Los fallos en las pulseras a maltratadores apuntalan la desconfianza de las víctimas: "Es violencia institucional"

A mediados del pasado mes de septiembre, decenas de miles de mujeres observaron atónitas lo que se convertiría en uno de los más importantes quebraderos de cabeza para el Ministerio de Igualdad: los fallos en las pulseras de control a maltratadores. Lo que para las autoridades se conjugó como una crisis política, para las víctimas supuso mucho más. El escándalo se fue disipando con el paso del tiempo y bajo la promesa de que la seguridad de las mujeres estaba garantizada, pero un mes después la alarma volvió a saltar. Este martes, el departamento liderado por Ana Redondo informó de una incidencia que atravesó durante horas al sistema. Aunque aseguran que la herramienta funciona ya con normalidad, la continuidad de los fallos ha erosionado en el ánimo de las víctimas. Así lo perciben las profesionales que tratan directamente con ellas: "Es violencia institucional".

La incidencia tecnológica, un fallo en los servidores, se detectó en la madrugada del martes, a las 4:30 horas, según ha informado el Ministerio de Igualdad. En ese momento se activó el "protocolo de refuerzo de protección a las víctimas", dando aviso tanto a la policía como a las usuarias, a través de mensajes de texto. "Ha existido una comunicación constante entre todas las partes implicadas", reseña la cartera. El propio martes, los servidores mostraron "una estabilidad sólida a las 17:25 horas", cuando se recuperó la "operatividad del sistema". 

El servicio está siendo gestionado actualmente por Vodafone y Securitas, ambas fusionadas en una unión temporal de empresas (UTE). Fuentes del servicio señalan a infoLibre que "hay un protocolo para todo", con el objetivo de evitar cualquier situación de riesgo. "En ningún momento las mujeres estuvieron desprotegidas", inciden las mismas fuentes. 

El Ministerio de Ana Redondo decidió no abrir un expediente sancionador contra la compañía responsable de los primeros errores, pero en su día la ministra aseguró que no descartaba la posibilidad. Fuentes del departamento indican, a preguntas de este diario, lo siguiente: "Estamos recabando datos y veremos posibilidades".

Vulneración de la confianza

Pero la alarma ha saltado y las víctimas no son ajenas. Así lo percibe la abogada especializada Consuelo Abril: "Hay una inseguridad extraordinaria". Una vez deciden confiar en el entramado institucional, la única certeza a la que se aferran las víctimas es la de saber que los mecanismos de protección se han puesto en marcha. Si eso falla, entonces "la vulnerabilidad es tremenda", abunda la letrada, quien denuncia además el agravio que supone la repetición de los errores de forma sostenida en el último mes. "Hemos tenido problemas anteriormente, han tenido mucha repercusión y la ministra no ha dimitido", lamenta. "Es una negligencia y es violencia institucional".

Las víctimas, cuando se reconocen como tal, reciben un mandato claro de las autoridades: denuncia. Si incluso cumpliendo con el imperativo el sistema falla, la inseguridad es manifiesta. "Son mujeres que denuncian, pasan por un proceso, por un trauma emocional y se vulnera su confianza", detalla la abogada. "Si no se sienten acogidas por el sistema, acabarán sintiéndose vulnerables e impotentes".

Ana Bella Estévez, al frente de la fundación de supervivientes de violencia que lleva su nombre, coincide en el diagnóstico: "Todo lo que falla, genera inseguridad en las mujeres". Y por eso, continúa en conversación con este diario, las denuncias siguen siendo residuales. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, sólo el 21,7% de las mujeres que han sufrido violencia de alguna pareja actual o pasada ha denunciado. "Muchas querrían denunciar, pero se sienten indefensas", asiente la activista.

Inversión y mejoras

Estévez sí añade un matiz a su análisis: el malestar de las mujeres será mayor en función de la respuesta institucional ante eventuales situaciones de riesgo. Y ahí entran en juego los recursos. "Hay situaciones en las que la policía está en contacto directo con las mujeres y les crea seguridad. En otros casos, la policía está a cargo de muchas más mujeres", lo que impide una atención individualizada y garantista. "En esos casos, hay mujeres que incluso han devuelto las pulseras", clama. Muchas "porque pitaban, no funcionaban y les generaba ansiedad, mucho nerviosismo". 

Y por eso "hay que invertir", insiste. "Tenemos las mejores medidas del mundo, pero faltan fondos para ponerlas en práctica de forma efectiva". Una inversión que a su juicio debería ir a parar de forma prioritaria a la mejora tecnológica de los dispositivos. El Gobierno "tendría que pedir perdón y arreglarlo inmediatamente con una tecnología puntera. Es obvio que se pueden cometer errores, pero hay que arreglarlos inmediatamente". 

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Según la estadística oficial, a día de hoy hay activos 4.511 dispositivos de seguimiento, una cifra que a la experta se le queda corta, teniendo en cuenta que en el sistema VioGén constan 104.981 mujeres víctimas de violencia. "Hay mujeres en riesgo bajo que han sido asesinadas. La pulsera es la medida más disuasoria contra los asesinatos", por lo que debería existir un esfuerzo sustancial por invertir en mejoras y en más instalaciones.

Reparación del daño

Para Consuelo Abril, la reparación del daño debe ir mucho más allá de un mensaje institucional llamando a la calma. "Estamos jugando con la integridad física de las víctimas", reitera. En el ejercicio de su profesión, la abogada constata la repercusión que esto tiene en las mujeres. "Las propias víctimas nos piden cuentas, porque les decimos que denuncien y no sirve". En consecuencia, no sólo "se sienten desamparadas", sino que afrontan un "daño emocional" difícil de sanar. 

La quiebra de la confianza en las instituciones no emerge entre las víctimas sin motivo, sino que se dispara cuando el sistema demuestra ser incapaz de protegerlas. Los efectos, son palpables. Un ejemplo: según la citada Macroencuesta, entre la minoría de mujeres que sí dan el paso de denunciar, un porcentaje nada desdeñable termina retirando la denuncia. Son un 38,3% en el caso de violencia por parte de la actual pareja y un 21,3% en cuanto a parejas pasadas.