Cuando estamos en el ecuador de la legislatura resulta conveniente recordar que entre las iniciativas normativas del Gobierno recogidas en el Plan Anual Normativo 2022 no hay ninguna que se oriente a la reforma y modernización de la jurisdicción militar. Sí hay, sin embargo, iniciativas importantes en el ámbito de la Justicia. Entre otras, la Ley Orgánica de Medidas de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de Directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y de abuso de mercado, y la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea.

La reforma y modernización de la jurisdicción militar no aparece ni como iniciativa del Ministerio de Justicia ni del de Defensa. Las normas que regulan este ámbito jurisdiccional han quedado del todo desfasadas y no están alineadas con las que sí se han modificado en los demás ámbitos jurisdiccionales paralelos, como son el contencioso-administrativo y el penal. Y ello a pesar de que hay al menos tres mandatos legislativos que ordenan al Gobierno llevar a sede parlamentaria proyectos normativos con ese contenido. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil han de enfrentarse a un marco regulador del servicio público de justicia que no ha sido adaptado a la nueva realidad de ambos grupos de servidores públicos, a sus demandas, problemática, de tal forma que sus casi doscientos mil componentes, a los que encargamos nuestra seguridad y defensa, no gozan de una justicia moderna y de un marco regulador procesal en el que puedan ejercer, con plenitud, el derecho fundamental a la obtención de la tutela judicial efectiva. Esto que digo no es nuevo ni desconocido. ¿A quién le interesa cronificar esta situación inaceptable? La respuesta la podemos encontrar en reflexiones que se han hecho públicas recientemente, desde diversos sectores de la doctrina jurídica.

Destacaremos dos. La primera, es el artículo del catedrático Francisco Javier de León titulado “Transición y Justicia Militar”. Sostiene que esta falta de compromiso con la obligada reforma es fruto de un intento de mantener una visión de la justicia militar como un elemento necesario para la preservación de una manera de entender los valores castrenses que, en su opinión y en la mía, no se adecuan a lo que demanda la sociedad española y los estándares de otros países de nuestro entorno cultural, político e incluso operativo. Así, la oposición a la reforma, modernización y homologación de esta jurisdicción puede entenderse como una resistencia a un cambio, que supondría para algunos la pérdida de privilegios y de la cercanía al mando militar de quienes ejercen la jurisdicción vestidos de uniforme.

La segunda referencia es el libro de la comandante auditor María Contín Trillo-Figueroa “Independencia judicial en la Jurisdicción Militar”. La lectura de las páginas que dedica a establecer conclusiones y propuestas contienen elementos para la reflexión muy interesantes. En estas reflexiones —que tienen el valor de ser hechas por quien pertenece al Cuerpo Jurídico Militar y por quien ha participado en la justicia militar— se constatan diversas circunstancias que permiten ver, con nitidez, la perentoria necesidad de la reforma y las quiebras reales que existen para tener por plenamente garantizada la independencia de los jueces militares. Se hace mención a aspectos de la actual configuración legal que pueden permitir represalias al militar que ejerce jurisdicción por los superiores jerárquicos que han de calificarle y/o evaluarle y que, por tanto, tienen capacidad de condicionar su carrera militar. Se habla de privilegios cuando se ha de exigir responsabilidad penal a quienes integran esta jurisdicción al mantener la figura del “antejuicio”. También, y no es baladí, se recuerda la dependencia de la Fiscalía Jurídico Militar del Fiscal General del Estado y del Ministerio de Defensa. Es decir, los fiscales militares son subordinados jerárquicos de la persona que ocupe el cargo de Ministro de Defensa, quien puede interesar actuaciones e impartir órdenes e instrucciones. Todos sabemos lo que para un militar supone recibir una orden.

Se mencionan otras muchas cuestiones, todas relevantes, a las que no podemos referirnos por cuestión de espacio. Pero, lo cierto es que todo ello hace más necesario que nunca cumplir con los mandatos legislativos que con nitidez exigen al Gobierno modernizar y homologar la jurisdicción militar para que los militares y los guardias civiles no sigan siendo —en este punto también— ciudadanos de segunda.

Después de dos años largos de parón, el pasado día 2 de septiembre se ha constituido el Observatorio de la Vida Militar (OVM). Tengo el honor de ser una de las nueve personas que lo integran y el único que estuvo en la primera configuración de este órgano colegiado, adscrito a las Cortes Generales, de carácter asesor y consultivo, para el análisis permanente de la condición de militar y de la forma con que el Estado vela por los intereses de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Considero que en su primera composición el OVM ha prestado un apreciable servicio a las Cortes Generales, singularmente a las comisiones de Defensa del Congreso de los Diputados y del Senado y a las propias Fuerzas Armadas, y a los hombres y mujeres que las componen. Sus memorias anuales, sus informes, los estudios monográficos han sido y son, sin duda, un referente para quienes pretendan acercarse a la realidad de las Fuerzas Armadas y a las cuestiones que conforman la condición militar. Basta ver los debates en sede parlamentaria realizados como consecuencia de las comparecencias del presidente del OVM para exponer los trabajos anuales y las resoluciones contenidas en los dictámenes aprobados por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. De todo ello se han derivado iniciativas y acciones directas tanto de los grupos parlamentarios, el Ministerio de Defensa, de los Ejércitos y de la Armada. En este sentido, puede afirmarse que se ha cumplido con la encomienda recibida de las Cámaras al aceptar los nombramientos por los miembros de la primera composición. A todos ellos y ellas, compañeros de trabajo intenso, de debate y discusión y de acuerdos, quiero agradecerles su dedicación. Sería justo que se les reconociera.

En esta segunda etapa que ahora iniciamos se parte de una situación bien distinta. Por una parte, nadie puede discutir la utilidad del órgano ni que su funcionamiento y trabajos no hayan sido positivos para los hombres y mujeres de uniforme de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, creo sinceramente que se han disipado los miedos y las prevenciones que pudieron ser la causa de que tardará tanto tiempo en iniciar su andadura. Precisamente por todo ello, este nuevo Observatorio ha de profundizar más en los asuntos que trate y ha de atender lo que desde las dos comisiones parlamentarias de Defensa se ha considerado necesario para mejorar el ejercicio de sus funciones. Por decirlo de alguna manera, esta etapa ha de ser la de la consolidación del OVM.

Para ello ha de abordarse la aprobación del reglamento en el que ha de determinarse el régimen de funcionamiento, el estatuto de sus miembros y la composición y funciones del órgano de trabajo. Además, ha de dotarse de un presupuesto para que su funcionamiento sea eficaz y redunde en la calidad e independencia de sus trabajos y recomendaciones. El órgano de trabajo ha de reforzar su plantilla, integrar personas expertas y dar cabida a todos los ejércitos y escalas de las Fuerzas Armadas. Hay que incrementar las visitas a las unidades, que han demostrado ser un instrumento muy eficaz para conocer la realidad de la vida de los y las militares, sus preocupaciones e inquietudes y las de sus familias y los problemas a corregir en todos los ámbitos.

Tengo la confianza de que en estos próximos cinco años que dura el mandato podremos afianzar el funcionamiento del OVM, su prestigio, derivado de su vocación de servicio y su conocimiento por todos los miembros de las Fuerzas Armadas. De las siete importantes funciones del OVM que se recogen en el artículo 54 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, quiera, para terminar, destacar aquella que se expresa en los siguientes términos: "Promover la adaptación del régimen del personal militar a los cambios que se operen en la sociedad y en la función pública”. Y lo hago porque recoge un mandato imperativo al OVM para que contribuya a que se materialicen las condiciones que hagan del militar un ciudadano pleno tanto en los avances que se produzcan en la sociedad en su conjunto y en el régimen de derechos y deberes de los demás servidores públicos. Este mandato debe impregnar todos los trabajos del OVM. Espero que lo consigamos entre todas las personas que lo componemos.

Son continuas las noticias de iniciativas disciplinarias contra representantes de las asociaciones profesionales de guardias civiles. No son buenas noticias porque hay otras tantas que dan cuenta de la anulación judicial de los procedimientos disciplinarios. Algunos pueden reducir su lectura e interpretación a que existe un funcionamiento normalizado de la justicia o a que los mecanismos propios del estado de Derecho funcionan. Pero sería erróneo quedarse en la mera noticia o en la superficie del problema. La realidad que subyace es la falta de aceptación del fenómeno asociativo en la Guardia Civil. Evidentemente no se puede generalizar. Es cierto, sin embargo, que la persistencia en esta manera de proceder acredita que no es algo aislado, pasajero, coyuntural. Por el contrario, el uso y abuso de la potestad disciplinaria frente a las asociaciones profesionales de miembros de la Guardia Civil y frente a sus representantes parece una constante que permanece en el tiempo con momentos de mayor o menor intensidad.

En la actualidad, estamos viviendo un serio y preocupante repunte del uso de lo disciplinario contra el movimiento asociativo profesional organizado en el seno de la Guardia Civil. Es evidente que no es una mera casualidad. La reiterada petición de cambios profundos en el seno de la Guardia Civil promovida por asociaciones como AUGC incomoda a quienes pueden ver peligrar sus intereses o privilegios. También a quienes no han interiorizado que el ejercicio del mando y la propia naturaleza militar no son barreras infranqueables para la mejora del marco de ciudadanía de los y de las guardias civiles y que una institución que no avanza al mismo ritmo que la sociedad a la que sirve y en la que ha de estar integrada, se queda atrás y se deslegitima frente a la ciudadanía y a los propios guardias civiles y sus familias.

No toda discrepancia ha de ser acallada a golpe disciplinario. Por el contrario, la discrepancia sensata es fuente de progreso y de mejora y motor de cambio y ha de favorecerse en un cuerpo policial moderno. El concepto de “Guardia Civil compartida” es más necesario y actual que nunca. La Guardia Civil no es de los que eventualmente la mandan y dirigen. Su obligación es dar espacio a todas las iniciativas de progreso y de mejora. Para ello hay que partir de la admisión de que todos pueden aportar y de que a todos compromete la búsqueda de escenarios de modernización que han de tener presentes, siempre, los derechos y el bienestar de los y las guardias civiles. No se puede construir una Guardia Civil del futuro sin contar y pensar en los hombres y mujeres que la integran, como conjunto y como personas.

Cada guardia civil importa. Su vida, su proyecto profesional, su familia. Por eso mismo, dirigir la Guardia Civil y mandar sus unidades, es una complicada labor que hay que agradecer a quienes la ejercen. Pero también hay que exigirles que cumplan con la ley, que admitan e integren en sus decisiones estratégicas una visión ampliada de sus responsabilidades y den espacio a las asociaciones profesionales y a sus representantes, admitiendo la discrepancia y la crítica. El uso del régimen disciplinario como única herramienta para mantener posiciones inamovibles, no compartidas, no es sólo una irregularidad legal, sino que se constituye en un error estratégico que la Guardia Civil no se puede permitir.

Es el momento, por tanto, de arrumbar estas prácticas para dar una oportunidad al diálogo que dé lugar a decisiones compartidas. Esta nueva manera de hacer, de proceder e incluso de mandar ha de tener un efecto expansivo en toda la Guardia Civil y ha de servir de ejemplo para todas las unidades y para el día a día en el ejercicio del mando. Esta visión compartida en la que han de tener un papel y protagonismo relevante las asociaciones profesionales sí que ha de ser la piedra angular de un Código de conducta que refuerce la institución, la cohesione internamente y la mantenga conectada con la sociedad. Es un reto o, mejor dicho, el reto de la Guardia Civil.

Que la Guardia Civil es uno de los más importantes baluartes del Estado en relación con la seguridad y un instrumento capital para posibilitar el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos los ciudadanos, no ofrece dudas. Tampoco las genera la afirmación de que los ámbitos complejos y exigentes en los que centra su actuación exigen una continua adaptación y modernización a los nuevos escenarios que se producen en un mundo en permanente y continua evolución, a las nuevas formas de delincuencia y las novedades que demandan la ciudadanía de las Fuerzas de Seguridad.

Los máximos responsables de la Guardia Civil trabajan para que este cuerpo policial esté en primera línea en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, con especial incidencia en el tráfico de drogas y centran su atención sobre la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas, la ordenación de flujos migratorios, la protección del medio ambiente y las emergencias y la seguridad ciudadana, entre otras líneas temáticas de actuación. Esto está expresamente recogido en su Plan Estratégico 2017-2021, cuya revisión deberá comenzar en los próximos meses.

Entre los objetivos estratégicos de este plan encontramos la política de personal y de gestión del capital humano de la Guardia Civil que se condensaba en la idea de “poner a disposición de la Institución más y mejores guardias civiles, perfectamente preparados, capacitados y motivados para el ejercicio de sus funciones, mejorando al mismo tiempo las condiciones en las que desarrollan su trabajo y su calidad de vida”. Los y las guardias civiles son, según se dice en el plan, el pilar básico del Cuerpo y la política de personal, especificada en normas jurídicas, debe adaptarse a la realidad social y normativa general, “para mejorar la ordenación y gestión de los recursos humanos mediante el establecimiento de un sistema integral que, partiendo de un adecuado proceso de selección, proporcione la necesaria formación a lo largo de la carrera profesional y ofrezca suficientes oportunidades de promoción”. Este objetivo del planeamiento estratégico de la Guardia Civil se traduce en varias líneas de actuación también estratégicas y de largo alcance. Entre ellas destacaremos tres. La primera, el fomento de la promoción y el desarrollo y la carrera profesional de los guardias civiles; la segunda, la mejora de las condiciones de vida, de trabajo y de igualdad de los guardias civiles; y, por último, la tercera, el fomento de los cauces de comunicación, participación y expresión para los miembros del Cuerpo.

Si ponemos en relación estos objetivos y líneas de actuación estratégicas con la situación actual de la política de personal y gestión de los recursos humanos de la Guardia Civil, podemos afirmar que la evaluación de cada uno de ellos es manifiestamente negativa.

La carrera profesional de los guardias civiles sigue necesitando una profunda reflexión y una extensa reforma. Los procesos de selección siguen siendo complejos, en muchos casos opacos y se cimientan en procesos de evaluación y calificación absolutamente subjetivos y de muy complicada impugnación. De la regulación caótica y de la gestión de los destinos dan cuenta los continuos recursos, sentencias y la apreciación del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo, que advierten y reconocen la complejidad de las normas que lo regulan y su muy complicada interpretación, contraria al principio de buena regulación. El abandono y la discriminación profesional de los y las guardias civiles con discapacidad sobrevenida es clamoroso y sonrojante.

Las condiciones de vida siguen siendo lamentables en muchas unidades y en muchos pabellones por su falta de habitabilidad y de conservación y por las largas listas de espera. De los vehículos mejor no hablar. En cuanto a la aplicación transversal de la igualdad, es cierto que se ha avanzado en ello, pero aún quedan aspectos muy relevantes para que aquella sea real y efectiva. Se debe hacer un mayor esfuerzo en la preservación del derecho a la conciliación, jornada y horarios laborales y para la capilarización del principio de tolerancia cero frente a cualquier tipo de acoso.

Por último, el radical fracaso de los cauces de comunicación, participación y expresión para los miembros del Cuerpo es, lamentablemente, un hecho constatado. No parece que se haya avanzado –más bien se ha retrocedido y se pretende que esta acción involutiva continúe– en una relación madura y respetuosa con las asociaciones profesionales. Hay tres ámbitos de responsabilidad claros desde mi punto de vista. Uno, la falta de experiencia de la actual dirección de la Guardia Civil que, junto con la falta de un equipo comprometido y audaz, hace que haya entregado su alma y haya renunciado a su liderazgo político, en favor de la cúpula militar del Cuerpo. Dos, la cúpula militar de la Guardia Civil, que quiere mantener un estatus personal y un modelo de ejercicio del mando que no se ajusta a la realidad social. No ha asumido que la Guardia Civil ha de ser una Guardia Civil compartida, en la que hay diferentes actores que pueden, quieren y deben contribuir a su mejora y modernización en aspectos sociales, económicos y profesionales, con un papel protagonista de las asociaciones profesionales que deriva de la decisión política del legislador. Tres, la posición de algunas asociaciones profesionales que han perdido la esencia reivindicativa a favor de posturas cómodas, posibilistas, cortoplacistas e insolidarias con quienes no son de su escala.

En este escenario se constata el fracaso de estos objetivos y acciones estratégicos y aflora el conflicto que hay en el seno de la Guardia Civil que a algunos tanto cuesta reconocer y que supone un fracaso en la gestión estratégica del Cuerpo. La actual dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior deberían reflexionar y propiciar cambios normativos y personales que despejen el camino para un nuevo marco estratégico 2022-2026 que sea útil para conseguir lo que, sin duda, debe ser su principio informador que no es otro que lograr una Guardia Civil compartida al servicio de la sociedad española.

El asociacionismo profesional en las Fuerzas Armadas precisa de un impulso decidido. El año 2021 se cumplirán diez años desde la publicación de la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es momento de hacer balance. La Ley no recibió en sus primeros tiempos el apoyo entusiasta de los cuarteles generales de los Ejércitos e, incluso, en algunas importantes unidades, se dictaron normas o recomendaciones que consideraban el asociacionismo profesional como un riesgo para las Fuerzas Armadas.

Diez años después, si se analiza de forma objetiva y desapasionada, el trabajo que se ha hecho por las asociaciones profesionales, su labor en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), la contribución a poner en la agenda social y política la realidad de las Fuerzas Armadas, de los hombres y mujeres que las integran, la conclusión a la que se llega es la de percibir un intenso trabajo para mejorar las condiciones de vida, laborales, profesionales, sociales y económicas de los militares y de sus familias.

Objetivamente, las Fuerzas Armadas españolas son mucho mejores después de diez años de trabajo asociativo. Esto hay que reconocerlo. La condición militar se ha dignificado a través de la reivindicación de las asociaciones profesionales. Las actas del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas deberían ser conocidas y analizadas por los ciudadanos de uniforme. Hay propuestas, informes, iniciativas, preguntas, mociones, intervenciones que ha sido la palanca de cambio para modificaciones normativas que han contribuido al bienestar de quienes prestan servicio, día a día, en nuestros ejércitos. Las asociaciones con representación en el COPERFAS son actores imprescindibles en las políticas de personal del Ministerio de Defensa. Esto es un hecho que es admitido tanto por la actual ministra de Defensa como por los demás responsables del Departamento, que han llevado a cabo la interlocución con los representantes asociativos.

Sin embargo, y a pesar de la eficaz, valiente, leal y exigente contribución del asociacionismo profesional a unas mejores Fuerzas Armadas, persisten, en algunos ámbitos, quienes cuestionan su mera existencia desde criterios manipulados y prejuiciados de confrontación con valores como son la disciplina, la jerarquía, la subordinación o la unidad, baluartes del funcionamiento castrense, que no resultan incompatibles con el desempeño de las asociaciones de militares reconocido por la Ley.

Y es precisamente por estos prejuicios por los que el Ministerio de Defensa debe impulsar el pleno despliegue y aplicación de la Ley Orgánica de derechos y deberes, a fin de enviar mensajes inequívocos de que las asociaciones profesionales son un actor más que contribuye a la Seguridad y Defensa de España, por ser un cauce legítimo que propicia las más dignas condiciones de trabajo y de vida en las unidades de los militares, por ser activos en la salvaguardia de sus Derechos Fundamentales y las condiciones de vida y trabajo y, en definitiva, por atender a la plenitud del derecho profesional a la carrera militar, que afecta a todos y todas los miembros de las Fuerzas Armadas.

El derecho de asociación no se consolida solo con meras declaraciones. Precisa de medios. Algunos ya están en la Ley de derechos y deberes, pero deben extenderse y sobre todo aplicarse. Me refiero a los medios puestos a disposición de las asociaciones, locales, medios telemáticos, horas a disposición de representantes asociativos en el Coperfas, etc. Hay que ir más lejos. Las asociaciones profesionales deben poder entrar en las unidades, donde se encuentran sus representados y el objeto de sus competencias legales, a la manera que trabajan en ellas las asociaciones profesionales representativas de los guardias civiles; deben poder asistir a los centros de formación para hablar de asociacionismo con los alumnos y futuros profesionales; deben optar a subvenciones como tienen otras asociaciones de servidores públicos. En definitiva, deben poder realizar sus actividades sin obstáculos y con medios suficientes.

Es conocido que el Ministerio de Defensa está trabajando con las asociaciones profesionales revisando la Ley de derechos y deberes. Es una iniciativa necesaria y responsable. Los trabajos de la comisión creada ad hod no deberían prolongarse mucho en el tiempo porque la reforma de la ley es necesaria. La segunda generación de derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas no pude hacerse esperar más. Confío en el impulso del ministerio y en el acierto en los planteamientos de los representantes asociativos. Nos jugamos todos mucho.

Añádase, a todo ello, la falta de diálogo con las asociaciones, la imposibilidad de generar un clima de participación y el absoluto error en la elección de los colaboradores más cercanos. Todo ello solo podía terminar en un cese de quién ha sido el responsable máximo de tales desatinos. Y es que, la experiencia demuestra que para dirigir con éxito la Guardia Civil hay que huir del boato, de la displicencia, de los halagos y de los “secuestros” del aparato que suponen y contribuyen, –eficazmente por lo que se ha visto hasta el momento– a la separación de la realidad del Cuerpo y de los problemas e inquietudes legítimas de sus componentes. Hay que rodearse de colaboradores fieles, leales y que además conozcan el singularísimo universo cual es la Dirección General de la Guardia Civil. Menos moqueta y más pisar cuarteles y hablar con los y las guardias civiles que prestan a diario diferentes servicios en beneficio de la ciudadanía.

Un gabinete a cuyo frente esté una persona que no tenga la condición de militar es esencial como figura básica para apoyar la gestión de la Directora General, en todos los frentes; singularmente para apoyar la dirección política de la Guardia Civil y la coordinación con la Dirección Adjunta Operativa y los distintos Mandos de Operaciones, Personal y Apoyo, sin olvidar la Secretaría del Consejo de la Guardia Civil.

Quien llega a este cargo ha de saber que el objetivo es que la Guardia Civil sea una Guardia Civil compartida. Me explico. La gestión de la política de personal ha de construirse escuchando a todos y cada uno de los que tienen cosas que decir y aportar. El diálogo y la participación de los legítimos representantes de los y de las guardias civiles en la configuración de los elementos necesarios para la toma de decisiones es absolutamente imprescindible. Todo ello ha de asumirse como una estrategia permanente, que ha de ser permeable a toda la organización y a todas las unidades, estableciendo cauces adecuados, según los criterios desde los cuales se configura la gestión administrativa y pública abierta, potenciando los mecanismos de diálogo y participación. En todas aquellas decisiones que incidan en aspectos que afecten a lo social, lo económico y lo profesional han de haber opinado y haber sido escuchadas las asociaciones profesionales como elemento básico de buen gobierno y de respeto a la condición de ciudadanos que tienen todos los guardias civiles.

Quien gobierne la Guardia Civil ha de tener capacidad de aguantar presión en todos los ámbitos del ejercicio del cargo, escuchando a todos los interlocutores que le rodean y le piden y proponen, simultáneamente, soluciones dispares para los mismos problemas. Tiene que tomar decisiones después de saber lo que dicen unos actores y otros, desde su posición privilegiada y estratégica, impulsando un nuevo modelo de ejercicio del mando, que no olvide su carácter servicial y la necesidad de atender al interés general. Los instrumentos de planificación estratégica han de potenciarse integrando las diferentes sensibilidades e intereses, siempre puesto todo ello en relación con el superior interés del cumplimiento de la misión y del respeto de los derechos fundamentales y profesionales de los miembros de la Guardia Civil, derechos que deben integrarse en lo estratégico como elementos vertebradores del futuro.

El nuevo nombramiento de María Gámez es sin duda una oportunidad para el cambio. Uno de los retos de la nueva directora y de su equipo ha de ser la redacción y elaboración del Plan Estratégico de la Guardia Civil para los cuatro próximos años. Entre los aspectos que se han de abordar ha de figurar la reconfiguración del despliegue territorial, que tiene aspectos estrictamente operativos y otros de gran calado que inciden de manera directa en la vida personal y familiar de los y de las guardias civiles. El plan estratégico, por ello, en relación con estas líneas de acción, no puede elaborarse sin contar con la participación y colaboración de las asociaciones profesionales. Es decir, es estratégico considerar y actuar desde la concepción de la Guardia Civil como algo compartido entre todos los que han de velar por su mejora en todas sus dimensiones, desde un compromiso exigente por conseguir el mejor futuro interno y externo y el mejor servicio para la sociedad española. Nos hace falta una Guardia Civil compartida.

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Mariano Casado es miembro del Observatorio de la Vida Militar (OVM) y asesor jurídico de la Junta Directiva de AUME.

Sin duda, las políticas de personal, las que atienden a la carrera profesional de los y las militares, a sus retribuciones y a sus derechos fundamentales y profesionales, constituyen el núcleo esencial de toda actuación en esa importante área de la gestión política de la Defensa. Muchos de esos asuntos son conocidos y están plenamente identificados. Me refiero, por ejemplo, a culminar el proceso de atención y apoyos personalizados a quienes componen la Escala de Tropa y Marinería, tanto a los que han debido abandonar los Ejércitos y la Armada como a los que puedan estar en esa situación en breve. La consolidación del derecho a la conciliación debe ser otra acción decidida. Los avances que ha llevado a cabo Margarita Robles en esta materia deben consolidarse y protegerse de intentos de retroceso, que aún existen, impulsados en muchas ocasiones desde las estructuras de mando.

La conciliación como derecho ha de integrarse con plenitud, generosidad y responsabilidad en la planificación operativa y en el diseño de capacidades. Es un elemento esencial de lo que he calificado como reclutamiento inteligente en las Fuerzas Armadas, que ha de combinar plantillas suficientes, humanización de las políticas de personal y rendimiento y eficacia en el cumplimiento de la misión. A esto ha de añadirse un nuevo marco legal regulador de la movilidad geográfica, que ha de atender a componentes económicos y sociales, y que no ha de olvidar en su planificación a las familias de los y de las militares. Una red de atención a las familias, de atención a situaciones que comprometen la estabilidad del militar, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es imprescindible.

La Ley de la Carrera Militar y la de Tropa y Marinería han de ser revisadas. Ha de volverse a planteamientos de regulación única, integrada, de todo lo que tenga que ver con el ingreso, promoción, ascensos, destinos, situaciones administrativas, formación, enseñanza de formación y perfeccionamiento, entre otras cuestiones. No puede haber militares de primera y de segunda. El sistema profesional ha de permitir que el derecho profesional a la carrera sea real y efectivo para todos y todas. La revisión del sistema y del modelo de calificación y de evaluación ha de afrontarse sin temor. En los Ejércitos modernos todo lo que genere sensación-evidencia de discriminación y de arbitrariedad debe desaparecer de forma inmediata.

Otro elemento esencial de la acción de gobierno en Defensa ha de ser el pleno desarrollo y despliegue del derecho de asociación profesional. Se ha demostrado que las asociaciones profesionales aportan y contribuyen a unas mejores Fuerzas Armadas. Pero aún pueden hacer más con instrumentos más potentes. Debe modificarse la Ley de Derechos y Deberes para facilitar el acceso a las unidades; debe regularse la figura del representante asociativo que contemple horas para el desempeño de su función; debe cumplirse con la obligación de dotar a las asociaciones de subvenciones públicas que contribuyan a su crecimiento y al desempeño y cumplimiento de los fines que el ordenamiento jurídico les encomienda.

La reforma del régimen disciplinario es necesaria para profundizar en el derecho fundamental de defensa y en la desaparición de la sanción de arresto. La modernización del modelo de otorgamiento de tutela judicial a los militares es imprescindible y además es una demanda que se deriva de mandatos legislativos incumplidos y de la condena a España por parte de organismos internacionales. La Justicia militar ha de reformarse de manera inmediata.

Las retribuciones de los y de las militares no pueden permanecer como las más bajas de la función pública, a pesar de los muy importantes requerimientos de formación, de las responsabilidades que han de afrontar para proveer de defensa y seguridad a nuestro país y de las renuncias personales y familiares que comporta la vida militar.

La revisión del Protocolo para la Prevención de Situaciones de Acoso Sexual ha de acometerse con la experiencia de estos años de aplicación y ampliarse al acoso laboral, estableciendo una mejor protección a la víctima y su participación en los procedimientos disciplinarios. Las políticas trasversales relativas a la discapacidad han de potenciarse, tanto para los militares con discapacidad como en relación a las familias en las que se conviva con personas con discapacidad. La atención social a los miembros de las Fuerzas Armadas y a sus familias debe dotarse de medios humanos, órganos especializados que trabajen en red, y con recursos económicos suficientes y sostenibles.

También hay otro espacio de trabajo ineludible. En esta ocasión no es responsabilidad estricta del Gobierno. Me refiero a que debe procederse por el Congreso de los Diputados y por el Senado al nombramiento de los miembros del Observatorio de la Vida Militar, que ha prestado importantes servicios a las Fuerzas Armadas, a sus componentes y a las políticas de seguridad y defensa de España.

En definitiva, mucho por hacer. Todo ha de partir de un buen diagnóstico compartido, que busque y llegue a soluciones eficaces que no excluyan a nadie.

La Política de Defensa es una de las políticas más importantes en todo país moderno y tiene diversos aspectos que merecen reflexión y atención de la clase política y de la ciudadanía. Al respecto, en este proceso electoral, ¿qué dicen los partidos políticos en sus propuestas programáticas?. Nos vamos a referir principalmente a las cuestiones que afectan a las personas que integran las fuerzas armadas.

Las retribuciones son una de las principales asignaturas pendientes que han de ser abordadas y resueltas en la próxima legislatura. Las referencias retributivas no son suficientemente contundentes, y además no se dice nada sobre compensación económica de guardias y servicios de carácter extraordinario. Sigue señalándose la conciliación y la movilidad geográfica como áreas de mejora; pero no hay compromisos concretos. En cuanto a la conciliación, sería preciso que se definieran los aspectos del derecho que se pretenden mejorar, porque el Gobierno socialista ha aprobado, antes de que se pusiera fin a este periodo político, un conjunto de medidas que han contado con el aplauso de las asociaciones profesionales. Respecto a la movilidad geográfica, el compromiso con la promulgación de una nueva ley que dé respuesta a esta cuestión capital, con incidencia directa en la vida de los militares y de sus familias y en la operatividad de las unidades, no se contempla en tales términos. Solo una nueva ley de movilidad puede dar respuesta a este reto de nuestras Fuerzas Armadas, con un abordaje integral del problema, que tiene un claro componente de incidencia negativa en la moral de los militares, por el alejamiento que supone de sus entornos personales y familiares más próximos.

Sorprende que las propuestas dirigidas a afrontar los problemas derivados de la Ley de la carrera militar no sean un elemento capital de los programas. Cuando han transcurrido más de diez años de su entrada en vigor, persisten las desigualdades, las arbitrariedades y las barreras a una carrera profesional en condiciones de igualdad, como son los opacos procesos de evaluación y de calificación. Los procesos de acceso a la condición de militar, la promoción interna, los límites de edad, no han sido resueltos satisfactoriamente. De la Enseñanza militar nada se dice, siendo como es el pilar fundamental para la preparación de los hombres y mujeres de los Ejércitos y de la Armada.

En relación a la Tropa y Marinería, pocas novedades se observan en los programas electorales, más allá de tibias referencias al problema, obviando sin embargo la decisión capital para resolver el problema: una ley integral de la carrera, única para todas las Escalas, que prevea un auténtico reclutamiento inteligente y previsible, que es la garantía de unas Fuerzas Armadas plenamente operativas, en las que las familias españolas vean un horizonte profesional para los jóvenes, hombres y mujeres, verdadera capacidad crítica para nuestra seguridad y defensa.

En el ámbito de los derechos, sí hay algunas referencias. Sin embargo, se deja de lado la reforma de la manera de obtener tutela judicial efectiva por los miembros de las Fuerzas Armadas, cuestión ésta más compleja que proponer la dudosa supresión de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. La reformulación de la jurisdicción militar es tan urgente como necesaria y, aunque hay quien pretende dilatarlo sine die, un parlamento como el que puede derivarse de las próximas elecciones, a pesar de la complejidad para llegar a acuerdos, permite que se pongan todas las ideas sobre la mesa en una cuestión en la que el Poder Legislativo ha fallado a los militares una vez más. La validación o no de las decisiones disciplinarias y penales militares está en juego. Los militares no disponen, como el resto de los ciudadanos, de la posibilidad de interponer recursos de apelación contra decisiones judiciales que pueden tener una grave incidencia en su esfera de derecho.

No hay referencia alguna a la reforma de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas que se aprobaron en 2009, antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de derechos y deberes (2011), y que necesariamente deben estar alineadas con la misma.

El asociacionismo profesional, una vez consolidado, precisa de un impulso evidente para su normalización. Hay que arrumbar miedos, desinformación y manipulaciones y apostar sin complejos infundados por su presencia cercana y cotidiana en las unidades, proporcionando los medios de apoyo necesarios, algunos contemplados ya en la ley y todavía no implementados. El trabajo de las asociaciones profesionales en la legislatura que comenzará pronto es absolutamente fundamental para que los españoles contemos con las mejores Fuerzas Armadas. Precisamente las carencias a las que nos hemos referido en los programas electorales pueden suplirse por la acción del movimiento asociativo, que con una colaboración exigente contribuye a que los problemas de los militares se conozcan y, sobre todo, se resuelvan.

A lo primero que hay que hacer referencia expresa es a la necesidad urgente e inaplazable de dignificar las retribuciones de los militares, en los aspectos que ya han sido perfectamente identificados en el Estudio monográfico que al respecto realizó el Observatorio de la Vida Militar, que se ha constituido en un órgano de asesoramiento y consulta, imprescindible en la política de Defensa y de Seguridad de España, desde su adscripción a las Cortes Generales, en relación con sus funciones establecidas en la ley.

Los militares no pueden seguir siendo los servidores públicos peor pagados, a pesar de ser a quiénes más se exige y a quiénes se les encomiendan las misiones más comprometidas y exigentes. Y no hay excusa alguna que permita diferir el cumplimiento de este compromiso, sobre el que además hay consenso parlamentario en los aspectos básicos de la dignificación retributiva.

Otro ámbito de acción inminente es el relativo a la conciliación entre la vida profesional y la personal y familiar. Es cierto que la ministra de Defensa ha actuado rápida e inteligentemente en este asunto y está cumpliendo sus compromisos. Pero aún debe avanzarse en su efectiva regulación y sobre todo en su implementación en las unidades y en el reforzamiento de la cultura de toda la organización, que ha de entender que se trata de un derecho y de una oportunidad-necesidad, que está directamente relacionado con una política de reclutamiento inteligente y por ello con la defensa de España.

No podemos olvidarnos de la situación de los militares temporales a los que hay que tratar con absoluto respeto en el cumplimiento de las responsabilidades que como sociedad hemos adquirido con ellos y ellas. Deben estar permanentemente en la agenda política porque son el eslabón más débil del sistema. Tres son los elementos claves para el seguimiento y aplicación de los mandatos que desde la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados se han establecido al respecto. El primero, la constitución de la Comisión Interministerial; el segundo, el trabajo continuo sobre estas cuestiones en el seno del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en donde están representadas todas las sensibilidades e intereses. En tercer lugar, el estudio y análisis permanente de todas las medidas, nacidas en sede parlamentaria, por el Observatorio de la vida militar, por lo que resulta urgente su renovación.

La atención a los militares y a sus familias en los casos de fallecimiento, o cuando resultan heridos o como consecuencia de movilidad geográfica, maniobras, guardias, embarques, misiones en el exterior, o los que adquieren una discapacidad sobrevenida, debe proseguir la senda de creación de estructuras estables, cercanas y gestionadas desde principios de atención social especializada y no como meras prolongaciones de la vida militar, porque su ámbito de actuación son las personas.

No es una cuestión de segundo orden el propiciar reformas en los ámbitos, todavía mejorables, de la carrera militar que, no se olvide, es un derecho del militar y tiene que permitir a todos la ocupación de diferentes destinos, el ascenso a sucesivos empleos y la progresiva capacitación para puestos de mayor responsabilidad, combinando preparación profesional y experiencia, siempre desde la igualdad de trato y de oportunidades.

Por último, la modernización de la jurisdicción militar a la que estamos obligados por imperativo legal no puede posponerse más. Resulta sorprendente que los órganos judiciales militares y quiénes los sirven, hayan quedado excluidos de la reforma legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recientemente aprobada, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Los militares, hombres y mujeres tienen derecho como ciudadanos a un sistema judicial moderno que haga realidad la obligación compartida de “avanzar hacia una efectiva formación y especialización en violencia de género de los profesionales que trabajan este ámbito, por ser un elemento clave para una adecuada respuesta judicial”.

Confiemos en que a todas estas cuestiones se haga referencia en la Pascua Militar. La experiencia demuestra que lo que en ella se diga tiene muchas posibilidades de convertirse en realidad en los meses posteriores a su celebración. Así ocurrió, por ejemplo, en la Pascua Militar del año 2010, en la que Carme Chacón anunció el inicio de los contactos entre los grupos parlamentarios para la remisión al Congreso de los Diputados del proyecto de ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerza Armadas, que luego se aprobaría. Carme Chacón con ocasión de la aprobación definitiva de la Ley de derechos y deberes señaló que “los militares son igual de profesionales que ayer, pero más ciudadanos”.

Esta afirmación nos sirve para mantener la necesidad de avanzar en los derechos de los militares en la misma dirección en la que avanzan los derechos de todos los ciudadanos. Ahora toca escuchar.

______Mariano Casado fue miembro del Observatorio de la Vida Militar.

Vamos, un regalito normativo para Margarita Robles, que se complementa con un hipotético y no deseable mantenimiento de los responsables de su elaboración, publicación y posible despliegue. Recordemos que el PIOL se ha generado desde una deslealtad institucional muy considerable. Se ha publicado a pesar de que no han finalizado los trabajos de la Subcomisión de régimen profesional de los militares de las FAS, que fue creada precisamente a instancias del Grupo Parlamentario Socialista que ahora ha de dar apoyo al Gobierno. La información que se tiene de lo que pudiera ser el contenido del dictamen con el que han de finalizar los trabajos de la Subcomisión, permite sostener que son posibles soluciones inteligentes que contribuyan a la resolución de problemas que afectan a miles de militares, hombres y mujeres, a los que debemos apoyar de manera decidida, soluciones que no están contempladas en el PIOL.

Además, el PIOL cuenta con la oposición frontal de todo el asociacionismo profesional representativo de miembros de las Fuerzas Armadas. Las asociaciones de militares lo han expresado de manera contundente de palabra y con acciones decididas en la calle. En este escenario lo leal, razonable y prudente debería haber sido no proceder a su aprobación. Aún se está a tiempo para suspender su entrada en vigor, dado que la orden ministerial que aprobó el PIOL prevé que no entrará en vigor hasta veinte días después de su publicación. Pudiera ser esta decisión una de las primeras que adoptase el nuevo equipo del Ministerio de Defensa.

En todo caso, no es baladí recordar que el principal error de las políticas de apoyo a los miembros de las FAS que deseen o deban abandonarlas es radicar todas las posibles medidas y acciones para ello, en órganos del Ministerio de Defensa, sin la colaboración, coordinación y cooperación garantizadas, pactadas y comprometidas de otros ministerios, de otras administraciones y, sobre todo, del mundo empresarial y sindical, y de las propias asociaciones de militares, que conocen de primera mano los problemas de sus compañeros y compañeras afectadas. Ya pasaron los tiempos en que las meras declaraciones de voluntad o de intenciones bastaban para adormecer el problema.

Ya ha quedado al descubierto que hablar de relaciones con otros actores implicados en la consecución de la empleabilidad de los militares, en entornos ajenos a las FAS, se conseguía por hacer referencia a ello en un papel o documento, sin contar de verdad, de manera inteligente con aquellos que son los que generan empleo y trabajo. Pero hay quienes no aprenden o no quieren aprender por miedo a perder el control sobre un personal, que consideran atado a sus acciones como si de esa manera, se garantizasen un control sobre su presente y lo que es más grave, sobre su futuro cuando dejen de ser militares.

El mismo efecto negativo tiene no relacionar directamente, los procesos de salida de las FAS con los procesos de entrada, de captación y de reclutamiento. Solo desde planteamientos que rozan la necedad puede separarse estos momentos. Pueden parecer cuestiones sin conexión pero, en realidad, están directamente conectadas. Solo si quien entra en las FAS ve un horizonte razonable, creíble y eficaz, que le permita tener una salida de previsible éxito, se verá incentivado a ingresar en las FAS, sobre todo si su integración en las mismas tiene un horizonte y trayectoria profesional tasados y limitados en el tiempo. Es además un factor para cohonestar la necesaria y anhelada estabilidad en el empleo con las necesidades operativas de los Ejércitos y la Armada.

Por todo ello, hay cuestiones que no pueden esperar. Consolidar estas políticas puede ser un verdadero error, que ahora sí es reversible. Pero, sin duda, la solución pasa por cambiar equipos y propiciar que los que adquieran la responsabilidad de dar respuesta a estos problemas, lo hagan desde una visión amplia, abierta, seria, multidisciplinar y esperanzadora, porque los problemas a los que nos referimos tienen solución. El diálogo y la participación son los ejes previos e imprescindibles para conseguir efectos positivos que den respuesta al futuro de miles de ciudadanos y ciudadanas de uniforme. Veremos.

A pesar de todo ello, este caso puede servir para que podamos evidenciar una serie de cuestiones que suponen situaciones de desajuste tanto en relación con el papel y los derechos de la víctima como, también, sobre el rol de la cadena de mando militar y la intervención de los órganos judiciales en la investigación de este tipo de hechos. Para llevar a cabo este análisis, partiré de la nota de prensa que ha emitido el Ministerio de Defensa.

Lo primero que debemos analizar es cómo se inicia la dación de cuenta de los hechos. La nota señala que la primera actuación de la víctima fue poner en conocimiento los hechos a su jefe de unidad —12 de diciembre de 2017— sobre unos presuntos hechos cometidos por “unos compañeros” el día 10 diciembre de 2017. El jefe de la unidad procedió a indicar a la soldado que denunciara los hechos en la comisaría de Policía de Antequera. La Policía lo remite al Juzgado de Instrucción 1 de Antequera que incoa diligencias previas, en cuyo seno o en el atestado policial —la nota no lo aclara— denunció otros hechos de agresión sexual, sucedidos meses antes en el acuartelamiento. Estas manifestaciones fueron turnadas al Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera.

Continúa la nota señalando que, el día 15 de diciembre de 2017, la soldado procede a formular parte militar al jefe de la unidad, a través del cual le da cuenta de los hechos denunciados en comisaría. Se dice que el parte fue cursado por dicho mando a la titular del Juzgado Togado Militar territorial, número 21 de Sevilla, que acuerda la incoación de diligencias previas, por los hechos acaecidos el día 10 de diciembre. Estas diligencias previas “se tramitan en paralelo a las del Juzgado de Instrucción, número 1 de Antequera”.

Termina la nota del Ministerio de Defensa con el hecho de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Antequera “se halla en proceso de inhibición de las diligencias previas a favor del Juzgado Togado Militar Territorial, número 21 de Sevilla”.

Y ahora surgen una serie de preguntas. ¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por la unidad de destino de la víctima para darle protección y apoyo? ¿Cuál ha sido, en su caso, la actuación de la Unidad de Protección frente al acoso del Ejército del Aire? ¿Por qué tuvo que ser la soldado quien diera parte militar, si los hechos ya habían sido denunciados en comisaría? ¿Y por qué se remitió dicho parte al Juzgado Togado Militar Territorial, número 21 de Sevilla si ya se sabía que había abiertas diligencias sobre los mismos hechos en el Juzgado de Instrucción, número 2 de Antequera?

Es evidente que no tengo las respuestas. Pero lo sucedido sí permite reflexionar sobre lo que acontece cuando un hecho de estas características se produce. Lo primero que llama la atención es que no se actúe directamente por el jefe de unidad desde el mismo momento en que se tiene conocimiento de los hechos, siendo él mismo quien lo denuncie al órgano judicial, a la Fiscalía Jurídico Militar o autoridad militar que considere competente. La obligación de proceder por su parte se establece en el artículo 134 de la Ley Procesal Militar.

En segundo término, no se entiende que se dé parte militar de un hecho ya judicializado, salvo que sea para propiciar la intervención de los juzgados togados militares, en detrimento de la investigación de los hechos por la jurisdicción penal ordinaria. Por otra parte, la victima ha de acudir a un juzgado togado militar que no está próximo al lugar en el que presuntamente suceden los hechos y quizás alejado de su domicilio. El parte militar se dirige al Juzgado Togado Militar Territorial de Sevilla, a pesar de que el competente sería el de Málaga, que no tiene juez. La víctima, de esta manera, ha tenido que contar los hechos al menos en cuatro lugares distintos, lo que supone incrementar su victimización y sufrimiento. En algunos momentos, habrá contado los hechos ante superiores jerárquicos sin que conste que simultáneamente haya recibido apoyo psicológico, por quién y de qué tipo.

En la nota de prensa no se hace mención alguna a la intervención de la Unidad de Protección frente al acoso del Ejército del Aire, con sede en Madrid, a la que el jefe de unidad de la víctima habrá informado al menos para el seguimiento del caso. Tampoco se da información sobre cómo se actuó en relación con una denuncia previa por un delito contra la libertad sexual, hecho por el que parece que fue detenido previamente uno de los denunciados.

Como todo suceso de estas características, la investigación judicial debe avanzar. En su seno se deberán aclarar los hechos, los autores y sus responsabilidades. Pero, al margen de todo ello, lo que conocemos hasta el momento nos permite cuestionar la eficacia de las medidas de prevención y de apoyo a las víctimas de delitos de este tipo que afectan al personal de las Fuerzas Armadas y la eficacia de los cauces de la denuncia. Además, permite poner en tela de juicio la situación y funcionamiento de la jurisdicción militar (juzgados sin jueces) y si este tipo de delitos han de ser conocidos por juzgados penales militares o por civiles.

Para otros momentos, quedará la fase de enjuiciamiento, que si lo fuera por un tribunal militar, contará entre los miembros que decidan el asunto, con mandos militares, sin formación jurídica, integrados en la cadena de mando. Todo un dilema para la víctima que podría cuestionarse la independencia desde la que se afrontará el enjuiciamiento.

Termino señalando que con todas estas circunstancias, en un entorno tan complejo, cabe preguntarse si hemos llegado a conocer la verdadera dimensión del acoso en las Fuerzas Armadas.

Considero que se debe poner en macha la recomendación que ha formulado el Observatorio de la Vida Militar de “normalizar los mecanismos de recogida, tratamiento y valoración de los datos e información sobre las conductas de acoso en las Fuerzas Armadas”. El principio rector de Tolerancia cero que se recoge en el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, reconoce que “el acoso es una conducta que afecta gravemente a la dignidad personal y a la salud de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como a toda su organización”. Ahora toca ponerlo en práctica con todas sus consecuencias, situando a la víctima en el punto central de toda acción. A todos nos interpela y compromete.

Es una vieja reivindicación de los guardias civiles que tuvo una puesta en escena pública muy intensa, en la concentración que reunió a miles de guardias civiles de uniforme, en la Plaza Mayor de Madrid, el 20 de enero de 2007. Sin embargo, lo que se pretendió evitar fue alterado por vía de interpretación jurisprudencial por la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, no exenta de conflictos internos expresados en diversos, contundentes y motivados votos particulares.

Así que la reforma quedó en nada y ha habido que esperar a que el escenario parlamentario sea más proclive para que se puede enmendar este despropósito jurídico que no tiene justificación alguna. Por qué se ha mantenido la aplicación del Código Penal Militar entonces, nos podemos preguntar.

Hay varias razones. La primera, el interés del mando militar, representado por la mayoría de los generales de la Guardia Civil, de continuar su aplicación, como medio para mantener un tipo de disciplina que les garantizase un ejercicio del mando a su medida, sin elementos que lo cuestionasen o lo dificultasen.

La segunda razón la encontramos en la postura de parte de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que lejos de circunscribir sus decisiones al ámbito judicial, han trabajado interpretando las normas de tal forma que han ejercido de legisladores, desconociendo que el Poder Legislativo dejó meridianamente claro que el Código Penal Militar solo se aplicaría a los miembros de la Guardia Civil en tasadas y excepcionales situaciones, y que la salvaguardia ordinaria de la disciplina, la jerarquía y la subordinación, se quedaba en el ámbito disciplinario, con instrumentos potentes para ello. No en vano, la primera reforma del Código Penal Militar se produjo simultáneamente a la entrada en vigor de la actual Ley Orgánica de régimen disciplinario de la Guardia Civil, que también erradicó el arresto como sanción disciplinaria.

La tercera de las razones la encontramos en un interés corporativo. Me refiero al interés de los integrantes del Cuerpo Jurídico Militar, en sus más altos empleos y cargos, que ante la precaria situación de los juzgados y tribunales militares, por ellos servidos, ante las estadísticas bajísimas de asuntos tramitados en los mismos, y ante la cada vez más evidente crisis de la jurisdicción militar, pretendieron llenar de contenido y de trabajo los juzgados togados militares por asuntos penales en los que un guardias civiles fuera objeto de acusación. De esta manera, creían que se garantizaban su supervivencia como cuerpo y su influencia en la Dirección General de la Guardia Civil, colocando asesores en todos los órganos de mando y dirección del Instituto y el propio mantenimiento de la jurisdicción con un incremento de asuntos, que de no aplicarse el Código Penal Militar a los guardias civiles, tanto cuanto prestan servicio como en su vida y actividades privadas, no podrían justificar la actual planta de la jurisdicción sobredimensionada.

Parece que ahora, en esta ocasión, puede ser efectiva la reforma legal que acote a circunstancias excepcionales la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles.  En todo caso, quedaría sin respuesta y sin solución el hecho de que sean tribunales de las Fuerzas Armadas –integrados por miembros del Cuerpo Jurídico Militar– los que otorguen tutela judicial efectiva a los guardias civiles en relación con las resoluciones sancionadoras. Es decir, un cuerpo policial a cuyos componentes enjuician miembros de las Fuerzas Armadas cuando cumplen con las misiones de salvaguardar la seguridad ciudadana que les encomienda la Constitución.

Quizás se pueda aprovechar la tramitación de las dos proposiciones de ley para resolver también todo ello.

Releer los debates parlamentarios que tuvieron lugar en el año 2005 en el Congreso de los Diputados es un ejercicio imprescindible para saber de qué estamos hablando. En aquel periodo histórico, los Ejércitos se encontraban con muy serias dificultades para reclutar soldados y marineros. El gobierno de turno -el ministro era José Bono– presentó en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que recibió las críticas del Partido Popular por tres razones. Una, la falta de búsqueda del consenso; dos, por desgajar la regulación de la Tropa y Marinería de una ley más amplía que incluyese a todas las escalas de las que componen las Fuerzas Armadas;  y la tercera, por la falta de evaluación de los costes del nuevo modelo.

El Gobierno se defendió diciendo que no podía retrasarse la adopción de medidas urgentes para paliar el déficit de personal de Tropa y Marinería que ponía en riesgo la operatividad de las unidades militares. Añadió como elemento determinante de la reforma, la  necesidad de ilusionar a los jóvenes españoles para que optasen por la vida militar. Para ello, les prometió  estabilidad y permanencia en los Ejércitos y algo tan destacable como lo anterior: la posibilidad real de empleo al dejar las Fuerzas Armadas.

Cuando han transcurrido más de once años de la entrada en vigor de la ley, ha habido que esperar a que cientos de militares comenzasen a abandonar las Fuerzas Armadas y a que las asociaciones profesionales pusieran en la agenda política y parlamentaria la situación, para que se inicien los trabajos de una Subcomisión creada ad hoc para analizar un problema conocido y previsible. Aun así y mientras la Subcomisión escucha, analiza y propone, conviene advertir que hay situaciones personales muy lamentables. Soldados y marineros sin expectativas de empleo alguno y sin capacidad real de competir en un mercado de trabajo para el que no han sido preparados, titulados, formados y sin apoyos personalizados. Cada persona importa.

Me preocupa que el asunto se salde con un pronunciamiento político que sea ineficaz. Lo que se escucha en algunos foros no apunta en una buena dirección. Se habla de lo que se ha venido haciendo, de que ha habido cursos de formación; de que se está trabajando en equiparaciones en las titulaciones; de que se han firmado convenios con algunas empresas; de que se reservan plazas de empleo público. Incluso escucho que la culpa es de los que salen de las Fuerzas Armadas porque lo han fiado todo a una solución paternalista que no va a llegar. No observo, además, propuestas novedosas, que pongan a la persona, a cada persona, como el objetivo prioritario. De nuevo, acciones aisladas, sin  continuidad en el tiempo, centradas en los órganos del Ministerio de Defensa, que de empleabilidad y de integración laboral saben poco.

Mi propuesta es otra. Primero, relacionar el reclutamiento con las salidas profesionales al finalizar la relación con las Fuerzas Armadas es algo imprescindible. Parecen conceptos contrapuestos pero, en realidad, están directamente relacionados. Si las salidas laborales futuras que se ofrecen a los militares temporales al ingresar no son atractivas y eficaces no funcionará el sistema. Tampoco, funcionará si todo se fía a soluciones o programas aislados, sin coordinación entre los propios Ejércitos, la Armada y el Ministerio de Defensa. Sin la implicación trasversal de varios Ministerios, entre otros, el de Educación y el de Empleo. Sin campañas al máximo nivel institucional que pongan en valor el trabajo de los militares y su capacidades laborales en el ámbito civil. Sin la colaboración de la sociedad civil organizada.

En definitiva, hay que trabajar en una estrategia de reclutamiento y empleo para las Fuerzas Armadas. Por qué una estrategia. Porque hace falta trabajar de forma trasversal y pensando no sólo en el presente sino en el futuro. Una estrategia compartida, dialogada con todos los que puedan aportar y comprometerse con los fines que la justifican, abierta a la sociedad. Una estrategia con programas y acciones que tenga sostenibilidad presupuestaria y que prevea su seguimiento y evaluación desde órganos estables. Que contemple, entre otras medidas, cláusulas sociales en los contratos de los sumistradores del Ministerio de Defensa y estímulos para que las empresas contraten a militares de Tropa y Marinería al ser considerados éstos como personas con especiales dificultades de inserción laboral. Una estrategia que no se olvide del emprendimiento y del auto empleo. Con medidas de promoción de quienes abandonan las Fuerzas Armadas, trasladando a la sociedad y al mundo del empleo, la imagen fiel de estos ciudadanos que han servido a la seguridad y defensa de España, desde un compromiso personal al que ha de seguirse el cumplimiento del compromiso de Estado con ellos y ellas.

No hay otra alternativa fiable y útil. O trabajamos en una estrategia en los términos que se proponen o se culminará un proceso de incumplimiento, desapego y desinterés que dificultará la verdadera operatividad de las Fuerzas Armadas que necesita un reclutamiento ordenado, creíble, duradero y estable, que ha de alcanzar a un final de la relación profesional con garantías y derechos.

A Fran –así le conocen sus amigos– le truncó su trayectoria profesional un accidente en acto de servicio. Es decir, cuando estaba cumpliendo con su deber. Le declararon apto con limitaciones; le destinaron a otro puesto, pero no a un puesto adaptado a su discapacidad, como hubiera sido lo razonable y lo legal. No, a otro puesto, para el que no tenía capacidad de respuesta eficaz. Entretanto, nuevas intervenciones quirúrgicas. Nuevo expediente que fue resuelto con una declaración de inutilidad permanente para el servicio. Su grado de discapacidad, el 15%. Dicen que puede trabajar en la vida civil, pero no en las Fuerzas Armadas. Recurre sin éxito. Ahora a esperar la apelación.

El caso de Fran es el de muchos militares de Tropa y Marinería, de Complemento y de Carrera. Como consecuencia de los avatares vitales y en ocasiones de la propia actividad profesional, la discapacidad aparece en sus vidas, de manera inesperada, imprevista, traumática. Han de convivir con una situación que altera todos los planes. Les dijeron al adquirir la condición de militar, que en las Fuerzas Armadas los valores y principios eran un soporte sólido que impregnaba toda la vida de sus componentes. Unidad, compañerismo, valor, gratitud, justicia, dignidad. Pero cuando la discapacidad apareció en su vida, no se hicieron presentes esos valores y principios. Nadie se preocupó por él y por su familia, por sus necesidades y anhelos. Sólo algunos compañeros  de su mismo empleo o escala mantuvieron el contacto. De los demás nada supo. Nadie le reconoció su valor o, al menos, agradeció su entrega y sufrimiento y nadie pidió explicación alguna o se preocupó por depurar responsabilidades. El trato, en general, no fue demasiado digno y menos aún justo. Ya no valía para la vida militar, como algunos la entienden.

El caso de Francisco Fontao es una nueva oportunidad para recuperar valores y principios y materializar la reglas de comportamiento de los militares. Y para mucho más. Cuando algunos responsables políticos del Ministerio de Defensa y de los Ejércitos se empeñaron en resolver el problema de los militares con discapacidad sobrevenida a través de un tratamiento meramente honorífico de su situación, ni fueron justos ni les trataron con dignidad. Simplemente dieron carpetazo a una situación incómoda, desoyendo un clamor colectivo de miles de militares, de millones de ciudadanos y de toda una Nación.

A los veteranos ni tocarlos. Esta es una frase hecha. Pero expresa lo que muchos españoles sentimos hacia quienes dieron lo mejor de su vida, física y psíquica, en beneficio de su país, de su patria, de sus conciudadanos.  No les podemos dejar en la estacada. Sin empleo, sin dinero, sin reconocimiento, sin apoyos, a la intemperie, como está ahora a las puertas del Ministerio de Defensa, Francisco Fontao. Hay salida y soluciones. La primera es adaptar destinos para los militares con discapacidad sobrevenida y establecer, al menos, una reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad. La segunda, crear una red de apoyos  para los militares con discapacidad sobrevenida y sus familias. La tercera, regular la figura del veterano para que, a través de la misma, éstos recojan y sientan  el reconocimiento a su entrega y sacrificio. Y una cuarta,  hacer justicia con los militares temporales a los que se les exige lo mismo que a los de carrera y sin embargo se les trata desde una manifiesta discriminación negativa al adquirir una discapacidad sobrevenida.

No es tan complicado. Voluntad y determinación y algo previo e importante: Humanidad.

Así, por ejemplo, el desamparo en el que se encuentran miles de hombres y mujeres pertenecientes a la Escala de Tropa y Marinería y de Complemento del Ejercito de Tierra, del Ejército del Aire y de la Armada no está en los informativos y en las crónicas sobre la Fiesta Nacional. En los próximos años miles de soldados y marineros habrán de abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir cuarenta y cinco años y no haber adquirido la condición de militar de carrera. Habrán de enfrentarse a un mercado de trabajo en el que es una aventura incierta, cuando no imposible, encontrar un empleo. Lo harán sin preparación, formación y sin titulación. Es decir, en la peor de las situaciones posibles, con una edad que normalmente lleva aparejada cargas familiares y compromisos económicos de atención y cumplimiento obligados.

Llegaron a las Fuerzas Armadas, cumplieron con el servicio, algunos dejaron su vida y ahora quedan sin protección y sin ninguna expectativa real de integración en el empleo ordinario. Lo peor de todo es que el Estado que les contrató y el Ministerio de Defensa que les empleó no han cumplido con las obligaciones que a ellos y sólo a ellos concernían.

Efectivamente, cuando un soldado o un marinero firma su compromiso inicial sabe que el ordenamiento jurídico contiene una serie de obligaciones del propio Estado, orientadas a facilitar el acceso al empleo y al autoempleo y a prestar medidas de apoyo a la viabilidad de estas iniciativas.

Además, es obligación del Estado facilitarles, durante su permanencia en el servicio activo, los medios necesarios de orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término del compromiso con las Fuerzas Armadas. Estas obligaciones de actuación se contienen en la Ley de Tropa y Marinería, del año 2006. Años después, en la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, que es del año 2011, se reitera el mandato legal, en relación con el ofrecimiento a los militares de programas de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titulaciones años de servicio e intereses profesionales. Estos programas serán implantados por el Ministerio de Defensa, que es el órgano al que se le encarga el cumplimiento de esta disposición legal.

Lamentablemente no se han cumplido estos mandatos. De alguna manera, se ha engañado a los militares de Tropa y Marinería y se ha incumplido uno de los aspectos más importantes del contrato firmado con ellos y ellas. Ahora se encuentran ante el hecho de que perderán su relación profesional con las Fuerzas Armadas, sin que estén preparados para afrontar su nuevo escenario vital. No se les ha reconocido título alguno, no se les ha preparado para incorporarse al mercado ordinario de trabajo y no se les facilita una salida con alguna garantía de continuidad laboral.

Además, no se han llevado a cabo acciones o políticas de difusión ante la sociedad y sobre todo, ante quienes crean empleo, de que existe un importante número de ciudadanos que por su trayectoria profesional, por su modo de trabajo y de vida, son portadores de importantes características que pueden y deben ser valorados por quienes busquen personal para sus negocios y empresas. Los empresarios españoles, pequeños, medianos y grandes desconocen la existencia de una bolsa de trabajadores que han pertenecido a los ejércitos y que podrían ser objeto de su contratación laboral.

En estas condiciones y circunstancias, resulta fácil comprender que miles de militares no puedan celebrar la Fiesta Nacional en los próximos días. Muy al contrario, ser el foco de la atención de la sociedad les hace sufrir más al evidenciar el olvido de sus conciudadanos y la perpetuación del engaño y del incumplimiento de las leyes. Ojalá la mirada de los españoles se vuelva hacia los soldados y marineros el día doce de octubre para solidarizarse con ellos y para exigir a los gobernantes actuales y venideros el cumplimiento de la ley y el trato digno que se merecen los que trabajan por nuestra seguridad y defensa.

Lo que se debió hacer y no se hizo tiene difícil solución. Pero lo que se debe hacer en los próximos meses es virar los planteamientos de los últimos años hacia una política de personal que compatibilice los intereses operativos de las Fuerzas Armadas con los sociales, económicos y profesionales de los militares. Y sobre todo, no incumplir compromisos adquiridos derivados directamente de las leyes. Ha de ser una prioridad del próximo Gobierno y de quien ocupe la cartera de Defensa.

Creo que es el momento de afrontar cuál debe ser el futuro de los soldados y marineros. La situación en la que se encuentran los militares de Tropa y Marinería es tan preocupante como desconocida. El grueso del personal que componen las Fuerzas Armadas pertenece a esta escala. Son miles de hombres y mujeres. Son imprescindibles para la plena operatividad de las unidades y para garantizar la defensa de nuestro país. Sus retribuciones no son elevadas. Si realizan horas de exceso en el servicio, si participan en guardias, si trabajan en horario extendido, nocturno o en festivos, no son retribuidos por ello. Tampoco son compensados con descansos.

Su carrera profesional es una suerte de carrera de obstáculos. Contratos, llamados compromisos, sujetos a plazos; sus renovaciones, cuando se producen, lo son en base a criterios subjetivos y opacos; procesos de calificación igualmente subjetivos, con escaso margen para recurrir por la difícil sostenibilidad económica para el afectado; procesos de selección a los que es complicado presentarse porque o son muy pocas plazas o el propio desarrollo de sus obligaciones con el servicio, les impiden disponer de un mínimo tiempo para estudiar y preparar las pruebas selectivas. Por último, está la edad. Si no consiguen una plaza como permanentes, a los cuarenta y cinco años dejan de ser militares.

Añádase a este escenario que hemos descrito, que durante su carrera militar, los militares de Tropa y Marinería están sujetos a un severo Código Penal Militar y a un régimen disciplinario, sin garantías, a través del cual pueden ser privados de libertad o perder su trabajo, por acciones u omisiones que, en muchos supuestos, revisten una entidad e importancia relativas. Además, en misiones internacionales de combate están en primera línea y se juegan y pierden la vida.

Tenemos por tanto un problema. Y digo tenemos, porque como país y como ciudadanos, no podemos permanecer impasibles ante el trato que se está dando a los soldados y marineros. No es justo, no es digno y no es eficaz que a quienes se les exige lo máximo, la sociedad no les responda de la misma manera. Y no se trata de que todos deban adquirir la condición de militar de carrera sin más. De lo que se trata es de establecer un sistema idóneo y real para que puedan continuar en las Fuerzas Armadas o, en otro caso, puedan tener oportunidades ciertas para incorporarse al mercado de trabajo en un entorno con serias dificultades para ello. Es en este punto, en el que la acción de gobierno resulta imprescindible como palanca para la plena integración en el mercado laboral. No basta con la generación de un portal en la red en que se publiciten ofertas de trabajo público o privado y se informe de actividades de formación más o menos interesantes. Hacen falta otras iniciativas de mayor valor añadido.

Hay magníficos profesionales, formados y con experiencia comprobada, entre las mujeres y los hombres de la escala de tropa y marinería. Muchos lo sabemos y lo valoramos. Pero, ¿y el resto de la sociedad, y las empresas, grandes, medianas o pequeñas?, que son las que verdaderamente contratan y generan puestos de trabajo. Qué acciones y políticas de empleo se han dirigido a ellas para que conozcan a nuestros soldados y marineros.

El presente y el futuro inmediato demandan acciones y determinaciones al respecto. Es cierto que este problema es uno de los más importantes a resolver dentro del debate, más amplio, que ha de generarse sobre qué modelo de Fuerzas Armadas necesitan y quieren los ciudadanos. Sin embargo, la necesidad de tomar decisiones urgentes deriva de que en los próximos años serán miles los militares que tendrán que abandonar las Fuerzas Armadas al terminar abruptamente su carrera militar, sin que haya habido una mínima previsión para minimizar el problema o darles apoyo.

La falta de estrategia y de medios es evidente. A ello se añade la atomización de las acciones que se llevan a cabo por cada uno de los Ejércitos y la Armada, con estructuras separadas, no cohesionadas, que trabajan de manera independiente y hasta cierto punto haciéndose la competencia. Esto reabre el debate de hasta cuándo tres mandos de personal. La apuesta debe ser que las políticas, las estrategias, los medios y las acciones sean únicas, en la misma dirección, sin compartimentos estancos en gestión del personal.

No es baladí recordar los principios que se recogen en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. En el primero de ellos, se dice que las Fuerzas Armadas se constituyen en una entidad única que se concibe como un conjunto integrador de las formas de acción de cada uno de sus componentes. En el artículo 11 recuerda que las Fuerzas Armadas debe ser una organización homogénea que habrá de funcionar con criterios de eficacia y economía de medios, unificándose los servicios cuyos cometidos no sean exclusivos de un Ejército y que se organizarán de manera centralizada. Desde luego, si en alguna de las políticas de la Defensa deben ser de estricta aplicación los citados principios, lo es en la de personal, ámbito sujeto, por lo demás, a los principios de mérito, capacidad e igualdad, que precisan para salvaguardar su esencia, de una aplicación homogénea garantizada por una entidad única concebida como un conjunto integrador de las formas de acción específicas de cada uno de sus componentes: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.

El próximo Gobierno deberá hacer frente a esta situación. Es una de las primeras prioridades que por su naturaleza, por afectar a la vida de miles de ciudadanos y ciudadanas de uniforme, no permite retrasos o dilaciones indebidas. Es un reto importante sin duda que tiene soluciones contando, por supuesto, con la opinión de todos los interesados y afectados, para lo que se habrán que conjugar los diversos intereses en cuestión. El debate, el dialogo y la participación serán las claves de la próxima legislatura en esta materia como en todas las relacionadas con la seguridad y defensa. Un binomio: La combinación de la prudencia y de la audacia. Ambas son necesarias. Ahora falta quien lo lleve a efecto.