Hace cuarenta años se aprobó la Ley General de Sanidad (LGS). La Constitución y las leyes reconocen el derecho a la protección de la salud. Para hacer efectivo este derecho, la LGS creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), de cobertura universal, con un amplio abanico de prestaciones, financiado a través de impuestos, y gestionado de forma descentralizada. Desde 1986 hasta 2010 el SNS mejoró decididamente en calidad de servicios y en valoración social. La sanidad pública española ha sido, y todavía es, un gran logro de nuestro país. Sin embargo, desde 2010, como consecuencia de la crisis financiera y la gestión de dicha crisis, se produjeron recortes en el gasto sanitario público, iniciando un proceso de deterioro que no ha parado hasta hoy. La encuesta de 40dB publicada en enero de 2026 pregunta: “¿Cómo evalúas el funcionamiento de la sanidad pública en tu comunidad autónoma?”, y solo el 42,4% contesta que bien o muy bien.

Coincide con el Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, de noviembre de 2025 donde solo un 48,5% pensaban que funcionaba bien o muy bien, mientras que en 2010 era un 74% de la población quien valoraba positivamente el Sistema Sanitario. Por su parte, el Barómetro del CIS de diciembre 2025 alerta de que la sanidad es el tercer problema que más preocupa personalmente a los españoles, señalado por un 21,5% de la población (detrás de los problemas económicos que son señalados por un 30,7% y de la vivienda, que señala un 27,9%). Conviene recordar que en 2010 la sanidad ocupaba el sexto lugar en los problemas que más preocupaban personalmente a la ciudadanía, y era señalado solo por un 3,5% de la población.

La encuesta de 40dB muestra también que la mayor parte de la población, un 67,5%, prefiere un modelo público de sanidad y que se fortalezca la sanidad pública. También una mayoría, 58,7%, opina que se destinan pocos recursos a sanidad. Y lleva razón.

Tengamos en cuenta que para poder financiar los diferentes servicios públicos (sanidad, educación, fuerzas de seguridad, servicios sociales, infraestructuras, etc.) se necesita recaudar el dinero suficiente para ofrecer el nivel de calidad que puede permitirse cada país. El primer paso, por tanto, es la política fiscal: de quién y cuánto se recauda. El segundo paso es cómo se distribuyen esos fondos entre las diferentes administraciones (central, autonómica, local) para poder cumplir sus respectivas competencias y obligaciones. Y el tercer paso debería ser comprobar que se están cumpliendo adecuadamente esas competencias. Sería bueno abordar los tres aspectos de forma coherente: una reforma que construya un sistema fiscal progresivo (para cumplir el artículo 31 de la Constitución Española); un acuerdo de financiación autonómica suficiente y justo; pero también un mecanismo de control que permita garantizar que el dinero se gasta adecuadamente para cumplir las competencias y obligaciones respectivas.

El nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España supondría inyectar 21.000 millones de euros más a las CCAA. Esta cantidad se sumaría a lo que ya se ha ido incrementando la financiación en los últimos siete años respecto a los siete anteriores, que, según el Ministerio de Hacienda, ascendería a 300.000 millones de euros. Estos recursos deberían permitir recuperar las dotaciones suficientes para prestar un servicio sanitario de calidad, “blindando la universalidad de la sanidad pública”.

En efecto, según estas cuentas, el Gobierno de España facilitaría a las CCAA los recursos para poder cumplir con la gestión de las competencias sanitarias. Pero, ¿qué significa “cumplir” y “blindar” la sanidad pública? ¿Cómo lo medimos y quién lo mide? ¿Qué estándares son exigibles, y por quién? ¿Qué pasa si, aún disponiendo de recursos, una CCAA no garantiza la calidad en la atención sanitaria en tiempo y forma adecuada? ¿Qué pasa si se debilitan los centros públicos y se favorecen los privados? ¿Qué pasa si se gestiona de forma ineficiente, por ejemplo, el gasto farmacéutico? Esto es lo que está realmente ocurriendo. 

Frente a ese deterioro progresivo e incontrolado, hemos de fortalecer la sanidad pública definiendo con claridad y sencillez los estándares de calidad de los servicios y fijando las condiciones para alcanzarlos: tiempo de demora para la atención; tiempos de resolución para los diferentes tipos de problemas; estándares de personal de los centros públicos (dotación, cualificación, remuneraciones suficientes, estabilidad, reconocimiento, condiciones de trabajo); instalaciones adecuadas; tecnología apropiada; y un mecanismo de evaluación permanente del funcionamiento del SNS, con sistemas de corrección, local, regional y nacional que incluyan, en caso extremo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución (en virtud del cual el Gobierno de España podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a la CCAA al cumplimiento forzoso de sus obligaciones, protegiendo el interés general).

Por todo ello, entendemos que, cuarenta años después de aprobada la Ley General de Sanidad, sería muy conveniente una refundación del SNS. Enfrentamos un problema de primera magnitud y se requiere una respuesta acorde con el desafío: cambios sociales, demográficos, epidemiológicos, profesionales, tecnológicos... Para ello es necesario un Ministerio de Sanidad más fuerte, así como una estructura de coordinación (federal) más potente y ejecutiva del Sistema Nacional de Salud (Consejo Interterritorial y agencias vinculadas), para impulsar y desarrollar una política de personal sólida, así como el mantenimiento y actualización de las infraestructuras apropiadas, que permitan un acceso universal y, en tiempos y condiciones adecuados, el refuerzo de la salud pública, de la atención primaria y de la atención al sufrimiento psíquico, y el control y reducción radical de gasto farmacéutico. 

Solo así podremos blindar, de verdad, un sistema sanitario público de calidad, para toda la población española, resida donde resida, que recupere el aprecio de la ciudadanía por su excelente desempeño. La discusión del nuevo modelo de financiación autonómica, con el importante incremento de recursos que supondría, es una oportunidad para lograr la recuperación y fortalecimiento del SNS, ligando la asignación de recursos al cumplimiento de estándares de personal sanitario, así como de calidad y accesibilidad de la atención sanitaria. Si en lugar de eso nos echamos la culpa unos a otros (gobierno central a gobiernos autonómicos y viceversa), no resolveremos el problema y la sanidad pública continuará deteriorándose, gota a gota. 

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Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.

No deberíamos seguir mirando hacia otro lado. La sanidad pública está en peligro y no hay una respuesta contundente ni desde el Gobierno de España ni desde la mayoría de las comunidades autónomas.

El Barómetro Sanitario de noviembre, elaborado por el CIS para el Ministerio de Sanidad, muestra algunos datos muy preocupantes y enciende una luz roja: por primera vez, son más los que piensan que el sistema sanitario funciona mal que los que opinan que funciona bien. Así, cuando se pregunta a la ciudadanía su opinión sobre el sistema sanitario en nuestro país, más de la mitad, un 50,2%, opina que funciona mal o necesita cambios fundamentales, mientras que solo un 48,5% piensan que funciona bien o bastante bien. En cambio, en 2010 un 74% de la población valoraba bien o muy bien el sistema sanitario.

En estos años la valoración positiva ha ido bajando más de 25 puntos. El deterioro es evidente, de tal forma que la sanidad es el tercer asunto que más preocupa personalmente a los españoles. Este descrédito tiene mucho que ver con los tiempos de espera para recibir atención sanitaria (diez días en Atención Primaria; cuatro meses en Atención Especializada). Y estos retrasos se traducen en que cada vez son más personas las que acuden a la sanidad privada. En efecto, al haber retrasos en la atención dentro de la sanidad pública, más personas se hacen un seguro privado. En este Barómetro Sanitario un 31% dice tener este tipo de seguro, cuando en 2010 era la mitad. Se está privatizando de facto la financiación sanitaria, que descansa cada vez más en el bolsillo de los pacientes.

En este sentido, otro síntoma preocupante recogido en el Barómetro Sanitario, y que muestra las carencias del sistema, es la dificultad que tienen muchas personas para pagar los medicamentos (copagos, medicamentos no financiados): en los últimos doce meses, un 5,6% de la población dejó de tomar un medicamento que les habían recetado en la sanidad pública porque no se lo pudieron permitir por motivos económicos. Supone unos 2,5 millones de personas. No son pocos. Y esta barrera al acceso a su tratamiento se genera al mismo tiempo que estamos pagando precios exorbitados por los nuevos medicamentos. En efecto, la sanidad pública gasta más de 10.000 millones de euros anuales en precios excesivos de medicamentos: más que de sobra para hacer que nadie quede sin el medicamento que necesita y para mejorar sensiblemente la dotación de profesionales. Además, ese exceso de beneficio de la industria farmacéutica se utiliza en parte para influir en los propios sanitarios, presionándoles para que receten más, y medicamentos más caros, lo que, unido a la falta de tiempo para otras intervenciones no farmacológicas, conduce a un consumo innecesario de medicamentos, que se estima en un 30%.

Desde los recortes producidos a partir de la crisis financiera de 2008-2010, la sanidad perdió un 20% de sus recursos y, mientras tanto, la demanda sanitaria ha crecido. Estas carencias producen un deterioro que debe corregirse cuanto antes. Pero no es solo cuestión de más recursos. Además, es precisa una reordenación del sistema sanitario, con un refuerzo de la coordinación y de los instrumentos que garanticen la universalidad y la calidad de la atención. Se deben potenciar las capacidades del Ministerio de Sanidad para que pueda ejercer sus funciones, como la Alta Inspección. Se debe mejorar el desempeño del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con capacidad de decisión efectiva y estructuras de apoyo para compartir recursos (compras conjuntas, evaluación de servicios, sistemas de información, recursos humanos, etc.). Es preciso fortalecer la Salud Pública, la Atención Primaria y la Atención a la Salud Mental. Es necesaria una reformulación completa de la política farmacéutica. Se deben completar las plantillas, adaptándolas a las nuevas necesidades y a los derechos de los trabajadores, dotar de estabilidad a los profesionales, y ofrecerles condiciones atractivas para su desempeño, incluyendo una formación continuada no ligada al patrocinio de la industria. Y también es necesario evitar la privatización y la fragmentación de la gestión y la provisión de la Atención Sanitaria. Muchas de estas medidas se aprobaron en julio de 2020 por el Congreso de los Diputados en el Dictamen para la reconstrucción económica y social, con un amplio respaldo parlamentario, y son perfectamente viables.

Es fundamental que el Gobierno de España lidere una ambiciosa estrategia de reconstrucción del Sistema Nacional de Salud, con un programa integral, de corto, medio y largo plazo, que vuelva a lograr el aprecio de la población hacia su sanidad pública. Sin duda, el momento político es muy complicado y puede resultar tentador echarse las culpas unos a otros y centrarse en otros temas. Pero conviene tener presente que un extraordinario logro social de varias generaciones, nuestro Sistema Nacional de Salud, está hoy realmente en peligro.

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Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.

En el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 12 de noviembre, el presidente Sánchez denunció la corrupción inmoral de la privatización de servicios públicos que “… se sufre a diario. En las listas de espera…, y en los hospitales masificados…, y en los bolsillos de millones de hogares”. Ponía un ejemplo: “Este es el milagro privatizador de la Comunidad de Madrid: una sanidad que se apaga poco a poco, mientras brillan las cuentas de resultados de las empresas privadas…”. Y añadía: “El patrón es claro. El PP se dedica a debilitar y vender la sanidad pública. Lo que quieren es que los servicios se degraden y las listas de espera se alarguen más allá de lo humanamente aceptable, hasta que a la ciudadanía no le quede más remedio que irse a una clínica privada, pagada con los impuestos de todos, o con el dinero de su propio bolsillo”. La pregunta es: ¿el Gobierno de España no puede hacer nada frente a esta situación? Es cierto que la gestión sanitaria está transferida a las comunidades autónomas (CCAA), que hoy el PP gobierna en la mayor parte de éstas, y que deben responder de su mala gestión. Pero conviene recordar también que el sistema de financiación, el catálogo de prestaciones, la política de medicamentos, la coordinación y planificación general de la sanidad, la alta inspección y otras funciones importantes del Sistema Nacional de Salud (SNS) son competencia del Gobierno y del Parlamento de la Nación.

El SNS, después de casi cuarenta años desde su creación, ha rendido un excelente servicio a la sociedad. Ha contribuido a lograr un buen nivel de salud de la población y un alto grado de cohesión social, ofreciendo una cartera de servicios completa, que incluye la salud pública, la atención primaria, la atención hospitalaria, los medicamentos y otros servicios complementarios. Pero desde 2010 se detecta un deterioro progresivo, con peor valoración de la población, y con aumento del número de personas que debe recurrir a la sanidad privada (un 25,9% de la población ya tiene seguro privado).

Sin duda parte de ese deterioro tiene que ver con las decisiones de algunos gobiernos autonómicos del PP que apuestan por la gestión privada de los servicios sanitarios. Pero la mayor parte de ese deterioro se debe a los recortes que se realizaron en 2010-2014, que no se han recuperado; a un aumento de la demanda por envejecimiento de la población; a un gasto ineficiente en medicamentos por sobre precios abusivos; y a dificultades de coordinación entre el Gobierno de España y los gobiernos de las CCAA, incluyendo la capacidad de control y garantía de calidad para asegurar una atención sanitaria equitativa en todo el SNS. Es decir, la sanidad pública española, además de la orientación privatizadora de gobiernos del PP, tiene problemas de financiación y problemas estructurales (de coordinación y de gobierno) que requieren un replanteamiento a fondo. Por tanto, la salvación del SNS no depende solamente de una mejor gestión de las CCAA, depende, también, del liderazgo del Gobierno de España, asegurando, por un lado, la financiación suficiente en el nuevo modelo de financiación autonómica y, por otro lado, favoreciendo una gestión más eficiente con los cambios estructurales precisos.

En cuanto a los recursos necesarios, según el Ministerio de Hacienda, los ha habido: “Durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas habrán recibido 300.000 millones de euros más que en los siete años anteriores”. Además, el Estado asume una deuda de 83.252 millones que pesaba sobre las CCAA. Esto habría supuesto 54.714 millones de euros anuales más para las mismas. Por otro lado, los recortes de la sanidad pública realizados en 2010 y años siguientes se estiman en 20.000 millones de euros anuales. Quiere decir que, en los últimos años, se han transferido a las CCAA recursos suficientes para haber podido recuperar el gasto sanitario público y responder a las necesidades de atención actuales. Pero, sin embargo, mientras la sanidad pública continuaba su lento proceso de deterioro, esos recursos se han destinado a otros fines. Esta cuestión debería resolverse en la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica (anunciada por la ministra de Hacienda el pasado 17 de noviembre): el Gobierno de España y el Parlamento de la Nación deben asegurar que en el nuevo modelo la sanidad recibe los recursos necesarios y equitativos en todas las CCAA (instaurando los mecanismos de reparto, los controles de ejecución y los sistemas de corrección que se precisen).

En lo referido a los cambios estructurales nos referimos a la necesidad de refundar el SNS, dotándole de mayor capacidad de gobierno, reforzando el Ministerio de Sanidad y convirtiendo el Consejo Interterritorial del SNS en un órgano de carácter federal que pueda adoptar decisiones vinculantes, y se dote de unidades cualificadas (agencias o similares) que le permitan establecer estándares de calidad (incluyendo dotación suficiente de personal y tiempos máximos de espera), así como optimizar los sistemas de compras y fijación de precios (especialmente de medicamentos), los sistemas de información, la coordinación en la prestación de servicios, los sistemas de evaluación, la formación continuada de personal y la exigencia de unos mecanismos de remuneración adecuados. El SNS (Gobierno de España y de las CCAA) debe garantizar el acceso a servicios sanitarios públicos de calidad en cualquier lugar del territorio nacional, contemplando la posibilidad de recuperar, de forma excepcional, la gestión de los servicios transferidos en caso de incumplimiento de las obligaciones de las CCAA, para evitar el deterioro de la sanidad pública y el sufrimiento de los pacientes. Muchas de estas medidas requieren el acuerdo de la mayoría de los grupos políticos y de los Gobiernos nacional y autonómicos. Parece imposible, pero es absolutamente necesario, y cada vez más urgente, si queremos consolidar y mejorar el SNS.

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Fernando Lamata Cotanda es especialista en Psiquiatría, miembro del Consejo Consultivo de la Confederación de Salud Mental de España y colaborador de la Fundación Alternativas.

La sanidad pública está tocada. Es cierto que todavía aguanta. Todavía tiene una plantilla de profesionales bien preparados y una amplia cobertura. Pero la tendencia desde 2010 es de un deterioro progresivo. Me duele que el Gobierno de España, que apuesta por políticas valientes en temas laborales y económicos, con excelentes resultados, no se plantee a fondo una estrategia para refundar o reforzar sólidamente el Sistema Nacional de Salud (SNS). Porque este es un asunto que compete a las CCAA, pero también a la Administración del Estado.

La valoración que hace la población de la sanidad ha empeorado desde 2010, pasando de un 74% que opinaban que funcionaba bien o muy bien, a un 55%. El deterioro de la sanidad pública se nota sobre todo en la dificultad de acceso para recibir atención. Los tiempos de espera se han duplicado desde 2010, tanto en consultas externas de atención especializada, como en atención primaria, en pruebas diagnósticas y en cirugía programada. Muchas personas, que pueden pagárselo, recurren a la sanidad privada. Así, el número de personas que tienen seguros sanitarios privados ha aumentado sensiblemente, de tal manera que un 23,2% tienen seguro privado particular y otro 9,4% seguro privado de empresa. Según datos del Ministerio de Sanidad, el número de atenciones en consultas externas de hospitales públicos se mantuvo estable en 24 millones entre 2013 y 2022, a pesar del fuerte aumento de la demanda. ¿Dónde se atendieron las demás personas que lo necesitaban? En la privada: las consultas en hospitales privados pasaron de 6,7 a 13,2 millones, más de un 90% de aumento. Lo mismo ha ocurrido en pruebas diagnósticas y cirugías. La sanidad privada ha recogido la demanda creciente de la población, como en Salud Mental, donde más del 50% de las consultas se tienen que hacer en la privada, mientras la sanidad pública se ve saturada y sin capacidad de respuesta. Por supuesto, las personas de menos renta y menos posibilidades económicas, engrosaron las listas de espera, quebrándose así el principio de equidad.

Las causas de este deterioro son múltiples, aunque podemos resumirlas en dos. Una reducción de recursos en relación con la demanda creciente. Y una estructura de gobierno debilitada y fragmentada. En efecto, el gasto sanitario público (GSP) se redujo, en euros constantes, un 24% entre 2009 y 2014, afectando al personal y a las infraestructuras. Una herida mortal. En 2015 comenzó una lenta recuperación, y en 2022 el GSP superó, en euros constantes, el GSP de 2009 en apenas un 3%. Buena parte de los recursos adicionales eran fondos europeos en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Pero el problema venía de atrás. Desde 2010 las necesidades de atención han ido aumentando progresivamente. La población había crecido un 4%. Pero, sobre todo, la población mayor de 65 años, que consumimos más recursos sanitarios, creció un 20%. Y las tasas de prevalencia, ajustadas por edad, de patologías como algunos cánceres, o los problemas de salud mental, y otras, habían crecido más del 30%. Por eso es preciso incrementar los recursos destinados a sanidad en, al menos, un 20% para atender a las necesidades actuales. Más de 20.000 millones de euros anuales. Es preciso situar el GSP en relación con el PIB en las cifras de los países europeos más avanzados, en todo caso en la media de la Euro Área. Al menos un punto y medio más de PIB. El Gobierno ha anunciado que va a incrementar el gasto en Defensa. ¿No merece la Sanidad una planificación similar? En cambio, el Gobierno ha dicho que se mantendrá el gasto social. No es suficiente. Eso significaría perpetuar el deterioro del SNS hasta que se hunda.

Ahora bien, aunque el Gobierno de España incrementara los recursos, tiene que contar con las CCAA a través de la negociación del nuevo marco de financiación. Es previsible que esa negociación inyecte importantes ingresos a las CCAA, gracias a la mejora de la economía y de los ingresos fiscales. Pero las CCAA deben aceptar que se destinen a sanidad. No podemos perder esta oportunidad. Podría ser la última para preservar el SNS. Es importante debatir con la sociedad si quiere mantener y mejorar el SNS o si quiere que cada uno se las apañe como pueda, con su seguro sanitario privado. Si la voluntad de la sociedad es recuperar y fortalecer el SNS, la financiación adicional debe ser, al menos en una parte importante, para la sanidad, con carácter finalista, y con mecanismos de control del gasto. No basta con transferir más recursos, se debe garantizar que se orientan a mejorar la dotación y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, y los medios necesarios para realizar bien su labor. Se debe garantizar que se priorizan, con estándares y controles adecuados, la Salud Pública, la Atención Primaria, la Salud Mental, y las áreas más presionadas en cada CCAA para que los tiempos de espera en la atención sean mucho más cortos, con estrategias nacionales bien definidas. 

Y aquí entra en juego la segunda causa del deterioro que debe repararse. La cohesión del SNS, su capacidad de gobierno. Las estructuras de coordinación previstas en la Ley de Sanidad, en la Ley de Cohesión y en la Constitución no han sido suficientes para asegurar el buen gobierno del sistema, y se han consolidado y agravado diferencias importantes: de hasta un 40% en gasto sanitario público/habitante, de más de tres veces en tiempos de espera, o de más de tres años de esperanza de vida entre CCAA. El Ministerio de Sanidad, que tiene la responsabilidad de garantizar la cooperación y la coordinación, ha visto debilitada su estructura y sus recursos, como se puso de manifiesto en la pandemia de la COVID-19. El Consejo Interterritorial del SNS, que debería ser el órgano que analizara y tomara decisiones, no es vinculante. La Alta Inspección, responsable de garantizar que se cumplen los principios de la Ley, equidad, eficiencia y calidad de los servicios, no está cumpliendo su función. Los tiempos de espera desmesurados son una muestra evidente de falta de calidad y de equidad. Es preciso reforzar los órganos de gobierno del SNS para que pueda cumplir sus objetivos. Y para eso se necesita el acuerdo con los Gobiernos autonómicos y los grandes partidos políticos. Por eso es muy mala noticia el rechazo en el Congreso, el pasado 20 de marzo, a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública por parte de Vox, Junts y el PP.

La sanidad pública española había alcanzado un más que razonable nivel de calidad y concitaba el aprecio de la ciudadanía. Pero ya no es así. Es muy importante recuperar una atención sanitaria adecuada y en tiempo a todas las personas, independientemente de su renta. Y para ello se requiere aumentar significativamente la financiación y reforzar el sistema de gobierno, la cooperación y la coordinación. Es una cuestión de justicia, pero también de desarrollo económico, de cohesión social, de estabilidad y de progreso como sociedad. En definitiva, es una cuestión de vida o muerte. Y el tiempo corre.

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Fernando Lamata es ex secretario general de Sanidad y colaborador de la Fundación Alternativas