada que la patria sea nuestro eslogan si no se traduce en un compromiso con la seguridad ciudadana y la capacidad de decidir en su beneficio bajo presión. Por ello, en un momento de reconfiguración global, quizá la verdadera excepción no sea condenar una guerra concreta, sino atreverse a discutir la arquitectura que nos ata a sus consecuencias. Es por eso que, de nuevo, nuestro país puede estar ante una oportunidad de hacer valer su posición. La excepción española no puede ir únicamente de proclamar firmeza, sino también de reducir vulnerabilidades, aunque eso nos obligue a revisar lealtades heredadas.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Escribo este artículo por la urgencia de los tiempos para insistir en una vieja idea que es más necesaria que nunca. La unidad de la izquierda no es únicamente un problema de matices ideológicos sino de mecánica electoral. Las encuestas lo repiten, la calle muestra fatiga y la experiencia histórica, reciente y pasada, lo confirma una y otra vez. Cuando la izquierda compite dividida, la reacción suma más. Ante la era de lo ultra, la alianza que hace falta ahora no es sentimental ni doctrinal, sino que es coyuntural, instrumental y electoral. Una alianza que debe ser diseñada para albergar después toda la pluralidad parlamentaria que se quiera —si hay escaños que lo permitan.

La izquierda española tiene la peligrosa habilidad de convertir errores tácticos en virtudes morales, habiendo desarrollado un gusto no muy exquisito en ocultar estos errores en las distintas semánticas partidistas. Si la división resta escaños, se llama coherencia. Si dispersa el voto, se llama pluralidad. Si bloquea mayorías posibles, se llama dignidad. Es innegable que llevamos más de una década ensayando variaciones de la misma fórmula con distinto envoltorio. Plataformas nuevas, coaliciones tensas, marcas de urgencia, rupturas justificadas como renovación, acuerdos electorales registrados a las 23.58. Aunque pueda haber en el debate motivos políticos para todo ello, los resultados de los últimos comicios no necesitan de una interpretación sofisticada para saber que de cara a los próximos procesos electorales toca hacer algo diferente. Solo hay que dejar Madrid y la vida de partido para corroborar el desgaste que ha producido este proceso en votantes que se retiran en silencio de una mayoría progresista que además de haber sido mucho más sólida, fue, sin duda, mucho más ilusionante. Mientras tanto, la derecha ultra no necesita resolver su debate interno en público, le basta con sumar los votos necesarios. Y por si alguien dudaba de ello, el guardiolismo extremeño se ha entregado a Vox, si es que quedaba alguna duda de que al PP de Feijóo y Ayuso les vale todo con tal de tocar poder; hasta premiar a Trump si hace falta. El contexto ha cambiado. Actuar como si no lo hubiera hecho empieza a tener más matices psicológicos que de lectura política. Las series demoscópicas —incluido el CIS— llevan tiempo marcando tendencias persistentes. Por un lado, la derecha radical mantiene un suelo estable, mientras que por otro, el voto progresista fragmentado se traduce en peor en representación; crece la abstención entre electores de izquierda que declaran cansancio del conflicto interno permanente. No es un dato aislado o una cocina particular de esta u otra encuesta, sino que desgraciadamente es un patrón comprobable en cada cita electoral. Las posibilidades de que el país que conocemos desaparezca son cada vez mayores en un mundo en el que, con nuestros malmenorismos socialistas varios, seguimos siendo la excepción progresista.

¿Cómo es posible ante este escenario que la discusión política siga planteándose como si fuera un problema de identidad ideológica y/o pasados de agravios y no de mecánica de agregación? ¿Cómo se hace justificable para cualquier demócrata a la izquierda del PSOE negar este argumento? Conviene decirlo sin rodeos, no existe un escenario verosímil en el que varias candidaturas compitiendo en el mismo o similar espacio ideológico frenen a un bloque reaccionario que comparece agregado. Las simulaciones provinciales lo muestran una y otra vez, la penalización por fragmentación es estructural.

Pero seamos claras también en lo siguiente. La confusión más costosa sigue siendo la equiparación de las alianzas electorales a las alianzas políticas a largo plazo. Presentarse juntos no obliga a votar juntos cada ley o a crear un nuevo partido que pretenda borrar de legitimidad todo lo anterior. Ni compartir papeleta borra programas, ni sumar candidaturas disuelve trayectorias políticas. Lo único que logra una concurrencia amplia es evitar que la división regale representación al bloque contrario. Después, en el Parlamento y en general en el tablero político, cada cual puede mantener su posición. Esta hoja de ruta electoral, que podría consistir en una gran coalición de coaliciones, es posible jurídica y políticamente, no es una invención reciente y se trata de práctica democrática conocida. Los frentes electorales amplios han surgido cuando el riesgo de retroceso era tangible y la dispersión resultaba letal. No nacieron de la afinidad total, sino de la lectura colectiva de un peligro más grande que los matices que nos separan. La propia experiencia republicana española mostró que los frentes electorales amplios no nacen del acuerdo completo, sino del reconocimiento del riesgo común. Y para esa hoja de ruta el primer paso consiste en asegurar la fuerza suficiente. 

En este sentido, es evidente también que este frente hoy no puede limitarse a partidos estatales de izquierda. Tiene que incluir a fuerzas nacionalistas y regionalistas progresistas como parte de la arquitectura, no como concesión táctica. El mapa territorial también decide gobiernos. Ignorarlo no es una cuestión de firmeza, ni siquiera puede ser ya una mala lectura, sino más bien olvidar qué camino nos trajo aquí. Si ha sido posible un Gobierno de coalición así como su reedición es porque aunque los votos fueron al mismo saco, la coalición que se presentó en Galicia no fue la misma que en Euskadi o Andalucía.

Tampoco bastan las siglas. Sin contar con la movilización social organizada, la suma electoral se queda hueca. No basta con el trabajo de los partidos, si en algo tenían razón todos aquellos que han insistido en procesos de participación y escucha es en la intuición de que aquí nadie sobra. No basta con un par de actos en los que parezca que se escucha. La fuerza política que tienen actores sociales como el Sindicato de Inquilinos, el movimiento feminista que prepara el 8M, las redes por los servicios públicos o el tejido cívico que ha sostenido conflictos reales estos años deben estar presentes en esta gran coalición. No como acompañamiento decorativo de campaña, sino como base activa que puede orientar también la fuerza de esa gran coalición en sentidos que quizás no sean los más interesante a priori para los partidos.

En los últimos días varias voces del espacio progresista han apuntado en esta dirección. Se ha advertido que competir separados equivale a facilitar la victoria de las derechas, pidiendo para ello poner objetivos por delante de siglas y construir un frente democrático que desborde el perímetro estrictamente partidario. Se habla de la necesidad de que la izquierda se ponga en pie, de que algo hay que hacer o nos coméran por los pies, de dar un paso hacia delante. Todos estos actores pueden estar diciendo lo mismo si coincidimos en que la única manera de ponerse en pie y hacer algo diferente en política representativa es con escaños. No hay posición erguida sin representación suficiente. Claro que para ello hará falta rebajar el deporte del descarte personal. En un frente amplio operativo no sobra nadie que aporte voto, estructura o capacidad de convocatoria. Hay liderazgos con arraigo territorial real y liderazgos con alcance mediático amplio. Prescindir de cualquiera de esas capas debilita el conjunto. La política necesita capilaridad y necesita escala, no porque unos liderazgos funcionen mejor que otros, cosa que por supuesto sucede, sino porque el electorado progresista, y más al que se puede dirigir esa gran coalición, no es uniforme. Hay quien vota por enfado, quien vota por sentirse seguro, quien vota desde su identidad territorial, quien vota desde el feminismo, quien vota por justicia material básica, quien lo hace porque le cae uno mejor que otro. La arquitectura electoral común, un frente amplio de coaliciones de izquierdas, no borra esas motivaciones, las coordina y las multiplica.

Tampoco podemos dejarnos seducir por los atajos. Cada ciclo reaparece la esperanza del liderazgo salvador como el mejor de los trampantojos. El carisma moviliza tan rápido como se agota. Lo que resiste a las inevitables y necesarias diferencias o a los malos escenarios políticos son los procedimientos y métodos democráticos. Si hay dudas de cómo ordenar una lista, primarias. Si hay necesidad de clarificar nombres, porcentajes económicos, posibilidades de representación parlamentaria, acuerden, queridos compañeros; y si sigue habiendo dudas, pues que decida la gente. Fuera de los entornos militantes el mensaje es más que directo, la gente está harta y necesita menos épica personal, más diseño operativo. Coordínense para lo esencial y a currar, que nos jugamos la democracia. ¿O es que alguien en los partidos se está jugando otra cuestión?

Me gustaría poder decir lo contrario, pero mi (provinciana) sensación es que lo que reina en la calle es puro cansancio. Por eso ante la posibilidad de elecciones, mucha gente de izquierdas no pide ya unanimidad ideológica sino una eficacia mínima ante la magnitud de lo que se nos puede venir encima, y si esto no es posible que nos ahorren el bochorno. Porque esta vez no se trata de ilusión colectiva ni de identidad política, se trata de correlación de fuerzas y de cómo se convierten nuestros votos en poder real para parar la reacción ultra, de cómo se protege un marco de derechos cuando hay fuerzas dispuestas a recortarlo.

Cuando comunistas, fuerzas nacionalistas, izquierdas sociales y feminismos han concurrido de la mano, ha existido una España alternativa a la reacción ultra. Cuando han competido entre sí, ha gobernado la derecha dura o ha marcado la agenda.La fragmentación no es una prueba de autenticidad cuando entrega ventaja al adversario sino que es su mayor activo. La pregunta, desgraciadamente, no es ya cuándo fue la última vez que votaste con ilusión, sino si podemos volver a votar sin miedo. Y sí se puede, pero aquí no sobra nadie. 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Este domingo, en un mitin, una concejala del PP llamó “hijo de puta” al presidente del Gobierno. El presidente respondió con una amplia sonrisa diciendo: "Bueno bueno, os diré una cosa: ya sabemos que quienes insultan son aquellos que no tienen argumentos." La gente aplaudió enfervorecida, coreando: "¡Fuera!, ¡Fuera!", "¡No estás solo!, ¡No estás solo". No hubo murmullo incómodo o gestos ante el exceso, más bien al contrario, un aplauso ensordecedor coronó el entusiasmo. He estado antes en muchas situaciones como esa, en las que de un lado se aplaude al que insulta y en el otro al insultado. Lo relevante deja de ser la grosería sino más bien la capacidad que esta tiene con su efecto polarizante de acallar todo lo demás. ¿Qué puede hacer la política ante estas situaciones? ¿Nos debe preocupar que sean cada vez más frecuentes?

Podríamos fingir horror educado, llevarnos la mano al pecho y preguntar en qué momento se perdió la cortesía parlamentaria. Pero no estamos en un drama de época. El español nunca fue un idioma de porcelana. Del insulto nuestra lengua ha hecho hasta poesía, no sé si da para enorgullecerse, pero es innegable que el castellano, incluso el parlamentario, tiene calle. Hasta el humor más absurdo lleva años recordándonos que decir barbaridades forma parte del repertorio expresivo, ya lo decían los irrepetibles muchachos de La Hora Chanante: hijo de puta hay que decirlo más. No pasa nada por admitirlo o al menos reconocer que el acting victoriano por una palabra fea no es lo que mejor le sienta al buen gobierno que el día a día del español medio requiere. Con esto, lo que quiero decir es que quizás debemos dejar de discutir sobre la relevancia de la palabra y comenzar a observar con detenimiento a aquello que ésta está sustituyendo. ¿Qué no hay cuando hay insultos?

Volvamos al último caso, el del presidente. Tras el insulto y su posterior debate en todas las tertulias y redes, no vino nada. Como sucedió con todos los anteriores, ningún insulto sirvió para ver nacer una nueva idea, explicación o marco de discusión. Solo activó como una red de arrastre las balizas de la pertenencia. Si algo es el insulto en política hoy es señal de tribu, un gesto de identificación rápida que recuerda a quien lo usa que estamos aquí, somos estos o aquellos y odiamos a estos otros. Tan simple como efectivo, desgraciadamente a veces lo es tanto para insultador como insultado. De ahí que una no sepa ya si los insultos son en legítimo cabreo o defensa o en un desesperado intento de que subiendo el volumen el otro lo suba más.

La situación es tal que podemos decir que el exabrupto se ha convertido en herramienta de ahorro. Ahorra tiempo, datos, matices, responsabilidad, puro márketing político. Permite no entrar en terrenos donde hay que saber de lo que se habla. Sale rentable porque ocupa espacio y desplaza preguntas incómodas. Mientras discutimos modales y tonos, desaparecen los temas difíciles como migración, vivienda o desigualdad. No se puede no mencionar en este sentido que, cuando el ambiente es insultante, hablar de lo importante requiere frases largas, mientras que el insulto cabe en un titular. De hecho es probablemente lo único que aparezca en un titular. Y esto no es una casualidad. El ruido hoy tiene rendimiento político, mueve más que la precisión, la compasión o la eficiencia. Circula mejor que el análisis. Genera cohesión instantánea. Y además protege: quien insulta fija el terreno y obliga al resto a reaccionar.

Ahora bien, conviene no confundirse de plano. Una cosa es no escandalizarse como un clérigo decimonónico y otra negar que el insulto institucional tiene efectos. No es lo mismo el desahogo privado o cómico que la degradación lanzada desde un cargo público, con micrófono y masa delante. Ahí ya no hablamos de estilo, sino que hablamos de señalización, y de cómo opera un mecanismo que, repetido suficientes veces, va estrechando el perímetro de legitimidad de la persona contra la que se ejerce. Dicho mecanismo no es otro que el de la violencia política, que rara vez empieza con golpes, sino con rebajas de trato, de lenguaje o reconocimiento. Se normaliza el desprecio y después sorprende la hostilidad. El proceso es lento y casi siempre se presenta como espontáneo y se maquilla de moralina cuando la cosa se sube demasiado de tono. No es ni una cosa ni la otra, y esto es lo verdaderamente insultante. En Europa llevan tiempo tomándose esto en serio, aunque aquí nos guste pensar que son exageraciones burocráticas. Hay líneas de trabajo contra la incitación al odio político, protocolos frente a campañas de degradación pública y marcos contra la desinformación agresiva dirigida a deslegitimar instituciones. No por amor a la corrección verbal, sino por experiencia histórica. Cuando la deshumanización se convierte en rutina, el daño llega después por otras vías. Quizá habría que empezar a pensar también en instrumentos propios para nuestro país, como observatorios de violencia política, tipificación de agravantes en el Código Penal para los delitos relacionados cuando la degradación es sistemática y viene de cargo público, unidades fiscales especializadas en delitos de odio político y acoso institucional. Pero siempre teniendo presente que no se trata de vigilar tacos sueltos sino de detectar patrones de una violencia que puede terminar siendo estructural en el ejercicio de la política; y en definitiva, para invertir una lógica cultural introduciendo coste donde hoy hay premio.

El verdadero problema con el clima político actual es que no tiene una respuesta fácil. No se corrige la brutalización compitiendo en brutalidad. Tampoco bajando el tono hasta desaparecer. No funciona ninguna de las dos cosas, no se polariza con lo ultra diciendo algo aún más fuerte en otro sentido ideológico, ni se desactiva esa pulsión bajando el volumen. Que no, que gritar más no desactiva a los ultras, pero susurrarles tampoco. La única palanca que históricamente ha funcionado no es otra que subir el nivel, y plantear frente a las lógicas simplonas, otras complejas que obliguen a pensar mejor, más fino y con más distinciones. ¿En qué momento hemos llegado a considerar el matiz o el pensamiento crítico como una debilidad cuando éstas deberían ser más bien las tecnologías para la democracia?

Los grises, las diferencias internas, las categorías bien trazadas son lo contrario de la lógica fascista, que vive de simplificar el mundo hasta que quepa en un puño, donde todo es bloque, enemigo, traición o pureza. Pensar con precisión rompe ese hechizo. Obliga a separar, a comparar, a justificar y por supuesto también a rectificar. Y claro, aquí también toca autocrítica. Parte del campo que presume de sensatez lleva años respondiendo al ruido con pedagogía blanda y tono conciliador. Buenas intenciones pero plagadas de resultados discretos, pues a nadie se le escapa ya que la extrema derecha no ha dejado de crecer. Repetir la misma estrategia esperando otro desenlace no es virtud cívica sino pura negación de un problema de magnitudes ya inmanejables. Tan burdo es el que solo sabe insultar como inútil el que solo sabe templar. Hace falta otra cosa, que reivindique la dureza argumental sin degradación, abrazando el conflicto político con contenido. Inteligencia con dientes. No necesitamos una política limpia de palabras sucias. Necesitamos una política llena de debates sustantivos. Porque cuando la conversación pública se llena de tacos suele ser señal de que se ha vaciado de ideas. Y ese vacío, a diferencia del insulto, sí es peligroso.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Pongo este título al artículo con la esperanza de que alguien lo lea. Estoy segura de que si se llamara Derechos de las mujeres migrantes, su lectura sería bien distinta. Y es que cada vez que una denuncia por violencia sexual afecta a una figura pública, el debate se precipita, en el mejor de los casos, siempre hacia el mismo lugar. Si las preguntas no son por la credibilidad de los hechos, entonces rápidamente la sociedad se preguntará: ¿qué hacemos con su obra?, ¿con su legado?, ¿con lo que significó para una generación, para un país, para una idea de cultura o de política? La pregunta aparece con una rapidez reveladora, como si lo urgente ante la violencia sexual fuera salvar algo —una discografía, una trayectoria, una biografía—, salvar a los agresores de sus propias agresiones, antes incluso de saber qué necesitan las mujeres que han sufrido las agresiones sexuales que se han denunciado, es decir, antes que salvar a las agredidas de ser revictimizadas de nuevo.

Ese orden no es casual. Es un sesgo profundamente patriarcal. Porque sitúa el patrimonio simbólico por encima del daño, y convierte a las víctimas en una variable secundaria dentro de una discusión que se presenta como cultural o histórica, pero que en realidad es una disputa por el poder, y de algún modo también, una forma de violencia simbólica de la que tristemente participa una buena parte de la sociedad, revictimizando así a tantas mujeres.

La socióloga Gisèle Sapiro lo formula con claridad en ¿Se puede separar la obra del autor? La separación automática entre obra y autor no es una posición neutral, sino una decisión política que suele beneficiar a quienes ya ocupan posiciones de prestigio. La obra de un artista o la carrera de un político no flotan en el vacío. Circulan en instituciones, medios de comunicación, reciben premios, son enseñadas, celebradas y protegidas. Y todo eso ocurre mientras otras voces —habitualmente femeninas, precarizadas, subordinadas, especialmente aquellas voces victimizadas desde esa posición de poder— quedan fuera del relato.

El caso de Julio Iglesias, investigado tras graves denuncias que él niega, vuelve a poner esta tensión en primer plano. No porque obligue a una respuesta inmediata sobre su música (que por muy internacional que sea, la verdad sea dicha, para esta que escribe musicalmente no vale nada), sino porque evidencia hasta qué punto el resorte social sigue siendo el mismo. Antes que preguntarnos por las condiciones de reparación, por la protección de las denunciantes o por los mecanismos que hicieron posible el abuso, el debate se centra en si podremos seguir escuchando determinadas canciones o mantener los honores sin sentir incomodidad. Como si esta incomodidad individual por no poder escuchar una canción o seguir valorando las películas de algún que otro actor fuera el verdadero problema, llegando casi a disociar por completo ese malestar del problema estructural.

Les sonará aquello de no politizar el dolor de las víctimas tanto como la reivindicación de la libertad de expresión o la defensa de la presunción de inocencia. No son más que otras refinadas versiones del mismo sesgo. Nunca escucharemos a esos que disfrutan de ir ahora a un concierto de Plácido Domingo una defensa férrea de los Derechos Humanos. Esta lógica no se limita al ámbito cultural, sino que se vuelve aún más perversa en el terreno de lo político o judicial, al ser los lugares donde el propio poder se dirime. Cuando se revisan trayectorias o liderazgos, no digamos ya sentencias, ya sea en figuras contemporáneas como Íñigo Errejón o en referentes históricos como Adolfo Suárez, la pregunta recurrente es qué hacemos con su acción política, con su legado democrático, con su lugar en la historia. Rara vez se empieza por otra cuestión más incómoda pero a la que remite la mirada feminista. ¿Qué silencios les sostuvieron en ese poder y quién pagó el precio de esa construcción?

Pensar desde la reparación exige invertir ese orden. No se trata de borrar obras ni de reescribir la historia a golpe de consignas, sino de modificar nuestra relación con ellas. La reparación no consiste en decidir si seguimos admirando, sino en cambiar las condiciones simbólicas que permitieron que determinadas violencias fueran normalizadas, minimizadas o directamente invisibles. A veces eso implicará contextualizar críticamente; otras, retirar honores; otras, abrir espacios de reconocimiento y escucha. Lo que nunca implica es seguir como si nada hubiera pasado.

Aquí es donde la Ley de libertad sexual marca un punto de inflexión. No porque sea una ley perfecta ni porque resuelva por sí sola la violencia estructural, sino porque propuso por ley desplazar el centro de este sistema. Frente a décadas de enfoque punitivo limitado y de sospecha permanente sobre las mujeres, introduce un marco integral que entiende la violencia sexual como una vulneración de derechos y no como un malentendido moral.

La ley permite y obliga a algo que durante mucho tiempo fue impensable, tan sencillo como poner a las víctimas en el centro de nuestro relato, sea este judicial, social, policial o comunicativo. Reconoce la violencia sexual más allá de la agresión física, sitúa el consentimiento como eje, garantiza atención psicológica, jurídica y social sin exigir denuncia previa, establece medidas para evitar la revictimización y contempla formas de reparación que no se reducen a la condena penal. Reparar no es solo castigar a los agresores sino que implica reconocer el daño, restituir derechos y transformar los contextos de poder que lo hicieron posible, especialmente en ámbitos jerárquicos como el laboral, el político o el cultural, para que estas violencias no vuelvan a suceder.

Ante estos cambios y denuncias, aparece un argumento recurrente. Tanto no deben funcionar las políticas contra la violencia sexual porque cada vez hay más casos, más denuncias, más relatos. Como si el objetivo fuera reducir la visibilidad del problema y no acabar con la impunidad. Pero lo que demuestran estos años no es un aumento de la violencia, sino un cambio radical en su reconocimiento, una revelación de mucha violencia que ha sido silenciada. Lo que ha cambiado no es el número de agresiones y agredidas, sino el concepto mismo de lo que una agresión sexual es y las condiciones que las mujeres tienen para ahora poder contar lo que han sufrido.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que que tu jefe te pidiera que le tocaras se consideraba normal. Hubo un tiempo en el que que un político te besara sin consentimiento se interpretaba como cercanía, como carisma, como un exceso simpático. Hubo un tiempo en el que tocarnos sin nuestro consentimiento era lo normal. Ese tiempo existió y se sostuvo sobre una pedagogía del silencio. Que hoy esas conductas se denuncien no es una prueba del fracaso de la ley ni del feminismo, sino su victoria más clara.

Por eso resulta tan revelador que la pregunta inicial siga siendo qué hacemos con la obra y no qué necesitan las mujeres. Porque mientras sigamos midiendo estos casos en términos de pérdida simbólica —qué música dejamos de escuchar, qué figuras se caen del pedestal— seguiremos protegiendo el corazón del problema. Ni el feminismo ni la ley de libertad sexual nos dicen qué debemos admirar, pero sí establecen un límite político y ético para que ningún talento, ningún liderazgo, ninguna historia justifique la impunidad. Tal vez la pregunta no sea si podemos separar la obra del autor, sino si estamos dispuestos a reordenar nuestras prioridades. Y aceptar que una democracia no se define solo por su capacidad de producir cultura o relatos heroicos, sino por su voluntad de hacerse cargo del daño que durante demasiado tiempo decidió no ver, a pesar de que demasiadas veces, estaba a simple vista.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

Esta mañana de Reyes el mundo no se ha detenido. Ha habido guerra, bombardeos, hambre, desplazamientos forzados y mercados financieros funcionando con normalidad. Ha habido titulares sobre Venezuela, sobre Oriente Medio, sobre Ucrania, sobre China, sobre las tierras raras y el petróleo. Todo ha seguido su curso, también para muchos niños y niñas, cuyo día ha empezado con regalos, con una casa caliente y con roscón. No por arte de magia, sino porque alguien, casi siempre una mujer, se encargó de que así fuera. Y es precisamente teniendo presente que amanecemos con roscón y tambores de guerra cuando se hace necesario decir sin ironía ni ternura impostada que la mañana de Reyes no es un paréntesis frente a la política internacional, es una escena política que la geopolítica dominante se permite ignorar. No porque sea irrelevante, sino porque no encaja en sus criterios de poder. El trabajo de cuidado que sostienen las mujeres es también el que sostiene el orden económico actual, que es también un orden de guerra. Dicho de otro modo, si las mujeres parásemos, las guerras también podrían parar. Por ello, hacer lecturas feministas de lo que sucede hoy es una de las herramientas más poderosas para la paz y por tanto para la posibilidad, cada vez más pequeña, de que el mundo pueda ser aún mañana mejor que hoy. 

Para detener este avance del antifeminismo, urge señalar esa parte más incómoda e invisible del relato triunfal del capitalismo, que es también invisible para cierta izquierda. El sistema no se sostiene solo con mercados, Estados y ejércitos, sino con una enorme cantidad de trabajo invisible que garantiza la reproducción de la vida (incluyamos en vida desde curar las heridas de la guerra para que haya soldados, hasta producir las navidades para que haya cenas, decoraciones y regalos). Nancy Fraser llama a ese conjunto de tareas los talleres ocultos del capital. Un trabajo oculto y no reconocido, hecho por mujeres, sin el que no habría fuerza de trabajo, ni estabilidad social, ni crecimiento económico posible.

No hace falta irnos al otro lado del mundo para comprender esto. La mañana de Reyes de hoy pertenece exactamente a ese mundo oculto. Lejos de ser una amable postal, es logística, previsión, cansancio y responsabilidad. Es un trabajo material orientado a que la vida continúe. Y, sin embargo, no aparece en ningún análisis sobre el orden mundial, como si la infancia o la vejez fueran categorías privadas, domésticas, ajenas a la política dura.

La geopolítica contemporánea se sigue definiendo a pesar de estos talleres por lo que poderes políticos y económicos consideran relevante: fronteras, recursos estratégicos, corredores comerciales, capacidad militar. En ese marco, los niños, las mujeres, las personas migrantes, dependientes o enfermas no cuentan como sujetos políticos y aparecen, en el mejor de los casos, como una variable presupuestaria o un problema de sostenibilidad. No forman parte del cálculo central. Su bienestar no organiza decisiones, solo aparece después —si aparece— como daño colateral o como retórica humanitaria. Es imprescindible señalar que esto no es un descuido o un cálculo ajustado, sino un diseño necesario.

Cuando se habla de seguridad internacional no se pregunta cuántos niños pasan frío, sino cuántos misiles balísticos tiene un Estado. Cuando se habla de estabilidad no se mide si las personas mayores viven acompañadas o solas, sino si los mercados reaccionan con tranquilidad. Cuando se habla de orden mundial no se discute quién garantiza cuidados, sino quién controla territorios. La pregunta incómoda reside justo aquí: ¿cómo sería la geopolítica si lo que le sucede a la gente no fuera un daño colateral, sino el centro del análisis? ¿Qué jerarquía internacional emergería si el criterio de poder fuera garantizar que ningún niño se acueste con hambre? ¿Qué alianzas serían prioritarias si el indicador de estabilidad fuera que despertarse en una casa caliente con comida hoy fuera algo básico y estuviera garantizado para toda la población?

Estas preguntas suelen despacharse como ingenuas. Pero lejos de ser naíf son profundamente radicales, porque cuestionan la arquitectura misma del poder global. La geopolítica, tal y como la conocemos, necesita convertir a quienes no producen ni combaten en sujetos políticamente irrelevantes. No porque no importen, sino porque importarían demasiado, lo suficiente como para hacer cambiar la deriva de un mundo casi sin esperanza ya. Aquí aparece una tensión que ya no podemos seguir esquivando. No basta con que el feminismo hable solo de cuidados, ni basta con que la izquierda hable solo de geopolítica. Lo que exige este momento es algo más complejo de elaborar, pero necesario. Necesitamos que el feminismo ordene la geopolítica. Que frente a la acumulación de poder, las condiciones materiales de la vida sean el principio organizador de la política internacional.

En Esto no es una guerra, Isa Serra e Irene Zugasti señalan que el actual clima de rearme y militarización no es solo una respuesta a conflictos externos, sino una reacción interna frente a las transformaciones feministas. El régimen de guerra necesita desactivar cualquier política que coloque la vida, y especialmente las vidas dependientes, en el centro. Desde ahí, Serra y Zugasti cuestionan la noción hegemónica de seguridad. Porque una seguridad que no garantiza la vida no es seguridad sino dominación armada. Replantear la geopolítica desde ahí no significa suavizarla, sino despojarla de su ficción más persistente que no es otra que la vieja idea de que el poder puede sostenerse ignorando sistemáticamente a quienes más dependen de la comunidad.

Aquí la figura de las madres —no como identidad biológica, sino como posición estructural, como las currantas de esos talleres ocultos del capital— se vuelve políticamente reveladora. Las madres, y quienes cuidan como ellas, organizan el mundo desde una lógica que la geopolítica desprecia. Frente a la lógica de la guerra está, pues, la de la continuidad, la interdependencia y la vulnerabilidad. Son las madres las que garantizan que existan condiciones mínimamente dignas de vida para todas las personas, mientras el orden internacional actúa como si eso fuera secundario.

Decimos a menudo, con tono de broma, que los Reyes Magos son los padres. El feminismo corrigió hace tiempo este cuento, señalando que sin madres no habría Reyes Magos (ni Navidad, ni cuidados, ni vida.) Quizá haya llegado el momento de asumir la consecuencia política de esa afirmación. Si quienes sostienen la vida no cuentan como poder, el problema no es su falta de autoridad, sino nuestra definición de poder. Mientras tanto, conviene agradecer (sin sentimentalismos, pero con todos los sentimientos) a quienes han hecho posible que, pese a todo, esta mañana hubiera regalos y desayuno. No porque mantengan la ilusión, sino porque sostienen lo que la geopolítica deja fuera del foco.Y quizá empezar a preguntarnos por qué seguimos llamando realismo político a un orden mundial que solo funciona ignorando todo lo que nos importa en la vida. 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

El debate público que acompañó a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual nunca fue realmente un debate jurídico. Tampoco fue una discusión moral sobre el deseo ni un intento de regular las prácticas sexuales. Fue, desde el inicio, una disputa política sobre qué se considera violencia sexual y, sobre todo, sobre quién tiene el poder para ejercerla sin consecuencias. Como sucede con el sexo, el debate sobre lo que es o no un delito contra la libertad sexual, es un debate sobre poder. El ruido, las bromas y el alarmismo sirvieron para ocultar lo esencial. La ley no venía a determinar cómo se debe o no tener sexo, sino a cuestionar una forma histórica de impunidad.

Durante meses, el foco se desplazó deliberadamente hacia aspectos técnicos —penas, horquillas, revisiones de condena— como si el núcleo del conflicto o del redactado de la norma fuera estrictamente penal. Pero lo que estaba en juego era algo más profundo que no era otra cuestión que la redefinición de la violencia sexual como una cuestión estructural de poder, y no como una desviación individual, un malentendido o un exceso puntual. Nombrar esas violencias en toda su amplitud y ámbitos suponía alterar un equilibrio tácito que había beneficiado durante décadas a quienes ocupaban posiciones de autoridad política, cultural y simbólica. Hay que decirlo bien claro. La ley solo sí es sí no hablaba de sexo sino que hablaba de poder, siendo también una explicación de cómo quien ejerce el poder se mantiene en él ejerciendo violencia sexual contra quien le sostiene. 

No es casual que una parte significativa de la oposición a la ley procediera de hombres con poder público como políticos, escritores, directores, figuras centrales del espacio mediático. No reaccionaban ante una mala técnica legislativa —que puede y debe discutirse, aunque nunca está de más recordar que fueron muchos de esos hombres, como los juristas del presidente, los que la redactaron—, sino ante la pérdida de un terreno históricamente ambiguo, ese espacio gris donde determinadas conductas eran toleradas, justificadas o directamente invisibilizadas. Cuando se redefine la violencia sexual, se redefine también cómo se puede ejercer poder. Tras la cancelación política de todas las mujeres que lideraron este proceso de reconceptualización de la violencia sexual, hoy este debate vuelve como un boomerang contra quien empujó esa cancelación. Quisieron evitar por todos los medios que el consentimiento fuera una herramienta definida legalmente para garantizar la libertad de las mujeres y, sin embargo, hoy mujeres de todas las ideologías usan esa herramienta para denunciar las agresiones sexuales por parte de compañeros de partido que en público insistían en los errores del Ministerio de Igualdad. 

En este contexto, la irrupción de un MeToo político en España no es una anomalía ni una reedición cultural acrítica, sino una consecuencia lógica. Los relatos que han ido emergiendo en los últimos tiempos, desde testimonios vinculados a figuras históricas de la Transición hasta denuncias públicas que afectan a distintos partidos de todas las ideologías, no constituyen una suma de comportamientos individuales desordenados. Dibujan un patrón reconocible de relaciones atravesadas por jerarquías, dependencia, capital simbólico y una profunda asimetría sexual.

La mención de figuras históricas como Adolfo Suárez en relatos sobre comportamientos sexuales impropios no pretende reescribir la historia ni someterla a juicios morales retrospectivos. Sirve, más bien, para entender hasta qué punto determinadas conductas fueron normalizadas en un contexto político y social donde el poder masculino no encontraba límites claros. No se trata de equiparar épocas ni de ignorar los cambios sociales, sino de asumir que la impunidad también tiene historia y sobre todo merece reparación. 

Lo mismo ocurre con los casos más recientes que afectan a cargos públicos en activo o retirados. El problema no es solo lo que hicieron, que corresponde investigar y valorar, sino el orden social y político que lo hizo posible. Organizaciones políticas jerárquicas, culturas internas tolerantes con el abuso y una tendencia persistente a proteger al poder antes que a las mujeres que lo señalan. La incomodidad que genera el MeToo en la política no responde a un exceso de puritanismo, sino a la amenaza que supone una redistribución del poder.

Por eso el rechazo a la Ley de Libertad Sexual fue tan visceral. Porque no hablaba de consentimiento como un contrato privado entre iguales, sino como una condición política que exige simetría real. Porque no convertía el deseo en delito, sino la imposición. Y porque señalaba algo que durante demasiado tiempo se dio por hecho: que no todo lo posible es legítimo, y que no todo lo legítimo para algunos lo es para todas. No iba de sexo, iba de poder. 

Es por todo ello que ley fue presentada interesadamente como una reforma penal, cuando en realidad su apuesta más ambiciosa fue la construcción de una arquitectura preventiva e institucional que limitara la impunidad allí donde históricamente ha sido más resistente. No se dirigía solo a los juzgados, sino a los espacios donde el poder se organiza y se reproduce, como administraciones, empresas, medios de comunicación y, de forma explícita, partidos políticos y organizaciones sociales. Frente a la idea de que la violencia sexual es un problema privado o excepcional, la ley introducía por primera vez la obligación de protocolos, formación y mecanismos de detección en ámbitos donde la jerarquía y la dependencia generan condiciones propicias para el abuso. De hecho, para el caso de los partidos políticos, la ley reconoce algo que durante años fue un tabú y es que estos son también espacios laborales, de militancia y de socialización atravesados por relaciones de poder desiguales, y que por tanto requieren medidas específicas de prevención y respuesta frente a las violencias sexuales. No se trata de criminalizar organizaciones, sino de asumir que ninguna estructura de poder es neutral y que la ausencia de reglas claras ha funcionado, durante demasiado tiempo, como una forma de protección informal para quienes ocupaban posiciones de autoridad.

Nada de esto habría sido posible sin la acción persistente del movimiento feminista y sin el trabajo de quienes han asumido el coste de hacer visible lo que el poder prefería mantener en silencio. Las periodistas que investigan, los medios que publican y las mujeres que deciden hablar —a menudo sin garantías, con enorme desgaste personal, económico y profesional— no actúan movidas por una pulsión moral, sino por una exigencia democrática elemental. Las leyes no crean los testimonios, pero los hacen audibles. Y los testimonios, cuando se sostienen colectivamente, fuerzan a las instituciones a dejar de mirar hacia otro lado. A todas ellas no podemos dejar de agradecerles su tarea. 

Y es con este agradecimiento en el centro que se hace necesario señalar que quienes hoy denuncian un supuesto clima de linchamiento son precisamente quienes han guardado silencio durante décadas ante una cultura de la impunidad ampliamente conocida. El escándalo no fue que la ley prohibiera algo nuevo, sino que nombrara algo viejo. La incomodidad actual no procede de un exceso de denuncia, sino de la pérdida del monopolio sobre el relato y sobre las reglas del juego. En ese sentido, la Ley de Libertad Sexual ha operado también como un boomerang político para el propio Pedro Sánchez. Aquello que en su momento fue presentado como un debate que había ido demasiado lejos, como una discusión sobre si determinadas formas de comportamiento masculino, normalizadas durante décadas, podían ser consideradas o no violencia regresa hoy transformado en un problema político de primer orden. No por la ley en sí, sino porque el marco que esta ayudó a abrir permite leer de otro modo los casos que han ido surgiendo en su entorno político y orgánico. Lo que entonces se quiso cerrar como exceso aparece ahora como diagnóstico de sentido común. Ya no se trata de una exageración feminista, sino de una pregunta incómoda sobre poder, consentimiento e impunidad que ya no puede volver a formularse en abstracto.

El MeToo político no exige cancelaciones automáticas ni juicios sumarios. Exige algo más sencillo y, a la vez, más incómodo. Exige asumir que el poder, también el poder progresista, debe someterse a límites. La restauración de todo lo que el debate sobre la  ley de Libertad Sexual canceló es una de las condiciones de posibilidad de este proceso. Porque un proyecto político que no es capaz de revisar cómo se ejerce el poder sexual en su interior, es decir, de garantizar la libertad de las mujeres, difícilmente puede llamarse progresista.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

En las últimas semanas, algunos casos de violencia sexual y machismo vinculados al PSOE han reactivado un debate sobre coherencia y responsabilidad política. Pero conviene evitar un error frecuente. Una crítica feminista no puede consistir en señalar a las feministas del PSOE como responsables ni en atribuirles las conductas individuales de los hombres de su partido. Eso sería confundir el análisis estructural con un uso punitivo de las categorías políticas. El feminismo ha insistido siempre en que la crítica es una forma de cuidado: un modo de mantener vivas las exigencias de justicia, incluso (y especialmente) frente a quienes se reivindican aliados para la transición feminista que este país aún tiene pendiente.

Por eso, una crítica feminista rigurosa no se dirige contra las mujeres socialistas, sino hacia las decisiones políticas, institucionales y estratégicas del partido. Las discrepancias son legítimas y necesarias dentro de un movimiento que nunca ha sido homogéneo ni lo será. No existe tal cosa como un feminismo oficial que invalide al resto; existe un campo de debate democrático donde el disenso es síntoma de democracia, no de traición.

Sin embargo, el problema actual del PSOE con el feminismo no proviene de tener machistas en sus filas —todas las organizaciones los tienen, a mí me lo van a decir—, sino de una pérdida sostenida de ambición política en materia de igualdad. La erosión es más larga y más profunda.

En primer lugar, pesa y llama poderosamente la atención la demora deliberada en materias que el propio PSOE presenta como banderas históricas propias, como la llamada abolición de la prostitución (posición que no comparto). A la vez, programas esenciales impulsados desde el Ministerio de Igualdad como el Plan Corresponsables, las pulseras telemáticas para agresores, los itinerarios de inserción para mujeres en prostitución o la imprescindible implementación de leyes ya en vigor como la ley de libertad sexual, la ley trans o la reforma de la ley del aborto han sufrido discontinuidad, falta de impulso o vaciamiento. Prometer igualdad y desatender los mecanismos que la garantizan es una forma silenciosa de retroceso.

La falta de una agenda feminista coherente se evidencia también en gestos políticos de escaso realismo, como la reciente propuesta de introducir el derecho al aborto en la Constitución, una iniciativa que tuvo más de titular que de horizonte legislativo real. El feminismo no necesita promesas performativas, sino políticas públicas estables y dotadas.

Pero la situación actual no se explica únicamente con el abandono de la agenda del anterior Ministerio o con el desastre de la gestión en casos internos de violencia sexual. Es crucial señalar que el punto de inflexión se dio cuando el PSOE decidió que, para competir por el voto femenino con el Ministerio de Igualdad, la estrategia era cuestionar la Ley de Libertad Sexual, sumándose a la estrategia de las derechas, insinuando que el feminismo había ido con la aprobación de una reforma basada en el consentimiento demasiado lejos y atribuyendo a errores legislativos lo que entonces no quiso reconocer como interpretaciones judiciales restrictivas –interpretaciones que ahora sí denuncia en otros ámbitos, como el reciente caso del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado–. Aquella estrategia dejó una cicatriz imborrable. Convertir el feminismo en arma arrojadiza debilitó la confianza en un partido que históricamente había sido central en la institucionalización de la igualdad. Y lo que es peor, arrastró a sus actuales socios de Gobierno a una estrategia similar en la que, sin entrar en detalles, el feminismo se volvió a convertir en un aspecto accesorio para la izquierda.

Este deterioro no ocurre en el vacío. Que la derecha crezca no puede paralizar la capacidad crítica de la izquierda ni obligarla a cerrar filas sin reflexión, como si señalar errores propios fuese debilitar al conjunto. Muy al contrario, precisamente porque la izquierda no atraviesa su mejor momento, debe preguntarse qué hace mal, qué políticas no ha sabido sostener y qué discursos ha descuidado.

Una encuesta reciente publicada por 40dB. mostraba que las mujeres se están alejando del voto progresista y desplazándose hacia la abstención. Cuando quienes deberían sentirse representadas por una agenda feminista dejan de hacerlo, la pregunta no puede dirigirse contra ellas, sino contra quienes han gestionado y cuestionado esa agenda. El descontento no es espontáneo; es político. Y desgraciadamente los mensajes contra las políticas de igualdad han venido también de las primeras filas socialistas durante quizás ya demasiado tiempo.

Por eso la crítica feminista al PSOE y a sus socios de Gobierno debe ser un acto de responsabilidad. Porque el vínculo histórico entre socialismo, izquierda e igualdad no se sostiene solo con memoria, se sostiene con políticas. Y en los últimos años, el PSOE ha ido renunciando, de forma paulatina y táctica, a ese liderazgo que un día ejerció con convicción. La relación rota con el feminismo no es fruto de un caso concreto, de un malentendido ni de una campaña ajena, sino que es consecuencia de decisiones políticas concretas, de silencios estratégicos y de una incapacidad creciente para articular una visión sólida de igualdad en un tiempo que exige claridad y valentía.

Si el PSOE quiere recuperar ese lugar, no le bastará con invocar un legado. Tendrá que volver a construir uno. Y la misma tarea sigue pendiente para las izquierdas. Si queremos tener esperanza en unos comicios electorales que parece que son cada vez más cercanos, las mujeres tienen que salir a votar. Fueron ellas las que llevaron a Sánchez a la Moncloa y, o la estrategia cambia radicalmente, o serán las que lo van a sacar. Y para ello no hay lavado de cara morado que valga, hace falta articular un feminismo que vuelva a interpelar a la mayoría, tan crudo como hegemónico.

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Ángela Rodríguez Pam es exsecretaria de Estado de Igualdad.

La violencia machista se ha instalado en el debate público español como un fenómeno que conviene gestionar, pero ya no como un orden social que transformar. Se hace imprescindible volver a comprender. En un país que presume de consenso en la materia, la raíz ideológica del problema se ha ido diluyendo en categorías neutras que lo despolitizan y sustituyen estructura por contingencia, opacando el marco mismo desde el que podríamos comprender su persistencia. Pero el machismo no es un desajuste emocional, ni una tragedia privada, ni tampoco un asunto que se resuelva únicamente con más penas de cárcel o mejores medidas policiales: es una estructura que orienta afectos, legitimidades y jerarquías. Es cuando dejamos de nombrarla como tal cuando avanza sin resistencia.

Hay conceptos que no desaparecen, se vuelven opacos y cambian su significado con su uso. Machismo, como patriarcado, violencia o incluso feminismo corren hoy ese riesgo en España. Esto no sucede porque hayan dejado de emplearse, sino porque han sido absorbidos por un discurso institucional que los nombra sin pensar su raíz. Se habla de violencia en el ámbito de la pareja, de problemas de convivencia, de conflictos relacionales, como si el daño que produce el patriarcado fuese una cuestión psicológica y no la manifestación visible de un sistema de poder con incalculables consecuencias. El consenso político ha producido un vocabulario higiénico que gestiona la violencia sin interrogar su estructura, y esa operación es peligrosa porque transforma un orden ideológico en un asunto técnico. Llega a ser de tan profundo calado que en aras al consenso se llega incluso a pedir que no se politice la lucha contra la violencia machista. Es decir, se pide no hacer justamente aquello que de hacerse podría realmente marcar la diferencia. ¿Cómo luchar contra el machismo, cómo cambiar el orden social patriarcal, sin asumir que éste es una cuestión íntimamente relacionada con el poder?

La filosofía feminista contemporánea resulta aquí indispensable. Sara Ahmed ha mostrado que las estructuras sociales funcionan como orientaciones: inclinaciones que no obligan, pero que predisponen, que canalizan movimientos y expectativas. El patriarcado es, en este sentido, una geografía afectiva. No se limita a distribuir roles, sino que configura lo interpretable y lo imaginable: quién puede enfadarse y quién debe justificar su ira, quién es leído como razonable y quién como exagerada. No hablamos de actos aislados, sino de una arquitectura de inteligibilidad.

Pero esa arquitectura, cuando no se nombra, se vuelve paisaje. Judith Butler lo advirtió hace décadas: los marcos que utilizamos para describir la realidad no son neutrales; producen aquello que vemos y borran aquello que no encaja en su gramática. Cuando hablamos de lacra, por ejemplo, transformamos la estructura patriarcal en una suerte de patología indeterminada, una desgracia social sin responsables ni genealogía. Cuando hablamos de violencia en el ámbito familiar, devolvemos la dominación al espacio privado y disolvemos la asimetría entre quienes ejercen poder y quienes lo padecen. Estas expresiones —tan frecuentes en discursos mediáticos e institucionales a ambos lados del arco parlamentario— parecen inocuas, pero no lo son: operan como dispositivos conceptuales que desplazan el problema fuera de la ideología para situarlo en la intimidad. Y un problema íntimo no exige transformación estructural, solo gestión emocional.

Susan Faludi describió este fenómeno como backlash: una reacción que emerge precisamente cuando el feminismo logra avances significativos como los que en los últimos años se han dado gracias a los movimientos feministas y sus diferentes manifestaciones, incluso las institucionales. Es importante tener presente que, en España, ese backlash no siempre se manifiesta como confrontación explícita; a menudo adopta la forma más sofisticada de todas: la moderación semántica. La sustitución del patriarcado por la convivencia, de la desigualdad por la dificultad relacional o el discurso sobre la meritocracia, de la dominación por el conflicto sentimental. Es una operación que permite al sistema mantenerse indemne bajo la apariencia de consenso.

Mientras tanto, la cultura popular, quizá sin proponérselo, comienza a exponer con mayor claridad lo que la política neutraliza. La perla, de Rosalía, puede parecer un relato emocional, pero en realidad nombra un patrón. En ella, cuando se habla de red flag no es un gesto anecdótico; es el reconocimiento de un repertorio colectivo. La figura del terrorista emocional no es la patologización de una pareja concreta, sino la actualización de una forma de poder que se aprende, se hereda y se legitima culturalmente. En la canción, el protagonista reduce su propia violencia a un relato pobre, excusatorio, casi infantil. Y esa reducción es significativa ya que muestra cómo ciertas narrativas masculinas, al minimizar su responsabilidad, participan sin saberlo en la reproducción de la estructura. Lo que la política llama lacra o problemas en el ámbito familiar, la cultura pop lo lee —con más precisión filosófica que muchos documentos oficiales— como síntoma.

España ha avanzado normativamente en materia de igualdad, pero desgraciadamente la existencia de leyes no garantiza la existencia de un lenguaje capaz de sostenerlas y que posibilite las transformaciones profundas necesarias. Pensar el machismo como ideología no es una elección retórica, sino una necesidad analítica. Sin ese marco, la violencia se fragmenta en episodios inconexos que no permiten ver el patrón. Y donde no hay patrón, no puede haber transformación. La desideologización, en este sentido, es la forma contemporánea de continuidad, es decir, un modo amable de preservar el orden patriarcal que sigue permitiendo esa violencia.

Nombrar las perlas no significa buscar metáforas compensatorias, sino recuperar la posibilidad de identificar, en la superficie cotidiana, el destello de la estructura. Cada gesto que se repite, cada explicación que se reduce, cada terminología que sustituye poder por patología, es una señal. Y una democracia madura no debería temer nombrarlas. Sin lenguaje estructural, el patriarcado se vuelve administrable. Con él, vuelve a hacerse visible.

El desafío no es volver más enfático el debate público, sino hacerlo más honesto. El machismo no es un ruido sentimental: es una forma histórica de organización de la vida social. Cuando lo tratamos como si fuera un accidente de la intimidad o una tarea de las administraciones públicas, como el cuidado de parques y jardines, lo reforzamos. Cuando lo nombramos como ideología, abrimos la posibilidad de interrumpirlo. Y en esa diferencia está, no solo el terreno de la política, sino la posibilidad de articular propuestas feministas institucionales que de verdad sirvan para transformar la sociedad y hacer que las mujeres, de una vez por todas, seamos libres. 

El nuevo disco de Rosalía ha reavivado un debate que, más que musical, define el clima cultural y filosófico de nuestro tiempo. Su regreso (no está de más recordar que toda su obra ha estado plagada ya de referencias religiosas) a una estética cargada de misticismo y símbolos sagrados ha generado opiniones contrapuestas. Para algunos, representa una vuelta al dogma y al imaginario católico más tradicional. Para otros, es un gesto artístico que se inscribe en lo que varios pensadores han descrito como un giro espiritual. Para muchos otros, incluso para los fans, hay una gran operación de márketing en todo ello que nubla cualquier precisión conceptual En cualquier caso y en todos ellos, la realidad es que lo espiritual ha vuelto. Y la pregunta en este mundo, para algunos plano, en el que Nietzsche ha muerto, Rosalía quiere ser monja y la extrema derecha pisa fuerte es inexcusable: ¿Es lo religioso o espiritual siempre conservador?

Vivimos un momento en que lo religioso, lo ritual y lo inexplicable (no confundir con lo falso) parecen resurgir en una sociedad que había hecho de la razón y la ciencia su único horizonte. Pero cuando ese retorno se asoma, enseguida aparece el juicio automático: “es conservador”. Sin embargo, quizás lo religioso no sea necesariamente una forma de nostalgia ni de reacción, sino una manera distinta de mirar lo que la modernidad dejó en los márgenes: la emoción, el asombro, lo que no puede medirse pero sostiene la vida. Aquello que también se ha asociado siempre a las mujeres y que en la cosmología de la validez que sostiene el poder, siempre ha sido la luz que menos brillaba.

Pero vayamos por partes. Pensemos primero en una definición posible de lo conservador. Michael Oakeshott escribió que el conservadurismo no es una ideología, sino una disposición. Consiste en preferir lo conocido a lo incierto y en desconfiar de los cambios que puedan alterar el equilibrio de lo común. Bajo esa mirada, lo religioso podría parecer conservador, porque apela a lo eterno, a lo que no cambia. Sin embargo, la historia muestra otra cara. El cristianismo primitivo, el feminismo islámico o el misticismo de Teresa de Ávila no son gestos de conservación, sino de ruptura. Nacieron como movimientos espirituales que desafiaban la autoridad, que ponían en el centro la experiencia interior y la igualdad de las almas.

Dicho esto, en un contexto de genocidio y pederastia en la Iglesia, la posibilidad de contemplar lo religioso o espiritual como no reaccionario parece por lo menos contradictoria. Sin embargo, es imposible obviar que la secularización no destruyó la religión, sino que la transformó, más allá de las propias instituciones religiosas, en un lenguaje para aquello que no puede ser medido. Ya no vivimos en un mundo donde la fe es el marco único de sentido, sino en uno donde cada persona elige su relación con lo trascendente. Diego Garrocho rescataba recientemente en el periódico El País la noción de giro espiritual, antes acuñada por José María Mardones. Ambos señalan cómo este giro no es una vuelta a la religión institucional, sino una recuperación de la experiencia de lo sagrado en un mundo desencantado que nos obliga a la búsqueda de sentidos trascendentes. Del mismo modo hablan Byung-Chul Han, de una búsqueda desesperada de formas de sentido, comunidad y de silencio frente al ruido de la productividad; o Julia Kiristeva, con una nueva mística laica que no necesita a Dios, pero que reconoce el valor simbólico del alma y del deseo. La cuestión puede resumirse en el inagotable deseo de creer en algo ante la horrible realidad que nos ha tocado vivir. En ningún modo ético o ideológico debería ser este deseo cancelable. ¿Qué es entonces lo que chirría en este giro espiritual?

Por un lado, parece evidente que el recelo hacia lo religioso está ligado a la desconfianza hacia todo lo que no puede demostrarse. Vivimos rodeados de algoritmos que lo miden todo, y hemos aprendido a creer solo en lo verificable. Lo emocional, lo intuitivo o lo simbólico quedan en el terreno de lo menor, como si fueran residuos premodernos. Y sin embargo, es innegable que existen sabidurías y formas de estar en el mundo que no tienen explicación inmediata. Es más, casi podríamos decir que necesitamos como descanso anticapitalista pensar que no todo puede tener una explicación inmediata.

No se trata de oponer ciencia y fe, sino de aceptar que existen formas de conocimiento que no caben en un algoritmo y que quizás justamente eso que queda fuera es lo humano. Y por supuesto, esa reivindicación del misterio o de, lo que es lo mismo, de la experiencia subjetiva, tiene también una dimensión política. El feminismo lleva tiempo señalando que la razón moderna ha sido construida sobre una exclusión de lo emocional, lo afectivo y lo corporal. Autoras como Donna Haraway, Silvia Federici o Sara Ahmed han mostrado que lo que se presenta como racional suele coincidir con lo masculino y lo dominante. Revalorizar la emoción, lo espiritual o lo simbólico no implica renunciar a la crítica, sino ampliar la idea de conocimiento y abrirla a lo sensible.

Quizá no estamos asistiendo a un regreso de Dios, sino a algo distinto que el sociólogo francés Michel Maffesoli ha descrito con ironía como la muerte de Nietzsche. Si en el siglo XIX Nietzsche anunció la muerte de Dios para señalar el fin de las certezas, hoy, dice Maffesoli, lo que muere es ese propio nihilismo que nos dejó sin alma. Tras décadas de descreimiento, de cinismo posmoderno y de culto al individuo, el ser humano vuelve a buscar sentido. Pero ya no lo hace en los templos, sino en los rituales cotidianos, en el arte, en los afectos, en el cuerpo, en los vínculos. Es una espiritualidad sin mandato, sin culpa y sin jerarquías, una especie de fe de un presente agotado que necesita creer.

Quizás con todo esto se pueda concluir que Rosalía no está predicando, sino que, como tantos y tantas artistas que con su obra han querido buscar otro sentido en el mundo, está utilizando un lenguaje. Y esa diferencia es fundamental. Una obra de arte puede servirse del vocabulario religioso sin convertirse en liturgia. En realidad, es ahí donde reside la fuerza del arte, en esa capacidad de hablar desde un código sin quedar atrapado en él. La historia del arte está llena de ejemplos. El cine de Terrence Malick o la música de Sufjan Stevens, donde lo trascendente es una atmósfera; el anhelo de belleza de Paolo Sorrentino, que funciona como una plegaria; la obra de Sharin Neshat, donde la fe musulmana es un acto de resistencia y libertad; o incluso los poemas de Federico García Lorca, en los que de una forma tan patria de la que seguramente también Rosalía es heredera, lo espiritual y lo corporal se unen de un modo laico.

Son innumerables las semánticas que el arte produce desde el lenguaje de lo religioso que sirven para poder pensar lo común de una forma emancipadora. Todas ellas nos deben obligar a revisar un prejuicio muy occidental que nos hace afirmar que la religión es por definición opresiva. El arte demuestra lo contrario. Lo sagrado puede ser feminista, disidente, reapropiado, reinventado. Jugar con el lenguaje de lo conservador puede ayudar a abrir preguntas donde hasta ahora solo había continuidad. Por ello, el giro espiritual que se observa hoy no es una regresión, sino una respuesta. Es la tentativa de reconstruir sentido en un mundo saturado de información y vacío de trascendencia.

Hay riesgos, por supuesto, no todo es jauja en esta nueva mirada de lo espiritual. Lo religioso puede vaciarse y convertirse en decoración, en simple moda o en mercancía. También puede ser utilizado como refugio reaccionario, como justificación moral frente al cambio. Pero entre el dogma y el simulacro hay un terreno fértil que la creación artística habita con libertad y que puede resultar útil para un mundo que parece vivir agotado y absolutamente seco de espíritu y valores. Lo religioso entendido como experiencia, y no como doctrina, tiene la capacidad de interpelar el presente. No busca imponer una verdad, sino abrir una pregunta. Cuando la ciencia y la efectividad del mundo neoliberal que habitamos se convierten en la única fuente de sentido, el arte y la espiritualidad recuerdan que la existencia humana también se alimenta de símbolos, de vínculos, de comunidad, de gestos sin utilidad inmediata.

Rosalía ha puesto en escena esa búsqueda. Su uso de lo sagrado no impone una fe, sino que invoca una experiencia. Nos recuerda que hay una parte de la vida que no se explica con datos y que lo inexplicable también forma parte de lo humano. Esa dimensión no pertenece solo a las religiones ni a los conservadores. Pertenece a cualquiera que sienta que, más allá de lo medible, todavía hay misterio. Y quizá ahí esté la clave. Lo religioso, en su sentido más amplio, no conserva, sino que conecta. No se trata de volver atrás, sino de recuperar la capacidad de asombro. Creer, aunque sea por un instante, que el mundo todavía guarda algo sagrado.

En su nuevo trabajo, Rosalía aparece como un cuerpo entre el éxtasis y la penitencia. El gesto, la luz y el ritmo componen una escena que parece sacada de una pintura barroca, donde el amor se confunde con la fe y la entrega con la herida. Hay algo en Berghain que ya no pertenece al terreno del pop, o más bien convierte al pop en una especie de liturgia, si es que esta no es su constante aspiración. Hay algo en Lux que define lo pop, una oración donde lo femenino vuelve a ser altar, sacrificio y ofrenda, navegando con comodidad en la contradicción de serlo todo a la vez. 

La artista ha convertido su obra en un símbolo de algo más grande que ella. Vuelve la Rosalía de El mal querer, que esta vez ama hasta desangrarse, que se ofrece como cuerpo místico y animal herido, que pide perdón y al mismo tiempo exige ser adorada. Es un gesto que remite a siglos de iconografía católica, desde la representación de Santa Teresa de Bernini, las vírgenes del dolor, las mártires del cine de Pasolini o tu abuela planchando en la cocina. El de Lux es el imaginario del amor romántico, ese viejo guion donde el deseo femenino se escribe como sufrimiento, redención y entrega total. Rosalía se convierte en Santa Teresa, con el corazón atravesado por el dardo de un ángel, abrasada por el gran amor de Dios, una mártir contemporánea para tiempos sin dioses. Y sin duda, va a ser adorada. 

Y como sucede sobre cualquier adoración, conviene hacer exégesis. Y es que no puede pasar inadvertido el encaje perfecto de la imaginería religiosa con la estética trad wife que en el videoclip de la nueva canción de la cantante aparece reflejada en el vestido blanco, en la cocina de fondo y en la candidez forzada de una mujer devota y rota que se ocupa de las tareas del hogar mientras llora a un amado. Es la misma simbología que hoy inunda TikTok o Instagram: jóvenes que celebran el retorno al hogar, la obediencia como virtud y el amor al otro como misión espiritual. El neoliberalismo ha sabido vestir de libertad el mandato más antiguo: la idea de que una mujer plena es aquella que ama, cuida y renuncia. Rosalía juega —o se debate— con ese imaginario. No sabemos si lo reproduce o lo subvierte, o si en esa ambigüedad radica su potencia.

Lo que está claro es que su gesto no es inocente. Lux es una apuesta clara por la idea de que el amor romántico es una religión de la cual Rosalía, como todas las mujeres, es una mártir. A la luz de este credo, la pregunta por la intención de la obra de Rosalía se convierte en una pregunta colectiva  que arrastra a una generación de mujeres atravesadas por las contradicciones placenteras del patriarcado disfrazado de feminidad reapropiada. ¿Es Rosalía la santa que ironiza sobre el sacrificio femenino o la devota que lo reencanta con luz y oro? ¿Funciona esta puesta en escena como una crítica o como repetición del mito de la feminidad? La frontera es difusa, y ahí habita la tensión más contemporánea de la feminidad: la posibilidad de reapropiarse de los símbolos que nos oprimieron o el riesgo de reactivarlos bajo una nueva forma de fascinación.

En tiempos en que las trad wives convierten la sumisión en estética y las derechas coronan a mujeres para demostrar que el patriarcado ya no existe, la figura de Rosalía funciona como un espejo. No es Meloni ni Ayuso; no predica la obediencia, pero tampoco la niega del todo. Su giro espiritual parece preguntar: ¿qué significa ser libre si el lenguaje del amor para las mujeres sigue siendo el de la herida? Es inevitable leer Lux como una continuación de sus álbumes anteriores, pero también como una alegoría del proceso que muchas mujeres vivimos: del sometimiento de El mal querer al empoderamiento despechado de Motomami, hasta esta conciencia ambivalente que ya no busca vencer sino comprender, una nueva identidad hecha con jirones y pensamientos intrusivos de todo lo anterior. Pasamos de rogar ser nombradas y declararnos en guerra con la idea de ser el bizcochito de nadie a afirmar que en todo ese dolor, en todo ese ser unas intensas, reside también una forma de estar en el mundo verdaderamente poderosa. Ahora Rosalía sabe quién es, asume (y asumimos con ella) ser tan irresistibles y vulnerables como un terrón de azúcar que se funde con el calor.  Rosalía con Lux se hace mayor y enseña orgullosa las contradicciones políticas y estéticas de su carrera, que son también, en definitiva, las del feminismo: ¿Existe la posibilidad de que esa nueva mística de la feminidad se convierta en un nuevo sentido o identidad  para las mujeres que se repiensan por primera vez viviendo de forma consciente en un mundo que ha nombrado ya la violencia que las mujeres sufrimos? ¿Cómo son las mujeres después de ser heridas? ¿Cómo es la identidad de una mujer vulnerable pero poderosa?

Quizá la respuesta esté en aceptar que no hay retorno a la ingenuidad. Las mujeres contemporáneas —como las que canta Rosalía— habitan un territorio posterior a la herida: saben que el amor hiere, que la libertad cansa, que el cuerpo recuerda. Pero también saben que la herida no es sólo un daño, sino un lenguaje, un modo de estar en el mundo. Lo femenino, tras el desvelamiento del patriarcado, ya no puede sostenerse en la sumisión ni en la pureza; debe sostenerse en la conciencia, que no es otra cosa que una suerte de trascendencia de lo que somos, una nueva mística de la feminidad. Es en este sentido que Rosalía aparece como un animal herido que canta a su propio cautiverio, que tras intentar que el corazón sea arreglado por un hombre, concluye que la única reparación posible reside en esa soledad de las mujeres con ellas mismas, que encuentran en su herida una identidad nueva, tal y como Despentes habla de la violación o Gilligan del cuidado que duele. Hay fuerza en esa vulnerabilidad, una belleza que reivindica la emoción en un mundo cínico, hay muchísimo poder en ese mundo con hombres que hieren. Pero también hay un peligro: que el dolor femenino vuelva a ser el espectáculo central del deseo. Que la herida se transforme en marca, en símbolo rentable, en estética de la nostalgia. El cristianismo, el romanticismo y el capitalismo siempre han sabido hacer negocio con el sufrimiento de las mujeres.

Y, sin embargo, algo brilla en esa oscuridad. Porque lo que Rosalía muestra es la imposibilidad de resolver el conflicto entre amor y libertad, entre deseo y dominio. La suya es una alegoría del malestar contemporáneo: mujeres que ya no creen en el amor como destino, pero que siguen buscando su luz. Mujeres que saben que la devoción es peligrosa, pero que aún necesitan creer. Mujeres que entienden que el poder las usa como símbolo, y aun así se atreven vulnerables y poderosas a representarse, a cantar, a arder.

Quizá Lux no sea una rendición ni una victoria, sino un espejo roto de nuestra época: la puesta en escena de un mito que se resiste a morir. En ella, la feminidad no es ni sagrada ni profana: es crítica, ambigua, doliente. Y en esa ambigüedad se juega algo más grande que una estética: la posibilidad de reapropiarse de lo que nos hizo daño. Rosalía, con su gesto entre el rezo y la rebelión, encarna esa pregunta: ¿puede una mujer hacer suyo el lenguaje de dios y del amor sin volver a arrodillarse? Y esa justamente podría ser la promesa de la nueva mística de la feminidad. No volver a lo sagrado, sino reinventar el sentido del presente, desde la conciencia de haber sido heridas, pero sin ser únicamente esa herida. Mística sin dios, creer en algo pero sin obediencia. ¿Feminismo?

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

La propuesta de reforma consiste en la modificación del artículo 43 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud, para incorporar en el mismo la salud sexual y reproductiva y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta es una propuesta que se aleja de otras que con anterioridad desde la izquierda y el feminismo habían planteado la inclusión del derecho al aborto dentro de la sección de derechos fundamentales que en su primer título blinda la Carta Magna. 

Esta es una diferencia crucial, puesto que el artículo 43 forma parte de los principios rectores de la política social y económica, que orientan la acción pública, sin embargo, no son derechos fundamentales ni directamente exigibles ante los tribunales. En la práctica, con la reforma del artículo 43, el aborto se reconocería como una prestación sanitaria que los poderes públicos deben promover, pero no como un derecho constitucional pleno, tal y como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), que define los principios rectores como mandatos de actuación dirigidos al legislador y no como derechos subjetivos exigibles.

En este sentido, el contraste con la reforma francesa es elocuente. En marzo de 2024, el Parlamento francés aprobó una reforma que modificó el artículo 34 de su Constitución para afirmar que “la ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”. Con esta redacción, Francia se convirtió en el primer país del mundo en consagrar constitucionalmente el derecho al aborto, y lo hizo en el marco de los derechos y libertades fundamentales.

El aborto no es, por tanto, únicamente una prestación del sistema nacional de salud —como señalaría la futura reforma del artículo 43 de la Constitución—, sino una libertad garantizada, un derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Colocar este derecho en un escalón inferior a otros derechos no solo es un asunto de relevancia política, sino también jurídica, ya que no podría recurrirse en amparo ante el Tribunal Constitucional alegando su vulneración. Las mujeres solo podrían reclamar ante los tribunales ordinarios, dentro del marco de la ley que desarrolle este derecho, como la Ley Orgánica 2/2010.  

La decisión socialista sin embargo está profundamente marcada por la permanente correlación de debilidades en la que el Ejecutivo puede gobernar. Por un lado, el procedimiento elegido para la reforma sería el ordinario y no el agravado, evitando así la disolución de las Cortes, pero también eliminando la posibilidad de que el derecho al aborto sea garantizado como un derecho fundamental, como ya se ha explicado.

Por otro lado, esta reforma necesitaría de 210 votos en el Congreso para ser aprobada. Incluso si todos los partidos que hoy sostienen al Gobierno votasen a favor, seguirían siendo necesarios 26 votos de la derecha para que la reforma saliera adelante con la mayoría de tres quintos exigida en la Carta Magna. Cabe pensar que, o bien el PSOE cuenta con el voto de algunas diputadas populares que puedan defender este derecho, o bien que su propuesta, más que un movimiento legislativo viable, parece una operación simbólica, una forma de reafirmar perfil feminista ante la opinión pública en un contexto de recrudecimiento de la reacción machista y de cuestionamiento de la credibilidad feminista socialista, tras las revelaciones del caso Ábalos-Koldo y sus conversaciones sobre prostitución.

La última reforma de la ley del aborto en el año 2023 incluyó muchos aspectos necesarios para que el blindaje de este derecho fuera efectivo. Hubo entonces un debate en el seno del Gobierno de coalición sobre cómo blindar este derecho como una prestación en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Si bien el Ministerio de Igualdad de Irene Montero apostaba por un modelo que garantizase que en todos los hospitales públicos fuera obligatorio que se prestase este derecho, la parte socialista del Ejecutivo apostó por una redacción más laxa de esta obligatoriedad, que ha permitido en la práctica a las derechas desde los Gobiernos de las comunidades autónomas desarrollar políticas que no protejan los derechos de las mujeres, profundizando en las desigualdades que a día de hoy se siguen dando entre autonomías en la garantía de este derecho.

No es que el PSOE no apoye el derecho al aborto, sino que tiene dificultades, como le sucede en otros ámbitos, para defender que tenga que desarrollarse con carácter universal en la sanidad pública. Esta reforma constitucional, aunque es un empuje al polo democrático y feminista que cree en las libertades de las mujeres, no tiene el calado suficiente para cambiar el día a día de las mujeres si no se acompaña de una apuesta clara por otras medidas entre las que es imprescindible una defensa de la sanidad pública. No podemos olvidar que si la mayoría de abortos se realizan en la sanidad privada es porque tenemos una ley que lo permite. 

En primer lugar, convendría reflexionar sobre la necesidad de acompañar un proceso de reforma constitucional feminista con aquellas mujeres feministas que apuestan por ello desde diferentes ámbitos, como el académico o el activista. Ya tuvimos unos padres de la Constitución, sería realmente relevante en términos políticos es que esta fuera la reforma de las nietas. Y este es un aspecto relevante no solo por lo simbólico o performativo que pueda conllevar la presencia de mujeres en cualquier proceso político sobre el que deban tener agencia, sino porque la reforma de la Constitución de un país es algo suficientemente serio como para que se implique a toda la ciudadanía en su conjunto. Aunque no sea obligatorio en este caso por el tipo de reforma propuesta por el Ejecutivo, quizás sí convendría un referéndum y desde luego sería imprescindible una comisión de trabajo en el Congreso que contase con las feministas. 

En segundo lugar, hay toda una serie de medidas que son tan importantes como el blindaje constitucional que ya se pueden poner en marcha con la actual ley y que este Ejecutivo tiene que priorizar desde ya. Entre ellas: crear un alto comisionado o agencia estatal que coordine la política de salud sexual y reproductiva, poner en marcha el registro nacional de objetores para planificar recursos humanos y evitar bloqueos estructurales, condicionar la financiación sanitaria a las comunidades autónomas al cumplimiento de estos mínimos legales; y quizás, la más importante, para de raíz poder cambiar las cosas: garantizar educación sexual integral en todas las etapas educativas como herramienta de prevención y de ciudadanía.

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

¿Es suficiente la socialdemocracia para que todos y todas vivamos mejor? En España los datos económicos son positivos y alientan el optimismo: crecimiento del PIB por encima de la media europea, récord de afiliación a la Seguridad Social o inflación contenida son algunos de los grandes titulares. Sin embargo, cuando se pregunta a la ciudadanía, la mayoría responde que su vida no ha mejorado, tal y como revelaba una encuesta reciente de Funcas que señalaba que solo un 22% de los y las españolas cree que su situación económica personal ha mejorado respecto a antes de la pandemia; un 34% opina que ha empeorado; o, lo que es peor, el 76% afirma que sus hijos vivirán peor.

Aunque la macroeconomía sonríe, la percepción social empeora y el desarrollo de las promesas socialdemócratas no parece ser suficiente para cerrar esa brecha. ¿Pero es solo una percepción? ¿Sirven los datos macroeconómicos para reflejar la mejora de toda la sociedad? ¿Quién se queda atrás una vez las promesas socialdemócratas se cumplen? ¿Qué alternativa política hay?

Hay que reconocerle a este Gobierno lo suyo. La socialdemocracia está siendo desplegada en un abanico de medidas incuestionables en sus efectos: subida del salario mínimo interprofesional, revalorización de las pensiones conforme al IPC, reforma laboral que redujo la temporalidad, el arranque del ingreso mínimo vital o el diseño de impuestos extraordinarios a banca y energéticas son medidas de inestimable relevancia social (también de marcado sello morado). Pero tan incuestionables son estas medidas como que sus efectos en la redistribución de la riqueza son parciales. La conclusión parece clara y no remite a una lectura de tipo coyuntural sobre las limitaciones del actual Gobierno, sino más bien a los límites estructurales de la socialdemocracia: sus políticas alivian, pero no transforman. 

La primera barrera para entender esta cuestión es la forma en la que los datos macroeconómicos reflejan tan solo una parte de la realidad. Sí, ha habido avances inéditos, pero no han conseguido revertir de manera sustantiva la precariedad de buena parte de la población. La desigualdad persistente se ve reflejada en otros datos que no son los habituales de los titulares económicos, como el precio de la vivienda, los precios de la cesta básica o la depauperización de los servicios públicos, que siguen sin recuperarse de manera definitiva de los recortes que sufrieron durante las políticas de austeridad.

Todo ello afecta de manera asimétrica en la sociedad, moldeando el socavón de desigualdad que sigue existiendo para amplios sectores de la población como jóvenes, mujeres o personas migrantes, que acumulan los peores datos. Podría decirse que el optimismo de los titulares económicos es en sí mismo una narrativa ideológica, una mirada propia de la socialdemocracia que empuja un programa de bienestar con evidentes puntos ciegos. Cuando se dice que las cosas van bien, se habla en realidad de que van bien para unos pocos, para aquellos que ostentan una posición que les permite contar cómo van las cosas en un país. 

Estos puntos ciegos que alimentan la brecha entre cifras y percepción de la vida cotidiana apuntan de forma muy particular a la cuestión de género. Pese a las políticas puestas en marcha que deberían haber impulsado una mejora de las condiciones de vida de toda la ciudadanía, la desigualdad de género persiste. 

Las mujeres siguen realizando el 72% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado según el INE, concentrando en consecuencia más empleo parcial, más paro, peores salarios, más precariedad, más pobreza, peor salud mental y, por tanto, peores condiciones de vida en general. Esta brecha de cuidados es uno de los mayores agujeros en la correlación entre macrodatos y bienestar real. 

Muchas políticas redistributivas se centran en salarios, pensiones o fiscalidad, pero ignoran que la organización social de los cuidados es uno de los motores invisibles de la desigualdad. En nuestro país, las mujeres no solo asumen la mayoría del trabajo de cuidado no remunerado, sino que en la medida en que conciliar implica aún hoy en España reducir la jornada laboral o dejar el empleo, siguen siendo ellas las que pagan la factura.

Esto repercute en menor capacidad adquisitiva en el presente y en peores pensiones futuras, pero también se traduce en unas peores condiciones de vida para todas aquellas personas que cuidan o que necesitan ser cuidadas. A su vez, el enorme déficit que España sigue enfrentando de plazas públicas en educación infantil, dependencia y políticas de conciliación reales obliga a muchas familias a recurrir a trabajadoras del hogar, mayoritariamente migrantes, que pese a los esfuerzos realizados por este Gobierno, siguen de forma estructural en condiciones precarias. Mientras la macroeconomía celebra récords de empleo, la economía de los hogares se resiente, y millones de mujeres trabajan dobles o triples jornadas sin que este sea siquiera ya un asunto en la agenda pública. 

La posible sutura de estas brechas no pasa solo por medir el bienestar de la ciudadanía con otros datos que nos permitan tener los cuidados en cuenta; no basta con acompañar, por ejemplo, los presupuestos con un informe de impacto de género. La insuficiencia del actual modelo económico para mejorar las condiciones de vida de las mujeres solo se explica comprendiendo que el hecho de que la organización de los cuidados recaiga de forma informal y precaria sobre las mujeres, es lo que permite hablar de crecimiento en términos macro, pero de malestar en los hogares. El feminismo lo ha señalado con claridad: la desigualdad de género es a día de hoy una de las condiciones de posibilidad del tipo de crecimiento económico que blinda la socialdemocracia pero que sigue dejando a una buena parte de la gente atrás. 

Frente a ello, la economía feminista que pone en valor el trabajo de cuidados puede ser una narrativa alternativa que ayude a explicar por qué el actual modelo resulta insuficiente. La socialdemocracia redistribuye lo que existe, pero no cambia cómo se genera ni quién se apropia de la riqueza. Esto explica también por qué pese al crecimiento, España sigue teniendo una de las mayores tasas de riesgo de pobreza o exclusión social de la UE. La pregunta por tanto no puede ser únicamente si la economía crece, sino quién se beneficia de ese crecimiento.

La experiencia de este Gobierno sirve para comprobar cómo un programa socialdemócrata alivia la economía, pero que sin medidas de transformación estructural profundas como podrían ser una fiscalidad progresiva real, un parque de vivienda público masivo, una drástica reducción de la jornada laboral o la nacionalización de sectores estratégicos (como los trabajos de cuidados), la socialdemocracia se queda corta. El país puede seguir avanzando en cifras, pero mientras millones de personas, especialmente mujeres, sigan atrapadas en salarios insuficientes, alquileres imposibles y cuidados invisibles, la sensación y la realidad serán las contrarias: el progreso que se mide en cifras no se refleja en la vida real. 

La insuficiencia del programa socialdemócrata debe urgir al resto de izquierdas a dibujar con mucha más claridad una alternativa. No puede tratarse el debate con el PSOE únicamente como una cuestión de grado o de competencia virtuosa. Un programa político de Gobierno de izquierdas debería poder ofrecer más que la valentía para desarrollar un programa de Gobierno socialista. Los retos para el curso político para las izquierdas no solo son la ausencia de liderazgos efectivos o las quimeras de coaliciones futuras, sino, y de forma muy urgente, el rediseño de un programa político de transformación feminista de país que pueda ser narrado y llevado a cabo de un modo que sí llegue a toda las personas. 

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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.

En un mundo de guerra y muerte me atrevo a decir que hablar del amor importa más que nunca. Por ello escribo hoy para contar por qué me caso. Lo hago por la que va a ser mi mujer, por su gente, por la mía, por la nuestra; y también por seguridad. Me caso porque no para de subir el odio en las encuestas. Me caso porque me gustaría ser madre y no está claro que pueda serlo si no lo hago. Me caso porque quiero decirle al mundo que lo mío también es familia. Me caso porque cuando voy por la calle de la mano con mi pareja siguen murmurando a nuestro paso. Me caso porque este verano le dieron una paliza a un amigo en mi ciudad por maricón. Me caso porque me parece que el matrimonio es una institución problemática para las mujeres. Me caso y no me importa casarme. Me caso porque puedo y antes no se podía. Me caso por amor. Me caso por política, y me gustaría explicarme porque hay demasiadas cosas normalizadas en torno a la idea de casarse que no son exactamente como siempre habíamos pensado.

Lo normal es un invento. En aceptar esta premisa consiste, fundamentalmente, cualquier crítica a la presunción de heterosexualidad con la que empieza nuestra historia. La mía, la nuestra, es una boda entre dos mujeres. Una unión entre dos personas para las que su identidad sexual no entra dentro de lo que se espera de dos personas que nacieron con genitales femeninos. ¿Qué largo, no? Qué cosa tan complicada para contar que eres mujer que te casas con otra mujer, y punto. Baste para responder a cualquier intento de menospreciar estas explicaciones (y las que nos den la gana) que es difícil no considerar nuestro amor algo profundamente político si tenemos en cuenta que hace tan solo 20 años que podemos hacerlo legalmente en España o que no dejan de crecer las voces que piensan que quizás estaría bien volver a los tiempos en los que no teníamos las personas del mismo sexo este derecho. Igualmente, podría resolverse con estas líneas que la boda debería ser, entonces, una unión de dos mujeres y punto. Que nos compremos dos vestidos, que nos pongamos unos anillos y digamos sí, quiero. Pero les prometo que cada detalle en esta historia de amor nos ha hecho pensar.

La nuestra es una boda queer, le dijimos a nuestras amistades para invitarlas a la fiesta. Ser queer implica aprender a hablar una nueva lengua. ¿La hablamos nosotras? ¿Existe traducción heterosexual posible de lo que significa ser queer? Habrá quien diga: yo no necesito etiquetas. Habrá quien nos diga: me da igual con quién te metas en la cama o a quién quieras. Pero yo me pregunto: ¿va de eso solo ser queer? ¿Es tan nimia la relevancia de este palabrejo como para que el partido del presidente del Gobierno nos prohíba en su programa político?

Aunque literalmente queer significa raro, torcido o extraño, es un concepto que se ha ido creando de forma reapropiada desde el activismo LGTBIQA+ y el pensamiento feminista en las últimas décadas. En mis propias carnes he ido comprobando que ser queer cuando te casas quiere decir que nada de lo que tú quieres hacer encaja con lo que la sociedad espera que hagas cuando te vas a casar. No hay rituales ni ceremonias, ni tradiciones para la unión de dos mujeres, hay que inventarlos. Por no haber, no hay ni figuritas que poner en un pastel. En una elección aparentemente sencilla, como la del vestido de novia —o de novias, en nuestro caso—, se condensa la concreción de unos roles de género que no hemos querido concretar ni asumir nunca antes en nuestra vida. Y sin embargo, la expresión y las características de género siguen siendo aspectos sobre los que opera la discriminación contra nuestro colectivo. Quién te acompaña al altar, qué sustituye al altar, quién oficia una unión de dos mujeres, de qué color son los vestidos, por qué usar un anillo o un ramo y no cualquier otra cosa; en cada detalle de este rito de paso a la sociedad adulta se declina de un modo concreto qué papel podemos jugar las mujeres que nos casamos con otras mujeres en la sociedad. Se decide en una boda de dos mujeres un trocito de lo que todas nosotras podemos hacer con nuestras vidas.

Y es que, de fondo, mucho más allá que cualquier decisión puntual, yace la idea del matrimonio en su aspecto más tradicional. Recordemos, el matrimonio siempre ha tenido una función de tipo casi patrimonial. La mujer pasaba del control del padre al control del marido, y este era el marco adecuado y legítimo legalmente para poder ser madres y cuidar de la descendencia. Es decir, el matrimonio siempre ha significado que las mujeres no somos iguales a los hombres, que tenemos menos derechos y libertades. Esta idea, que la heredamos directamente del derecho romano y de la religión católica, es demasiado poderosa como para ceñirse únicamente a su valor histórico. Pervive en cada mujer que decide ir acompañada de su padre al altar, para recordar que necesitamos una tutela. Sobrevive en cada comentario que de broma recuerda que si no es con boda mediante, tener sexo o hijos es pecado, para recordar que nuestro cometido es la maternidad y nuestra sexualidad no es un asunto del que dispongamos. Se alimenta insaciablemente de las redes sociales, plagadas con la tendencia trad wife, que significa literalmente esposa tradicional, y que reivindica para las mujeres un estilo de vida conservador donde la maternidad en exclusiva, la limpieza del hogar y el clean look son los ideales de vida a seguir. Incluso en lo que tiene que ver con las tendencias de moda para novias, ha vuelto tanto lo regio que es habitual observar en las bodas de influencers cómo han vuelto los matrimonios por la Iglesia, los trajes de novia de estilo victoriano y velos de largo catedral que no dejan ver apenas un centímetro de piel. Mujeres vestidas como auténticas vírgenes, preparadas para seguir subiendo contenido sobre piel perfecta, recetas de cocina, decoración y vacaciones en el norte. El asunto llega a ser demasiado evidente como para explicarlo y, sin embargo, es viral.

Frente a esta epidemia de conservadurismo que reduce la vida a lo útil y eficiente, reivindico el amor queer como vacuna. En tiempos de rendimiento y armamento, hablemos de amor, de amor libre y feminista, de amores raros, torcidos, gordos, complicados, humanos. Me caso porque quiero, me caso sin hombres, me caso a pesar de todo y por hacer rabiar a quien crea que lo nuestro es enfermo. Así que mientras puedas, cásate, porque como dice Benito, mientras una está viva, una debe amar lo más que pueda. 

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Ángela Rodríguez Pam es exsecretaria de Estado de Igualdad.

Comienza el curso político y el Gobierno puede decidir si esta es o no su última temporada. En unos tiempos decisivos, el Ejecutivo se debate sobre presentar o no unos Presupuestos Generales del Estado en los que se juega mucho más que los números. Se juega si este país puede seguir siendo gobernado desde la izquierda o se abre la puerta definitivamente a un escenario donde las derechas tienen el camino allanado a la Moncloa. En las últimas horas, diferentes portavoces del PSOE y Sumar, así como las líneas editoriales de algunos de los principales medios de comunicación del país han querido colocar todo el peso de la aprobación de estos presupuestos en la decisión de sus socios parlamentarios. Sin embargo, y dada la responsabilidad política y constitucional que conlleva para el Ejecutivo el diseño e impulso de las cuentas públicas, cabe defender que la responsabilidad política reside en primera instancia en el propio Gobierno. El dilema político al que no se quiere enfrentar este Gobierno de coalición es claro. En el diseño de los presupuestos el Gobierno se juega mucho más que la aprobación de un trámite contable, está en juego la posibilidad de continuar con la legislatura. No se trata solamente de si hay o no presupuestos, sino de qué presupuestos; o lo que es lo mismo, qué programa de Gobierno sirve para dibujar una alternativa de país a la que plantea la derecha. Qué cuentas sirven para cerrar la posibilidad de un Gobierno con la extrema derecha dentro. No basta con aprobar unos presupuestos, solo si los presupuestos que se aprueban son sociales pueden frenar a Vox. 

Caben frente a este dilema distintas posiciones que conviene aclarar para no caer en caminos infructuosos. La necesidad de claridad política es acuciante en tiempos de guerras, incertidumbre económica, emergencia climática y una creciente desafección política. Parece evidente que se puede gobernar con unas cuentas prorrogadas, tan evidente como que ha pasado ya en numerosas ocasiones. El argumento de Fejióo no parece demasiado fuerte en este sentido. Si bien las cuentas deben ser anuales, las prórrogas presupuestarias han existido antes en España y fueron llevadas a cabo por prácticamente todos los presidentes de la democracia. E incluso aunque de prorrogarse estas cuentas Sánchez se convertiría en el presidente de España que más veces ha prorrogado los presupuestos generales, este es un dato cuya relevancia no reside en lo que establece la ley. Los presupuestos pueden ser prorrogados, la cuestión es si políticamente es lo correcto. Así que cabe preguntarse, ¿Por qué evitar una prórroga presupuestaria?

Algunas voces desde la derecha plantean que de no prorrogarse los presupuestos, deberían convocarse las elecciones. Tampoco esta es una posición que se pueda defender con arreglo a lo que establece la norma, sino que más bien es otro asunto político. Aunque este no es un buen momento para las izquierdas para ir a elecciones, si la prórroga presupuestaria debe ser evitada es debido a la necesidad de clarificar cuál es en este momento el indirizzo político de la Coalición. Puede sorprender a algunos sectores del  Ejecutivo que se insista tanto en esta necesidad de claridad, pero la realidad es que este Gobierno tiene problemas de credibilidad política. De hecho, estos problemas no solo residen en la obstinada campaña judicial y mediática contra muchos de sus miembros, sino que me atrevo a defender que la falta de confianza política de la ciudadanía hacia el Gobierno reside principalmente en la distancia cada vez más grande entre lo que se promete en los discursos y lo que cada ciudadano percibe que ha cambiado en su vida.

Estos son motivos de peso para considerar que el diseño y la aprobación de unas cuentas públicas constituyen una oportunidad para el Gobierno más que un problema que despejar. Sorprende por ello el empeño en señalar a sus socios parlamentarios como los posibles responsables no solo de una prórroga presupuestaria, sino de abrir la puerta a un escenario político en el que el agotamiento de la legislatura conlleve una necesaria convocatoria de elecciones. Y es que aunque la aritmética parlamentaria es insalvable, la política es tozuda. Si a día de hoy no conocemos ni un borrador de presupuestos y ni siquiera se ha remitido a las Cortes Generales el techo de gasto, cuesta creer que la culpa de la futurible prórroga la tengan unos socios parlamentarios que, en su legítima posición política, quieren dialogar sobre cuáles deben ser en su opinión las prioridades políticas del Gobierno para lo que queda de legislatura. Quizás aquí resida una de las claves que pueden permitir al imbatible presidente tener otra temporada más en la Moncloa. Para tener presupuestos no bastará esta vez simplemente con llevar unas cuentas al Congreso. Precisamente porque la posibilidad de una España gobernada por las derechas es real, qué presupuestos se aprueban para evitarlo es uno de los debates políticos más relevantes a los que este Gobierno debe enfrentarse. La pregunta aquí no es qué quieren Podemos, ERC o Junts, sino qué España quieren poner en marcha  el PSOE y Sumar en el tiempo de descuento que les queda. Sería un error político pensar que contra Feijóo y Abascal no son necesarios unos presupuestos que se alejen de lo que la derecha haría si estuviera en la misma situación. No es que hagan falta unos presupuestos para gobernar, es que solamente es posible seguir gobernando si la propuesta de presupuestos es para la mayoría social y en contra de la guerra. Pero no porque cada voto en el Parlamento cuente para que las cuentas salgan y para ello sean necesarias algunas apuestas claras por ejemplo a favor de la vivienda pública y no a favor del incremento en defensa, sino porque la distancia entre lo que el Gobierno promete y lo que el Gobierno hace necesita ser estrechada. Entrar en prórroga presupuestaria será entrar políticamente en el tiempo de prórroga. Lo que se juega el Gobierno por tanto en este inicio de curso es mucho más que la aprobación de las cuentas públicas. Se juega que la pregunta de las próximas elecciones generales sea algo más que la presencia o no de la extrema derecha en el Gobierno. Cabe preguntarse si este es el escenario que busca un PSOE convencido de que su mejor carta electoral es la del voto útil, dispuesto a llevar a una esquina al resto de fuerzas de izquierdas. Veremos cómo se dilucida el debate las próximas semanas. 

El 2025 repite un patrón que se viene consolidando. El norte arde, el sur se ahoga, y la política desaparece. Tras la terrible dana que destrozó una parte del país con aguas torrenciales, la otra arde en llamas, con incendios de dimensiones históricas. Todo ello deja muertes: vidas que se ahogan y vidas que arden en una crisis climática que ya no es adversidad pasajera, sino la nueva normalidad. Fuego y agua son aquí dos caras de la misma emergencia climática. Y, sin embargo, el guion político sigue siendo el mismo: helicópteros sobrevolando y dirigentes políticos vestidos de emergencia en visitas exprés a los lugares del desastre con discursos solemnes llenos de promesas sobre la necesidad de actuar y la falta de medios, y promesas, que, con el paso del tiempo, se desvanecen de nuevo en la nada. ¿Cuántas danas e incendios nos traerá el 2026? ¿Hasta dónde va a llegar la inacción política? 

Estas semanas, los incendios han batido récords históricos. En tan solo cinco días, la superficie calcinada ha pasado de 39.000 hectáreas a casi 139.000, según el Gobierno. Solo en Galicia ha ardido una superficie más grande que toda la ciudad de Madrid. Y es que si atendemos tan sólo a uno de los incendios como el de Chandrexa de Queixa en Ourense, ya son más de 16.000 hectáreas calcinadas y por tanto podemos hablar ya del mayor incendio registrado nunca en Galicia. Cuesta asumirlo, ya hemos visto demasiados veranos llover ceniza. El balance general a 18 de agosto convierte al 2025 en el peor año de las últimas dos décadas, con una estimación a lunes 18 de agosto de más de 340.000 hectáreas quemadas según Copérnicus. (El peor año había sido hasta la fecha el 2022 con 306.000 hectáreas)

Y ese registro histórico de incendios es importante, porque este episodio no es aislado. Estamos ante la constatación de que la emergencia climática se ha instalado en España. Las olas de calor son cada vez más frecuentes, largas e intensas; la vegetación, tantas veces no autóctona y abandonada por gobiernos que terminan de creer que los incendios se apagan durante el invierno, amarillea todo el largo verano convirtiéndose así en un combustible explosivo tras meses y meses de sequía. Basta una chispa para desencadenar incendios que avanzan a una velocidad inédita. Los estudios científicos recientes indican que más de la mitad de los grandes incendios de las últimas dos décadas propagaron sus llamas entre un 2% y un 8% más rápido de lo que lo habrían hecho sin cambio climático. La conclusión es clara: la crisis climática es ya el principal acelerador de los incendios. 

La gravedad de los datos y de la actual situación obliga a preguntarse con mucha seriedad: ¿qué han hecho nuestros Gobiernos para prevenir estos incendios o mitigar la crisis climática? En estas horas de máxima tensión para tantas ciudadanas y ciudadanos, los políticos se lanzan órdagos para repartirse las culpas, pero más allá del baile de competencias, la realidad es que este es un asunto en el que ni unos ni otros han puesto esfuerzo suficiente. El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar prometía reforzar los objetivos de reducción de emisiones, reformar el sistema eléctrico y acelerar la transición ecológica, un objetivo que lejos de haberse cumplido, casi parece haberse invertido, con la conversación con las nucleares reabierta y el más que preocupante uso de los fondos europeos dedicados a una descarbonización que no termina de llegar. Se habló de un “gran pacto de Estado contra la emergencia climática” y de reforzar los medios de prevención. Sin embargo, la estrategia específica contra incendios nunca se concretó. No aparece en el pacto programático, ni se ha desplegado una hoja de ruta dotada de recursos suficientes.

Ahora que todo arde, el presidente Pedro Sánchez anuncia el envío de 500 efectivos de la UME y la negociación de un Pacto de Estado contra incendios. Pero estas medidas, aunque necesarias, son claramente reactivas. Llegan con las llamas, no antes. Y la política climática no puede basarse en apagar incendios cada verano, sino en prevenirlos todo el año. Tampoco las comunidades autónomas, con competencias centrales en política forestal, han estado a la altura. En Galicia, el PP lleva años prometiendo planes de ordenación forestal, pero el eucalipto sigue extendiéndose sin freno, por no hablar del aval a la celulosa de Altri, que viene a reforzar un modelo forestal que exige hectáreas de eucalipto para sobrevivir. En Castilla y León, la Junta retrasó la declaración de época de alto riesgo hasta finales de junio, pese a que las temperaturas ya eran extremas, dejando más de la mitad de la plantilla inactiva. El resultado es un país donde se anuncia mucho y se ejecuta poco. La inversión pública en prevención de incendios se ha desplomado en un 52% en apenas 13 años: de 364 millones de euros a solo 176. En la práctica, eso significa menos brigadistas, menos turnos, menos medios aéreos y, sobre todo, menos capacidad para evitar que el fuego se convierta en catástrofe. 

Quizás el mayor problema en todo esto es que no es algo nuevo o que nos pille por sorpresa. Sabemos perfectamente que el monte va a volver a arder en estas condiciones y que lo hará año tras año, salvo que las políticas en la materia den un giro de 180 grados. El cambio climático no puede ser una excusa, sino un contexto ineludible que obliga a actuar de forma urgente, con más medios y más coordinación. Saber que el fuego será cada vez más voraz y que las lluvias torrenciales serán cada vez más destructivas convierte en negligencia la ausencia de políticas de prevención, reforestación y ordenación territorial. No es la naturaleza lo que está fallando: son las instituciones. 

Y con esto llegamos al asunto más delicado que provocan los incendios que no es otro que la desafección política. No se trata solo de montes y viviendas arrasadas, de brigadistas que se dejan la vida intentando evitarlo con trajes rotos, literalmente rotos. Se trata de esa terrible sensación que como las olas de calor recorre ya toda España de forma asfixiante. Gobierne quien gobierne, nada cambia. La gente ve a voluntarios jugándose la vida mientras que presidentes varios interrumpen sus vacaciones para visitar brevemente zonas afectadas. El barómetro del CIS de mayo lo refleja con crudeza, más del 18.1% de la ciudadanía refleja a los partidos políticos y al Gobierno como principal problema del país. Un 92% considera que estamos poco o nada preparados para fenómenos climáticos extremos. La confianza en las instituciones se derrumba, y no porque crezca la antipolítica, sino porque los políticos y sus políticas no están respondiendo a la altura de las emergencias que estamos viviendo. Arde con los montes la esperanza de que las cosas pueden ser diferentes. Si los incendios se apagan en invierno, las elecciones se ganan en las decisiones políticas mientras se gobierna. La desafección política nace justo ahí, con la constatación de que se sabe lo que hay que hacer y no se hace. Tengan, señores políticos, al menos la decencia de dejar de hablar de catástrofes naturales inevitables y comiencen a hablar de decisiones políticas revisables: la falta de inversión, la ausencia de planificación, la pasividad ante el avance del eucalipto, la falta de coordinación entre Estado y autonomías, la resistencia a transformar un modelo territorial que deja al rural abandonado y expuesto. Para que nunca más haya incendios, necesitamos que nunca más haya Gobiernos que los consideren inevitables. No se confundan: no hay mayor defensa de la política que creer que con otros gobiernos las cosas podrían ser de otro modo. No solo arde la tierra, también nosotras. Estamos quemadas. Estamos ya demasiado quemadas para seguir en silencio. 

Hacía muchos años que no íbamos a la playa de Canelas. Es una playa familiar, con pedaletas de colores, servicio de accesibilidad y un señor vendiendo barquillos. Plana, sin olas, sin algas. Perfecta y cuadrada. Aparcamos a la primera, casi como si las Rías Baixas no estuvieran colapsadas de turistas, y nos sentamos con una cerveza al sol después de un chapuzón. Venían conmigo y con mi pareja dos amigos. Uno de ellos dijo al darle el primer sorbo a la caña: “Qué bien se está cuando se está bien”. Por unos minutos me sentí mecida por el verano, sin importar kilos, pelos o problemas. ¿Calor? Baño. ¿Angustia? Presente. 

El día transcurrió tranquilo. Nadé, dormí y reí mucho. Se levantó algo de viento y la sombrilla casi se nos vuela. Por supuesto que discutimos un poco sobre quién tenía la culpa, y me puse a cavar un agujerito en el suelo mientras mi novia esperaba paciente para volver a clavar la sombrilla. Estaba concentrada en cavar el hoyo cuando, de pronto, un objeto interrumpió mi tarea. Apareció delante de mis ojos un martillo hecho de goma —no de los que se usan para clavar puntas sino de los que te llevas para clavar las piquetas de una tienda de campaña—. Oí una voz por encima que decía: “Si queréis, os ayudo a clavarla”. Acto seguido, sin que hubiera dado tiempo a responder o comprender la situación, me di cuenta de que alguien me había sustituido. Un hombre de mediana edad martilleaba el palo de nuestra sombrilla hacia la arena.

Al principio los golpes eran tácticos y elegantes, pah, pah. Aunque ahora lo pienso y no creo que fuera posible que pasaran más de dos minutos en todo esto que escribo, la cuestión es que pensé muchas cosas mientras el hombre martilleaba. Primero pensé en la técnica y en lo alejada que me sentía casi siempre de ella. Mis manos diminutas con manicura de gel rosa casi blanco me parecieron algo completamente absurdo en ese momento. Seguía de rodillas en el suelo —para más contexto os cuento que en topless, como todas las mujeres que estábamos en el grupo— así que observé de cerca como el palo de mi sombrilla estaba ya más que clavado en la arena. Miré por un segundo a mi pareja y a mis amigas: ja-ja, ¿jaja? Pronto los golpes se volvieron más decididos e innecesarios: ¡POM! ¡POM! Lo sentí tan cerca que por un segundo me pareció que lo siguiente podía ser mi cara. El hombre acabó su tarea: “Ahora ya sí que no se os va a salir nunca.” Y se fue. 

A continuación todos seguimos en silencio y, como si estuviera encendiendo la llama de los Juegos Olímpicos, observamos cómo mi novia intentaba meter el parasol de la sombrilla en el palo ya clavado en la arena. A la primera no entró, ni a la segunda ni a la tercera. "Je-je, no doy una", dijo. Mientras con una mano apoyó la sombrilla abierta en el hombro, con la otra recorría con los dedos la boca del palo por la que tendría que entrar el palo del parasol. Los metió varias veces hacia dentro como si quisiera recorrer con ellos las paredes del tubo para comprobar que nada había cambiado. No tiene mucha ciencia, repitió varias veces. Mientras seguía la inspección táctil miré hacia donde el hombre del martillo se había ido. Estaba de pie, con las piernas abiertas, fumando un pitillo y mirando hacia nosotras y de espaldas a las familias que lo acompañaban. No nos separaban más de 3 metros. 

-       No entra. La sombrilla no entra.

-       ¿Cómo no va a entrar? A ver, trae.

-       Tía, ¿y si se lo cargó?

-       No hombre, no puede ser. 

Empezó a darnos vergüenza y risa floja ser observadas mientras fracasábamos una y otra vez en el intento de meter la maldita sombrilla abierta en el palo ahora ya deformado por los golpes. El hombre seguía mirándonos y en susurros acordamos que lo mejor sería cerrar la sombrilla y asumir el sol en silencio. La tarde siguió y el hombre realizó la misma operación con otra sombrilla. Incrédulo ante el resultado, comprobó varias veces el material del que estaba hecho la sombrilla en la etiqueta de su funda, una vez ya las nuevas víctimas se habían rendido y habían dejado el parasol en el suelo. De vez en cuando, se levantaba y se fumaba un pitillo mientras nos miraba en silencio, al sol. Comentamos en broma la posibilidad de decirle algo como que agradecíamos mucho su ayuda (no pedida) pero que para la próxima intentara no darle tan fuerte para no deformar los palos. Nos pareció sencillamente ridículo y nos fuimos de la playa sin sombrilla. 

A los dos días fuimos a otra playa, la de Carnota, que es preciosa y bestia como ella sola, de grande y salvaje. Al entrar había un cartel en el que se explicaba que había que tener cuidado con las corrientes cuando la marea bajaba porque era fácil ahogarse. Fuimos sin sombrilla y con dos amigas que eran pareja. Aquella no era una playa familiar, ni accesible, ni tranquila. Hacía mucho calor y hubiéramos agradecido una sombra, pero continuamos con el día y un gorro con mucha dignidad. Al irnos vimos que había unas duchas de agua dulce. Para más contexto os diré que estábamos en bragas y que nos las bajamos mientras nos quitamos las arenas. El agua fresca aliviando el escozor de la sal y la arena en la piel es uno de los grandes placeres, más aún si el ritual se da al aire libre y no digamos ya con amigas. Con la piel limpia y seca, nos vestimos de nuevo. Mientras esperaba a las demás, un hombre me agarró del brazo. Lo primero que vi fueron sus pulseras de España y pensé por un momento que me iba a soltar algún improperio antifeminista (como sigue sucediendo con normalidad y demasiada frecuencia). Me lo susurró al oído mientras me agarraba hacia sí con fuerza: “Ese hombre de ahí tiene una cámara y os estaba grabando”. Y se fue.  

En las escaleras que daban paso a las duchas había un hombre de unos 70 años, con barba y pelo largos, que sostenía una cámara de vídeo en sus manos. Podía parecer que solo estaba allí sentado si no te fijabas demasiado. Desde luego si grababa, lo hacía para no ser visto. Miré hacia la ducha y había una madre con sus dos hijas pequeñas y se me revolvió el estómago. Lo hablamos las cuatro y durante los minutos que duró el resto de la ducha no supimos qué hacer. ¿Sería tan grave decirle que nos enseñase lo último grabado y que efectivamente fueran los pájaros de las dunas y no nosotras en bolas duchándonos? ¿Y si realmente estaba grabando también a aquellas niñas? No fuimos capaces de dar ningún paso. Nos quedamos en silencio. 

Pienso que quizás haya un hombre que se esté pajeando ahora con un vídeo en el que salimos mis amigas y yo. Pienso en la tranquilidad con la que el hombre que nos rompió la sombrilla nos observaba. El verano y el patriarcado siguen tranquilos su camino, a veces con martillo de goma, otras, las más, con nuestro silencio. Y pienso, ¿hasta cuándo? 

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Ángela Rodríguez Pam es exsecretaria de Estado de Igualdad.

Si todo va bien y se mantiene la mayoría parlamentaria que lo requiere, el Congreso de los Diputados pasará hoy a llamarse simplemente Congreso. Esta iniciativa de PSOE y Sumar, que fue propuesta antes por otros grupos como Podemos o Compromís, se encuentra dentro de una reforma más amplia del Reglamento de la Cámara que se reescribirá de forma inclusiva. Después de casi cinco décadas de democracia constitucional, no está nada mal el reconocimiento a la mitad de la población en lo que se supone es la casa del pueblo. Que esa casa hoy reciba un nombre en el que toda la ciudadanía puede verse reflejada es un éxito del feminismo. Ya escasean, así que celebremos. 

No han tardado algunos, los de siempre, en calificar esta propuesta como una chorrada. Los mismos que en otras ocasiones antes han reaccionado de la forma más furibunda ante otros intentos por enunciar la política de un modo más inclusivo. Inolvidables entre esos intentos los de las anteriores Ministras de Igualdad, que se atrevieron con neologismos al hablar de sí mismas como miembras o portavozas o incluso al temido y radical uso de todes por parte de Montero para referirse a las personas no binarias. Nunca una vocal cambió tanto un país. 

Sirva el anecdotario para recordar que antes de las A y las E, fueron otras. La historia de la conquista de los derechos funciona así. Como una matrioska, los avances que hoy son calificados de chorradas encierran antes otros que los posibilitan. En el nuevo nombre del Congreso se encuentra resumida la historia de todas las mujeres que antes lucharon por nuestros derechos. Seguramente nunca hubiera sido posible el cambio de nombre sin que antes hubiera generaciones de mujeres que durante siglos en España lucharon por la igualdad. Desde el voto al divorcio pasando por el aborto, el carnet de conducir o el consentimiento sexual. Es por ello que la relevancia de este cambio es profundamente simbólica, y corresponde ser celebrada. Es una buena noticia para las mujeres que por fin el Congreso tenga un nombre inclusivo que no excluya a la mitad de la población que está representada en el parlamento, pero también lo es para la normalidad democrática de nuestro país que sigue la estela de otras democracias que ya tienen nombres inclusivos para sus cámaras bajas, como la recién bautizada Cámara de los Diputados y Diputadas de Chile o las que ya tenían nombres perfectamente inclusivos como la Assemblée Nationale  en Francia, la Assambleia da República en Portugal, el Bundestag en Alemania o el Riksdag en Suecia. Es más, mirando a nuestros países vecinos, este cambio de nombre, lejos de ser un exceso feminista, es una corrección que llega casi tarde. 

Aunque si somos justas con la historia nacional de la igualdad, ha llegado cuando ha podido. No hace tanto que ese lugar lleno de alfombras y mármol en el que se deciden nuestras vidas solo estaba ocupado por hombres. Un Congreso sin mujeres fue la norma hasta más o menos 1977, aunque con honrosas excepciones. El lenguaje oficial de esta Cámara (de los diputados) reflejaba por tanto una exclusión hecha norma y membrete, y que, de forma simbólica, ha sido la medida de toda la política española, que con naturalidad siempre ha sido una cosa de hombres. Han sido los hombres los que de forma mayoritaria han sido y son diputados, ministros, senadores, secretarios de Estado, alcaldes y concejales. Y aunque hemos avanzado, también hemos dado pasos atrás de forma muy reciente. Un ejemplo que nos concierne hoy es que esta actual legislatura no es la más paritaria en la composición de la cámara baja, como venía siendo tradición en el histórico de la composición del Congreso por sexos. Da que pensar que hayamos retrocedido en paridad justo ahora que la extrema derecha ha crecido en representación y el feminismo pasó de ser el centro del debate del parlamento a una cuestión incómoda hasta para la mayoría de los hombres progresistas. Piense lo que se piense de este debate, la realidad es que las mujeres, si bien somos la mitad de la población, no somos ni de lejos la mitad en los espacios de representación del poder. 

Cuando desde estos espacios en los que o no estamos o estamos pero en peores condiciones y menor cantidad se nos intenta explicar que aunque solo diga hombre también dice mujer, es una obligación democrática recordar que si no se nos nombraba era porque no estábamos. Como lo cómodo y funcional al privilegio es nombrar lo que existe, es una tarea imprescindible y radical para la justicia social de un país nombrar lo que nunca es nombrado. Y no por el capricho de escucharnos nombradas, sino porque el reconocimiento y la representación son el pilar imprescindible de la redistribución. ¿Qué clase de políticas públicas se pueden esperar de un lugar que aunque por definición debe legislar para toda la ciudadanía solo se refería en su nombre a la mitad? Es esta y no otra la razón por la cual el uso del masculino genérico debe ser cuestionado como uso neutro de la lengua. Aunque la RAE siga insistiendo en que es la forma que nos permite incluir a los individuos de ambos sexos, la realidad es que es una práctica que confunde lo gramatical y lingüístico con lo simbólico y político, acentuando la centralidad de lo masculino como problemática e injusta medida de todas las cosas. El problema no es que lo masculino no refiera a lo femenino, que no lo hace, sino que lo femenino queda relegado en lo lingüístico, y por tanto en lo político, a ese espacio de irrelevancia que tantas veces hemos ocupado también en los espacios de poder. No hay distancia entre lengua y política, son aquí la misma cosa, por ello urge desenmascarar esta pretendida neutralidad del uso del masculino genérico como ideológica. No es lingüística, es machismo. 

Sirva pues este cambio para recordar que lo que es válido o no en una lengua es el resultado de un acuerdo que no deja nunca de ser político en la medida que es tomado por quienes ocupan otro espacio de poder como es la RAE. Sirva para recordar que no está escrito en piedra que lo que se decía de una forma, no pueda ahora decirse de otra. Sirva para recordar que los derechos son conquistas, y como se consiguen se van, y que debemos pelear para mantenerlos. Sirva para recordar que unos derechos se unen a otros, y que el parlamento que decidió que la cámara baja se llamase Congreso de los Diputados lo hizo porque se describía a sí mismo pues era sencillamente un Congreso sin mujeres. Y por ello, sirva para abrir la puerta a otros que son igual de necesarios. ¿Verá alguna vez nuestro país un Congreso en el que la ciudadanía española en toda su diversidad esté representada? No solo las mujeres debemos ser la mitad, sino que me temo que debería haber, por empezar por algo, muchas más personas migrantes que políticos y partidos corruptos, pues es de dignidad de lo que debería estar lleno, ahora sí, el Congreso. 

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Ángela Rodríguez Pam es exsecretaria de Estado de Igualdad.

Este domingo pasé con mi novia por el Auditorio do Mar en Vigo. Como muchas cosas en esa ciudad, es gris e industrial, un cubo tan absurdamente grande que ni puede ser otro cubo más del puerto, ni un simple espacio en el que acumular cultura. Hay en él tanta disrupción con la ciudad como diálogo con el mar. En él hicimos muchos de los mítines más grandes que en Galicia se hayan visto nunca de partidos de izquierda. Como Podemos, con un Pablo Iglesias contra el que aún no habían fabricado pruebas y que había ganado las elecciones en esa ciudad; como En Marea, con los alcaldes del cambio y con un Xosé Manuel Beiras que nos enseñó a unas cuantas generaciones a agarrar con una mano a Galicia y a la otra a la izquierda anticapitalista; como Galicia en Común, con una Yolanda Díaz a la que coreaban ya "ministra, ministra" cada vez que cogía un micrófono. En aquel Vigo no se gritaba "no pasarán"; la esperanza suena portuguesa, y con claveles rojos llorábamos que é o povo quem mais ordena.

Esta historia, la del espacio del cambio, la que crece a la izquierda del PSOE, es una historia que no conviene olvidar. Pasé por ese auditorio y no pude evitar pensar en todo ello, y en que ni semejante cubo, ni siquiera el mar, sirven para albergar todas las diferencias y tonalidades que intentamos tantas veces enlatar en ese delirio aspiracional que llamamos la unidad de la izquierda, un delirio que sirvió para cambiar nuestro país. ¿Es que no queda ya nada de aquello más que algunas de sus partes desperdigadas y condenadas a no entenderse más?

No corren buenos tiempos para las izquierdas. La cosa va desde corrupción sistémica hasta patriarcado estructural, pasando por todo tipo de cainismos, soseríos y complicidades bélicas. Se mire por donde se mire, la sensación de asco y pena que produce ahora mismo la clase política es tan fuerte que por momentos da hasta vergüenza informarse. Pocos escenarios más peligrosos para la democracia se me ocurren que este, en el que, además, toda la fuerza que desencadena esa desafección, que en otros tiempos ha levantado multitudes constituyentes, es ahora aprovechada para el impulso de lo ultra, lo totalitario y lo excluyente. La crisis política en la que vivimos no va a producir un 15M, sino que está provocando, ante una izquierda paralizada, más turba fascista.

Es cierto que se han conseguido avances, más cierto es aún que estos se nos han presentado con todos los perejiles (que dice una muy querida amiga comunista). Pero no basta. De poco sirve que una semana tengamos al ministro Bustinduy luchando solo contra el problema de las viviendas de uso turístico, si al mismo tiempo tenemos al PSOE yéndose por el desagüe. De poco sirve ya que el presidente plante cara a Trump en la OTAN en materia de rearme después de haber deslegitimado cada uno de los intentos de sus socios parlamentarios como Podemos o Bildu para parar la complicidad con el genocidio de Israel.

Y me lo van a permitir. De poco sirve, querido presidente, reunirse ahora con las feministas de tu partido, e incluso prometer que vas a expulsar a los puteros de tu organización (como si estos lo fueran a confesar, salvo que sean grabados en secreto, es que hay que joderse) después de haber dilapidado todo el trabajo feminista que hizo, con Montero a la cabeza, que España fuera un referente mundial en la materia. No olvidemos que al mismo tiempo que la prensa internacional decía que Igualdad era el modelo a seguir, Pedro Sánchez hacía campaña afirmando que el feminismo de Podemos había ido demasiado lejos y que incomodaba a sus amigos de 50 años. Parece que el feminismo de hecho ha ido tan lejos que va a terminar por cargarse, y con razón, la poca credibilidad que pueda tener ahora mismo el Partido Socialista.

Y lo peor es que esta no es solo una crisis política, sino que parece la antesala de una crisis económica que se deja ver ya en algunas expresiones de la economía de los hogares españoles. Ya lo siento por Trabajo, pero no hay reducción de la jornada laboral ni dato positivo de paro que alivie la sensación de pobreza que azota a la gente normal cuando se le va el dinero en pagar su alquiler y hacer la compra en el supermercado. Aunque hemos hecho muchísimo, no es suficiente.

Hay quien pretende digerir el mal trago debatiendo sobre si el ciclo político ha terminado o no. Por ciclo político se entiende el tiempo que pasa entre un momento de izquierdas y otro de derechas. Como si ese vaivén fuera inevitable y lo único que pudiéramos hacer ahora es esperar el momento de unas elecciones generales en las que tocase una victoria electoral, cultural y moral de las fuerzas conservadoras. Lo del ciclo político funciona, pues, como una religión; consiste en creer que lo que le pasa a la izquierda se explica por una fuerza superior que ordena todo y que por supuesto nos exime de toda responsabilidad. Escribo este artículo contra las paralizantes hipótesis que se manejan en las izquierdas, comenzando por la idea de que lo único que podemos hacer ahora es bailar al ritmo de Sánchez y esperar, sin molestar y sin intentar nada, a que gobierne Feijóo. Pocas posiciones se me ocurren más conservadoras que estas.

No, en política no es verdad que "mejor lo malo conocido que bueno por conocer". No, no es verdad que esté todo perdido. No, no es verdad que se haya hecho todo mal. No, no es verdad que cuanto peor, mejor. No, no es verdad que la única disyuntiva sea o un Gobierno de Pedro Sánchez o un Gobierno del PP con Vox. No, no es cierto que salir del Gobierno sea entregarle las armas a la derecha. No, no es verdad que nos tengamos que conformar con ser minoría, ni con la posición ideológica del Partido Socialista, ni con construir una izquierda que no asuste, ni tampoco con que España sea el único lugar en el que ni vamos a intentar el frente amplio, por más que admiremos a todos aquellos que lo han hecho antes. No, no es verdad que 1+1 son 2 cuando hablamos de política, ni que haya que jurarse rencores de por vida, ni que haya no sé qué marca gastada ni no sé qué persona quemada. No es verdad que no sé quién sobre, ni que lo tengamos todo perdido porque estemos en un momento en el que no hay mimbres políticos para construir algo que dé esperanza. Lo que sí es cierto es que ni el (presunto) corrupto de Santos Cerdán, ni el presidente pidiendo perdón, ni la parálisis de esta legislatura, el ruido permanente del Congreso o las coaliciones registradas a las 23.56 de la noche para repartirse medio escaño por no sé dónde son caldo de cultivo de la desafección.

Pero, ¿es que acaso la izquierda somos eso? ¿Hubiéramos pasado por todo lo que hemos pasado la última década para ser el socio amable de un Gobierno que está en punto muerto? ¿Es que la izquierda ya no aspira más que a resistir, acompañar al PSOE o a ser una fuerza extraparlamentaria? Sigo pensando que la política aún se puede pensar desde otro lugar. Que hay que aspirar a más, a ganar, a cambiarlo todo, con todas las contradicciones que ello implica. Tengo la sensación de que hace mucho que las gentes de izquierdas dejamos de asumir contradicciones, y simplemente cada uno y cada una se ha ido colocando donde menos le costaba estar. Este conformismo también crea desafección y también debe cambiar. No, no es verdad que toda la culpa sea de Podemos, ni de Pablo Iglesias. Y no, tampoco es verdad que todo lo que le ha pasado a la izquierda es culpa de la derecha judicial y mediática. Y no, no es verdad que las dos anteriores sean cuestiones equiparables. No hay nada más paralizante que la maldita equidistancia que plaga las izquierdas de nuestro país.

Puede que no crea en esta tesis del fin del ciclo político porque no puedo soportar la idea de que mi país sea un lugar invivible, por una cuestión de clase, de género; porque no puedo soportar que mi madre tenga una pensión de mierda, que mis amigas no encuentren una casa en la que vivir, que haya agresores sexuales impunes o que rulen vídeos por Instagram del instante en el que un niño se muere de hambre en Gaza ante la inacción de occidente. Así que como si fuera un rezo, virgencita, ni de coña me quiero quedar como estoy. Lo mejor puede estar por venir, tiene que estar por venir.

Escribo este artículo para hacer un llamamiento a militar contra las paralizantes hipótesis que se manejan en las izquierdas que nos llevan a pensar que lo mejor es lo que hay. Que no es verdad, que se puede, y que lo mejor puede estar por venir.