El juez Juan Carlos Peinado sostiene en el auto por el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que la escoltan podrían llegar a facilitar una hipotética fuga. Ese argumento forma parte de la resolución en la que el magistrado acuerda retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarla a comparecer dos veces al mes en el juzgado. Gómez, por su parte, ha anunciado que recurrirá la decisión, según han informado fuentes de su entorno a EFE.

Peinado adopta esas medidas cautelares tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron medidas por riesgo de fuga. En su resolución, el juez subraya que "a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida" y que el perjuicio para la acción de la justicia sería mayor en caso de que esa fuga llegara a producirse.

El magistrado sostiene que "el abanico punitivo, de penas privativas de libertad, que pudiera serle aplicado a las acusadas, es el comprendido entre las penas de dos años a 16 años". Ese argumento le sirve para justificar la existencia de riesgo de fuga y la adopción de medidas cautelares contra Gómez y contra su asesora, Cristina Álvarez.

Uno de los razonamientos más llamativos del auto se refiere a la escolta de la esposa del presidente. El juez recoge que la defensa de Gómez alegó que, por su condición de mujer del actual jefe del Ejecutivo, se encuentra acompañada y custodiada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sin embargo, Peinado rechaza que esa circunstancia elimine el riesgo de fuga, más bien al contrario.

"Lo que no cabe duda es que esos agentes, en un momento determinado, pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia", afirma el magistrado en la resolución conocida este sábado.

Peinado añade, además, que la condición de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es "efímera" y "transitoria", por lo que esa protección policial podría desaparecer. "Esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", señala el auto.

El juez extiende ese mismo razonamiento a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por su "estrecha vinculación personal" con ella y por haberla acompañado y coordinado sus actividades. A juicio del magistrado, Álvarez dispone de "una situación similar" a la de Gómez "a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse y eludir la acción de la justicia".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado la "más enérgica queja" a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que contiene el auto de Peina "cuya actuación se desarrolla únicamente en parámetros de legalidad y constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho".

Para Marlaska, esas sospechas injustificadas alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".

El ministro, máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, considera que se trata de "un hecho de máxima gravedad" y ha solicitado al órgano de gobierno de los jueces que valore la adopción de las medidas que considere oportunas.

Justicia Policial (Jupol, el sindicato mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional) han emitido un comunicado en el que tilda de "barbaridad" que el juez justifique su decisión en el riesgo de que huya con la ayuda de su escolta. "Los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley: garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales", afirma este sindicato en una nota publicada en X.

“Poner en duda su actuación [de los escoltas] carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares”, añade. Por ello, considera “imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones”. “La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos”, concluye.

Peinado envía a juicio a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También envía a juicio a su asesora por los mismos delitos.

Además, el magistrado sienta en el banquillo al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Tras ser llamado al orden en tres ocasiones durante el debate de una iniciativa del PSOE para reconocer a los libreros y bibliotecarios que salvaron obras que fueron requisadas en el franquismo, el diputado de Vox por Alicante, José María Sánchez García, ha sido expulsado este martes del Pleno del Congreso de los Diputados.

La decisión se tomó después de que se encarara con una letrada de la mesa presidencial y con el vicepresidente primero de la Cámara, que en ese momento presidía la sesión. 

Según su biografía que recoge el Congreso y la web oficial de Vox, Sánchez García (Madrid, de 63 años), es juez en excedencia desde 2019 y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. También ha trabajado como abogado y ha sido socio del despacho noteamericano Baker&McKenzie, y del británico Olswang. Así mismo ha sido letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Sánchez García ocupa el cargo de diputado por Alicante de Vox en el Congreso de los Diputados desde 2019. En su ficha parlamentaria figura, además, con estos cargos principales en la XV Legislatura: portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, portavoz de la Comisión Mixta para la Unión Europea, secretario de la Comisión del Estatuto, vocal de las comisiones de Justicia y Defensa y vocal suplente de la Diputación Permanente. 

La de este martes no es la primera expulsión protagonizada por el diputado ultra. En 2021, durante un debate sobre la penalización del acoso a las mujeres que abortan, llamó “bruja” a la diputada socialista Laura Berja, que en ese momento defendía esa reforma del Código Penal impulsada por el PSOE. 

El año anterior, en diciembre de 2020, Sánchez García llamó a la diputada del PP por Ourense, Ana Vázquez, “la diputada gallega chillona”. Además, en otra de sus sonadas intervenciones en el Pleno, denunció “la patología fóbica antimonárquica” que, según él, padecen los representantes de ERC. A los diputados del PSOE y Podemos también ha dedicado palabras poco amables: “Ustedes representan la ideología más mortífera de la Historia”, les espetó en otro debate.

Tras lo sucedido ayer, este miércoles, el partido de Abascal admite que las formas de su diputado son "cuestionables", pero desde Vox no se llevará a cabo ninguna acción contra él ni se planteará queja alguna ante la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, por su expulsión. Dando, parece, por zanjada la cuestión.

Vox atribuye a la reacción de Sánchez al "cansancio" de los parlamentarios de extrema derecha por los insultos que, según denuncian, reciben continuamente desde otros escaños. Desde el partido de Abascal aseguran que Jordi Salvador (ERC) llamó a su diputado "asesino, subnormal y nazi".

Desde el Gobierno, los ministros Ángel Víctor Torres y Mónica García creen que la actitud de Sánchez con Rodríguez de Celis recuerdan al 23F.

"Es una absoluta anomalía que no tiene precedente más que en el año 1981 y el golpe de Estado en el que se subió al estrado un sublevado para derrocar la democracia", ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. En su opinión, es "más grave aún" que el PP no condene estos hechos, y considera que el principal partido de la oposición "no puede quedarse al margen de esto" y "tiene que manifestarse con contundencia".

En la misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado que no haya una condena por parte del PP, aunque cree que es "lo normal" porque "los ultras ejercen de ultras y los que apoyan a los ultras pues siguen apoyando a los ultras", y ha señalado también que las imágenes le recuerdan al 23F.

"Estamos nuevamente ante la violencia institucional de los ultras de nuestro país, apoyada por cierto, por el Partido Popular. Unas imágenes que rememoran bastante bien a ese 23F, agradecemos que en este caso no subiera con una pistola", ha señalado.