Estimado líder de la Iglesia Católica:

Le escribo como ciudadana, madre y representante pública en la Asamblea de Madrid, pero también desde la responsabilidad de haber formado parte de la comisión de expertos que auditó los abusos sexuales a niños y niñas en el seno de la Iglesia católica española. Su próxima visita a nuestro país ocurre en un momento en el que la brecha entre los pronunciamientos oficiales de la institución en España y la realidad de las víctimas, así como de los colectivos más vulnerables, es cada vez más profunda. Usted está teniendo un importante papel en la defensa de los derechos humanos por sus firmes exigencias de un alto el fuego en Gaza, sus llamamientos a la distensión frente a Irán o Ucrania, y sus réplicas a Trump en defensa de las personas migrantes. Precisamente porque abandera hoy esa coherencia ética internacional, es urgente que esa exigencia de justicia y amparo a los más vulnerables se traslade a la propia Iglesia española.

El informe de auditoría sobre los abusos sexuales a niños y niñas en el que participé arrojó cifras desoladoras: miles de víctimas que esperan una respuesta a la altura del daño sufrido. Sin embargo, observamos con honda preocupación cómo el proceso parece haberse estancado en una burocracia defensiva. La Iglesia en España no puede limitarse a "dar luz" de forma selectiva; debe garantizar la reparación integral, la justicia y, sobre todo, medidas estructurales que aseguren la no repetición. No basta con peticiones de perdón si estas no van acompañadas de un amparo real que ponga a las víctimas en el centro de toda decisión política y eclesial. La Iglesia durante demasiado tiempo ha tratado este problema como una vulneración del sexto mandamiento, como si se tratase únicamente de un problema entre el victimario y el mandamiento cristiano, olvidando a las víctimas y las implicaciones que el abuso tiene en ellas. Por eso a las víctimas se les ha negado la posibilidad de participar en los procesos canónicos e impedido el acceso a la verdad. Ahora no basta con reconocer la pasividad ante las víctimas, hay que poner medidas enérgicas para erradicarla. Las instituciones deben proteger al débil frente al fuerte, y en este caso, la asimetría de poder sigue siendo abrumadora.

A esta deuda pendiente se suma una actuación de la Iglesia que dista mucho de ser piadosa o solidaria. En un país castigado por la especulación inmobiliaria, resulta doloroso ver cómo fundaciones bajo tutela eclesiástica, como Fusara, o diversas órdenes religiosas, se comportan como agentes del mercado más agresivo. Hemos visto desahucios de personas mayores que han vivido toda su vida en pisos de la Iglesia, ventas de edificios enteros a fondos buitre y una gestión de centros escolares que, en ocasiones, parece priorizar el beneficio o la segregación frente a la misión educativa y social.

Como diputada y como defensora de la democracia, entiendo que el orden social solo es legítimo si nace del respeto a los derechos humanos y la justicia social. Una Iglesia que desahucia a sus vecinos o que dilata la reparación a las víctimas de abusos sexuales a niños y niñas, pierde su autoridad moral ante la opinión pública.

Le pido, por tanto, que su visita no sea solo un acto protocolario. Le pido que intervenga para que la Iglesia española cumpla con las expectativas de justicia que la sociedad demanda. Es hora de pasar de las palabras a los hechos: amparo y reparación real para las víctimas y una gestión de los bienes eclesiales que sea, de verdad, un reflejo de la opción por los pobres que usted defiende.

Atentamente,

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Emilia Sánchez-Pantoja es Diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y participó en la comisión de expertos que elaboró el informe de auditoría sobre los abusos sexuales a niños y niñas en el seno de la Iglesia Católica.

Estos días asistimos a un ruido ensordecedor liderado por la versión más ultra de Feijóo, que ha decidido desempolvar el discurso del miedo con el objetivo de satisfacer a sus socios de Vox. Dice Feijóo que la regularización de personas migrantes nos traerá delincuentes. Miente, y lo sabe. Sabe que esta regularización es extremadamente garantista con los temas de seguridad. También sabe que fue el PP de Rajoy quien hizo una regularización premium con las Golden Visa para traer aquí a todo tipo de delincuentes poniéndoles la alfombra roja. Así que Feijóo no tiene un problema con la inseguridad, sino con que el orden democrático empiece a aplicarse también a quienes no tienen una cuenta corriente con seis ceros.

Hablemos de seguridad real. El proceso de regularización actual —fruto de una ejemplar Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 700.000 firmas— no regala nada. Exige. Los solicitantes pasan por un triple filtro que ya quisiera para sí cualquier consejo de administración: certificado de penales de su país, certificado de ausencia de delitos en España e informe policial. Cualquier mancha, cualquier detención, les deja fuera. A quien viene a trabajar y a convivir, no a especular, el Estado le mira con una lupa que roza la obsesión. Y, a la vez, le ofrece también seguridad, la de que no le podrán explotar laboralmente, ni excluir de sus derechos fundamentales.

Qué diferencia con el "modelo Rajoy" de las Golden Visa. Aquello sí que fue una barra libre de inseguridad. Mientras ahora se fiscaliza hasta el último papel de los vecinos y vecinas que harán cuantiosas contribuciones fiscales para financiar el bienestar común, el PP aprobó una regularización VIP para extranjeros ricos a cambio de especular con la vivienda y, además, les regaló rebajas de impuestos como la que hizo Ayuso con la ley Mbappé. Se puso en marcha con las Golden Visa un modelo que ha sido un coladero de manual por cuatro razones que conviene no olvidar:

No se investigaba el origen del dinero. Daba igual si los fondos venían de la corrupción o del crimen organizado; si traías el fajo, tenías el permiso y el fajo quedaba lavado. Un verdadero colador de delincuencia del que nunca dijo nada Feijóo. Se concedieron visados masivamente por la compra de casas, disparando los precios primero en barrios ricos y, por efecto dominó, asfixiando el acceso a la vivienda de las familias trabajadoras. Pero si hablamos de delincuencia y seguridad, frente al control exhaustivo del migrante trabajador, al rico solo se le pedía un cheque. Si un delincuente compraba un piso a nombre de su hija de 18 años sin antecedentes, después toda la familia entraba en España sin más comprobaciones. Una alfombra roja que se podía comprar. Pero además, las Golden Visa disfrutaban de un silencio administrativo positivo del que no gozará jamás una trabajadora migrante. Si la administración no respondía, el rico ganaba. Para el resto, el silencio sigue siendo un muro.

Regularizar no es un acto de caridad, es poner orden desde las instituciones para defender a los débiles frente a los fuertes. Es garantizar un proceso ordenado de migraciones, es garantizar la seguridad de todos, también de las trabajadoras migrantes. Es sacar de la invisibilidad a cientos de miles de personas para que se incorporen plenamente a la ciudadanía: que paguen impuestos, que escolaricen a sus hijos, que coticen para las pensiones y que dejen de ser vulnerables ante la explotación laboral. Es sacar a miles de niños y niñas de la pobreza y de la marginalidad.

Esta regularización es la victoria de una sociedad civil decente que se ha negado a mirar hacia otro lado. Es una regularización que se ha promovido desde la ciudadanía masivamente, desde la Iglesia, desde el sector empresarial. Es el triunfo del sentido común frente a la xenofobia y el racismo. Mientras unos prefieren importar fortunas opacas que encarecen nuestras casas, otros apostamos por dar derechos a quienes ya construyen nuestro país día a día. Eso es, sencillamente, democracia.

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Emilia Sánchez-Pantoja Belenguer, expresidenta de Más Democracia y diputada por Más Madrid.

“That's fine dude, I'm not mad”. Está bien, tío, no estoy enfadada.

Estas fueron las últimas palabras de Renee Nicole Good, madre y poeta de Minneapolis, el pasado 7 de enero. Las pronunció con una calma aterradora, justo antes de que el agente del ICE Jonathan Ross decidiera borrarla del mapa. Pero lo que verdaderamente hiela la sangre no es solo el disparo; es la coreografía de la crueldad que le siguió. Con los últimos alientos de Renee, el agente la miró y escupió su sentencia final: “Fucking bitch”.

Simone Weil escribió en su ensayo sobre la Ilíada que la fuerza es aquello que convierte a quien se le somete en una cosa. En ese instante, para el agente Ross, Renee ya no era una persona, ni una madre, ni una poeta. Era una cosa, un desecho al que se puede insultar mientras muere.

Ese “puta zorra” no es un exabrupto individual. Ni es solo machismo. Es el síntoma de una patología política. Solo 17 días después, Alex Jeffrey Pretti, enfermero de la UCI que salvaba vidas de veteranos, fue ejecutado por otro agente del ICE. ¿La respuesta de la Casa Blanca? Mentiras, encubrimiento y la acusación póstuma de "terrorismo". La maquinaria de Trump ha dejado de fingir democracia para abrazar la estética de las milicias totalitarias europeas del siglo pasado.

Hay distopías mucho menos salvajes que la realidad que Estados Unidos nos retransmite hoy. Hemos visto a seis agentes aplastar contra el asfalto a un hombre desarmado, meterle diez tiros y, en lugar de llamar a una ambulancia, dedicarse a contar los orificios de bala en el cuerpo como quien hace inventario en un matadero. Hemos visto a la gestapo trumpista secuestrar a un niño de cinco años para usarlo de cebo humano.

Hay una estética obscena en esa chulería, una satisfacción sádica en el ejercicio de la crueldad. Es la pulsión de muerte convertida en gestión pública, sustentada por el vasallaje patético de quienes necesitan humillar para sentirse alguien ante el caudillo. Porque el fascismo, si le quitas los himnos y las banderas, se queda en eso: la épica de los cobardes. Es la moral del capataz, una maquinaria diseñada para que el penúltimo descargue su frustración rompiéndole los dientes al último, mientras el amo aplaude desde el palco.

Y, sin embargo, aquí en Madrid, hay quien mira ese espejo cóncavo de barbarie y no siente náuseas, sino inspiración.

Cuando Ayuso vinculó, sin pruebas y contra los datos policiales, a los chavales migrantes trasladados a Alcalá de Henares con "agresiones sexuales" y "brotes de sarna", estaba poniendo la primera piedra de este muro de violencia. Cuando afirmó que el Gobierno trataba a los migrantes como "fardos" mientras ella misma se negaba a gestionar la acogida digna apelando a una supuesta inseguridad, estaba deshumanizando al otro.

Ayuso no puede mirarse en el espejo de Trump sin que veamos el reflejo del monstruo. Si defiendes cerrar centros de migrantes –como intenta el PP en Pozuelo–, si criminalizas a niños y niñas que llegan solos estigmatizándolos como un peligro, si ves con buenos ojos la deportación masiva de estos porque "no se adaptan" a las condiciones infames que les ofreces en los centros, estás allanando el camino a los paramilitares del ICE. No se puede ejecutar esa limpieza social sin un instrumento de terror. El camino que empieza llamando "agresores" y "enfermos" a personas vulnerables en una rueda de prensa en la Puerta del Sol, sigue con la normalización de los desokupas con métodos brutales y acaba inevitablemente con un agente contando balazos sobre un cuerpo en Minneapolis.

En España tenemos la obligación ética de construir un dique de contención a esta barbarie. Hay que insistir en una idea fundamental: es incompatible ser trumpista y ser patriota. El patriota cuida de la comunidad, protege los Derechos Humanos y respeta la ley; el trumpista necesita convertir a las personas en cosas para sentirse poderoso. Ayuso y Vox parece que han elegido bando.

No dejemos pasar la barbarie. Nos va la democracia, y la humanidad, en ello.

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Emilia Sánchez-Pantoja Belenguer es expresidenta de masdemocracia.org y Diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid.