Tras la barbarie de Gaza, los acontecimientos en Caracas y el racimo de amenazas contra países latinoamericanos, africanos y europeos del presidente de los Estados Unidos, parece urgente preguntarse: ¿cómo frenamos a Donald Trump? Si miramos hacia otro lado y no se articulan respuestas a la amenaza neoimperial estadounidense, es evidente que la escalada de vulneraciones del derecho internacional y de la soberanía nacional de aquellos países objeto del deseo norteamericano continuará de forma veloz e imprevisible.

Mientras escribimos estas líneas, la Casa Blanca anuncia la salida de Estados Unidos de 66 organismos internacionales –la mayoría del ecosistema de Naciones Unidas–, aumentando la tensión y la percepción de unos Estados Unidos incontrolables, sí, pero también avivando –si no precipitando– la necesidad de nuevas ecuaciones en el sistema internacional y profundizando en el autoaislamiento de su propio país frente a la comunidad internacional.

Llegados a este punto, ¿cómo se va a garantizar la soberanía de Groenlandia, Colombia, Panamá o incluso México, hoy amenazados por Donald Trump? ¿Con qué argumento se intentaría frenar a India si decide invadir Pakistán bajo la misma retórica securitaria norteamericana, con el consiguiente riesgo real de una guerra nuclear? ¿Qué dirá la Unión Europea si Turquía ataca islas bajo soberanía griega apelando a amenazas existenciales o a la protección de sus fronteras? Y, por traer la problemática a lo doméstico, ¿qué dirá la derecha española si el presidente de Estados Unidos señala la entrega de Ceuta y Melilla a su aliado Marruecos invocando acuerdos estratégicos o intereses de seguridad nacional?

Dada la enloquecida escalada contra el orden democrático en las relaciones internacionales en la que está embarcado Donald Trump –un presidente con condenas penales en firme, múltiples acusaciones graves, instigador del asalto al Capitolio y dispuesto a saltarse la legalidad de su propio país para ordenar intervenciones en el exterior al margen de cualquier marco de derecho internacional–, estas preguntas ya no son ejercicios de ficción, sino la consecuencia lógica de anticipar la implosión del orden internacional que persiguen el presidente norteamericano y el movimiento MAGA (Make America Great Again).

¿Podemos todavía reaccionar cuando la principal potencia militar del planeta propone abiertamente intervenir militar y políticamente en terceros países? ¿Hay margen para frenar una ruptura profunda y definitiva del orden internacional? Y, sobre todo, ¿qué margen real tienen el derecho internacional, la Unión Europea o incluso la propia democracia estadounidense para frenar una deriva de fuerza unilateral?

“All options are on the table”. “We will take back what is ours”. “If necessary, we will act unilaterally”. En los últimos meses, Donald Trump ha normalizado la amenaza, la coerción e incluso la intervención directa contra países soberanos y bloques regionales. Desde la retórica sobre Panamá y el Canal, pasando por la presión explícita sobre Canadá y México, las amenazas reiteradas de intervención en América Latina –Venezuela, Colombia– o el cuestionamiento frontal de alianzas estratégicas, con Europa o Japón, el trumpismo ha introducido una lógica de poder desnudo que busca deliberadamente dinamitar los consensos básicos del orden internacional surgido tras 1945.

Plantear qué ocurriría “si Trump invade Groenlandia” ya no es un ejercicio de alarmismo, sino el mínimo análisis preventivo al que deberíamos dedicarnos con urgencia. La experiencia histórica demuestra que las grandes quiebras del sistema internacional comienzan con la normalización discursiva de la ilegalidad y la acumulación de excepciones toleradas. Los pactos que buscaron apaciguar a la Alemania nazi y acabaron en la invasión de Europa y la Segunda Guerra Mundial ilustran cómo no frenar a quien pretende romper cualquier equilibrio internacional conduce a desenlaces trágicos. Sin irnos tan lejos, la guerra de Irak en 2003, sin mandato de la ONU y basada en supuestos falsos, quebró gravemente la arquitectura jurídica internacional y sentó precedentes que hoy resurgen con fuerza.

En todo caso, el derecho internacional continúa siendo inequívoco. El artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El principio de no intervención, reafirmado por la Resolución 2625 de la Asamblea General, impide cualquier forma de injerencia directa o indirecta en los asuntos internos de otros países. Desde Núremberg, la guerra de agresión está proscrita como crimen internacional, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional consolida esta prohibición. Fuera de la legítima defensa o de un mandato explícito del Consejo de Seguridad, cualquier intervención unilateral constituye una violación grave del derecho internacional.

La comunidad internacional dispone –y debería activar con carácter inmediato– de instrumentos para responder a un país que actúa sin otra regla que la fuerza, por muy poderoso que sea. Antes de cualquier nuevo movimiento de Trump, una alianza de países podría convocar con urgencia no el Consejo de Seguridad –donde habría veto– sino la Asamblea General para activar, vía Resolución 377A, el mecanismo Uniting for Peace, solicitando opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia, estableciendo regímenes de sanciones multilaterales o, en su caso, desplegando misiones de interposición bajo mandato de la ONU en los territorios amenazados. Aunque todavía suene disruptivo, estas son herramientas diseñadas precisamente para frenar a potencias que deciden actuar al margen de la legalidad. El error histórico sería no convocarlas y esperar, por temor a la reacción de la potencia militar dominante, a la consumación de una nueva vulneración del derecho internacional, como ocurrió con Alemania hasta 1939, con Irak en 2003 o con Rusia en Crimea en 2014.

Desde la Unión Europea, dada una escalada que se intensifica día a día, la respuesta debería ser igualmente inmediata y sin ambigüedades si se pretende preservar el propio proyecto europeo y mantener capacidad de influencia global. El Tratado de la Unión obliga a que la acción exterior se base en el respeto al derecho internacional y contempla mecanismos de defensa y seguridad comunes. Europa no tiene por qué limitarse a declaraciones retóricas: puede articular una posición conjunta frente a las vulneraciones de la legalidad internacional, incluso asumiendo que algunos Estados miembros decidan descolgarse; avanzar hacia un aislamiento político selectivo de la administración estadounidense allí donde su participación bloquee consensos; activar, con otros actores multilaterales, un blindaje jurídico preventivo; y aplicar medidas económicas quirúrgicas dirigidas a sectores estratégicos que sostienen políticamente al trumpismo, anticipando y gestionando sus consecuencias.

Todo ello pasa, además, por articularse con países clave de América Latina, África, Asia y el Sur Global que rechazan cualquier doctrina imperial, para construir una coalición flexible capaz de oponerse tanto al unilateralismo estadounidense como a los proyectos autoritarios alternativos que emergen en el escenario internacional.

Sea como fuere, el freno decisivo debería llegar desde el propio país hoy gobernado por Trump. La sociedad civil estadounidense se enfrenta a una disyuntiva histórica: defender activamente su democracia o aceptar la consolidación de un movimiento –el MAGA– que habla abiertamente de subvertirla por la vía de un partido único, que ha mostrado su disposición a no abandonar el poder por medios democráticos y que busca la confrontación civil, como hemos visto recientemente en Minnesota, llegando incluso a amenazar con no convocar elecciones de medio mandato.

Las victorias de candidaturas a la izquierda del establishment demócrata en ciudades clave –Miami, Nueva York– muestran que Estados Unidos sigue siendo un país en disputa. El propio orden constitucional establece límites claros al poder ejecutivo: la Constitución reserva al Congreso la facultad de declarar la guerra y la War Powers Resolution de 1973 restringe las operaciones militares sin autorización legislativa. De la capacidad de movilización inmediata de quienes defienden el Estado de derecho dentro de Estados Unidos depende también, en buena medida, el futuro inmediato del orden internacional.

La pregunta final no es si Trump puede amenazar o intervenir donde le plazca, sino qué vamos a hacer –con urgencia real– antes de que esa amenaza se convierta en norma. Las herramientas existen. Lo que falta, como tantas veces en la historia, no es marco jurídico, sino voluntad política para frenar un movimiento que pone en jaque el equilibrio mundial.

Confundir prudencia con pasividad ya tuvo consecuencias devastadoras. No deberíamos ser la generación que, por temor o parálisis, permita que la fuerza vuelva a ser el único lenguaje de la política internacional, dinamitando toda posibilidad de un mundo en paz.

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Antón Gómez-Reino fue diputado en el Congreso durante cuatro legislaturas entre 2015 y 2023 y miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y de la OSCE.

Bombas retóricas, bombas arancelarias, bombas informativas, bombas electorales. Mientras vemos caer las bombas en Caracas (dinamitando lo que queda del derecho internacional) todas estas bombas caen ya, enviadas por la administración Trump, sobre Bruselas y sobre numerosos Estados miembros de la Unión Europea. Son hechos, no metáforas. Estados Unidos bombardea políticamente a Europa y amenaza, abierta y públicamente, en su última Estrategia de Seguridad Nacional, con intervenir contra el propio proyecto europeo.

Yemen o Palestina, incluso Nigeria, parecen quedar lejos. Pero viendo las bombas sobre Caracas y recordando los ataques contra infraestructuras energéticas estratégicas –Nord Stream– ejecutados o permitidos en espacio marítimo europeo, ¿no sería lógico que la Unión Europea asumiera que está bajo asedio? Que, como ha admitido Dinamarca en documentos oficiales de seguridad, Estados Unidos constituye hoy una amenaza potencial para su soberanía. Cuesta e impresiona decirlo, pero Bruselas y las cancillerías europeas deberían asumir ya que son un objetivo político —y llegado el caso, militar— del gobierno de Estados Unidos. ¿Alguien se sorprendería hoy de una invasión de Groenlandia?

La reacción es imprescindible y llega tarde. Durante décadas, la Unión Europea confundió alianza con dependencia, cooperación con subordinación y atlantismo con seguridad. El que fue paraguas estadounidense es hoy un dispositivo de disciplinamiento y una palanca de coerción. Washington ya no concibe a la Unión como socio, sino como espacio sobre el que intervenir, mercado a someter y actor político a neutralizar. Y no se trata de Trump como anomalía, sino de Trump como acelerador brutal de una tendencia larga: la negativa estructural de Estados Unidos a tolerar un proyecto democrático autónomo entre el orden imperial que imagina —ahora volcado en triangular repartos de influencia con Rusia— y su confrontación estratégica con China.

Las bombas no siempre explotan. A veces sancionan. A veces imponen narrativas. A veces reescriben marcos mentales. La guerra comercial es guerra por otros medios. La guerra informativa es hoy una guerra permanente y descarnada por el sentido, librada a golpe de desinformación. Y la guerra electoral —la injerencia directa o indirecta en procesos democráticos— ya está en marcha, como muestran los casos de Canadá, Honduras o, más recientemente, Argentina.

La lógica es clara. Del mismo modo que Washington aspira a configurar un Oriente Medio bajo protectorado estadounidense y mandato israelí y saudí, el horizonte de Trump es una Unión Europea fragmentada, débil, subordinada energéticamente, sin política industrial propia y sin capacidad de seguridad autónoma: una gran despensa comercial funcional a los intereses estadounidenses.

El caso venezolano resulta revelador incluso para quienes negaban esta realidad o marcaban distancia con el gobierno de Maduro. Si Estados Unidos puede bombardear, sancionar, asfixiar, secuestrar a un presidente y desestabilizar un Estado soberano a miles de kilómetros, ignorando el derecho internacional y desoyendo a Naciones Unidas, ¿qué freno real existe cuando el conflicto se acerque? ¿Qué garantiza que Europa no sea tratada como “zona de excepción”, como teatro secundario de una confrontación global?

La respuesta habitual —“somos aliados”— ya no sirve. También lo eran Canadá o México cuando fueron amenazados económica y existencialmente. También lo era Japón cuando se le impusieron décadas de estancamiento por la vía financiera. 

Si la alianza con Estados Unidos siempre estuvo mediada por intereses compartidos, hoy solo median los negocios de Trump y su entorno y la voluntad del movimiento MAGA de dinamitar el mundo basado en reglas. La pasividad europea inquieta. Las amenazas de Trump no son excesos verbales ni gestos tácticos: son señales descarnadas de una doctrina. Una doctrina que aplica ya en América Latina y que aspira a someter al mundo bajo sus intereses y a desactivar cualquier polo democrático autónomo. Bruselas y los mandatarios europeos deberían asumir la crudeza del tiempo presente: frente a una doctrina hostil, la neutralidad no existe.

Las bombas ya caen en Rafah, en Nigeria y en Caracas. Pero también en Europa: destruyen infraestructuras –Nord Stream–, erosionan soberanías –Groenlandia– y tratan de condicionar procesos electorales en todos los Estados miembros. Bruselas está bajo las bombas. O lo asume, activa los resortes del derecho internacional y construye alianzas globales, o muy pronto será demasiado tarde. Democracia o barbarie. Reglas o distopía. Frenar a Trump o asomarse colectivamente al abismo.

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Antón Gómez-Reino fue diputado en el Congreso durante cuatro legislaturas entre 2015 y 2023 y miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y de la OSCE.

La primera vuelta de las elecciones chilenas vuelve a situar al país en el vértice de la confrontación política global. No por su excepcionalidad, sino precisamente por lo contrario: por su condición de laboratorio de las tendencias que hoy atraviesan a todas las democracias. El extraordinario desempeño de las derechas extremas –candidaturas que reivindican el legado autoritario de la dictadura, relativizan violaciones de derechos humanos y cuestionan avances sustantivos en igualdad y libertades– obliga a interrogarse sobre la estabilidad del ciclo democrático abierto tras 1990. La pregunta, que hasta hace unos años habría parecido una exageración, hoy emerge con crudeza: ¿fue la democracia en Chile un paréntesis? ¿Puede el cuestionamiento de la democracia que vemos a escala global llevarnos a un cambio de orden político autoritario?

Durante décadas, Chile fue presentado como un modelo de consensos. El país que transitaba “ejemplarmente” desde un régimen militar hacia una democracia estable, integraba políticas sociales graduales y profundizaba su institucionalidad aun a pesar de ser el país con una mayor penetración del neoliberalismo en el Cono Sur. Pero lo que parecía un consenso sólido ha venido resquebrajándose, sostenido por una sociedad profundamente desigual y por un régimen económico que nunca terminó de responder a las demandas de redistribución que emergían desde las mayorías sociales chilenas.

La consolidación definitiva del voto antipolítico –volátil, emocional, dirigido contra cualquier forma de intermediación institucional– no es un fenómeno novedoso en Chile ni obviamente es un factor estrictamente chileno. Es parte de la oleada global postdemocrática: mayorías populares que sienten que la democracia ya no sirve para resolver sus problemas materiales y vitales, y que habiendo apoyado al progresismo en muchos casos, encuentran en los discursos autoritarios un placebo satisfactorio, una promesa simple de restitución de orden y reafirmación identitaria.

En el mapa electoral de la primera vuelta se aprecia, además, una fractura territorial nítida que ayuda a anticipar la dinámica de la segunda. Las candidaturas progresistas se concentran con fuerza en las grandes áreas metropolitanas —Santiago, Valparaíso y Concepción—, donde pesan más las clases medias urbanas, los sectores jóvenes y universitarios altamente precarizados que protagonizaron el último ciclo de movilización destituyente. Por el contrario, las derechas extremas han obtenido sus mejores resultados en las regiones del sur y del norte interior, territorios marcados por economías primarias, mayor inseguridad, presencia de conflictos territoriales y un fuerte desencanto con las élites políticas nacionales. Como acontece en tantos lugares, la paradoja es dolorosa para el progresismo, y los más desfavorecidos, navegando en la desesperación agitada por el universo mediático conservador y el entorno digital hegemonizado por los nuevos autoritarismos iliberales, apoyan opciones objetivamente contrarias a sus intereses.

La segunda vuelta se jugará en la capacidad de activar o desactivar electorados periféricos, y en el movimiento de los votantes de centro y de las zonas intermedias (Maule, Ñuble, O’Higgins y parte de Los Lagos). Allí, un electorado pragmático y volátil –que combina conservadurismo moral con demandas de protección social– puede inclinar la balanza hacia Jara si logra ofrecer seguridad social y estabilidad, o hacia Kast si la campaña se impone sobre el eje del orden y la mano dura. El territorio, una vez más, será el campo decisivo donde se dispute el relato del futuro democrático de Chile.

El avance de Kast y de las candidaturas que representan una restauración simbólica de la dictadura revela una transformación de fondo. No se trata únicamente de nostalgia autoritaria. Es, más bien, la expresión de un autoritarismo postdemocrático, que convive con instituciones electorales pero erosiona los fundamentos normativos de la democracia: la pluralidad, la deliberación, los derechos y las garantías.

Su narrativa conecta con un sentimiento extendido de frustración: la idea de que las élites políticas han dejado de cumplir su parte del contrato social. En ese clima, el autoritarismo ya no se presenta como una ruptura traumática, sino como una alternativa racional a un sistema que muchos consideran agotado.

En todo caso, el auge electoral de las derechas extremas en Chile no responde únicamente al malestar social: es también el resultado de una fragmentación estratégicamente coordinada que ha permitido ocupar todos los nichos del conservadurismo –del autoritarismo clásico a las posiciones libertarias antipolíticas– y que en esta primera vuelta demuestra que, de facto, puede movilizar amplias mayorías. La irrupción de figuras como Kaiser, que articulan un nacional-libertarismo radical, empuja además al conjunto del campo conservador hacia posiciones abiertamente iliberales, normalizando discursos antes confinados a los márgenes.

La segunda vuelta entre Jara y Kast no sólo decidirá un Gobierno. Pone en juego el sentido mismo del proceso democrático chileno: si será capaz de regenerarse o si se consolidará un giro hacia la deriva iliberal que asoma en buena parte del mundo.

En todo caso, y más allá de la fotografía de este domingo, el resultado del balotaje continúa abierto. Pero sea cual sea, a los progresismos vuelve a golpearnos un mensaje inequívoco: las democracias no pueden sobrevivir únicamente como procedimientos electorales. Necesitamos que sean más exitosas en su redistribución de poder y recursos. Y una posdata dirigida al Gobierno Boric: cuando se extiende la sensación de la incapacidad de las fuerzas progresistas y democráticas para articular políticas públicas redistributivas y un relato claro y eficaz de presente y futuro, se deja espacio a discursos simplificadores que ocupan el espacio con soluciones autoritarias.

Se abre dramáticamente en cuestión la democracia en Chile. Jara contra todos. ¿Conseguirá la extrema derecha imponer su impugnación a 35 años de democracia? La esperanza y el odio se disputan el campo político. En Chile y en el mundo.

Como si de una indignada y esperanzada respuesta a la llamada del poeta palestino Tawfiq Ziad —que escribió la histórica canción Unadikun (“Os llamo”) antes de ser silenciado—, la sociedad civil global ha irrumpido cuando pocos la esperaban.

La desesperación generada por meses de genocidio televisado ha aparecido como respuesta desde el Mediterráneo, logrando agitar calles y conciencias. Y lo más importante: haciendo geopolítica, alterando las agendas de cancillerías y gobiernos occidentales.

Para sorpresa de muchos, en este tiempo turbulento en el que la palabra “geopolítica” aparece como algo impenetrable orquestado por la narrativa de medios, empresas y gobiernos, una iniciativa nacida de la indignación de las sociedades civiles globales está desvelando que no solo los países con poderosos ejércitos y los grandes bloques de poder pueden hacer geopolítica. 

La onda de movilización global generada por una iniciativa construida mano a mano desde los más insospechados rincones de nuestras sociedades —como es la Flotilla— puede hacer la mejor geopolítica: intervenir sobre la opinión pública global y condicionar las políticas de gobiernos y Estados ante la peor masacre vivida en los tiempos de comunicación digital.

La Global Sumud Flotilla —una articulación de sociedad civil que reúne a ciudadanas y ciudadanos de múltiples culturas, religiones y países— no solo denuncia: actúa. No espera. Emite y amplifica discursos. No pide permiso: crea una presión moral y política capaz de interpelar los gabinetes de la política exterior de gobiernos y organismos internacionales.

Ciudadanas y ciudadanos de América, desde Brasil a Estados Unidos, México o Colombia. De África, de Túnez a Argelia, de Marruecos a Mauritania o Sudáfrica. De Asia y Oceanía, desde Turquía, Malasia, Kuwait, Jordania, Bahréin, Omán, Qatar, Indonesia, Maldivas, Pakistán, Bangladesh hasta Australia. Y de la vieja y cansada Europa desde los 27 países de la UE, hasta Reino Unido, Noruega y todo el Estado español (ejemplo de solidaridad) han servido como herramienta para gritar al mundo un "basta ya, detengamos el genocidio en Gaza" de escala global.

Una Flotilla de la Libertad que parece tomar su nombre y su espíritu universal de las palabras de la intelectual judía Hannah Arendt: “La libertad es el derecho a tener derechos”. Derechos universales. “Ya que lo que nos une es que todos habitamos la tierra”.

La Flotilla representa la mejor geopolítica posible en tiempos oscuros. Ante la barbarie y el genocidio, es un gesto solidario que irrumpe en el debate público con inapelable legitimidad moral, que agita la conciencia global y resitúa el valor del respeto al derecho internacional, que demuestra la fuerza de la cooperación entre los muy diferentes y que obliga a reaccionar y definirse a gobiernos y organismos del panorama internacional.

Se llenan las calles al fin. Estudiantes —sí, estudiantes— inundan las plazas señalando que no todo está ocupado por el odio y el ruido de la extrema derecha global. ¿Y si hubiera esperanza? ¿Y si la infinita dignidad y el insoportable sufrimiento palestino alumbraran un nuevo tiempo que lanzara al traste la violencia y el mundo oscuro regido sólo por la ley del más fuerte, al que nos quieren llevar los Trump, los Netanyahu y todos los que anidan en cada electrodo de odio diseminado por la internacional del autoritarismo global? Primo Levi sacude las calles de Europa: “Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo que sucedió puede volver a suceder”.

Y Mahmoud Darwish, gran poeta palestino, recuerda: “Sobre esta tierra hay todo lo que merece vivir: la madre, el pan de la mañana, la hierba en abril, la canción de los amantes”. Ante el genocidio de Gaza nos jugamos el mundo futuro y el futuro del mundo.

Con Darwish y con Primo Levi, con Hannah Arendt y con una Flotilla al servicio de una paz con justicia, defendamos la dignidad del pueblo palestino frente al genocidio de quienes quieren sumir a la humanidad en la oscuridad total.

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Antón Gómez-Reino fue diputado en el Congreso durante cuatro legislaturas entre 2015 y 2023 y miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y de la OSCE.

Mientras en Occidente en general —y en la Unión Europea en particular— la atención se reparte entre el viraje iliberal de la administración Trump y los esfuerzos por redefinir las relaciones con China, India irrumpe con fuerza como potencia emergente, ambiciosa y contradictoria. El tamaño de su economía, el peso de su demografía y su creciente protagonismo regional y global contrastan con su fragilidad estructural interna y con una política exterior cada vez más asertiva, cuando no abiertamente beligerante en su área de influencia. Pero, ¿qué tipo de actor global es India? La pregunta aparece de forma abrupta tras los agresivos ataques militares lanzados en las últimas horas por Nueva Delhi sobre territorio pakistaní en un nuevo episodio de la tensa disputa en Cachemira. Más allá de la preocupante escalada fronteriza entre dos potencias nucleares, fijar el foco en el país más poblado del planeta, que es ya la quinta economía mundial (superando a Reino Unido, su histórica metrópoli colonial), debería encaminarnos a preguntarnos: ¿es India un socio fiable, un actor previsible o una potencia global de la que nos debamos preocupar?

India se encuentra en una encrucijada histórica. Con más de 1.400 millones de habitantes, una economía en acelerado crecimiento el país se proyecta como uno de los principales aspirantes a ocupar un lugar preeminente en el orden mundial del siglo XXI. Sin embargo, esta ambición global contrasta agudamente con realidades internas marcadas por profundas desigualdades y tormentosas tensiones sociales, culturales y religiosas. La paradoja india —una nación tecnológica y espacialmente avanzada que convive con niveles masivos de pobreza y fragmentación social— es el telón de fondo de su emergencia como potencia regional y potencial actor hegemónico global.

Desde 2014, bajo el liderazgo del ultranacionalista Narendra Modi y el Bharatiya Janata Party (BJP), India ha consolidado un modelo político que combina hinduismo radical, nacionalismo identitario y reformas liberalizadoras en la economía. Modi ha promovido una imagen de modernizador: inversiones en infraestructura, digitalización de servicios, y alianzas estratégicas con potencias occidentales. Al mismo tiempo, bajo su mandato India vive un debilitamiento de las instituciones democráticas, un acoso a minorías religiosas —en especial musulmanas— que amenaza con borrar el país multicultural y multiconfesional en favor de la materialización del proyecto de la hindutva (que identifica a la India con el hinduismo y el hinduismo con la India). Finalmente el control creciente sobre los medios y el poder judicial lleva años poniendo en jaque el funcionamiento institucional de este país continente.

La economía india es hoy la quinta del mundo por PIB nominal, y se prevé que escale posiciones en la próxima década. Es un centro tecnológico emergente, exportador de servicios informáticos y aspirante a convertirse en una nueva "fábrica del mundo", especialmente en sectores como el electrónico, el tecnológico, el farmacéutico o el militar. Sin embargo, esta proyección convive con realidades estructuralmente contradictorias: cerca del 60% de la población trabaja en el sector informal, los índices de desigualdad y exclusión son alarmantes y la movilidad social permanece restringida por factores como casta, género y geografía. La India tecnológica y la India rural, la de Bangalore y la de Bihar, son mundos paralelos.

India es también un actor con conflictos abiertos o latentes en su entorno inmediato. La disputa con Pakistán por Cachemira, histórica y persistente, ha generado múltiples enfrentamientos militares desde 1947, con un equilibrio nuclear inestable como telón de fondo. La rivalidad con China ha llevado a un reforzamiento militar en los Himalayas y a una mayor participación de India en coaliciones como el QUAD (con EEUU, Japón y Australia), percibidas como mecanismos de contención frente a la expansión china.

Además, India mantiene una relación ambivalente con otros países del sur de Asia: compite por influencia con China en Sri Lanka, Nepal y Bangladesh, donde ambos actores financian infraestructuras y buscan acceso a recursos estratégicos. En el Índico, India ha expandido su presencia naval y ha desarrollado acuerdos bilaterales de defensa con islas clave (como las Maldivas o Seychelles), conscientes de que el control marítimo será decisivo en la lucha por las rutas de comercio y las materias primas.

India, al igual que China, es un importador neto de energía y recursos estratégicos. Su dependencia del petróleo de Oriente Medio, el gas ruso y los minerales africanos (litio, cobalto, uranio) la obliga a una diplomacia pragmática, en la que combina alianzas con Occidente con relaciones con países no alineados. Ha aumentado sus inversiones en África, América Latina y Asia Central, donde busca asegurarse el acceso a las materias primas necesarias para su transición energética y tecnológica. En este contexto, India no compite sólo con China, sino también con actores europeos, Estados Unidos y, en menor medida, Rusia.

Militarmente, India ha invertido en la modernización de sus fuerzas armadas, incluida la expansión de su marina y el desarrollo de capacidades espaciales y cibernéticas. Su industria de defensa busca independizarse de Rusia como proveedor, orientándose hacia Israel, Francia y Estados Unidos. Y es ahí, en el plano geoestratégico, donde India aparece como pilar fundamental de un nuevo eje que busca contener la influencia de China. Esta alianza tácita —no formalizada pero cada vez más visible— está impulsada por Estados Unidos e incluye actores como Israel, Arabia Saudí y la propia India. Se trata de una coalición de intereses con el acceso a energía (Arabia Saudí), tecnología militar (Israel), mercados e influencia regional (India) como trasfondo en una coyuntura de reorganización del sistema internacional.

Este nuevo eje no implica necesariamente un alineamiento ideológico homogéneo, sino una convergencia pragmática. India mantiene relaciones con Rusia, rechaza sanciones unilaterales y defiende un modelo de “multipolaridad inclusiva”. No obstante, sus acciones —militares, diplomáticas y económicas— de los últimos tiempos se alinean crecientemente con la estrategia estadounidense de contención de China y sustitución de Europa como centro de gravitación económica.

India aspira a convertirse en una superpotencia global, pero lo hace desde una posición internamente frágil y geopolíticamente ambivalente. Su crecimiento económico, su peso demográfico y su activismo diplomático son indiscutibles. Sin embargo, el país sigue atrapado en contradicciones profundas: modernidad tecnológica sin inclusión social, hegemonía regional con conflictos abiertos, discurso multipolar con alianzas con actores geopolíticos que cuestionan el orden internacional basado en reglas.

La India de Modi es ya un actor global sobre el que tenemos que responder relevantes preguntas, ¿es hoy India la carta de otros actores geopolíticos para frenar a China? ¿Qué India se consolidará en el medio plazo: la India alineada en el eje EEUU–Israel–Arabia Saudí o la India parte de los BRICS que se articula preferentemente junto a los países del sur global? ¿qué tipo de actor pretende ser India en términos militares, un actor fiable y predecible o un expansionista gendarme regional? Y sobre todo, ¿puede un país con atronadores niveles de desigualdad ser un actor de referencia global? Las respuestas a estas preguntas son centrales para entender qué camino tomará y cómo será nuestra relación con el que, queramos o no, va a ser un actor internacional de primer orden en las próximas décadas en la conformación de un nuevo orden mundial.

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Antón Gómez-Reino fue diputado en el Congreso durante cuatro legislaturas entre 2015 y 2023 y miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y de la OSCE.