Durante décadas, los controles de exportación tecnológica de Estados Unidos se centraron en el hardware: semiconductores, equipos de fabricación, supercomputadoras. El 12 de junio de 2026 se ha reenfocado el objetivo. Por primera vez, Washington ha sometido a control de exportación un modelo de inteligencia artificial en sí mismo. La Administración Trump ordenó a Anthropic suspender el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera del país, incluidos sus propios empleados no estadounidenses. La compañía, que califica la decisión de malentendido, ha optado por negociar la reversión de la orden de forma discreta mediante reuniones con el Departamento de Comercio.

Para Europa, la lección no está en los detalles del origen del cierre del modelo —un presunto jailbreak de las salvaguardas del modelo, según la versión de la Administración—, sino en lo que el episodio revela sobre la naturaleza de la dependencia tecnológica de la UE. Y para entenderlo conviene separar dos casos que la cobertura ha tendido a fundir en uno. Fable 5 y Mythos 5 no son lo mismo, y el corte de cada uno enseña una cosa distinta.

El primer caso, Fable 5, ilustra la dependencia comercial. El modelo es un producto de mercado. Ordenar el corte de su acceso a los europeos –y resto de no estadounidenses– es disruptivo, pero pertenece a un orden conocido: hay competidores, hay sustitutos y el daño es económico y, en principio, reversible. Es el mismo riesgo que ya señalaba el paquete de soberanía tecnológica presentado por la Comisión Europea el 3 de junio, cuando estimaba en torno al 80% la cuota que Amazon, Microsoft y Google concentran en la nube europea. La dependencia de un proveedor extranjero siempre fue un riesgo de mercado. Aunque no haya que olvidar que si se materializa para un servicio central en la economía, como la nube, puede causar una disrupción sin precedentes.

El segundo caso, Mythos 5, ilustra algo más grave: la fragilidad de las alianzas. Mythos nunca fue un producto comercial. Anthropic había restringido su disponibilidad desde abril por sus capacidades avanzadas de identificación de vulnerabilidades, y lo había concedido a un círculo reducido de gobiernos: primero la Administración estadounidense, y el 2 de junio 15 países más, entre ellos España, y se lo negó a China. Anthropic había respetado las reglas tradicionales de la política internacional estadounidense, pero estas han dejado de ser válidas. La condición de aliado no es una salvaguarda; es una concesión revocable. El acceso de los 15 gobiernos al modelo duró menos de dos semanas y se revocó de modo unilateral y sin previo aviso.

Lo que Farrell y Newman describieron en 2019 como weaponized interdependence —el uso coercitivo de la dependencia económica como instrumento de poder— ha dejado de ser una hipótesis académica. Da igual, a estos efectos, si el corte respondió a una estrategia deliberada o a un susto regulatorio mal calibrado: el resultado para quien depende es idéntico, la pérdida de acceso en segundos y sin recurso. Esa equivalencia es precisamente el argumento para tener como objetivo político no depender. Estamos viviendo la extrapolación a la tecnología del poema atribuido al pastor protestante Martin Niemöller, superviviente de los campos de concentración nazis: "Primero vinieron por Huawei, y guardé silencio porque no tocaron a Nokia y Ericsson". La desconexión de Huawei en 2019 o las restricciones de semiconductores sobre China en 2022 fueron avisos que Europa no quiso leer.

La decisión tiene un coste que también recae, paradójicamente, sobre la propia industria estadounidense. Se introduce una nueva variable para los inversores: el riesgo de que el Estado limite unilateralmente el mercado de actuación a una empresa. Si la accesibilidad a un producto puede ser interrumpida por una carta del Departamento de Comercio a las cinco de la tarde de un viernes, la prima de fiabilidad del Made in America se resiente. El efecto trasciende a una compañía: anticipa la presión sobre las grandes tecnológicas para fragmentar su oferta por jurisdicciones, y empuja al mercado hacia un mosaico de "IA soberana" que encarece y ralentiza a todos. La armamentización del acceso desgasta también el arsenal de quien dispara. La presencia de los CEO de las principales empresas de IA en la reunión del G7 es un signo más de que su poder tecnológico no es ilimitado, sino condicionado dependiente de las decisiones geopolíticas.

Para la Unión Europea, el episodio impone urgencia en la adopción de un paquete reforzado de soberanía tecnológica, al menos con una tramitación tan acelerada como la empleada para simplificar la Ley de IA. Las normas propuestas en el paquete –Ley de Chips 2.0, Ley de desarrollo de la Nube– son necesarias pero insuficientes en ámbito y alcance. Por ejemplo, el marco de garantía de soberanía de las infraestructuras se circunscribe al nivel de aplicación y deja fuera de foco la cadena de suministro hardware. El objetivo tiene que ser la autonomía estratégica europea en toda la pila tecnológica, apoyada tanto en capacidades propias como en alianzas que construyan una cadena de suministro resistente a la coerción de terceros.

Como había anticipado Alex Karp –CEO de Palantir– “la era de la disuasión atómica está terminando, y una nueva era de disuasión construida sobre la IA está empezando”. En el nuevo entorno, Europa necesita una caja de herramientas que tiene que ser tan defensiva como ofensiva. En lo defensivo, el instrumento son los requisitos de soberanía en la contratación pública y en las condiciones de acceso a las ayudas de Estado en el ámbito tecnológico. En lo ofensivo, establecer condiciones claras e inmediatas de activación de las palancas de controles tecnológicos de respuesta a coerciones de terceros –por ejemplo, sobre las herramientas litográficas de ASML o los equipos de telecomunicaciones de Ericsson y Nokia–.

La soberanía tecnológica no se declara; se construye, y se defiende. Es hora de que Europa demuestre que realmente está dispuesta a hacerlo. Y nada es gratis. La absurda idea de rebajar la propuesta presupuestaria de innovación y tecnología en el Marco Financiero Plurianual de la UE para el periodo 2028-2034 no es el camino adecuado.

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Emilio García García es colaborador de la Fundación Alternativas y coautor de “Chips y poder”.

La Unión Europea adoptó en 2024 su ley de inteligencia artificial (IA), el primer marco jurídico integral a nivel mundial que aborda el uso aceptable de esta tecnología. La norma establece reglas estrictas sobre los riesgos, transparencia y seguridad para los sistemas de IA desplegados en el continente. Al ser la primera gran área económica en legislar sobre la materia, la UE aspiraba a desencadenar un nuevo Efecto Bruselas: la ambición de que su marco regulatorio se consolidase como el estándar global de facto, tal y como ya logró en el pasado con su estricta normativa de protección de datos. Estaba previsto que la ley entrará de modo efectivo en vigor en sucesivas fases, alcanzando su plena operatividad en agosto de 2026.

Simultáneamente a la adopción de la normativa comunitaria, la Administración Biden publicó una orden ejecutiva que establecía estándares para el desarrollo de la IA en EEUU dentro de un marco de gestión de riesgos, la protección de la privacidad y la promoción de la competencia. La acción concertada de la UE y EEUU catalizó una serie de acuerdos multilaterales en diversos foros –la Conferencia de Bletchley, Naciones Unidas– que contaron con la participación de China y propugnaron un diálogo internacional fundamentado en la gestión conjunta de riesgos y la cooperación en el desarrollo de capacidades.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 desbarató lo que se percibía ya como un nuevo éxito del Efecto Bruselas. Washington incluyó, entre las condiciones de un acuerdo arancelario entre los dos bloques, abordar las “barreras injustificadas al comercio digital”, obligando a la Unión Europea a una revisión de su acervo legislativo tecnológico. Tras un proceso de tramitación de cinco meses, los legisladores comunitarios han consensuado una reforma de la ley de IA. Si bien las modificaciones sustanciales de la normativa son de carácter menor –exclusión de maquinaria industrial, prohibición de generación de imágenes sexualmente explícitas, extensión de excepciones de cumplimiento a empresas de tamaño medio–, se incluye el aplazamiento de su entrada en vigor completa hasta agosto del año 2028.

En el nuevo orden mundial, fundamentado en el principio de la ley del más fuerte, las concesiones tienen un impacto inmediato. A la limitada capacidad industrial de la Unión Europea en el ámbito del desarrollo de la inteligencia artificial y su carencia de soberanía tecnológica en todos los niveles –incluyendo chips, infraestructura en la nube y modelos de lenguaje–, se añaden ahora las reservas e incertidumbres en materia regulatoria. Europa ha sido relegada por las máximas instancias de decisión internacionales en IA, quedando visible en el ámbito corporativo y geopolítico.

El comportamiento de Darío Amodei –consejero delegado de Anthropic– en el marco de la pre comercialización de su último modelo de lenguaje –Mythos– es representativo del desdén hacia Europa de las grandes tecnológicas. El 7 de abril, Amodei anunció la retención de la difusión de la aplicación, argumentando sus capacidades para explotar vulnerabilidades tecnológicas. Además del establecimiento del proyecto Glasswing para definir e implementar una estrategia defensiva en colaboración con otras entidades estadounidenses, compartió el modelo con la Administración Trump y entidades financieras de su país. La postura adoptada hacia Europa ha sido considerablemente diferente. A pesar de los sucesivos requerimientos, Amodei se ha rehusado hasta el momento a facilitar el acceso al modelo a las compañías del Viejo Continente y a la Comisión Europea, y ha declinado la solicitud de comparecencia ante el Parlamento Europeo.

La Administración Trump ha hecho también evidente que niega cualquier papel a Europa en la concepción de un marco global de gobernanza de la IA. En la agenda de la visita oficial del presidente de EEUU a China se ha incluido el lanzamiento de las negociaciones para establecer un marco global de mitigación de riesgos en el desarrollo de la IA. El objetivo final sería la definición conjunta por la dos superpotencias de directrices de seguridad para el despliegue de modelos, creación de mecanismos de intercambio de información y establecimiento de canales de comunicación de emergencia para incidentes relacionados con la IA. El acuerdo bilateral supondría un vaciamiento absoluto del Efecto Bruselas sobre la regulación global de la tecnología emergente. 

La IA ha pasado de ser un producto comercial a considerarse un activo estratégico y la UE no está en la mesa de decisiones. ¿Puede recuperar su protagonismo en el desarrollo global de la IA? Sí, pero necesita para ello complementar su capacidad regulatoria con una reorientación de su política industrial y una estrategia sólida de alianzas internacionales. 

La recuperación del impulso tecnológico en la IA en Europa pasa por apostar por la expansión de las capacidades propias en el paquete de medidas sobre infraestructuras digitales previsto para finales de mayo. La Comisión Europea debería presentar una propuesta de la Ley de Chips 2.0 que fomente la autonomía estratégica en el sector de los semiconductores, en sintonía con lo establecido en la propuesta de ley de aceleración industrial para el acero, el cemento, el aluminio, los automóviles y las tecnologías de cero emisiones netas. Del mismo modo, el proyecto de Ley de Desarrollo de la Nube y la IA que proponga el Ejecutivo comunitario debería incorporar requisitos de soberanía en la contratación pública, análogos a los aplicados en los servicios recientemente adquiridos por la Comisión Europea.

En paralelo, la Unión Europea debe asumir su posición como potencia media. El continente europeo es cada vez menos equiparable a las otras dos grandes potencias mundiales. El peso del poder económico de Europa ha experimentado un descenso desde 2016, pasando de representar un 22% del PIB mundial a situarse en el 17,5% actual. La hoja de ruta esbozada por Mark Carney en Davos 2026 nos confronta con una realidad ineludible: la autonomía digital estratégica europea no puede limitarse a un ejercicio de introspección, sino que debe constituir un acto de diplomacia audaz cimentado en una alianza de potencias medias – Brasil, Canadá, Corea del Sur, India, Japón, Reino Unido–. Esto resulta igualmente crucial para alcanzar el objetivo de una gobernanza global de la IA que sea genuinamente multilateral.

La coyuntura geopolítica europea, especialmente en el ámbito de la IA, evoca la máxima de Gramsci: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Si bien es preciso reconocer las dificultades del panorama actual, resulta indispensable mantener una determinación firme para intervenir y modificarlo. La inacción, por el contrario, conduciría a una subordinación y un vasallaje tecnológico.

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Emilio García García, colaborador de Fundación Alternativas y coautor de “Chips y poder”.

Las críticas a las políticas de inmigración son caldo de cultivo del crecimiento de la derecha extrema populista, tanto en España como en Europa. Recientemente, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar el proceso para regularizar a cientos de miles de personas extranjeras residentes en España despertó de nuevo las campañas de rechazo frontal. Desde la esfera ultra –para sorpresa de nadie– se agitaba la bandera de la teoría del reemplazo, calificando la medida como parte de la “​​agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos”. También el comisario europeo de Inmigración –adscrito al Partido Popular Europeo– manifestaba sus reservas ante la medida promovida por la coalición progresista en España.

Casi en las mismas fechas, Yuval Harari intervino en la cumbre anual que celebra en Davos el World Economic Forum. La excusa de su presencia era la reflexión sobre los retos a los que se enfrenta la humanidad con el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). La primera parte de la intervención se basó en los conceptos que el filósofo ha desarrollado en su último ensayo, Nexus, y que ya estaban presentes en su anterior obra, Homo Deus: breve historia del mañana. Básicamente, una reiteración de sus advertencias sobre la IA como un agente autónomo, diferente de los anteriores instrumentos meramente pasivos ideados por el ser humano. El ensayista dejó para la segunda parte su reflexión más profunda: la comparación del despliegue mundial de la IA con un inmenso flujo migratorio.

La advertencia de Harari está lejos de ser una exageración. Es inmediata la proliferación de los agentes IA, sistemas avanzados capaces de percibir su entorno, razonar, tomar decisiones y ejecutar acciones de manera autónoma para alcanzar objetivos específicos, requiriendo mínima o ninguna supervisión humana. Como bien describe el pensador hebreo en su intervención, estamos asistiendo a la creación de entidades que desempeñarán puestos de trabajo actualmente ocupados por humanos, transformarán la cultura de la sociedad donde se desplieguen y tendrán lealtades ajenas a la localización para la que presten sus servicios. Una versión digital de la teoría del reemplazo, en este caso de seres humanos por entes artificiales. Una completa oleada migratoria de IA que, en el caso de Europa, viene del otro lado del Atlántico. 

En el mundo del trabajo, existen indicios del reemplazo de los empleados de cuello blanco por las aplicaciones IA. En la misma cumbre de Davos, el consejero delegado de una gran empresa de esta nueva tecnología predijo la sustitución de los ingenieros de software por aplicaciones en un plazo de seis a doce meses. Los trabajadores en las líneas de fabricación y otros trabajos manuales tampoco serán más afortunados. El despliegue de la IA física alcanza ya el hito de robots fabricando robots. Incluso en el mismo EEUU, donde la ola migratoria de IA viene del interior de sus fronteras, el 64% de los trabajadores creen que esta tecnología disminuirá los puestos de trabajo en los próximos 20 años. 

En el reemplazo, las entidades IA que emigran a Europa desde EEUU nos traen también una cultura y política concreta: la ideología conservadora extrema y populista. La Casa Blanca ha establecido la obligación por orden ejecutiva de prevenir la implantación de la cultura de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en las aplicaciones IA de la Administración. Previamente, había ordenado a las agencias federales de Comercio y Telecomunicaciones a identificar y contrarrestar las leyes estatales que impulsan el desarrollo de una IA conforme a los valores DEI. 

Quienes hoy critican en Europa la apertura de fronteras a los inmigrantes humanos, establecen escasos condicionantes a la llegada del contingente de entes IA estadounidenses. Los mal llamados Patriotas Europeos ponen el acento en que sean portadores de su visión de los valores europeos, perfectamente compatible con la trumpista. Como contraposición, la derecha extrema populista no se manifiesta al respecto de la sustitución de trabajadores por aplicaciones y máquinas IA.

Aquellos que se preocupan por un despliegue gobernado en Europa de la nueva ola tecnológica tampoco establecen un marco estratégico completo para dar respuesta a la realidad migratoria de la IA descrita por Harari. 

La realidad migratoria de la IA descrita por Harari no impacta en las instituciones y políticos europeos. Los intentos de regularizar la IA –como la Ley de la IA de la Unión Europea– carecen de un enfoque a la altura de la dimensión del cambio, focalizándose en la transparencia en su uso y prácticas no permitidas. En paralelo, el Plan Europeo para un Continente IA se ocupa tan solo del aspecto industrial del desarrollo de esta tecnología. Existe la carencia de una política europea –o en otra área económica– de integración holística de la IA en la esfera laboral, cultural y política. 

La IA, vista como fenómeno migratorio, abre un nuevo riesgo de intemperie por la que puede profundizar la brecha entre élites y clase media y trabajadora. De igual modo que con la migración de los humanos, la inquietud en la población receptora sólo se resuelve adoptando medidas. Al igual que en la era de la Revolución Industrial, como bien recuerda Daron Acemoglu en su ensayo Poder y Progreso, la tecnología por sí sola no limita sus propios excesos. Tampoco los flujos migratorios se regularizan sin realizar ninguna acción. Mirar a otro lado y no enfrentarse a la IA con una respuesta integral no va a resolver los nuevos retos.

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Emilio García es coautor de Chips y Poder y colaborador de la Fundación Alternativas.