El próximo mayo se cumplirán ocho años desde que personal de la entonces denominada Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) se agrupó por primera vez en el colectivo 'Defende a Galega'. Bajo ese paraguas, a través de las movilizaciones simbólicas de los viernes negros, el personal movilizado comenzó a señalar injerencias políticas del Gobierno de la Xunta en su trabajo, así como otras reivindicaciones laborales.

Han pasado ya más de 400 de esos 'viernes negros' salpicados de otras protestas y acontecimientos. Entre ellas, huelgas impulsadas por el comité intercentros de la corporación o dos condenas judiciales por represaliar al personal; una de ellas ya declarada firme por el Supremo y la segunda, dictada recientemente por el Tribunal Superior y que la ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) se dispone a recurrir, según confirmó este martes en el Parlamento su directora general, Concepción Pombo.

Pombo fue nombrada al amparo de una nueva ley de los medios públicos que, entre otros cambios, supuso el fin del precepto legal que obligaba a elegir la dirección general de la corporación con más votos que los del PP en el Parlamento —mayoría reforzada y no solo absoluta—. Estaba vigente desde 2011, pero nunca había llegado a aplicarse.

Con todo este telón de fondo en Galicia, la dirección estatal del PP acaba de redoblar su ofensiva hacia Radio Televisión Española (RTVE). Y en ese marco, el equipo de Alberto Núñez Feijóo, en lo esencial el mismo que lo acompañó en sus años de presidente de la Xunta y del PP en Galicia, acaba de decidir la apertura de una comisión de investigación en el Senado, cámara en la que gozan de mayoría absoluta y en la que ya llevan abiertas media docena de pesquisas sobre otros asuntos contra el Gobierno de España o el PSOE.

Como informa Fernando Varela para infoLibre, la solicitud de comisión de investigación registrada por el PP combina la atribución a la dirección de RTVE de diversas cuestiones rayando la ilegalidad —desde conflictos de intereses a delitos contables— con acusaciones de manipulación informativa en lo que la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, califica como “telepedro”. La radio y la televisión públicas estatales, acusan, se está “alejando crecientemente” de sus obligaciones legales para convertirse en una “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Para la presidenta del Comité Intercentros de la CSAG, Raquel Lema, impulsar esta investigación es “una hipocresía, un cinismo absoluto”. “Sobre todo”, considera, “estando en estos momentos Alberto Núñez Feijóo liderando el PP y acompañado de gallegas y gallegos” que formaban parte de su equipo en Galicia. “Es increíble que se atrevan a acusar a RTVE” en esos términos “teniendo lo que tienen en su casa de origen, los medios de comunicación gallegos” en cuanto a “manipulación” y “vulneración de derechos fundamentales”.

En este sentido, Lema pone el foco precisamente en las mencionadas sentencias. “Aquí hay condenas por vulneración de derechos fundamentales a dos trabajadores por su participación activa en Defende a Galega, un movimiento que lo que más reivindica” es precisamente frenar “la injerencia política y la manipulación” en los medios públicos, subraya en declaraciones a Praza.gal. “Ya no es una opinión nuestra, un punto de vista diferente de las trabajadoras organizadas, sino sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.

A juicio de la presidenta del comité intercentros de la CSAG, el PP “primero debería arreglar su casa”. También en lo referente a la ley de los medios públicos, que en Galicia “aprobaron con sus únicos votos” y que implicó “eliminar el Consejo de Informativos y el Estatuto Profesional que estaban previstos en la ley de 2011, que nunca se crearon” y que están incluidos en el Reglamento Europeo sobre libertad de los medios de comunicación, vigente desde agosto de 2025.

Tras el registro de la solicitud por parte del PP, RTVE respondió con un comunicado institucional en el que, como informa infoLibre, invoca precisamente el Reglamento Europeo, el mismo que contradice la nueva ley gallega de la CSAG. Lo hace para advertir de que esa norma (EMFA, por sus siglas en inglés), vigente desde agosto de 2025, prohíbe a los Estados las injerencias en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios públicos de comunicación audiovisual.

Considera RTVE que la iniciativa del PP va más allá del normal control parlamentario de los medios públicos porque intenta, entre otros aspectos, “cuestionar la actual línea informativa” de la radio y televisión estatales. Lo que impulsan los populares, advierten, es un “juicio político” y lo hace además en plena ofensiva de la patronal de las televisiones privadas contra RTVE y mientras, al mismo tiempo, cabe preguntarse si pretenden aplicar en el Estado “criterios distintos” a “territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público”, caso de Galicia.

El pasado 6 de marzo María Azucena Recio tomó posesión como nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Menos de una semana después, el día 12, esta magistrada encuadrada convencionalmente en el sector conservador de la judicatura tomó una de sus primeras decisiones: trasladar a la fuerza a dos de los cuatro miembros de la Sección Tercera de la Sala, que trata sobre cuestiones como la legalidad de los parques eólicos o diversos contratos del Gobierno gallego: Luís Villares y Dolores López.

Estos traslados forzosos, que Praza.gal pudo confirmar a través de fuentes judiciales, están generando un notable revuelo en el seno del alto tribunal gallego por su celeridad y también por su justificación. Especialmente en el caso de Villares, que viene siendo cuestionado públicamente por el PP y por el Gobierno gallego en los últimos años a causa de decisiones de la Sala como paralizaciones cautelares de parques eólicos, que los populares atribuyen no a cuestiones legales, sino al pasado político del magistrado como portavoz de la desaparecida formación En Marea.

La resolución en la que Recio decide el traslado forzoso de Villares, a cuyo contenido pudo tener acceso este diario, lo justifica citando tres sentencias en las que el Tribunal Supremo anuló resoluciones previas del TSXG que obligaban a la empresa concesionaria del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a pagar el IBI al Ayuntamiento o que rechazaban las peticiones de la empresa para obtener diversas compensaciones por servicios prestados durante la apertura del centro. La causa de esas anulaciones fue que el Supremo observó riesgo de que Villares, uno de los tres magistrados que las adoptó, no fuese imparcial por las posiciones políticas de En Marea sobre el asunto cuando él la lideraba, con independencia de que fuesen “correctas”.

Según la nueva presidenta de la Sala, esos pronunciamientos del Supremo “motivan” el traslado forzoso de Villares fuera de la Sección Tercera y su recolocación en la Cuarta. Lo hace, justifica, para “salvaguardar la apariencia y la realidad de la imparcialidad con la que funciona esta Sala” y también para la “salvaguarda del magistrado cuya imparcialidad fue sometida a valoración judicial por el Supremo”. También apunta a “necesidades reorganizativas” y al “refuerzo” del “buen funcionamiento” de la Sala.

Entiende María Azucena Recio que el traslado forzoso va a implicar además para Villares un “crecimiento profesional” y “una oportunidad” al “abordar nuevas materias que también son competencia” de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La resolución concluye con un agradecimiento al “apoyo y comprensión de todos/as”.

Las tres sentencias conocidas hasta el momento en las que el Supremo anuló resoluciones previas del TSXG porque Villares participó en ellas junto con otros jueces no dicen que aquellas fuesen incorrectas o parciales. El Supremo dijo que esas resoluciones no tenían “signos manifiestos que permitan levantar, por sí solos, sospechas sobre la ausencia de parcialidad”, pero aun así consideró que se había vulnerado el derecho de la empresa recurrente a un juez imparcial. En aquellos procesos la Xunta incluso defendió al magistrado diciendo que el supuesto “vicio de parcialidad” que le atribuían no se había producido porque “la sentencia es correcta en derecho en cuanto al fondo”.

Por otra parte, el Supremo ya ha avalado resoluciones del TSXG en las que participó Villares, en particular sobre el sector eólico. Y, al mismo tiempo, el PP incluso criticó a Villares por la anulación en firme por parte del Supremo de un parque eólico en cuyo proceso judicial no participó ese juez.

Ante los ataques del PP al TSXG por sus resoluciones sobre el sector eólico, participe o no Villares en ellas, el propio tribunal y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia se pronunciaron públicamente en defensa de la “independencia judicial”, subrayando que “su respeto por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones” y “sin perjuicio de que quien esté disconforme con las resoluciones judiciales utilice los medios que le garantiza la legislación procesal”.

Los traslados forzosos decididos por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, especialmente el de Villares, causan “preocupación” en la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. El colectivo que agrupa el sector progresista de la judicatura, del que el magistrado ahora trasladado fue coordinador en Galicia, considera que la decisión “puede afectar a las garantías de inamovilidad e independencia judicial”.

Destaca la sección territorial gallega de XpD que este “desmantelamiento” de la Sección Tercera de la Sala, “no previsto en el programa de gobierno sometido a examen del Consejo General del Poder Judicial” con el que María Azucena Recio llegó al cargo, “supone de facto deshacer la composición de un órgano judicial que venía resolviendo asuntos de materias concretas”, ya que “afecta a la mitad de las personas que la componen”. Se trata, añaden, de un movimiento “inusual” tanto por su “envergadura” como por las “formas con las que se realiza”.

“El procedimiento habitual de cambio de magistrados entre secciones es el concurso interno voluntario cuando existen vacantes”, detallan, y “cuando la Presidencia propone una reorganización, lo normal es la consulta previa” con los afectados y aplicar los cambios “de modo individual” para no “perturbar” el trabajo. Pero en este caso los movimientos, entre los trasladados y los que llegan, “afectan a cuatro magistrados” de dos de las cuatro secciones de la Sala y “fue adoptado sin audiencia previa ni consultas informales” con los implicados.

Los sucesivos argumentos de la Xunta para mantener oculto su pacto con Altri ante peticiones formales de transparencia formuladas por Praza.gal provocaron el mayor cisma en los diez años de historia de la Comisión da Transparencia de Galicia. Se trata del órgano hasta ahora dependiente de la Valedora do Pobo que vela por el derecho de la ciudadanía de acceder a información en poder de las Administraciones.

La representación en ese órgano del Consello Consultivo y del Consello de Contas firmaron una inédita justificación conjunta de voto discrepante sobre la forma en que la Xunta argumentó, tras dar otras motivaciones, que no puede entregar el acuerdo con Altri porque no está en su poder ni lo conoce. Un argumento nuevo que fue validado por otros vocales de la Comisión da Transparencia, sin permitir alegar a Praza.gal, lo que pudo vulnerar sus derechos.

La primera petición de transparencia de Praza.gal al Gobierno gallego para conocer el acuerdo con Altri fue rechazada con el argumento de que no había sido firmado por la Xunta, sino por la ahora disuelta empresa Impulsa Galicia, en la que la participación pública es del 48% y por lo tanto no está afectada por la Lei de Transparencia. Praza.gal recurrió aquella negativa destacando que el pacto había sido firmado por el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, pero la Xunta replicó que no lo había hecho como conselleiro, sino como presidente de Impulsa Galicia como parte de un "negocio jurídico privado".

Impulsa Galicia fue creada por la Xunta, que tiene el deber de controlar su propia participación en empresas. Por este motivo Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia pidiendo el pacto con Altri como documento que obra "en poder" de la Administración "en el ejercicio de sus funciones" de control de sus participaciones empresariales. La formulación tendría amparo en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, que dice que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder [de las Administraciones] y que fuesen elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

La respuesta de la Xunta obvió los matices de esta nueva petición y se limitó a reiterar los argumentos denegatorios de la solicitud previa, esto es, que era un documento de una empresa privada. Así que Praza.gal recurrió ante la Comisión de Transparencia incidiendo en el elemento jurídico de que el documento estuviese "en poder" de la Administración. Fue en ese momento cuando la Xunta argumentó ante la Comisión da Transparencia que la información solicitada era "desconocida" para ella y no la tenía "en su poder". Un argumento nuevo que fue validado por cuatro de los seis miembros de la Comisión da Transparencia de Galicia sin dar la posibilidad de alegar a Praza.gal, ante lo que discrepan los vocales en representación de los consellos de Contas y Consultivo.

La Comisión da Transparencia está formada por seis personas: la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño; su adjunta, María Xosé Porteiro; una representante de la Xunta, en este caso Patricia Brión Cabanelas, en sustitución del director general José María Barreiro; uno de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Xosé Manuel Rodríguez Méndez; uno del Consello de Contas, Manuel José Santana Suárez; y una del Consello Consultivo, Ana María López Guizán. Los dos últimos son los que discrepan y consideran vulnerado el derecho de Praza.gal.

El asunto fue debatido durante tres meses, ya que debía ser analizado por primera vez en el pleno mensual de la Comisión da Transparencia previsto para el 31 de octubre, pero ante el debate suscitado la decisión fue pospuesta primero al siguiente pleno del 25 de noviembre y después al del 23 de diciembre. En ese pleno el argumento introducido ex novo por la Xunta de que no tiene el pacto con Altri fue validado sin dar a Praza.gal posibilidad de alegar por la Valedora (propuesta por el PP), su adjunta (exdiputada propuesta por el PSdeG), el representante de la Fegamp (exalcalde de As Neves del BNG) y la representante de la Xunta.

Por el contrario, el voto discrepante firmado por la letrada representante del Consultivo y por el de Contas destaca que el primer argumento de la Xunta para denegar la petición de Praza.gal era porque Impulsa Galicia no estaba sometida a la Lei de Transparencia, "no porque la Consellería no tuviese en su poder el documento" en la argumentación de la Xunta ante la propia Comisión en septiembre sin comunicárselo a Praza.gal. Por eso, los discrepantes consideran que "la Comisión da Transparencia, en lugar de entrar a conocer el fondo del asunto, debió conceder al interesado [Praza.gal, a través de un periodista] un trámite de audiencia" para alegar lo que considerase ante ese "hecho nuevo".

"Sólo una vez realizado este trámite, esencial para la contradicción del procedimiento, era posible entrar a conocer el fondo del asunto", añade el voto discrepante conjunto. Un trámite de alegaciones por parte de Praza.gal que era "garante del derecho de defensa" de este periódico.

Es la primera vez en diez años de existencia de la Comisión da Transparencia de Galicia, creada en 2016, que se firma una justificación de voto discrepante conjunta de dos vocales tras analizar un tema sin acuerdo durante tres plenos distintos. La inmensa mayoría de las alrededor de doscientas resoluciones que emite cada año la Comisión son acordadas por unanimidad. De forma excepcional se abstiene algún vocal porque la cuestión a debate afecte a la institución que representa. Y aún más excepcionales son los votos en contra, generalmente de la representación de la Xunta disconforme con que la Comisión quiera que divulgue alguna información que prefiere mantener oculta.

Hasta ahora la representación del Consultivo sólo había emitido justificación de voto discrepante en solitario en un par de ocasiones, por lo que es la primera vez que se firma una justificación discrepante conjunta de dos vocalías distintas y con una argumentación de la extensión de esta. Será precisamente el Consello Consultivo el que pase este año a gestionar la Comisión da Transparencia después de que el PP decidiese retirar su adscripción a la Valedora do Pobo.

A pesar de estos obstáculos de la Xunta y de la Comisión da Transparencia, Praza.gal sigue investigando para tener acceso al pacto con Altri. Tras la argumentación de la Xunta de que no tiene el acuerdo, el presidente Rueda admitió que él sí lo conoce y a través de "representantes de la Xunta". Por eso Praza.gal formuló una nueva petición de transparencia para tener acceso a la información que esté en poder de la Presidencia de la Xunta. Una petición de la que de momento Presidencia se desentendió remitiéndola a la Consellería de Economía e Industria.

Ana Pontón (Sarria, 1977) acaba de cumplir diez años como portavoz nacional del BNG. Asumió el liderazgo en el momento más crítico de la historia de la formación y, una década después, encabeza la oposición al frente de un grupo parlamentario cuatro veces más amplio que el logrado en las primeras elecciones en las que fue cabeza de cartel del Bloque, en aquel mismo 2016. En un momento de avance global de las derechas, al frente de un BNG que “no tiene techo”, Pontón dice estar convencida de que hacen falta “políticas valientes” y de que, en el caso gallego, existe ya una “nueva mayoría que quiere políticas alternativas” a las de un PP al que, sostiene, solo le resta hacer “propaganda para ver si convence de que va a hacer lo que no hizo en 20 años”. Conversamos con ella sobre estos años, la situación política del país y del Estado y asuntos clave como la vivienda, la transición ecológica o la industria tras el fracaso de Altri.

Hace ahora diez años que asumía la portavocía nacional del BNG, en lo que posiblemente fue el momento más crítico de la organización, cuando ya se esbozaban escenarios en los que incluso parecía posible que se convirtiesen en fuerza extraparlamentaria y en un momento además de crisis en muchos niveles. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza al recordar aquella Asamblea Nacional y aquel momento político?

La descripción que hace en la pregunta refleja lo que pasaba en aquel momento. Estábamos en un momento de crisis económica y también del sistema de partidos. Y todo esto afectó al BNG; seguramente estábamos en el momento más difícil de toda nuestra historia. Recuerdo que yo tenía absoluta confianza en que el Bloque era un proyecto necesario para este país y que si éramos capaces de analizar en qué estábamos fallando y resintonizábamos con la sociedad gallega teníamos un gran porvenir, porque el nacionalismo es necesario para Galicia y Galicia necesita una fuerza como el BNG; siempre digo que es un proyecto que si no existiese habría que inventarlo, porque este país necesita a alguien que lo defienda, que confíe en sus potencialidades y sea capaz de romper con el guion de discriminación, de dependencia y de agravio que significa el centralismo. En aquel momento era consciente de la responsabilidad que teníamos, pero tenía absoluta confianza en que si éramos capaces de acertar con el discurso, el BNG tenía un gran futuro. Y, afortunadamente, estos diez años demuestran que era cierto.

En aquella altura yo escuchaba muchas voces fuera, también algunas dentro, que pensaban que un proyecto como el BNG ya no tenía cabida, pero yo pensaba en todos esos hombres y mujeres que durante tanto tiempo trabajaron para levantar un proyecto que nace del pueblo, que no está sustentado en ningún grupo económico ni mediático y decía que la fuerza de nuestro amor no puede ser inútil. Y hoy estamos en el mejor momento de la historia del BNG. Tuvimos unas elecciones gallegas hace dos años en las que uno de cada tres que fueron a votar cogieron nuestra papeleta y lo hicieron con ilusión y convicción. Y estoy convencida de que ese cambio que empezó a abrirse ahí, esa grieta que abrimos al Partido Popular, va a verificarse en las próximas elecciones y podremos tener un gobierno dirigido por el BNG.

Tres elecciones después de aquella asamblea ese crecimiento se tradujo en cuadriplicar la representación respecto a las elecciones de 2016. En esas elecciones de hace dos años a las que se refería el objetivo del BNG fue muy claro, gobernar y liderar el Gobierno. ¿Qué diría que falta? Porque el crecimiento fue obvio, pero también lo fue que la disminución del Partido Popular fue mucho menor que el crecimiento del BNG...

Los cambios transformadores como los que significa el BNG a veces tardan más de lo que quisiéramos, pero estamos ahí impulsando. Y esta legislatura está demostrando que hay una pulsión social de cambio: lo que acabamos de ver con Altri no es un hecho cualquiera. Es la evidencia de que en la sociedad gallega hay una nueva mayoría que quiere políticas alternativas a las del Partido Popular; porque Altri no era un proyecto más, Altri era el gran proyecto, primero de Feijóo y luego de Rueda, de modelo de desarrollo económico del país, que consiste básicamente en volver a un franquismo industrial de las macrocelulosas de Ence y ahora, una macrocelulosa diez veces mayor. Pero el resultado es que el pueblo mandó y venció frente a la soberbia y la prepotencia de un PP que estaba haciendo de comercial de Altri. Esto es un síntoma, igual que muchas otras luchas que estamos viendo en este momento y que el BNG también está acompañando en la defensa de la sanidad pública, de la enseñanza, del derecho a vivir aquí, de la reclamación de políticas de vivienda, de que no podemos seguir con un modelo de expolio de nuestro territorio, de defensa de la lengua... Están evidenciando un país que se está abriendo y que hay un cambio que es imparable.

Viendo los números de la evolución electoral, todo apunta a que el BNG consiguió captar electorado que en otros momentos apoyó otras fuerzas de la izquierda como el Partido Socialista o las antiguas mareas. El crecimiento, ese salto adelante que les falta, ¿tendría que llegar por electorado que en algún momento estuvo próximo o cogió la papeleta del PP?

Siempre digo que los votos no son de las fuerzas políticas, que son de las personas y que en cada momento deciden a quién quieren apoyar. Si analizamos lo que pasó en las últimas elecciones vemos cómo el BNG crece mucho más de los votos que pierde el Partido Socialista; creo que estamos conectando con muchos sectores de la sociedad que quieren una alternativa propia para Galicia. Por lo tanto, quizá tengamos que romper ese marco que funcionó más en otras etapas políticas, porque la sociedad ha cambiado mucho y quizá el nivel de fidelidad que hay con las organizaciones políticas no tiene nada que ver con lo que podía haber en el siglo pasado, antes de esta crisis. Y también es un escenario que nos permite abrir grandes oportunidades. Nosotros nos dirigimos a todos los gallegos y gallegas que quieren más para este país. Que quieren que en Galicia nuestra lengua siga teniendo futuro, que quieren empleo digno, que quieren vivienda a precios que puedan asumir, que quieren que Galicia no sea una tierra de sacrificio, que quieren que nuestros recursos estén al servicio del país. Yo creo que ahí hay una nueva mayoría social que se está articulando en torno al BNG y si acertamos en nuestra línea de trabajo como estamos acertando en estos últimos años, el BNG lo que está demostrando es que no tiene techo. Quien tocó techo fue el Partido Popular. Yo siempre soy poco creyente de las encuestas en cuanto a la foto fija que nos quieren hacer, pero sí de las tendencias. Y lo que estamos viendo es cómo el Partido Popular está bajando y el BNG está subiendo. Esto lo que nos dice es que hay un descontento evidente con estos 20 años de gobierno del Partido Popular que nos están dejando una Galicia donde la gente vive peor, donde hay menos oportunidades, donde los salarios cada vez dan para menos o los servicios públicos están más deteriorados. Y frente a todo eso la única alternativa que hay es el BNG.

¿Cree, entonces, que de alguna manera Galicia puede quedar, no sé si al margen, pero sí tener una dinámica diferente en un momento global en el que esa —llamémosle— internacional reaccionaria está cobrando fuerza en muchas elecciones? A nivel del Estado, por ejemplo, ¿cree que hay margen para que las próximas generales no den lugar a una mayoría absoluta de PP y Vox que parece que, en algunos ámbitos, se da casi por descontada?

Primero, Galicia es un sitio distinto y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Porque lo cierto es que en Galicia la extrema derecha es irrelevante. Tiene cero diputados en el Parlamento gallego, cero concejales y concejalas, cero representantes en el Congreso. Creo que esto habla bien de Galicia, pero a lo mejor tenemos que hacer una reflexión un poco más profunda. Porque en muchas partes lo que estamos viendo es cómo gente que en algún momento no apoyó a la derecha ahora se está agarrando a la extrema derecha como a un clavo ardiendo ante una situación de crisis evidente que está provocando una brecha social importante. Tenemos que preguntarnos por qué muchas de esas personas dejaron de ver a las fuerzas progresistas como su alternativa. Y yo eso lo entiendo. Porque, claro, cuando uno ve lo que era el centro de la socialdemocracia defendiendo la agresión a Palestina, como puede ser la socialdemocracia alemana, el disparate es evidente. Cuando hay un gobierno que se dice el más progresista de la historia pero que no está siendo capaz de poner soluciones ante graves problemas que tiene la población de acceso a la vivienda, de pérdida de poder adquisitivo... Una también entiende que haya una decepción con personas que se presentaron a las elecciones con un programa que no están cumpliendo. O cuando vemos cómo en el Estado español con tantas necesidades sociales lo que se está haciendo es multiplicar el gasto militar. En Galicia, a diferencia del Estado, hay muchas personas que tienen una alternativa transformadora como es el BNG. Y quizá lo que deberíamos pensar no es qué va a pasar en las elecciones, sino qué tiene que hacer el Gobierno, porque tiene un margen muy importante de actuación para que todos esos sectores sociales que ahora pueden estar mirando a la extrema derecha como una alternativa desesperada, vean que hay otra opción. Porque no es que esas fuerzas estén fuera del gobierno; tienen instrumentos muy importantes y deberían avanzar en la agenda social. En el Estado hay un escenario que está muy abierto y ya vivimos otra legislatura donde todas las encuestas decían que iba a gobernar la derecha con la extrema derecha y eso no fue lo que pasó en las elecciones.

En este sentido, a nivel de Estado hay una cierta reestructuración en lo que se da en llamar la izquierda del Partido Socialista. ¿Cómo valoran o cómo observan en el BNG propuestas como la que lanza Gabriel Rufián sobre la necesidad de coordinar esfuerzos, de algún tipo de confluencia? No sé si incluso tuvieron algún ofrecimiento en ese sentido...

Gabriel Rufián es una persona que conozco, que aprecio y valoro. Es una persona a la que hay que escuchar y, evidentemente, desde el BNG compartimos la preocupación por el avance de la derecha o de la extrema derecha. Pero en Galicia la gente sabe que el BNG es una garantía de que nunca vaya a gobernar la derecha ni la extrema derecha. Y nosotros ya somos un frente amplio que aglutina una mayoría que nos permite precisamente algo tan importante como que en Galicia la extrema derecha ya sea irrelevante. Por lo tanto, creo que la izquierda estatal tiene que ser capaz de solucionar sus propios problemas, sus dilemas y su situación, pero en Galicia tenemos un panorama muy distinto. Es más, nuestra experiencia colectiva como país o con fuerzas políticas que transitaron su camino... El resultado fue el que fue. La mejor manera de garantizar derechos y de frenar a la derecha en Galicia es el BNG.

Estamos, en el caso gallego, en la mitad de una legislatura que comenzó marcada por una cuestión a la que antes se refería, el proyecto de Altri. Entiendo por sus palabras que cree que el anuncio de archivo por no entrar en los planes eléctricos del Estado es un punto final definitivo, que no va a haber una reactivación, que el gobierno de la Xunta o la empresa o ambos no van a encontrar un camino para retornar.

Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero lo evidente en este momento es que el pueblo gallego hizo que Altri se paralizase. Y es más, viendo la sentencia que conocimos esta semana respecto de que el Tribunal Superior de Xustiza le decía a la Xunta que no podía dejar de proteger los terrenos en los que iba Altri, quizá ese anuncio se hace deliberadamente antes de esta sentencia para tener una coartada que no sea la evidencia de cómo el Partido Popular estaba trabajando directamente para Altri y en contra de la legislación vigente. Este es un hecho gravísimo y el PP tiene que dar explicaciones de por qué un gobierno se salta la normativa y desprotege espacios protegidos única y exclusivamente para beneficiar a una empresa portuguesa que además viene a contaminar nuestro país. Estamos ante un punto muy grave donde el presidente de la Xunta tiene que comparecer en el Parlamento de Galicia, porque el nivel de ocultación que hay con Altri es brutal. Empezando ya por ese acuerdo secreto que está guardado bajo siete llaves en la Xunta de Galicia y que se nos oculta a los gallegos y a las gallegas. ¿Por qué no podemos conocer los documentos que firmó el Partido Popular con Altri? ¿Por qué no podemos conocer esa documentación oficial? ¿Qué le esconde el señor Rueda a los gallegos y a las gallegas? Creo que cada vez es más evidente que detrás de Altri había intereses económicos, no sé si alguna puerta giratoria que ahora se truncó y por eso estaba tan enfadado el señor Rueda en el último pleno. En todo caso, tenemos derecho a saber la verdad y desde el BNG no vamos a parar hasta que aparezca.

El BNG está intentando obtener ese pacto secreto a través de la Justicia, en el Tribunal Superior. ¿Confían en que esa vía pueda fructificar? Teniendo en cuenta que por la vía parlamentaria ya se toparon con algunas respuestas como que la Consellería de Industria dice que no conoce el contenido del acuerdo que firmó el anterior titular de la Consellería...

Es todo un disparate. Están tan llenos de soberbia y de absolutismo que creen que pueden pasar por encima de las leyes y del Parlamento. Es gravísimo además que la Consellería nos diga a la cara que miente. ¿Cómo puede decir que no conoce un documento que firmó un vicepresidente del Gobierno gallego y que lo firmó porque la Xunta tiene el 40% de esa sociedad? No era su negocio particular y privado; estaba ahí representando al Gobierno gallego. ¿Y cómo puede ser, además, que se atrevan a poner por escrito que no lo conocen y dos días después tengamos al presidente de la Xunta diciendo que él conoce el contenido de ese acuerdo? Y a la propia conselleira de Industria, en sus entrevistas, también reconociendo que sabe cuál es el contenido de ese acuerdo. Estamos ante un abuso claro de poder y ante un Gobierno que algo tiene que temer para ocultar esta documentación.

Usted reprochaba al presidente Rueda también en este último pleno que Altri fuese hasta ahora su única política industrial. ¿Por dónde debería ir esa política para el BNG, teniendo en cuenta que Altri como mínimo está arrumbada, fuera del carril?

El problema de Altri es que significa un modelo de expolio y destrucción de nuestro territorio que condena nuestro rural a ser una gran masa de eucalipto. En el rural tenemos una capacidad enorme, primero en todo el sector agroganadero, que además en la comarca de A Ulloa es un ejemplo de la capacidad de transformación con pequeñas y medianas empresas que no solo producen leche, que la están transformando. Y esta es una industria vital para nosotros, para asentar población y cuidar el territorio. Y después tenemos la otra pata, que es el modelo de política forestal que queremos. Y nosotros decimos que Galicia tiene que apostar por un nuevo modelo sostenible. Estamos en pleno cambio climático, acabamos de ver las consecuencias de los incendios y me parece un auténtico disparate y una irresponsabilidad querer extender la política del eucalipto a todo el país. Necesitamos apostar por producciones de madera de calidad, por una industria que transforme en segundas y terceras transformaciones esta madera, y si la Xunta en vez de apostarlo todo a la carta perdedora como era Altri apostase, como dijo el BNG en su momento, por proyectos que realmente transformasen nuestro sector forestal quizá hoy no estaríamos donde estamos. Yo también me pregunto quién va a asumir las responsabilidades por decidir apostar todo a la carta perdedora de Altri en vez de apoyar otros sectores económicos que en ese momento tenían proyectos muy interesantes sobre la mesa para recibir fondos Next Generation. El señor Rueda es el máximo responsable de esta situación y este es un fracaso industrial que lo único que nos demuestra es que no tienen una política industrial de futuro. Su única apuesta son las industrias del siglo XX cuando estamos en pleno siglo XXI y hace mucho tiempo que está superada la falsa dicotomía entre medio ambiente o industria. La industria o es sostenible o no tiene futuro y si no aprendemos esta lección es que no sabemos nada. Claro que hay alternativas; el problema es que el PP no tiene ni confianza ni ningún proyecto de futuro para Galicia.

Si hablamos de medio ambiente y de industria hablamos de transición energética. La ausencia de plan eólico desde la cancelación del del Gobierno de PSdeG y BNG, por un lado, y también las paralizaciones cautelares en la justicia de proyectos eólicos, por otro, están condicionando el sector de las renovables. El BNG viene reiterando que está a favor de esa transición y del desarrollo eólico pero no del modo en que se está haciendo. ¿Por dónde debería ir? Porque lo cierto es que hace más de diecisiete años que la potencia es prácticamente la misma y el sector está estancado...

La responsabilidad de que el sector esté estancado es del PP, que paralizó un plan eólico perfectamente legal única y exclusivamente porque lo pidieron las grandes empresas eléctricas que mandan en el Estado español y que parece que también tienen una silla en el Consello de la Xunta. La situación actual también es responsabilidad del PP, porque el desarrollo eólico necesita planificación y seguridad jurídica, dos cuestiones que el PP no está haciendo porque quiso imponer la ley de la selva. El BNG defiende que el desarrollo energético, que no es solo eólico porque hay muchas más energías renovables que pueden entrar en el mix, tiene que hacerse primero teniendo en cuenta cuáles son las necesidades energéticas de Galicia y segundo, respetando a la gente de nuestro medio rural y del mar frente a los intereses del lobby eléctrico. Y esto tiene que revertir en nuestro país: tenemos que tener una tarifa eléctrica más barata para compensarnos por los costes sociales y ambientales de la producción de electricidad; la propuesta del BNG, que supone una rebaja de entre un 10% y un 15% de la factura de la luz, es mejor aliciente para que vengan empresas a Galicia que cualquier otra política. Y también tenemos que tener una empresa pública de energía como los países de nuestro entorno, que además permite que esos beneficios redunden en el conjunto de la sociedad y no en que cuatro se hagan ricos a costa de la electricidad de Galicia.

Se refería antes, cuando hablábamos del Estado, a la crisis de vivienda como uno de los elementos que está condicionando el panorama político. Es posiblemente el gran tema político, también en nuestro país. Después de 15 años de escasez los planes de la Xunta hablan de 4.000 viviendas en esta legislatura. Suponiendo que se materialicen, cubrirían alrededor del 20% de la demanda. ¿Cómo lo abordaría el BNG desde el Gobierno?

Hay que tener mucha fe para creer eso... Lo primero es que en política de vivienda estamos como estamos porque el Partido Popular lleva 17 años dinamitando la política social de vivienda. Si cogemos los históricos es la etapa en la que menos vivienda pública se puso a disposición a pesar de que se sabía que había un problema que ya viene de 2008. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Yo creo que propaganda. Es cierto que se está licitando alguna vivienda, pero las promesas de Rueda son un bluff, porque las políticas de vivienda del PP son un bluff propagandístico. ¿Qué habría que hacer? Dar soluciones para aquí y ahora. Todo el mundo sabe que esas viviendas que está anunciando Rueda no se van a construir en esta legislatura; si se construyen de aquí a 2030 ya me parece un poco más realista. En todo caso, la gente no puede esperar 4, 5, 6 años o 10 años para que haya solución a los problemas de la vivienda. ¿Qué haría falta en este momento? Primero, topar los precios del alquiler y en las zonas donde estamos viendo que hay incrementos desmesurados la Xunta podría. No lo hace porque no le da la gana. De hecho, acaba de boicotear esa declaración en el Ayuntamiento de Santiago y tengo muy claro que ese boicot es única y exclusivamente para hacerle oposición al gobierno de Goretti Sanmartín sin importar que eso suponga que la gente pueda pagar menos de alquiler. ¿Qué más podría hacer el Gobierno? Un programa de compra pública de vivienda ya construida para ponerla en alquiler; es mucho más rápido y ecológico y además hay recursos públicos para poder hacerlo. Y la tercera: que se limiten las viviendas de uso turístico con un tope de su número y lo primero, que se quiten todas las ilegales. La pregunta es por qué no lo quieren hacer.

Lo que hay es un cambio como mínimo de discurso por parte del Gobierno gallego después de años. ¿Detectan si el PP, de alguna manera, intentó —no sé si— arrebatarles o hacer suyas algunas de las que fueron banderas en su campaña en 2024? La vivienda fue una de ellas; pienso también en otras como pueden ser los traspasos de competencias. Ustedes hablan de “abrir grieta” en el PP; ¿detectan que el PP quiere hacer lo contrario y hacer ver que algunas políticas que ustedes reivindicaban también pueden ser del Partido Popular y por eso no hace falta un cambio?

El PP se está dando cuenta de que tiene un problema muy grave en Galicia porque sus políticas están haciendo que la gente viva peor. Y en estos dos últimos años vemos un ejercicio de propaganda terrible en esos ámbitos mientras la realidad sigue siendo la misma. Si la gente tiene más problemas de acceso a vivienda que hace dos años, en muchos casos es responsabilidad del PP; si tenemos un deterioro de la sanidad pública que es mayor porque los problemas cada vez son más grandes, el PP puede intentar echarle la culpa a Madrid, pero todo el mundo sabe que la responsabilidad de la gestión sanitaria está en la Xunta. Igual que sabemos que le recortó 1.600 millones de euros a la Atención Primaria y que por eso tenemos lista de espera para poder ir a nuestro médico de cabecera. El PP es consciente de que se está agotando su ciclo y está haciendo un ejercicio de propaganda para ver si convence a los gallegos y gallegas de que ahora va a hacer lo que no hizo en 20 años. Pero esto tampoco cuela, porque cuando no hay voluntad real para cambiar la situación, los problemas siguen creciendo.

Se refería ahora a la sanidad. Esta semana publicábamos en Praza.gal que el Sergas quiere impulsar que haya menos gente que rechace ir a operarse a la privada financiada con fondos públicos. ¿Cómo valora que materialicen en un documento oficial este objetivo?

Está bien que por lo menos no escondan que están trabajando para la sanidad privada, aunque su objetivo tendría que ser que cada vez la sanidad pública tenga mayor capacidad de resolución. Y pueden hacerlo contratando más personal, haciendo que nuestras instalaciones hospitalarias funcionen por la mañana, por la tarde y los fines de semana si es necesario. Lo único que se necesita es voluntad política y recursos, justo lo que no quiere destinar el PP.

Estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral. De momento tenemos una fecha, la de las municipales de mayo del año que viene. El BNG llega a esos comicios teniendo la alcaldía de Santiago, de la que ahora hablaba, también la de Pontevedra, gobierna Lugo y las diputaciones de Lugo y de A Coruña... ¿Con qué expectativas las afrontan? El PP está transmitiendo una sensación de que tienen unas expectativas muy altas tanto en los sitios en los que lleva mucho tiempo sin gobernar como puede ser Lugo, como también por ejemplo en el Ayuntamiento de Santiago, que parecen tener en el blanco de una manera especialmente significativa. ¿Se ven en condiciones de revalidar y ampliar o va a ser un ejercicio de resistencia de la izquierda?

Nosotros vamos a por todas y con el objetivo de mejorar la posición del BNG en todos los ámbitos, no solo manteniendo las alcaldías que tenemos sino también incrementándolas e incrementando la representación. En estas elecciones municipales vamos a dar un gran salto adelante en todo el país que va a acreditar que el BNG es la fuerza política que avanza, en la que cada vez confían más gallegos y gallegas. En los ayuntamientos tenemos un modelo de gobierno municipal en el que demostramos la capacidad de transformación y esto es lo que molesta al Partido Popular. Lo llevamos demostrando muchos años en muchos ayuntamientos pero decía usted sobre el caso de Santiago de Compostela: es paradigmático cómo vemos un PP volcado en trabajar en contra de Santiago única y exclusivamente por intereses partidistas. Es un escándalo que se nieguen a la declaración de zona tensionada, pero también cómo se está utilizando la Xunta como ariete contra un gobierno democráticamente elegido. Creo que les va a salir mal, porque Santiago está viendo que el PP es un partido que está trabajando en contra de la ciudad única y exclusivamente por sus intereses partidistas. Y además, en Santiago ya sabemos lo que significa un gobierno del PP: tres alcaldes en un mandato y un gobierno que única y exclusivamente trabajaba para defender intereses espurios. Frente a eso, Goretti Sanmartín está demostrando que tiene un proyecto de ciudad. Creo que lo que necesita es una mayoría sólida para poder llevar adelante las grandes transformaciones que se están iniciando en este mandato, porque aun en un contexto tan complejo se desbloquearon temas estratégicos para la ciudad.

Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones gallegas, ¿cree que puede ser el momento en el que avancen significativamente en las dos ciudades más pobladas? Fueron primera fuerza en Vigo y tuvieron un resultado muy significativo en A Coruña...

Vamos a avanzar en todas las ciudades, vamos a dar un nuevo gran salto adelante y el BNG va a ser la fuerza que más crezca en esas elecciones municipales.

Tras archivar el proyecto de Altri, el pasado lunes 23 de febrero el presidente de la Xunta aseguró conocer el contenido del pacto secreto firmado con la empresa en octubre de 2021 para su llegada a Galicia, que el Gobierno gallego se viene negando a revelar. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una petición oficial de transparencia a la Presidencia de la Xunta para acceder a la información que obre en poder de ese departamento. La respuesta dada por el gabinete de Rueda, firmada apenas dos horas después de recibir la solicitud formal y sin motivación alguna, fue desentenderse de ella y remitirla a la Consellería de Industria, que previamente ya había negado conocer ese documento ante la Comisión de la Transparencia de Galicia.

La Ley de Transparencia establece que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder [de las Administraciones] y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Sin embargo, la Xunta ha esquivado la aplicación de ese artículo en sucesivas peticiones de transparencia formuladas por Praza.gal con respecto al pacto con Altri.

En febrero del pasado año, cuando todo apuntaba a que el primer dictamen ambiental de la Xunta sobre el proyecto de Altri sería inminente —la declaración de impacto ambiental favorable para la factoría acabó siendo firmada el 5 de marzo—, Praza.gal solicitó a la Consellería de Economía e Industria acceder al acuerdo con la empresa. La consellería obvió la petición y solo contestó cuando intervino la Comisión de la Transparencia de Galicia, dependiente de la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo), tras un recurso de Praza.gal.

En su respuesta, la consellería inadmitió la petición de Praza.gal con el argumento de que el acuerdo no había sido firmado por la Xunta sino por una empresa privada, Impulsa Galicia, creada por la Xunta para apoyar proyectos como el de Altri pero en la que el capital público era del 48%. Al no llegar al 50%, la Xunta consideraba esa empresa privada y, por tanto, al margen de la Ley de Transparencia, pese a que el Consello de Contas insistió de manera reiterada y también sin éxito en que las características de Impulsa Galicia debían someterla a una mayor fiscalización pública.

Praza.gal recurrió esa inadmisión ante la Comisión de la Transparencia subrayando que el documento había sido firmado por el entonces titular de Economía, Francisco Conde, presidente de Impulsa Galicia precisamente por ser conselleiro. La respuesta que dio la Xunta a esa alegación fue que Conde no había firmado el acuerdo como conselleiro sino como parte de un "negocio jurídico privado".

Tras esa respuesta, Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia a Economía e Industria poniendo ahora el foco no en quién o cómo había firmado el documento, sino en que obraba "en poder" de la Xunta, como contempla la Ley de Transparencia, "en el ejercicio de sus funciones" de control de su propia participación en empresas. La respuesta de la Xunta, al límite del plazo legal, obvió el énfasis de la petición de Praza.gal en el hecho de que el documento estuviese en poder de la Administración en el ejercicio de sus funciones y se limitó a reiterar los argumentos denegatorios de la petición previa, esto es, que había sido firmado por Impulsa Galicia, una empresa privada.

Praza.gal recurrió nuevamente esa respuesta ante la Comisión de la Transparencia incidiendo en el elemento jurídico de que el documento sea público por estar "en poder" de la Administración. Pero la respuesta que dio Economía e Industria a la Comisión de la Transparencia, según reflejó esta, fue que la información solicitada era "desconocida" para la consellería y, por tanto, no podía facilitarla.

Tras esa alegación del pasado enero de que Economía e Industria "desconoce" el pacto firmado por quien en 2021 era conselleiro y como tal presidente de Impulsa Galicia, el pasado lunes 23 de febrero el presidente Rueda dijo que él sí conocía el acuerdo con Altri y que no contempla "ningún tipo de compensación" para la empresa. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una tercera petición formal de transparencia, pero esta vez ya no a la Consellería de Economía e Industria, que decía desconocer el documento, sino a la Presidencia de la Xunta.

En la petición se expusieron los antecedentes de las dos solicitudes de transparencia previas y se hizo hincapié en que se pide el pacto con Altri como documento conocido por el presidente. Un presidente de la Xunta que no tuvo ningún cargo en Impulsa Galicia y, por tanto, solo pudo conocer el documento como presidente de la Xunta, no como miembro de una empresa privada.

Pero la respuesta de Presidencia de la Xunta, firmada apenas dos horas después de que Praza.gal registrase su petición y sin incluir en ella ninguna motivación o argumentación de la decisión, fue remitir la solicitud a la Consellería de Economía e Industria. Lo hace tergiversando y simplificando el texto de la petición de Praza.gal, obviando que la petición expresa es a la Presidencia de la Xunta y remitiéndola a un departamento que ya dijo que no conoce el documento solicitado. El gabinete de Rueda se desentiende así de la afirmación del presidente de que conoce el pacto con Altri y deja en manos de Economía e Industria explicar cómo pudo conocerlo si la consellería dice desconocerlo.

A través de los Acuerdos de Gestión (ADX), el Servicio Gallego de Salud formula cada año desde hace media década los objetivos anuales de las siete áreas sanitarias en diversas materias de organización interna y atención a la población. Se presentan como pactos firmados por las gerencias de cada área con los máximos responsables de Sanidad cuyo grado de cumplimiento, no obstante, la Consellería está evitando revelar a posteriori.

Varios de esos objetivos están ligados a las listas de espera para consultas, pruebas y operaciones. En lo que respecta a las cirugías, los ADX para 2026 dibujan un panorama en el que, en la mayoría de áreas sanitarias, la demora media se va a mantener o aumentar. Pero también un escenario en el que todas ellas asumen la obligación de reducir el número de pacientes que rechazan que la operación por la que esperan sea realizada en un hospital privado sufragado con dinero público —concertado— y no directamente en un centro del propio Sergas.

Esta derivación a la privada como vía para reducir demoras o cumplir objetivos de espera media lleva más de una década asentada en la legislación sanitaria gallega —desde la controvertida reforma del Gobierno de Feijóo en 2013—. Y los ADX fijan abiertamente para todas las áreas sanitarias desde 2025 el objetivo de "disminuir el porcentaje de pacientes en espera no estructural que rechazan un centro concertado".

Según la normativa estatal en materia de listas de espera y la gallega que la adapta al Sergas, los pacientes "en espera no estructural" son "aquellos que en un momento dado están pendientes de ser atendidos" pero "su espera no es atribuible a la organización de los recursos disponibles". Están clasificados en dos grandes grupos. El primero son enfermos "transitoriamente no programables" por "motivos clínicos" —una causa médica "desaconseja temporalmente" la operación— o por "voluntad del paciente" —por ejemplo, una razón laboral—.

El segundo grupo de personas en espera "no estructural" son las que aguardan "tras la negativa a la derivación a un centro concertado o a otro centro del Servicio Gallego de Salud", según explica el propio Sergas. Es este colectivo, concretamente el de pacientes que quieren atención en la pública y no en la privada, el que las áreas sanitarias se comprometen a reducir en un contexto en el que, sin embargo, no son públicos ni el número total de personas en lista "no estructural" ni su demora media.

En los ADX de 2025, los primeros con este indicador específico, las siete áreas sanitarias pusieron cifras al "porcentaje de pacientes en situación de espera no estructural" que aspiraban a tener en "situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" con "más de 365 días de espera". Los objetivos, como muestra la tabla que acompaña esta información, oscilaban entre igual o menos de un 2% en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y un máximo de un 30% en la de Lugo.

Para 2026, los ADX reformulan ligeramente el objetivo y la mayoría de las áreas sanitarias evitan las cifras, más allá de un compromiso genérico de reducir la cifra de enfermos que no quieren ir a operarse a la privada. El indicador es ahora el porcentaje de pacientes "en el registro de espera quirúrgica en situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" sobre "el total de pacientes en el registro de espera quirúrgica", sin el matiz de llevar más de un año esperando.

En este caso, solo las áreas de Santiago y Vigo firman un objetivo concreto: la compostelana, igual o menos de un 14%, y la viguesa, "reducir un 25% los cierres del anterior". En las cinco áreas restantes, lo pactado es que en 2026 haya, como máximo, el mismo porcentaje de pacientes que rechazan ir a la privada que en 2025.

Finalmente, Altri non. El proyecto de la compañía portuguesa Altri para, de la mano de la Xunta y de la gallega Greenalia, instalar en Palas de Rei una fábrica de celulosa y de fibras textiles a partir de este producto queda, a efectos prácticos, arrinconado definitivamente.

Casi media década después de ponerse en marcha y cuando ya ha transcurrido un año desde que el Gobierno gallego le otorgase su primer permiso ambiental, la propia Xunta confirma que se ha visto abocada a archivar el expediente. La clave para hacerlo, indica la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, es que la subestación que daría servicio a la factoría quedó fuera de la planificación de las redes eléctricas del Estado hasta 2030 y, por lo tanto, también la posibilidad de lograr posteriormente un permiso de conexión para una futura línea de alta tensión.

"Hemos iniciado ya el archivo de este expediente" y "acabamos de comunicar que el plazo que da la ley son tres meses para que justifique la conexión que presentó en el proyecto y, si no, se procederá inmediatamente al archivo formal del expediente de Altri", resumió Lorenzana este viernes en declaraciones a la prensa durante una visita a una empresa maderera en Lugo. "El archivo y la caducidad —resume— va vinculada a esa falta de conexión".

La conselleira evidencia que, tras la luz verde ambiental del año pasado, "la parte industrial estaba incompleta sin esa conexión" eléctrica y, "por lo tanto, estaba en manos de la empresa y del Ministerio para la Transición Ecológica el enchufe de la compañía". Altri tiene ahora ese trimestre para formular alegaciones en las que, "si no logra justificar la conexión", llegará "un archivo automático" que, según Lorenzana, va a ser lo que suceda.

En este contexto y preguntada por una eventual recuperación futura del proyecto, la conselleira de Industria se remite a la posición de la empresa al respecto, si bien matiza: "Estamos hablando de una planificación en la que hasta 2030 no va a haber una nueva". "Por lo tanto —añade— es largo de fiar".

La exclusión de la planificación eléctrica estatal no fue el único revés en los planes del denominado Proyecto Gama. Entre las condiciones que Altri había expuesto para realizar su inversión, que cifraba en unos 1.000 millones de euros, figuraba también la obtención de unos 250 millones en ayudas públicas. Entre ellas, fondos europeos de recuperación destinados a la descarbonización industrial, el PERTE de descarbonización: 30 millones de euros a los que optó sabiendo que incumplía los plazos, un motivo de exclusión al que se sumó el hecho de prever el uso de combustibles fósiles en la fábrica.

Esos portazos eléctricos y financieros fueron llegando mientras la compañía intentaba por varias vías frenar la amplia movilización social y política en su contra, clave en este proceso. Surgida en torno a la Plataforma Ulloa Viva, en las comarcas directamente afectadas, se extendió en estos años por Galicia de diversas maneras.

El grito de "Altri non" resonó de lo local a lo general. Desde pequeñas acciones divulgativas y de protesta hasta grandes manifestaciones, como la del pasado diciembre en Santiago; las celebradas también en Compostela en diciembre y junio de 2024; el histórico clamor en Palas aquel mismo año; o la simbólica marcha por tierra y mar, el año pasado en A Pobra do Caramiñal.

En una primera reacción "con toda la cautela", Ulloa Viva acoge el anuncio del archivo con "gran alegría". Llega, dicen, "tras el trabajo y la implicación de miles de vecinas y vecinos y de todo el pueblo gallego". "Si fuimos capaces de llegar a este punto fue gracias a la fuerza del trabajo colectivo, a la fuerza de todo un pueblo que quiere un futuro en su tierra", afirman.

También las dos fuerzas de la actual oposición parlamentaria, BNG y PSdeG, participantes activos en estas movilizaciones, celebran el archivo del proyecto. Por parte del Bloque, su portavoz nacional aplaude el fin del proyecto como "triunfo de la ciudadanía" y "derrota del PP". "Venció la dignidad", sostiene Ana Pontón, que en el próximo pleno del Parlamento preguntará a Rueda por el contenido del pacto secreto de la Xunta con la compañía portuguesa.

Desde el PSdeG, su secretario general celebra que el "triple no razonado" del Gobierno de España haya acabado frenando la "operación política" de Altri al quedarse la compañía sin ayudas europeas ni conexión eléctrica. En este contexto, José Ramón Gómez Besteiro considera que ahora hace falta aún más "transparencia inmediata" sobre el pacto secreto de la Xunta con la compañía para aclarar "si a los gallegos y gallegas les va a costar dinero esta apuesta fallida".

Los Acuerdos de Gestión (ADX) son una fórmula que el Servicio Gallego de Salud emplea desde hace media década para fijar objetivos anuales de organización interna y de atención a la población. El Gobierno gallego los materializa como pactos firmados entre la Gerencia del Sergas y los responsables de cada una de las siete áreas sanitarias, que rubrican metas concretas, muchas de ellas expresadas numéricamente, cuyo grado de cumplimiento la propia Consellería de Sanidad está evitando revelar a posteriori.

Entre los indicadores medibles para los que estos acuerdos de gestión fijan objetivos anuales se encuentran las listas de espera quirúrgica. En este 2026, en la mayoría de las áreas sanitarias el pronóstico es que los tiempos medios de demora para acceder a una operación apenas se reduzcan o incluso aumenten, según los ADX firmados a comienzos de febrero.

El objetivo más inmediato que fijan en este ámbito los ADX es la demora quirúrgica media en el mes de junio, es decir, la media de días que espera cada paciente desde su inclusión efectiva en la lista, la denominada lista “estructural”. Las cifras oscilan entre los 77 días que esperan tener de media en el área sanitaria de Santiago y los 54 de la de Lugo.

Como muestran los gráficos que acompañan esta información, el cumplimiento de los objetivos de los ADX implicaría que a mediados de este año únicamente el área de Santiago-Barbanza experimentase una reducción significativa de la espera media. Prevén que haya que esperar casi nueve días menos en comparación con junio de 2025, cuando había experimentado una subida muy notable, hasta superar los 85.

En el área de A Coruña-Cee la expectativa es reducir la demora media unos dos días y en las demás, apenas un día, con dos excepciones: Lugo y Ourense. Para el área ourensana lo pactado es una espera media de 61 días y medio en junio de 2026, es decir, exactamente el mismo dato publicado por el Sergas como real para junio de 2025. Y en el área lucense la gerencia contempla una demora media de 54 días: un año antes eran 53,9.

El segundo umbral para el que los ADX fijan objetivos concretos de espera quirúrgica es el final del año, diciembre de 2026. En este caso aún no es posible realizar una comparación con los datos reales del cierre de 2025, que el Sergas todavía no ha publicado, por lo que la referencia más próxima son las cifras del cierre de 2024.

Al realizar esa comparación, los objetivos de descenso de la demora quirúrgica solo se encuentran en tres áreas encabezadas por la de Ourense, donde prevén que la demora media sea de 62 días, una semana menos que al cierre de 2024, año marcado por sus malos datos. En la de A Coruña se proponen que a finales de 2026 haya que esperar de media cuatro días menos que al cierre de 2024 —74 días y medio frente a 78 y medio— y en la de Pontevedra una reducción de tres días, hasta los 59.

En las otras cuatro áreas el propio Sergas asume que la demora quirúrgica seguirá siendo más elevada cuando termine este año que a finales de 2024. El incremento más acusado sería el de Lugo, con siete días y medio más hasta llegar a los 55; en Vigo el objetivo es cerrar el ejercicio con una demora media de 70 días frente a los menos de 64 de finales de 2024. Mientras, tanto en Santiago como en Ferrol la previsión es que la espera media sea unos cinco días superior a la registrada al cierre de aquel año.

El Sergas traza estos objetivos por áreas en un contexto en el que el dato más reciente para el conjunto del sistema situaba en junio del año pasado la espera media quirúrgica en 69 días. El dato, ligeramente inferior al del cierre de 2024, siguió siendo mucho más elevado que el alcanzado justo antes de la pandemia de la COVID, cuando se había situado en algo menos de 55 días al finalizar 2019.

Pese a estas cifras, la propia Consellería de Sanidad señala la “reducción en los tiempos de acceso a cirugías” como una de las “prioridades más destacadas” de los Acuerdos de Gestión para 2026. Tras su firma, el conselleiro señaló los ADX como muestra de la “voluntad de la Xunta de ofrecer a la ciudadanía tiempos de acceso cada vez más cortos poniendo el acceso en las prioridades clínicas”.

Se trata, matizó Antonio Gómez Caamaño, de un objetivo con “dificultades”. Estos obstáculos, considera, se deben a razones ajenas a la gestión del Gobierno gallego. Cita como causas el “escenario marcado por la falta de profesionales” y “las huelgas contra el Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad”. El Ministerio, precisamente, acaba de lanzar su plan para “unificar” y “modernizar” la información de las listas de espera en todo el Estado apelando, entre otras razones, a una “creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas” al respecto.

La presente legislatura va a ser la primera en década y media en la que, si se cumplen los anuncios, el Gobierno gallego finalice el mandato con un número significativo de nuevas viviendas protegidas en general, y de promoción pública en particular. Tras años de práctica parálisis —desde el fin del Ejecutivo de coalición PSdeG-BNG y durante la gran recesión, pero también en los años posteriores de recuperación económica—, en los que la vivienda protegida cayó a la mínima expresión en nuestro país, los actuales planes de la Xunta apuntan a un relativo cambio de rumbo que, no obstante, apenas va a cubrir el 20% de una demanda disparada.

El gabinete de Alfonso Rueda marcó al inicio del mandato (2024) la intención de finalizarlo (2028) con unas 4.000 nuevas viviendas de promoción pública —viviendas protegidas en las que el promotor es el propio Gobierno—, de las que, aseguraba a finales de enero, “ya hay 3.000 en diferentes fases de ejecución”. Recientemente, al anunciar el II Pacto de Vivienda de Galicia, sumó otras 2.000 al objetivo con el horizonte de 2030. Esto es, en cifras redondas, 6.000 viviendas de promoción pública para un número de peticiones de pisos protegidos que comienza 2026 avanzando hacia las 30.000.

Tras la renovación de su plataforma web, durante la que mantuvo parcialmente inactiva la actualización de datos, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) volvió a permitir recientemente el acceso a las cifras del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, en el que la inscripción es imprescindible para poder optar a cualquier piso de protección. En la mañana del 3 de febrero —la actualización de datos es continua, sin posibilidad de consulta de su evolución—, estaba compuesto por 28.690 solicitudes, un 50% más que a mediados de febrero de 2025.

Los anuncios de nuevas promociones públicas, que la Xunta viene amplificando, se combinan con el escenario de precios crecientes y dificultades de acceso a la vivienda en el mercado privado, tanto en alquiler como en compra, y contribuyen a alimentar unas peticiones que se concentran, sobre todo, en las principales ciudades y sus entornos. Algo más del 75% de las peticiones están en alguna de las siete principales urbes.

Concretamente, tres de cada diez peticiones de vivienda protegida tienen su origen en la ciudad de Vigo, con más de 9.000. Otro 20% corresponde a A Coruña, con casi 6.000 peticiones. En apenas un año las solicitudes coruñesas se dispararon un 64% y las viguesas, un 57%. En Vigo la Xunta sitúa en 920 las viviendas que tiene actualmente “en distintas fases de ejecución”, todas ellas en el polígono de Navia, y en A Coruña las cifra en 476, la mayoría en el nuevo barrio de Xuxán.

También crecen a doble dígito las peticiones en el resto de la Galicia urbana y en la ciudad donde menos aumentan proporcionalmente, Lugo, lo hacen aun así con un relevante 25% interanual. En total, las más de 22.000 peticiones de viviendas protegidas registradas en las siete principales ciudades son, en conjunto, un 54% más que las de hace un año, según los datos que pudo recuperar del registro Praza.gal.

A la espera de que se cumplan o no los anuncios, lo que resulta innegable es que incluso en el escenario más optimista —el de la incorporación de esas prometidas 6.000 nuevas viviendas de promoción pública hasta 2030—, lo harán en un contexto marcado por la paralización de la vivienda protegida en la década anterior. Buena muestra de ello es que los datos oficiales disponibles acreditan que los sucesivos gobiernos presididos por Alberto Núñez Feijóo llegaron a encadenar cuatro años seguidos en los que no superaron las cinco viviendas protegidas iniciadas.

La tendencia más reciente, según la información disponible en el Ministerio de Vivienda, es de relativa remontada. Entre enero y septiembre de 2025 —los datos del trimestre final del año que acaba de terminar aún no están disponibles— en Galicia comenzaron su construcción 320 viviendas protegidas, la mayoría de promoción pública (221), y quedaron terminadas 138. Son cifras relevantes en comparación con los años de la parálisis, pero insignificantes en comparación con las de los gobiernos de Fraga y con el mandato de PSdeG y BNG.

A dichos planes de viviendas de promoción pública, la Xunta dice poder sumar hasta 20.000 más protegidas de promoción privada y otras 5.000 sin protección. Son las que contempla en su estrategia de suelo residencial, un proyecto parcialmente ya en marcha. Su actuación más reciente es la aprobación del plan en el barrio lucense del Sagrado Corazón para urbanizar terrenos donde se podrían construir unas 1.200 viviendas a partir de 2028.

Esta estrategia vino a sustituir en 2024 al Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo tras anunciar una reformulación que nunca llegó.

El plan de la compañía portuguesa Altri para, de la mano de la gallega Greenalia, instalar en Palas de Rei una fábrica de celulosa y de fibras textiles a partir de este producto está rodeado de crecientes síntomas de incertidumbre. Casi media década después de aterrizar en Galicia de la mano de la Xunta, la exclusión de su factoría de los planes eléctricos del Estado por no ser un proyecto asentado, así como varias asignaciones de fondos europeos, hacen crecer unas dudas que evidencia incluso el propio Gobierno gallego casi un año después de otorgarle su primer permiso ambiental.

Estas incertidumbres van acompañadas, desde el inicio, de otra que no es menor: el contenido exacto del pacto en el que se basó el desembarco de Altri en Galicia, un memorando de entendimiento rubricado el 1 de octubre de 2021 con Impulsa Galicia, la sociedad fundada por la Xunta y Abanca para "apoyar la maduración" de proyectos que optasen a los fondos europeos Next Generation, disuelta en el verano de 2025. En este tiempo, el Gobierno gallego ofreció varias explicaciones para no publicarlo. La más reciente, que "desconoce" el contenido de un documento que fue firmado por quien entonces era vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, en su condición de presidente de Impulsa.

La existencia del pacto es pública desde que fue firmado porque Altri lo divulgó. Movimientos sociales contrarios al proyecto y también BNG y PSdeG reclamaron formalmente en el Parlamento acceder al texto, hasta el momento sin éxito. También lo hizo Praza.gal mediante una solicitud al amparo de la ley de transparencia, que la Consellería de Economía rechazó argumentando, como había hecho para excluir el documento del control parlamentario, que se trata de información «privada» por pertenecer a una sociedad con ese carácter, Impulsa Galicia, que lo era por no alcanzar la Xunta el 50 % de participación directa, criterio del que discrepa el Consello de Contas.

Praza.gal recurrió ese dictamen de la Consellería ante la Comisión de Transparencia de Galicia alegando, entre otras consideraciones, que el pacto secreto con Altri tenía que estar en poder de la Xunta porque fue firmado por un conselleiro y, por tanto, sí estaba afectado por la ley de transparencia. El Gobierno respondió que el entonces vicepresidente y conselleiro Conde, actualmente diputado del PP en el Congreso, había actuado en un "negocio jurídico privado" en su "condición de titular de un órgano de una sociedad mercantil privada" —que dirigía como representante de la Xunta— y "no en su condición de cargo público". Ante esta respuesta y apoyándose en los textos de las leyes gallega y estatal al respecto, Transparencia cerró el expediente atendiendo al razonamiento del Ejecutivo.

Con esta respuesta sobre la mesa, Praza.gal formuló en julio del año pasado una nueva petición al amparo de la ley de transparencia incidiendo en que el documento del pacto con Altri tiene que estar "en poder" de la Xunta, que debió obtenerlo "en el ejercicio de sus funciones" de supervisar su propia participación en Impulsa Galicia. Y añadió que, dada la consideración de Impulsa Galicia como compañía privada por parte de la Xunta y teniendo en cuenta, en todo caso, que en su accionariado había compañías privadas, cabría que el Gobierno gallego activase el mecanismo legal que permite consultarlas sobre la publicación del documento y divulgarlo si no se oponen, como ya sucedió en otras ocasiones.

La Consellería de Economía, de nuevo, negó el acceso alegando que Impulsa quedaba fuera de la Ley de Transparencia. Y este diario, una vez más, acudió ante la Comisión de Transparencia, órgano hasta ahora dependiente de la Valedora do Pobo, ante el que el departamento ahora dirigido por María Jesús Lorenzana expone no solo que no tiene el documento del pacto secreto con Altri, sino que también ignora su contenido.

En una resolución dictada a mediados de este mes de enero, la Comisión de Transparencia explica que, en un informe para responder a las alegaciones de Praza.gal, Economía reitera que el documento "no fue elaborado ni adquirido por la Xunta de Galicia en el ejercicio de sus funciones, sino que se trata de un documento de carácter privado, elaborado por una persona jurídica independiente" y "no tiene carácter de información pública". Y por ello, añade, ya no procede abrir un trámite para consultar a terceros si acceden o no a que se publique.

«La información solicitada no está publicada y es desconocida por el órgano emisor del informe», la Consellería de Economía, señala Transparencia. "Como indica la Consellería en su informe —reitera— no está publicado y es desconocido para ella", lo cual "se compadece con el hecho de que no lo posee en el ejercicio de sus funciones", dice la Comisión, que, al contrario que el Consello de Contas, asume también el criterio de que Impulsa Galicia no debe ser tratada como entidad pública a efectos de control y transparencia.

La crisis de la vivienda persiste y se enquista. Y apenas es paliada hasta el momento por la reactivación de la construcción de pisos protegidos en general y de promoción pública en particular tras, en el caso gallego, apenas quince años de parálisis: la Xunta tiene unas tres mil viviendas públicas en distintas fases de contratación y construcción para atender una demanda superior a las 22.000 solicitudes y el Estado, por el momento, aporta menos de 70 nuevos pisos procedentes del banco malo.

Con este telón de fondo, los precios de los alquileres privados de vivienda siguen al alza o, en el mejor de los casos, se estabilizan en precios muy elevados. Y en el debate político emergen iniciativas como la lanzada por el presidente del Gobierno de España en los últimos días: rebajas fiscales a las personas propietarias que "renueven los contratos sin subir el precio a los inquilinos". La propuesta de Pedro Sánchez, que tendrá que buscar votos en el Congreso para seguir vigente tras su aprobación vía real decreto-ley, ha generado malestar en el socio minoritario del Gobierno de España, Sumar.

A través de uno de los ministerios que dirige, el de Derechos Sociales y Consumo, esta formación advirtió de que planes como este pueden incidir negativamente en la cada vez más amplia brecha de rentas entre propietarios e inquilinos. Quien alquila tiene cada vez más dinero y los fondos que maneja dejan cada vez más atrás a la población que vive de alquiler, con correlaciones como la gallega: en cifras redondas, la renta del propietariado duplica a la del inquilinato.

Según los datos manejados por el Ministerio para un informe con el que busca "conocer en profundidad la situación de los inquilinos e inquilinas en el mercado de la vivienda", actualmente en elaboración, la renta mediana de los propietarios de viviendas alquiladas en Galicia ronda los 56.000 euros, según cifras que el departamento dirigido por Pablo Bustinduy extrae de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024. Según consta en la información que incluirá el documento, a la que pudo acceder Praza.gal, esa renta mediana sitúa a los propietarios un 99% por encima de los inquilinos e inquilinas. Es decir, la renta de las personas propietarias duplica la de sus arrendatarios.

Esa brecha de renta en Galicia supera ampliamente la media estatal, situada según el mismo informe en un 82%, con datos que excluyen Euskadi y Navarra (por sus regímenes forales) y también Cataluña, por la extensión que en su territorio tienen ya las declaraciones de zonas de alquiler tensionado al amparo de la ley estatal de vivienda (afectan al 80% de la población catalana). El dato gallego se suma al de otras siete autonomías (Comunitat Valenciana, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Cantabria y Asturias) donde "la renta de los caseros ya es el doble que la de los inquilinos", subraya la documentación del Ministerio que pudo consultar este diario.

Siempre según los citados datos, la renta mediana de los propietarios y propietarias de pisos alquilados en Galicia también está por encima del total estatal. Los casi 56.000 euros anuales (en concreto, 55.195) superan en más de tres mil la media estatal y sitúan al propietariado gallego como el tercero con más renta mediana del Estado, solo por detrás de Madrid y Balears.

Mientras tanto, la renta mediana de las personas que viven en pisos de alquiler en Galicia sí está por debajo de la media estatal. Son unos 28.091 euros, la séptima del Estado y por detrás de la población inquilina de Balears, Madrid, Aragón, La Rioja, Castilla y León y Asturias.

El informe en el que trabaja el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo también advierte de un agravamiento de la brecha de renta entre propietarios e inquilinos en caso de que los contratos de alquiler que toca renovar en 2026 y 2027 se firmen "a precios de mercado". Para calcularlo, el departamento de Bustinduy analiza los datos de los contratos de alquiler firmados entre 2021 y 2022 que finalizan cinco años después (más de un millón), y los cruza con los incrementos de precios reflejados en informes de portales inmobiliarios como Idealista.

En Galicia, señala el informe en preparación, la renta mediana de los propietarios, pasaría de los citados 56.000 euros anuales a algo más de 57.000. Y, de esta manera, la brecha con las personas inquilinas aumentaría hasta el 103%. Seguirían siendo ocho las autonomías en las que la renta de los propietarios sería el doble o más que la de los inquilinos, y el dato estatal —excluidas Euskadi, Navarra y Catalunya— ya ascendería hasta el 90%.

El Ministerio encuadra este análisis en un contexto en el que estima en torno a un 34% la subida de los alquileres en los últimos cinco años. Hacia esos datos miran también desde Sumar para desmarcarse de la propuesta de bonificaciones fiscales del PSOE. Fuentes de la formación de Yolanda Díaz defienden, en su lugar, aplicar una medida similar a la ya aprobada durante la pandemia del covid, con "renovación automática de los contratos de alquiler" limitando las subidas al incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC).

Con estos datos sobre la mesa, el propio Ministerio de Derechos Sociales y Consumo acaba de realizar otro movimiento sobre el mercado de la vivienda, en este caso dirigido a los "principales portales inmobiliarios" y con repercusiones en la ciudad de A Coruña por ser, hasta el momento, el único Aayuntamiento gallego declarado zona tensionada. El Ministerio, anunció este pasado viernes, tiene abierta "una investigación para perseguir y eliminar los anuncios de pisos de alquiler" en estas zonas que "se ofrecen a precios superiores a los fijados por ley para grandes propietarios" o "no incluyen en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en la vivienda", para particulares.

La nueva ley de atención a la clientela, que ya está en vigor, "obliga" a estos portales a publicar, para pisos en zonas tensionadas, esta información "de forma clara y accesible", mientras que hasta ahora, por la ley de vivienda, solo tenían que revelarla "antes de la firma del contrato". El Ministerio ya ha detectado "prácticas que pueden infringir las nuevas reglas de transparencia", por lo que se ha dirigido formalmente a portales de búsqueda de piso y a asociaciones de inmobiliarias para "informar de los cambios legales" y "advertir de que su incumplimiento puede ser considerado una práctica desleal, por engañosa".

Los colectivos en defensa del derecho a una muerte digna fueron grandes impulsores políticos y sociales de la Ley de Eutanasia que en 2020 salió adelante en el Congreso de los Diputados por amplia mayoría absoluta. A lo largo de 2021 la norma comenzó a aplicarse y, desde entonces, estas mismas organizaciones vienen advirtiendo de diversas carencias —desde la burocracia a la formación del personal sanitario, pasando por la dilación de las solicitudes, que en el caso gallego Derecho a Morir Dignamente (DMD) Galicia atribuye fundamentalmente a la Xunta.

Con este telón de fondo el Ministerio de Sanidad acaba de actualizar los datos de aplicación de este derecho con la nueva edición del “Informe Anual sobre la Prestación de Ayuda para Morir”, correspondiente a 2024. En lo relativo al territorio gallego el documento muestra que 42 personas recibieron la eutanasia en Galicia desde que la ley está en vigor y hasta el final del pasado año. Pero también que la mayor parte de los procesos iniciados al amparo de la ley concluyen sin una prestación de ayuda para morir: así sucedió en casi el 60% de los casos.

Siempre según los datos del Ministerio, de 2021 a 2024 finalizaron 98 procedimientos iniciados en Galicia conforme a la Ley de Eutanasia. Un total de 42 terminaron con una prestación de ayuda para morir a las personas que así lo pidieron, mientras que 56 concluyeron con revocaciones —renuncias a la petición—, denegaciones por parte de las comisiones médicas y éticas que valoran las solicitudes o con la muerte de la persona solicitante antes de poder acceder efectivamente a la eutanasia.

Aunque con una proporción un poco menor, este fenómeno se reprodujo en el último año analizado en detalle, 2024. En ese año finalizaron en Galicia 34 procedimientos de la Ley de Eutanasia —el cómputo total incluye solicitudes que habían sido formuladas en años previos— y la conclusión de 16 fue la ayuda a morir. Media docena de estos procesos no finalizaron con la muerte asistida de la persona enferma que lo había pedido porque renunció (revocación) y tres solicitudes fueron denegadas.

En el total estatal la proporción es similar a la gallega y el propio Ministerio evidencia que “menos de la mitad de los procesos que finalizaron en 2024 terminaron en la realización de una prestación de ayuda para morir, concretamente un 45,86%”. Un tercio “fueron un fallecimiento previo a la prestación” y un 15%, denegaciones, mientras que “la proporción de desistimientos fue menor”, algo menos de un 6%.

Especialmente significativo es, en el total de casos también en Galicia, las muertes registradas de personas que pidieron la eutanasia pero que fallecieron por otras causas antes de poder acceder al derecho. Durante 2024 fueron nueve, casi el 30% del total.

En este punto organizaciones como DMD ponen el foco en los plazos de tramitación. Según el citado informe, en el año 2024 la media de días transcurridos en Galicia entre la primera solicitud y la prestación efectiva del derecho a morir fue de 157,87 días, la más elevada del Estado. El segundo valor más alto es el de Andalucía, con 113.

El Ministerio ofrece también, no obstante, el dato mediano de los tiempos de tramitación de las solicitudes de eutanasia y pone el foco en él “por ser una medida capaz de describir la posición central del conjunto de datos sobre plazos” y estar “menos distorsionada” por casos puntuales que se dilaten más que el resto. Ese valor mediano estuvo en Galicia en 59 días durante 2024, mientras que la media estatal se situó en 62.

El escudo social prorrogado el pasado febrero tras intensas negociaciones del Gobierno de España con Junts per Catalunya, que junto a PP y Vox había provocado inicialmente su derogación, incluyó la conocida como moratoria de los desahucios. Esa medida permite que las personas inmersas en un proceso judicial de desahucio por impago del alquiler puedan acogerse a “un incidente de suspensión extraordinaria” del desalojo si acreditan, a través de los servicios sociales correspondientes, estar en una situación de vulnerabilidad económica —según los criterios legales— “que imposibilite encontrar alternativa habitacional”.

El propio Real Decreto-ley subrayaba que el carácter de la suspensión de estos desahucios era “extraordinario y temporal”. Y que se trataba de una medida concebida para “dejar de surtir efecto el 31 de diciembre de 2025”, esto es, en apenas semanas y media tras un año en el que Galicia ha registrado 800 desahucios. Una cifra que, advierten entidades sociales, puede ampliarse si el Gobierno de España no decide prorrogar la suspensión o si lo hace pero no halla apoyos parlamentarios suficientes para mantenerla en pie.

En los últimos días el Consejo General del Poder Judicial actualizó con las cifras del tercer trimestre del año su serie de estadísticas económicas inaugurada durante la gran recesión —de hecho, la sigue denominando Efecto de la crisis en los órganos judiciales—, que incluye los datos de lanzamientos, esto es, de desahucios que llegan a realizarse. Y el resultado es que, de enero a septiembre, nuestro país había registrado 812 desalojos, su gran mayoría (714, casi el 90%) en viviendas alquiladas.

Esta es la suma resultante de agregar los datos del tercer trimestre: 173 desahucios por impagos de arrendamiento y 34 derivados de ejecución hipotecaria. Son una veintena más que en el mismo trimestre del año previo, incremento que resulta significativo porque las cifras son, en este caso, una estimación provisional de los servicios estadísticos del Poder Judicial al estar, por el momento, incompletos los datos de 64 partidos judiciales de todo el Estado, entre ellos los de Arzúa, Cambados, Monforte, Negreira, Ordes, Ortigueira, Padrón y Xinzo.

Con la mencionada moratoria como telón de fondo, entre otras circunstancias, las cifras de desahucios acumulan un trienio de relativa estabilidad en Galicia, con unos 300 por trimestre. Es, a grandes rasgos, la mitad de los registros de los peores años de la gran recesión y también de los previos a la pandemia de la COVID, momento tras el cual el Gobierno de España comenzó a incorporar medidas paliativas.

En este sentido, las entidades sociales firmantes del manifiesto 'Ni un desahucio más', que reclaman la continuidad y estabilización de la moratoria, estiman en casi 60.000 los desalojos parados en cuatro años por una suspensión con la que son críticos por considerarla incompleta, pero cuya desaparición, advierten, sería mucho peor. Es preciso, consideran, convertir los mecanismos de suspensión en permanentes, una “solución estructural” acompañada “de un presupuesto ambicioso” para “garantizar y agilizar de manera efectiva alternativas de vivienda” a las personas afectadas. Así lo trasladaron en las últimas semanas a representantes en el Congreso de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y Junts.

La mencionada serie estadística del Poder Judicial incluye, como es habitual, información sobre los casos de ocupaciones ilegales de viviendas que ingresan en los juzgados. Y, como es habitual, las cifras son muy bajas. En este caso, incluso más aún de lo habitual —este indicador no está afectado por la transmisión incompleta de datos de algunos partidos judiciales—.

Entre julio y septiembre de este año Galicia registró 11 nuevas demandas por ocupación ilegal de viviendas “en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social”. Son catorce menos que en el mismo trimestre del año previo y cuatro menos que en los tres meses anteriores. La propia escasez del fenómeno da lugar a que las variaciones porcentuales sean especialmente pronunciadas, en este caso de un descenso interanual del 56%.

El propio Poder Judicial destaca la escasa incidencia de los nuevos casos de ocupación ilegal en Galicia, también en relación con el resto del Estado. Las cifras del tercer trimestre nos dejan en 0,4 casos por cada cien mil habitantes, tres décimas menos que la media estatal. Y su volumen total, 11 casos, hace que los desahucios sean casi veinte veces más en el mismo período.

El pasado octubre echó a andar La 2 Cat, el canal de Televisión Española con programación mayoritariamente en catalán (un 70% de inicio) bajo el lema La que parla com tu (la que habla como tú). La corporación estatal encuadró este lanzamiento en un incremento del compromiso con los idiomas oficiales del Estado diferentes del castellano. Y, desde Galicia, las voces que apuestan por más contenidos en gallego en TVE —caso de A Mesa pola Normalización Lingüística— señalaron La 2 Cat como modelo también para el país gallego en un contexto en el que, en fechas recientes, agradecieron que el actual presidente “empiece a cumplir compromisos” respecto a nuestra lengua.

La posibilidad de un canal televisivo en gallego más allá de los dos de la TVG planeó este pasado lunes en Donostia durante la constitución del nuevo Consejo de las Lenguas Oficiales, el órgano estatal que sustituye al creado en 2007 por el Gobierno de Zapatero —prácticamente desactivado en tiempos de Rajoy y que volvió a funcionar en los últimos años—. Así lo evidenció el secretario xeral da Lingua de la Xunta, Valentín García, representante del Ejecutivo gallego en el encuentro.

El nuevo Consejo nace, al amparo de un real decreto dictado el pasado septiembre, con novedades como la incorporación, en calidad de miembros de pleno derecho, de los Gobiernos de las autonomías con lenguas propias oficiales. Como representante gallego, informa la Secretaría Xeral, García trasladó “la importancia de que los programas de gestión del Estado atiendan a la realidad plurilingüe” en ámbitos como la Justicia, pero también en la televisión.

“Se hizo hincapié —destaca Lingua— en la necesidad de que los idiomas oficiales como el gallego tengan una mayor presencia en las corporaciones de radio y televisión públicas”. En este sentido, destacó García, “acabamos de ver cómo Televisión Española firmó un convenio con la Generalitat para la creación de un canal generalista en catalán y vemos significativo que este compromiso se extienda a todas las lenguas oficiales”.

El secretario xeral se mostró favorable a esta reivindicación en un contexto en el que, dice, el nuevo Consejo puede ser también un “gran observatorio” en el que “todos podemos aportar para que todas las lenguas oficiales ocupen el lugar que merecen en la vida pública”. El “pacto por la lengua” que, dice, ultima su departamento, se encuadra también en esa dirección.

En los compromisos de RTVE puso también el foco en la reunión el presidente de la Real Academia Galega (RAG). En su intervención ante el Consejo, informa la RAG, Henrique Monteagudo “solicitó que se agilice la incorporación del gallego a la oferta de RTVE, de manera especial en la dirigida al público infantil a través de Clan TVE”.

“La representación del ente público —agrega la Academia— confirmó que, tal como se anunció el pasado mes de enero, se está trabajando para cumplir con este compromiso”. Considera la institución que “constituye una contribución muy relevante para frenar la pérdida de gallegohablantes en los primeros años de vida y para que los niños y niñas castellanohablantes se familiaricen con la lengua propia de Galicia”. Monteagudo resalta, asimismo, que las academias puedan tener asiento en el Consejo.

Desde Galicia acudió también al estreno del nuevo Consejo el delegado del Gobierno de España, Pedro Blanco. “Vamos a seguir trabajando para que hablar gallego sea un ejercicio pleno de libertad de derechos lingüísticos reconocidos y garantizados”, sostiene en un contexto en el que, asegura, ese “compromiso” se “materializa en medidas concretas” como permitir el uso de los idiomas oficiales más allá del castellano en el Congreso, el apoyo económico a la Real Academia Galega o la aportación de 2 millones de euros de fondos europeos de recuperación al Proxecto Nós.

El órgano que ahora echa a andar, agrega Blanco, concibe el gallego “como un motivo de unión y no de división” y por eso, dice, el Gobierno de España “reclama a la Xunta más implicación y ambición en las políticas lingüísticas”. “La situación actual del gallego es preocupante”, especialmente entre la juventud, resalta, y por eso es necesario “trabajar conjuntamente para que el gallego tenga el espacio y el respeto que merece”.

“Hablar con Cacharro”. Durante décadas, en la provincia de Lugo estas tres palabras podían significarlo prácticamente todo. Que un alcalde —del PP, obviamente— lograse una determinada inversión para su Ayuntamiento, que la Xunta de Fraga hiciese de una vez tal obra, que tal otra empresa saliese de un atolladero, que las fiestas de cierta parroquia tuviesen el esplendor que merecían o que tal persona encontrase un trabajo. “Hablar con Cacharro”, con Francisco Cacharro Pardo, presidente de la Deputación por Alianza Popular y por el PP (lo único que había cambiado era el nombre, sostenía) entre 1983 y 2007, era la puerta a todo eso porque Cacharro era el poder político, institucional y fáctico personificado.

Lo era hasta unos niveles en los que lo que realmente hacía se mezclaba con el mito. Con lo que la gente decía que podía llegar a hacer aquel mandatario, que tenía —cuentan testigos directos— mesa fija diaria (acudiese o no) en el que entonces era uno de los mejores restaurantes de la ciudad amurallada, La Barra, muy próximo al Pazo de San Marcos —sede de la Deputación— y junto al cual estuvo abierta durante un tiempo una tienda “todo a cien” [pesetas] cuyos propietarios decidieron bautizar como Cacharriños, dando lugar a chistes y risas que solo se manifestaban por lo bajo en el Lugo de finales del siglo XX.

Llegó, efectivamente, a existir un cierto halo de niebla legendaria en torno al que para muchos era el gran hacedor de aquel Lugo: impulsor clave del campus universitario o conseguidor de infraestructuras impensables sin su mano —el Pazo dos Deportes, por ejemplo, financiado al 100% por la Xunta con casi 700 millones de pesetas—. Y, para otros, un dirigente afable en el trato más cercano si lo veía conveniente, pero con mano de hierro hacia los propios y —sobre todo— los ajenos. O, sencillamente, un cacique que solo cedió el bastón de mando cuando lo obligaron las confabulaciones internas impulsadas por el PP que empezaban a dirigir Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, el mismo que ahora, diez años después de su muerte, acaba de empezar a rehabilitarlo.

“Hace 25 años se decía en la ciudad que Lugo se regía por el Evangelio según San Marcos”, ironizaba a mediados del pasado octubre Xulio Xiz, uno de los colaboradores de los populares en el homenaje que le tributaron este 5 de noviembre en la facultad de Veterinaria del campus lucense para, en el aniversario del centro, simbolizar que Cacharro fue clave en su creación e impulso. Al acto acudió Rueda junto a la actual líder provincial de la formación, Elena Candia, antiguos cargos y familiares de Cacharro.

De ese Evangelio renegó la dirección gallega del partido definitivamente en el verano de 2006. Un año después de perder la Xunta y a los pocos meses de sustituir a Fraga, Feijóo (presidente) y Rueda (secretario general) ratificaron que el candidato a presidir la Diputación lucense tras las municipales de 2007 sería José Manuel Barreiro. El antiguo hijo político de Cacharro era, a la sazón, vicepresidente del PPdeG, cargo creado ad hoc en el proceso precongresual en el que el principal afán del sector apodado del birrete —con José Manuel Romay Beccaría como principal padrino y referente— había sido dejar fuera de juego a los de la boina, representados por Xosé Cuíña. En esa longitud de onda estaba también Cacharro, que no había dudado en enfrentarse con Fraga en innumerables ocasiones. Aunque siempre con “lealtad”, reiteraba.

Pero Barreiro no fue presidente de la Diputación en 2007. Quien sustituyó a Cacharro fue el socialista José Ramón Gómez Besteiro al frente de una coalición con el BNG en la primera vez “desde los romanos” —como gustaba ironizar al actual líder del PSdeG— con un Gobierno progresista en la institución. El impulso de una izquierda que crecía en muchos municipios, que gobernaba en el Ayuntamiento de Lugo desde 1999 y en la Xunta desde 2005, fue clave en aquel cambio, pero algunos versículos del Evangelio según San Marcos también apuntan a que Cacharro movió hilos para que no funcionasen tan bien como antaño ciertos resortes que le habían garantizado la hegemonía electoral al PP en la provincia –y, por lo tanto, la Deputación– durante tantos lustros.

Perdida la Diputación, Cacharro aún se permitió sugerir en público que no descartaba nuevas aventuras políticas al margen de un PP de Lugo que había moldeado ayuntamiento a ayuntamiento pero que, decía, ya no reconocía como propio. Lo hacía mientras afirmaba abiertamente que había sido víctima de conspiraciones internas concretadas por cargos como Barreiro, un “muñeco dirigido por control remoto desde Santiago y Madrid”, lamentó en declaraciones a El Progreso en el verano de aquel 2007.

Una conspiración política, consideraba, había sido también la Operación Muralla, lanzada en 2006 por el entonces fiscal jefe de Lugo (pero no lucense), Jesús Izaguirre, acusando a Cacharro y parte de su equipo de presuntas irregularidades en obras de la Deputación. El histórico barón acabó exonerado meses antes de su muerte, en 2015, al no darse por probado que cometiese delitos como prevaricación.

Esa operación había sido parte del argumentario utilizado por el PP para renegar de él hasta dejarlo públicamente solo e incluso tener conflictos internos para rendirle tributo en la hora de su fallecimiento. El mismo PP —incluso, en algunos casos, con las mismas personas— que en la cita de este pasado miércoles elogió de Cacharro cualidades como la “estabilidad”, “fiabilidad” o el “rigor”, en palabras de Rueda.

Cacharro era “sabio, tolerante y bueno”, añadió Candia. La máxima responsable orgánica del actual PP lucense da por saldada una “deuda”. Dijo agradecer que la familia del antiguo dirigente colaborase en el evento y en sus acciones paralelas —una exposición y un documental— sin “rencores”.

El hijo mayor, Francisco Cacharro Gosende —actual secretario del Ayuntamiento de Ourense, y antes coordinador general en el Gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, entre otros cargos en la Administración local—, dio la “herida” por cerrada ante la plana mayor de un partido que fantasea con volver a gobernar la Deputación y hacerlo, además, con la misma holgura que en los años del cacharrismo. El objetivo, salvo un breve paréntesis vía transfuguismo temporal en el mismo 2015, se les resiste desde que en San Marcos no rige el Evangelio.

Las proposiciones no de ley (PNL) son uno de los llamados “procedimientos de impulso” en el Parlamento. Son propuestas en pleno o comisión a través de las cuales el legislativo insta al Gobierno a adoptar una determinada decisión. No son vinculantes —en rigor, no son de obligado cumplimiento— y, como indica su propio nombre, no implican directamente modificar leyes, aunque sí pueden incluir peticiones para hacerlo.

Desde que en 2018 el PSOE retornó al Gobierno de España, primero por la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y después con las mayorías tejidas tras las elecciones generales de 2019 y 2023, el PP gallego tendió a convertir estas proposiciones en una suerte de buzón dirigido a Pedro Sánchez, especialmente las que se debaten en pleno. Buena muestra son las aprobadas en lo que va de 2025, entre las que un 80% incluyen exigencias al Ejecutivo estatal.

Dado que ninguna PNL puede salir adelante sin el visto bueno de los conservadores, que desde entonces renovaron mayoría absoluta en 2020 y 2024, el contenido de las proposiciones aprobadas es una buena radiografía de las estrategias parlamentarias en particular y políticas en general de los conservadores gallegos. Como muestra, las 36 PNL que recibieron su “sí” en los 15 plenos que el Parlamento lleva celebrados este año, de las que solo 7 no incluían reclamaciones al gabinete de Sánchez.

Son, por tanto, un total de 29, el 80% del total, las proposiciones no de ley con exigencias al Estado. Y una amplísima mayoría de ellas tuvieron como autor original al PP. No en vano, solo media docena del total de 36 fueron textos que partieron de iniciativas del BNG (1) o del PSdeG (5) y cinco de las siete no dirigidas al Estado partieron del Grupo Socialista.

Por parte de los populares únicamente dos de las 30 proposiciones no de ley que aprobaron durante los plenos celebrados este año tratan materias que no implican reclamaciones al Gobierno de España. La primera la impulsaron en marzo para “reprobar” una campaña de la CIG centrada en criticar la gestión de la conselleira de Política Social, Fabiola García, cuya estética consideraron “sexista”. La segunda, en mayo, instaba a la Xunta a “tramitar el proyecto de la mina de Doade conforme a la normativa” y “no posicionarse a favor o en contra” mientras “no haya un pronunciamiento de los técnicos competentes”.

Más allá de esto, las 28 iniciativas restantes del PP que salieron adelante en pleno en lo que va de 2025 se dirigen al Gobierno de España en áreas muy diversas, algunas de ellas reiteradas. Las más recientes, por ejemplo, le exigen cambiar su postura política respecto a Venezuela o “medidas urgentes” en materia ferroviaria. También le reprochan los fallos en las pulseras telemáticas para controlar a hombres condenados por violencia machista o que recurra leyes de la Xunta ante el Tribunal Constitucional, entre otras cuestiones.

Mientras, las escasas PNL que pasaron el filtro de los populares y se refieren principalmente o únicamente a la Xunta partieron inicialmente del PSdeG. Demandaban al Gobierno gallego remitir al Parlamento su propuesta de crear una Fundación Pública para el Impulso de la Ciencia; un plan para “mejorar la situación laboral de las mujeres”, medidas para prevenir la violencia en el deporte, apoyar el uso del gallego en el Parlamento Europeo y elaborar un nuevo plan de salud mental.

La sexta y hasta el momento última proposición no de ley impulsada por un grupo de la actual oposición que acabó siendo aprobada en 2025 partió del BNG en el pleno del pasado 22 de octubre. El Bloque reclamaba a través de ella diversas acciones en materia judicial dirigidas tanto al Estado como a la Xunta y, tras una negociación, el PP aceptó aprobar la petición de “secciones de Violencia sobre la Mujer en los Tribunales de Instancia de los partidos judiciales de Ourense, Lugo, Pontevedra, Ferrol y Santiago sin que suponga la eliminación de plazas de las secciones de instrucción” —demanda dirigida al Gobierno central— y “el incremento de la plantilla en los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial”.

Los desahucios siguen ocurriendo en Galicia. Son muchos menos que en plena gran recesión, prácticamente la mitad, pasando de unos 2.000 anuales hace poco más de una década a alrededor de un millar por año en la actualidad. La reducción se debe fundamentalmente a la disminución de los desalojos por impagos de hipotecas entre ecos de la burbuja de principios de siglo, actualmente escasos.

Los datos divulgados por el Consejo General del Poder Judicial para el segundo trimestre de 2025 acreditan, en cualquier caso, que los desalojos continúan en Galicia. La cifra es relativamente estable, en el entorno de los trescientos por trimestre, y más del 85% son por falta de pago en viviendas alquiladas: 273 entre marzo y junio de 2025 frente a una treintena de lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias.

Esta tendencia a la estabilidad o a cierta disminución alcanza también a otro fenómeno vinculado a la vivienda que, paradójicamente, tiende actualmente a tener más eco político y mediático que los desahucios pese a ser objetivamente mucho más escaso: las ocupaciones ilegales de vivienda. Tan cierto es que ocurren como que su peso es residual, atendiendo a los datos oficiales del Poder Judicial.

Durante ese trimestre los juzgados gallegos recibieron 15 nuevos casos por “ocupación ilegal de viviendas en casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social”. Son siete menos que en el trimestre previo y nueve menos que en el mismo período del año anterior. De este modo, los desahucios en el segundo trimestre multiplican por 20 los nuevos casos de ocupación que acaban en demandas judiciales.

La disminución interanual en los nuevos casos de ocupaciones es, por tanto, del 37,5 %. En este indicador, no obstante, precisamente por su escasez las variaciones porcentuales suelen ser poco ilustrativas. Sí lo es más la incidencia del fenómeno por cada 100.000 habitantes, situada en Galicia en 0,6 casos, cuatro décimas por debajo de la media estatal.

En el caso de los desahucios en viviendas alquiladas la incidencia en Galicia se sitúa en 10,1 casos por cada 100.000 habitantes mientras la media estatal está en 10,9. Los lanzamientos por impago de hipotecas registran una incidencia de 1,2, menos de la mitad de la media estatal, de 2,5 por cada cien mil personas.

Del 1 al 18 de agosto, en el comienzo y durante lo más duro de la ola de incendios de este verano, se registraron en toda Galicia un total de 492 incendios. La Xunta solo divulgó 45 de ellos. 

Ahora, tras una petición al amparo de la Ley de Transparencia, Praza.gal divulga el detalle de la totalidad de los incendios, lo que permite comprobar los efectos y peculiaridades de los fuegos incontrolables de sexta generación, de los que llevan años advirtiendo múltiples voces. Unos incendios de nueva tipología, los mayores documentados en nuestro país, que se registraron en Ourense y el sur de Lugo a pesar de que la mayoría de los focos del período analizado surgieron en la Galicia atlántica. 

Los datos ahora revelados también permiten comprobar que lo ocultado por la Xunta es mucho más. Antes del 1 de agostó hubo otros varios cientos de incendios en toda Galicia y el Gobierno gallego solo había divulgado 19.

Fue el 18 de agosto cuando la conselleira de Medio Rural admitió en una entrevista que en lo que iba de mes se habían registrado 492 incendios, a pesar de que su departamento solo había divulgado información de 45, varios de los cuales acabarían fusionándose para quedar en 41. Praza.gal formuló entonces una petición oficial al amparo de la Ley de Transparencia para conocer los detalles de esos incendios, solicitud que fue inicialmente denegada por la Xunta por silencio administrativo.

Tras un recurso a la Comisión da Transparencia de Galicia, gestionada por la Valedora do Pobo -órgano equivalente al Defensor del Pueblo-, finalmente Medio Rural facilitó el detalle de los incendios registrados entre el 1 y el 18 de agosto. Unos datos que ahora liberamos, después de que el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia pidiera más transparencia con la información sobre los incendios a un Gobierno gallego que desde 2009 tiene cómo política informativa divulgar solo los que superan las 20 hectáreas o afectan a lugares poblados o protegidos. 

Los datos ahora revelados indican que en esos 18 días de agosto hubo muchos más incendios en la Galicia Atlántica, cerca de 300 entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, frente a 116 en la provincia de Ourense. Sin embargo, fueron unos pocos fuegos iniciados en Ourense, con sus particulares características climáticas y de ordenación del territorio, los que mostraron las consecuencias de los incendios incontrolables de sexta generación, con las 23.000 hectáreas quemadas (según la Xunta, más según las mediciones por satélite) en el iniciado el 8 de agosto en Chandrexa de Queixa, las cerca de 24.000 hectáreas de los que comenzaron el 12 de agosto en Oímbra y Xinzo de Limia que acabarían uniéndose o las cerca de 32.000 hectáreas del iniciado el 14 de agosto en Larouco y que acabaría convirtiéndose en el mayor incendio registrado en la historia de Galicia.

Así, los datos permiten comprobar que en esos 18 días de agosto en Chandrexa de Queixa solo se registraron tres incendios, igual que en Xinzo de Limia, y solo uno en Oímbra y otro en Larouco. Un único incendio que resultó incontrolable. 

Por el contrario, esos mismos días se registraron sin grandes consecuencias 19 incendios en Vilalba, 18 en Carballo y 17 en Santiago. Otra cosa fueron los también 17 incendios de Ponteceso, donde hubo desalojos, cortes de luz y riesgo para las personas.

Los datos ahora liberados, aunque parciales, son bastante representativos de lo ocurrido en el mes de agosto, ya que los 492 incendios registrados hasta el 18 de ese mes suponen el 73% de los 673 que según la Xunta hubo en todo el mes. El descenso térmico y aumento de la humedad registrado a partir del día 19 detuvo el avance de los grandes incendios, aunque estos no se extinguieron hasta el 31 de agosto.

Pero igual que faltan por conocerse los detalles de ese 27% de incendios restantes registrados en los 13 días finales de agosto, lo ahora revelado por la Xunta permite conocer que entre el 1 de enero y el 31 de julio el Gobierno gallego ya había empleado 995 números distintos de identificación de incendios o conatos, de los que la Xunta solo había comunicado 19. Igual que del 1 al 18 de agosto  la Xunta empleó 651 números de identificación aunque finalmente sólo consideró incendios los 492 facilitados.

Las inscripciones en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida, paso imprescindible para poder optar a un piso con algún régimen de protección en Galicia, se encuentran en niveles máximos. El pasado 24 de septiembre, cuando Praza.gal consultó los datos para elaborar esta información, eran concretamente 22.678, un 25% más que hace apenas un año. Más de 17.000 de estas solicitudes se concentran en las siete principales ciudades, donde el incremento en apenas doce meses ya roza el 30%.

Pese a la caducidad de las peticiones a los tres años si no se renuevan —una de las modificaciones que el PP introdujo al regresar a la Xunta en 2009 sobre las condiciones del registro original, creado por la Consellería de Vivenda del Gobierno de coalición PSdeG-BNG—, las solicitudes encadenan récord tras récord. Y tienen como telón de fondo el final de la década y media en la que la vivienda protegida en general y la promovida por la Xunta en particular han estado paralizadas prácticamente por completo.

Con Vigo a la cabeza del total de peticiones (más de 7.000), resulta especialmente significativo que la ciudad donde más aumentan sea Pontevedra, con algo más de 1.500 que suponen casi un 60% más que hace un año. Las solicitudes se disparan precisamente cuando la Consellería de Vivenda ha subrayado que tiene "en marcha" en la ciudad unas 300 viviendas de promoción pública con los proyectos de Valdecorvos, Tafisa y As Devesas, áreas donde fue clave la cesión de suelo por parte del Concello, al que se sumará lo previsto en San Mauro, "para construir más de 2.000 viviendas, el 80% de ellas protegidas", indica el departamento de María Martínez Allegue.

Un reciente informe abordado en el Consello da Xunta cifra, concretamente, en 2.943 las viviendas de promoción pública que el Gobierno gallego tiene "en diferentes fases de tramitación y ejecución". Casi la mitad se sitúan en la provincia de Pontevedra, un total de 1.304 en seis ayuntamientos: las ciudades de Vigo y Pontevedra y en Vilagarcía, Mos, A Estrada y Lalín.

Pese a tratarse de una cantidad significativa, esas más de 1.300 viviendas para esa media docena de municipios —el mencionado balance no desagrega cuántas corresponden a cada ayuntamiento— apenas cubren el 13% de la demanda. Según las inscripciones en el Rexistro Único de Demandantes, en esas mismas localidades hasta 9.400 personas esperan por un piso con algún régimen de protección.

Algo similar ocurre en la otra provincia más poblada, A Coruña. Siempre según el balance de la Consellería, el Gobierno gallego promueve actualmente 966 viviendas en A Coruña, Santiago, Ferrol, Narón y Teo, ayuntamientos donde las peticiones de vivienda protegida superan las 6.000. Así, la oferta pública de los próximos años equivale al 15% de la demanda.

En Lugo, todas las viviendas en marcha están en la capital de la provincia, donde la Xunta promueve vivienda pública por primera vez desde el fin del Gobierno de PSdeG y BNG. Las promociones, señala la Consellería, alcanzan las 597, en una ciudad con 1.600 solicitudes pendientes, de las que el 65% no tendrán respuesta a corto plazo. En Ourense, por su parte, la Xunta proyecta 76 pisos en dos ayuntamientos (la capital y San Cibrao das Viñas), lo que equivale al 8% de las 881 solicitudes actualmente activas.

Si abrimos el foco al conjunto de Galicia, el mencionado total de 2.943 viviendas que la Xunta tiene "en marcha" responde a apenas el 12% de una demanda que, como muestra el mapa bajo estas líneas, se concentra sobre todo en las principales ciudades y sus áreas de influencia.

Son, concretamente, 34 los ayuntamientos con más de 50 solicitudes de viviendas protegidas —los destacados en el mapa en tonos rojos— encabezados por las áreas de Vigo y A Coruña. También destacan Lalín, Vilagarcía, Monforte o Sarria. Y puntos como A Mariña y, más hacia el interior, O Carballiño o Allariz.

El edificio residencial Francisco Suárez de la asociación Prodeme en Monforte, elegido por la Xunta para instalar un “centro específico para menores extranjeros” con 80 plazas, ha saltado a los titulares en los últimos días a raíz del atentado perpetrado contra sus instalaciones. Apenas una semana después de que la conselleira de Política Social confirmase la elección, dos artefactos incendiarios fueron lanzados contra lo que la entidad monfortina había concebido en su día como un edificio de veinte viviendas tuteladas para personas con discapacidad.

Instituciones públicas y fuerzas políticas y sociales albergan pocas dudas de que el ataque, aún bajo investigación policial, está íntimamente ligado a los discursos de odio contra los menores migrantes sin compañía familiar. En ámbitos de la extrema derecha el complejo ha sido señalado desde el momento en que el Gobierno gallego lo eligió e incluso Vox organizó una movilización contra su apertura el pasado martes.

Más allá de estos hechos y ya antes de que se produjesen, la decisión del departamento que dirige Fabiola García generó críticas políticas, así como honda preocupación entre profesionales y entidades especializadas en la protección de menores de edad. Crear un “centro específico” para migrantes en lugar de atenderlos como a cualquier otro menor necesitado de protección en Galicia, advierten, supone romper con el modelo de integración e inclusión que viene funcionando en el país para sustituirlo por otro que conduce a la “segregación” y al “gueto”.

“Los modelos segregacionistas no funcionan, hay muchos estudios que así lo avalan e incluso en Galicia hubo experiencias que no funcionaron”, resume Sonia González, presidenta del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (CEESG). En conversación mantenida con Praza.gal antes del ataque del pasado sábado, González explica que la apuesta de Política Social implica “retroceder treinta años” alegando una “urgencia que no es tal”, dado que el Gobierno gallego, resalta, hace meses que sabe que tendrá que acoger a más menores migrantes en función de los criterios definidos por el Gobierno de España.

“Es cierto que existe sobreocupación” en las instalaciones ya existentes, “lo sabemos quienes trabajamos en protección de menores, porque no es nada fácil conseguir plazas”, evidencia la presidenta del CEESG, y por ello “hay que crear nuevos espacios”. “Pero los derechos —advierte— no pueden cambiar en función de la procedencia o de la cultura de un niño” y en el “mismo sistema” de protección no puede haber “distintos derechos”, exponiendo a los menores migrantes “a las consecuencias que tiene cualquier gueto”.

“Si la Xunta lleva años trabajando en el modelo de integración es porque funciona, aunque se necesiten más plazas” en, por ejemplo, “casas de familia” de pequeña dimensión, “situadas donde hay posibilidades de integración real, proximidad a centros escolares y otros recursos normalizadores”. Estos elementos, advierte, son especialmente importantes en el caso de “niños y niñas próximos a la mayoría de edad”, como ocurre con muchos adolescentes migrantes sin compañía familiar que “llegan con daño, con historias vitales muy duras” y que “necesitan especial atención” que “difícilmente se va a brindar alejándolos de los entornos en los que cualquier niño o niña funciona de una manera más integrada”.

A juicio de la presidenta del Colegio de Educadoras “se está utilizando a nivel partidista” y con un “macrocentro” se está dando una respuesta “de corto plazo” alejada “de los paradigmas técnicos” de “cualquier profesional de la intervención socioeducativa”. “Creemos espacios para la integración que merece cualquier niña o niño” en lugar de “favorecer guetos”, reclama.

La propia conselleira García admite que este plan “rompe con el sistema integrador e inclusivo de protección en Galicia, basado en pequeños recursos residenciales en los que los menores conviven sin tener en cuenta su origen”. Pero, defendió la titular de Política Social este lunes en una visita al complejo atacado, abrir un centro de 80 plazas solo para migrantes “es la única alternativa de la Xunta ante la imposición del Gobierno central de derivar a Galicia 317 menores” para los que “Galicia no cuenta con capacidad”.

Hace apenas una semana, con el primer anuncio de la elección del edificio de Monforte, la conselleira señaló que hasta ahora la Xunta había recibido apenas “seis expedientes de adolescentes” de ese total de 317 “a los que se suman 15 menores solicitantes de asilo que el Gobierno central debe acoger por orden del Tribunal Supremo”. Según la estadística de protección de la propia Consellería, en el año 2022 —último para el que ofrece datos— recibieron acogida en Galicia 177 menores de origen extranjero en situación de desamparo por no tener compañía familiar.