Desde hace más de diez días, Marruecos es el escenario de una ola de protestas que se ha extendido por pueblos y ciudades hasta alcanzar la diáspora. Las movilizaciones responden al llamamiento del colectivo Gen Z, un grupo de internautas anónimo organizado a través de la plataforma de comunicación Discord. El amplio seguimiento de las protestas –sobre todo entre los jóvenes–, la ausencia de estructuras formales y el medio de difusión elegido enfatizan el carácter aparentemente sorprendente de las movilizaciones.

Sin embargo, su convocatoria ha logrado encapsular el grito de un pueblo que clama por una mejora de los servicios públicos del país, al tiempo que muestra el hartazgo contra un modelo económico desigual, corrupto y orientado a la inversión en megaproyectos con escaso impacto en la población. La próxima celebración del mundial de fútbol en Marruecos refleja bien este modelo. Frente a esto, la demanda de Gen Z es clara: educación y sanidad públicas, empleo y fin de la corrupción. Estas reivindicaciones tienen fácil eco entre amplios sectores de la población.

Una mirada más pausada sobre la situación socioeconómica del país atenúa la sensación de sorpresa. Los jóvenes constituyen un sector demográfico predominante en el país (en torno a un 22% de la población total se encuentra entre los 15 y 29 años) y especialmente lastrado por el desempleo. Un 31,8% de los jóvenes de entre 15 y 24 años se encuentran desempleados. De los que trabajan, se estima que un 73% lo hace sin contrato.

En el seno de esta debilidad estructural encontramos un proceso de liberalización económica impulsado desde los años 80 que, sumado a la ausencia de libertades políticas, hicieron de Marruecos un “laboratorio neoliberal”. El resultado ha sido un país a dos velocidades, con importantes diferencias entre las zonas urbanas y rurales, carentes de infraestructuras y redes de transporte, pero también entre la población y las clases dominantes. La última cifra aportada por la agencia nacional de estadística marroquí HCP (Haut Commissariat au Plan) situaba el índice de Gini, empleado para medir la desigualdad, en 40,5% en 2022, devolviendo a Marruecos a los niveles de hace veinte años. Por contra, el primer ministro, Aziz Ajanuch, era nombrado por Forbes el hombre más rico del país (por detrás del rey) en el año 2024.

A los problemas estructurales se une la frustración por la falta de mejoras socioeconómicas en el país. Los avances políticos prometidos por la Primavera Árabe se estancaron hace una década, a medida que se deterioraba el contexto regional. La crisis generada por la pandemia del Covid-19 pareció desembocar en un proyecto de generalización de la sanidad pública, sin embargo, este sigue lastrado por las desigualdades regionales. Uno de los antecedentes directos de las protestas es, de hecho, la muerte de ocho mujeres embarazadas sometidas a cesáreas en un hospital de Agadir, evidenciando la falta de inversión en la región. De igual modo Ajanuch ganó las elecciones prometiendo la creación de un millón de empleos, una previsión muy lejos de la realidad actual. Ya en el verano de 2024, el primer ministro admitió su incapacidad para abordar el desempleo estructural del país: “No podemos solucionar el problema del empleo en los próximos tres años porque es una acumulación de los últimos quince”.

La intensidad de las actuales protestas, que se han saldado ya con más de 400 detenidos y tres muertos, nos recuerda a las protestas protagonizadas por el movimiento del Hirak en el Rif, norte de Marruecos, en 2017, o a la propia Primavera Árabe. Con el primero comparte la denuncia de la desigualdad entre regiones. Con el segundo, la demanda general de justicia social y mejoras socioeconómicas.

Sin embargo, el caso más similar seguramente lo encontremos en la campaña de boicot al consumo lanzada en 2018. Ese año, una página anónima de Facebook llamó al boicot de la gasolinera Afriquia, el agua embotellada Sidi Ali y la empresa de productos lácteos Centrale Danone. Las tres firmas tenían en común la subida de precios, el monopolio de cuotas considerables de mercado y su vinculación con las élites político-económicas del país. Afriquia pertenece, de hecho, al primer ministro Ajanuch, en aquel momento ministro de Agricultura y Pesca. El seguimiento del boicot fue masivo. A pesar de la opacidad de su impacto, Central Danone comunicó pérdidas del 35% en el tercer trimestre del año. El carácter anónimo y el elevado seguimiento de la iniciativa reflejaban la generalización de un descontento que hoy en día sigue vigente.

Lo cierto es que las movilizaciones nunca han desaparecido desde 2011, concentrándose en los márgenes del país y dando lugar a lo que se ha denominado “protestas periféricas”. Estas protestas denuncian las desigualdades económicas entre regiones, la sobreexplotación de recursos, la falta de acceso al agua como bien público y la desposesión de las tierras, entre otras medidas causadas por una sucesión de programas económicos neoliberales.

A pesar de ello, parece descartable que la situación actual conduzca a un cambio de régimen o de modelo económico. El dos de octubre, el colectivo Gen Z dirigió una carta al rey solicitando su intervención y la destitución del gobierno. Su propuesta nos remonta a una estrategia tradicional del poder en Marruecos, que blinda el papel del rey (auténtico poder ejecutivo del país) y reorienta los castigos hacia los partidos políticos. Como reza el dicho, “el rey bueno, la clase política mala”.

Este modelo, sin embargo, previene la posibilidad de realizar reformas profundas en el país, al proteger al núcleo central de distribución de recursos políticos y económicos: el propio rey. Como explicaba Ajanuch al tratar el paro, reformas cosméticas no pueden resolver problemas estructurales.

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Alfonso Casani es profesor de Ciencia Política de la UCM y colaborador de la Fundación Alternativas.