Este martes, 16 de junio, a las nueve y cuarto de la mañana, la Consellería de la Presidencia ha celebrado la segunda sesión de la mesa encargada del contrato para comprar 250 chalecos "antibalas, anticuchillo y antipunzón" para la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta, la conocida como policía autonómica. Se trata de la reunión en la que los seis miembros de la mesa han comenzado a analizar las ofertas de las empresas que optan al contrato. Una de ellas es Guardian Homeland Security, el "representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar", en palabras de la propia compañía.

Apenas un año después de tener que dejar desierto el concurso por ausencia de ofertas, el departamento que dirige Diego Calvo reinició el procedimiento a mediados del pasado mayo por un importe prácticamente idéntico (227.498,15 euros, IVA incluido) y esta vez recibió tres candidaturas. Lo constató el pasado día 4, cuando abrió el apartado de documentación general de las ofertas, concedió tres días a una de ellas (la catalana Usis Guirao) para completar un formulario incompleto y admitió las otras dos sin necesidad de subsanaciones por cumplir todos los requisitos formales: Dotación y Equipamiento, S.L. y la citada Guardian Homeland Security.

En su portfolio empresarial, Guardian se promociona como "proveedor principal de productos de seguridad y defensa de fabricación israelí". En sus presentaciones públicas subraya que fue "fundada por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel", cuyo Ministerio de Defensa le concedió licencia de exportación hace dos décadas. Está inscrita en el Ministerio de Defensa desde 2010, en la OTAN desde 2011 y habilitada por el Ministerio del Interior desde 2018. El presidente de su matriz, Guardian LTD Israel, es el teniente general retirado de las fuerzas armadas israelíes Yom Tov Samia, según consta en el catálogo 26-27.

Especializada en "productos militares y policiales", pero también en la "impartición de cursos de seguridad en Israel y en España" y en formación y servicios en materia de "seguridad e inteligencia", Guardian no oculta su alineamiento político con las acciones militares de las actuales autoridades israelíes en el asedio a Gaza, incluso difundiendo propaganda al respecto a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, sus vínculos con el Ejército israelí son también obvios por ser representante de IMI Systems, antigua empresa pública israelí comprada en 2018 por la privada Elbit, cuyos productos son "intensamente usados por el ejército y unidades militares israelíes", promocionan.

Más allá de las connotaciones políticas o incluso éticas de las relaciones comerciales con esta compañía en el actual contexto internacional, en el caso de que Guardian resultase ganadora del concurso abierto por la Xunta, el contrato rozaría el terreno acotado desde finales de 2025 por el Gobierno de España en el Real Decreto "de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina". Como informó Civio, uno de los preceptos de esa norma prohíbe importar de Israel material de defensa que incluye chalecos y, según Guardian, sus "productos de protección balística" son "made in Israel". Cabrían matices, como aclarar si los materiales suministrados están almacenados en territorio español antes de la entrada en vigor de la norma.

La propia Guardian Homeland Security subraya también en sus materiales promocionales, además de esa fabricación israelí, que "en los últimos años" ha suministrado "miles de chalecos antibalas a la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército Español y policías locales y autonómicas", lo que la llevó a mantener "una línea exclusiva y adaptada a las necesidades del mercado español" de la marca Rabintex, cuyo uso por el ejército de Israel también explicita. Entre esas adjudicaciones hay al menos tres ayuntamientos gallegos: A Coruña (2021), Vigo (al menos, 2019 y 2023) y Ourense (2025).

Los chalecos de la Policía Local de Vigo son, precisamente, unos de los que la empresa emplea como muestra en su sitio web. En él también presenta media docena de empresas en Galicia (en A Coruña, Bergondo, Pontevedra, Redondela y Caldas de Reis) como parte de su amplia red de distribuidores.

Esos contratos municipales, que recibieron críticas de entidades defensoras del pueblo palestino, fueron anteriores al citado veto estatal. La medida fue aprobada por el Gobierno del PSOE y Sumar tras una amplia controversia pública por una millonaria contratación a IMI Systems para el suministro de munición al Ministerio del Interior, finalmente anulada.

Como recogió el Centre Delàs de Estudios por la Paz en un informe de 2019 recuperado en 2025 por El Periódico de Catalunya, durante años Guardian presentó como aval para sus productos contar entre su clientela con varios ministerios del Gobierno de España, la Agencia Tributaria, el Ejército o la Casa Real. También destacaba entonces a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías catalana, vasca y navarra, así como la Embajada de Israel en España.

En el año 2015 el programa de compra de deuda pública aprobado por el Banco Central Europeo se convirtió en un hito para empezar a dejar atrás los años de la gran recesión. Aquel colapso económico general, en el caso español, tuvo entre sus múltiples vertientes el estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria y la consiguiente crisis de vivienda, con las cifras de desahucios disparadas en un fenómeno más profundo que llega hasta nuestros días.

En la Galicia de hace una década estos acontecimientos llegaron marcados por la quiebra y rescate de las antiguas grandes cajas de ahorro. Y, en lo político, por la emergencia de las mareas municipales, formaciones que contribuyeron a situar en el primer plano del debate público la cuestión de la vivienda vinculada, precisamente, al papel de la banca.

Con este telón de fondo y entre temores del PP a la erosión electoral, la Xunta entonces dirigida por Alberto Núñez Feijóo anunció un giro social. Incluyó, entre otras, promesas de ayudas para paliar los efectos de los desalojos o un mayor control sobre las viviendas que seguían vacías y en manos de los bancos mientras capas de la población buscaban techo. Fue en este punto cuando lanzó un censo de viviendas vacías llamado a "conocer la situación real de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras". Una década después, ese censo sigue existiendo —cuando menos, sobre el papel—, pero el Gobierno gallego se resiste a divulgar sus datos incluso al Parlamento.

El censo de viviendas vacías fue regulado por un decreto que continúa en vigor. Reconocía una "acumulación de viviendas en manos de las entidades de crédito" sobre la que convenía "disponer de una información fiable" referida a los ayuntamientos de "más de 10.000 habitantes". Es decir, en las principales ciudades y villas, un total de 56 ayuntamientos según los datos del padrón a 1 de enero de 2025.

Se trataba de saber cuántos de esos pisos estaban "en situación de ser habitadas" para "de ser el caso, incentivar la incorporación al mercado inmobiliario" en los ayuntamientos con mayor demanda de vivienda. Más aún en unos años en los que las nuevas promociones de vivienda protegida en general y pública en particular habían menguado hasta casi desaparecer.

En virtud de esa norma, pasó a ser obligatorio inscribir en el censo "todas las viviendas vacías que formen parte de edificios de tipología residencial colectiva o de complejos inmobiliarios situados en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes" —según las cifras oficiales de cada año— "siempre que sean propiedad de entidades de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, con independencia de dónde esté el domicilio social de sus titulares". El resto de viviendas vacías pueden inscribirse en el censo si las personas propietarias lo desean, pero no es obligatorio.

La Xunta responde al PSdeG que el decreto que regula el censo "no establece la publicación" de los datos "por ningún medio" para evitar aportarlos al Parlamento

Transcurridos ya diez años desde la aprobación del censo, el pasado abril el PSdeG dirigió una pregunta escrita al Gobierno gallego a través del Parlamento resaltando que "no existe una publicación transparente, sistemática y accesible de los datos que se obtienen a través de este censo ni se conoce su distribución territorial". "Esta falta de información pública impide evaluar la eficacia de las políticas desarrolladas", consideran los socialistas, que preguntan a la Xunta si "tiene previsto remitir al Parlamento un informe anual completo sobre los resultados del censo de viviendas vacías y las medidas adoptadas para su movilización".

La Consellería de Vivenda respondió a la pregunta en los primeros días de junio ratificando que no tiene intención de revelar los datos. Lo justifica señalando que el decreto que creó el censo indica que su finalidad es "proporcionar al órgano competente en materia de vivienda", es decir, en este momento a la propia Consellería y a los entes que dependen de ella, "información adecuada sobre el estado de ocupación del parque residencial gallego" para "facilitar la planificación de las políticas públicas de vivienda".

"No se establece en ningún artículo la publicación del censo por ningún medio ni la elaboración de un informe anual con los datos recogidos", agrega el Gobierno para cerrar la puerta a divulgar los datos. Que el decreto no obligue a esa publicación no implica que esté prohibida; la divulgación de los datos depende únicamente de la voluntad política de la Xunta. Si fuese favorable, permitiría saber cuántos pisos vacíos están todavía en manos de la banca en las principales ciudades y, al tiempo, conocer el impacto de medidas como la compra de viviendas al banco malo o su traspaso a la nueva sociedad estatal Casa 47, entre otras.

Los datos más recientes sobre viviendas vacías proceden del censo del INE en 2021. Se basan en el consumo eléctrico y ofrecen una panorámica general, pero sin detalles sobre el estado de los pisos o su disponibilidad

Dada la negativa de la Xunta a divulgar los datos reales de los que dispone, las únicas cifras oficiales sobre el número de viviendas vacías en el país siguen siendo las derivadas del Censo actualizado por el INE en 2021. Entonces, a través del análisis de datos del consumo eléctrico, la oficina estadística estatal concluyó que en Galicia el número de viviendas vacías rondaba el medio millón. Una parte de ellas, previsiblemente pequeña —dadas las características generales del parque inmobiliario, como su antigüedad—, correspondería a las controladas por las entidades financieras.

Algo más de 231.000 de esas viviendas vacías se situaban en ayuntamientos que en la actualidad —según el padrón municipal de 2025— superan los diez mil habitantes y están afectados, por tanto, por el censo de viviendas vacías de la Xunta. No obstante, los datos del INE tienen múltiples limitaciones, desde el estado de las viviendas hasta su disponibilidad o titularidad. Obstáculos que, precisamente, estaban llamados a superarse con instrumentos como el censo de la Xunta.

El proyecto de Altri para instalar una fábrica en Palas de Rei se resiste a morir mientras permanecen ocultas algunas de las gestiones que facilitaron la llegada de la empresa a Galicia. La compañía acaba de alegar contra el archivo de su proyecto por parte de la Xunta al no facilitarle el Estado una conexión eléctrica y, al tiempo, el Gobierno gallego insiste en mantener oculto su acuerdo con la empresa e incluso considera “abusivo” preguntarle por él al presidente Rueda.

Hace unos meses, tras una petición formal de transparencia de Praza.gal, la Consellería de Economía argumentó que “desconoce” el pacto secreto firmado en octubre de 2021 para la llegada de Altri a Galicia porque no lo firmó la Xunta sino una empresa impulsada por ella. Tras esa respuesta, y preguntado directamente por ese pacto, el presidente Rueda admitió en febrero que él sí conoce ese acuerdo, por lo que este diario formuló una nueva petición de transparencia dirigida expresamente a la Presidencia de la Xunta. Sin embargo, el Gobierno gallego derivó esa solicitud nuevamente a Economía, que ahora acaba de denegarla obviando la petición dirigida a Presidencia y argumentando que, tras las solicitudes previas, considera que esta última tiene “un carácter abusivo”.

La Xunta viene amparándose para denegar el acceso al pacto secreto con Altri en que no fue firmado por la Administración sino por una empresa creada y controlada por ella, Impulsa Galicia, pero en la que el capital público no era mayoritario sino solo del 48,02%. Eso la dejaría al margen de la Ley de Transparencia, y para incidir en ese argumento la Xunta llegó a responder oficialmente que “desconoce” el pacto y que el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmó el acuerdo como parte de un “negocio jurídico privado” y no como conselleiro.

Praza.gal viene defendiendo otra interpretación de la Ley de Transparencia: que, al margen de quién firmase el acuerdo, este obra en poder de la Xunta en el ejercicio de sus funciones de Administración pública, tanto por su firma por parte del conselleiro Conde como por el control de su participación en sociedades como Impulsa Galicia.

También habría sido en el ejercicio de sus funciones como presidente, y no como ciudadano particular, como Rueda conoció el pacto, según él mismo declaró a través de “representantes de la Xunta”. Por eso, dado que la Ley de Transparencia “entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder” de las Administraciones, este diario reclamó a la Presidencia de la Xunta ese acuerdo después de que el propio Rueda declarase que él sí lo conocía y por “representantes de la Xunta”, esto es, en el ejercicio de su función como presidente.

Pero Presidencia de la Xunta remitió la petición a ella dirigida nuevamente a la Consellería de Economía y esta, en su nueva respuesta, reitera textualmente los argumentos de anteriores denegaciones y añade ahora que la ley le permite inadmitir “las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo”. “La reiteración de una solicitud sobre la misma materia constituye motivo suficiente para su inadmisión”, añade Economía, sin tener en cuenta que la anterior petición fue realizada a Economía, que respondió que desconocía el pacto, y la ahora rechazada iba dirigida a la Presidencia de la Xunta después de admitir Rueda que él sí lo conoce.

Ante esta nueva negativa, el largo proceso desarrollado por Praza.gal para conocer el acuerdo con Altri vuelve ahora a estar en manos de la Comisión de la Transparencia de Galicia, que en un análisis anterior sobre otro paso previo del caso registró el mayor cisma interno en sus 10 años de historia al discrepar los representantes de los consellos de Contas y Consultivo sobre cómo la Xunta argumentaba que no conoce el pacto.

Hace, como mínimo, unas dos décadas que el Gobierno gallego se mostró por primera vez favorable a reclamar al Estado el traspaso de las competencias sobre la autopista AP-9. Fue a finales de 2005, cuando, apenas tres meses después de llegar al cargo, el presidente Emilio Pérez Touriño expresó el “deseo” de lograr esa transferencia tras analizar un informe con las prioridades del nuevo Gobierno de PSdeG y BNG en materia de autogobierno.

21 años después de aquel desiderátum, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar el dictamen de una ley orgánica para conceder a la Xunta la “titularidad y competencias” de la autopista del Atlántico. Lo hizo con los votos a favor de los grupos que la redactaron, PSOE, BNG y Sumar, y también con el “sí” de todos los demás salvo dos, PP y Vox. Tan cierto es que este paso es un indudable avance como que a la ley, que nunca había llegado tan lejos, aún le resta un amplio camino por recorrer. Y, sobre todo, que llega tras innumerables bloqueos y obstáculos, atribuibles a más de una fuerza política, en un proceso que formalmente se lanzó tres veces y políticamente, muchas más.

En aquella legislatura con socialistas y nacionalistas en el Ejecutivo gallego, quien entonces era nuevo líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ser partidario de la transferencia e incluso la incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones de 2009. Encontró reticencias en el Gobierno de España, el del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que en 2010 anunció el inicio de negociaciones al respecto, sin mayor resultado.

En 2012, el PPdeG de Feijóo logra su segunda mayoría absoluta consecutiva y lo hace con un programa electoral en el que apuesta por una “reformulación” de la gestión de la AP-9 sin prometer abiertamente el traspaso. A lo largo de la legislatura gallega, no obstante, los populares gallegos darán apoyo político a una reclamación que el Gobierno de España, ya en manos del PP de Mariano Rajoy, rechaza por considerarla ilegal, en palabras de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

Fue en este punto cuando llegó el primer intento de lograr el traspaso por la vía que ahora avanza: la de una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia para su debate en el Congreso. Sucedió en octubre de 2015, cuando, en un giro que causó sorpresa en el legislativo gallego, el PP decidió votar “sí” a la proposición de ley formulada por el BNG. Pero al llegar al Congreso, la petición unánime gallega se topó dos veces con el veto del Gobierno de España aún en manos del PP.

En octubre de 2016, aun estando en funciones tras no lograr mayoría para una segunda investidura, el gabinete de Rajoy hizo uso de la prerrogativa gubernamental de frenar leyes en el Congreso para, con una interpretación forzada del artículo 134.6 de la Constitución, impedir que la propuesta gallega llegase siquiera a debatirse. En mayo de 2017 el Parlamento volvió a pedir el traspaso por unanimidad y en junio del mismo año el Gobierno de Rajoy volvió a vetarlo con un informe jurídico más elaborado, pero con el mismo resultado. Por el camino, también habían frenado una iniciativa de En Marea en el Congreso en el mismo sentido.

Estos tres bloqueos formales, basados en cálculos económicos erróneos o falsos, finalizaron en 2018. Poco después de la moción de censura que desalojó a Rajoy, el Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez cumplió la promesa de levantar el veto a la primera de las peticiones gallegas, la de 2015, y en el propio 2018 una amplia mayoría absoluta permitió el inicio de una tramitación que quedó interrumpida por el adelanto de las elecciones generales a abril de 2019.

Tras el paso por las urnas, el Parlamento reiteró la petición unánime y, en 2021, el Congreso aprobó de nuevo el inicio del trámite. Y fue aquí donde llegaron los bloqueos de otro signo. La Mesa del Congreso, donde los socios del gobierno PSOE-Unidas Podemos tenían mayoría junto con otras fuerzas, aprobaron sucesivas ampliaciones de los plazos para presentar enmiendas para dilatar un proceso que acabó caducando por otro adelanto, el de las generales de 2023, después de que las adiciones del Grupo Socialista al texto original desnaturalizasen en gran medida su contenido.

Fue así como se llegó a la ley que ahora, por fin, avanza. En junio de 2024 el Congreso inició por tercera vez el trámite con el único “no” de Vox, pero acto seguido volvió la demora por la vía de las prórrogas de los plazos para enmendar, aprobada sistemáticamente por la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría gubernamental. Cuando finalizó esa dilación, el PSOE volvió a presentar enmiendas para acotar el traspaso a que la Xunta pudiese proponer mejoras en la gestión de la autopista. Ese escenario de traspaso recortado quedó superado esta semana: el pacto de los socialistas con el Bloque y Sumar da el visto bueno esencial a la transferencia y deja las condiciones concretas para un momento posterior, el de la concreción del traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

En el primer test en forma de votación deja dos posibles lecturas. Una, la posibilidad de una mayoría absoluta en el pleno del Congreso —imprescindible en una ley orgánica— pese al “no” de Vox y también de un PP que dice oponerse porque el texto deja fuera parte de lo incluido en la ley aprobada en Galicia. Tanto el BNG como el PSdeG exigen al PPdeG explicaciones por su “no”. Otra, que este avance no sea más que el pórtico de un cuarto bloqueo.

Cualquiera de las dos lecturas va acompañada de una inevitable derivada: el modo en que el gobierno que finalmente acabe siendo responsable cotidiano de la AP-9, el español o el gallego, aborde la gran cuestión relativa a esta infraestructura. Se trata del futuro de su explotación mediante concesión privada a Audasa, prorrogada sin concurso hasta 2048 por el Gobierno de Aznar en lo que la Comisión Europea considera una ilegalidad en un procedimiento que sigue abierto mientras continúan subiendo las tarifas de unos peajes que, en los últimos años y a partir de acuerdos PSOE-BNG, el Gobierno de España viene paliando con planes de descuentos para los que comprometió más de 2.000 millones de euros.

Profesorado del IES de Melide sintetizó en un decálogo lo que, a su juicio, es el “impacto de los recortes que viene padeciendo el instituto” por parte de la Consellería de Educación. Lo difundió físicamente, mediante su impresión en las paredes del centro, pero también en la cuenta del IES en Instagram, de donde la Consellería de Educación ordenó borrarlo a través de la inspección educativa.

Para la CIG-Ensino, sindicato mayoritario entre el profesorado de la enseñanza pública, esta orden de eliminación del mensaje ratifica que la Consellería “sigue acosando y persiguiendo al profesorado gallego en lugar de poner los medios y recursos necesarios para el correcto funcionamiento de los centros”. La central sindical se declara, asimismo, “sorprendida” por la retirada digital “de un material que está, en su formato físico”, visible en el propio instituto.

“La libertad de expresión es algo que especialmente le molesta” a la Consellería, consideran, en un contexto en el que creen que “conviene recordar” que “mantiene en el cargo tanto al subdirector general de la Inspección Educativa como al delegado territorial de A Coruña”, ambos “cuestionados por sus posicionamientos ultras”. De lo que se trata, consideran, es de “intentar callar al profesorado”, en este caso disconforme por la pérdida de un docente de inglés, la amortización de “tres vacantes de Latín, Lengua y Literatura Gallega y Geografía e Historia” de cara al próximo curso.

Preguntada al respecto por Praza.gal, la Consellería de Educación confirma la orden de retirada. La justifica señalando que “los canales de comunicación oficiales de los centros están acotados a un uso estrictamente de carácter educativo e informativo” y que “la publicación del IES de Melide en su cuenta de Instagram no responde a esos parámetros”. Por eso, ratifican, “la Inspección Educativa advirtió al centro de que no estaba haciendo un buen uso de sus cuentas oficiales”.

Sostiene el departamento que dirige Román Rodríguez que no está “cuestionando las opiniones que, desde la libertad de expresión, cualquier persona puede exponer en su ámbito personal a través de canales particulares y privados”. CIG-Ensino, por su parte, anima al personal docente “de este centro y de todos los centros a continuar visibilizando los efectos que tienen los recortes de personal en la calidad del sistema educativo”.

A las 13:39 de este pasado martes, la ahora alcaldesa de Lugo por el PP, Elena Candia, firmó el decreto de organización del Gobierno municipal. Es un trámite habitual tras la toma de posesión en una alcaldía y consiste, en esencia, en el reparto de competencias entre la regidora y, en este caso, los restantes 11 miembros del grupo del PP en el Concello. Pero al minuto siguiente firmó otro documento, un inédito decreto de "delimitación de la función" de María Reigosa, la tránsfuga exsocialista que, con su firma y voto, permitió que la moción de censura del PP desbancase al Gobierno local de PSdeG y BNG.

El documento, de siete páginas, busca dar blindaje legal al anuncio realizado por los populares lucenses horas después de la censura, que Reigosa ostentará responsabilidades de "supervisión política y programática de infraestructuras". Es decir, que participará del Gobierno de la ciudad. Pero que lo hará, intentan evidenciar, sin transgredir el artículo de la Ley de Bases de Régimen Local y las sentencias judiciales derivadas de ella que impiden dar a ediles no adscritos como la concejala tránsfuga de Lugo "derechos económicos y políticos superiores a los que les corresponderían si permaneciesen en el grupo de procedencia".

Con este telón de fondo, el decreto firmado por Candia dice buscar "hacer transparente y delimitar la participación de la concejala no adscrita en materia de infraestructuras, mediante una función de supervisión política y programática orientada al seguimiento, impulso, contraste y evaluación de los compromisos y actuaciones municipales en esta materia". Intenta, indica, "evitar" que su "participación política" pueda "ser interpretada como una delegación encubierta, una dirección material del área o un incremento de derechos económicos o políticos" respecto a los que tenía en el grupo de procedencia.

En ese grupo, el PSdeG, tuvo responsabilidad de gobierno hasta que renunció a ella para, acto seguido, pasar a ser no adscrita, condición desde la que se enroló en la operación de la censura. En ese momento, como es obvio, dejó de tener participación alguna en la acción del gobierno, la cual ahora le otorga el decreto de Candia, pero en términos de "supervisión".

El texto dedica la mayor parte de su extensión a especificar lo que, sobre el papel, Reigosa no hará. Por ejemplo, afirma que su "supervisión" no tiene "naturaleza técnica, administrativa, resolutoria, directiva ni jerárquica". Tampoco implica que sea concejala delegada de un área o teniente de alcaldía, ni "integración en el equipo de gobierno", ni "retribución, dedicación, asistencia, indemnización ni asignación de medios personales propios".

Quien "podrá ser denominada Supervisora de Infraestructuras" bajo la "dirección de la alcaldía", dice, va a hacer una "actividad de seguimiento, impulso político, contraste de prioridades, evaluación programática y traslado de propuestas o incidencias". Pero sus propuestas serán "no vinculantes" y acudirá a reuniones del gobierno "cuando sea convocada expresamente" por Candia. También "podrá participar en actos públicos, reuniones vecinales o comparecencias de carácter político o programático en materia de infraestructuras" pero "bajo dirección de la alcaldía" y sin "actuar como autoridad competente", dice en un contexto en el que viene a presentar que legalmente sus funciones serán como las de cualquier concejala rasa, caso en el cual no cumpliría decreto específico alguno.

Después de enumerar en un artículo hasta 14 tareas que "no podrá" ejercer y de reforzar en otros dos que no tendrá personal municipal a su cargo y que esta decisión no incumple el citado precepto legal, Candia dicta lo que parece el armazón para que Reigosa se siente junto al grupo del PP en el salón de plenos de ahora en adelante y que deje de hacerlo, como hasta ahora, al lado de PSdeG y BNG. Así, indica que "ocupará el asiento que determine la alcaldía [...] teniendo en cuenta las características físicas del salón y procurando facilitar la emisión y recuento del voto" y agrega que esa situación "tendrá carácter meramente organizativo y protocolario, sin efectos jurídicos sobre su estatuto de concejala no adscrita" ni "pertenencia al equipo de gobierno".

En esos plenos, en cualquier caso, el voto de la concejala tránsfuga será tan indispensable para el ahora gobierno del PP como lo era para el de PSdeG y BNG. No en vano, la suma de socialistas y nacionalistas, 12 ediles, es idéntica a la de la docena de concejales y concejalas oficialmente miembros del Grupo Popular, que al inicio del mandato tuvo que quedar en la oposición por sumar los grupos de la izquierda la mayoría absoluta ahora quebrada por el transfuguismo de Reigosa. El documento está editado en el formato oficial vigente en el Concello de Lugo, esto es, siguiendo el manual de imagen corporativa aprobado en 2008, cuya eliminación el PP limita por el momento a sus perfiles en las redes sociales, donde sustituyó el logotipo oficial por el escudo municipal.

La séptima mayoría absoluta consecutiva de las formaciones de izquierdas en el Ayuntamiento de Lugo, compuesta por los resultados de las elecciones municipales de mayo de 2023, acaba de quedar definitivamente alterada por la concejala tránsfuga María Reigosa. La exsocialista, edil desde finales de 2025 tras correr la lista del PSdeG por la muerte del concejal Pablo Permuy, sumó este 7 de mayo su voto a los del grupo del PP para desbancar al gobierno municipal de PSdeG y BNG presidido por Miguel Fernández y entregar la alcaldía a Elena Candia.

El pleno estuvo precedido de una nueva manifestación de la plataforma Transfuguismo no, democracia sí, que aclamó con aplausos al hasta ahora alcalde socialista, Miguel Fernández, y también a quien ahora deja de ser teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, que agradecieron juntos el apoyo desde el balcón de la casa consistorial. Mientras la movilización se desarrollaba, cargos institucionales y orgánicos del PP —desde alcaldes al delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, o la secretaria general del partido, Paula Prado— se habían acumulado en el acceso a la casa consistorial para ocupar los asientos del pleno reservados al público, cuyo acceso procuró facilitar la presidenta de la mesa de edad, la concejala del PP Flora Rubinos.

Un perceptible clima de movilización y tensión marcó el pleno en el que la exregidora de Mondoñedo obtuvo el bastón de mando —entrega de la que PSdeG y BNG se ausentaron— al que le habían impedido acceder los resultados electorales, que otorgaron al PP 12 votos en el pleno municipal, uno por debajo de la absoluta y uno menos de los 13 logrados por la suma de PSdeG (8) y BNG (5). Con el concurso imprescindible de la tránsfuga para todas las decisiones que impliquen votaciones en pleno, Candia dispondrá de doce meses en una alcaldía que los populares no ostentan gracias al sufragio vecinal desde el mandato iniciado en 1995 y rematado en 1999. La elección implica, por incompatibilidad sobrevenida, su marcha del Parlamento.

De este modo, hasta al menos la próxima cita con las urnas de mayo de 2027, María Reigosa —que renunció a su turno de intervención en el pleno— se convierte junto a Candia en coprotagonista de un gobierno del PP del que la ley y recientes sentencias le impiden ser miembro, pero que nunca existiría si no hubiese roto con la candidatura que le dio acceso al acta de concejala. Lo hizo apenas dos meses después de llegar a la corporación: primero renunciando a las competencias de Zona Rural que le asignara el alcalde —por discrepancias en cuanto a organización y por no otorgarle una dedicación exclusiva, alegó—, después dándose de baja en el PSdeG y a continuación abandonando el Grupo Municipal Socialista para quedar como no adscrita.

Gracias a ella, Candia es la cuarta alcaldesa de un mandato marcado en el Ayuntamiento lucense por fatalidades ajenas a la política. No en vano, después de que el primer relevo en la alcaldía se produjese a comienzos de 2024, cuando Lara Méndez renunció para concurrir a las elecciones gallegas como número dos de José Ramón Gómez Besteiro en la lista provincial del PSdeG, el segundo llegó apenas un año después, por el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos.

Tras esos dos primeros corrimientos de lista, y ya con Miguel Fernández en la alcaldía, la muerte del también socialista Pablo Permuy en septiembre de 2025 dio lugar al tercero, el que abrió las puertas del Ayuntamiento a Reigosa. El luto aún regresó al gobierno local en otra ocasión, hace apenas un mes, con el fallecimiento de la concejala Olga López Racamonde, titular de Cohesión Social en el gobierno ahora desbancado.

En sus últimos minutos como alcalde, Fernández empleó el turno de intervención que la ley le concede para condenar lo que considera una “traición a la ciudadanía”, un “atentado a la voluntad popular” que, augura, será “el principio del fin político de quien la promueve y de quien lo apoya”. Lugo, considera el ya exregidor, “sabrá recordar” y “juzgar” en las urnas una operación “moralmente inaceptable” para la que el PP “vio en la tragedia” de las muertes de miembros del PSdeG “una oportunidad para alcanzar el poder que la ciudadanía no le concedió en las urnas” y hacerlo mediante el transfuguismo, “una práctica que distorsiona” el veredicto de las urnas.

“Lugo no merece esto”, razona Fernández, y “Lugo no olvida”, sostiene Arroxo, quien advierte de que “aquí una persona sin palabra siempre fue un don nadie” y “no hay nada peor en una persona que traicionar su palabra o mercadear con quien lo hace”. “Aquí eso siempre tuvo un nombre: trapalleiros”, afirma el nacionalista, para quien cabe calificar la alianza de Candia y Reigosa como “pacto de las trapalleiras”, responsables de un “clima de crispación e inestabilidad que jamás se dio en esta ciudad” y de “tirar por tierra el trabajo” del gobierno local “a cambio de ambición personal”.

Candia, por su parte, defendió la moción de censura aludiendo a lo que considera diversos incumplimientos y muestras de parálisis de la ciudad para concluir que Lugo “merece un gobierno distinto”. Entre menciones al funcionariado del Ayuntamiento, al que señala como una de las prioridades, la también líder provincial del PP se reivindicó como “constitucionalista convencida” para resaltar la legalidad de la moción de censura con la edil tránsfuga y aseguró que se dispone a que Lugo, bajo su mandato, “recupere el orgullo de la ciudad”.

Ya como alcaldesa esbozó, asimismo, las que señala como prioridades del gobierno del PP. Entre ellas, avanza, “modificar el Plan de Movilidad” recientemente aprobado, “eliminar tramos de carril bici infrautilizados” u otorgar más espacio para aparcar coches privados en la ciudad. También, asegura, dotará de más fondos a entidades sociales de la ciudad, va a conseguir “desbloquear” proyectos mediante el “entendimiento con otras administraciones”, en referencia a la Xunta, y va a celebrar “un San Froilán para todos”.

Todo esto, sostiene, lo hará desde “un enorme ejercicio de no rencor” porque ella, asegura, no es “rencorosa”. Y por eso va a “tender la mano” como, dice, ya hizo “desde la oposición”, etapa en la que afirma que los populares fueron “leales en todos y cada uno de los momentos difíciles”, reivindicó entre alusiones a la reciente inauguración de una escultura en honor de la fallecida alcaldesa Paula Alvarellos, impulsada por el gobierno ahora desbancado.

Más allá de las críticas de la plataforma ciudadana contraria al transfuguismo y de la obvia oposición de socialistas y nacionalistas, la operación culminada por el grupo de Candia de la mano de Reigosa contradice también claramente las normas internas del propio PP. No en vano, los estatutos del partido aprobados en 2025 por el congreso que reeligió a Alberto Núñez Feijóo como líder estatal, dejan claro que “cometen infracción muy grave quienes, perteneciendo a un Grupo Institucional del Partido, utilicen o se valgan de tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”.

El mismo artículo de los estatutos vigentes del PP detalla las sanciones para la militancia que cometa estas infracciones. Consisten en la “suspensión de afiliación por un período de tiempo entre cuatro y seis años” o “inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de este por igual período de tiempo”, posibilidades ambas “no excluyentes entre sí”. También contempla la posibilidad de la “expulsión del partido”.

Esta es, aun así, la segunda ocasión en que Candia accede a un cargo de gobierno gracias al voto de un miembro de otro grupo que rompe con su propio partido. La primera fue en 2015, cuando el entonces alcalde socialista de Becerreá, Manuel Martínez, tradujo sus enfrentamientos internos en propiciar la elección de la entonces alcaldesa de Mondoñedo como presidenta de la Diputación —votándose en la investidura a sí mismo y después, en blanco—. El puesto le duró entonces apenas medio año, lo que tardó Martínez en llegar a un acuerdo para devolver el gobierno de la institución a la izquierda.

“Ya están en marcha las 4.000 viviendas públicas comprometidas en esta legislatura y este año se entregarán las primeras en Santiago de Compostela y Pontevedra”. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se expresaba de este modo hace pocos días en una comparecencia ante la prensa para detallar las modificaciones que va a aplicar su departamento en materia de vivienda protegida: subir los límites de renta a 4 veces el IPREM para poder acceder a una de ellas y reservar el 30% de las que salgan a la venta para familias de entre 36 y 45 años con menores a cargo.

Con “en marcha” la conselleira se refiere a que la Xunta tiene en diferentes puntos de tramitación —desde trámites de contratos para trabajos previos a las obras propiamente dichas— esa cifra redonda de 4.000 pisos (en realidad son algo más de 3.900, había indicado en fechas previas). Si llegase a cumplir el objetivo, incluso atendiendo solo a la vivienda de promoción pública, la actual sería la legislatura con más vivienda protegida desde hace una década y media, esto es, desde la legislatura en que el PP retornó al Gobierno con Alberto Núñez Feijóo y le correspondió rematar o entregar los últimos proyectos heredados del Ejecutivo de PSdeG y BNG, que a su vez habían tenido que hacer lo propio con algunos de los tiempos de Manuel Fraga.

Como muestra el gráfico sobre estas líneas, que compara el total de viviendas protegidas terminadas en Galicia en cada legislatura desde que hay datos comparables (la segunda de Fraga, la salida de las elecciones de 1993), 4.000 viviendas públicas están muy por encima de las cifras residuales del total de vivienda protegida atribuible íntegramente a la era Feijóo, esto es, desde su segundo mandato (2012-16) hasta su dimisión en 2022. Pero precisamente esa parálisis, inicialmente muy ligada a la gran recesión y después con más explicaciones políticas, implica un lastre que limita el impacto del giro del Gobierno gallego en la materia debido a una demanda que está disparada.

Esto sucederá incluso teniendo en cuenta la vivienda protegida que pueda llegar en un futuro más o menos próximo por la vía de la promoción privada. Atendiendo a los datos oficiales más recientes del Ministerio de Vivienda, también procesados por el IGE, entre 2024 y 2025 comenzó en Galicia la construcción de 654 viviendas protegidas. Entre ellas están 224 de promoción pública, promovidas directamente por la Xunta: 3 en 2024 y 221 en 2025. Las restantes 430 son viviendas protegidas de promoción privada.

Incluso sumando esas cifras de viviendas de protección pública y promoción privada a las totalmente públicas proyectadas por la Xunta para toda la legislatura, un virtual total de unas 5.000 viviendas protegidas nuevas en cuatro años supondría situarse en niveles más o menos próximos al primer mandato de Feijóo —el de la herencia del bipartito—. Pero muy lejos no solo de las más de 12.000 viviendas terminadas durante el mandato del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, también de las más de 10.000 de cada legislatura de Fraga desde que hay datos comparables.

La intención del Gobierno gallego, matiza Vivienda, es seguir tapando este hueco por la vía del desarrollo de suelo residencial “para 25.000 viviendas, de las cuales 20.000 serán protegidas” —de promoción privada— en diferentes ayuntamientos de Galicia. Ese desarrollo lo está realizando a través de las figuras de los denominados proyectos de interés autonómico (PIA), que concretan una apuesta política similar a la del Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo, con Rueda como número dos, tras anunciar una reformulación que nunca llegó.

Esta semana, tras aprobar uno de estos PIA para desarrollar suelo que acoja hasta 3.609 viviendas en el barrio compostelano de Mallou, el 80% protegidas de promoción privada, la Xunta recordaba que tiene en tramitación estas figuras también en otros ayuntamientos. Son Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, Arteixo, A Coruña y Vilagarcía y, en fases previas, trabaja en los de Marín, O Porriño y Ribadeo, indica Vivenda.

Mientras se desarrollan esos suelos residenciales para vivienda protegida de promoción privada en diferentes localidades, los nuevos pisos que parecen más tangibles a corto plazo, los alrededor de 4.000 que la Xunta dice tener ya “en marcha” para esta legislatura, cubren apenas el 13% de la demanda registrada. Esto es, de las más de 30.000 solicitudes anotadas en el Registro de Demandantes de la Consellería de Vivienda, requisito imprescindible para poder optar a alguna de estas viviendas.

Admite la propia Xunta que sus sucesivos anuncios, de cuyo cumplimiento en esta legislatura recelan tanto BNG como PSdeG, están estimulando las inscripciones en un registro que este 21 de abril —las estadísticas se actualizan continuamente y no existe una base histórica donde repasar su evolución— contaba con 31.256 solicitantes.

Incluso teniendo en cuenta los requisitos de caducidad de las solicitudes —las peticiones se desactivan a los tres años si no se renuevan en los tres meses previos—, el fuerte aumento en apenas dos años es buena muestra no solo de la fuerte demanda de vivienda protegida, sino de la crisis de vivienda en general. Y también de cómo los planes del Gobierno gallego en marcha tienen un impacto limitado, precisamente, por la parálisis anterior.

Así, las actuales más de 31.000 peticiones suponen, atendiendo a los datos que pudo recuperar Praza.gal, un 55% más que hace apenas un año. Con relación a los primeros meses de la actual legislatura, iniciada en febrero de 2024, se dispararon casi un 90%.

A principios del mes de mayo, salvo sorpresa mayúscula el jueves 7 al mediodía, la ciudad de Lugo va a tener una alcaldesa del PP: Elena Candia, gracias a los 12 votos de su grupo sumados a los de la exsocialista y ahora tránsfuga María Reigosa, quien obtuvo acta de concejala a finales de 2025 por la muerte de un compañero del PSdeG. Será la primera militante del Partido Popular en 27 años que alce el bastón de mando de una ciudad que en las dos primeras décadas de restauración democrática en los ayuntamientos había sido monocultivo de las derechas bajo varias siglas.

Fue en 1995 cuando el PP obtuvo la hasta ahora última mayoría electoral que le permitió gobernar en Lugo, la absoluta lograda por Joaquín García Díez. Aquel alcalde, con buen predicamento y obras destacables, como el inicio de la gran peatonalización del centro histórico, no pudo repetir en el cartel electoral en 1999 por causa de los enfrentamientos internos del propio PP que dirigía el férreo Francisco Cacharro Pardo, cuya memoria los populares lucenses han vuelto a reivindicar recientemente tras lustros renegando de ella. Desde entonces, cuando Ramón Arias no consiguió la alcaldía, chocaron contra la muralla de la izquierda lucense con hasta media docena de candidatos.

A todos ellos los reunió Candia en vísperas de las elecciones municipales de 2023, las de su desembarco en la política de la ciudad de Lugo procedente de Mondoñedo, donde había sido alcaldesa de 2015 a 2020. La imagen, leída en algunos foros como una apuesta de la mindoniense por tejer lazos con una ciudad en la que en muchos ámbitos era recibida como ajena —por su desconexión con la urbe, no por su lugar de nacimiento—, fue interpretada en otros como un retrato de los sucesivos fracasos municipales de los conservadores. Algunos por estrechísimo margen y otros, especialmente sonoros.

La primera apuesta del PP por intentar volver a gobernar en Lugo fue de alto nivel. Aún con Manuel Fraga en la Xunta, el fundador del partido se desprendió de una de sus conselleiras estrella, Manuela López Besteiro, para lanzarla como candidata contra el socialista Xosé López Orozco, alcalde en una coalición de buena sintonía con el BNG que lideraba Branca Rodríguez Pazos.

Incluso con la Xunta de Fraga y la Diputación de Cacharro a favor —con episodios especialmente recordados como una visita y concierto de Julio Iglesias a pocos meses de los comicios—, la operación López Besteiro fracasó. El PP pasó de 12 a 9 ediles y Orozco consiguió una histórica mayoría absoluta para el PSdeG.

Cuatro años después, en 2007, el PP recuperó a quien había descartado. En el cartel de los populares volvió a aparecer Joaquín García Díez, alcalde de grato recuerdo. Pero su lugar ya había sido ocupado con amplitud por Orozco en amplias capas del electorado lucense, que observaba claras transformaciones evidentes en la ciudad. Algunas decisiones y maneras del regidor socialista le habían causado cierto desgaste del que el PP no pudo beneficiarse: perdieron la absoluta al perder un concejal que ganó el BNG.

En los siguientes comicios, los de 2011, el PP lucense estuvo más cerca de ganar la alcaldía. Volvieron a estrenar candidato, Jaime Castiñeira, y en un contexto de crisis económica y de abierto y profundo deterioro del Gobierno de España que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, se quedaron a apenas medio millar de votos del concejal número 13, el que da acceso a la absoluta. Una absoluta que, aun así, volvieron a sumar las fuerzas de la izquierda: 11 socialistas y 2 nacionalistas.

Aquel mandato iniciado en 2011 fue especialmente turbulento en Lugo. Por el desgaste general de la gran recesión y, sobre todo, por el estallido de la operación Pokémon que, combinado con el caso Campeón, trajo consigo un fortísimo impacto en el PSdeG local. Sobre todo, por las imputaciones judiciales que pesaron sobre Orozco —que no quedarían archivadas hasta 2021— y que le implicaron un importante lastre en la siguiente cita con las urnas, la de 2015. Pero el PP tampoco sacó provecho: repitió con Castiñeira, perdió tantos ediles como el PSdeG y además le surgió competencia por la derecha con Ciudadanos.

Las citadas imputaciones fueron la causa esgrimida por las demás fuerzas de la izquierda municipal, que habían pasado de una a tres por la irrupción de Lugonovo y ACE, para exigir la marcha de Orozco a cambio de un apoyo en la investidura a un PSdeG debilitado, con 8 ediles. Los socialistas accedieron dando paso a Lara Méndez, primera alcaldesa de la historia del ayuntamiento que, tras un mandato en minoría, repetiría resultado y sumaría coalición con mayoría absoluta junto al BNG en 2019, cuando el PP lo intentó con Ramón Carballo, actualmente presidente local del partido.

Fue así como llegó la cita de 2023, la del debut de Elena Candia en la ciudad de la Muralla. En un proceso inverso al de 2015, los populares consiguieron absorber prácticamente todo el voto de la derecha local, propiciaron la desaparición de Ciudadanos e incluso crecieron un poco más. Como Castiñeira en 2011, Candia se quedó a unos pocos votos de una absoluta que retuvieron PSdeG y BNG, la misma que van a perder en pocos días al pasar a la cuenta del PP uno de los escaños del pleno que los votos de la vecindad colocaron en el PSdeG.

Esa mayoría absoluta de socialistas y nacionalistas invistió alcaldesa por tercera vez a Lara Méndez y, pocos meses después, a Paula Alvarellos tras la renuncia de la primera regidora para concurrir a las elecciones gallegas. Alvarellos falleció un año después y el nuevo alcalde fue Miguel Fernández, bajo cuyo mandato murió otro miembro del grupo del PSdeG, Pablo Permuy, dando lugar al corrimiento de lista por el que la ahora tránsfuga María Reigosa accedió a la corporación.

Se aceleran las operaciones en marcha en Lugo para que el PP local sume el voto tránsfuga de la exsocialista María Reigosa y desbanquen así al Gobierno local de PSdeG y BNG mediante una posible moción de censura. Más allá de una actividad casi frenética de rumores y contactos más o menos discretos, la aceleración de los últimos días llegó a golpe de entrevistas en los periódicos más leídos de la ciudad.

La última, la publicada este lunes por La Voz de Galicia, en la que la edil que llegó a serlo por la muerte de un compañero de candidatura admite las negociaciones y brinda su voto para hacer alcaldesa a la líder del PP local, Elena Candia. No obstante, escasas horas después, en declaraciones a El Progreso, matiza su postura para volver a admitir que “está hablando” con los de Candia, “pero no sé si me voy a atrever”. Previamente, en el mismo diario lucense, el número dos del PP en la provincia y jefe territorial de la Consellería de Presidencia, Javier Vázquez Nodal, alentaba la conversión de la no adscrita en tránsfuga para una moción de censura “más que justificada”.

Han pasado ya 31 años desde la última ocasión en que el PP obtuvo en las urnas mayoría para gobernar Lugo. Fue en las municipales de 1995 con Joaquín García Díez, que no repitió como candidato en 1999 por los enfrentamientos internos de un PP controlado entonces en la provincia por Francisco Cacharro Pardo. Veintisiete años después del primer gobierno de coalición PSdeG-BNG, entonces con Xosé López Orozco al frente, Reigosa valora entregarles el bastón de mando alegando razones más personales que políticas. Y lo hace en un contexto marcado por la fatalidad en el PSdeG local.

La ahora edil no adscrita fue la número 11 del PSdeG en las elecciones municipales de 2023, cuando la candidatura socialista obtuvo 8 ediles que, sumados a los 5 del BNG, compusieron un nuevo gobierno de la izquierda con mayoría absoluta (13 ediles de candidaturas que sumaron 23.451 votos) frente a los 12 ediles del ascendente PP (21.459 votos). A principios de 2024 Lara Méndez renunció a la alcaldía para concurrir a las elecciones gallegas y dio lugar al primer corrimiento de la lista. En 2025 el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos y la posterior muerte del también concejal socialista Pablo Permuy propiciaron la entrada de Reigosa en una corporación a la que volvió el luto hace pocos días por el fallecimiento de otra concejala del PSdeG, Olga López Racamonde.

Quien ahora admite que valora la posibilidad del transfuguismo estuvo en el gobierno que dirige Miguel Fernández apenas dos meses tras los que renunció a las competencias de Zona Rural que le asignaran —por discrepancias en cuanto a organización y por no otorgarle dedicación exclusiva, alega—. Poco después se dio de baja en el PSdeG —lo hizo, asegura este lunes a La Voz, por la gestión de las acusaciones de acoso sexual contra José Tomé— y, a continuación, abandonó el Grupo Municipal Socialista para quedar como no adscrita.

Tras este último paso sostuvo durante semanas que su intención pasaba por defender los intereses de la vecindad con más libertad, pero sin apoyar una moción de censura que ahora adjetiva como “necesaria” porque la ciudad precisa “un cambio de ciclo”. Y, señala, existen diversos enfrentamientos entre los socialistas lucenses.

En el PSdeG, que este domingo hizo trascender una encuesta según la cual en un nuevo paso por las urnas el electorado reeditaría la mayoría de izquierdas, consideran que lo más probable es que la censura acabe saliendo adelante. “Mientras Lugo precisa soluciones, ellos solo buscan sillones”, criticaron este domingo en un mensaje a través de las redes sociales.

El próximo mayo se cumplirán ocho años desde que personal de la entonces denominada Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) se agrupó por primera vez en el colectivo 'Defende a Galega'. Bajo ese paraguas, a través de las movilizaciones simbólicas de los viernes negros, el personal movilizado comenzó a señalar injerencias políticas del Gobierno de la Xunta en su trabajo, así como otras reivindicaciones laborales.

Han pasado ya más de 400 de esos 'viernes negros' salpicados de otras protestas y acontecimientos. Entre ellas, huelgas impulsadas por el comité intercentros de la corporación o dos condenas judiciales por represaliar al personal; una de ellas ya declarada firme por el Supremo y la segunda, dictada recientemente por el Tribunal Superior y que la ahora Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) se dispone a recurrir, según confirmó este martes en el Parlamento su directora general, Concepción Pombo.

Pombo fue nombrada al amparo de una nueva ley de los medios públicos que, entre otros cambios, supuso el fin del precepto legal que obligaba a elegir la dirección general de la corporación con más votos que los del PP en el Parlamento —mayoría reforzada y no solo absoluta—. Estaba vigente desde 2011, pero nunca había llegado a aplicarse.

Con todo este telón de fondo en Galicia, la dirección estatal del PP acaba de redoblar su ofensiva hacia Radio Televisión Española (RTVE). Y en ese marco, el equipo de Alberto Núñez Feijóo, en lo esencial el mismo que lo acompañó en sus años de presidente de la Xunta y del PP en Galicia, acaba de decidir la apertura de una comisión de investigación en el Senado, cámara en la que gozan de mayoría absoluta y en la que ya llevan abiertas media docena de pesquisas sobre otros asuntos contra el Gobierno de España o el PSOE.

Como informa Fernando Varela para infoLibre, la solicitud de comisión de investigación registrada por el PP combina la atribución a la dirección de RTVE de diversas cuestiones rayando la ilegalidad —desde conflictos de intereses a delitos contables— con acusaciones de manipulación informativa en lo que la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, califica como “telepedro”. La radio y la televisión públicas estatales, acusan, se está “alejando crecientemente” de sus obligaciones legales para convertirse en una “plataforma de propaganda partidista y gubernamental”.

Para la presidenta del Comité Intercentros de la CSAG, Raquel Lema, impulsar esta investigación es “una hipocresía, un cinismo absoluto”. “Sobre todo”, considera, “estando en estos momentos Alberto Núñez Feijóo liderando el PP y acompañado de gallegas y gallegos” que formaban parte de su equipo en Galicia. “Es increíble que se atrevan a acusar a RTVE” en esos términos “teniendo lo que tienen en su casa de origen, los medios de comunicación gallegos” en cuanto a “manipulación” y “vulneración de derechos fundamentales”.

En este sentido, Lema pone el foco precisamente en las mencionadas sentencias. “Aquí hay condenas por vulneración de derechos fundamentales a dos trabajadores por su participación activa en Defende a Galega, un movimiento que lo que más reivindica” es precisamente frenar “la injerencia política y la manipulación” en los medios públicos, subraya en declaraciones a Praza.gal. “Ya no es una opinión nuestra, un punto de vista diferente de las trabajadoras organizadas, sino sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”.

A juicio de la presidenta del comité intercentros de la CSAG, el PP “primero debería arreglar su casa”. También en lo referente a la ley de los medios públicos, que en Galicia “aprobaron con sus únicos votos” y que implicó “eliminar el Consejo de Informativos y el Estatuto Profesional que estaban previstos en la ley de 2011, que nunca se crearon” y que están incluidos en el Reglamento Europeo sobre libertad de los medios de comunicación, vigente desde agosto de 2025.

Tras el registro de la solicitud por parte del PP, RTVE respondió con un comunicado institucional en el que, como informa infoLibre, invoca precisamente el Reglamento Europeo, el mismo que contradice la nueva ley gallega de la CSAG. Lo hace para advertir de que esa norma (EMFA, por sus siglas en inglés), vigente desde agosto de 2025, prohíbe a los Estados las injerencias en las políticas y decisiones editoriales de los prestadores de servicios públicos de comunicación audiovisual.

Considera RTVE que la iniciativa del PP va más allá del normal control parlamentario de los medios públicos porque intenta, entre otros aspectos, “cuestionar la actual línea informativa” de la radio y televisión estatales. Lo que impulsan los populares, advierten, es un “juicio político” y lo hace además en plena ofensiva de la patronal de las televisiones privadas contra RTVE y mientras, al mismo tiempo, cabe preguntarse si pretenden aplicar en el Estado “criterios distintos” a “territorios donde también existen radiotelevisiones públicas y donde sus profesionales denuncian situaciones de grave deterioro del servicio público”, caso de Galicia.

El pasado 6 de marzo María Azucena Recio tomó posesión como nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Menos de una semana después, el día 12, esta magistrada encuadrada convencionalmente en el sector conservador de la judicatura tomó una de sus primeras decisiones: trasladar a la fuerza a dos de los cuatro miembros de la Sección Tercera de la Sala, que trata sobre cuestiones como la legalidad de los parques eólicos o diversos contratos del Gobierno gallego: Luís Villares y Dolores López.

Estos traslados forzosos, que Praza.gal pudo confirmar a través de fuentes judiciales, están generando un notable revuelo en el seno del alto tribunal gallego por su celeridad y también por su justificación. Especialmente en el caso de Villares, que viene siendo cuestionado públicamente por el PP y por el Gobierno gallego en los últimos años a causa de decisiones de la Sala como paralizaciones cautelares de parques eólicos, que los populares atribuyen no a cuestiones legales, sino al pasado político del magistrado como portavoz de la desaparecida formación En Marea.

La resolución en la que Recio decide el traslado forzoso de Villares, a cuyo contenido pudo tener acceso este diario, lo justifica citando tres sentencias en las que el Tribunal Supremo anuló resoluciones previas del TSXG que obligaban a la empresa concesionaria del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a pagar el IBI al Ayuntamiento o que rechazaban las peticiones de la empresa para obtener diversas compensaciones por servicios prestados durante la apertura del centro. La causa de esas anulaciones fue que el Supremo observó riesgo de que Villares, uno de los tres magistrados que las adoptó, no fuese imparcial por las posiciones políticas de En Marea sobre el asunto cuando él la lideraba, con independencia de que fuesen “correctas”.

Según la nueva presidenta de la Sala, esos pronunciamientos del Supremo “motivan” el traslado forzoso de Villares fuera de la Sección Tercera y su recolocación en la Cuarta. Lo hace, justifica, para “salvaguardar la apariencia y la realidad de la imparcialidad con la que funciona esta Sala” y también para la “salvaguarda del magistrado cuya imparcialidad fue sometida a valoración judicial por el Supremo”. También apunta a “necesidades reorganizativas” y al “refuerzo” del “buen funcionamiento” de la Sala.

Entiende María Azucena Recio que el traslado forzoso va a implicar además para Villares un “crecimiento profesional” y “una oportunidad” al “abordar nuevas materias que también son competencia” de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La resolución concluye con un agradecimiento al “apoyo y comprensión de todos/as”.

Las tres sentencias conocidas hasta el momento en las que el Supremo anuló resoluciones previas del TSXG porque Villares participó en ellas junto con otros jueces no dicen que aquellas fuesen incorrectas o parciales. El Supremo dijo que esas resoluciones no tenían “signos manifiestos que permitan levantar, por sí solos, sospechas sobre la ausencia de parcialidad”, pero aun así consideró que se había vulnerado el derecho de la empresa recurrente a un juez imparcial. En aquellos procesos la Xunta incluso defendió al magistrado diciendo que el supuesto “vicio de parcialidad” que le atribuían no se había producido porque “la sentencia es correcta en derecho en cuanto al fondo”.

Por otra parte, el Supremo ya ha avalado resoluciones del TSXG en las que participó Villares, en particular sobre el sector eólico. Y, al mismo tiempo, el PP incluso criticó a Villares por la anulación en firme por parte del Supremo de un parque eólico en cuyo proceso judicial no participó ese juez.

Ante los ataques del PP al TSXG por sus resoluciones sobre el sector eólico, participe o no Villares en ellas, el propio tribunal y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia se pronunciaron públicamente en defensa de la “independencia judicial”, subrayando que “su respeto por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones” y “sin perjuicio de que quien esté disconforme con las resoluciones judiciales utilice los medios que le garantiza la legislación procesal”.

Los traslados forzosos decididos por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, especialmente el de Villares, causan “preocupación” en la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. El colectivo que agrupa el sector progresista de la judicatura, del que el magistrado ahora trasladado fue coordinador en Galicia, considera que la decisión “puede afectar a las garantías de inamovilidad e independencia judicial”.

Destaca la sección territorial gallega de XpD que este “desmantelamiento” de la Sección Tercera de la Sala, “no previsto en el programa de gobierno sometido a examen del Consejo General del Poder Judicial” con el que María Azucena Recio llegó al cargo, “supone de facto deshacer la composición de un órgano judicial que venía resolviendo asuntos de materias concretas”, ya que “afecta a la mitad de las personas que la componen”. Se trata, añaden, de un movimiento “inusual” tanto por su “envergadura” como por las “formas con las que se realiza”.

“El procedimiento habitual de cambio de magistrados entre secciones es el concurso interno voluntario cuando existen vacantes”, detallan, y “cuando la Presidencia propone una reorganización, lo normal es la consulta previa” con los afectados y aplicar los cambios “de modo individual” para no “perturbar” el trabajo. Pero en este caso los movimientos, entre los trasladados y los que llegan, “afectan a cuatro magistrados” de dos de las cuatro secciones de la Sala y “fue adoptado sin audiencia previa ni consultas informales” con los implicados.

Los sucesivos argumentos de la Xunta para mantener oculto su pacto con Altri ante peticiones formales de transparencia formuladas por Praza.gal provocaron el mayor cisma en los diez años de historia de la Comisión da Transparencia de Galicia. Se trata del órgano hasta ahora dependiente de la Valedora do Pobo que vela por el derecho de la ciudadanía de acceder a información en poder de las Administraciones.

La representación en ese órgano del Consello Consultivo y del Consello de Contas firmaron una inédita justificación conjunta de voto discrepante sobre la forma en que la Xunta argumentó, tras dar otras motivaciones, que no puede entregar el acuerdo con Altri porque no está en su poder ni lo conoce. Un argumento nuevo que fue validado por otros vocales de la Comisión da Transparencia, sin permitir alegar a Praza.gal, lo que pudo vulnerar sus derechos.

La primera petición de transparencia de Praza.gal al Gobierno gallego para conocer el acuerdo con Altri fue rechazada con el argumento de que no había sido firmado por la Xunta, sino por la ahora disuelta empresa Impulsa Galicia, en la que la participación pública es del 48% y por lo tanto no está afectada por la Lei de Transparencia. Praza.gal recurrió aquella negativa destacando que el pacto había sido firmado por el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, pero la Xunta replicó que no lo había hecho como conselleiro, sino como presidente de Impulsa Galicia como parte de un "negocio jurídico privado".

Impulsa Galicia fue creada por la Xunta, que tiene el deber de controlar su propia participación en empresas. Por este motivo Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia pidiendo el pacto con Altri como documento que obra "en poder" de la Administración "en el ejercicio de sus funciones" de control de sus participaciones empresariales. La formulación tendría amparo en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, que dice que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder [de las Administraciones] y que fuesen elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones".

La respuesta de la Xunta obvió los matices de esta nueva petición y se limitó a reiterar los argumentos denegatorios de la solicitud previa, esto es, que era un documento de una empresa privada. Así que Praza.gal recurrió ante la Comisión de Transparencia incidiendo en el elemento jurídico de que el documento estuviese "en poder" de la Administración. Fue en ese momento cuando la Xunta argumentó ante la Comisión da Transparencia que la información solicitada era "desconocida" para ella y no la tenía "en su poder". Un argumento nuevo que fue validado por cuatro de los seis miembros de la Comisión da Transparencia de Galicia sin dar la posibilidad de alegar a Praza.gal, ante lo que discrepan los vocales en representación de los consellos de Contas y Consultivo.

La Comisión da Transparencia está formada por seis personas: la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño; su adjunta, María Xosé Porteiro; una representante de la Xunta, en este caso Patricia Brión Cabanelas, en sustitución del director general José María Barreiro; uno de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), Xosé Manuel Rodríguez Méndez; uno del Consello de Contas, Manuel José Santana Suárez; y una del Consello Consultivo, Ana María López Guizán. Los dos últimos son los que discrepan y consideran vulnerado el derecho de Praza.gal.

El asunto fue debatido durante tres meses, ya que debía ser analizado por primera vez en el pleno mensual de la Comisión da Transparencia previsto para el 31 de octubre, pero ante el debate suscitado la decisión fue pospuesta primero al siguiente pleno del 25 de noviembre y después al del 23 de diciembre. En ese pleno el argumento introducido ex novo por la Xunta de que no tiene el pacto con Altri fue validado sin dar a Praza.gal posibilidad de alegar por la Valedora (propuesta por el PP), su adjunta (exdiputada propuesta por el PSdeG), el representante de la Fegamp (exalcalde de As Neves del BNG) y la representante de la Xunta.

Por el contrario, el voto discrepante firmado por la letrada representante del Consultivo y por el de Contas destaca que el primer argumento de la Xunta para denegar la petición de Praza.gal era porque Impulsa Galicia no estaba sometida a la Lei de Transparencia, "no porque la Consellería no tuviese en su poder el documento" en la argumentación de la Xunta ante la propia Comisión en septiembre sin comunicárselo a Praza.gal. Por eso, los discrepantes consideran que "la Comisión da Transparencia, en lugar de entrar a conocer el fondo del asunto, debió conceder al interesado [Praza.gal, a través de un periodista] un trámite de audiencia" para alegar lo que considerase ante ese "hecho nuevo".

"Sólo una vez realizado este trámite, esencial para la contradicción del procedimiento, era posible entrar a conocer el fondo del asunto", añade el voto discrepante conjunto. Un trámite de alegaciones por parte de Praza.gal que era "garante del derecho de defensa" de este periódico.

Es la primera vez en diez años de existencia de la Comisión da Transparencia de Galicia, creada en 2016, que se firma una justificación de voto discrepante conjunta de dos vocales tras analizar un tema sin acuerdo durante tres plenos distintos. La inmensa mayoría de las alrededor de doscientas resoluciones que emite cada año la Comisión son acordadas por unanimidad. De forma excepcional se abstiene algún vocal porque la cuestión a debate afecte a la institución que representa. Y aún más excepcionales son los votos en contra, generalmente de la representación de la Xunta disconforme con que la Comisión quiera que divulgue alguna información que prefiere mantener oculta.

Hasta ahora la representación del Consultivo sólo había emitido justificación de voto discrepante en solitario en un par de ocasiones, por lo que es la primera vez que se firma una justificación discrepante conjunta de dos vocalías distintas y con una argumentación de la extensión de esta. Será precisamente el Consello Consultivo el que pase este año a gestionar la Comisión da Transparencia después de que el PP decidiese retirar su adscripción a la Valedora do Pobo.

A pesar de estos obstáculos de la Xunta y de la Comisión da Transparencia, Praza.gal sigue investigando para tener acceso al pacto con Altri. Tras la argumentación de la Xunta de que no tiene el acuerdo, el presidente Rueda admitió que él sí lo conoce y a través de "representantes de la Xunta". Por eso Praza.gal formuló una nueva petición de transparencia para tener acceso a la información que esté en poder de la Presidencia de la Xunta. Una petición de la que de momento Presidencia se desentendió remitiéndola a la Consellería de Economía e Industria.

Ana Pontón (Sarria, 1977) acaba de cumplir diez años como portavoz nacional del BNG. Asumió el liderazgo en el momento más crítico de la historia de la formación y, una década después, encabeza la oposición al frente de un grupo parlamentario cuatro veces más amplio que el logrado en las primeras elecciones en las que fue cabeza de cartel del Bloque, en aquel mismo 2016. En un momento de avance global de las derechas, al frente de un BNG que “no tiene techo”, Pontón dice estar convencida de que hacen falta “políticas valientes” y de que, en el caso gallego, existe ya una “nueva mayoría que quiere políticas alternativas” a las de un PP al que, sostiene, solo le resta hacer “propaganda para ver si convence de que va a hacer lo que no hizo en 20 años”. Conversamos con ella sobre estos años, la situación política del país y del Estado y asuntos clave como la vivienda, la transición ecológica o la industria tras el fracaso de Altri.

Hace ahora diez años que asumía la portavocía nacional del BNG, en lo que posiblemente fue el momento más crítico de la organización, cuando ya se esbozaban escenarios en los que incluso parecía posible que se convirtiesen en fuerza extraparlamentaria y en un momento además de crisis en muchos niveles. ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza al recordar aquella Asamblea Nacional y aquel momento político?

La descripción que hace en la pregunta refleja lo que pasaba en aquel momento. Estábamos en un momento de crisis económica y también del sistema de partidos. Y todo esto afectó al BNG; seguramente estábamos en el momento más difícil de toda nuestra historia. Recuerdo que yo tenía absoluta confianza en que el Bloque era un proyecto necesario para este país y que si éramos capaces de analizar en qué estábamos fallando y resintonizábamos con la sociedad gallega teníamos un gran porvenir, porque el nacionalismo es necesario para Galicia y Galicia necesita una fuerza como el BNG; siempre digo que es un proyecto que si no existiese habría que inventarlo, porque este país necesita a alguien que lo defienda, que confíe en sus potencialidades y sea capaz de romper con el guion de discriminación, de dependencia y de agravio que significa el centralismo. En aquel momento era consciente de la responsabilidad que teníamos, pero tenía absoluta confianza en que si éramos capaces de acertar con el discurso, el BNG tenía un gran futuro. Y, afortunadamente, estos diez años demuestran que era cierto.

En aquella altura yo escuchaba muchas voces fuera, también algunas dentro, que pensaban que un proyecto como el BNG ya no tenía cabida, pero yo pensaba en todos esos hombres y mujeres que durante tanto tiempo trabajaron para levantar un proyecto que nace del pueblo, que no está sustentado en ningún grupo económico ni mediático y decía que la fuerza de nuestro amor no puede ser inútil. Y hoy estamos en el mejor momento de la historia del BNG. Tuvimos unas elecciones gallegas hace dos años en las que uno de cada tres que fueron a votar cogieron nuestra papeleta y lo hicieron con ilusión y convicción. Y estoy convencida de que ese cambio que empezó a abrirse ahí, esa grieta que abrimos al Partido Popular, va a verificarse en las próximas elecciones y podremos tener un gobierno dirigido por el BNG.

Tres elecciones después de aquella asamblea ese crecimiento se tradujo en cuadriplicar la representación respecto a las elecciones de 2016. En esas elecciones de hace dos años a las que se refería el objetivo del BNG fue muy claro, gobernar y liderar el Gobierno. ¿Qué diría que falta? Porque el crecimiento fue obvio, pero también lo fue que la disminución del Partido Popular fue mucho menor que el crecimiento del BNG...

Los cambios transformadores como los que significa el BNG a veces tardan más de lo que quisiéramos, pero estamos ahí impulsando. Y esta legislatura está demostrando que hay una pulsión social de cambio: lo que acabamos de ver con Altri no es un hecho cualquiera. Es la evidencia de que en la sociedad gallega hay una nueva mayoría que quiere políticas alternativas a las del Partido Popular; porque Altri no era un proyecto más, Altri era el gran proyecto, primero de Feijóo y luego de Rueda, de modelo de desarrollo económico del país, que consiste básicamente en volver a un franquismo industrial de las macrocelulosas de Ence y ahora, una macrocelulosa diez veces mayor. Pero el resultado es que el pueblo mandó y venció frente a la soberbia y la prepotencia de un PP que estaba haciendo de comercial de Altri. Esto es un síntoma, igual que muchas otras luchas que estamos viendo en este momento y que el BNG también está acompañando en la defensa de la sanidad pública, de la enseñanza, del derecho a vivir aquí, de la reclamación de políticas de vivienda, de que no podemos seguir con un modelo de expolio de nuestro territorio, de defensa de la lengua... Están evidenciando un país que se está abriendo y que hay un cambio que es imparable.

Viendo los números de la evolución electoral, todo apunta a que el BNG consiguió captar electorado que en otros momentos apoyó otras fuerzas de la izquierda como el Partido Socialista o las antiguas mareas. El crecimiento, ese salto adelante que les falta, ¿tendría que llegar por electorado que en algún momento estuvo próximo o cogió la papeleta del PP?

Siempre digo que los votos no son de las fuerzas políticas, que son de las personas y que en cada momento deciden a quién quieren apoyar. Si analizamos lo que pasó en las últimas elecciones vemos cómo el BNG crece mucho más de los votos que pierde el Partido Socialista; creo que estamos conectando con muchos sectores de la sociedad que quieren una alternativa propia para Galicia. Por lo tanto, quizá tengamos que romper ese marco que funcionó más en otras etapas políticas, porque la sociedad ha cambiado mucho y quizá el nivel de fidelidad que hay con las organizaciones políticas no tiene nada que ver con lo que podía haber en el siglo pasado, antes de esta crisis. Y también es un escenario que nos permite abrir grandes oportunidades. Nosotros nos dirigimos a todos los gallegos y gallegas que quieren más para este país. Que quieren que en Galicia nuestra lengua siga teniendo futuro, que quieren empleo digno, que quieren vivienda a precios que puedan asumir, que quieren que Galicia no sea una tierra de sacrificio, que quieren que nuestros recursos estén al servicio del país. Yo creo que ahí hay una nueva mayoría social que se está articulando en torno al BNG y si acertamos en nuestra línea de trabajo como estamos acertando en estos últimos años, el BNG lo que está demostrando es que no tiene techo. Quien tocó techo fue el Partido Popular. Yo siempre soy poco creyente de las encuestas en cuanto a la foto fija que nos quieren hacer, pero sí de las tendencias. Y lo que estamos viendo es cómo el Partido Popular está bajando y el BNG está subiendo. Esto lo que nos dice es que hay un descontento evidente con estos 20 años de gobierno del Partido Popular que nos están dejando una Galicia donde la gente vive peor, donde hay menos oportunidades, donde los salarios cada vez dan para menos o los servicios públicos están más deteriorados. Y frente a todo eso la única alternativa que hay es el BNG.

¿Cree, entonces, que de alguna manera Galicia puede quedar, no sé si al margen, pero sí tener una dinámica diferente en un momento global en el que esa —llamémosle— internacional reaccionaria está cobrando fuerza en muchas elecciones? A nivel del Estado, por ejemplo, ¿cree que hay margen para que las próximas generales no den lugar a una mayoría absoluta de PP y Vox que parece que, en algunos ámbitos, se da casi por descontada?

Primero, Galicia es un sitio distinto y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Porque lo cierto es que en Galicia la extrema derecha es irrelevante. Tiene cero diputados en el Parlamento gallego, cero concejales y concejalas, cero representantes en el Congreso. Creo que esto habla bien de Galicia, pero a lo mejor tenemos que hacer una reflexión un poco más profunda. Porque en muchas partes lo que estamos viendo es cómo gente que en algún momento no apoyó a la derecha ahora se está agarrando a la extrema derecha como a un clavo ardiendo ante una situación de crisis evidente que está provocando una brecha social importante. Tenemos que preguntarnos por qué muchas de esas personas dejaron de ver a las fuerzas progresistas como su alternativa. Y yo eso lo entiendo. Porque, claro, cuando uno ve lo que era el centro de la socialdemocracia defendiendo la agresión a Palestina, como puede ser la socialdemocracia alemana, el disparate es evidente. Cuando hay un gobierno que se dice el más progresista de la historia pero que no está siendo capaz de poner soluciones ante graves problemas que tiene la población de acceso a la vivienda, de pérdida de poder adquisitivo... Una también entiende que haya una decepción con personas que se presentaron a las elecciones con un programa que no están cumpliendo. O cuando vemos cómo en el Estado español con tantas necesidades sociales lo que se está haciendo es multiplicar el gasto militar. En Galicia, a diferencia del Estado, hay muchas personas que tienen una alternativa transformadora como es el BNG. Y quizá lo que deberíamos pensar no es qué va a pasar en las elecciones, sino qué tiene que hacer el Gobierno, porque tiene un margen muy importante de actuación para que todos esos sectores sociales que ahora pueden estar mirando a la extrema derecha como una alternativa desesperada, vean que hay otra opción. Porque no es que esas fuerzas estén fuera del gobierno; tienen instrumentos muy importantes y deberían avanzar en la agenda social. En el Estado hay un escenario que está muy abierto y ya vivimos otra legislatura donde todas las encuestas decían que iba a gobernar la derecha con la extrema derecha y eso no fue lo que pasó en las elecciones.

En este sentido, a nivel de Estado hay una cierta reestructuración en lo que se da en llamar la izquierda del Partido Socialista. ¿Cómo valoran o cómo observan en el BNG propuestas como la que lanza Gabriel Rufián sobre la necesidad de coordinar esfuerzos, de algún tipo de confluencia? No sé si incluso tuvieron algún ofrecimiento en ese sentido...

Gabriel Rufián es una persona que conozco, que aprecio y valoro. Es una persona a la que hay que escuchar y, evidentemente, desde el BNG compartimos la preocupación por el avance de la derecha o de la extrema derecha. Pero en Galicia la gente sabe que el BNG es una garantía de que nunca vaya a gobernar la derecha ni la extrema derecha. Y nosotros ya somos un frente amplio que aglutina una mayoría que nos permite precisamente algo tan importante como que en Galicia la extrema derecha ya sea irrelevante. Por lo tanto, creo que la izquierda estatal tiene que ser capaz de solucionar sus propios problemas, sus dilemas y su situación, pero en Galicia tenemos un panorama muy distinto. Es más, nuestra experiencia colectiva como país o con fuerzas políticas que transitaron su camino... El resultado fue el que fue. La mejor manera de garantizar derechos y de frenar a la derecha en Galicia es el BNG.

Estamos, en el caso gallego, en la mitad de una legislatura que comenzó marcada por una cuestión a la que antes se refería, el proyecto de Altri. Entiendo por sus palabras que cree que el anuncio de archivo por no entrar en los planes eléctricos del Estado es un punto final definitivo, que no va a haber una reactivación, que el gobierno de la Xunta o la empresa o ambos no van a encontrar un camino para retornar.

Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero lo evidente en este momento es que el pueblo gallego hizo que Altri se paralizase. Y es más, viendo la sentencia que conocimos esta semana respecto de que el Tribunal Superior de Xustiza le decía a la Xunta que no podía dejar de proteger los terrenos en los que iba Altri, quizá ese anuncio se hace deliberadamente antes de esta sentencia para tener una coartada que no sea la evidencia de cómo el Partido Popular estaba trabajando directamente para Altri y en contra de la legislación vigente. Este es un hecho gravísimo y el PP tiene que dar explicaciones de por qué un gobierno se salta la normativa y desprotege espacios protegidos única y exclusivamente para beneficiar a una empresa portuguesa que además viene a contaminar nuestro país. Estamos ante un punto muy grave donde el presidente de la Xunta tiene que comparecer en el Parlamento de Galicia, porque el nivel de ocultación que hay con Altri es brutal. Empezando ya por ese acuerdo secreto que está guardado bajo siete llaves en la Xunta de Galicia y que se nos oculta a los gallegos y a las gallegas. ¿Por qué no podemos conocer los documentos que firmó el Partido Popular con Altri? ¿Por qué no podemos conocer esa documentación oficial? ¿Qué le esconde el señor Rueda a los gallegos y a las gallegas? Creo que cada vez es más evidente que detrás de Altri había intereses económicos, no sé si alguna puerta giratoria que ahora se truncó y por eso estaba tan enfadado el señor Rueda en el último pleno. En todo caso, tenemos derecho a saber la verdad y desde el BNG no vamos a parar hasta que aparezca.

El BNG está intentando obtener ese pacto secreto a través de la Justicia, en el Tribunal Superior. ¿Confían en que esa vía pueda fructificar? Teniendo en cuenta que por la vía parlamentaria ya se toparon con algunas respuestas como que la Consellería de Industria dice que no conoce el contenido del acuerdo que firmó el anterior titular de la Consellería...

Es todo un disparate. Están tan llenos de soberbia y de absolutismo que creen que pueden pasar por encima de las leyes y del Parlamento. Es gravísimo además que la Consellería nos diga a la cara que miente. ¿Cómo puede decir que no conoce un documento que firmó un vicepresidente del Gobierno gallego y que lo firmó porque la Xunta tiene el 40% de esa sociedad? No era su negocio particular y privado; estaba ahí representando al Gobierno gallego. ¿Y cómo puede ser, además, que se atrevan a poner por escrito que no lo conocen y dos días después tengamos al presidente de la Xunta diciendo que él conoce el contenido de ese acuerdo? Y a la propia conselleira de Industria, en sus entrevistas, también reconociendo que sabe cuál es el contenido de ese acuerdo. Estamos ante un abuso claro de poder y ante un Gobierno que algo tiene que temer para ocultar esta documentación.

Usted reprochaba al presidente Rueda también en este último pleno que Altri fuese hasta ahora su única política industrial. ¿Por dónde debería ir esa política para el BNG, teniendo en cuenta que Altri como mínimo está arrumbada, fuera del carril?

El problema de Altri es que significa un modelo de expolio y destrucción de nuestro territorio que condena nuestro rural a ser una gran masa de eucalipto. En el rural tenemos una capacidad enorme, primero en todo el sector agroganadero, que además en la comarca de A Ulloa es un ejemplo de la capacidad de transformación con pequeñas y medianas empresas que no solo producen leche, que la están transformando. Y esta es una industria vital para nosotros, para asentar población y cuidar el territorio. Y después tenemos la otra pata, que es el modelo de política forestal que queremos. Y nosotros decimos que Galicia tiene que apostar por un nuevo modelo sostenible. Estamos en pleno cambio climático, acabamos de ver las consecuencias de los incendios y me parece un auténtico disparate y una irresponsabilidad querer extender la política del eucalipto a todo el país. Necesitamos apostar por producciones de madera de calidad, por una industria que transforme en segundas y terceras transformaciones esta madera, y si la Xunta en vez de apostarlo todo a la carta perdedora como era Altri apostase, como dijo el BNG en su momento, por proyectos que realmente transformasen nuestro sector forestal quizá hoy no estaríamos donde estamos. Yo también me pregunto quién va a asumir las responsabilidades por decidir apostar todo a la carta perdedora de Altri en vez de apoyar otros sectores económicos que en ese momento tenían proyectos muy interesantes sobre la mesa para recibir fondos Next Generation. El señor Rueda es el máximo responsable de esta situación y este es un fracaso industrial que lo único que nos demuestra es que no tienen una política industrial de futuro. Su única apuesta son las industrias del siglo XX cuando estamos en pleno siglo XXI y hace mucho tiempo que está superada la falsa dicotomía entre medio ambiente o industria. La industria o es sostenible o no tiene futuro y si no aprendemos esta lección es que no sabemos nada. Claro que hay alternativas; el problema es que el PP no tiene ni confianza ni ningún proyecto de futuro para Galicia.

Si hablamos de medio ambiente y de industria hablamos de transición energética. La ausencia de plan eólico desde la cancelación del del Gobierno de PSdeG y BNG, por un lado, y también las paralizaciones cautelares en la justicia de proyectos eólicos, por otro, están condicionando el sector de las renovables. El BNG viene reiterando que está a favor de esa transición y del desarrollo eólico pero no del modo en que se está haciendo. ¿Por dónde debería ir? Porque lo cierto es que hace más de diecisiete años que la potencia es prácticamente la misma y el sector está estancado...

La responsabilidad de que el sector esté estancado es del PP, que paralizó un plan eólico perfectamente legal única y exclusivamente porque lo pidieron las grandes empresas eléctricas que mandan en el Estado español y que parece que también tienen una silla en el Consello de la Xunta. La situación actual también es responsabilidad del PP, porque el desarrollo eólico necesita planificación y seguridad jurídica, dos cuestiones que el PP no está haciendo porque quiso imponer la ley de la selva. El BNG defiende que el desarrollo energético, que no es solo eólico porque hay muchas más energías renovables que pueden entrar en el mix, tiene que hacerse primero teniendo en cuenta cuáles son las necesidades energéticas de Galicia y segundo, respetando a la gente de nuestro medio rural y del mar frente a los intereses del lobby eléctrico. Y esto tiene que revertir en nuestro país: tenemos que tener una tarifa eléctrica más barata para compensarnos por los costes sociales y ambientales de la producción de electricidad; la propuesta del BNG, que supone una rebaja de entre un 10% y un 15% de la factura de la luz, es mejor aliciente para que vengan empresas a Galicia que cualquier otra política. Y también tenemos que tener una empresa pública de energía como los países de nuestro entorno, que además permite que esos beneficios redunden en el conjunto de la sociedad y no en que cuatro se hagan ricos a costa de la electricidad de Galicia.

Se refería antes, cuando hablábamos del Estado, a la crisis de vivienda como uno de los elementos que está condicionando el panorama político. Es posiblemente el gran tema político, también en nuestro país. Después de 15 años de escasez los planes de la Xunta hablan de 4.000 viviendas en esta legislatura. Suponiendo que se materialicen, cubrirían alrededor del 20% de la demanda. ¿Cómo lo abordaría el BNG desde el Gobierno?

Hay que tener mucha fe para creer eso... Lo primero es que en política de vivienda estamos como estamos porque el Partido Popular lleva 17 años dinamitando la política social de vivienda. Si cogemos los históricos es la etapa en la que menos vivienda pública se puso a disposición a pesar de que se sabía que había un problema que ya viene de 2008. ¿Qué está haciendo el Partido Popular? Yo creo que propaganda. Es cierto que se está licitando alguna vivienda, pero las promesas de Rueda son un bluff, porque las políticas de vivienda del PP son un bluff propagandístico. ¿Qué habría que hacer? Dar soluciones para aquí y ahora. Todo el mundo sabe que esas viviendas que está anunciando Rueda no se van a construir en esta legislatura; si se construyen de aquí a 2030 ya me parece un poco más realista. En todo caso, la gente no puede esperar 4, 5, 6 años o 10 años para que haya solución a los problemas de la vivienda. ¿Qué haría falta en este momento? Primero, topar los precios del alquiler y en las zonas donde estamos viendo que hay incrementos desmesurados la Xunta podría. No lo hace porque no le da la gana. De hecho, acaba de boicotear esa declaración en el Ayuntamiento de Santiago y tengo muy claro que ese boicot es única y exclusivamente para hacerle oposición al gobierno de Goretti Sanmartín sin importar que eso suponga que la gente pueda pagar menos de alquiler. ¿Qué más podría hacer el Gobierno? Un programa de compra pública de vivienda ya construida para ponerla en alquiler; es mucho más rápido y ecológico y además hay recursos públicos para poder hacerlo. Y la tercera: que se limiten las viviendas de uso turístico con un tope de su número y lo primero, que se quiten todas las ilegales. La pregunta es por qué no lo quieren hacer.

Lo que hay es un cambio como mínimo de discurso por parte del Gobierno gallego después de años. ¿Detectan si el PP, de alguna manera, intentó —no sé si— arrebatarles o hacer suyas algunas de las que fueron banderas en su campaña en 2024? La vivienda fue una de ellas; pienso también en otras como pueden ser los traspasos de competencias. Ustedes hablan de “abrir grieta” en el PP; ¿detectan que el PP quiere hacer lo contrario y hacer ver que algunas políticas que ustedes reivindicaban también pueden ser del Partido Popular y por eso no hace falta un cambio?

El PP se está dando cuenta de que tiene un problema muy grave en Galicia porque sus políticas están haciendo que la gente viva peor. Y en estos dos últimos años vemos un ejercicio de propaganda terrible en esos ámbitos mientras la realidad sigue siendo la misma. Si la gente tiene más problemas de acceso a vivienda que hace dos años, en muchos casos es responsabilidad del PP; si tenemos un deterioro de la sanidad pública que es mayor porque los problemas cada vez son más grandes, el PP puede intentar echarle la culpa a Madrid, pero todo el mundo sabe que la responsabilidad de la gestión sanitaria está en la Xunta. Igual que sabemos que le recortó 1.600 millones de euros a la Atención Primaria y que por eso tenemos lista de espera para poder ir a nuestro médico de cabecera. El PP es consciente de que se está agotando su ciclo y está haciendo un ejercicio de propaganda para ver si convence a los gallegos y gallegas de que ahora va a hacer lo que no hizo en 20 años. Pero esto tampoco cuela, porque cuando no hay voluntad real para cambiar la situación, los problemas siguen creciendo.

Se refería ahora a la sanidad. Esta semana publicábamos en Praza.gal que el Sergas quiere impulsar que haya menos gente que rechace ir a operarse a la privada financiada con fondos públicos. ¿Cómo valora que materialicen en un documento oficial este objetivo?

Está bien que por lo menos no escondan que están trabajando para la sanidad privada, aunque su objetivo tendría que ser que cada vez la sanidad pública tenga mayor capacidad de resolución. Y pueden hacerlo contratando más personal, haciendo que nuestras instalaciones hospitalarias funcionen por la mañana, por la tarde y los fines de semana si es necesario. Lo único que se necesita es voluntad política y recursos, justo lo que no quiere destinar el PP.

Estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral. De momento tenemos una fecha, la de las municipales de mayo del año que viene. El BNG llega a esos comicios teniendo la alcaldía de Santiago, de la que ahora hablaba, también la de Pontevedra, gobierna Lugo y las diputaciones de Lugo y de A Coruña... ¿Con qué expectativas las afrontan? El PP está transmitiendo una sensación de que tienen unas expectativas muy altas tanto en los sitios en los que lleva mucho tiempo sin gobernar como puede ser Lugo, como también por ejemplo en el Ayuntamiento de Santiago, que parecen tener en el blanco de una manera especialmente significativa. ¿Se ven en condiciones de revalidar y ampliar o va a ser un ejercicio de resistencia de la izquierda?

Nosotros vamos a por todas y con el objetivo de mejorar la posición del BNG en todos los ámbitos, no solo manteniendo las alcaldías que tenemos sino también incrementándolas e incrementando la representación. En estas elecciones municipales vamos a dar un gran salto adelante en todo el país que va a acreditar que el BNG es la fuerza política que avanza, en la que cada vez confían más gallegos y gallegas. En los ayuntamientos tenemos un modelo de gobierno municipal en el que demostramos la capacidad de transformación y esto es lo que molesta al Partido Popular. Lo llevamos demostrando muchos años en muchos ayuntamientos pero decía usted sobre el caso de Santiago de Compostela: es paradigmático cómo vemos un PP volcado en trabajar en contra de Santiago única y exclusivamente por intereses partidistas. Es un escándalo que se nieguen a la declaración de zona tensionada, pero también cómo se está utilizando la Xunta como ariete contra un gobierno democráticamente elegido. Creo que les va a salir mal, porque Santiago está viendo que el PP es un partido que está trabajando en contra de la ciudad única y exclusivamente por sus intereses partidistas. Y además, en Santiago ya sabemos lo que significa un gobierno del PP: tres alcaldes en un mandato y un gobierno que única y exclusivamente trabajaba para defender intereses espurios. Frente a eso, Goretti Sanmartín está demostrando que tiene un proyecto de ciudad. Creo que lo que necesita es una mayoría sólida para poder llevar adelante las grandes transformaciones que se están iniciando en este mandato, porque aun en un contexto tan complejo se desbloquearon temas estratégicos para la ciudad.

Teniendo en cuenta los resultados de las elecciones gallegas, ¿cree que puede ser el momento en el que avancen significativamente en las dos ciudades más pobladas? Fueron primera fuerza en Vigo y tuvieron un resultado muy significativo en A Coruña...

Vamos a avanzar en todas las ciudades, vamos a dar un nuevo gran salto adelante y el BNG va a ser la fuerza que más crezca en esas elecciones municipales.

Tras archivar el proyecto de Altri, el pasado lunes 23 de febrero el presidente de la Xunta aseguró conocer el contenido del pacto secreto firmado con la empresa en octubre de 2021 para su llegada a Galicia, que el Gobierno gallego se viene negando a revelar. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una petición oficial de transparencia a la Presidencia de la Xunta para acceder a la información que obre en poder de ese departamento. La respuesta dada por el gabinete de Rueda, firmada apenas dos horas después de recibir la solicitud formal y sin motivación alguna, fue desentenderse de ella y remitirla a la Consellería de Industria, que previamente ya había negado conocer ese documento ante la Comisión de la Transparencia de Galicia.

La Ley de Transparencia establece que "se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder [de las Administraciones] y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Sin embargo, la Xunta ha esquivado la aplicación de ese artículo en sucesivas peticiones de transparencia formuladas por Praza.gal con respecto al pacto con Altri.

En febrero del pasado año, cuando todo apuntaba a que el primer dictamen ambiental de la Xunta sobre el proyecto de Altri sería inminente —la declaración de impacto ambiental favorable para la factoría acabó siendo firmada el 5 de marzo—, Praza.gal solicitó a la Consellería de Economía e Industria acceder al acuerdo con la empresa. La consellería obvió la petición y solo contestó cuando intervino la Comisión de la Transparencia de Galicia, dependiente de la Valedora do Pobo (Defensora del Pueblo), tras un recurso de Praza.gal.

En su respuesta, la consellería inadmitió la petición de Praza.gal con el argumento de que el acuerdo no había sido firmado por la Xunta sino por una empresa privada, Impulsa Galicia, creada por la Xunta para apoyar proyectos como el de Altri pero en la que el capital público era del 48%. Al no llegar al 50%, la Xunta consideraba esa empresa privada y, por tanto, al margen de la Ley de Transparencia, pese a que el Consello de Contas insistió de manera reiterada y también sin éxito en que las características de Impulsa Galicia debían someterla a una mayor fiscalización pública.

Praza.gal recurrió esa inadmisión ante la Comisión de la Transparencia subrayando que el documento había sido firmado por el entonces titular de Economía, Francisco Conde, presidente de Impulsa Galicia precisamente por ser conselleiro. La respuesta que dio la Xunta a esa alegación fue que Conde no había firmado el acuerdo como conselleiro sino como parte de un "negocio jurídico privado".

Tras esa respuesta, Praza.gal formuló una segunda petición de transparencia a Economía e Industria poniendo ahora el foco no en quién o cómo había firmado el documento, sino en que obraba "en poder" de la Xunta, como contempla la Ley de Transparencia, "en el ejercicio de sus funciones" de control de su propia participación en empresas. La respuesta de la Xunta, al límite del plazo legal, obvió el énfasis de la petición de Praza.gal en el hecho de que el documento estuviese en poder de la Administración en el ejercicio de sus funciones y se limitó a reiterar los argumentos denegatorios de la petición previa, esto es, que había sido firmado por Impulsa Galicia, una empresa privada.

Praza.gal recurrió nuevamente esa respuesta ante la Comisión de la Transparencia incidiendo en el elemento jurídico de que el documento sea público por estar "en poder" de la Administración. Pero la respuesta que dio Economía e Industria a la Comisión de la Transparencia, según reflejó esta, fue que la información solicitada era "desconocida" para la consellería y, por tanto, no podía facilitarla.

Tras esa alegación del pasado enero de que Economía e Industria "desconoce" el pacto firmado por quien en 2021 era conselleiro y como tal presidente de Impulsa Galicia, el pasado lunes 23 de febrero el presidente Rueda dijo que él sí conocía el acuerdo con Altri y que no contempla "ningún tipo de compensación" para la empresa. Ante esa afirmación, Praza.gal formuló una tercera petición formal de transparencia, pero esta vez ya no a la Consellería de Economía e Industria, que decía desconocer el documento, sino a la Presidencia de la Xunta.

En la petición se expusieron los antecedentes de las dos solicitudes de transparencia previas y se hizo hincapié en que se pide el pacto con Altri como documento conocido por el presidente. Un presidente de la Xunta que no tuvo ningún cargo en Impulsa Galicia y, por tanto, solo pudo conocer el documento como presidente de la Xunta, no como miembro de una empresa privada.

Pero la respuesta de Presidencia de la Xunta, firmada apenas dos horas después de que Praza.gal registrase su petición y sin incluir en ella ninguna motivación o argumentación de la decisión, fue remitir la solicitud a la Consellería de Economía e Industria. Lo hace tergiversando y simplificando el texto de la petición de Praza.gal, obviando que la petición expresa es a la Presidencia de la Xunta y remitiéndola a un departamento que ya dijo que no conoce el documento solicitado. El gabinete de Rueda se desentiende así de la afirmación del presidente de que conoce el pacto con Altri y deja en manos de Economía e Industria explicar cómo pudo conocerlo si la consellería dice desconocerlo.

A través de los Acuerdos de Gestión (ADX), el Servicio Gallego de Salud formula cada año desde hace media década los objetivos anuales de las siete áreas sanitarias en diversas materias de organización interna y atención a la población. Se presentan como pactos firmados por las gerencias de cada área con los máximos responsables de Sanidad cuyo grado de cumplimiento, no obstante, la Consellería está evitando revelar a posteriori.

Varios de esos objetivos están ligados a las listas de espera para consultas, pruebas y operaciones. En lo que respecta a las cirugías, los ADX para 2026 dibujan un panorama en el que, en la mayoría de áreas sanitarias, la demora media se va a mantener o aumentar. Pero también un escenario en el que todas ellas asumen la obligación de reducir el número de pacientes que rechazan que la operación por la que esperan sea realizada en un hospital privado sufragado con dinero público —concertado— y no directamente en un centro del propio Sergas.

Esta derivación a la privada como vía para reducir demoras o cumplir objetivos de espera media lleva más de una década asentada en la legislación sanitaria gallega —desde la controvertida reforma del Gobierno de Feijóo en 2013—. Y los ADX fijan abiertamente para todas las áreas sanitarias desde 2025 el objetivo de "disminuir el porcentaje de pacientes en espera no estructural que rechazan un centro concertado".

Según la normativa estatal en materia de listas de espera y la gallega que la adapta al Sergas, los pacientes "en espera no estructural" son "aquellos que en un momento dado están pendientes de ser atendidos" pero "su espera no es atribuible a la organización de los recursos disponibles". Están clasificados en dos grandes grupos. El primero son enfermos "transitoriamente no programables" por "motivos clínicos" —una causa médica "desaconseja temporalmente" la operación— o por "voluntad del paciente" —por ejemplo, una razón laboral—.

El segundo grupo de personas en espera "no estructural" son las que aguardan "tras la negativa a la derivación a un centro concertado o a otro centro del Servicio Gallego de Salud", según explica el propio Sergas. Es este colectivo, concretamente el de pacientes que quieren atención en la pública y no en la privada, el que las áreas sanitarias se comprometen a reducir en un contexto en el que, sin embargo, no son públicos ni el número total de personas en lista "no estructural" ni su demora media.

En los ADX de 2025, los primeros con este indicador específico, las siete áreas sanitarias pusieron cifras al "porcentaje de pacientes en situación de espera no estructural" que aspiraban a tener en "situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" con "más de 365 días de espera". Los objetivos, como muestra la tabla que acompaña esta información, oscilaban entre igual o menos de un 2% en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés y un máximo de un 30% en la de Lugo.

Para 2026, los ADX reformulan ligeramente el objetivo y la mayoría de las áreas sanitarias evitan las cifras, más allá de un compromiso genérico de reducir la cifra de enfermos que no quieren ir a operarse a la privada. El indicador es ahora el porcentaje de pacientes "en el registro de espera quirúrgica en situación de rechazo a la propuesta de intervención en un centro concertado" sobre "el total de pacientes en el registro de espera quirúrgica", sin el matiz de llevar más de un año esperando.

En este caso, solo las áreas de Santiago y Vigo firman un objetivo concreto: la compostelana, igual o menos de un 14%, y la viguesa, "reducir un 25% los cierres del anterior". En las cinco áreas restantes, lo pactado es que en 2026 haya, como máximo, el mismo porcentaje de pacientes que rechazan ir a la privada que en 2025.

Finalmente, Altri non. El proyecto de la compañía portuguesa Altri para, de la mano de la Xunta y de la gallega Greenalia, instalar en Palas de Rei una fábrica de celulosa y de fibras textiles a partir de este producto queda, a efectos prácticos, arrinconado definitivamente.

Casi media década después de ponerse en marcha y cuando ya ha transcurrido un año desde que el Gobierno gallego le otorgase su primer permiso ambiental, la propia Xunta confirma que se ha visto abocada a archivar el expediente. La clave para hacerlo, indica la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, es que la subestación que daría servicio a la factoría quedó fuera de la planificación de las redes eléctricas del Estado hasta 2030 y, por lo tanto, también la posibilidad de lograr posteriormente un permiso de conexión para una futura línea de alta tensión.

"Hemos iniciado ya el archivo de este expediente" y "acabamos de comunicar que el plazo que da la ley son tres meses para que justifique la conexión que presentó en el proyecto y, si no, se procederá inmediatamente al archivo formal del expediente de Altri", resumió Lorenzana este viernes en declaraciones a la prensa durante una visita a una empresa maderera en Lugo. "El archivo y la caducidad —resume— va vinculada a esa falta de conexión".

La conselleira evidencia que, tras la luz verde ambiental del año pasado, "la parte industrial estaba incompleta sin esa conexión" eléctrica y, "por lo tanto, estaba en manos de la empresa y del Ministerio para la Transición Ecológica el enchufe de la compañía". Altri tiene ahora ese trimestre para formular alegaciones en las que, "si no logra justificar la conexión", llegará "un archivo automático" que, según Lorenzana, va a ser lo que suceda.

En este contexto y preguntada por una eventual recuperación futura del proyecto, la conselleira de Industria se remite a la posición de la empresa al respecto, si bien matiza: "Estamos hablando de una planificación en la que hasta 2030 no va a haber una nueva". "Por lo tanto —añade— es largo de fiar".

La exclusión de la planificación eléctrica estatal no fue el único revés en los planes del denominado Proyecto Gama. Entre las condiciones que Altri había expuesto para realizar su inversión, que cifraba en unos 1.000 millones de euros, figuraba también la obtención de unos 250 millones en ayudas públicas. Entre ellas, fondos europeos de recuperación destinados a la descarbonización industrial, el PERTE de descarbonización: 30 millones de euros a los que optó sabiendo que incumplía los plazos, un motivo de exclusión al que se sumó el hecho de prever el uso de combustibles fósiles en la fábrica.

Esos portazos eléctricos y financieros fueron llegando mientras la compañía intentaba por varias vías frenar la amplia movilización social y política en su contra, clave en este proceso. Surgida en torno a la Plataforma Ulloa Viva, en las comarcas directamente afectadas, se extendió en estos años por Galicia de diversas maneras.

El grito de "Altri non" resonó de lo local a lo general. Desde pequeñas acciones divulgativas y de protesta hasta grandes manifestaciones, como la del pasado diciembre en Santiago; las celebradas también en Compostela en diciembre y junio de 2024; el histórico clamor en Palas aquel mismo año; o la simbólica marcha por tierra y mar, el año pasado en A Pobra do Caramiñal.

En una primera reacción "con toda la cautela", Ulloa Viva acoge el anuncio del archivo con "gran alegría". Llega, dicen, "tras el trabajo y la implicación de miles de vecinas y vecinos y de todo el pueblo gallego". "Si fuimos capaces de llegar a este punto fue gracias a la fuerza del trabajo colectivo, a la fuerza de todo un pueblo que quiere un futuro en su tierra", afirman.

También las dos fuerzas de la actual oposición parlamentaria, BNG y PSdeG, participantes activos en estas movilizaciones, celebran el archivo del proyecto. Por parte del Bloque, su portavoz nacional aplaude el fin del proyecto como "triunfo de la ciudadanía" y "derrota del PP". "Venció la dignidad", sostiene Ana Pontón, que en el próximo pleno del Parlamento preguntará a Rueda por el contenido del pacto secreto de la Xunta con la compañía portuguesa.

Desde el PSdeG, su secretario general celebra que el "triple no razonado" del Gobierno de España haya acabado frenando la "operación política" de Altri al quedarse la compañía sin ayudas europeas ni conexión eléctrica. En este contexto, José Ramón Gómez Besteiro considera que ahora hace falta aún más "transparencia inmediata" sobre el pacto secreto de la Xunta con la compañía para aclarar "si a los gallegos y gallegas les va a costar dinero esta apuesta fallida".

Los Acuerdos de Gestión (ADX) son una fórmula que el Servicio Gallego de Salud emplea desde hace media década para fijar objetivos anuales de organización interna y de atención a la población. El Gobierno gallego los materializa como pactos firmados entre la Gerencia del Sergas y los responsables de cada una de las siete áreas sanitarias, que rubrican metas concretas, muchas de ellas expresadas numéricamente, cuyo grado de cumplimiento la propia Consellería de Sanidad está evitando revelar a posteriori.

Entre los indicadores medibles para los que estos acuerdos de gestión fijan objetivos anuales se encuentran las listas de espera quirúrgica. En este 2026, en la mayoría de las áreas sanitarias el pronóstico es que los tiempos medios de demora para acceder a una operación apenas se reduzcan o incluso aumenten, según los ADX firmados a comienzos de febrero.

El objetivo más inmediato que fijan en este ámbito los ADX es la demora quirúrgica media en el mes de junio, es decir, la media de días que espera cada paciente desde su inclusión efectiva en la lista, la denominada lista “estructural”. Las cifras oscilan entre los 77 días que esperan tener de media en el área sanitaria de Santiago y los 54 de la de Lugo.

Como muestran los gráficos que acompañan esta información, el cumplimiento de los objetivos de los ADX implicaría que a mediados de este año únicamente el área de Santiago-Barbanza experimentase una reducción significativa de la espera media. Prevén que haya que esperar casi nueve días menos en comparación con junio de 2025, cuando había experimentado una subida muy notable, hasta superar los 85.

En el área de A Coruña-Cee la expectativa es reducir la demora media unos dos días y en las demás, apenas un día, con dos excepciones: Lugo y Ourense. Para el área ourensana lo pactado es una espera media de 61 días y medio en junio de 2026, es decir, exactamente el mismo dato publicado por el Sergas como real para junio de 2025. Y en el área lucense la gerencia contempla una demora media de 54 días: un año antes eran 53,9.

El segundo umbral para el que los ADX fijan objetivos concretos de espera quirúrgica es el final del año, diciembre de 2026. En este caso aún no es posible realizar una comparación con los datos reales del cierre de 2025, que el Sergas todavía no ha publicado, por lo que la referencia más próxima son las cifras del cierre de 2024.

Al realizar esa comparación, los objetivos de descenso de la demora quirúrgica solo se encuentran en tres áreas encabezadas por la de Ourense, donde prevén que la demora media sea de 62 días, una semana menos que al cierre de 2024, año marcado por sus malos datos. En la de A Coruña se proponen que a finales de 2026 haya que esperar de media cuatro días menos que al cierre de 2024 —74 días y medio frente a 78 y medio— y en la de Pontevedra una reducción de tres días, hasta los 59.

En las otras cuatro áreas el propio Sergas asume que la demora quirúrgica seguirá siendo más elevada cuando termine este año que a finales de 2024. El incremento más acusado sería el de Lugo, con siete días y medio más hasta llegar a los 55; en Vigo el objetivo es cerrar el ejercicio con una demora media de 70 días frente a los menos de 64 de finales de 2024. Mientras, tanto en Santiago como en Ferrol la previsión es que la espera media sea unos cinco días superior a la registrada al cierre de aquel año.

El Sergas traza estos objetivos por áreas en un contexto en el que el dato más reciente para el conjunto del sistema situaba en junio del año pasado la espera media quirúrgica en 69 días. El dato, ligeramente inferior al del cierre de 2024, siguió siendo mucho más elevado que el alcanzado justo antes de la pandemia de la COVID, cuando se había situado en algo menos de 55 días al finalizar 2019.

Pese a estas cifras, la propia Consellería de Sanidad señala la “reducción en los tiempos de acceso a cirugías” como una de las “prioridades más destacadas” de los Acuerdos de Gestión para 2026. Tras su firma, el conselleiro señaló los ADX como muestra de la “voluntad de la Xunta de ofrecer a la ciudadanía tiempos de acceso cada vez más cortos poniendo el acceso en las prioridades clínicas”.

Se trata, matizó Antonio Gómez Caamaño, de un objetivo con “dificultades”. Estos obstáculos, considera, se deben a razones ajenas a la gestión del Gobierno gallego. Cita como causas el “escenario marcado por la falta de profesionales” y “las huelgas contra el Estatuto Marco que promueve el Ministerio de Sanidad”. El Ministerio, precisamente, acaba de lanzar su plan para “unificar” y “modernizar” la información de las listas de espera en todo el Estado apelando, entre otras razones, a una “creciente demanda social de transparencia y rendición de cuentas” al respecto.

La presente legislatura va a ser la primera en década y media en la que, si se cumplen los anuncios, el Gobierno gallego finalice el mandato con un número significativo de nuevas viviendas protegidas en general, y de promoción pública en particular. Tras años de práctica parálisis —desde el fin del Ejecutivo de coalición PSdeG-BNG y durante la gran recesión, pero también en los años posteriores de recuperación económica—, en los que la vivienda protegida cayó a la mínima expresión en nuestro país, los actuales planes de la Xunta apuntan a un relativo cambio de rumbo que, no obstante, apenas va a cubrir el 20% de una demanda disparada.

El gabinete de Alfonso Rueda marcó al inicio del mandato (2024) la intención de finalizarlo (2028) con unas 4.000 nuevas viviendas de promoción pública —viviendas protegidas en las que el promotor es el propio Gobierno—, de las que, aseguraba a finales de enero, “ya hay 3.000 en diferentes fases de ejecución”. Recientemente, al anunciar el II Pacto de Vivienda de Galicia, sumó otras 2.000 al objetivo con el horizonte de 2030. Esto es, en cifras redondas, 6.000 viviendas de promoción pública para un número de peticiones de pisos protegidos que comienza 2026 avanzando hacia las 30.000.

Tras la renovación de su plataforma web, durante la que mantuvo parcialmente inactiva la actualización de datos, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) volvió a permitir recientemente el acceso a las cifras del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, en el que la inscripción es imprescindible para poder optar a cualquier piso de protección. En la mañana del 3 de febrero —la actualización de datos es continua, sin posibilidad de consulta de su evolución—, estaba compuesto por 28.690 solicitudes, un 50% más que a mediados de febrero de 2025.

Los anuncios de nuevas promociones públicas, que la Xunta viene amplificando, se combinan con el escenario de precios crecientes y dificultades de acceso a la vivienda en el mercado privado, tanto en alquiler como en compra, y contribuyen a alimentar unas peticiones que se concentran, sobre todo, en las principales ciudades y sus entornos. Algo más del 75% de las peticiones están en alguna de las siete principales urbes.

Concretamente, tres de cada diez peticiones de vivienda protegida tienen su origen en la ciudad de Vigo, con más de 9.000. Otro 20% corresponde a A Coruña, con casi 6.000 peticiones. En apenas un año las solicitudes coruñesas se dispararon un 64% y las viguesas, un 57%. En Vigo la Xunta sitúa en 920 las viviendas que tiene actualmente “en distintas fases de ejecución”, todas ellas en el polígono de Navia, y en A Coruña las cifra en 476, la mayoría en el nuevo barrio de Xuxán.

También crecen a doble dígito las peticiones en el resto de la Galicia urbana y en la ciudad donde menos aumentan proporcionalmente, Lugo, lo hacen aun así con un relevante 25% interanual. En total, las más de 22.000 peticiones de viviendas protegidas registradas en las siete principales ciudades son, en conjunto, un 54% más que las de hace un año, según los datos que pudo recuperar del registro Praza.gal.

A la espera de que se cumplan o no los anuncios, lo que resulta innegable es que incluso en el escenario más optimista —el de la incorporación de esas prometidas 6.000 nuevas viviendas de promoción pública hasta 2030—, lo harán en un contexto marcado por la paralización de la vivienda protegida en la década anterior. Buena muestra de ello es que los datos oficiales disponibles acreditan que los sucesivos gobiernos presididos por Alberto Núñez Feijóo llegaron a encadenar cuatro años seguidos en los que no superaron las cinco viviendas protegidas iniciadas.

La tendencia más reciente, según la información disponible en el Ministerio de Vivienda, es de relativa remontada. Entre enero y septiembre de 2025 —los datos del trimestre final del año que acaba de terminar aún no están disponibles— en Galicia comenzaron su construcción 320 viviendas protegidas, la mayoría de promoción pública (221), y quedaron terminadas 138. Son cifras relevantes en comparación con los años de la parálisis, pero insignificantes en comparación con las de los gobiernos de Fraga y con el mandato de PSdeG y BNG.

A dichos planes de viviendas de promoción pública, la Xunta dice poder sumar hasta 20.000 más protegidas de promoción privada y otras 5.000 sin protección. Son las que contempla en su estrategia de suelo residencial, un proyecto parcialmente ya en marcha. Su actuación más reciente es la aprobación del plan en el barrio lucense del Sagrado Corazón para urbanizar terrenos donde se podrían construir unas 1.200 viviendas a partir de 2028.

Esta estrategia vino a sustituir en 2024 al Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo tras anunciar una reformulación que nunca llegó.

El plan de la compañía portuguesa Altri para, de la mano de la gallega Greenalia, instalar en Palas de Rei una fábrica de celulosa y de fibras textiles a partir de este producto está rodeado de crecientes síntomas de incertidumbre. Casi media década después de aterrizar en Galicia de la mano de la Xunta, la exclusión de su factoría de los planes eléctricos del Estado por no ser un proyecto asentado, así como varias asignaciones de fondos europeos, hacen crecer unas dudas que evidencia incluso el propio Gobierno gallego casi un año después de otorgarle su primer permiso ambiental.

Estas incertidumbres van acompañadas, desde el inicio, de otra que no es menor: el contenido exacto del pacto en el que se basó el desembarco de Altri en Galicia, un memorando de entendimiento rubricado el 1 de octubre de 2021 con Impulsa Galicia, la sociedad fundada por la Xunta y Abanca para "apoyar la maduración" de proyectos que optasen a los fondos europeos Next Generation, disuelta en el verano de 2025. En este tiempo, el Gobierno gallego ofreció varias explicaciones para no publicarlo. La más reciente, que "desconoce" el contenido de un documento que fue firmado por quien entonces era vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, en su condición de presidente de Impulsa.

La existencia del pacto es pública desde que fue firmado porque Altri lo divulgó. Movimientos sociales contrarios al proyecto y también BNG y PSdeG reclamaron formalmente en el Parlamento acceder al texto, hasta el momento sin éxito. También lo hizo Praza.gal mediante una solicitud al amparo de la ley de transparencia, que la Consellería de Economía rechazó argumentando, como había hecho para excluir el documento del control parlamentario, que se trata de información «privada» por pertenecer a una sociedad con ese carácter, Impulsa Galicia, que lo era por no alcanzar la Xunta el 50 % de participación directa, criterio del que discrepa el Consello de Contas.

Praza.gal recurrió ese dictamen de la Consellería ante la Comisión de Transparencia de Galicia alegando, entre otras consideraciones, que el pacto secreto con Altri tenía que estar en poder de la Xunta porque fue firmado por un conselleiro y, por tanto, sí estaba afectado por la ley de transparencia. El Gobierno respondió que el entonces vicepresidente y conselleiro Conde, actualmente diputado del PP en el Congreso, había actuado en un "negocio jurídico privado" en su "condición de titular de un órgano de una sociedad mercantil privada" —que dirigía como representante de la Xunta— y "no en su condición de cargo público". Ante esta respuesta y apoyándose en los textos de las leyes gallega y estatal al respecto, Transparencia cerró el expediente atendiendo al razonamiento del Ejecutivo.

Con esta respuesta sobre la mesa, Praza.gal formuló en julio del año pasado una nueva petición al amparo de la ley de transparencia incidiendo en que el documento del pacto con Altri tiene que estar "en poder" de la Xunta, que debió obtenerlo "en el ejercicio de sus funciones" de supervisar su propia participación en Impulsa Galicia. Y añadió que, dada la consideración de Impulsa Galicia como compañía privada por parte de la Xunta y teniendo en cuenta, en todo caso, que en su accionariado había compañías privadas, cabría que el Gobierno gallego activase el mecanismo legal que permite consultarlas sobre la publicación del documento y divulgarlo si no se oponen, como ya sucedió en otras ocasiones.

La Consellería de Economía, de nuevo, negó el acceso alegando que Impulsa quedaba fuera de la Ley de Transparencia. Y este diario, una vez más, acudió ante la Comisión de Transparencia, órgano hasta ahora dependiente de la Valedora do Pobo, ante el que el departamento ahora dirigido por María Jesús Lorenzana expone no solo que no tiene el documento del pacto secreto con Altri, sino que también ignora su contenido.

En una resolución dictada a mediados de este mes de enero, la Comisión de Transparencia explica que, en un informe para responder a las alegaciones de Praza.gal, Economía reitera que el documento "no fue elaborado ni adquirido por la Xunta de Galicia en el ejercicio de sus funciones, sino que se trata de un documento de carácter privado, elaborado por una persona jurídica independiente" y "no tiene carácter de información pública". Y por ello, añade, ya no procede abrir un trámite para consultar a terceros si acceden o no a que se publique.

«La información solicitada no está publicada y es desconocida por el órgano emisor del informe», la Consellería de Economía, señala Transparencia. "Como indica la Consellería en su informe —reitera— no está publicado y es desconocido para ella", lo cual "se compadece con el hecho de que no lo posee en el ejercicio de sus funciones", dice la Comisión, que, al contrario que el Consello de Contas, asume también el criterio de que Impulsa Galicia no debe ser tratada como entidad pública a efectos de control y transparencia.