Entre principios de 2019 y comienzos de 2024 la Xunta convocó casi una treintena de procesos selectivos en su plantilla en diferentes modalidades, desde el acceso libre a la promoción interna y la funcionarización, en especialidades muy diversas. Afectaron a personal de muy diversas categorías y especialidades, como enfermería, fisioterapia, educación social, psicología, terapia ocupacional o gestión, entre otras.

Mientras esto sucedía, a finales de 2022 el Tribunal Constitucional estableció que el personal que adquiere la condición de funcionario debe obtener un destino definitivo y no provisional, como sucedía hasta ese momento. La aplicación de esa doctrina cogió a la Xunta con los deberes sin hacer. Tenía a cientos de personas que habían obtenido plaza en los citados procesos selectivos sin asignar destino definitivo por una demora que venía reprochando el personal afectado, sindicatos de la función pública e incluso el Consello de Contas.

Esa tardanza acaba de llevarla a convocar a ese proceso de elección a casi una docena de personas que tienen imposible participar en él. Nueve porque en el tiempo transcurrido ya les llegó la edad de jubilación y dos porque fallecieron en este período.

El pasado 7 de julio, la Consellería de Facenda e Administración Pública publicó en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que emplazaba a todo este personal a la elección de destino definitivo mientras, al mismo tiempo, desarrollaba también otras tareas pendientes como concursos de traslados aplazados durante lustros. En múltiples centros de trabajo comenzaron a advertir inexactitudes o carencias que apenas una semana más tarde el propio Gobierno gallego se vio obligado a admitir en el propio DOG para enmendarlas. Entre ellas, la convocatoria de personal jubilado y fallecido.

En una nueva resolución emitida este pasado lunes 13 y publicada este martes, Emprego Público introduce varios cambios en la orden de principios de mes. Entre ellos, "eliminar" a las dos personas fallecidas (ambas auxiliares de clínica que habían aprobado las oposiciones de 2019). También a las nueve personas jubiladas: dos auxiliares de clínica que habían superado el proceso de funcionarización, cinco médicos y médicas que habían entrado en el turno de acceso libre en 2019 y dos educadoras sociales que realizaron las oposiciones del mismo año.

La misma resolución resuelve eliminar de la elección de destino definitivo a varias personas más por causas diversas. Desde media decena de funcionarias que ya están ocupando puestos definitivos hasta cumplir una sentencia judicial o evitar tener que cumplir otras inminentes, ya que son múltiples las funcionarias y funcionarios que pidieron formalmente ante el Tribunal Superior de Xustiza acogerse al criterio dictado por el Tribunal Constitucional. En muchos de estos procesos el TSXG paralizó su decisión hasta que el Tribunal Supremo dictase sentencia al respecto en casos de personal de la Xunta que habían llegado a esa instancia. En fechas recientes el Supremo está emitiendo sentencias favorables a convertir, como pedía el funcionariado, los puestos provisionales en definitivos.

A la luz de este cruce de resoluciones y correcciones, el Sindicato de Enfermería SATSE apuntaba este martes a la "demora de más de cinco años por parte de la Xunta en resolver los concursos oposición" como causa de que incluso personas fallecidas llegasen a ser convocadas. "El retraso en la adjudicación es enorme" y además "las plazas ofertadas desde 2019 y hasta 2024 no son las reales que tenemos en 2026, lo que coloca a los profesionales en una situación de indefensión", toda vez que no pueden optar a plazas que se crearon de 2024 en adelante.

"El malestar es enorme y todo debido" a que la Xunta "alargó los plazos de manera imprudente y no tuvo en cuenta la situación real", lamentan en un contexto en el que además, advierten, la indignación del personal crece por los "plazos para la adjudicación de plazas". SATSE ve "insultante" que lo tengan que hacer "en dos o tres días", impidiendo "que puedan valorar con tiempo qué destino es más favorable a sus intereses" por las características del puesto de trabajo, la localidad en la que se desempeña, los horarios u otros condicionantes personales y profesionales.

Como ya había hecho a finales de 2025, la Consellería de Facenda vuelve a atribuir la lentitud en culminar procesos selectivos de su personal desde 2019, con consecuencias como convocar para elegir destino definitivo a personas jubiladas e incluso fallecidas, a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Preguntada por estos hechos y por las críticas del sindicato SATSE al respecto, la Consellería con competencias en empleo público vuelve a incidir en este argumento.

En respuesta a praza.gal, Facenda resalta que el proceso de enfermería que ahora culmina fue convocado en noviembre de 2019 —a las puertas de la pandemia— y que, "junto con otros 27, se vio afectado por la declaración de emergencia derivada de la COVID y sus restricciones, por lo que no fue posible realizar los exámenes hasta pasado más de un año de su convocatoria". Concretamente, los de Enfermería no pudieron organizarse hasta marzo de 2021.

La propia Xunta evidencia que transcurrieron dos años desde los exámenes hasta que, en abril de 2023, las personas que aprobaron recibieron destino provisional. "Ahora, una vez resuelto el correspondiente concurso de traslados, convocamos a las personas que superaron este proceso selectivo para la elección de primer destino definitivo", evidencia en la misma respuesta a este diario.

"Absentismo". Es el término empleado en la actual ofensiva política sobre las bajas laborales, de la que vienen haciendo bandera las patronales gallega y española mientras la Xunta la lleva a la práctica. La misma que en los últimos días fue elegida por el expresidente Alberto Núñez Feijóo como ejemplo de debate "valiente" que, dice, está dispuesto a abordar en su segundo intento para llegar al Gobierno de España. Porque para el actual líder estatal del PP el "absentismo" es un "cáncer".

Como es sabido, en el concepto "absentismo" manejado por los populares, por las patronales y por diversos agentes como las empresas de trabajo temporal que elaboran estadísticas al respecto, caben realidades muy diferentes. Desde lo que popularmente conocemos como bajas laborales (incapacidad temporal) hasta permisos y licencias por otras causas (caso de la maternidad, la paternidad o los cuidados), pasando por no acudir al trabajo adrede y sin mayor motivo que la propia voluntad de no trabajar. En el caso de Feijóo, como tantos otros movimientos desde su traslado a Madrid, es posible encontrar reflejos en sus dichos y hechos mientras gobernó en Galicia.

A principios de 2012, en plena gran recesión y con los ingresos públicos en caída libre, el PP sacó adelante en solitario en el Parlamento una ley para recortar derechos y remuneraciones al personal al servicio de la Xunta. Entre los cambios destacaba una reducción del complemento que la plantilla al servicio de la Administración gallega cobraba cuando estaba de baja por “enfermedades comunes o accidentes no laborales”. Así, por ejemplo, entre el primer y el tercer día de baja la Xunta pasó a pagar "un complemento hasta alcanzar el 50% de las retribuciones cuando sea la primera baja en el año natural"; bajaba al 40% si se trataba de la segunda baja del año y, si había más, dejaba de pagarlo. Del cuarto al vigésimo día de baja quedaba en el 75% y solo llegaba al 100% en las bajas superiores a veinte días. Aquel recorte en los complementos de las bajas del personal público tardaría más de media década en desaparecer.

En 2015 el Gobierno gallego lo suavizó parcialmente al amparo de la redacción inicial de la Ley de Empleo Público y solo a partir de 2019, mediante una reforma introducida con la ley de acompañamiento de los Presupuestos de ese año, la Administración gallega vuelve a contemplar un "complemento retributivo desde el primer día en situación de incapacidad temporal" o "licencia por enfermedad" que, "sumado a la prestación del régimen general de la Seguridad Social, alcance el 100% de las retribuciones fijas del mes del inicio de la incapacidad temporal" —la medida convive con reducciones como la ausencia de cobro total durante los tres primeros días, entre otras—.

Desde poco después de la aplicación de aquel recorte, el Gobierno del PP de Feijóo se jactó de la reducción de las bajas laborales entre el personal público. Pero metiéndolas en el saco del "absentismo". Así, por ejemplo, en mayo de 2012 el entonces titular de la Xunta presumía de que sus medidas habían logrado "mayor compromiso, mayor eficiencia y productividad" con una “notable reducción del absentismo”, ahorrando casi 4 millones de euros en bajas.

En la misma línea, en febrero de 2013 la Xunta emitía otro informe en el que elevaba a 26 millones el ahorro en bajas. "Menos absentismo significa mayor productividad y una mayor productividad significa una mayor responsabilidad y eficiencia de los servicios públicos", glosaba Feijóo, que había evitado entrar en si lo que consideraba una muestra de "rigor" podía tener también entre sus causas el temor del personal a ver reducido su salario en plena crisis económica.

Poco antes, en diciembre de 2012, la misma Xunta de Feijóo acababa de aplicar un nuevo recorte a los salarios del personal de la Administración gallega, con una reducción media de un 4%. Había sucedido después de que, en vísperas de la campaña electoral que acabó con la segunda mayoría absoluta consecutiva de los populares, el propio presidente de la Xunta y candidato a la reelección asegurara que "a los empleados públicos ya no les podemos pedir más" porque ya había sido suficiente con el recorte medio del 5% aplicado por el Gobierno de España en la etapa de Zapatero y que él, aseguraba, no compartía. "Yo a los funcionarios no les voy a pedir más esfuerzos desde el punto de vista retributivo, ya han hecho bastante", resumía.

En aquellos meses de tijeretazos las reducciones en las bajas laborales no alcanzaron solo al personal público. También llegaron al sector privado con medidas que los actuales responsables de la derecha y de las patronales reclaman recuperar o profundizar. Fue el caso de lo aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy en diciembre de 2013 para fortalecer el poder de las mutuas en estos procesos, que en este 2026 el Ejecutivo gallego de Alfonso Rueda está también incrementando.

En las últimas semanas, las acusaciones de “ingeniería electoral” lanzadas por el PP contra el Gobierno de España por la concesión de la nacionalidad a descendientes de personas exiliadas —contemplada desde hace un cuatrienio en la Ley de Memoria Democrática— devolvieron el foco sobre el mal llamado voto emigrante. Esto es, sobre el Censo de Residentes Ausentes (CERA), cuyo apoyo electoral los populares siempre procuraron con intensidad, muy especialmente en Galicia, donde ya supera el medio millón de inscripciones.

Mientras, en su calidad de actual líder estatal del PP, el expresidente Alberto Núñez Feijóo alimenta esa controversia, su sucesor en la Xunta daba el visto bueno definitivo a una significativa operación en el núcleo central de ese CERA para Galicia, en Argentina (casi 180.000 inscripciones correspondientes a las circunscripciones gallegas a 1 de junio de 2026), en cuya capital el Gobierno gallego va a estrenar nueva sede. Lo hará tras comprar un céntrico local por casi un millón y medio de euros.

El Consello de la Xunta del pasado 15 de junio trató el informe de una compra que dotó de fondos ya el pasado mayo. Fue entonces cuando transfirió 1,42 millones desde el programa de imprevistos de los Presupuestos Generales de 2026 a la Consellería de Emprego e Emigración “para hacer frente a los gastos de adquisición y adecuación” de un local situado en el número 990 de la avenida Belgrano de Buenos Aires, donde hasta finales de 2024 funcionó una sucursal del Banco Galicia.

Con una superficie de 730 metros cuadrados distribuidos en tres niveles —subsuelo, bajo y primera planta—, el Ejecutivo gallego dice comprarlo con la intención de “ampliar la capacidad de servicio a la ciudadanía” y “reforzar la visibilidad institucional”. Incluso antes del inicio de las reformas, la Xunta instaló ya un gran letrero corporativo en el exterior de un espacio para el que contempla funciones administrativas y también la celebración de eventos culturales, “encuentros institucionales y reuniones empresariales”, así como finalidades de promoción turística.

Indica la Consellería que las nuevas instalaciones prevén contener, asimismo, una “oficina de retorno y atracción de talento” al amparo de la Estrategia Galicia Retorna. Todo, bajo el principio político general del “compromiso de la Xunta con la comunidad gallega en el exterior, con especial atención a Argentina” y a Buenos Aires, que ensalza con la “tradicional” consideración de “quinta provincia gallega”.

En este contexto, la Secretaría Xeral da Emigración acaba de organizar una presentación de la nueva sede para “representantes de los centros gallegos y miembros de la colectividad gallega”, acto presidido por su titular, Antonio Rodríguez Miranda, y por el delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro. Ambos cargos fueron integrados en 2022 por Feijóo en la dirección estatal del PP como “secretario en el exterior” y “representante en Iberoamérica”, respectivamente.

Indica Emigración que en ese encuentro “se explicaron las características de la nueva sede”, que “nace con la vocación de convertirse en la casa de todos los gallegos en Argentina y en un escaparate permanente de la Galicia actual”. “Será mucho más que una oficina administrativa”, aseguran.

Altri, no. O, en palabras de la conselleira de Economía, un proyecto que “no tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna”. El propio Gobierno gallego se ha visto abocado a convertir en definitivo el archivo del expediente iniciado el pasado febrero. El motivo central fue que la subestación que debía dar servicio a la factoría quedó fuera de la planificación de las redes eléctricas del Gobierno de España hasta 2030.

Greenfiber, la empresa con la que Altri impulsó su proyecto de la mano de la Xunta —a través de la ahora disuelta sociedad Impulsa Galicia— y de la gallega Greenalia, presentó alegaciones contra ese archivo el pasado mayo, al límite del plazo de cuatro meses que tenía para hacerlo. Sostuvo, esencialmente, que la conexión eléctrica que inicialmente había presentado como “imprescindible” en realidad no era “esencial”. Pero el argumento no superó el filtro.

Según la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, las alegaciones de Altri no fueron “consideradas suficientes para continuar con el expediente” y, por eso, “acabamos de resolver de manera definitiva y firme el archivo”. Esta decisión cierra la vía administrativa y a la empresa solo le quedaría la posibilidad de intentar revertir la decisión mediante un recurso de reposición o, posteriormente, a través de un proceso judicial por la vía contencioso-administrativa.

Preguntada por la posibilidad de que Altri valore iniciar un nuevo proyecto desde cero, Lorenzana asegura no tener “conocimiento de eso”. Hasta ahora, señala, “pretende continuar con el procedimiento iniciado”, que tenía “una solución técnica muy concreta”: la citada subestación eléctrica de Palas de Rei, que “no está en el borrador de la planificación eléctrica” del Gobierno de España, un documento que está “ya muy avanzado”.

De esta manera, sostiene Lorenzana, “el proyecto actual es inviable por no tener conexión eléctrica”. Más aún si se tiene en cuenta que la Declaración de Impacto Ambiental —el primer permiso para la fábrica, que la Xunta sí otorgó— tiene una vigencia de cuatro años y ya ha transcurrido casi año y medio desde su aprobación. “No tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna”, sintetiza.

Como es sabido, la exclusión de la planificación eléctrica estatal supuso el revés definitivo para un proyecto que, aun así, ya había encontrado otros obstáculos: desde una enorme movilización social hasta la falta de acceso a los fondos europeos a los que aspiraba, entre ellos los destinados a la descarbonización industrial. Altri solicitó 30 millones de euros del PERTE de descarbonización pese a saber que incumplía los plazos. Ese motivo de exclusión se sumó a la previsión de utilizar combustibles fósiles en la fábrica.

Pese al cierre de todas estas vías, la movilización no cesó. Buena muestra de ello fue la manifestación celebrada el pasado mes de junio en A Illa de Arousa, en la que se reclamó precisamente el descarte administrativo definitivo de un proyecto cuyo germen fue un pacto entre el Gobierno gallego presidido por Alberto Núñez Feijóo y la propia Altri, articulado a través de Impulsa Galicia. La Xunta continúa negándose a divulgar el contenido íntegro de ese acuerdo.

El alboroto volvió a tener, como de costumbre, el mismo epicentro. La aprobación en la Comunidad de Madrid de una ley para “otorgar al concebido no nacido la condición de miembro de la unidad familiar” para supuestos como la “concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta” o expedir títulos de familias numerosas, en la línea de lo que el PP madrileño había prometido hace siete años, desencadenó el debate sobre un posible giro de los populares más a la derecha o su seguimiento de medidas en boga en territorios como los EE UU. Incluso una promesa de Alberto Núñez Feijóo de extender tal medida a todo el Estado si llega al Gobierno de España.

Una parte relevante del alboroto obvia que la esencia de estas medidas y promesas puede tener muchas implicaciones, pero ninguna de ellas es una completa novedad. No en vano, se trata de una política que cumple estos días quince años, los que ya han transcurrido desde la aprobación por el PP gallego en el Parlamento de la ley de apoyo a la familia y a la convivencia, que junto a diversos aspectos de la política social estableció “asimilar a descendiente el hijo o hija concebido o concebida” para obtener la consideración de familia numerosa o monoparental en el acceso a ayudas públicas.

Para acogerse a esa ley es necesario obtener el llamado “certificado de niño/a concebido no nacido” a través de la Consellería de Política Social. En 2019, el departamento que dirige Fabiola García explicó, a preguntas de Praza.gal, que ya llevaba expedidos “algo más de 400 certificados” para que los “concebidos no nacidos” fuesen “asimilados a la categoría de descendientes”. Este diario trasladó a la Consellería la misma pregunta respecto a los datos acumulados hasta este 2026. En el momento de la publicación de esta información aún no había obtenido respuesta.

En la actualidad, Política Social sigue destacando en su información pública al respecto que “Galicia fue la primera comunidad autónoma de España en permitir a la familia con hijos concebidos, pero aún no nacidos, beneficiarse de lo que les corresponderá tan pronto nazcan”. Este reconocimiento, no obstante, no es admisible en todos los ámbitos de la propia Consellería, caso por ejemplo de la reserva de plazas en escuelas infantiles, tal y como acaba de acreditar una reciente recomendación de la Valedora do Pobo que este departamento del Ejecutivo gallego decidió no admitir. Las órdenes de matrícula prohíben expresamente tramitar la solicitud de plaza mientras el menor no nace.

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Aquella ley de 2011 encabezaba su capítulo de “políticas públicas de apoyo a la maternidad” fijando como uno de sus “principios rectores” la “protección institucional del derecho a la vida”. Y señalaba como uno de sus ámbitos de actuación la “promoción” de “campañas de sensibilización” destinadas, entre otros aspectos, “a la protección del derecho a la vida en formación”.

Estas líneas de actuación seguían un camino político asumido por el PPdeG apenas dos años antes, en 2009. Fue entonces cuando, tras obtener la mayoría absoluta que les permitió retornar a la Xunta con Feijóo al frente, aceleraron en el Parlamento la aprobación de la “ley por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada”. Fue la traducción normativa de una iniciativa legislativa popular promovida desde la llamada Red Madre, una organización impulsada desde el antiabortista Foro Español de la Familia que consiguió así introducir en la legislación gallega la protección del “derecho a la vida en formación desde la concepción” y el cómputo de “miembros adicionales” de la familia para acceder a ayudas “desde el momento de la fecundación”.

Sobre estas bases, los gobiernos presididos por Feijóo aprobaron otras normas y planes. Fue el caso del Plan integral de apoyo a la mujer embarazada 2012-2014. En desarrollo de la ley de la Red Madre, contemplaba la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de las ayudas previstas en materia social, familia y vivienda”.

En una línea prácticamente idéntica, el VII Plan Estratégico de Galicia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2017-2020 anexó a las medidas para “potenciar los recursos de atención y apoyo para garantizar una asistencia integral a las mujeres embarazadas” la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de acceso a ayudas y otros recursos públicos”.

La siguiente edición del plan de igualdad, vigente desde 2022 y hasta el próximo 2027, no incluye esa mención. En cualquier caso, el cómputo de hijas o hijos “concebidos y no nacidos” como miembros de la unidad familiar sigue figurando en órdenes de ayudas y otras medidas, caso por ejemplo de los nuevos umbrales de renta para el acceso a viviendas protegidas, aprobados por el Consello de la Xunta el pasado mayo, o de las subvenciones para hacer obras de “habitabilidad” en “infraviviendas”, convocadas a principios de año.

Aunque con matices, este pasado lunes el propio Feijóo se refería a estas medidas de sus propios gobiernos al afirmar, durante una entrevista en Antena 3, que si logra “responsabilidad de Gobierno” en el Estado, “haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”. “Lo hice en el año 2011 en Galicia” y ahora “la presidenta de la Comunidad de Madrid lo reiteró y lo amplió”, especificó.

Preguntado al respecto, el actual presidente de la Xunta evidenciaba este lunes que lo que señala como “ventajas importantes” para “muchas mujeres, incluso antes del nacimiento” ya “existen en Galicia desde hace muchos años”. “Todas estas medidas vienen del anterior presidente de la Xunta y nosotros, por supuesto, las mantuvimos”, señala Alfonso Rueda, quien matiza que se le “escapa” si existen “condicionantes que a nivel estatal pueden llevar a hacerlo por ley”, como sugiere ahora Feijóo.

¿Cuatro mil viviendas son muchas o pocas? Como prácticamente toda cifra: depende. En cifras redondas son las que continúan en manos de los bancos y otras entidades financieras y están vacías en Galicia, según los datos del censo oficial de la Xunta a los que Praza.gal pudo acceder al amparo de la Ley de Transparencia tras evitar el Gobierno gallego entregarlos al Parlamento. Y supone un volumen prácticamente idéntico al de pisos de promoción pública que la Xunta asegura estar en condiciones de construir en esta legislatura.

Concretamente, las cifras del censo indican un total de 4.081 viviendas vacías propiedad de bancos en 130 ayuntamientos. Y la Consellería de Vivenda asegura que las promociones de pisos públicos que ya tiene “en ejecución” —término que engloba desde los trámites previos hasta la construcción propiamente dicha— son ya algo “más de 4.000”. Con las obvias diferencias en cuanto a las localidades en que se encuentran unas y otras.

Como muestra el gráfico interactivo sobre estas líneas, más de la mitad de esas 4.081 viviendas vacías en manos de la banca son titularidad de la Sareb, el banco malo constituido por el Gobierno de España en colaboración con el sector financiero durante la gran recesión para absorber activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, 5.000 millones en bienes procedentes de Caixa Galicia y Caixanova—. Por tanto, a priori, serían susceptibles, por las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública y favorecer promociones de alquiler protegido.

Por detrás de la Sareb destaca como segundo gran banco propietario de viviendas vacías en Galicia el Santander, con 600. El resto se distribuyen en volúmenes muy inferiores entre más de una treintena de empresas, de bancos a fondos de inversión inmobiliaria. La presencia de Abanca entre ellos es residual (24 viviendas a nombre de Abanca Corporación Bancaria y 49 en manos de su división inmobiliaria) precisamente porque el grueso de los activos tóxicos pasaron a la Sareb antes de la compra de Novagalicia Banco por el venezolano Banesco.

Pero, de vuelta a la pregunta inicial: ¿son muchas o pocas? En comparación con las viviendas protegidas en general —y de promoción pública en particular— en las últimas legislaturas, son un volumen muy considerable. Así, por ejemplo, en la pasada legislatura gallega —la de la dimisión de Alberto Núñez Feijóo como presidente— quedaron terminadas en Galicia apenas 281 viviendas. En la anterior (la salida de las elecciones de 2016) habían sido pocas más, 337. Y en la previa, la iniciada con los comicios de 2012, quedaron en 622.

Hay que remontarse a la primera legislatura con Feijóo en la Xunta para encontrar una cifra de viviendas protegidas más abultada. Fundamentalmente por proyectos heredados del Gobierno de coalición PSdeG-BNG, en aquel período de 2009 a 2012 se finalizaron algo más de 6.000 pisos protegidos. En el mandato de socialistas y nacionalistas, entre proyectos propios y provenientes del fraguismo, fueron más de 12.000. Durante todas las legislaturas de los años 90, con Fraga en la Xunta, también se superaron las 10.000 por mandato.

El grueso de las viviendas protegidas levantadas a lo largo de la autonomía irá perdiendo paulatinamente esa condición, dado que —en función de la normativa vigente en cada momento— van quedando sin restricciones para ser compradas y vendidas sin precio tasado ni tener que dirigirse a población inscrita en el Registro de Demandantes de la Xunta. Como informó Praza.gal a partir de una amplia investigación de Civio, de aquí a 2030 Galicia va a perder algo más de 35.000 viviendas protegidas, por lo que tanto las vacías en manos de los bancos como las de promoción pública proyectadas por la Xunta no compensarían, ni de lejos, esa pérdida.

Cuatro mil viviendas tampoco son muchas en comparación con otro indicador clave: la demanda de vivienda protegida. Alimentado por los anuncios de esas cuatro mil viviendas de promoción pública —y del desarrollo de suelo residencial en diversas localidades para otras 20.000 protegidas—, el Registro de Demandantes viene batiendo sucesivos récords y, en el momento de la redacción de esta información, el 2 de julio de 2026, ya tenía inscritas casi 34.400 peticiones.

Hace apenas un año eran poco más de 22.000, lo que sitúa por encima del 50% el crecimiento interanual de una demanda que 4.000 viviendas apenas cubrirían. No en vano, 4.000 viviendas equivalen a apenas el 12% de las inscripciones en el registro de demandantes de vivienda protegida.

“Nunca hubo 382.568 españoles, 114.625 de ellos gallegos, que participasen en unas generales desde el extranjero. (...) Lo que sí ocurrió (...) es que llegaron del exterior 382.568 votos, 114.625 de ellos gallegos, emitidos en nombre de otros tantos electores residentes más allá de las fronteras. En una parte significativa, imposible de cuantificar, esas cifras reflejan el irregular trabajo de las maquinarias de PSOE y PP en la diáspora, especialmente en el Río de la Plata. Abarcaba el tráfico de sacas, recogidas masivas y pagadas de papeletas, intervenciones ilegítimas de gobiernos ajenos, participación de personas ya fallecidas y, en general, un descontrol descomunal gestionado por empresas de correos extranjeras”.

En julio de 2018 Anxo Lugilde, uno de los periodistas con mayor conocimiento del sistema de voto exterior, autor de uno de los libros de referencia al respecto —El voto emigrante. Viaje por la zona oscura de la democracia española (Galaxia, 2007) y doctor en Historia Contemporánea con una tesis sobre la participación política de la emigración gallega— contextualizaba de este modo en una crónica para Praza.gal la necesidad de una “urgente” reforma del mal llamado voto emigrante, el de las personas inscritas en el Censo de Residentes Ausentes (CERA). El mismo que durante décadas, desde tiempos de Fraga, el PP trató con especial cariño y que el heredero del fraguismo, Alberto Núñez Feijóo, simula redescubrir estos días para lanzarlo contra Pedro Sánchez.

La cuestión sobre la que el PP contribuyó a traer el voto CERA a la actualidad es la apodada como ley de nietos, la disposición de la Ley de Memoria Democrática que, al estilo de lo ocurrido con la Ley de Memoria Histórica hace una década, extiende el acceso a la nacionalidad española a la descendencia de personas que tuvieron que exiliarse por motivos políticos. La extrema derecha de Vox se aferró a esa disposición para, en sintonía con la internacional reaccionaria de la que la formación de Santiago Abascal es miembro orgulloso, envolverla como un intento de fraude por parte del PSOE en general y de Pedro Sánchez en particular para las próximas elecciones generales. Un “pucherazo” por la vía de incrementar el censo exterior, acusaban.

Feijóo también sintonizó. En varias declaraciones públicas, especialmente en una en respuesta al locutor radiofónico Federico Jiménez Losantos, atribuyó la concesión de la nacionalidad por esta vía a un ejercicio de “ingeniería electoral”. A la voluntad de “fabricar dos millones y medio de votantes”, porque “las encuestas le dicen [a Sánchez] que va a perder las elecciones con los votantes que tiene actualmente”, sostuvo en otra entrevista en una televisión murciana entre críticas al procedimiento para “ampliar el número de personas que tienen derecho a pasaporte”.

Entre un creciente alboroto, otros portavoces y dirigentes del PP —entre ellos, el presidente Alfonso Rueda— optaron por relativizar unas críticas que, en cualquier caso, pusieron el foco en el voto exterior. Una cuestión especialmente espinosa en el caso gallego, por ser las circunscripciones de Galicia las que más inscripciones en el CERA acumulan en todo el Estado. A principios del pasado mayo eran ya más de medio millón, unas 34.000 más que en las elecciones gallegas de 2024, antes de las cuales el PP de Feijóo había prometido, precisamente, facilitar el acceso a la nacionalidad a la generación de las nietas y nietos de emigrantes.

El cariño político con el que el PP en general y el PPdeG en particular trataron el voto exterior varió escasamente en toda la historia de la formación. Pero sí fue cambiando su exigencia de garantías democráticas al respecto. Apenas existió durante el fraguismo, tiempos en los que abundaron los rumores sobre fraudes como los resaltados por Anxo Lugilde, concretados también en informaciones periodísticas que probaron, por ejemplo, la emisión de votos para las circunscripciones gallegas en nombre de personas emigradas que ya habían fallecido o la facilidad para que una sola persona votase en nombre de otras muchas sin mayor control.

A casos como esos había aludido el PP al final del fraguismo, cuando lo ajustado del escenario político le hacía temer la pérdida de la Xunta —lo que finalmente sucedió tras el recuento, precisamente, de un sufragio exterior que no movió diputados—. Y también lo había hecho Feijóo desde la oposición en Galicia, prometiendo voto en urna con garantías semejantes a las de la Galicia interior si vencía en unos comicios gallegos, los de 2009, para los que el voto CERA contó por primera vez con una mínima garantía de seguridad: anexar una fotocopia del DNI al sufragio para, cuando menos, acreditar que la persona que votaba seguía viva.

La introducción de esa mínima garantía implicó un primer descenso de la participación electoral del CERA, caída que sería aún más abrupta a partir de 2011, cuando PP y PSOE pactaron una reforma electoral para introducir el voto rogado, esto es, que las personas inscritas en el censo exterior tuviesen que solicitar expresamente participar en cada proceso electoral. El cambio, concebido para ahuyentar el fraude, insertó plazos muy ajustados y tratamientos idénticos para situaciones muy dispares (por ejemplo, emigración reciente con descendientes y sistemas postales diferentes entre sí).

Fue en este contexto en el que populares y socialistas, y especialmente también Feijóo, reclamaron como urgente suprimir el sistema de sufragio rogado, lo cual acabó sucediendo en 2022 a partir de una proposición de ley del PSOE con Unidas Podemos. La nueva norma suprimió el voto rogado, pero introdujo un plan para depurar el censo —una de las demandas históricas para, entre otros aspectos, eliminar a personas fallecidas— y nuevos procedimientos, como recibir los sobres de votación sin solicitud previa y poder descargar las papeletas de internet para votar en urna en embajadas o instalaciones consulares o bien por correo, con el voto enviado a la embajada o consulado llevando anexas copias del carné, del certificado de nacionalidad o de la inscripción consular.

Este nuevo sistema se estrenó en las elecciones generales de 2023. En el caso gallego la participación aumentó, pero quedó muy lejos de las cifras espectaculares del fraguismo y los resultados fueron victorias aplastantes del PP. En el conjunto del Estado los más votados también fueron los populares y la única repercusión de los sufragios llegados del extranjero fue que los socialistas perdieron un escaño por la provincia de Madrid en beneficio de los de Feijóo, un solo asiento en el Congreso que aun así tuvo relevancia política al obligar a Pedro Sánchez a conseguir el “sí” de Junts a su investidura, sin que fuese suficiente con una abstención.

Al año siguiente, en 2024, las primeras elecciones gallegas tras el fin del voto rogado registraron una participación semejante a la de las generales entre los miembros del CERA, apenas un 6%, e implicaron también una amplia victoria del PP que no movió escaño alguno. Cuatro años antes, en 2020, sí se había movido un diputado (a favor del PP y en perjuicio del PSOE).

Hace una década, después de que el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo permitiese empezar a dejar atrás la gran recesión, la Xunta, entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, anunció un giro social. Tras perder el PP importantes cuotas de poder en las elecciones municipales de 2015, las de la emergencia de las mareas, el Gobierno gallego había lanzado promesas como ayudas para paliar los efectos de los desahucios o un mayor control sobre las viviendas que seguían en manos de los bancos —procedentes del rescate de las cajas o de los propios desalojos, por ejemplo—, mientras sectores de la población buscaban techo.

Fue así como la Xunta lanzó su censo de viviendas vacías para "conocer la situación real de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras". Existía una "acumulación de viviendas en manos de las entidades de crédito" sobre la que convenía "disponer de una información fiable", justificó en el decreto que lo reguló, que hizo obligatorio para los bancos inscribir todas sus viviendas vacías en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

Como informó Praza.gal, la pasada primavera la Xunta se negó a dar al Parlamento los datos de este censo justificando que la normativa que lo regula no obliga a publicarlos. Este diario los reclamó al amparo de la Ley de Transparencia y acaba de obtenerlos: según la información manejada por la Xunta a junio de 2026, los bancos y otras entidades financieras conservan en Galicia 4.081 viviendas vacías en 130 ayuntamientos.

Los datos obtenidos por Praza.gal y ahora liberados muestran que el Gobierno gallego dispone de información incluso más allá de la estrictamente requerida por el censo, toda vez que los ayuntamientos que superan los 10.000 habitantes son poco más de medio centenar. Como muestra el mapa sobre estas líneas, el municipio que cuenta con un mayor número de estas viviendas vacías en manos de la banca es la ciudad de A Coruña, con 307. La siguen Vigo, con 227, y Narón, con 209. También superan las 150 los ayuntamientos de Lalín, Cee, O Porriño y Ferrol.

En un contexto en el que, en respuesta al requerimiento de Praza.gal, el Instituto Galego da Vivenda e Solo especifica que "estos datos están en fase de revisión", ya que el organismo dependiente de la Consellería de Vivenda "requirió a las entidades su actualización a fecha real", la foto fija de las cifras obtenidas permite extraer más conclusiones, además de la distribución por ayuntamientos. Entre ellas, que un número muy relevante de estas viviendas estarían en disposición de salir al mercado de alquiler accesible bajo control estatal.

La razón de esta posibilidad es que la entidad financiera con más pisos y casas inscritas en el registro de viviendas vacías de la Xunta es la Sareb, esto es, el banco malo constituido en plena crisis financiera para quedarse con los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, unos 5.000 millones en propiedades de Novacaixagalicia—. Son algo más de 2.000 pisos que, en virtud de las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, estarían en condiciones de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública. En los últimos años, además, la Xunta compró algunas de las viviendas de la Sareb.

Como refleja el gráfico interactivo sobre estas líneas, la Sareb es la gran protagonista de las viviendas vacías inscritas en los ayuntamientos con mayor concentración de estos pisos, con más de un centenar en A Coruña y Vigo y también en villas como Cee, Narón, Ares, Ribeira o Lalín, siempre según los datos del censo de la Xunta obtenidos por Praza.gal. Por detrás del banco malo son también significativas las cifras del Banco Santander, con 600 viviendas inscritas a su propio nombre y casi 200 más a través de sus filiales Luri 6 y Altamira —esta última es su antigua inmobiliaria y sigue manejando partes relevantes de su cartera, pese a no ser ya propiedad suya—.

Frente a estos nombres principales y otros de fondos de inversión como Global Pantelaria resulta significativa, en comparación, la escasa cifra de viviendas vacías inscritas en el registro por Abanca, ya sea a nombre de Abanca Corporación Bancaria, con un total de 24, o de su división inmobiliaria, que tiene inscritas 49 en el censo. La razón es que el grueso de los activos inmobiliarios tóxicos —por ejemplo, promociones inmobiliarias fracasadas tras el estallido de la burbuja o procedentes de hipotecas impagadas— de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova ya no estaban en la entidad resultante de su fusión y rescate, Novagalicia Banco, cuando fue adjudicada al venezolano Banesco, subasta de la que nació Abanca.

En lo que atañe a las principales ciudades, foco de la pregunta que la Xunta se negó a responder al Parlamento, las viviendas vacías propiedad de entidades financieras inscritas en el registro oficial son algo menos de un millar. Son 909, de las que más de la mitad se distribuyen entre Vigo y A Coruña, en ambos casos con la Sareb y el Banco Santander como principales propietarias.

Más allá de las dos ciudades más pobladas, Ferrol es la tercera entre las siete principales urbes con más pisos vacíos en manos de los bancos. La suma es de 160, según el censo de la Xunta.

A mayor distancia están las cifras de Lugo, con 69. En Ourense y Pontevedra también superan el medio centenar, y en ninguna de las dos la Sareb es la principal propietaria: en la capital ourensana es la inmobiliaria Altamira y en la ciudad del Lérez, el Banco Santander. Santiago cierra el registro entre las ciudades, con solo 23 pisos vacíos propiedad de entidades financieras.

El Ministerio de Educación presentó la pasada semana a los sindicatos más representativos del sector —entre ellos, la CIG-Ensino, mayoritario entre el personal docente público gallego— su propuesta para la bajada de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil. En el caso gallego, implicaría una notabilísima reducción con respecto a la normativa vigente, un decreto aprobado hace más de veinte años, en los días finales del fraguismo.

La iniciativa del Gobierno de España consiste en que en las aulas de 0 a 1 años cada docente tendría que estar a cargo de un máximo de cuatro bebés, cuando en Galicia actualmente son más. En las de 1 a 2 años el límite estaría en 8 frente a los 13 menores actuales y en las de 2 a 3 años, actualmente con hasta 20 niñas y niños por docente, la relación no podría pasar de 8 plazas de alumnado por cada plaza de personal educador.

Frente a la buena acogida entre las centrales sindicales, la Xunta recibió la iniciativa estatal con abierta hostilidad. La conselleira de Política Social, Fabiola García, lo interpretó como “un intento del Gobierno central de boicotear” el “modelo de gratuidad pionero puesto en marcha por Galicia”, esto es, la extensión de la escolarización de 0 a 3 años sin pago directo por parte de las familias mediante subvenciones a escuelas privadas y no con la ampliación de las plazas públicas.

“No aportó ni un euro”, censuraba García la pasada semana en una reunión con representantes de empresas del sector. “El presidente Sánchez dijo que iba a implicarse en la financiación de las escuelas infantiles, en la gratuidad, pasaron tres años y no hizo nada”, ahondaba en la misma línea este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ambas consideraciones obvian que el Gobierno de España llegó a remitir al Ejecutivo gallego 34,9 millones de euros para crear hasta 3.417 nuevas plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años, de los cuales la Xunta devolvió la mayoría: 22 millones de euros.

Como informó Praza.gal, a finales de 2024 el departamento que dirige Fabiola García tramitó ante el Estado la devolución de 22,3 millones de fondos europeos de recuperación al Ministerio de Educación. Lo hizo cuando aún quedaba un año para gastarlos en la creación de las citadas más de tres mil nuevas plazas de educación infantil.

Política Social justificó el retorno del dinero en que los fondos “habían sido diseñados para aumentar la tasa neta de escolarización” en 0-3 años y Galicia ya lideraba este indicador. Pero también —y sobre todo— lamentó que el Gobierno de España “no permitiese utilizarlos para financiar el programa de gratuidad que tiene Galicia”.

Esta segunda razón fue la clave del conflicto. La Xunta reclamaba poder destinar los fondos indistintamente tanto a crear plazas públicas como a financiarlas en centros privados y el Estado los enfocó únicamente a la red pública. De esta manera, en Galicia se gastaron 12,54 millones —fundamentalmente, en transferencias a ayuntamientos para escuelas infantiles municipales— y los otros 22 se devolvieron.

Más de un año después de esa devolución, Rueda esgrime esa queja de falta de financiación estatal para advertir de que la bajada de ratios que promueve el Gobierno de España “compromete muy seriamente la gratuidad de las escuelas infantiles” porque sería una “obligación sin ningún tipo de financiación”. “Habría que doblar el número de plazas o bajar a la mitad el número de matriculados”, sostiene el presidente, en cuya opinión el sistema en Galicia “estaba funcionando”, hasta el punto de ser “modélico”.

El último día de 2024, al límite de un plazo prorrogado, la Xunta puso en servicio cinco centros de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual. El proyecto, impulsado por el Gobierno de España mediante fondos europeos transferidos a las autonomías, requería la apertura de, como mínimo, uno de estos centros por provincia. El Ejecutivo gallego optó por instalar cinco en otras tantas ciudades: Vigo, Ourense, Lugo, Santiago y Ferrol.

Más allá de la demora —que afectó a múltiples comunidades autónomas—, estos centros echaron a andar en nuestro país acompañados por varias controversias. Por la decisión de la Consellería de Política Social de encomendar su gestión a empresas privadas —los contratos los ganaron los gigantes multiservicios OHL y Eulen—, por el silencio impuesto sobre su funcionamiento en los primeros meses de andadura. Y por la exclusión de las ciudades de A Coruña y Pontevedra del servicio una vez decidido ir más allá del modelo estrictamente provincial.

Tras el primer año completo de funcionamiento de los centros, el PSdeG volvió a cuestionar al Gobierno gallego sobre la posibilidad de extender los centros de crisis a las dos ciudades que no disponen de ellos. Y Política Social, como ya hiciera meses atrás, vuelve a esquivar esta posibilidad.

En una pregunta parlamentaria registrada el pasado abril por las diputadas Paloma Castro y Silvia Longueira y el diputado Julio Torrado, los socialistas resaltan que fue la propia Xunta la que, en su balance de los primeros doce meses de los centros, concluyó “que se trata de un recurso público imprescindible para dar una respuesta eficaz, integral y basada en los derechos de las víctimas de violencia sexual”. “Sin embargo, a pesar de la relevancia y de los resultados positivos, dos de las principales áreas urbanas de Galicia carecen de estos centros, lo que supone una desigualdad territorial en el acceso a un servicio fundamental”.

Por eso cuestionaron al Ejecutivo si, dado que “los califica como un recurso público imprescindible”, “tiene previsto proceder a la creación y puesta en funcionamiento de centros de crisis 24 horas en A Coruña y Pontevedra”. En su respuesta, registrada el pasado mayo, Política Social e Igualdad evita el compromiso.

Concretamente, el departamento que dirige Fabiola García centra la contestación en describir los centros que sí existen: “Tiene en funcionamiento cinco centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual, uno más de los que exige la normativa: uno por provincia”, constata. “Están integrados en las respectivas áreas hospitalarias y prestan atención presencial y telefónica las 24 horas del día, basta”.

“Como no podía ser de otra manera”, agrega, “el Gobierno gallego analiza los datos con detalle de sus centros de crisis y, en función de las necesidades, no descarta la apertura de nuevos puntos de atención”, dicen sin ofrecer más detalles. Las primeras cifras de uso de los centros aportadas al Parlamento indican que durante 2025 los cinco centros atendieron a 381 víctimas, algo más de una al día, y que el 57% llegó derivada de otros recursos como centros de información a la mujer o servicios sociales, mientras que el 40% fue por iniciativa propia o de familiares o personas cercanas.

En cuanto a la distribución territorial, la información facilitada al legislativo indica que el 31% de las mujeres atendidas lo fueron en el centro de Vigo. A continuación estuvieron los de Ferrol y Santiago, en el entorno del 20%, y los de Lugo y Ourense, alrededor del 15%.

Por razones obvias, no existen datos de A Coruña y Pontevedra —cuando menos, no en la información divulgada por Política Social—, ciudades en las que durante ese mismo año 2025 los delitos de agresión sexual con penetración fueron 24 y 5, respectivamente —en ambas urbes, con tendencia al alza—; y el resto de delitos contra la libertad sexual, 78 y 22 —incremento interanual en A Coruña, ligero descenso en Pontevedra—, según la información disponible en el Ministerio del Interior.

El curso académico que acaba de terminar fue el primero en el que rigió la orden de "neutralidad ideológica" con la que la Xunta de Galicia dijo querer garantizar que el profesorado transmita "los valores constitucionales", informe "objetivamente y de manera imparcial sobre el pluralismo social" y promueva "el pensamiento crítico y el respeto a las libertades individuales". Lo hizo apoyándose en un artículo de la ley educativa estatal de 1985 que, a su vez, señala ese concepto remitiéndose al punto del artículo de la Constitución sobre el derecho a la educación que trata la formación religiosa y moral.

La aplicación práctica de esa orden se tradujo en un incremento del control sobre las llamadas "actividades complementarias" en los centros educativos —"visitas didácticas o charlas", había concretado el conselleiro, Román Rodríguez— que ya se aplicó entre críticas políticas, sindicales y de personal docente. Tras la primera experiencia en el curso 25-26, el Gobierno gallego se dispone a aplicar la orden todavía con más rigidez en el 26-27, para lo que en la víspera de San Xoán acaba de ordenar más inspecciones y límites a estas mismas actividades.

Como hace un año, la concreción de esa "neutralidad ideológica" llega con la orden en la que la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa dicta instrucciones para organizar el próximo curso. Tras la misma referencia legal y constitucional, Educación vuelve a obligar a incluir "todas las actividades complementarias" en la programación general anual de cada colegio e instituto y señala como "muy excepcional" la posibilidad de "realizar actividades complementarias sobrevenidas", "siempre y cuando sean aprobadas por el equipo directivo y se dé cuenta de ellas al consejo escolar y a la Inspección educativa". Pero va más allá.

Mientras que para el curso 25-26 la Consellería instaba genéricamente a "garantizar una programación y distribución racional de las actividades complementarias a lo largo del curso, que no interfieran con el desarrollo habitual de las clases, evitando la concentración excesiva en determinados períodos, grupos o cursos", esta vez fija nuevos límites, incluso numéricos. Y, al mismo tiempo, impone nuevos controles.

Así, por ejemplo, obliga a "evitar" la "concentración" de estas acciones "en determinados períodos" o "la participación reiterada de los mismos grupos o de determinados niveles educativos". Exige además que "charlas, talleres o intervenciones puntuales" se organicen "con la menor alteración posible del horario lectivo habitual" y que "no se programe más de una por semana para el mismo grupo".

En el caso de las actividades que impliquen salir del centro no deben "superar, con carácter general, tres salidas por grupo por trimestre" y, en el caso de las llamadas "actividades sobrevenidas", queda prohibido que sean "más de una por trimestre", según fija en dos puntos diferentes de la orden. "La Inspección —advierte la orden— velará por la adecuación pedagógica y organizativa de estas actividades complementarias".

Tras esa mención a la Inspección, la orden de la Consellería indica que colegios e institutos públicos "podrán colaborar, de forma habitual o de forma puntual, con diversas entidades, tanto públicas como privadas", siempre que "respeten los principios educativos, éticos y legales establecidos". "Las colaboraciones deben ser transparentes, objetivas y orientadas al beneficio educativo del alumnado y vinculadas al desarrollo curricular", dice.

En este contexto, la Xunta incluso activa prevenciones explícitas sobre la participación en "actividades sobrevenidas organizadas por ayuntamientos, diputaciones y/u otras entidades externas". "Siempre deberá responder a criterios de pertinencia pedagógica y estar vinculada al currículo y a la programación didáctica de las áreas, ámbitos o materias cursados por el alumnado participante", por lo que "no procederá la participación en actividades que carezcan de una justificación educativa suficiente", advierten.

Este martes, 16 de junio, a las nueve y cuarto de la mañana, la Consellería de la Presidencia ha celebrado la segunda sesión de la mesa encargada del contrato para comprar 250 chalecos "antibalas, anticuchillo y antipunzón" para la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta, la conocida como policía autonómica. Se trata de la reunión en la que los seis miembros de la mesa han comenzado a analizar las ofertas de las empresas que optan al contrato. Una de ellas es Guardian Homeland Security, el "representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar", en palabras de la propia compañía.

Apenas un año después de tener que dejar desierto el concurso por ausencia de ofertas, el departamento que dirige Diego Calvo reinició el procedimiento a mediados del pasado mayo por un importe prácticamente idéntico (227.498,15 euros, IVA incluido) y esta vez recibió tres candidaturas. Lo constató el pasado día 4, cuando abrió el apartado de documentación general de las ofertas, concedió tres días a una de ellas (la catalana Usis Guirao) para completar un formulario incompleto y admitió las otras dos sin necesidad de subsanaciones por cumplir todos los requisitos formales: Dotación y Equipamiento, S.L. y la citada Guardian Homeland Security.

En su portfolio empresarial, Guardian se promociona como "proveedor principal de productos de seguridad y defensa de fabricación israelí". En sus presentaciones públicas subraya que fue "fundada por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel", cuyo Ministerio de Defensa le concedió licencia de exportación hace dos décadas. Está inscrita en el Ministerio de Defensa desde 2010, en la OTAN desde 2011 y habilitada por el Ministerio del Interior desde 2018. El presidente de su matriz, Guardian LTD Israel, es el teniente general retirado de las fuerzas armadas israelíes Yom Tov Samia, según consta en el catálogo 26-27.

Especializada en "productos militares y policiales", pero también en la "impartición de cursos de seguridad en Israel y en España" y en formación y servicios en materia de "seguridad e inteligencia", Guardian no oculta su alineamiento político con las acciones militares de las actuales autoridades israelíes en el asedio a Gaza, incluso difundiendo propaganda al respecto a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, sus vínculos con el Ejército israelí son también obvios por ser representante de IMI Systems, antigua empresa pública israelí comprada en 2018 por la privada Elbit, cuyos productos son "intensamente usados por el ejército y unidades militares israelíes", promocionan.

Más allá de las connotaciones políticas o incluso éticas de las relaciones comerciales con esta compañía en el actual contexto internacional, en el caso de que Guardian resultase ganadora del concurso abierto por la Xunta, el contrato rozaría el terreno acotado desde finales de 2025 por el Gobierno de España en el Real Decreto "de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina". Como informó Civio, uno de los preceptos de esa norma prohíbe importar de Israel material de defensa que incluye chalecos y, según Guardian, sus "productos de protección balística" son "made in Israel". Cabrían matices, como aclarar si los materiales suministrados están almacenados en territorio español antes de la entrada en vigor de la norma.

La propia Guardian Homeland Security subraya también en sus materiales promocionales, además de esa fabricación israelí, que "en los últimos años" ha suministrado "miles de chalecos antibalas a la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército Español y policías locales y autonómicas", lo que la llevó a mantener "una línea exclusiva y adaptada a las necesidades del mercado español" de la marca Rabintex, cuyo uso por el ejército de Israel también explicita. Entre esas adjudicaciones hay al menos tres ayuntamientos gallegos: A Coruña (2021), Vigo (al menos, 2019 y 2023) y Ourense (2025).

Los chalecos de la Policía Local de Vigo son, precisamente, unos de los que la empresa emplea como muestra en su sitio web. En él también presenta media docena de empresas en Galicia (en A Coruña, Bergondo, Pontevedra, Redondela y Caldas de Reis) como parte de su amplia red de distribuidores.

Esos contratos municipales, que recibieron críticas de entidades defensoras del pueblo palestino, fueron anteriores al citado veto estatal. La medida fue aprobada por el Gobierno del PSOE y Sumar tras una amplia controversia pública por una millonaria contratación a IMI Systems para el suministro de munición al Ministerio del Interior, finalmente anulada.

Como recogió el Centre Delàs de Estudios por la Paz en un informe de 2019 recuperado en 2025 por El Periódico de Catalunya, durante años Guardian presentó como aval para sus productos contar entre su clientela con varios ministerios del Gobierno de España, la Agencia Tributaria, el Ejército o la Casa Real. También destacaba entonces a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías catalana, vasca y navarra, así como la Embajada de Israel en España.

En el año 2015 el programa de compra de deuda pública aprobado por el Banco Central Europeo se convirtió en un hito para empezar a dejar atrás los años de la gran recesión. Aquel colapso económico general, en el caso español, tuvo entre sus múltiples vertientes el estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria y la consiguiente crisis de vivienda, con las cifras de desahucios disparadas en un fenómeno más profundo que llega hasta nuestros días.

En la Galicia de hace una década estos acontecimientos llegaron marcados por la quiebra y rescate de las antiguas grandes cajas de ahorro. Y, en lo político, por la emergencia de las mareas municipales, formaciones que contribuyeron a situar en el primer plano del debate público la cuestión de la vivienda vinculada, precisamente, al papel de la banca.

Con este telón de fondo y entre temores del PP a la erosión electoral, la Xunta entonces dirigida por Alberto Núñez Feijóo anunció un giro social. Incluyó, entre otras, promesas de ayudas para paliar los efectos de los desalojos o un mayor control sobre las viviendas que seguían vacías y en manos de los bancos mientras capas de la población buscaban techo. Fue en este punto cuando lanzó un censo de viviendas vacías llamado a "conocer la situación real de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras". Una década después, ese censo sigue existiendo —cuando menos, sobre el papel—, pero el Gobierno gallego se resiste a divulgar sus datos incluso al Parlamento.

El censo de viviendas vacías fue regulado por un decreto que continúa en vigor. Reconocía una "acumulación de viviendas en manos de las entidades de crédito" sobre la que convenía "disponer de una información fiable" referida a los ayuntamientos de "más de 10.000 habitantes". Es decir, en las principales ciudades y villas, un total de 56 ayuntamientos según los datos del padrón a 1 de enero de 2025.

Se trataba de saber cuántos de esos pisos estaban "en situación de ser habitadas" para "de ser el caso, incentivar la incorporación al mercado inmobiliario" en los ayuntamientos con mayor demanda de vivienda. Más aún en unos años en los que las nuevas promociones de vivienda protegida en general y pública en particular habían menguado hasta casi desaparecer.

En virtud de esa norma, pasó a ser obligatorio inscribir en el censo "todas las viviendas vacías que formen parte de edificios de tipología residencial colectiva o de complejos inmobiliarios situados en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes" —según las cifras oficiales de cada año— "siempre que sean propiedad de entidades de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, con independencia de dónde esté el domicilio social de sus titulares". El resto de viviendas vacías pueden inscribirse en el censo si las personas propietarias lo desean, pero no es obligatorio.

La Xunta responde al PSdeG que el decreto que regula el censo "no establece la publicación" de los datos "por ningún medio" para evitar aportarlos al Parlamento

Transcurridos ya diez años desde la aprobación del censo, el pasado abril el PSdeG dirigió una pregunta escrita al Gobierno gallego a través del Parlamento resaltando que "no existe una publicación transparente, sistemática y accesible de los datos que se obtienen a través de este censo ni se conoce su distribución territorial". "Esta falta de información pública impide evaluar la eficacia de las políticas desarrolladas", consideran los socialistas, que preguntan a la Xunta si "tiene previsto remitir al Parlamento un informe anual completo sobre los resultados del censo de viviendas vacías y las medidas adoptadas para su movilización".

La Consellería de Vivenda respondió a la pregunta en los primeros días de junio ratificando que no tiene intención de revelar los datos. Lo justifica señalando que el decreto que creó el censo indica que su finalidad es "proporcionar al órgano competente en materia de vivienda", es decir, en este momento a la propia Consellería y a los entes que dependen de ella, "información adecuada sobre el estado de ocupación del parque residencial gallego" para "facilitar la planificación de las políticas públicas de vivienda".

"No se establece en ningún artículo la publicación del censo por ningún medio ni la elaboración de un informe anual con los datos recogidos", agrega el Gobierno para cerrar la puerta a divulgar los datos. Que el decreto no obligue a esa publicación no implica que esté prohibida; la divulgación de los datos depende únicamente de la voluntad política de la Xunta. Si fuese favorable, permitiría saber cuántos pisos vacíos están todavía en manos de la banca en las principales ciudades y, al tiempo, conocer el impacto de medidas como la compra de viviendas al banco malo o su traspaso a la nueva sociedad estatal Casa 47, entre otras.

Los datos más recientes sobre viviendas vacías proceden del censo del INE en 2021. Se basan en el consumo eléctrico y ofrecen una panorámica general, pero sin detalles sobre el estado de los pisos o su disponibilidad

Dada la negativa de la Xunta a divulgar los datos reales de los que dispone, las únicas cifras oficiales sobre el número de viviendas vacías en el país siguen siendo las derivadas del Censo actualizado por el INE en 2021. Entonces, a través del análisis de datos del consumo eléctrico, la oficina estadística estatal concluyó que en Galicia el número de viviendas vacías rondaba el medio millón. Una parte de ellas, previsiblemente pequeña —dadas las características generales del parque inmobiliario, como su antigüedad—, correspondería a las controladas por las entidades financieras.

Algo más de 231.000 de esas viviendas vacías se situaban en ayuntamientos que en la actualidad —según el padrón municipal de 2025— superan los diez mil habitantes y están afectados, por tanto, por el censo de viviendas vacías de la Xunta. No obstante, los datos del INE tienen múltiples limitaciones, desde el estado de las viviendas hasta su disponibilidad o titularidad. Obstáculos que, precisamente, estaban llamados a superarse con instrumentos como el censo de la Xunta.

El proyecto de Altri para instalar una fábrica en Palas de Rei se resiste a morir mientras permanecen ocultas algunas de las gestiones que facilitaron la llegada de la empresa a Galicia. La compañía acaba de alegar contra el archivo de su proyecto por parte de la Xunta al no facilitarle el Estado una conexión eléctrica y, al tiempo, el Gobierno gallego insiste en mantener oculto su acuerdo con la empresa e incluso considera “abusivo” preguntarle por él al presidente Rueda.

Hace unos meses, tras una petición formal de transparencia de Praza.gal, la Consellería de Economía argumentó que “desconoce” el pacto secreto firmado en octubre de 2021 para la llegada de Altri a Galicia porque no lo firmó la Xunta sino una empresa impulsada por ella. Tras esa respuesta, y preguntado directamente por ese pacto, el presidente Rueda admitió en febrero que él sí conoce ese acuerdo, por lo que este diario formuló una nueva petición de transparencia dirigida expresamente a la Presidencia de la Xunta. Sin embargo, el Gobierno gallego derivó esa solicitud nuevamente a Economía, que ahora acaba de denegarla obviando la petición dirigida a Presidencia y argumentando que, tras las solicitudes previas, considera que esta última tiene “un carácter abusivo”.

La Xunta viene amparándose para denegar el acceso al pacto secreto con Altri en que no fue firmado por la Administración sino por una empresa creada y controlada por ella, Impulsa Galicia, pero en la que el capital público no era mayoritario sino solo del 48,02%. Eso la dejaría al margen de la Ley de Transparencia, y para incidir en ese argumento la Xunta llegó a responder oficialmente que “desconoce” el pacto y que el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmó el acuerdo como parte de un “negocio jurídico privado” y no como conselleiro.

Praza.gal viene defendiendo otra interpretación de la Ley de Transparencia: que, al margen de quién firmase el acuerdo, este obra en poder de la Xunta en el ejercicio de sus funciones de Administración pública, tanto por su firma por parte del conselleiro Conde como por el control de su participación en sociedades como Impulsa Galicia.

También habría sido en el ejercicio de sus funciones como presidente, y no como ciudadano particular, como Rueda conoció el pacto, según él mismo declaró a través de “representantes de la Xunta”. Por eso, dado que la Ley de Transparencia “entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder” de las Administraciones, este diario reclamó a la Presidencia de la Xunta ese acuerdo después de que el propio Rueda declarase que él sí lo conocía y por “representantes de la Xunta”, esto es, en el ejercicio de su función como presidente.

Pero Presidencia de la Xunta remitió la petición a ella dirigida nuevamente a la Consellería de Economía y esta, en su nueva respuesta, reitera textualmente los argumentos de anteriores denegaciones y añade ahora que la ley le permite inadmitir “las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo”. “La reiteración de una solicitud sobre la misma materia constituye motivo suficiente para su inadmisión”, añade Economía, sin tener en cuenta que la anterior petición fue realizada a Economía, que respondió que desconocía el pacto, y la ahora rechazada iba dirigida a la Presidencia de la Xunta después de admitir Rueda que él sí lo conoce.

Ante esta nueva negativa, el largo proceso desarrollado por Praza.gal para conocer el acuerdo con Altri vuelve ahora a estar en manos de la Comisión de la Transparencia de Galicia, que en un análisis anterior sobre otro paso previo del caso registró el mayor cisma interno en sus 10 años de historia al discrepar los representantes de los consellos de Contas y Consultivo sobre cómo la Xunta argumentaba que no conoce el pacto.

Hace, como mínimo, unas dos décadas que el Gobierno gallego se mostró por primera vez favorable a reclamar al Estado el traspaso de las competencias sobre la autopista AP-9. Fue a finales de 2005, cuando, apenas tres meses después de llegar al cargo, el presidente Emilio Pérez Touriño expresó el “deseo” de lograr esa transferencia tras analizar un informe con las prioridades del nuevo Gobierno de PSdeG y BNG en materia de autogobierno.

21 años después de aquel desiderátum, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar el dictamen de una ley orgánica para conceder a la Xunta la “titularidad y competencias” de la autopista del Atlántico. Lo hizo con los votos a favor de los grupos que la redactaron, PSOE, BNG y Sumar, y también con el “sí” de todos los demás salvo dos, PP y Vox. Tan cierto es que este paso es un indudable avance como que a la ley, que nunca había llegado tan lejos, aún le resta un amplio camino por recorrer. Y, sobre todo, que llega tras innumerables bloqueos y obstáculos, atribuibles a más de una fuerza política, en un proceso que formalmente se lanzó tres veces y políticamente, muchas más.

En aquella legislatura con socialistas y nacionalistas en el Ejecutivo gallego, quien entonces era nuevo líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ser partidario de la transferencia e incluso la incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones de 2009. Encontró reticencias en el Gobierno de España, el del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que en 2010 anunció el inicio de negociaciones al respecto, sin mayor resultado.

En 2012, el PPdeG de Feijóo logra su segunda mayoría absoluta consecutiva y lo hace con un programa electoral en el que apuesta por una “reformulación” de la gestión de la AP-9 sin prometer abiertamente el traspaso. A lo largo de la legislatura gallega, no obstante, los populares gallegos darán apoyo político a una reclamación que el Gobierno de España, ya en manos del PP de Mariano Rajoy, rechaza por considerarla ilegal, en palabras de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

Fue en este punto cuando llegó el primer intento de lograr el traspaso por la vía que ahora avanza: la de una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia para su debate en el Congreso. Sucedió en octubre de 2015, cuando, en un giro que causó sorpresa en el legislativo gallego, el PP decidió votar “sí” a la proposición de ley formulada por el BNG. Pero al llegar al Congreso, la petición unánime gallega se topó dos veces con el veto del Gobierno de España aún en manos del PP.

En octubre de 2016, aun estando en funciones tras no lograr mayoría para una segunda investidura, el gabinete de Rajoy hizo uso de la prerrogativa gubernamental de frenar leyes en el Congreso para, con una interpretación forzada del artículo 134.6 de la Constitución, impedir que la propuesta gallega llegase siquiera a debatirse. En mayo de 2017 el Parlamento volvió a pedir el traspaso por unanimidad y en junio del mismo año el Gobierno de Rajoy volvió a vetarlo con un informe jurídico más elaborado, pero con el mismo resultado. Por el camino, también habían frenado una iniciativa de En Marea en el Congreso en el mismo sentido.

Estos tres bloqueos formales, basados en cálculos económicos erróneos o falsos, finalizaron en 2018. Poco después de la moción de censura que desalojó a Rajoy, el Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez cumplió la promesa de levantar el veto a la primera de las peticiones gallegas, la de 2015, y en el propio 2018 una amplia mayoría absoluta permitió el inicio de una tramitación que quedó interrumpida por el adelanto de las elecciones generales a abril de 2019.

Tras el paso por las urnas, el Parlamento reiteró la petición unánime y, en 2021, el Congreso aprobó de nuevo el inicio del trámite. Y fue aquí donde llegaron los bloqueos de otro signo. La Mesa del Congreso, donde los socios del gobierno PSOE-Unidas Podemos tenían mayoría junto con otras fuerzas, aprobaron sucesivas ampliaciones de los plazos para presentar enmiendas para dilatar un proceso que acabó caducando por otro adelanto, el de las generales de 2023, después de que las adiciones del Grupo Socialista al texto original desnaturalizasen en gran medida su contenido.

Fue así como se llegó a la ley que ahora, por fin, avanza. En junio de 2024 el Congreso inició por tercera vez el trámite con el único “no” de Vox, pero acto seguido volvió la demora por la vía de las prórrogas de los plazos para enmendar, aprobada sistemáticamente por la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría gubernamental. Cuando finalizó esa dilación, el PSOE volvió a presentar enmiendas para acotar el traspaso a que la Xunta pudiese proponer mejoras en la gestión de la autopista. Ese escenario de traspaso recortado quedó superado esta semana: el pacto de los socialistas con el Bloque y Sumar da el visto bueno esencial a la transferencia y deja las condiciones concretas para un momento posterior, el de la concreción del traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

En el primer test en forma de votación deja dos posibles lecturas. Una, la posibilidad de una mayoría absoluta en el pleno del Congreso —imprescindible en una ley orgánica— pese al “no” de Vox y también de un PP que dice oponerse porque el texto deja fuera parte de lo incluido en la ley aprobada en Galicia. Tanto el BNG como el PSdeG exigen al PPdeG explicaciones por su “no”. Otra, que este avance no sea más que el pórtico de un cuarto bloqueo.

Cualquiera de las dos lecturas va acompañada de una inevitable derivada: el modo en que el gobierno que finalmente acabe siendo responsable cotidiano de la AP-9, el español o el gallego, aborde la gran cuestión relativa a esta infraestructura. Se trata del futuro de su explotación mediante concesión privada a Audasa, prorrogada sin concurso hasta 2048 por el Gobierno de Aznar en lo que la Comisión Europea considera una ilegalidad en un procedimiento que sigue abierto mientras continúan subiendo las tarifas de unos peajes que, en los últimos años y a partir de acuerdos PSOE-BNG, el Gobierno de España viene paliando con planes de descuentos para los que comprometió más de 2.000 millones de euros.

Profesorado del IES de Melide sintetizó en un decálogo lo que, a su juicio, es el “impacto de los recortes que viene padeciendo el instituto” por parte de la Consellería de Educación. Lo difundió físicamente, mediante su impresión en las paredes del centro, pero también en la cuenta del IES en Instagram, de donde la Consellería de Educación ordenó borrarlo a través de la inspección educativa.

Para la CIG-Ensino, sindicato mayoritario entre el profesorado de la enseñanza pública, esta orden de eliminación del mensaje ratifica que la Consellería “sigue acosando y persiguiendo al profesorado gallego en lugar de poner los medios y recursos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros”. La central sindical se declara, asimismo, “sorprendida” por la retirada digital “de un material que está, en su formato físico”, visible en el propio instituto.

“La libertad de expresión es algo que especialmente le molesta” a la Consellería, consideran, en un contexto en el que creen que “conviene recordar” que “mantiene en el cargo tanto al subdirector general de la Inspección Educativa como al delegado territorial de A Coruña”, ambos “cuestionados por sus posicionamientos ultras”. De lo que se trata, consideran, es de “intentar callar al profesorado”, en este caso disconforme por la pérdida de un docente de inglés, la amortización de “tres vacantes de Latín, Lengua y Literatura Gallega y Geografía e Historia” de cara al próximo curso.

Preguntada al respecto por Praza.gal, la Consellería de Educación confirma la orden de retirada. La justifica señalando que “los canales de comunicación oficiales de los centros están acotados a un uso estrictamente de carácter educativo e informativo” y que “la publicación del IES de Melide en su cuenta de Instagram no responde a esos parámetros”. Por eso, ratifican, “la Inspección Educativa advirtió al centro de que no estaba haciendo un buen uso de sus cuentas oficiales”.

Sostiene el departamento que dirige Román Rodríguez que no está “cuestionando las opiniones que, desde la libertad de expresión, cualquier persona puede exponer en su ámbito personal a través de canales particulares y privados”. CIG-Ensino, por su parte, anima al personal docente “de este centro y de todos los centros a continuar visibilizando los efectos que tienen los recortes de personal en la calidad del sistema educativo”.

A las 13:39 de este pasado martes, la ahora alcaldesa de Lugo por el PP, Elena Candia, firmó el decreto de organización del Gobierno municipal. Es un trámite habitual tras la toma de posesión en una alcaldía y consiste, en esencia, en el reparto de competencias entre la regidora y, en este caso, los restantes 11 miembros del grupo del PP en el Concello. Pero al minuto siguiente firmó otro documento, un inédito decreto de "delimitación de la función" de María Reigosa, la tránsfuga exsocialista que, con su firma y voto, permitió que la moción de censura del PP desbancase al Gobierno local de PSdeG y BNG.

El documento, de siete páginas, busca dar blindaje legal al anuncio realizado por los populares lucenses horas después de la censura, que Reigosa ostentará responsabilidades de "supervisión política y programática de infraestructuras". Es decir, que participará del Gobierno de la ciudad. Pero que lo hará, intentan evidenciar, sin transgredir el artículo de la Ley de Bases de Régimen Local y las sentencias judiciales derivadas de ella que impiden dar a ediles no adscritos como la concejala tránsfuga de Lugo "derechos económicos y políticos superiores a los que les corresponderían si permaneciesen en el grupo de procedencia".

Con este telón de fondo, el decreto firmado por Candia dice buscar "hacer transparente y delimitar la participación de la concejala no adscrita en materia de infraestructuras, mediante una función de supervisión política y programática orientada al seguimiento, impulso, contraste y evaluación de los compromisos y actuaciones municipales en esta materia". Intenta, indica, "evitar" que su "participación política" pueda "ser interpretada como una delegación encubierta, una dirección material del área o un incremento de derechos económicos o políticos" respecto a los que tenía en el grupo de procedencia.

En ese grupo, el PSdeG, tuvo responsabilidad de gobierno hasta que renunció a ella para, acto seguido, pasar a ser no adscrita, condición desde la que se enroló en la operación de la censura. En ese momento, como es obvio, dejó de tener participación alguna en la acción del gobierno, la cual ahora le otorga el decreto de Candia, pero en términos de "supervisión".

El texto dedica la mayor parte de su extensión a especificar lo que, sobre el papel, Reigosa no hará. Por ejemplo, afirma que su "supervisión" no tiene "naturaleza técnica, administrativa, resolutoria, directiva ni jerárquica". Tampoco implica que sea concejala delegada de un área o teniente de alcaldía, ni "integración en el equipo de gobierno", ni "retribución, dedicación, asistencia, indemnización ni asignación de medios personales propios".

Quien "podrá ser denominada Supervisora de Infraestructuras" bajo la "dirección de la alcaldía", dice, va a hacer una "actividad de seguimiento, impulso político, contraste de prioridades, evaluación programática y traslado de propuestas o incidencias". Pero sus propuestas serán "no vinculantes" y acudirá a reuniones del gobierno "cuando sea convocada expresamente" por Candia. También "podrá participar en actos públicos, reuniones vecinales o comparecencias de carácter político o programático en materia de infraestructuras" pero "bajo dirección de la alcaldía" y sin "actuar como autoridad competente", dice en un contexto en el que viene a presentar que legalmente sus funciones serán como las de cualquier concejala rasa, caso en el cual no cumpliría decreto específico alguno.

Después de enumerar en un artículo hasta 14 tareas que "no podrá" ejercer y de reforzar en otros dos que no tendrá personal municipal a su cargo y que esta decisión no incumple el citado precepto legal, Candia dicta lo que parece el armazón para que Reigosa se siente junto al grupo del PP en el salón de plenos de ahora en adelante y que deje de hacerlo, como hasta ahora, al lado de PSdeG y BNG. Así, indica que "ocupará el asiento que determine la alcaldía [...] teniendo en cuenta las características físicas del salón y procurando facilitar la emisión y recuento del voto" y agrega que esa situación "tendrá carácter meramente organizativo y protocolario, sin efectos jurídicos sobre su estatuto de concejala no adscrita" ni "pertenencia al equipo de gobierno".

En esos plenos, en cualquier caso, el voto de la concejala tránsfuga será tan indispensable para el ahora gobierno del PP como lo era para el de PSdeG y BNG. No en vano, la suma de socialistas y nacionalistas, 12 ediles, es idéntica a la de la docena de concejales y concejalas oficialmente miembros del Grupo Popular, que al inicio del mandato tuvo que quedar en la oposición por sumar los grupos de la izquierda la mayoría absoluta ahora quebrada por el transfuguismo de Reigosa. El documento está editado en el formato oficial vigente en el Concello de Lugo, esto es, siguiendo el manual de imagen corporativa aprobado en 2008, cuya eliminación el PP limita por el momento a sus perfiles en las redes sociales, donde sustituyó el logotipo oficial por el escudo municipal.

La séptima mayoría absoluta consecutiva de las formaciones de izquierdas en el Ayuntamiento de Lugo, compuesta por los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2023, acaba de quedar definitivamente alterada por la concejala tránsfuga María Reigosa. La exsocialista, edil desde finales de 2025 tras correr la lista del PSdeG por la muerte del concejal Pablo Permuy, sumó este 7 de mayo su voto a los del grupo del PP para desbancar al gobierno municipal de PSdeG y BNG presidido por Miguel Fernández y entregar la alcaldía a Elena Candia.

El pleno estuvo precedido de una nueva manifestación de la plataforma Transfuguismo no, democracia sí, que aclamó con aplausos al hasta ahora alcalde socialista, Miguel Fernández, y también a quien ahora deja de ser teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, que agradecieron juntos el apoyo desde el balcón de la casa consistorial. Mientras la movilización se desarrollaba, cargos institucionales y orgánicos del PP —desde alcaldes al delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, o la secretaria general del partido, Paula Prado— se habían acumulado en el acceso a la casa consistorial para ocupar los asientos del pleno reservados al público, cuyo acceso procuró facilitar la presidenta de la mesa de edad, la concejala del PP Flora Rubinos.

Un perceptible clima de movilización y tensión marcó el pleno en el que la exregidora de Mondoñedo obtuvo el bastón de mando —entrega de la que PSdeG y BNG se ausentaron— al que le habían impedido acceder los resultados electorales, que otorgaron al PP 12 votos en el pleno municipal, uno por debajo de la absoluta y uno menos de los 13 logrados por la suma de PSdeG (8) y BNG (5). Con el concurso imprescindible de la tránsfuga para todas las decisiones que impliquen votaciones en pleno, Candia dispondrá de doce meses en una alcaldía que los populares no ostentan gracias al sufragio vecinal desde el mandato iniciado en 1995 y rematado en 1999. La elección implica, por incompatibilidad sobrevenida, su marcha del Parlamento.

De este modo, hasta al menos la próxima cita con las urnas de mayo de 2027, María Reigosa —que renunció a su turno de intervención en el pleno— se convierte junto a Candia en coprotagonista de un gobierno del PP del que la ley y recientes sentencias le impiden ser miembro, pero que nunca existiría si no hubiese roto con la candidatura que le dio acceso al acta de concejala. Lo hizo apenas dos meses después de llegar a la corporación: primero renunciando a las competencias de Zona Rural que le asignara el alcalde —por discrepancias en cuanto a organización y por no otorgarle una dedicación exclusiva, alegó—, después dándose de baja en el PSdeG y a continuación abandonando el Grupo Municipal Socialista para quedar como no adscrita.

Gracias a ella, Candia es la cuarta alcaldesa de un mandato marcado en el Ayuntamiento lucense por fatalidades ajenas a la política. No en vano, después de que el primer relevo en la alcaldía se produjese a comienzos de 2024, cuando Lara Méndez renunció para concurrir a las elecciones gallegas como número dos de José Ramón Gómez Besteiro en la lista provincial del PSdeG, el segundo llegó apenas un año después, por el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos.

Tras esos dos primeros corrimientos de lista, y ya con Miguel Fernández en la alcaldía, la muerte del también socialista Pablo Permuy en septiembre de 2025 dio lugar al tercero, el que abrió las puertas del Ayuntamiento a Reigosa. El luto aún regresó al gobierno local en otra ocasión, hace apenas un mes, con el fallecimiento de la concejala Olga López Racamonde, titular de Cohesión Social en el gobierno ahora desbancado.

En sus últimos minutos como alcalde, Fernández empleó el turno de intervención que la ley le concede para condenar lo que considera una “traición a la ciudadanía”, un “atentado a la voluntad popular” que, augura, será “el principio del fin político de quien la promueve y de quien lo apoya”. Lugo, considera el ya exregidor, “sabrá recordar” y “juzgar” en las urnas una operación “moralmente inaceptable” para la que el PP “vio en la tragedia” de las muertes de miembros del PSdeG “una oportunidad para alcanzar el poder que la ciudadanía no le concedió en las urnas” y hacerlo mediante el transfuguismo, “una práctica que distorsiona” el veredicto de las urnas.

“Lugo no merece esto”, razona Fernández, y “Lugo no olvida”, sostiene Arroxo, quien advierte de que “aquí una persona sin palabra siempre fue un don nadie” y “no hay nada peor en una persona que traicionar su palabra o mercadear con quien lo hace”. “Aquí eso siempre tuvo un nombre: trapalleiros”, afirma el nacionalista, para quien cabe calificar la alianza de Candia y Reigosa como “pacto de las trapalleiras”, responsables de un “clima de crispación e inestabilidad que jamás se dio en esta ciudad” y de “tirar por tierra el trabajo” del gobierno local “a cambio de ambición personal”.

Candia, por su parte, defendió la moción de censura aludiendo a lo que considera diversos incumplimientos y muestras de parálisis de la ciudad para concluir que Lugo “merece un gobierno distinto”. Entre menciones al funcionariado del Ayuntamiento, al que señala como una de las prioridades, la también líder provincial del PP se reivindicó como “constitucionalista convencida” para resaltar la legalidad de la moción de censura con la edil tránsfuga y aseguró que se dispone a que Lugo, bajo su mandato, “recupere el orgullo de la ciudad”.

Ya como alcaldesa esbozó, asimismo, las que señala como prioridades del gobierno del PP. Entre ellas, avanza, “modificar el Plan de Movilidad” recientemente aprobado, “eliminar tramos de carril bici infrautilizados” u otorgar más espacio para aparcar coches privados en la ciudad. También, asegura, dotará de más fondos a entidades sociales de la ciudad, va a conseguir “desbloquear” proyectos mediante el “entendimiento con otras administraciones”, en referencia a la Xunta, y va a celebrar “un San Froilán para todos”.

Todo esto, sostiene, lo hará desde “un enorme ejercicio de no rencor” porque ella, asegura, no es “rencorosa”. Y por eso va a “tender la mano” como, dice, ya hizo “desde la oposición”, etapa en la que afirma que los populares fueron “leales en todos y cada uno de los momentos difíciles”, reivindicó entre alusiones a la reciente inauguración de una escultura en honor de la fallecida alcaldesa Paula Alvarellos, impulsada por el gobierno ahora desbancado.

Más allá de las críticas de la plataforma ciudadana contraria al transfuguismo y de la obvia oposición de socialistas y nacionalistas, la operación culminada por el grupo de Candia de la mano de Reigosa contradice también claramente las normas internas del propio PP. No en vano, los estatutos del partido aprobados en 2025 por el congreso que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como líder estatal, dejan claro que “cometen infracción muy grave quienes, perteneciendo a un Grupo Institucional del Partido, utilicen o se valgan de tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”.

El mismo artículo de los estatutos vigentes del PP detalla las sanciones para la militancia que cometa estas infracciones. Consisten en la “suspensión de afiliación por un período de tiempo entre cuatro y seis años” o “inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de este por igual período de tiempo”, posibilidades ambas “no excluyentes entre sí”. También contempla la posibilidad de la “expulsión del partido”.

Esta es, aun así, la segunda ocasión en que Candia accede a un cargo de gobierno gracias al voto de un miembro de otro grupo que rompe con su propio partido. La primera fue en 2015, cuando el entonces alcalde socialista de Becerreá, Manuel Martínez, tradujo sus enfrentamientos internos en propiciar la elección de la entonces alcaldesa de Mondoñedo como presidenta de la Diputación —votándose en la investidura a sí mismo y después, en blanco—. El puesto le duró entonces apenas medio año, lo que tardó Martínez en llegar a un acuerdo para devolver el gobierno de la institución a la izquierda.

“Ya están en marcha las 4.000 viviendas públicas comprometidas en esta legislatura y este año se entregarán las primeras en Santiago de Compostela y Pontevedra”. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se expresaba de este modo hace pocos días en una comparecencia ante la prensa para detallar las modificaciones que va a aplicar su departamento en materia de vivienda protegida: subir los límites de renta a 4 veces el IPREM para poder acceder a una de ellas y reservar el 30% de las que salgan a la venta para familias de entre 36 y 45 años con menores a cargo.

Con “en marcha” la conselleira se refiere a que la Xunta tiene en diferentes puntos de tramitación —desde trámites de contratos para trabajos previos a las obras propiamente dichas— esa cifra redonda de 4.000 pisos (en realidad son algo más de 3.900, había indicado en fechas previas). Si llegase a cumplir el objetivo, incluso atendiendo solo a la vivienda de promoción pública, la actual sería la legislatura con más vivienda protegida desde hace una década y media, esto es, desde la legislatura en que el PP retornó al Gobierno con Alberto Núñez Feijóo y le correspondió rematar o entregar los últimos proyectos heredados del Ejecutivo de PSdeG y BNG, que a su vez habían tenido que hacer lo propio con algunos de los tiempos de Manuel Fraga.

Como muestra el gráfico sobre estas líneas, que compara el total de viviendas protegidas terminadas en Galicia en cada legislatura desde que hay datos comparables (la segunda de Fraga, la salida de las elecciones de 1993), 4.000 viviendas públicas están muy por encima de las cifras residuales del total de vivienda protegida atribuible íntegramente a la era Feijóo, esto es, desde su segundo mandato (2012-16) hasta su dimisión en 2022. Pero precisamente esa parálisis, inicialmente muy ligada a la gran recesión y después con más explicaciones políticas, implica un lastre que limita el impacto del giro del Gobierno gallego en la materia debido a una demanda que está disparada.

Esto sucederá incluso teniendo en cuenta la vivienda protegida que pueda llegar en un futuro más o menos próximo por la vía de la promoción privada. Atendiendo a los datos oficiales más recientes del Ministerio de Vivienda, también procesados por el IGE, entre 2024 y 2025 comenzó en Galicia la construcción de 654 viviendas protegidas. Entre ellas están 224 de promoción pública, promovidas directamente por la Xunta: 3 en 2024 y 221 en 2025. Las restantes 430 son viviendas protegidas de promoción privada.

Incluso sumando esas cifras de viviendas de protección pública y promoción privada a las totalmente públicas proyectadas por la Xunta para toda la legislatura, un virtual total de unas 5.000 viviendas protegidas nuevas en cuatro años supondría situarse en niveles más o menos próximos al primer mandato de Feijóo —el de la herencia del bipartito—. Pero muy lejos no solo de las más de 12.000 viviendas terminadas durante el mandato del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, también de las más de 10.000 de cada legislatura de Fraga desde que hay datos comparables.

La intención del Gobierno gallego, matiza Vivienda, es seguir tapando este hueco por la vía del desarrollo de suelo residencial “para 25.000 viviendas, de las cuales 20.000 serán protegidas” —de promoción privada— en diferentes ayuntamientos de Galicia. Ese desarrollo lo está realizando a través de las figuras de los denominados proyectos de interés autonómico (PIA), que concretan una apuesta política similar a la del Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo, con Rueda como número dos, tras anunciar una reformulación que nunca llegó.

Esta semana, tras aprobar uno de estos PIA para desarrollar suelo que acoja hasta 3.609 viviendas en el barrio compostelano de Mallou, el 80% protegidas de promoción privada, la Xunta recordaba que tiene en tramitación estas figuras también en otros ayuntamientos. Son Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, Arteixo, A Coruña y Vilagarcía y, en fases previas, trabaja en los de Marín, O Porriño y Ribadeo, indica Vivenda.

Mientras se desarrollan esos suelos residenciales para vivienda protegida de promoción privada en diferentes localidades, los nuevos pisos que parecen más tangibles a corto plazo, los alrededor de 4.000 que la Xunta dice tener ya “en marcha” para esta legislatura, cubren apenas el 13% de la demanda registrada. Esto es, de las más de 30.000 solicitudes anotadas en el Registro de Demandantes de la Consellería de Vivienda, requisito imprescindible para poder optar a alguna de estas viviendas.

Admite la propia Xunta que sus sucesivos anuncios, de cuyo cumplimiento en esta legislatura recelan tanto BNG como PSdeG, están estimulando las inscripciones en un registro que este 21 de abril —las estadísticas se actualizan continuamente y no existe una base histórica donde repasar su evolución— contaba con 31.256 solicitantes.

Incluso teniendo en cuenta los requisitos de caducidad de las solicitudes —las peticiones se desactivan a los tres años si no se renuevan en los tres meses previos—, el fuerte aumento en apenas dos años es buena muestra no solo de la fuerte demanda de vivienda protegida, sino de la crisis de vivienda en general. Y también de cómo los planes del Gobierno gallego en marcha tienen un impacto limitado, precisamente, por la parálisis anterior.

Así, las actuales más de 31.000 peticiones suponen, atendiendo a los datos que pudo recuperar Praza.gal, un 55% más que hace apenas un año. Con relación a los primeros meses de la actual legislatura, iniciada en febrero de 2024, se dispararon casi un 90%.

A principios del mes de mayo, salvo sorpresa mayúscula el jueves 7 al mediodía, la ciudad de Lugo va a tener una alcaldesa del PP: Elena Candia, gracias a los 12 votos de su grupo sumados a los de la exsocialista y ahora tránsfuga María Reigosa, quien obtuvo acta de concejala a finales de 2025 por la muerte de un compañero del PSdeG. Será la primera militante del Partido Popular en 27 años que alce el bastón de mando de una ciudad que en las dos primeras décadas de restauración democrática en los ayuntamientos había sido monocultivo de las derechas bajo varias siglas.

Fue en 1995 cuando el PP obtuvo la hasta ahora última mayoría electoral que le permitió gobernar en Lugo, la absoluta lograda por Joaquín García Díez. Aquel alcalde, con buen predicamento y obras destacables, como el inicio de la gran peatonalización del centro histórico, no pudo repetir en el cartel electoral en 1999 por causa de los enfrentamientos internos del propio PP que dirigía el férreo Francisco Cacharro Pardo, cuya memoria los populares lucenses han vuelto a reivindicar recientemente tras lustros renegando de ella. Desde entonces, cuando Ramón Arias no consiguió la alcaldía, chocaron contra la muralla de la izquierda lucense con hasta media docena de candidatos.

A todos ellos los reunió Candia en vísperas de las elecciones municipales de 2023, las de su desembarco en la política de la ciudad de Lugo procedente de Mondoñedo, donde había sido alcaldesa de 2015 a 2020. La imagen, leída en algunos foros como una apuesta de la mindoniense por tejer lazos con una ciudad en la que en muchos ámbitos era recibida como ajena —por su desconexión con la urbe, no por su lugar de nacimiento—, fue interpretada en otros como un retrato de los sucesivos fracasos municipales de los conservadores. Algunos por estrechísimo margen y otros, especialmente sonoros.

La primera apuesta del PP por intentar volver a gobernar en Lugo fue de alto nivel. Aún con Manuel Fraga en la Xunta, el fundador del partido se desprendió de una de sus conselleiras estrella, Manuela López Besteiro, para lanzarla como candidata contra el socialista Xosé López Orozco, alcalde en una coalición de buena sintonía con el BNG que lideraba Branca Rodríguez Pazos.

Incluso con la Xunta de Fraga y la Diputación de Cacharro a favor —con episodios especialmente recordados como una visita y concierto de Julio Iglesias a pocos meses de los comicios—, la operación López Besteiro fracasó. El PP pasó de 12 a 9 ediles y Orozco consiguió una histórica mayoría absoluta para el PSdeG.

Cuatro años después, en 2007, el PP recuperó a quien había descartado. En el cartel de los populares volvió a aparecer Joaquín García Díez, alcalde de grato recuerdo. Pero su lugar ya había sido ocupado con amplitud por Orozco en amplias capas del electorado lucense, que observaba claras transformaciones evidentes en la ciudad. Algunas decisiones y maneras del regidor socialista le habían causado cierto desgaste del que el PP no pudo beneficiarse: perdieron la absoluta al perder un concejal que ganó el BNG.

En los siguientes comicios, los de 2011, el PP lucense estuvo más cerca de ganar la alcaldía. Volvieron a estrenar candidato, Jaime Castiñeira, y en un contexto de crisis económica y de abierto y profundo deterioro del Gobierno de España que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, se quedaron a apenas medio millar de votos del concejal número 13, el que da acceso a la absoluta. Una absoluta que, aun así, volvieron a sumar las fuerzas de la izquierda: 11 socialistas y 2 nacionalistas.

Aquel mandato iniciado en 2011 fue especialmente turbulento en Lugo. Por el desgaste general de la gran recesión y, sobre todo, por el estallido de la operación Pokémon que, combinado con el caso Campeón, trajo consigo un fortísimo impacto en el PSdeG local. Sobre todo, por las imputaciones judiciales que pesaron sobre Orozco —que no quedarían archivadas hasta 2021— y que le implicaron un importante lastre en la siguiente cita con las urnas, la de 2015. Pero el PP tampoco sacó provecho: repitió con Castiñeira, perdió tantos ediles como el PSdeG y además le surgió competencia por la derecha con Ciudadanos.

Las citadas imputaciones fueron la causa esgrimida por las demás fuerzas de la izquierda municipal, que habían pasado de una a tres por la irrupción de Lugonovo y ACE, para exigir la marcha de Orozco a cambio de un apoyo en la investidura a un PSdeG debilitado, con 8 ediles. Los socialistas accedieron dando paso a Lara Méndez, primera alcaldesa de la historia del ayuntamiento que, tras un mandato en minoría, repetiría resultado y sumaría coalición con mayoría absoluta junto al BNG en 2019, cuando el PP lo intentó con Ramón Carballo, actualmente presidente local del partido.

Fue así como llegó la cita de 2023, la del debut de Elena Candia en la ciudad de la Muralla. En un proceso inverso al de 2015, los populares consiguieron absorber prácticamente todo el voto de la derecha local, propiciaron la desaparición de Ciudadanos e incluso crecieron un poco más. Como Castiñeira en 2011, Candia se quedó a unos pocos votos de una absoluta que retuvieron PSdeG y BNG, la misma que van a perder en pocos días al pasar a la cuenta del PP uno de los escaños del pleno que los votos de la vecindad colocaron en el PSdeG.

Esa mayoría absoluta de socialistas y nacionalistas invistió alcaldesa por tercera vez a Lara Méndez y, pocos meses después, a Paula Alvarellos tras la renuncia de la primera regidora para concurrir a las elecciones gallegas. Alvarellos falleció un año después y el nuevo alcalde fue Miguel Fernández, bajo cuyo mandato murió otro miembro del grupo del PSdeG, Pablo Permuy, dando lugar al corrimiento de lista por el que la ahora tránsfuga María Reigosa accedió a la corporación.