César Moya Villasante (Madrid, 1941) asegura que siempre ha tenido “afición de periodista”. Y aunque profesionalmente se dedicó durante más de 35 años al sector aeronáutico, este ingeniero de mantenimiento jubilado de Iberia prácticamente no ha dejado de cultivar ni un solo día su pasión. “Ahora me dedico a escribir y a escuchar música clásica”, cuenta. No hay duda de que el hecho de ser “muy protestón” le llevó a empezar a enviar cartas al director a los periódicos. Una práctica que con la llegada del correo electrónico sigue manteniendo. “Ahora envío los artículos a infoLibre, ya que, por cuestiones de espacio, me puedo explayar más”. La temática de sus escritos es variada, aunque la actualidad suele terminar por imponerse. Sin embargo, a este socio no sólo le gusta escribir, también le encanta leer las opiniones de otros suscriptores/suscriptoras porque, considera, es una buena forma de tomar el pulso a la sociedad en que vivimos. César Moya Villasante recibe este jueves el premio infoLibre a los librepensadores.

PREGUNTA: ¿Recuerda cómo conoció infoLibre?

RESPUESTA: Soy muy lector de periódicos, sobre todo de diarios de izquierdas o progresistas, por lo menos. Solía comprar El País todos los días –aunque ya lo leo menos y me dedico más a hacer sudokus, que me mantienen la cabeza despierta–, el problema es que está vendido a los intereses de los dueños, mientras que infoLibre sólo lo manejamos los socios.

P: ¿Por qué se hizo socio de infoLibre?

R: Aunque todo el mundo tenemos nuestras hipotecas, creo que es un medio de comunicación más libre y hace periodismo crítico. Creo que en él trabaja gente muy buena. La investigación que se hizo sobre las residencias fue magnífica. Por circunstancias personales, estuve un tiempo con mi mujer en una residencia y leí esos temas con mucho interés. Además, en infoLibre hay periodistas que me gustan y a los que sigo, como Jesús Maraña, porque es alguien que dice “cosas”... ya que decir a todo que “no” es absurdo y carece de sentido, pero ése es el mundo en el que vivimos. Lo que hay que hacer es ofrecer datos.

P: ¿Qué noticias o secciones son las que más le interesan en un periódico?

R: Una de las cosas que más me interesan es la política, pero me he hartado de tal manera que antes veía más programas de debate y ahora, sin embargo, prefiero disfrutar y pasar el tiempo escuchando a Mahler y Beethoven. Los debates se han convertido en un auténtico circo, los participantes parece que sólo van a pegarse. El nivel de los políticos ha bajado y me parece una auténtica vergüenza. Si bien he de decir que en la izquierda hay gente algo más decente, en cambio los representantes de la derecha son tremendos. Quizás exceptuaría a [José Manuel García] Margallo, que me parece un hombre tranquilo, pero escuchar a [Pablo] Casado es penoso, no dice nada.

P: Considera que los políticos tienen menos nivel, pero ¿qué hay de la sociedad, es más conformista?

R: A los ciudadanos nos han adormecido. La sociedad se está dividiendo en dos, entre los que más tienen y los que no tienen nada, y la gente ha tirado la toalla, se muestra muy conformista porque entiende que no hay solución y todo termina por parecerles bien. Es una pena que desaparezca la clase media. Los más ricos cada vez son más ricos –pienso que debería legislarse esto de algún modo– y nada ni nadie evita los abusos y nos rendimos al dios dinero, que ha dado paso al Dios del que una vez nos hablaron.

P: En alguno de sus artículos publicados en infoLibre ha criticado la precariedad a la que se ven abocados los jóvenes...

R: La juventud está preparada y he podido comprobar que a los españoles nos quieren fuera del país porque somos creativos, pero eso se pierde si no lo sabemos aprovechar. Esa creatividad, ese saber hacer genera riqueza, pero no lo estamos sabiendo aprovechar porque nuestros políticos no lo potencian. No se ayuda.

P: ¿Hay alguna sección o algún tipo de información que eche de menos en infoLibre?

R: En realidad es un periódico que me gusta tal y como es; ojalá todos los periódicos fuesen así. Es de lo mejorcito, está muy bien pensado. No echo de menos nada. Me gusta mucho saber qué opina la gente de la calle, la gente normal, porque conociendo su opinión se ve cómo es la sociedad y en infoLibre existe esa posibilidad, en el espacio dedicado a los librepensadores. Mis artículos ya los envío a este periódico siempre. Y eso que me han publicado muchísimas cartas al director en El País... Sin embargo, en la prensa en papel se publican tres cartas de unas pocas líneas donde no puedes explayarte, además de que son muy lights porque tienen que vender periódicos y ser comedidos en las opiniones, y eso es algo que, como lector, coarta bastante.

Un pequeño paso hacia adelante en la política climática de la UE. Este martes 6 de octubre, el Parlamento Europeo votó un objetivo de reducción del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 (con respecto a los niveles de 1990). Dicho porcentaje es ligeramente más ambicioso que el “al menos el 55%” que la Comisión se fijó hace tres semanas. El objetivo final es lograr la neutralidad del carbono para el año 2050, que es el objetivo del programa de Ursula von der Leyen, adoptado por el Ejecutivo de la UE hace un año.

La votación en el pleno fue en el sentido de la propuesta que se impuso por una mayoría muy estrecha en la Comisión ENVI (medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria) del Parlamento el 11 de septiembre: 352 diputados votaron a favor del texto, contra 326. Esta es una victoria para los diferentes integrantes de la Izquierda y de los Verdes en el Parlamento, pero también para los liberales de Renew Europe, que apoyaron esta propuesta.

“Se trata de un momento y de una ley históricos. Es una enorme transición”, se felicitaba este miércoles la socialdemócrata sueca Jytte Guteland, ponente de la ley. “No hay pequeñas victorias. Poner el clima en el centro de las ambiciones es una de ellas. El objetivo de la reducción del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 que acabamos de consensuar es al fin un paso en la dirección correcta” , añadió la eurodiputada verde Marie Toussaint.

El resultado de la votación supuso la derrota de las fuerzas conservadoras. Durante el debate que precedió a la votación, los miembros del PPE (Partido Popular Europeo) y del grupo Identidad y Democracia (extrema derecha) que intervinieron atacaron la “ideología” e instaron al “realismo” para defender un objetivo lo más bajo posible sobre el clima.

Varios representantes de Polonia, que frena el cumplimiento de un objetivo climático para preservar su industria del carbón, se pronunciaban a este respecto. “Hablemos del coste de esta política climática. El coste de crear puestos de trabajo en mi región minera es de 200 millones de zlotys [44,4 millones de euros]. Bruselas no va a pagar la cuenta. Pero en lugar de ayudarnos, nos amenazan con sanciones”, declaraba la eurodiputada Izabela-Helena Kloc del PiS, el partido ultraconservador en el Gobierno de Polonia.

El grupo ECR (Conservadores y Reformistas Europeos, un grupo de diversas tendencias nacionalistas, que incluye a Vox y a los polacos del PiS) votó unánimemente en contra del objetivo del 60%. Los diputados de Identidad y Democracia también votaron casi unánimemente y los miembros del PPE votaron abrumadoramente en contra del objetivo del 60%. Entre ellos, los diputados de Los Republicanos franceses también se pronunciaron en contra del objetivo.

Por su parte, Renew, que defendía oficialmente el 60%, sufrió algunas deserciones en sus filas; de sus 98 representantes, 22 diputados –incluido el belga Guy Verhofstadt– votaron en contra. Sin embargo, a la izquierda del tablero, la GUE (Izquierda Unida Europea, que incluye a la francesa La Francia Insumisa), los Verdes y S&D (Socialistas y Demócratas) votaron unánimemente a favor del 60%. Muchos también pidieron un objetivo del 65%.

¿Bastará para elevar el objetivo final de la UE en los próximos meses? Nada más lejos de la realidad. Entre el “al menos el 55%” de la Comisión y la posición del Consejo, determinada por los Estados miembros y por lo tanto probablemente más cautelosa que la del Parlamento, los diputados no tienen la última palabra. El tema se abordará en el Consejo Europeo los días 15 y 16 de octubre. El “diálogo a tres bandas” que tendrá lugar entre las tres instituciones promete unas semanas de duras negociaciones.

Los diputados más vigilantes también están preocupados por cómo se calculará la reducción de las emisiones. No estamos hablando de reducciones absolutas; el 60% incluye sumideros de carbono, en otras palabras, la absorción de CO2 por los bosques y los suelos. “Esto abre el camino a técnicas potencialmente peligrosas para la biodiversidad y el medio ambiente”, advierte Neil Makaroff, responsable para Europa de la ONG Climate Action Network. “Pero la tecnología para capturar y almacenar el CO2, que es costosa e inestable, aún no se domina. Existe el riesgo de que el CO2 almacenado pueda escapar”.

Manuel Bompard (Francia Insumisa) fue uno de los pocos que lo abordó durante el debate: “Hoy no tenemos tiempo para truquitos y cálculos políticos equivocados”, señaló para referirse a los sumideros de carbono. Los demás no abordaron de momento la cuestión, prefiriendo centrar sus argumentos en el objetivo marcado.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Hay que reconocer que muy pocas personas se han interesado en los últimos años por el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares (TPAN). Este texto lo aprobó una comisión de la ONU, en julio de 2017, integrada por 122 estados (de los 193 miembros de Naciones Unidas. Desde entonces, no ha habido debate ninguno en Francia, al contrario de lo que ha sucedido en otros países europeos (Alemania, Austria, Irlanda, Suecia).

Cuestionar la relevancia de la disuasión nuclear y de las armas atómicas, siempre descritas como el pilar de nuestra independencia, sigue siendo un tabú francés. Un consenso abrumador de la clase política y de los sucesivos gobiernos ha impedido hasta ahora cualquier debate al respecto.

Sin embargo, las cosas cambian. Porque después de aprobarlo, los Estados deben ratificarlo. Y en los próximos días, o semanas, se van a superar las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. Ya lo han firmado 45 países (el último ha sido Malta, el 21 de septiembre). Y otros seis se preparan para ratificarlo: Benín, Cabo Verde, Granada, Jamaica, Sierra Leona y Argelia, que aspira a ser el número 50 y marcar simbólicamente con ello su importancia.

El tratado podrá ser de aplicación a los 90 días de su 50º ratificación. “Su entrada en vigor tendrá lugar a principios de 2021. Para nosotros es una gran victoria. Tres años y medio entre la adopción y la aplicación de un tratado internacional es un buen plazo y muestra la determinación de los Estados a la hora de avanzar”, se felicita Jean-Marie Collin, uno de los portavoces de ICAN Francia.

ICAN es una coalición global, integrada por 570 organizaciones, asociaciones y ONG de todo el mundo, que ha liderado la batalla contra las armas nucleares y ha impulsado la adopción del Tratado TIAN. Esto le valió el Premio Nobel de la Paz en 2017.

La ICAN ha lanzado numerosas campañas dirigidas a la sociedad civil y a los representantes locales. Más de 400 alcaldes de todo el mundo ya han firmado un llamamiento a las ciudadesa favor del desarme nuclear mundial. En Francia, unas 30 ciudades lo han suscrito (entre ellas París y Grenoble). El 26 de septiembre, con motivo del “Día Internacional de la Eliminación Total de las Armas Nucleares” de la ONU, Lyon se unió a este llamamiento.

El tratado TIAN tiene como objetivo “prohibir las armas nucleares en aras de su total eliminación”, creando una norma jurídica que sólo es vinculante para los Estados que lo han ratificado. Durante mucho tiempo, esto se ha considerado casi anecdótico, ya que ninguna de las potencias nucleares lo ha reconocido. Por el contrario, estas potencias lo combaten, considerándolo en el mejor de los casos como “inútil o demagógico” o, en el peor, como artífice de nuevos obstáculos “para un verdadero proceso de desarme”.

En la actualidad, nueve estados tienen armas atómicas: Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Todos ellos han evitado las negociaciones, al considerar que este tratado sería sólo otro deseo piadoso de la ONU, “un tratado que iría directo al cajón”, como se dice en los pasillos de la ONU, destinado a acumular polvo y a caer en el olvido.

Francia no ha ido a la zaga a la hora de denunciar un texto que califica de “incoherente, sin perspectivas de aplicación”, como se explicaba en una nota de prensa del Instituto de Investigación Estratégica de la École Militaire. El 7 de febrero de 2020, coincidiendo con un importante discurso sobre defensa y disuasión nuclear, Emmanuel Macron cerró la puerta a cualquier debate.

“No puedo dar a Francia como objetivo moral el desarme de las democracias frente a gobiernos, por no decir dictaduras, que mantendrán o desarrollarán sus armas nucleares”, dijo el jefe de Estado. “Un desarme nuclear unilateral equivaldría a que un Estado poseedor de armas nucleares como el nuestro se expusiera a sí mismo y a sus socios a la violencia y al chantaje, o [le llevara a] depender de otros para garantizar su seguridad. Rechazo esa perspectiva”.

Emmanuel Macron concluyó: “Francia no se adherirá a un tratado que prohíba las armas nucleares. Este tratado no traerá nuevas obligaciones para Francia, ni para el Estado, ni para los actores públicos o privados en su territorio”.

Francia defiende oficialmente otra vía hacia el desarme: el estricto cumplimiento, e incluso la ampliación, del Tratado de no proliferación (TNP), la negociación de un tratado que prohíba la producción de material fisionable para las armas y universalización del Tratado sobre la prohibición completa de los ensayos nucleares (Estados Unidos, China, Israel y Corea del Norte no lo han ratificado). Por último, la reducción del riesgo estratégico: “El desarme sólo tiene sentido si forma parte de un proceso histórico de limitación de la violencia”, considera Emmanuel Macron.

Sin embargo, desde hace seis años sucede todo lo contrario. Se han denunciado los principales tratados de desarme o control o se ha roto su renegociación. Todas las potencias nucleares están invirtiendo masivamente en la modernización de sus arsenales y en el desarrollo de nuevas armas. Por último, las crisis nunca han sido tantas y los riesgos o tensiones estratégicas aumentan constantemente.

Ensayos en el Sáhara argelino

Por estas razones, los Estados no nucleares, hartos de que su seguridad se vea amenazada por las potencias atómicas, han adoptado el tratado TIAN y las ratificaciones avanzan a buen ritmo. Un mundo sin armas nucleares no se hace realidad mañana. Pero el tratado TIAN puede ser un estímulo, un medio de presión para forzar a las potencias nucleares a reanudar el proceso de desarme.

Su entrada en vigor, diga lo que diga Emmanuel Macron, creará dos nuevos problemas a Francia. El primero será en Europa, ya que tres Estados han ratificado el TIAN (Austria, Irlanda y Malta). En su discurso de febrero, el jefe de Estado explicaba que la disuasión francesa también servía para proteger a Europa e incluso propuso una asociación “a los ejercicios de las fuerzas de disuasión francesas” para los socios “que lo deseen”.

El efecto estigmatizante del TIAN amenaza con reforzar el aislamiento de Francia, ya que algunas opiniones públicas (Alemania, Escandinavia) se oponen firmemente a las armas nucleares. Al mismo tiempo, este tratado también aumentará la presión sobre los países de la Unión Europea en los que se estima que hay desplegadas 140 armas nucleares estadounidenses: los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Italia (sin contar Turquía). 56 ex primeros ministros, ministros de defensa o ministros de relaciones exteriores de 22 países que albergan armas nucleares de un aliado acaban de firmar una plataforma que pide a sus Estados que apoyen el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.

El segundo problema muy concreto que el TIAN va a suponerle a Francia se referirá a sus relaciones con Argelia. Este tratado incluye una serie de disposiciones humanitarias, vinculantes para los Estados que lo han ratificado. Sus artículos 6 y 7 obligan, en primer lugar, a prestar asistencia a las poblaciones que son víctimas del uso o los ensayos de armas nucleares y, en segundo lugar, a restaurar los entornos contaminados por las armas nucleares.

Sin embargo, de febrero de 1960 a febrero de 1966, Francia realizó 17 ensayos nucleares en el Sáhara argelino. Por lo tanto, el Estado argelino deberá aplicar los artículos 6 y 7 del Tratado de TIAN. Y para hacerlo, tendrá que dirigirse a Francia.

En un minucioso estudio publicado en julio por la Fundación Heinrich Böll, Jean-Marie Collin, de ICAN, y Patrice Bouveret, representante del Observatorio de Armas, intentan hacer un balance de lo que se conoce sobre estas campañas de pruebas, las poblaciones entonces contaminadas y los residuos radiactivos abandonados o más o menos enterrados en los lugares de las pruebas.

“Siguen desconociéndose muchos elementos y Argelia está plenamente decidida a actuar y, por consiguiente, solicitará información detallada a Francia”, analizan los dos autores. De los 17 ensayos nucleares franceses realizados en los dos emplazamientos de Reggane e In Ekker, 11 (todos subterráneos) se llevaron a cabo después de la independencia de Argelia: los acuerdos de Evian permitían a Francia utilizar estas instalaciones hasta 1967.

Estos sitios después volvieron a manos de Argelia, ocupados durante un tiempo por el Ejército argelino, “sin que se previese ninguna forma de control y seguimiento de la radiactividad”, señalaba en 1997 el senador Christian Bataille en un informe parlamentario. “Las circunstancias políticas pueden explicar la indiferencia con la que se trataron estos problemas. No obstante, el hecho es que se mostró cierta ligereza, por no decir se más”, añadió.

También en 1997, otro informe parlamentario reconoció que “sobre la cuestión de los desechos que podrían haber resultado de las campañas de ensayo realizadas en el Sáhara, no hay datos precisos”.

La situación ha cambiado muy poco en los últimos 20 años. Se han creado comisiones sin resultados convincentes. La ley de 2010 sobre la indemnización a las víctimas de los ensayos nucleares no ha encontrado aplicación práctica en Argelia y sólo un argelino ha visto aceptada su solicitud de indemnización.

“Este pasado nuclear permanece profundamente enterrado en la arena. Los sitios todavía no están sujetos a control y no hay ninguna medida para sensibilizar a la población local sobre los riesgos para la salud”, explican Jean-Marie Collin y Patrice Bouveret. El Ejército francés ha enterrado masivamente en las arenas del Sahara no sólo equipos contaminados sino también tanques, aviones y cañones expuestos a explosiones nucleares para observar su resistencia.

Durante las pruebas subterráneas, se han producido accidentes y se han sacado a la superficie desechos radiactivos y rocas. Por último, miles de argelinos fueron reclutados en estos sitios como obreros sin que se llevaran registros precisos.

Aunque investigaciones y testimonios independientes permiten hoy en día conocer cuáles fueron estos ensayos, una gran cantidad de información sigue sin estar disponible o clasificada como secreta: mapas, lugares de enterramiento, cantidad de materiales, naturaleza y volumen de los residuos nucleares, archivos médicos, etc.

“El Tratado TIAN allanará el camino para una mejor cooperación entre Francia y Argelia. Argel se verá obligada a limpiar estos sitios y a ocuparse de las poblaciones afectadas. París puede y debe ayudar”, creen Jean-Marie Collin y Patrice Bouveret. En su estudio, se formulan varias recomendaciones a Francia, principalmente en lo que respecta a la transmisión de información, pero también a la cooperación sobre el terreno. El historiador Benjamín Stora, a quien el Palacio del Elíseo ha encargado la misión de hacer un balance de las relaciones entre Francia y Argelia, deberá abordar el asunto. Este tratado TIAN, descrito por sus detractores como inútil, podría así demostrar rápidamente su utilidad concreta.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Entre las direcciones generales de Medio Ambiente y de Salud de la Comisión Europea la tensión es palpable. Según documentos internos del mes de julio, a los que ha tenido acceso Mediapart (socio editorial de infoLibre), los funcionarios europeos del área de sanidad se oponen con vehemencia a las propuestas de sus colegas del departamento de medio ambiente.

Este último desea, como medida de precaución, ampliar las posibilidades de prohibir las sustancias químicas basándose únicamente en su peligrosidad intrínseca. Por su parte, la Dirección General de Salud prefiere llevar a cabo evaluaciones de riesgo específicas, en función del uso de la sustancia.

Esta batalla –muy técnica, pero también muy política– tiene lugar entre bastidores, en el contexto de la elaboración de la Estrategia para la sostenibilidad de los productos químicos, documento que el Ejecutivo de Bruselas presentará el 14 de octubre. Esta pieza central del Nuevo Pacto Verde Europeo, defendido por la Comisión de Ursula von der Leyen, debería permitir avanzar hacia un medio ambiente “no tóxico”.

Decir que este objetivo ha generado expectativas muy altas entre los defensores del medioambiente, que llevan años exigiendo que el Ejecutivo europeo acabe con las lagunas legislativas sobre sustancias químicas, es quedarse corto. Un ejemplo famoso de estas lagunas es el Bisfenol A. La sustancia está reconocida como “tóxica para la reproducción”, pero también como “perturbador endocrino” en el reglamento europeo REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas). Por lo tanto, se sabe que es peligroso. Pero sólo está prohibido para la fabricación de papel térmico y biberones. Todavía está presente en los revestimientos de latas, de cajas de pizza o en algunas botellas de agua.

La estrategia para la sostenibilidad de los productos químicos es objeto de todas las miradas. “No ha habido una mirada prospectiva desde 2001”, advierte Pelle Moos, de la Organización Europea de Consumidores. Se trata de una oportunidad a la escala de una generación”. “Esta estrategia podría cambiar las cosas”, señala Tatiana Santos, de la ONG Oficina Europea del Medio Ambiente. La industria está incluso empezando a preocuparse por una “revolución en la legislación, más que por una evolución”, como dice Sylvie Lemoine, directora ejecutiva de gestión de productos, del Consejo Europeo de la Industria Química.

Hay mucho en juego. En Europa, en el mercado hay alrededor de 140.000 sustancias químicas, en la mayoría de los artículos que consumimos; de ellas, el 74% de los cuales tienen propiedades peligrosas para la salud humana. Pero la industria química también es un sector económico poderoso, con 2.000 empresas en Europa y 1,2 millones de trabajadores. La regulación del sector es, pues, objeto de un intenso debate entre los imperativos sanitarios y el realismo económico.

“El reto consiste en elegir entre un sistema centrado principalmente en el peligro intrínseco de las sustancias, ciertamente un poco básico pero muy práctico y protector, y un sistema en el que todo tiene que probarse, mediante evaluaciones detalladas de los riesgos y estudios largos y a veces inútiles”, desentraña un especialista de un organismo de un Estado miembro de la UE. Hoy en día, el derecho europeo se basa en una combinación de ambos.

La Dirección General de Salud ha dejado claro que no desea manifestar su “apoyo a la expansión generalizada de un proceso de toma de decisiones basado en el peligro”, según los documentos a los que ha tenido acceso Mediapart. Estas tensiones cristalizan en torno a un concepto poco conocido fuera de los círculos internos, pero crucial en la regulación de las sustancias peligrosas: la evaluación genérica de los riesgos.

La idea es simple; cuando una sustancia se clasifica en Europa como cancerígena, mutágena o tóxica para la reproducción (CMR), se desencadena una serie de prohibiciones casi automáticamente. El objetivo es actuar rápidamente y tomar decisiones sobre la base de esta propiedad peligrosa, sin entrar en los detalles de evaluaciones detalladas que, muy teóricamente, permitirían el uso “seguro” de la sustancia.

Esta posibilidad ya existe en el marco del reglamento Reach. Una vez que una sustancia es reconocida como “CMR”, ya no puede venderse como tal en las tiendas, ni en forma de mezclas líquidas. Más raramente, este procedimiento de vía rápida se aplica a los productos de consumo. Recientemente, 33 sustancias “CMR” han sido prohibidas en los textiles sobre esta base.

Pero eso no es todo. Una clasificación “CMR” también desencadena prohibiciones en algunas legislaciones sectoriales, como la de juguetes, cosméticos o plaguicidas, pero no automáticamente en otros campos legislativos, como la que regula los materiales en contacto con los alimentos. Los funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente proponen ampliar esta “evaluación genérica de riesgos”, que supone permite prohibir rápidamente los productos peligrosos, a las sustancias neurotóxicas, los alérgenos y especialmente los perturbadores endocrinos, cuyos terribles efectos sobre la salud humana están cada vez más documentados, aunque dichas sustancias estén mal reguladas.

Las últimas estimaciones científicas sitúan el número de perturbadores endocrinos en nuestro entorno en 1.400. Hoy en día, sólo 19 de ellas se consideran “sustancias altamente preocupantes” en el reglamento Reach. Esto muestra la importancia del documento que se está elaborando actualmente en Bruselas.

La evaluación genérica de riesgos se aplicaría a toda la legislación, incluida la legislación alimentaria, que es de dominio casi exclusivo de la Dirección General de Salud. La industria no quiere esta reconfiguración. Los funcionarios de la DG de Salud, tampoco.

En realidad, los funcionarios europeos que trabajan en el área de salud están acostumbrados a un corpus legislativo –la legislación alimentaria desarrollada por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa)– más antiguo que el reglamento Reach y generalmente basado en evaluaciones de riesgos y umbrales de exposición específicos. Para la DG de Salud, el asunto está resuelto: “El sistema actual funciona bien. Permite tomar medidas adecuadas”, dice el documento. En resumen, no tocar.

Sin embargo, las deficiencias de este sistema han quedado demostradas una y otra vez. En 2018, se restringieron cuatro ftalatos en el marco del reglamento Reach, en particular debido a sus características como perturbadores endocrinos. Estas sustancias hacen posible que los plásticos sean flexibles. Sus usos son muy numerosos, en cortinas de baño, pañales o guantes de plástico. Estas restricciones se aplican a la mayoría de los bienes de consumo... excepto a los materiales en contacto con los alimentos porque se trata de otro silo legislativo, para el que la Efsa, la Autoridad de Seguridad Alimentaria, continúa sus análisis de riesgos. Y mientras tanto, estos ftalatos se encuentran en botellas de plástico o papel en contacto con la comida.

Para Barbara Demeneix, endocrinóloga, directora de investigación del CNRS y especialista indiscutible en perturbadores endocrinos, hay mucho en juego. En su opinión, es “absolutamente necesario que la Comisión Europea no se retracte de su propuesta de un enfoque basado en el peligro intrínseco de las sustancias, también en la legislación que entra en el ámbito del derecho alimentario”. Nosotros [la Sociedad de Endocrinología] creemos que una vez que se identifica un disruptor endocrino, debe ser prohibido.

En el mismo sentido, también según los documentos obtenidos por Mediapart, la Dirección General de Salud está en contra de la introducción de un “factor de evaluación de las mezclas”. Hoy en día, las sustancias y sus posibles efectos en los seres humanos se evalúan individualmente. “Mientras que todos estamos expuestos a múltiples sustancias cuyos efectos combinados son más peligrosos que los efectos de cada sustancia tomada aisladamente”, describe Barbara Demeneix. El tema de las mezclas ha sido completamente ignorado hasta ahora.

La Dirección General de Medio Ambiente quiere aplicar una receta general para hacer frente a este fenómeno. Cuando se registra una sustancia, se aplicaría un “factor” para calcular el impacto potencial de su efecto en la salud humana en combinación con otras sustancias con las que es probable que esté asociada en el medio ambiente, y para tenerlo en cuenta en las evaluaciones. Esto conllevaría, por precaución, a la obligación de reducir la concentración “aceptable” de muchas sustancias en los productos de consumo.

La Dirección General de Salud, por su parte, cree que es demasiado pronto para imponer semejante “factor”. Se destaca la labor que el Organismo de Seguridad Alimentaria ha venido realizando durante más de 15 años para tratar de abordar la cuestión de las “mezclas” de manera más específica. “El problema es que resulta imposible definir con precisión los efectos combinados de decenas de miles de sustancias. El ‘factor’ es una respuesta científica a las incertidumbres”, explica una fuente europea. El impacto de tal medida sería inmediato en la industria, por ejemplo en el campo de los aditivos alimentarios, cuya concentración tendría que reducirse casi inmediatamente.

Ahora, los puntos de vista de las distintas administraciones son conocidos; los comisarios europeos deben decidir. Es el momento de las a elecciones políticas. Una decisión que comprometerá a Europa –y la salud de los 448 millones de europeos– durante los próximos 15 años.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Vallas publicitarias de abogados, banderas de EEUU a ambos lados de la carretera, enlaces viarios por todas partes... A primera vista, la Interestatal 4 (o I-4) es una autopista norteamericana como cualquier otra.

Sin embargo, no tiene nada de trivial. Este eje viario de la década de los 60 atraviesa el centro de Florida, reina de los Swing States Swing States(estados pendulares) que ha votado a todos los vencedores de las presidenciales desde 1964 (excepto en 1992). Estado escrutado de cerca cada cuatro años por el mundo político, atraviesa una amplia variedad de condados que albergan al 40% de la población del Sunshine State, incluido un gran contingente de votantes que se consideran “independientes” (ni republicanos ni demócratas).

“Desde 1996, los candidatos que han ganado la mayoría de los condados a lo largo de la I-4 han ocupado la Casa Blanca. Es un indicador muy fiable”, explica James Clark, profesor de la University of Central Florida. “Incluye jubilados, centros de negocios y financieros, inmigrantes... Es un microcosmos de la nación. Este corredor viario puede dar un vuelco en un sentido o en otro. Es una línea divisoria entre el norte republicano de Florida y el sur demócrata. Decide qué camino tomarán el Estado y el país”, añade.

Elcorredor I-4 vertebra siete condados (Pinellas, Orange, Volusia, Osceola, Hillsborough, Polk y Seminole) y conecta zonas rurales conservadoras con vibrantes centros urbanos, como Orlando, y sus crecientes suburbios. En Tampa, punto de partida de los 213 kilómetros de la I-4 por el oeste, el voto militar será crucial. El condado de Hillsborough, donde se encuentra la ciudad, y su vecino Pinellas son conocidos en todo el país por sus bases militares y sus importantes comunidades de veteranos, atraídos por el calor de Florida que mima sus articulaciones.

En 2016, los dos condados tomaron diferentes direcciones. Hillsborough votó a Clinton, mientras que Donald Trump consiguió arrebatar Pinellas a los demócratas por una diferencia de 6.000 votos, que contribuyeron a su mínimo margen de victoria (113.000 votos) en Florida.

Jerry Green está decidido a que este escenario no vuelva a repetirse. El exmilitar, que participó en la operación Tormenta del Desierto en 1990, es el responsable local de VoteVets, una asociación que apoya las candidaturas de los veteranos progresistas de todo el país. En los próximos días, movilizará a un pequeño ejército de exmilitares para una gran operación puerta a puerta en los dos condados para convencer a los indecisos. “Hablar con un veterano puede marcar la diferencia. Su voz es respetada y escuchada”, precisa.

En su opinión, el apoyo a Donald Trump entre el electorado militar ha retrocedido. Y menciona un reciente sondeo del Military Times, un medio de comunicación independiente sobre la actualidad militar, según el cual el 49,9% de los encuestados tenían una opinión desfavorables sobre el jefe de los Ejércitos (frente al 37%, a finales de 2019).

Una tendencia sorprendente para un presidente republicano que ha aumentado el presupuesto militar. ¿Por qué? Jerry Green menciona el acercamiento a la Rusia de Vladimir Putin, pero también los numerosos insultos atribuidos al presidente contra los militares, empezando por el exprisionero de guerra y senador republicano John McCain. “Antes, los republicanos se habrían enfrentado a semejante comportamiento. Ahora están poniendo a Trump por delante del partido y del país, en ese orden”, lamenta Jerry Green.

Pero eso no es todo. A pesar de las palabras de Donald Trump, que se considera el campeón de los veteranos, Jerry Green sigue viendo cómo los exmilitares de la región caen en la pobreza debido a la falta de un apoyo psicológico y financiero adecuado.

A menos de una hora de Tampa, al sur de la I-4, se encuentra la pequeña localidad de Winter Haven, anidada en el siempre verde condado conservador de Polk. A mediados de septiembre, decenas de camionetas y coches decorados con banderas de “Trump 2020” aparcan frente a una iglesia local, que también alberga la sede del partido republicano del condado. Vienen a participar en un desfile pro Trump por las calles de la ciudad.

Diana Turner, católica y oriunda de Ecuador, respalda más que al presidente norteamericano. Como muchos hispanos conservadores, está entusiasmada con la reciente decisión de Trump de nombrar a la jueza conservadora Amy Coney Barrett para sustituir a la progresista Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema, un gesto que podría tener profundas implicaciones en el derecho al aborto (si la candidata pasa todas las fases del proceso de nominación).

“Se dice que los hispanos y los negros deberían votar a los demócratas. No es así. Yo, por mi parte, soy provida [contraria al aborto]. No quiero que el Gobierno se meta en mis asuntos. He venido aquí para vivir el sueño americano, no para encontrarme en un país socialista”, dice, haciendo suyo un argumento a menudo esgrimido por los republicanos para describir la América que, en su opinión, Joe Biden y un partido demócrata que se ha vuelto demasiado radical quieren construir.

Las encuestas muestran que los resultados de Biden son peores entre el electorado hispano de Florida que los conseguidos por Hillary Clinton, en parte debido al fuerte apoyo cubano y venezolano a Donald Trump. “Biden apoya el aborto. No sé cómo se come eso cuando dice ser católico”.

Hace meses que las campañas de ambos candidatos surcan el corridor I-4. Han coincidido en la localidad de Kissimmee, al sur de Orlando. Este municipio ha experimentado un importante crecimiento demográfico en los últimos años con la afluencia de puertorriqueños que huyen de la pobreza de su isla, especialmente desde 2017 y los estragos del huracán María. Como resultado, la mitad de la población hispana de la ciudad y alrededores es puertorriqueña, lo que le ha valido al municipio el apodo de “Pequeño Puerto Rico".

Como ciudadanos estadounidenses, estos recién llegados pueden votar en noviembre y pueden marcar la diferencia en el estado en unos comicios muy ajustados. Joe Biden y Donald Trump lo han entendido a la perfección. El primero llegó a Kissimmee en septiembre para anunciar medidas para la reconstrucción de Puerto Rico y su apoyo a la idea de convertir la isla en un estado estadounidense de pleno derecho, mientras que el segundo anunció la liberación de 13.000 millones de dólares en ayudas, tres años después del paso de María.

Jonathan Khotan, que perdió a su abuelo por los efectos del huracán, votará a Biden. El joven puertorriqueño de Kissimmee, que se hizo famoso en la localidad por sus lives en la red social Facebook desde Puerto Rico después de María, no ha olvidado las imágenes de Donald Trump lanzando rollos de papel, como si fuese un jugador de baloncesto, a un grupo de víctimas del desastre durante un movimiento relámpago a través de la isla. “Lo recordamos. Al Gobierno de Trump le importan un bledo los puertorriqueños. Nos tratan como extranjeros aunque seamos ciudadanos estadounidenses”.

Un sentimiento que comparte Darlene Ramírez, la gerente puertorriqueña de la Casa del Artesano, una boutique-galería en el centro de Kissimmee que ofrece productos artesanales realizados por evacuados del María. “No me gusta la forma en que Donald Trump trata a los hispanos. Necesita aprender a ser más sensible con la diversidad. Me sentí insultada con el lanzamiento del rollo”, dice. Sin embargo, no significa que sea de Joe Biden. “Trump sabe de economía. Vamos a hablar, mi marido y yo, que es empresario, sobre lo que él y Biden pueden hacer por la próxima generación de puertorriqueños. Votaremos por el mejor de los dos o por el menos malo”.

Félix, que ronda los sesenta y tantos años, llegó a Kissimmee hace seis años para escapar de las penurias económicas de la isla, víctima de la corrupción y endeudada desde la crisis económica de 2008. Hablamos con él a orillas del lago Tohopekaliga, donde todos los de Kissimmee se reúnen para tomar el aire; él no votará a ninguno de los dos. “A Trump no le gustan los hispanos y Biden es demasiado viejo. ¡No está en su sano juicio!”.

No es el único que quiere quedarse en casa. “Puerto Rico es una isla donde la corrupción es galopante. La desconfianza hacia la clase política es importante. Los más modestos, que tienen dos o tres trabajos para vivir, no quieren oír hablar de política cuando salen de la isla”, explica Krizia Ivelisse López Arce, puertorriqueña de Orlando que llegó al país después de María para buscar trabajo. Ahora trabaja en la asociación La Mesa Boricua de Florida, que quiere movilizar al electorado portorriqueño, cuya participación en las elecciones de mitad de mandato de 2018 no fue tan alta como se esperaba. La mujer espera que la comunidad vote a Joe Biden el 3 de noviembre.

Grupos de discusión reunidos en la comunidad puertorriqueña muestran un alto nivel de sensibilidad de los votantes a los temas de inmigración y el tratamiento de los inmigrantes, temas sobre los que la Administración Trump fue fuertemente criticada durante cuatro años. “Somos ciudadanos americanos, pero nuestra primera lengua es el español. Nos enfrentamos a muchos obstáculos cuando venimos a Estados Unidos. Podemos identificarnos con la experiencia del inmigrante”, justifica. “Personalmente, no voy a dormir hasta que todo el mundo vote. Florida es un estado clave. Tenemos mucha presión. No quiero dar por supuesto que Joe Biden va a ganar. Tenemos que luchar todos los días”.

Ginny también tiene que luchar todos los días, pero no por lo mismo. Llegó aquí desde Puerto Rico antes que María en busca de un futuro mejor. Sentado en el aparcamiento de un motel, con una cerveza en la mano, piensa en volver a casa, porque ya no ve un futuro en Florida, un estado donde el covid ha causado estragos por la actitud de su gobernador republicano, Ron DeSantis, que decidió reabrir los negocios demasiado rápido en opinión de sus detractores.

“Es muy difícil encontrar trabajo. Si dentro de tres meses la situación no mejora, le pediré a mi madre que me compre un billete de vuelta a Puerto Rico”, explica el treintañero, que asegura haber estado viviendo en una tienda de campaña. Este paisajista, al que pagaban por día de trabajo, duerme en moteles baratos de la Highway 192, una autopista entre Orlando y Kissimmee que se ha convertido en un barómetro de la salud económica de la región.

Muy dependiente del turismo, esta última sufre las consecuencias del covid-19. A pesar del deseo de Ron DeSantis de reactivar la economía de nuevo rápidamente, los parques de atracciones sufren una serie de despidos y reducciones temporales de empleo.

Recientemente, el parque acuático SeaWorld anunció la salida de casi 2.000 empleados de Orlando. La tasa de desempleo en los condados de Orange y Osceola, donde se encuentran Orlando y Kissimmee, respectivamente, fue del 11,6% y el 15,1% en agosto, muy por encima de la media de Florida, que es del 7,4%.

Francisco Lassend, amigo de Ginny, admite: “¡Nunca había vivido en la calle antes de venir a Florida!”, explica este padre de familia negro. Ahora vive en un motel con su esposa y dos hijas, de 2 y 5 años. Por suerte, su esposa ha conseguido un pequeño trabajo que les permite pagar los 53 dólares diarios que cuesta la habitación.

¿Las presidenciales? “A pesar de las dificultades, están en mi mente”, asegura. Francisco no culpa a Donald Trump de su gestión de la crisis sanitaria. De hecho, está agradecido por los cheques de 1.200 dólares que el Gobierno federal envió a los contribuyentes al principio de la crisis. “Mi esposa no quiere votarle, pero nos ha dado más que Obama en ocho años. Es un hombre de negocios que es muy bueno en los negocios. Antes del covid, nos iba bien”.

“Ha cumplido sus promesas”

Emily Lartigue ve llegar al Cast Member Pantry a estos nuevos pobres cada semana. Esta empleada de Disney, que vuelve a trabajar en la administración de personal después de un tiempo en el paro, creó este banco de alimentos en el noroeste de Orlando para ayudar a los empleados de los parques de atracciones que se encuentran en una situación difícil. Ya ha servido casi 8.000 comidas desde su apertura en marzo y no va a parar.

Sobre todo porque el subsidio de desempleo en Florida –275 dólares semanales– no es suficiente para cubrir los gastos diarios y los posibles préstamos por los estudios universitarios o la compra de automóviles, que son muy comunes en los Estados Unidos.

“Muchos de estos trabajadores viven al día. No tienen ahorros. Vemos a personas que acuden a nosotros que no pueden permitirse llenar el depósito de gasolina”, explica este bebé Disney que se incorporó a la empresa después de completar un programa universitario para futuros empleados. “Hace siete años, mi primer trabajo en Disney fue como socorrista. No podía ahorrar miles de dólares. No sé qué habría hecho si el covid hubiera sido en aquel momento”.

No quiere revelar a quién votará en noviembre, pero quiere un presidente que “se tome en serio la economía e impulse los negocios. Estamos en un estado muy vulnerable. No puedo imaginar el peso que recae sobre los hombros de un líder porque la situación cambia todo el tiempo. Pero tenemos que tomar el virus en serio. Usar mascarilla es importante. Debemos escuchar a la ciencia y no seguir teorías de la conspiración”.

Millones de personas se han inscrito para votar a lo largo y ancho de la I-4, pero muchas otras no lo están porque no se les permite hacerlo. Este es el caso de muchos expresidiarios; una ley les impide votar hasta que hayan pagado todas las indemnizaciones relacionadas con su sentencia.

Esta medida de “supresión de votos” (voter suppression), existente en muchos estados republicanos, afecta en Florida a 800.000 “ciudadanos que regresan” (returning citizens). Si cada uno de ellos votara por Joe Biden (o Donald Trump), no habría incertidumbre sobre el resultado de la elección estatal.

En la oficina de la Florida Rights Restoration Coalition (FRRC) de Orlando, Marquis McKenzie, empresario al frente de la asociación en Florida Central, trabaja para asegurar que el mayor número posible de exreos puedan votar, independientemente de su color político. Encarcelado a la edad de 16 años por robo, pudo cumplir con sus obligaciones financieras gracias al apoyo de su familia.

Pero otros no tienen tanta suerte. “¡Conozco a una señora que debe 42 millones de dólares!”, dice. “Otros deben 20.000 o 30.000 dólares. Se trata de gastos relacionados con su defensa, administración o posible restitución. A veces no les importa porque no es su prioridad y no tienen que reembolsarlos. Se concentran en encontrar un trabajo y en llevar comida a la mesa. Pero no deberían tener que elegir entre votar y comer”, explica el Marqués McKenzie.

Varias personalidades (Michael Jordan, LeBron James, John Legend...) y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg han donado fondos a la asociación para cubrir esos gastos, asumiendo que estos nuevos votantes votarán por los demócratas. Se recaudaron cuatro millones de dólares. Ese dinero permitió pagar las deudas de 4.000 personas. “Algunos de ellos van a votar por primera vez. Otros no han votado en 20 o 30 años”, continúa Marqués. Hasta ahora, ninguno de los candidatos lo ha convencido. “No he oído a ninguna de las partes hablar de los desafíos a los que se enfrentan los ciudadanos a su regreso para tener una vida decente”, precisa.

En dirección al norte, pasada la montaña artificial de Universal que domina la I-4, se encuentra otra ciudad en pleno auge apartada de los suburbios de Orlando. The Villages se describe como el sitio “más amigable de América”.

Esta comunidad de jubilados fundada en los años 80 se ha convertido en la ciudad más grande de Estados Unidos para personas mayores. Ambientada en un entorno de postal, esta “Disneylandia para mayores” ofrece a sus residentes una lista interminable de actividades y cuenta con docenas de campos de golf, unidos por pequeños caminos sinuosos bordeados de palmeras.

De hecho, sus más de 100.000 residentes parece que se desplazan todos en carritos de golf. Por la noche, se reúnen en las plazas de temática imprecisa (ambiente western, pueblo mexicano...) que componen The Villages para cenar y bailar. Aquí, todo el mundo (o casi) vota religiosamente a Donald Trump, a pesar de su gestión del covid-19, que pone en peligro a las personas mayores.

El sábado pasado, el flamante “cuartel general de la Victoria”, decorado con varios Trumps de cartón, estaba lleno a reventar. John Calandro, uno de los responsables del club Villagers for Trump, que tiene miles de miembros, ha hecho cálculos. Basándose en las elecciones pasadas y en el voto de los independientes “fiscalmente conservadores”, que tienden a apoyar a los republicanos, los tres condados que cubre The Villages (Lake, Marion, Sumter) “darán a Donald Trump el margen de votos necesario para ganar Florida”.

Esta base de fervientes seguidores explica la atención particular de que goza The Villages en la galaxia republicana. El propio Trump, pero también el vicepresidente Mike Pence y varios republicanos, se han desplazado hasta el lugar para hacer campaña. Donald Trump Jr tiene previsto acudir el 9 de octubre para presentar su nuevo libro.

En 2020, el voto Trump en The Villages se nutre del buen resultado de la economía (antes del covid), el temor a la violencia relacionada con las protestas del movimiento Black Lives Matter y el espectro de lo que los votantes de derechas llaman “socialismo”, una palabra peyorativa en Estados Unidos que se refiere a la perspectiva de un Estado omnipresente que Joe Biden y el partido demócrata, percibido como cada vez más radical, quisieran construir.

“El partido demócrata ha girado tanto a la izquierda”, suspira John Calandro, que se ha tomado la molestia de ponerse una camiseta del Paris Saint-Germain. “Esta no es la América en la que la gente de mi generación creció y nos permitió prosperar”.

Aunque los demócratas son minoría en The Villages, fundado por un rico hombre de negocios cercano a los republicanos, no se dejan avasallar. “Nos arrancan las pegatinas de Biden. Nos rayan los carritos de golf. Echan caca de perro en ellos...”, explica Chris Stanley, responsable del club democrático de The Villages.

Pese a la amenaza, ve “decenas” de republicanos llegar a inscribirse en las listas demócratas, a veces sin decírselo a sus parejas o amigos republicanos. Los demócratas han organizado recientemente dos desfiles (en coches de golf) para apoyar a Joe Biden.

Desde la elección de Donald Trump, Ed McGinty, un jubilado del sector inmobiliario, ha estado organizando manifestaciones en las calles The Villages. Se encarga de llevar carteles anti-Trump con mensajes floridos como “Todos los nazis y los miembros del KKK votaron a Trump”. “Soy el hombre más odiado de The Villages”, sonríe, sentado con dos amigos junto a sus carritos de golf.

Muchos automovilistas que pasan por aquí tocan el claxon en señal de apoyo, pero no siempre es así. Ed McGinty también ve muchas peinetas y escucha insultos. También se ha equipado con un espray de pimienta desde que fue agredido físicamente. Sin embargo, en los últimos días, sus protestas han recibido más apoyo que reacciones negativas. “Cuando pido a los republicanos que apuesten 100 dólares por la victoria de Donald Trump, nadie quiere poner un billete sobre la mesa”, explica.

Al este, la I-4 acaba (o empieza) en Daytona Beach. Esta ciudad balneario también es la cuna de Nascar, el organismo que gestiona las carreras de stock-cars en EEUU y en el resto del mundo. Después de meses difíciles a causa del covid-19, la ciudad recobra el color. Se esperan varios cientos de miles de personas en febrero de 2021 en el Daytona International Speedway, el mítico circuito ovalado de Daytona, para la Daytona 500, la legendaria carrera que marca el inicio de la temporada. Mientras tanto, los aficionados podrán realizar visitas guiadas al circuito y recorrer sus famosas curvas inclinadas, que permiten a los vehículos desplazarse a más de 300 kilómetros por hora.

Desde la primera campaña de Donald Trump en 2016, la comunidad Nascar, predominantemente blanca y masculina, ha encontrado un héroe en el multimillonario. Este no ha ocultado nunca su pasión por los deportes de motor, y el expresidente de Nascar, Brian France, nieto del fundador de la organización William France Sr. y varios pilotos han apoyado activamente al candidato. “El público de Nascar está formado por rednecks a los que les gusta la cerveza y no temen decir lo que piensan. Como Trump”, explica RJ Hauser, residente de Daytona Beach que participaba en una visita guiada al circuito. “Es un hombre de negocios. No es un político. Ha tenido el valor de enfrentarse a China”.

Por su parte, Danielle Downey ha crecido en Alabama, un Estado muy republicano del sur, donde las carreras de Nascar son una tradición: “Ha cumplido sus promesas y defendido nuestra herencia”, dice la mujer. No ha olvidado que el inquilino de la Casa Blanca protestó contra la prohibición de las banderas confederadas en las carreras Nascar, decretada en junio por la dirección, promovida por el único piloto afroamericano del circuito, Bubba Wallace Jr.

“Nuestros antepasados lucharon en la guerra civil. Cuando se destruyen las estatuas que representan figuras confederadas, nos afecta. Es como intentar borrar nuestro patrimonio”, subraya, en alusión al desmantelamiento de las estatuas de figuras sureñas proesclavistas desde la muerte de George Floyd a finales de mayo.

¿Por quién se decantarán los condados del corridor I-4? Nadie puede decirlo, sobre todo porque no hay encuestas para estos condados.

De momento, varios sondeos le dan a Joe Biden la victoria en Florida. “La participación será clave. La crisis del covid podría animar a algunos votantes a ir a las urnas”, opina James Clark. “En 2018, los republicanos consiguieron imponer a su gobernador en Florida, dos años después de la victoria de Donald Trump. La gran pregunta es si se moverán los demócratas este año”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Avanzan como si se tratara de un duelo que no debiera celebrarse, ya que no se miran; se observan con recelo. Entre los dos, suman 151 años de edad. Si sólo fueran uno, éste habría nacido en 1869 –durante la “Reconstrucción” estadounidense después de la guerra de Secesión - cuando el Klu Klux Klan se disolvió y el primer estado, Wyoming, concedió a las mujeres el derecho al voto.

Si nos gustaran las teorías del complot, lo interpretaríamos como un presagio divino (Biden como signo de un retorno a la normalidad democrática después del caos) o satánico (Trump como signo de la regresión de su país a la inminente guerra civil).

Poco a poco, adoptan una postura que mantendrán durante todo el debate. Donald Trump, con su habitual agresividad permanente, cual hosco dragón de Komodo, que lanza frases con lanzallamas. Joe Biden, más empequeñecido que nunca, consultando continuamente sus notas, el tono exageradamente convincente de los viejos retóricos de otros tiempos, responde con una pequeña risa mecánica y momificada a las acusaciones incesantes de su oponente, que interrumpe constantemente.

“¿Quieres callarte, hombre?" (“Will you shut up man?”), espetaba el demócrata después de más de media hora de ataques. Sus partidarios sin duda lo verán con agrado, sintiendo quizás cierta vergüenza inconfesable. De hecho, nos guste o no, estamos siendo testigos de un combate de lucha alegórico y no a un debate civilizado. Trump ha impuesto su estilo, su ritmo, su candencia desde el principio.

¿Es inteligente, en estas condiciones, exigir, con hastío, que el animal al que te enfrentas en el ring se contenga, levante el brazo, se someta al ritual de la conversación? Tienes que sacudir, para eso estamos aquí, induce la señora televisión. Un debate como éste requiere sangre metafórica, puesto que el país está al límite. Desde este punto de vista, Trump hace el trabajo sin titubear; allí donde Biden elige la confrontación y da la impresión de emprender la retirada, vacilante, superado por la situación, y, por ende, perdedor.

El candidato demócrata recibe el apoyo del periodista-moderador Chris Wallace, que termina, tras 50 minutos de debate, por levantar la voz en un intento de imponer las reglas de un juego invertido de inmediato por el frenético presidente. La trampa se cierra: Biden necesita una muleta, no puede arreglárselas solo; están dos contra uno: “Estoy debatiendo con usted y no con Joe. No es de extrañar”, le replica Donald al moderador.

¿No justifica esto que Trump se rebele ante semejante coalición, un periodista de la vieja escuela y un notable político de la antigüedad? El multimillonario que ocupa la Casa Blanca logra aparecer como el candidato del pueblo, enfrentándose a los representantes del Estado profundo, ¿cómo no perdonarle que armase el belén, que todo sean extravagancias, lazzi e insultos? Su electorado está obviamente exultante.

Como recordatorio, escoge sus habituales fórmulas simplistas: “Obamacare is not goo”. Lanza. Con la eficiencia del láser, mientras su oponente intenta convencer en vano, como un 33 rpm que se rompe en el tocadisco. Cuidado, sin embargo, con el disco aletargado. Biden, a medio gas, de vez en cuando, habla con su postura rígida y su sonrisa atiborrada de respuestas asesinas, como la palabra “payaso”, que lanza a Donald y que le va como anillo al dedo.

Sin embargo, el partido se jugó con torpeza. Trump se dirigía a "Joe" sin reflexionar. Biden ignoraba a su oponente; hablaba de “él”, de “este hombre”, instando al moderador Chris Wallace, como un parlamentario británico que se dirige al presidente de los Comunes. Como resultado, frente a la batalla dialéctica del guerrero de cabellera naranja, el frágil debatiente parecía echar balones fuera.

Pero entonces, ¿cuál es el fondo, qué sacamos en claro de un ejercicio así? El fondo es inaudible y ahí es donde se impone Biden, sin que nadie se dé cuenta. El guion de esta hora y media le dará la razón, allí donde la captación audiovisual le invalidaba con crueldad.

Después de una hora y cuarto, después de que Biden mirara por primera vez a Trump a los ojos para evocar a su hijo Beau, muerto de cáncer (“No conozco a Beau, conozco a Hunter”, dijo Trump), Chris Wallace, agotado, expuso lo principal sobre la mesa: “Me gustaría que habláramos del cambio climático”.

Este y otros temas –el Tribunal Supremo, la pandemia del coronavirus, la economía del país, las tensiones raciales...– quedaron hechos pedazos por las burdas, narcisistas y delirantes fórmulas de Trump (“Quiero un aire puro”), a las que se oponía con aires de viejo terco Joe Biden, que parecía descartar la verborrea de Trump como se rechaza la última en un bar: “Todo esto es falso”, repitió el burgrave con su dignidad acompasada y exprimida, ante la vulgaridad hecha hombre, la violencia hecha presidente.

Al candidato demócrata sólo le quedaba perder a la izquierda, algo que hizo después de una hora y veinticinco minutos: “No apoyo el Green New Deal”. Añadió, en un aliento que parecía ser el penúltimo: “Apoyo el plan Biden”.

El final se desvanecería en las confusas explicaciones del voto por correo, para dar ventaja al más primitivo, frustrado y esquemático. Trump no está dispuesto a aceptar su derrota, porque a su entender sólo puede oponerse al orden de las cosas que no habrá dejado de encarnar, para mal, a lo largo del debate.

“Gracias por esta hora y media interesante”, concluye Chris Wallace. Por supuesto, no hubo nada interesante. Por supuesto, este programa de televisión que vio al picador Trump golpear al santo Sebastián Biden fue sólo un brutal momento hipnótico, que no podría reemplazar a la realidad. Por supuesto, un debate no son las elecciones y ni siquiera hacen las elecciones. Obviamente, el actual inquilino de la Casa Blanca ganó según el criterio catódico, pero Biden no perdió, incluso apareciendo como una caña pensante frente al tornado tarado Trump.

Obviamente, fue trágicamente nulo. Hasta el punto de dar la razón a Baudelaire, muerto hace 153 años, en 1867, dos años antes del nacimiento del conglomerado Trump-Biden; el poeta consideraba EE.UU. como “la barbarie iluminada con gas”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

En China, como en todo el mundo, pero sin duda más que en otras partes, las cifras de desempleo son sensibles, y más aún en estos tiempos de pandemia de efectos devastadores para la economía global. Li Xunlei, responsable de investigación de Zhongtai Securities, lo vivió en primera persona a finales de abril, cuando vio cómo su informe, que establecía la tasa de desempleo real en más del 20% (lejos del 5,9% oficial de marzo), tuvo que ser retirado de la circulación. El argumento era sencillo: al señalar que la tasa oficial no tenía en cuenta a los trabajadores migrantes que llegaban al país, el equipo de Li estimó que la disminución de la actividad, sumada a las dificultades de los migrantes para llegar a sus lugares de trabajo, se traducía en una pérdida adicional de 70 millones de puestos de trabajo directamente relacionados con la crisis sanitaria causada por el coronavirus.

Finalmente, el Li también se vio obligado a cambiar de trabajo y Zhongtai tuvo que hacer una penosa declaración afirmando que “la posición del gabinete [era] acogerse a las cifras oficiales”.

Oficialmente, la cifra de desempleo alcanzó su nivel más alto en febrero, llegando al 6,2%, un máximo histórico desde que se publican estas cifras en China, y especialmente desde que la metodología contable se hizo más “fiable”, o al menos más realista, en 2018, sobre la base de las informaciones provinciales publicadas mensualmente. Ahora sabemos que esto corresponde al pico de la crisis en China.

Toda la provincia de Hubei, el epicentro del brote de Covid-19, fue estrictamente confinada desde finales de enero y no se reabrió oficialmente hasta principios de abril, y la economía china experimenta una desaceleración sin precedentes. En el primer trimestre de 2020, el Producto Nacional Bruto (PNB) de China cayó un 6,8%, mientras que el PNB de Hubei, la séptima economía provincial más grande de China, se desplomó un 39,2% durante el mismo período.

Es cierto que al cruzar los datos de desempleo de enero y febrero, la Oficina Nacional de Estadística china (BNS) reduce el efecto real de la crisis en el empleo; la cifra total de desempleo global corresponde a más de un punto porcentual de aumento con respecto a diciembre de 2019, y por lo tanto en términos de datos relativos a un aumento de casi el 20%. En comparación, la tasa de desempleo general armonizada en los países de la OCDE fue del 5,5% en marzo y del 8,6% en abril de 2020.

Para Geoffrey Crothall, de la organización China Labour Bulletin, ONG con sede en Hong Kong que trabaja en defensa de los trabajadores chinos desde 1994, sería “un error borrar de un plumazo las cifras oficiales”. “Aunque sólo tenga en cuenta el desempleo urbano en las 31 ciudades más grandes de China, técnicamente incluye también a los trabajadores migrantes urbanos, contrariamente a la idea de que todos los trabajadores migrantes [291 millones, según las últimas estadísticas] están excluidos de las encuestas”, insiste.

“En cambio, el método sólo se aplica realmente a las tendencias a largo plazo y no consigue detectar la precariedad a corto plazo, especialmente entre las personas con empleo temporal y, por lo tanto, de aproximadamente 200 millones de trabajadores 'flexibles', entre los que se incluyen los trabajadores por cuenta propia”, añade.

Para el BNS, es suficiente haber trabajado una hora a la semana para ser considerado “asalariado”. “Las cifras oficiales sólo pueden servir, por tanto, como indicativo y, para comprender la verdadera magnitud del problema, debemos también, y sobre todo, fijarnos en los jóvenes y subempleados”, recuerda Crothall.

En abril, el desempleo juvenil, según datos del Gobierno, se situaba en el 13,8%, más del doble de la cifra oficial global y más de medio punto porcentual que en marzo. Al mismo tiempo, el BNS informó de que en los cuatro primeros meses del año sólo se habían creado 3,54 millones de puestos de trabajo, un 23% menos que en el mismo período del año anterior, además a menudo en sectores menos protegidos de la “gig economy” [economía gigante], la economía de los empleos ocasionales temporales en el sector terciario.

Estas cifras también se corresponden con las del informe de la Guanghua School of Management, de la Universidad de Pekín, que reveló a mediados de abril que el volumen de ofertas de trabajo publicadas en la plataforma online Zhaopin.com había disminuido en un 27%online en el primer trimestre de 2020.

En el informe también se indicaba, a partir de esta base de datos de más de un millón de empresas y 23 millones de puestos de trabajo, que las pymes eran las más afectadas, así como los empleos peor remunerados y los demandantes de empleo con 1 a 3 años de experiencia. Otro estudio de la Universidad de Tsinghua estimaba que a mediados de abril las pymes perdieron alrededor del 70% de sus ingresos sólo en marzo.

Nuevos contratos a tiempo parcial

En el discurso oficial, la preocupación respecto al empleo de los jóvenes, una constante desde hace algunos años, se hizo aún más evidente cuando el primer ministro Li Keqiang presentó su informe de actividad en la apertura de la doble sesión parlamentaria el 22 de mayo.

El empleo está, pues, en primera línea de lo que el gobierno llama las “seis estabilizaciones” y las “seis garantías” y, muy significativamente, el propio término empleo (jiuye) se menciona nada menos que 39 veces, mucho más que en 2019 y muy por delante de los demás temas económicos abordados en el discurso, incluida la inversión.

Sobre todo, el jefe del Gobierno chino identificó claramente los segmentos de la población que corren mayor riesgo: los recién llegados al mercado laboral, en primer lugar, y en particular los 8,74 millones de recién graduados, todos ellos en busca de su primer empleo.

A continuación, el primer ministro distinguió entre el personal militar al final de su servicio activo, los trabajadores rurales migrantes, que están especialmente mal protegidos, los discapacitados y los hogares en los que no trabaja ningún miembro. Acto seguido pasaba a referirse a los “cientos de millones de trabajadores” con empleo precario y señaló que al menos 600 millones de personas en China vivían con unos ingresos inferiores a 1.000 yuanes600 millones de personas (126 euros) al mes.

Como parte del plan de estímulo de cuatro billones de yuanes (534.000 millones de euros) anunciado, la mayoría de las medidas incluyen rebajas y exenciones para las empresas: eliminación de algunos impuestos de sociedades, alquiler y préstamos bancarios subvencionados por los gobiernos locales, reducción de las contribuciones sociales, incluido el reembolso de las cotizaciones de desempleo, reducción de los costos de electricidad y agua, y ampliación hasta marzo de 2021 del aplazamiento de los pagos de capital e intereses de los préstamos a las pymes.

Se trata de disposiciones destinadas a preservar el empleo, que se complementan con medidas destinadas a crear nueve millones de puestos de trabajo urbanos, según el primer ministro, favoreciendo en particular los sectores de la nueva economía y prometiendo mantener el ritmo de 10.000 creaciones de empresas al día, como en 2019.

Pero este enfoque puramente contable, que parece estar dando frutos en parte, con una contratación total de más de 4,4 millones de personas en el segundo trimestre de 2020 y un aumento de casi el 35% de las ofertas de trabajo en la plataforma Zhaopin.com en comparación con el primer trimestre, no oculta importantes pérdidas salariales y un subempleo real.

Según Gavekal Dragonomics, consultora especializada en el análisis de la economía china y con sede en Pekín, la pérdida salarial del mes de febrero equivale al “2,3% del total de los ingresos familiares de todo un año”. Y cuando la actividad comenzó a recuperarse, a partir de los meses de marzo-abril, muchos empleados, como los de la industria textil, fueron contratados sólo a tiempo parcial, sin posibilidad de hacer horas extras, y con salarios que correspondían a la mitad –o incluso menos– de lo que ganaban antes de la crisis del covid-19.

Sólo 200 millones de personas, menos de la mitad de la fuerza de trabajo urbana y menos del 20% de los trabajadores migrantes, están cubiertos por el sistema de seguro de desempleo, que representa sólo el 80% del ingreso mínimo, que es diferente en cada provincia y gran ciudad y, en la mayoría de los casos, equivale sólo a una cuarta o incluso una quinta parte del salario real medio de la localidad.

Además, los salarios mínimos rara vez se revisan, contrariamente a la obligación legal de hacerlo al menos cada dos años, y en 2020 los salarios mínimos se congelaron de factocongelaron.

Al final, por tanto, pocas personas tienen interés real en “perder su tiempo en dar el paso para obtener una compensación ridículamente baja”, como resume Geoffrey Crothall. No es de extrañar, entonces, que según el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social de China, solo 2,3 millones de personas habían recibido esta ayuda a finales de marzo.

¿Podría Li Xunlei, el economista tratado bruscamente en Zhongtai Securities, haber tenido razón demasiado pronto? En el caso de Gavekal Dragonomics, no hay ninguna duda al respecto, ya que tanto las extrapolaciones macroeconómicas como las proyecciones empíricas basadas en estimaciones de la recuperación diferenciadas por sector económico calculan que la pérdida de puestos de trabajo en el primer trimestre entre 60 y 100 millones.

Y si bien la recuperación económica y la contratación se están produciendo, las condiciones de empleo se han vuelto evidentemente precarias y el sueño chino de un desarrollo basado finalmente en el consumo interno –aunque se reescriba en la nueva jerga de la “circulación dual”– parece estar comprometido.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

También se ha recurrido a las mulas como refuerzo. En el parque nacional de las Sequoias, en el sur de California, recorren senderos peligrosos, inaccesibles a los vehículos. Allí, cada 60 metros, descargan parte de su carga: tuberías. Una vez ensambladas, las tuberías de riego se utilizan para refrescar el suelo y combatir los incendios que asolan desde hace 30 días el majestuoso bosque de árboles milenarios. 540 km2 de vegetación, cinco veces la superficie de París, ya se han convertido en pasto de las llamas.

Sobre el terreno, la intensidad de las llamas que se extienden por la costa oeste de Estados Unidos, por Oregon, Washington y California sorprende incluso a los más experimentados. “En 27 años, nunca he visto nada como esto [...]. Y los vientos cálidos y secos del otoño, los vientos de Santa Ana, aún no han llegado”, confiesa, asombrado, un portavoz de las autoridades locales en un canal del Valle Central.

Más de tres millones de acres (superior a la superficie de Líbano) han ardido sólo en el estado de California. Además, hay un gran número de víctimas humanas. Al menos 26 personas han perecido, 12 están desaparecidas y 60.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar de las llamas.

Cerca del parque nacional de las Sequoias, a una hora en coche, el presentador del tiempo de KBAK-TV, programa que se emite desde Bakersfield, la principal ciudad del condado de Kern, tiene buenas noticias. Pese a todo. Según el presentador de esta cadena, perteneciente al grupo Sinclair (muy conservador), pasada la segunda quincena de septiembre, se prevé sol y tiempo fresco. En la ventana, no hay rayos en el horizonte, ni siquiera una suave brisa. Una espesa neblina de humo y el olor a gasolina saturan el aire.

¡Bakersfield es el Kern-tucky!, resume un lugareño. Se trata de una referencia al estado de Kentucky, bastión de la derecha americana. Bakersfield, situado no lejos de las palmeras de Los Ángeles, emblema demócrata, se parece más a los badlands (tierras áridas y no fértiles) de Texas. Atravesado por el río Kern y sus inmensos campos de petróleo, aquí todo recuerda al auge del oro negro descrito en 1956 en la película Gigante de George Stevens. Pozos de petróleo hasta donde alcanza la vista. Y campos.

A pocos kilómetros del centro urbano se encuentra el Valle de San Joaquín, región del Valle Central que hace que el estado de California represente por sí solo el 12,2% de la economía alimentaria de Estados Unidos. En 2016, la población de Bakersfield (casi 385.000 habitantes), en su mayoría blanca, heredera de los granjeros de Oklahoma descritos por John Steinbeck en Las uvas de la ira, votó mayoritariamente a Donald Trump, ahora candidato a la reelección.

Sin embargo, desde hace varias semanas, la ciudad debe hacer frente a la contaminación, a los enormes incendios de la zona y al silencio del presidente.

En Bakersfield, sin embargo, 300 camiones y coches se manifestaron el fin de semana pasado, con banderas ondeando, en apoyo del presidente Trump. Toda una muestra de fuerza, irónicamente llamada “Corona Trump Cruise”, que recorrió las redes sociales locales. A pocas semanas de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre mientras el oeste de Estados Unidos y los condados cercanos están literalmente en llamas, ¿cómo se puede explicar semejante apoyo?

“Bullshit”

En las calles casi desiertas –grandes avenidas ocupadas por grandes coches–, los residentes de Bakersfield, en su mayoría sin máscaras, ofrecen las respuestas. “El presidente es simple y llanamente el mejor, ha levantado las restricciones federales [relacionadas con las regulaciones medioambientales] y ha creado puestos de trabajo”, asegura en tono afable John, un veterano de 80 años de la guerra de Vietnam y exingeniero de una estación de bombeo de agua.

El clima, la pandemia, es “bullshit” [una mierda] orquestada por los periodistas, añade el jubilado, que viste un sombrero de vaquero. El hombre, sólo ve un canal de televisión, el único que en su opinión es fiable, One America News, un medio de comunicación de extrema derecha.

En el aparcamiento del supermercado Costco, muchos piensan como John. El presidente realmente se preocupa por la suerte de la gente. “He care about people”. La frase se repite una y otra vez.

Es “patriótico”, dice Pam, de 63 años, maestra. “Un buen hombre”. Los incendios, el calentamiento global no le preocupan mucho. Pam, muy creyente, murmura su teoría. Todo este “caos, los incendios, el virus”, para ella es sólo una señal del fin de la vida en la tierra, una oportunidad para “reunirse con Jesús”.

Sin embargo, lo que le preocupa son los “disturbios”, las manifestaciones organizadas en otras partes del país en respuesta a la violencia policial contra los negros de EE.UU. “Nunca he tenido un arma, pero respeto mucho la Constitución”, dice la sexagenaria de 60 años, que ahora se siente insegura. “¿Cómo voy a proteger a mi familia sin mi arma?”, pregunta Roger, de 38 años.

Empleo, religión, armas. Esto es lo que parece seducir aún hoy a los votantes de Bakersfield, a pesar de los incendios. En 2018, las elecciones locales de mitad de mandato fueron un anticipo de esto. El congresista Kevin McCarthy, líder republicano de la Cámara de Representantes y uno de los primeros valedores de Donald Trump, resultó reelegido con más del 65% de los sufragios.

Aquí, las personas que se ganan la vida principalmente con la industria petrolera y la agricultura “son generalmente escépticas sobre el cambio climático. Culpan de sus problemas económicos al gobernador demócrata de California [Gavin Newsom], que quiere lograr la neutralidad del carbono antes de 2045. No el presidente”, observa John Cox, un reportero local de Bakersfield California.

El medio ambiente entra en la campaña

Ambos responsables políticos se entrevistaron brevemente el 14 de septiembre durante la visita exprés de Donald Trump a California. En campaña, en el oeste del país, criticado hasta la fecha por su silencio en lo que respecta a los incendios forestales, el presidente, climaescéptico, finalmente abordó la cuestión. El problema “es la gestión forestal”, dijo.

Durante mucho tiempo ha prevalecido en Estados Unidos una política de supresión total de incendios. Como resultado, se han acumulado enormes residuos de combustible en bosques más densos y menos desbrozadas. Esta política, que el presidente denunció, está siendo cuestionada por algunos expertos, junto a otros factores, como las condiciones climáticas.

En California, una zona de 100 millones de acres (más de 400.000 km2), un tercio de la cual está cubierta de bosque, los veranos son cada vez más calurosos y secos. Entre 2008 y 2017 se quemaron 6,9 millones de acres (28.000 km2). El fuego más mortal del estado todavía permanece en la memoria colectiva. Hace sólo dos años, 85 personas quedaron atrapadas al tratar de huir de la pequeña ciudad de Paradise en el norte del estado, el 90% de la cual fue destruida por las llamas.

“La evidencia habla por sí misma: el cambio climático es real”, aseveró el gobernador Newsom a Donald Trump. A principios de septiembre, se registraron 49 grados en el condado de Los Ángeles. Temperaturas sin precedentes. “Terminará llegando el frío”, replicó el presidente. Detrás de esta aparente ligereza hay en realidad un sólido balance en materia de desregulación ambiental, advierte la abogada Hana Vizcarra.

Junto a sus colegas de la Facultad de Derecho de Harvard, la letrada y sus colegas de la Facultad de Derecho de Harvard han analizado un centenar de medidas. “La llegada de Andrew Wheeler al frente de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. marcó un punto de inflexión. La Administración Trump ya no se limita a revisar las leyes, sino que las reinterpreta”.

Desde su ciudad natal de Wilmington, Delaware, Joe Biden también criticó el 14 de septiembre el historial de su rival electoral. Lo que está en juego para el candidato demócrata es doble: seducir a los jóvenes partidarios de izquierda del senador Bernie Sanders y del Green New Deal, sin alienar a la clase media blanca y trabajadora, especialmente en el Medio Oeste.

Un electorado centrista contradictorio

En el país, dos tercios de los estadounidenses creen que el gobierno federal no está haciendo bastante en materia medioambiental, según un sondeo reciente realizado a 10.957 personas por el independiente Pew Research Center. ¿La inversión de dos billones de dólares prometida por Joe Biden durante cuatro años para lograr la neutralidad del carbono en 2050 tendrá el mismo nivel de apoyo?

En Bakersfield, Johnny, jubilado del sector inmobiliario, lo duda. Sólo su historia resume las contradicciones del electorado centrista. “Trump ha sido un buen presidente para el empleo”, comienza. “Sigue siendo un gran hombre de negocios a pesar de su gestión de la epidemia”. ¿Sabe a quién va a votar en noviembre? "¡Oh, yes!”, responde Johnny seguro de sí mismo.

Su mujer, supervisora de un importante productor de zanahorias, es mexicana, confiesa. “Los prejuicios de Trump contra los latinos... ya sabe…”, lamenta Johnny, no sin cierto rubor. Votará a Biden.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Nada escapa a la exacerbada polarización de la campaña presidencial de EEUU. Y en tiempos de pandemia, la carrera por las vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 está contaminada por el enfrentamiento entre Donald Trump, el presidente republicano que opta a la reelección, y su rival demócrata, Joe Biden.

Trump lanzó en mayo en la Casa Blanca la operación Warp Speed (Velocidad del rayo), cuyo nombre resume lo que está en juego: llegar a desarrollar una vacuna lo más rápidamente posible movilizando los recursos de la Administración, del Ejército y del sector privado. El objetivo es producir para finales de año decenas de millones de dosis seguras y eficaces, aprobadas por la Food and Drug Administration (FDA), el organismo responsable de autorizar la comercialización de los medicamentos en Estados Unidos, y disponer de unos 300 millones de dosis para mediados de 2021.

Como subraya uno de sus responsables, el inmunólogo marroquí jubilado Moncef Slaoui, exdirigente del gigante farmacéutico mundial GlaxoSmithKline (GSK), “el ritmo y el alcance de semejante esfuerzo de vacunación no tiene precedentes”. El presupuesto es proporcional a lo que está en juego, 10.000 millones de dólares para ocho candidatos a la vacuna. Y la FDA podrá acelerar los procedimientos en el marco de un proceso de vía rápida conocido como “emergency use authorizarion (EUA)” (autorización de empleo de emergencia).

Gallardo, Donald Trump incluso ha comparado la Warp Speed con el proyecto Manhattan, que permitió a Estados Unidos, en medio de su esfuerzo bélico, adquirir la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial…

En declaraciones a la web de Science,Moncef Slaoui asegura que no ha sufrido presiones políticas para que la vacuna esté disponible antes del 3 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales, y asegura que quiere disponer de una vacuna segura y efectiva por encima de todo.

“Si una vacuna [da pruebas de seguridad y eficacia] el 25 de octubre, la autorización se solicitará el 25 de octubre; si es el 17 de noviembre, será el 17 de noviembre; si es el 31 de diciembre, será el 31 de diciembre. Tenemos que estar absolutamente protegidos de la política. No puedo controlar lo que dice la gente. El presidente dice cosas, otros dirán cosas. Créame, no se presentará ninguna EUA si no funciona”, ha afirmado.

Pero este posicionamiento no ha sido suficiente. Inevitablemente, el asunto se ha colado en la campaña y Donald Trump no se ha mostrado nada comedido. El presidente norteamericano –que antes no ocultaba sus dudas sobre las vacunas, llegando a lanzar acusaciones infundadas sobre la relación entre la inmunización infantil y el autismo y, que a su llegada, debilitó el sistema de vacunación en EEUU– ahora se encuentra defendiéndolas cínicamente porque las ve como un buen modo de limpiar su imagen ante el electorado después de su desastrosa gestión de la pandemia.

Según la CCN, incluso ha podido presionar a la FDA para que acelerara el ritmo y obtener la autorización antes del 3 de noviembre. “Estamos muy cerca de tener una vacuna. Si quieren saber la verdad, la Administración precedente habría tardado años en tener una vacuna quizás debido a la FDA y a todas las aprobaciones. Y estamos a pocas semanas de tenerla... podría llevar tres, cuatro semanas”, dijo el 15 de septiembre. Al día siguiente, prometió una vacuna para mediados de octubre.

En su discurso grabado ante la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas el martes 22 de septiembre, volvió a abordar la cuestión, acusando de nuevo a China de “haber desatado esta plaga en el mundo”. “Gracias a nuestros esfuerzos, hay tres vacunas en las fases finales de los ensayos clínicos. Las estamos produciendo en masa por adelantado para que puedan ser entregadas tan pronto como estén disponibles. Distribuiremos una vacuna, derrotaremos al virus, acabaremos con la pandemia y entraremos en una nueva era de prosperidad, cooperación y paz sin precedentes”, se jactó.

El número de fallecidos por el covid-19 en Estados Unidos ha superado los 200.000, el más alto del mundo, por delante del Brasil, India y México. “El número de muertos equivale a un ataque del 11-S cada día durante 67 días. Es aproximadamente igual a la población de Salt Lake City o Huntsville, Alabama”, escribía la agencia de noticias estadounidense Associated Press. Donald Trump se negó a hablar cuando fue entrevistado por una periodista. “¿Alguien más?”, esquivó.

Así como eludió otro tema controvertido planteado por el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades Robert Redfield en una audiencia en el Senado. Redfield explicó que no tenía presupuesto suficiente para la distribución en 24 horas de una eventual vacuna. La respuesta del presidente de EEUU dio una respuesta trumpista: “Creo que probablemente ha entendido mal la pregunta”.

En las filas demócratas, la respuesta no es fácil. Se trata de no tirar el grano (una posible vacuna) con la paja (Donald Trump). Un ejercicio no siempre fácil, mientras que los republicanos no dudan en caricaturizar cualquier posición de aquéllos. Esto es ni más ni menos lo que le pasó a la compañera de lista de Joe Biden, Kamala Harris, entrevistada por la CNN con relación a la vacuna. “No voy a confiar en Donald Trump, y tendrá que ser una fuente creíble quien hable de la eficacia y la fiabilidad de aquello de lo que [Trump] habla”.

Los republicanos han contraatacado, acusándolo de no querer el bien de los norteamericanos. La vacuna contra la mala fe aún no se ha inventado y Trump y sus partidarios pueden continuar su campaña de manipulación.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

¿Quién se acuerda todavía de Grover Norquist? En 1985, a los 29 años, este joven graduado en Harvard entraba en la arena política de Washington. Ronald Reagan iniciaba su segundo mandato en la Casa Blanca después de una victoria aplastante frente a Walter Mondale en las elecciones presidenciales de 1984.

Ahora, acostumbrados como estamos a las victorias electorales ajustadas, resulta difícil concebir el maremoto que supone la diferencia de 20 puntos entre los dos candidatos de ese año (aunque Joe Biden se vanagloria de estar apenas seis puntos por delante de Trump en los sondeos). Mondale sólo se impuso a Reagan en su estado natal, Minnesota. La diferencia en el colegio electoral fue más que abismal, 525 votos para Reagan frente a los 13 que sacó Mondale.

Estados Unidos, y el mundo entero con él, atravesaba la edad de oro de la contrarrevolución conservadora. Las regulaciones se atenuaban, la inflación se reducía, el gasto militar estaba en pleno auge, y las fábricas se deslocalizaban en busca de sueldos más bajos. Los sindicatos retrocedían. Se decía del sida que era la respuesta de Dios a la permisividad de los años 60. Se vendaban las heridas de la guerra de Vietnam con escaramuzas en América Latina.

Los demócratas –antaño el partido de Franklin Roosevelt y del New Deal– se retiraban frente al reaganismo; una Cámara de Representantes controlada por el partido del burro (demócrata) sacaba adelante las enormes rebajas impositivas de 1981 y 1986.

Norquist, preocupado por encontrar su sitio en este Risorgimento republicano, fundaba en 1985 la organización Americans for Tax Reform (Americanos a favor de la reforma impositiva). A pesar de su nombre anodino, el lobby se convertirá en uno de los más poderosos de Washington en las décadas siguientes. Su único objetivo: reducir los impuestos.

Este personaje, especie de piedra angular de la derecha estadounidense, permaneció entre bastidores del movimiento conservador hasta la década del 2000. Una de las principales tácticas de su lobby era conseguir firmas de figuras políticas, en su mayoría republicanas, pero también algunas demócratas, para la famosa “carta para la reducción de impuestos”.

Al prometer que nunca votarían por un aumento de los impuestos o las tasas, los cargos electos locales y federales tendían una mano a la organización militante del lobby. Si la transgredían, se convertían en el blanco de una meticulosa campaña para destituirlos y sustituirlos por alguien más disciplinado.

Mantener el gobierno, paralizar el proceso legislativo, aumentar el déficit federal para forzar el desmantelamiento y la privatización de los servicios públicos. Estas son las tácticas básicas de un movimiento conservador ansioso por destruir a toda costa los inicios del estado de bienestar construido a lo largo de décadas de hegemonía progresista en Washington."No quiero abolir el estado en sí mismo”, admitió Norquist durante el primer mandato de George W. Bush, “sólo quiero reducirlo a un tamaño en que meterlo en el baño y ahogarlo en la bañera”.

Resulta conveniente decir que Trump representaría una ruptura con la doxa del movimiento conservador heredado de los años de Reagan. Frente a la doctrina del dejar hacer “cueste lo que cueste” del republicanismo clásico, Trump supuestamente marca un punto de inflexión social de la derecha estadounidense y un intento por sentar sus bases en una clase obrera blanca degradada por la desindustrialización del país desde la década de los 80. Norquist lo ve de otra manera, y su lectura debe alertarnos de la coherencia y radicalidad de la ofensiva conservadora contra las conquistas democráticas y progresistas.

A pesar de sus llamadas al nacionalismo y al proteccionismo económicos, Trump se alinea, según Norquist, con las doctrinas del movimiento conservador. En una entrevista con la revista The Atlanticen 2017, se mostraba entusiasmado por la lealtad del actual inquilino de la Casa Blanca a los principios del republicanismo: “La política regulatoria de Trump es reaganiana. Su reforma fiscal es reaganiana. Es más agresivo que Reagan en lo que respecta a la legislación laboral”reaganiana.

Norquist, que alude a su encuentro con Trump unas semanas después de que llegara al poder en enero de 2017, alude al entusiasmo que el presidente manifiesta hacia este agente provocador de la derecha americana. “Estoy contigo al 100%”, asegura que le repitió Trump tres veces.

Pero Norquist y Trump no coinciden sólo en el plano económico. La carrera de Norquist muestra los lejanos orígenes del antiliberalismo político en el seno del movimiento conservador. Mediante su estrategia de asfixiar completamente a la oposición política y su feroz insistencia en la rigidez ideológica, figuras como Norquist ilustran cómo el desmantelamiento del Estado social ha ido acompañado, desde los años 80, de un ataque sistemático a las prácticas del pluralismo democrático.

Así, Norquist se convirtió en uno de los artífices de la resistencia masiva que guio la estrategia republicana en el Congreso tan pronto como Obama llegó al poder, en 2008. Una importante crisis económica, la promesa de una reforma profunda del sistema sanitario, una sensación tangible del agotamiento del Partido Republicano por los años de George Bush, movimientos como Occupy Wall Street en 2011... varios signos parecían anunciar una ruptura con los límites impuestos a la política estadounidense desde Reagan. Esto no es para nada lo que pasó.

La contrarrevolución conservadora, que sacude y gangrena las instituciones democráticas desde la década de los 1980, nunca ha sido tan destructiva y tan carente de capacidad para gobernar el país como lo es hoy en día. Desde el comienzo de la pandemia del covid-19, una docena de millones de estadounidenses se han quedado sin seguro médico. Un informe reciente de Oxfam muestra que Jeff Bezos, el fundador de Amazon, podría dar a cada uno de sus 876.000 empleados una prima de más de 100.000 dólares y, aun así, preservar su fortuna previa a la crisis.

La radicalización del movimiento conservador es, sobre todo, un síntoma de su debilitamiento en un país que desea un cambio profundo –y a menudo radical–. Su antiintelectualismo crónico, su negación casi total de la experiencia de gobernar en nombre de intereses estrechos, su rechazo total de la realidad compleja y multicultural de la sociedad de EEUU, su defensa cueste lo que cueste de una aristocracia económica intocable... por todo ello, da la impresión de que no tiene ninguna intención de gobernar, que se contenta con paralizar la sociedad, con sus injusticias y desigualdades.

La derecha está muerta... pero no puede morir

Mientras escribo este artículo, el humo de los incendios forestales de California llega hasta las avenidas de la ciudad de Nueva York. Cuando, en una reunión el 14 de septiembre de 2020, con figuras políticas de los estados afectados por la crisis, Trump aseguró que el calentamiento global pronto dará lugar a un nuevo ciclo de enfriamiento planetario...

Visto en perspectiva, la dominación conservadora en Washington puede dividirse en dos actos. La vergüenza de la guerra en Irak y la crisis de 2008 han hecho saltar en pedazos su hegemonía sobre la política americana. Ante su marginación en el espacio político del país, proceso que se ha venido desarrollando desde la victoria de Obama en 2008 y que se ha acelerado por el éxito de figuras como Bernie Sanders, la estrategia principal del movimiento conservador en la actualidad es librar una guerra de posiciones para frenar un posible punto de inflexión progresista en la opinión pública.

La radicalización en marcha no debe llamar a engaños. En la práctica, la clase política norteamericana expresa una nostalgia crónica por las formas pasadas de conservadurismo moderado, que están ampliamente mitificadas. Mientras Biden hace de su capacidad de trabajar con los republicanos una de sus principales virtudes, debería más bien sacar de su experiencia en la Casa Blanca con Obama la inevitabilidad de la resistencia masiva que le daría la bienvenida al poder.

De hecho, hay algo banal o casi pastoral en las tácticas políticas de un Grover Norquist. Restricciones del derecho de voto en estados clave, y especialmente en barrios de clase trabajadora o de tendencia demócrata; intentos de detener el voto por correo en unas elecciones que registrarán cifras inéditas de esta forma de participación; amenazas de despliegue militar en caso de que se cuestionen los resultados; acciones legales en nombre de la “sedición” de los manifestantes de Black Lives Matter este verano: el leve antiliberalismo que durante mucho tiempo ha caracterizado a la derecha americana frente a cada riesgo de desviación progresista se está convirtiendo, gradualmente, en una forma más o menos asumida de autoritarismo político.

Tampoco hay nada mejor que apoyarse en la constitución norteamericana, que es muy favorable a la defensa de los intereses u opiniones de las minorías y que ha permanecido en gran medida inalterada durante más de un siglo. En las cinco elecciones presidenciales del siglo XXI, los republicanos han ganado el voto popular sólo una vez (en 2004), mientras que han ocupado la Casa Blanca durante tres mandatos, hasta la fecha.

El Senado, que podría considerarse un verdadero bastión del conservadurismo, es también uno de los órganos políticos más minoritarios que conoce una democracia liberal contemporánea. Debido a la representación igualitaria de cada estado (aporta dos senadores cada uno), la mitad de la población norteamericana está representada por sólo unos 20 de los 100 senadores que componen la Cámara alta de EE.UU.

A decir de la agitación que altera el espacio mediático conservador, incluso esto es demasiado indulgente hacia la representación política mayoritaria. En un artículo de opinión publicado en el muy conservador The Wall Street Journal el 8 de septiembre, el senador republicano Ben Sasse pidió una reorganización absoluta de la institución. El senador de Nebraska aboga por la derogación de la 17ª Enmienda de la Constitución, aprobada en 1912, según la cual se elige a los senadores por votación popular en cada estado.

Hasta 1912, los senadores eran elegidos por los legisladores de cada estado. Lo mismo en lo que respecta a la duración de los mandatos. Sasse considera que los seis años concedidos a los senadores exponen a la institución al riesgo de ser arrastrada por las olas y la histeria de la opinión pública. Por lo tanto, propone limitar a cada senador a un solo mandato, ¡pero extenderlo a 12 años!

La muerte de la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, el 18 de septiembre, es una oportunidad caída del cielo para un conservadurismo minoritario. Trump y el líder de la mayoría republicana en el Senado Mitch McConnell –tal vez el hombre más poderoso de Washington después de Trump– tienen la oportunidad de sustituir a este icono de la jurisprudencia progresista por el sexto juez de tendencia republicana.

Al hacerlo, McConnell entraría en contradicción con su propia oposición al nombramiento de Merrick Garland (Obama, 2016) con la justificación de esperar a que el nuevo presidente asuma el cargo. Respetar este principio de repente ya no es un imperativo para él y se entiende por qué: sería perder la posibilidad de consolidar (y perpetuar para la próxima generación) una mayoría conservadora en este tercer pilar del Estado americano.

Una de las brechas abiertas por los progresistas en los últimos años fue en un referéndum celebrado en 2018 en el estado de Florida. Una enmienda, titulada “Voting Rights for Felons Initiative” [Iniciativa sobre el derecho de voto para los delincuentes], devolvió el derecho de voto a los antiguos delincuentes del estado, una decisión que afecta a cerca de un millón de ciudadanos.

Pero el 11 de septiembre, un tribunal federal de apelaciones, impulsado por cinco personas nombradas por Trump, validaba una ley aprobada por el Estado que exige que los exreclusos hayan cumplido la integridad de las penas para poder concurrir a las urnas. Dada la sobrerrepresentación de la población negra (objetivo del sistema penitenciario de EEUU), los activistas se oponen con razón a la introducción de un impuesto al voto digno de la era de Jim Crowimpuesto.

Algunos editorialistas llegan a aludir a la posibilidad de un rechazo a un traspaso del poder, de milicias y de paramilitares en las calles, y se alarman ante la posibilidad de casi guerra civil, ante una virtual victoria de Biden el 3 de noviembre. Puedo ser incluso más pesimista. Estados Unidos se debate entre la contradicción de un sistema político paralizado y una sociedad que está despertando a la idea de una auténtica igualdad de derechos.

En esta lucha, la contrarrevolución conservadora cuenta con una ventaja definitiva: la de no necesitar ni siquiera un golpe de estado, tan arraigada como ha estado en el funcionamiento de una democracia cerrada durante dos décadas. La derecha está muerta, pero no puede morir. El modesto y mínimo punto de inflexión progresista propuesto por Biden ya corre el peligro de nacer muerto.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La impresionante complexión del hombre y la violencia de los hechos que me describe contrastan totalmente con la delicadeza de sus gestos y la ternura que muestra hacia los niños que le rodean. Sentado sobre una vieja alfombra frente a su casa de madera, M. amasa pan, lo extiende en una bandeja de metal, dándole palmaditas con sus enormes dedos para formar huecos, antes de poner la masa en un pequeño horno eléctrico.

Estamos en Pikpa, un campamento de refugiados dirigido por una ONG, en las afueras de Mitilene, no muy lejos del campo de Moria.

M., como todos los refugiados que viven en “Pikpa village”, pasó por Moria. Ellos saben lo que es el antiguo Moria. Me cuenta, evitando mirarme directamente, sin duda para armarse de valor o por pudor, que llegó a Grecia con su familia, después de perder a sus padres en un atentado suicida de Daesch, en el ataque a una mezquita chiíta en Herat, su ciudad natal. Y después de que la milicia talibán hiciese una redada en su casa y le diese una paliza a su esposa, al no encontrarle a él.

Apenas son las 7 de la mañana y delante de M. hay varias barras de pan ya horneadas y enfriándose. Debió de empezar al amanecer. Sé que normalmente es su esposa quien hace el pan. Le pregunto dónde está y M. me dice que se encuentra descansando porque estuvo cocinando hasta las dos de la madrugada para preparar la comida para sus amigos de Moria, otras dos familias afganas que realizaron con ellos la travesía.

Pero menos afortunados o menos vulnerables, todavía estaban en Moria en el momento del incendio. La capacidad de Pikpa (puede albergar a unas 200 personas) es irrisoria en comparación con el número de migrantes presentes en la isla de Lesbos –llegaron a ser 28.000 hace unos meses, casi tantos como los habitantes de Mitilene, para pasar a ser 13.000 en el momento del incendio en Moria, el 8 de septiembre–.

M. me confía que la comida distribuida en Moria desde el incendio es a todas luces insuficiente y sus amigos de “game” (término utilizado para describir los grupos formados en las travesías) se quedan sin comida.

M. y su esposa no pueden permanecer indiferentes a sus gritos de ayuda. Tienen niños pequeños, me dice. Son como nosotros. No podemos defraudarlos. Una vez horneado el pan, lo carga, junto con los recipientes de comida y alguna ropa de niño, en una caja de plástico en el portaequipajes de su bicicleta y se dirige a Moria.

Capto la mirada preocupada de su esposa, A., que, entre tanto, se ha despertado. A veces, habitantes hostiles tienen reacciones violentas o la policía griega lleva a cabo arrestos arbitrarios en la carretera. Pero M. se muestra confiado. Tengo el papel de Pikpa, me dice. No me pasará nada. Me dejarán volver.

A., su esposa, ya se está preparando para el trabajo del día, que será largo. Los habitantes y voluntarios de Pikpa han decidido juntos ser solidarios con la gente que vive en Moria. Desde el primer día, les envían varios cientos de paquetes de ropa y raciones de comida. Se encargan de ello un grupo de mujeres migrantes, residentes en Pikpa, ayudadas por los voluntarios, y hay días que proporcionan hasta mil comidas.

Me dirijo a Moria. Tengo una cita con N., un joven activista norteamericano que se mudó a Lesbos hace cinco años para trabajar con una ONG en Moria que trabaja en la protección de menores. En los últimos meses, incluso ha empezado a aprender persa, para comunicarse mejor con los afganos, que constituyen la mayoría de la población de Moria.

Cuando llegamos al control de acceso, a 200 metros de la entrada del campamento, la policía nos obliga a hacer un gran desvío de unos 20 kilómetros, hasta la otra entrada del campamento. El taxista que nos lleva hasta allí nos dice, en señal de solidaridad, que detiene el taxímetro en 20 euros, porque piensa que es injusto cobrarnos más cuando casi habíamos llegado.

Ese día, los policías griegos ordenan que nadie pase por sus controles de carretera, excepto algunos miembros de Médicos sin Fronteras, ¡y en especial que se impida el acceso a los periodistas extranjeros! Y de hecho, también en el otro lado, los policías nos niegan la entrada. Entonces, N. me ofrece ir por un camino lateral y subir una colina para llegar al campamento.

Desde el incendio de Moria, N. actúa solo, a la espera de que la ONG con la que trabajaba obtenga el permiso necesario para intervenir. Es probable que sea un proceso largo, dada la burocracia griega. Cada mañana, reúne provisiones, compradas con su propio dinero, mientras pueda llevarlas con ambas manos y a la espalda, y luego sube la colina para distribuirlas con quien se encuentra.

A veces, son “power Banks” para recargar los móviles, dada la falta de electricidad. Ese día, compramos juntos mascarillas, jabones y toallitas. Decido no hacer ninguna pregunta, N. me inspira confianza. En lo único en que no estamos de acuerdo es en qué hacer si nos ve una patrulla de policía móvil. N. prefiere salir corriendo. Sé que no tengo ninguna posibilidad de dar esquinazo a jóvenes policías en forma, así que si es necesario, me detendré para dejarme interrogar. Poco después, nos encontramos con algunos jóvenes afganos que van en dirección contraria. Les hablo en persa. “Vía libre”, me dicen. Seguimos subiendo la colina. En un momento dado, pasa sobre el nuevo campamento en construcción. Unos 20 minutos más tarde, mientras bajamos por el otro lado, nos encontramos de repente en medio del nuevo Moria.

El camino está lleno de tiendas de campaña distribuidas por ONG y campamentos improvisados hechos de todo tipo de materiales. Alambre de espino, cubos de basura, lonas de plástico, ramas de olivo. Cualquier cosa que pueda soportar una apariencia de techo, cualquier cosa que pueda proporcionar sombra y protección del sol, que es todavía muy fuerte. Niños de todas las edades, a menudo descalzos, juegan en la maleza.

Montones de basura se acumulan cada pocos metros. Unos pocos emigrantes, con perspicacia comercial, sacan cajas llenas de botellas de aceite y paquetes de azúcar y arroz, que quién sabe cómo han conseguido, para venderlas a otros. Una pareja lava a un bebé recién nacido que llora al lado de la carretera. Otros se pelean por el acceso al punto de agua, mientras que un poco más allá los adolescentes se echan agua para refrescarse.

Tan pronto como algunos me oyen hablar persa, se arremolinan en torno a mí. Las preguntas y peticiones abundan. ¿Con qué ONG estoy trabajando? ¿Soy periodista? ¿Qué les va a pasar? ¿Cómo es el nuevo campamento? ¿Tienen que aceptar ir? Agua potable, leche en polvo para bebés, jabón, champú, papel higiénico, medicinas y calzado, especialmente zapatos para niños. No les queda nada, lo dejaron todo en las tiendas la noche del incendio.

Una joven me hace señas para que me acerque. Está meciendo a un bebé. Me arrodillo a su lado. Me muestra su pecho. Se le ha acabado la leche. “Di a luz justo una semana antes del incendio”, me dice. Tiene otros tres hijos que alimentar y nada que comer. Su marido me muestra un paquete abierto de galletas y me explica que esto es todo lo que han comido desde el día anterior.

Un nuevo campamento en una ladera muy empinada

Estamos a 15 de septiembre, ha pasado una semana desde el incendio. Quiere que le saque una foto, pero esconde su cara para que su madre, si la foto llega a publicarse, no la reconozca. “Estoy demasiado avergonzada”, afirma, cubriéndose la cara.

Otro hombre me muestra una botella de agua mineral, que guarda cuidadosamente para sus hijos. De media, se distribuye menos de un litro de agua potable por persona al día, mientras la temperatura sigue siendo superior a 30°C durante la jornada. El agua de los pocos grifos existentes no es potable, según explica dice otra madre. Sus dos hijos ya tienen diarrea, lo mismo que ella. Me pregunta si tengo antidiarreicos.

Otra mujer, de edad indefinida, con los rasgos marcados por el cansancio, me hace un gesto y me dice al oído: “Llevo varios días sangrando mucho y me siento mareada. No tengo compresas. ¿Tienes alguna?”. Bajo la cabeza, impotente. Me dice que se envuelve en plástico, para no ensuciarlo todo en la tienda. Lo que ella llama “tienda” es en realidad una manta rota como techo y un pedazo de plástico en el suelo. Aquí es donde vive con sus dos hijos y su nieta.

Otro hombre viene a verme. Siempre el hambre que los persigue. Todavía me queda algo de dinero, me dice, y traté de comprar comida en las tiendas del pueblo de al lado subiendo la colina, pero los comerciantes no me quisieron vender nada. Otro hombre me dice que incluso los lugareños le golpearon, antes de alertar a la Policía, que lo detuvo.

Hace unos años, la gente de Mitilene solía ayudar a los migrantes llegados a sus playas. Tuvieron que dejarlo, hastiados, ante el creciente número de migrantes que llegaban, la ineficiencia de los sucesivos gobiernos, tanto de izquierdas como de derechas, sumidos ellos mismos en una fuerte crisis económica, y ante la indiferencia de la Unión Europea, a la que se ha sumado la pandemia.

Otra mujer me dice acongojada que le queda dinero en su cuenta, su subsidio de refugiada, pero de qué sirve, si su tarjeta se quemó en el incendio y ya no puede ir a la ciudad a sacar dinero del banco.

Un padre de familia iraní me muestra sus papeles. “Mi prueba de ADN fue positiva, pero todos los documentos se quemaron en el incendio del centro EASO, donde se guardaban todas las solicitudes de asilo y documentos”. ¿Prueba de ADN?”. Le pregunté con asombro. “Para demostrar que somos los padres de mi hijo y poder reunirnos con él en Atenas”, respondió.

Pero todavía tiene que esperar para ver a su hijo de 12 años, que se extravió en el trayecto hace tres años. En el otro extremo del campo, en la zona donde se han asentado los congoleños y los somalíes, alguien se dirige a mí en francés. Me acerco a ellos.

Un joven congoleño me explica que había salido del hospital psiquiátrico antes del incendio, que sus problemas mentales habían mejorado, pero que no sabe cuánto tiempo durará en este infierno sin tratamiento ni atención psicológica. Me pregunta si quiero ver su certificado médico de vulnerabilidad. Le digo que creo en su palabra.

A la precariedad de la situación se suma la preocupación de los migrantes que saben que sus trámites se retrasarán. En un infierno administrativo, están condenados a permanecer en este campo hasta nuevo aviso. Ante la ausencia total de comunicación por parte de las autoridades griegas. Algunos migrantes esperan una respuesta desde hace cuatro años. Moria era una pesadilla, pero al menos había comida y agua y sabíamos dónde íbamos a dormir por la noche, dicen.

Un grupo de jóvenes migrantes me cuenta lo ocurrido el domingo 13 de septiembre, cuando los migrantes, nerviosos, se manifestaron pacíficamente, pidiendo su reubicación y se enfrentaron a los gases lacrimógenos de la policía, que llegó incluso a golpear a los niños que estaban cerca.

Le doy mi número de teléfono a algunos emigrantes para servir de transmisor de información. El jueves por la noche, se produce la primera llamada de un menor no acompañado al que conocí y al que intento ayudar. Me dice que los migrantes están empezando a ser reubicados en el nuevo campamento, pero sin ningún anuncio previo. Tal vez para evitar protestas, ya que muchos de los migrantes temen ser reubicados en el nuevo campamento, que parece ser un espacio cerrado sin instalaciones. Mi joven interlocutor me describe la técnica utilizada por los policías griegos: mueven sus autobuses para separar a un grupo de migrantes del resto del campamento, antes de reunirlos en otros autobuses y llevarlos al nuevo campamento. Los migrantes, exhaustos y hambrientos, se resisten al principio, pero finalmente se dejan llevar.

El viernes por la tarde, otra llamada del mismo menor me dice que al resto de los migrantes ya se les ha obligado a mudarse. Llamo a otro migrante que confirma los hechos. Todos los migrantes ya están en el nuevo campamento. La capacidad inicial anunciada es de 5.000 personas. Pero en realidad, el nuevo campamento alberga a 13.000 personas. Fue construido en una colina empinada con vistas al mar. No hay agua corriente ni electricidad. Y la docena de instalaciones sanitarias, apenas instaladas, ya están todas fuera de servicio. Las tiendas pequeñas se entregan a una docena de migrantes, y las grandes albergan hasta 250 personas.

Como están colocadas en la roca sin que el suelo haya sido nivelado, es imposible acostarse en algunas, ya que la pendiente es muy pronunciada.

La comida sigue brillando por su ausencia. En el mejor de los casos, reciben una comida y una botella de agua cada 24 horas, cuando hay suficiente para todos. El nuevo campamento está completamente cerrado. A pesar de las pruebas sistemáticas de covid y de que se somete a cuarentena a los migrantes contaminados, se impide la salida a todos los residentes del campamento. Esto explica la resistencia de los migrantes que temen un confinamiento de facto, que ya han experimentado desde febrero.

Durante el fin de semana me van llegando otros sms. De G., un menor no acompañado de 16 años, que se encuentra por error con los hombres solteros, en una zona del nuevo campo rodeada de alambre de espinos. Le digo que ya he dado su nombre a una ONG para que lo transfieran, pero tardará unos días. Tengo mucho miedo, escribe, no soporto estar con ellos. Los migrantes mayores me han quitado el colchón, no tengo sitio para dormir en la tienda, no sé cómo aguantar.

Al salir de Lesbos, pienso en M. y su esposa y me digo a mí misma que si tal oleada de generosidad es posible por parte de una familia de migrantes, que a su vez están necesitados, la Unión Europea debe lógicamente ser capaz de proporcionar ayuda suficiente para aliviar las necesidades inmediatas de las víctimas del incendio de Moria, o para acogerlas en otros países europeos, de lo contrario Europa habría perdido todo su significado, si no su esencia.

Por la mañana, al descender del barco que me llevaba al Pireo, no puedo olvidar la cara de Hekmat, de grandes ojos negros. A sus ocho años, me explica que es afgano pero que no conoce su país porque nació en Irán. Luego me dice: “No tengo zapatos”. Mis ojos se dirigen hasta sus pies, que nada en unas zapatillas enormes.

“Son de mi madre”, explicó. “¿Puede traerme un par de zapatos?”. Le dije que era poco probable que pudiese volver. Me miró con esos grandes ojos negros y me dijo: “Vale, pero en caso de que vuelvas, calzo el 31”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Casi veinte años después de la comisión Lumumba, Bélgica acaba de crear una “comisión especial” para examinar su pasado colonial en el Congo, Ruanda y Burundi, pero también “sus consecuencias y la medidas que proceda adoptar”, según el título oficial de su misión. Se espera que el trabajo de dicha comisión concluya un año después de su creación, antes del 16 de julio de 2021.

“Se trata de una oportunidad para dejar atrás 60 años de ambigüedades en nuestro discurso oficial sobre la era colonial, para poner en marcha una serie de buenas prácticas para los antiguos países colonizadores”, según explica el presidente de la comisión Wouter De Vriendt a Mediapart (socio editorial de infoLibre). Este diputado ecologista flamenco (Groen) no parece especialmente preocupado por la magnitud de la tarea: “Disculpas o no, compensaciones, restitución de obras de arte, estatuas, transmisión a través de los libros escolares... Bélgica necesita saber lo que dice de su pasado colonial”.

Serán 17 los diputados belgas encargados de estudiar tres experiencias históricas controvertidas: la presencia belga en el Congo –la actual República Democrática del Congo– como Estado independiente del Congo (1885-1908), propiedad personal del Rey Leopoldo II, entonces una administración colonial de Bélgica (1908-1960), pero también la colonización de Ruanda y Burundi, desde su transferencia bajo la entidad Ruanda-Urundi de Alemania a Bélgica en 1919, hasta su independencia en 1962.

“Si los debates son realmente públicos, tal y como se ha comprometido la Cámara, será algo muy bueno”, advierte Romain Landmeters, historiador de la Universidad de Saint-Louis-Bruselas. “Ya no basta con debatir el pasado en la prensa escrita con la ayuda de historiadores y expertos. Se ha hecho necesario objetivar las cosas dentro de una asamblea oficial, y hacer más compleja la comprensión de las consecuencias de este pasado en la Bélgica contemporánea”.

El principio de esta comisión de “verdad y reconciliación” era validado en junio por todos los partidos políticos belgas, con la excepción de la extrema derecha flamenca Vlaams Belang (que cuenta con 18 diputados de los 150 que integran el Parlamento federal). Las formaciones, hasta entonces reacias, se vieron obligadas a ceder ante la presión de los movimientos sociales, al tiempo que en Bélgica se multiplicaban las concentraciones multitudinarias a raíz de la muerte de George Floyd en Estados Unidos en primavera.

El 7 de junio, alrededor de 10.000 personas se reunían en Bruselas en apoyo al movimiento Black Lives Matter. Las estatuas de Leopoldo II y sus generales sufrieron daños en varias ciudades de Bélgica, incluidas Bruselas y Amberes. El 30 de junio, con ocasión del 60º aniversario de la independencia del Congo, el rey Felipe Leopoldo manifestaba a las autoridades congoleñas “su más profundo pesar por las heridas del pasado”, pero ni rastro alguno de una disculpa formal.

“La muerte de George Floyd fue el detonante, pero no quiero que el inmenso trabajo realizado por las asociaciones durante más de diez años se reduzca al suceso de Floyd”, apunta Kalvin Soiresse Njall. Este diputado electo de la comunidad francófona de Bélgica, cofundador en 2012 del colectivo Memoria colonial y lucha contra la discriminación, recuerda las dos resoluciones presentadas en 2014 y 2017 por el partido ecologista para crear una comisión sobre el Congo, que fueron rechazadas en su momento. La cuestión de la descolonización aparece también, por primera vez, en el acuerdo de gobierno alcanzado el año pasado en Valonia (la región francófona de Bélgica) entre socialistas, ecologistas y liberales del Movimiento Reformador.

Sin remontarse a la comisión sobre el asesinato de Patrice Lumumba y las responsabilidades del Estado belga (2000-2001), los debates sobre el legado del pasado colonial de Bélgica son recurrentes y candentes. En 2014, la publicación del libro de Assumani Budagwa, un congoleño nacionalizado belga, daba a conocer la existencia de “mestizos supuestamente abandonados”, nacidos de padre belga y madre congoleña durante la colonización, internados a la fuerza en orfanatos de las misiones católicas, y luego repatriados a Bélgica en el momento de la independencia.

En 2019, el jefe del Gobierno belga, Charles Michel, se disculpó en nombre de Bélgica “por las injusticias y el sufrimiento” infligidos a estos niños. Y más recientemente, en junio, cinco mujeres mestizas nacidas en el Congo belga, en los años 40, y separadas por la fuerza de sus madres, presentaron una denuncia contra el Estado belga por crímenes contra la humanidad. Este juicio también podría tener influencia, a distancia, en el trabajo parlamentario.

Más allá de la rapidez con la que se creó, la especificidad de esta nueva comisión es la inmensidad de su alcance. Los diputados deben trabajar sobre el ayer (colonial) y el hoy (poscolonial). Deben examinar, si se atienen a las especificaciones de la misión, al papel y al “impacto estructural” de las autoridades belgas, pero también de los “actores no estatales” (la monarquía, la Iglesia, los “explotadores de las economías coloniales”, etc.). Es aquí donde el asunto podría complicarse rápidamente, ya que la cuestión del enriquecimiento de ciertas familias belgas gracias a las colonias sigue siendo tabú.

“La cuestión económica asusta a muchas partes”, confirma Romain Landmeters, doctorando en historia contemporánea en el FNRS. El CD&V, el partido demócratacristiano flamenco, considerado el más cercano a la monarquía, está a la defensiva. Los independentistas flamencos N-VA se sienten más cómodos criticando el papel del rey y de Bélgica durante la colonización –Bart de Wever, su líder, pidió en 2019 una disculpa del rey–, pero también deberían hacer todo lo posible para frenar las investigaciones sobre el papel de las empresas y el enriquecimiento de los dirigentes económicos, al igual que los Belang (extrema derecha) y los liberales del MR.

Deshacerse del problema

Las deficiencias de la “partitocracia” belga –es decir, el poder exacerbado que tienen los partidos políticos en la vida política del país– pronto dieron lugar a una de las primeras controversias vinculadas a la comisión. Con el fin de preparar la labor de los diputados, en julio se nombró a diez expertos para que redactaran un informe preliminar en el que se definiera con precisión el alcance de la futura labor, que se espera para el 1º de octubre y que probablemente ya se habrá aplazado.

Una batalla en la que cada partido instaba a “su” especialista, con criterios más políticos que relacionados con la experiencia. Si bien algunos tienen autoridad, como la historiadora Elikia M'Bokolo (EHESS, Kinshasa), la presencia de Laure Uwase, presentada como especialista de origen ruandés de la región de los Grandes Lagos, causó controversia. Su vinculación a una asociación, Jambo, integrada por miembros de la diáspora ruandesa que llegaron a Bélgica en los años posteriores al genocidio, y que según una asociación de supervivientes del genocidio tutsi, Ibuka Mémoire et Justice, transmite una ideología de negación del genocidio (algo que Jambo niega).

Preguntado sobre este punto, el presidente de la comisión, Wouter De Vriendt, se compromete a consultar a muchas más organizaciones en los próximos meses: “Algunos representantes de asociaciones tienen opiniones contundentes, es normal, pero pedimos les pedimos a todas apertura de miras. Nuestra intención es escuchar una amplia variedad de opiniones y organizaciones, también en lo que respecta a Ruanda. Hay muchas agendas e intereses en juego, y no nos dejaremos influenciar por ello”.

Más allá de eso, hubo algunas ausencias sorprendentes en la lista, lo que limita desde el principio la autoridad del trabajo que se va a llevar a cabo. Nadia Nsayi, figura del antirracismo en Flandes, autora de una biografía de éxito, y comisaria de una exposición sobre el Congo que podrá verse a partir de octubre en el MAS de Amberes, se negó a asistir, al igual que Olivia Rutazibwa, de la Universidad de Portsmouth, que hizo pública su carta de rechazo.

Otra historiadora teóricamente imprescindible a la hora de abordar estos temas, Amandine Lauro, de la Universidad Libre de Bruselas, codirectora de un libro de referencia publicado en junio sobre el Congo colonial, también se negó a participar. Lauro explica a Mediapart su decisión: “Mi negativa a participar no se corresponde, como algunos han dicho, a un deseo de permanecer en una torre de marfil, o a un desprecio por la demanda de la sociedad”.

El lugar –vago– que se otorga a las asociaciones de la diáspora y a la sociedad civil suponía un problema para ella: “En el momento en que me contactaron, no había representantes del mundo asociativo [en la actualidad hay dos]. Los parlamentarios no habían llegado a un consenso sobre esta cuestión y se inhibieron de su responsabilidad política al transferirla al grupo de ‘expertos’ encargado de ‘establecer contacto’ con una serie de actores”, denuncia.

Esta profesora universitaria subraya otro punto controvertido: “Por supuesto que los políticos belgas deben actualizar su discurso sobre el pasado colonial rompiendo con la visión paternalista o complaciente que prevalecía, pero la idea de establecer una verdad ‘oficial’ y ‘definitiva’ me molesta. Sobre todo porque el grupo de expertos se constituyó conforme a criterios, no sólo de mérito científico, sino también de equilibrio político”. Lauro sigue esperando “avances innovadores” relacionados con su trabajo y no descarta intervenir en una audiencia, más adelante, ante los diputados.

Otro conocido especialista, Benoît Henriet, de la VUB, tampoco acudió: “Por haber decidido no participar no voy a criticar la decisión de algunos de mis colegas de ir: hay valor en el ejercicio de estar presente. [Pero] no encaja con la forma con que funciona la investigación en historia. No trabajamos en la búsqueda de la verdad histórica”.

Los testimonios de unos y otros coinciden en las mismas críticas y preocupaciones: el hecho de que se trate de proceso político desarrollado precipitadamente y apartado de la sociedad civil –probablemente para evitar señalar con el dedo a algunos de los partidos que apoyaron inicialmente la iniciativa–. “Alcanzar coaliciones, como la legitimidad democrática, lleva tiempo”, escribe la académica Olivia Rutazibwa para justificar su negativa, lamentando sobre todo la ausencia de un llamamiento previo a todas las asociaciones, tanto en Bélgica como en África, para participar en ella.

Apenas constituida la comisión, ésta se ha enfrentado a un gran número de colectivos, requiriendo la elaboración de una nota de trabajo al Museo Real de África Central en Tervuren, cerca de Bruselas. Esta institución lucha, a pesar de su reapertura en 2018 después de cinco años de obras, por descolonizar sus colecciones y sigue siendo un símbolo controvertido del período colonial. El papel del Museo de Tervuren en el progreso del trabajo parlamentario se ha replanteado (a la baja) desde entonces, pero el asunto ha dejado su huella.

A la cabeza de Bamko-Cran, una asociación belga de lucha contra el racismo, Mireille-Tsheusi Robert se muestra encantada, en principio, con la existencia de esta comisión. Pero lamenta la opacidad de los criterios de elección de los expertos, el lugar que se concede a las asociaciones de la diáspora –“deciden consultar a las asociaciones cuando y si quieren”– y el apretadísimo calendario de un año: “Se han saltado una reflexión fundamental sobre la metodología. Da la impresión de que Bélgica quiere deshacerse de este problema lo antes posible”.

Para esta activista, el concepto mismo de una comisión de la verdad y la reconciliación es problemático: “En Bélgica han aparecido importantes fisuras después de la muerte de George Floyd. Quieren la pacificación, que se arregle el problema de una vez por todas. ¡Pero nosotros no exigimos tanto paz como justicia! Además de que, ¿cómo se puede lograr la paz si no hay justicia?”. Wouter de Vriendt, preguntado sobre la cuestión de las reparaciones, se refiere a los detalles de la comisión, que hace alusión al respecto, y promete debatir el asunto.

Paralelamente a la comisión, Bamko ha puesto en marcha unas “reuniones descoloniales”, subtituladas “Historia, memoria, verdad, justicia y reparación”. Según Mireille-Tsheusi Robert, esta “verdadera asamblea consultiva” se basará en una veintena de comisiones temáticas que definirán el impacto de la colonización en la educación, la salud y el medio ambiente en la actualidad. Uno de los abogados de la familia Lumumba, Christophe Marchand, será el encargado de pronunciar una conferencia inaugural a principios de octubre en una iniciativa que surge de la sociedad civil.

En este punto, sigue existiendo una incógnita importante para la comisión de investigación parlamentaria: puede que no sobreviva si los partidos belgas no forman gobierno tras las elecciones legislativas de mayo de 2019, si se hace necesario volver a las urnas.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Incluso los fabricantes de vacunas contra el covid-19 temen los efectos secundarios relacionados con la velocidad de su desarrollo. Tanto es así que no quieren asumir las eventuales indemnizaciones de las potenciales víctimas. El lobby farmacéutico en el viejo continente, y más concretamente la división Vacunas Europa (1) de la Federación Europea de Industria Farmacéutica y Asociaciones (EFPIA), lo afirmó en un comunicado dirigido a sus miembros ya en mayo de 2020.

“La velocidad y la escala del desarrollo y de la salida al mercado hacen imposible generar el mismo nivel de pruebas subyacentes de las que estarían normalmente disponibles gracias a grandes ensayos clínicos y la experiencia adquirida en colaboración con profesionales de la salud. Esto crea riesgos inevitables”, escribe la EFPIA, que no ha respondido a las preguntas de Mediapart (socio editorial de infoLibre).

Esto requiere “un importante sistema de compensación amistosa y sin reconocimiento de culpa y una exención de responsabilidad civil”, continúa. Nada tranquilizador para el tercio de la población que desconfía de las vacunas, en general, ni para cuatro de cada diez franceses, que se negarían a recibir una inyección contra el covid-19, sobre todo dada la brevedad del tiempo de investigación.

La industria farmacéutica viene usando este mismo argumento para convencer a los gobiernos desde la primavera. Y funciona. La Comisión Europea ya ha alcanzado un acuerdo de compra anticipada de vacunas con una cláusula de este tipo con AstraZeneca. Se trata del mismo laboratorio que anunció la suspensión de sus ensayos clínicos el 8 de septiembre tras la aparición de un efecto adverso grave en uno de los voluntarios; luego los reanudó en Gran Bretaña cuatro días después, sin más explicaciones.

Esto es un recordatorio de que el riesgo cero no existe en la investigación médica. Los experimentos en seres humanos se llevan a cabo precisamente para evitar la comercialización de productos con una relación riesgo/beneficio desfavorable, si la eficacia no se considera suficiente en relación con el riesgo de efectos secundarios.

La Comisión Europea se encuentra actualmente en negociaciones avanzadas de compra anticipada de vacunas en nombre de los 27 Estados miembro con otras cuatro empresas: Johnson & Johnson, Sanofi, CureVac y Moderna. “Se está trabajando en formalizar firmas en las próximas semanas y es importante que Europa negocie con una sola voz, especialmente para los Estados europeos más pequeños”, argumenta Guillaume Roty, portavoz de la representación de la Comisión Europea en Francia.

Estos contratos también incluyen una cláusula de exención de responsabilidad y son vinculantes para cada país miembro que luego compra sus propias vacunas. “En los acuerdos alcanzados por la Unión Europea con los fabricantes de vacunas, y a fin de alentar sus proyectos, se optó por compartir con ellos los posibles riesgos asociados a esas vacunas para compensar los elevados riesgos asumidos por los fabricantes en el contexto del desarrollo acelerado llevado a cabo a petición de los poderes públicos”, justifica el Ministerio francés de Sanidad a Mediapart.

Traducción de Antoine Béguin, abogado especializado en responsabilidad médica: “En cuanto a la responsabilidad civil, es decir, la indemnización, la regla general es que el laboratorio es responsable de la falta de seguridad del producto”. Lo que se prevé aquí es que, una vez obtenida la autorización de comercialización, “el Estado se haga cargo de la indemnización derivada de los efectos secundarios graves, a menos que se demuestre la culpa del laboratorio”.

Si el fabricante mintió a sabiendas a las autoridades públicas, como se acusó a Servier en el caso del Mediator, entonces puede incurrirse en responsabilidad penal, pero ése es un caso extremo. Si se demuestra que se trata de un defecto de producción conocido por el laboratorio, y del que no ha informado a las autoridades públicas, lo que provoca un efecto adverso, puede que tenga que indemnizar a las víctimas. Por lo tanto, con pocas excepciones, la empresa transfiere su responsabilidad financiera a su cliente, el Estado, en caso de efectos secundarios.

“Si la Unión Europea no firmara este tipo de cláusulas, las empresas farmacéuticas no se aventurarían en busca de una vacuna. Esta es una medida necesaria porque queremos dividir por diez el tiempo habitual requerido en investigación y desarrollo. El productor tiene que ir mucho más rápido y, por lo tanto, asumir más riesgos, sobre todo porque las empresas no pueden estar seguras de que su investigación conduzca a una vacuna eficaz contra el covid-19”, argumenta también Guillaume Roty, el portavoz de la Comisión Europea.

Estados Unidos también ha aceptado que los fabricantes de sueros contra el covid-19 se curen en salud. Para la Unión Europea, la negociación de tales cláusulas con los fabricantes de vacunas supone una novedad. De ahí el temor de los defensores del acceso a los medicamentos, colectivo al que pertenece Yannis Natsis, representante de la ONG European Public Health Alliance, de que esto pueda sentar un precedente. “El dinero público financia la investigación y el desarrollo, el proceso de fabricación, la compra de vacunas y ahora, al menos en parte, la posible compensación por los efectos secundarios. ¡La industria farmacéutica se ha convertido en el negocio más seguro del mundo!”, señala.

En cambio, la mayoría de los Estados ya habían firmado esas exenciones de responsabilidad del laboratorio en el 2000. Esos contratos los vinculaban a las empresas farmacéuticas durante la campaña de vacunación contra la gripe H1N1, también conocida como gripe A, la pandemia que se produjo en 2009.

En Francia, esta “transferencia al Estado de la responsabilidad de los laboratorios por productos defectuosos” ya fue denunciada en un informe del Senado realizado en nombre de la comisión de investigación sobre la gripe A en julio de 2010. La cláusula se juzga “muy chocante, porque exime en la práctica al productor, salvo en caso de culpa probada, de toda responsabilidad, cuya carga transfiere a la solidaridad nacional”.

15 millones de indemnizaciones

Diez años después, ¿cuánto ha costado a la solidaridad nacional la compensación económica por los efectos secundarios de la vacunación contra la gripe H1N1? Hasta el momento, 15 millones de euros, según revela a Mediapart la Oficina Nacional de Compensación de Accidentes Médicos (Oniam, por sus siglas en francés). Esta institución pública se encarga de organizar este plan de compensación financiera amistosa. En ese momento, apenas el 8% de la población francesa había sido vacunada contra esta gripe.

Estos 15 millones de euros incluyen el importe del cheque final recibido por 57 víctimas de efectos adversos de dicha vacuna, lo que supone una media de 320.000 euros por persona, así como una compensación parcial para aquellos cuyos casos aún están pendientes. Las secuelas suelen ser de por vida y muy graves; tras la vacunación, la gran mayoría de las víctimas padece narcolepsia. Se trata de un grave trastorno del sueño: los afectados no pueden evitar quedarse dormidos varias veces, durante el día, a veces en mitad del día, y a menudo requieren la ayuda de una tercera persona.

Desde 2011, sólo una de cada tres denuncias presentadas por efectos secundarios relacionados con la vacunación contra la gripe H1N1 ha derivado en una compensación económica total. Así pues, esta transferencia de la responsabilidad de la indemnización a Oniam, una vez más, preocupa a las asociaciones de pacientes representadas por France Assos Santé. Sophie Le Pallec, administradora de dicha asociación, lamenta: “No es normal fabricar a velocidad de crucero vacunas que van a ser distribuidas a un gran número de personas pero dejar en la cuneta a la minoría, que desarrollará efectos secundarios, porque los habrá. Y si luego quieren ser compensados a través del Oniam, supone una verdadera carrera de obstáculos”, deplora.

Covid-19 y H1N1 : el mismo adyuvante utilizado por GSK

Todavía preocupa la aparición de esos casos de narcolepsia tras la campaña 2009-10. Durante mucho tiempo se ha cuestionado el adyuvante de la vacuna, cuya función es aumentar su eficacia creando una inmunidad más fuerte y duradera contra la infección; en particular, el adyuvante AS03 basado en el escualeno del Pandemrix, fabricado por el laboratorio británico GSK.

Los Estados Unidos de Barack Obama habían preferido evitar este producto potenciador de la respuesta inmunológica porque ya había hecho surgir dudas sobre el origen del “síndrome de la guerra del Golfo”; estaba incluido en la composición de las vacunas contra el ántrax que se administraban a los soldados que posteriormente se enfermaban. Sin embargo, no se ha observado ningún aumento de los casos de narcolepsia en los Estados Unidos tras la campaña de vacunación contra el H1N1.

Durante esta pandemia, Daniel Floret presidió el comité técnico de vacunación. Lo admite: “En 2009, fuimos un poco cautelosos, teníamos algunas dudas sobre el adyuvante del escualeno y sabíamos que la vacuna sin adyuvante utilizada en Estados Unidos era eficaz, por lo que la compramos para vacunar a población de riesgo como mujeres embarazadas o bebés, por ejemplo”.

¿Y por qué no haber comprado sólo vacunas sin este adyuvante, por precaución? “Estas vacunas libres de escualeno llegaron mucho más tarde, dos o tres meses después”, puntualiza Daniel Floret, ahora vicepresidente de la comisión de vacunación de la Alta Autoridad Sanitaria en Francia

Ese es realmente el miedo, que una década más tarde, los gobiernos sigan apresurándose sobre las primeras vacunas prestando menos atención de lo habitual a los riesgos potenciales de los productos. Por supuesto, corresponde a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y a la Food and Drug Administration de Estados Unidos (FDA), en particular, evaluarlos. Si no fuese porque, en Estados Unidos, la FDA claramente se encuentra bajo la presión de Donald Trump, que apuesta por la llegada de una vacuna antes de las elecciones americanas del 3 de noviembre. A finales de agosto, el organismo estadounidense indicó que podría estudiar una autorización de emergencia para uso o comercialización de una vacuna antes de que concluyeran los ensayos de la fase 3.

Desde entonces, estudios científicos (2) han permitido avanzar en la cuestión del adyuvante basado en el escualeno. En Canadá, no se ha demostrado que la vacuna de GSK con escualeno adyuvante cause narcolepsia. Se fabricó al otro lado del Atlántico, a diferencia de la vacuna distribuida a los europeos. “Los últimos estudios parecen exculpar al adyuvante. El ingrediente activo de la vacuna utilizada en Europa, por contra, habría sido el responsable de los casos de narcolepsia”, traduce Marie-Paule Kieny, presidenta del comité de la vacuna covid-19.

Pero hay mucho en juego para la alianza de los titanes GSK y Sanofi, que está bien situada en la carrera por las vacunas contra el covid-19; sus ensayos de fase 3 comenzaron a principios de septiembre. Si bien en sus comunicados, GSK sigue dando una respuesta vaga sobre el coadyuvante de su futura vacuna contra el covid-19, a preguntas de Mediapart, desde el gabinete de comunicación del laboratorio responden que es, en efecto, el mismo adyuvante que el utilizado contra la gripe H1N1, el AS03.

Sin embargo, más allá de la esfera de los antivacuna puros y duros, que rechazan el principio mismo de la vacunación independientemente del virus que combata, otros movimientos apoyados por los científicos se muestran específicamente cautelosos con la composición de estos adyuvantes, en particular los basados en el aluminio contenido en el suero contra la hepatitis B, por ejemplo.

Así, Romain Gherardi es especialista en enfermedades neuromusculares y autor de Toxic Story. Deux ou trois vérités embarrassantes sur les adjuvants des vaccins. [Toxic Story. Dos o tres verdades embarazosas sobre los adyuvantes de las vacunas]. Mediapart ha sometido estos estudios científicos (2) a su análisis y Gherardi ha concluido que “es muy probable que el adyuvante basado en el escualeno AS03 por sí solo no sea responsable de la narcolepsia post Pandemrix. Sin embargo, es posible que el coadyuvante del escualeno haya podido favorecer, en los pacientes con un grupo antigénico leucocitario humano de riesgo, el desarrollo de una reacción autoinmune relacionada con la nucleoproteína alterada del Pandemrix. En este caso, el escualeno habría desempeñado un papel necesario pero no suficiente”.

En cuanto a la futura vacuna de GSK y Sanofi, Marie-Paule Kieny, también exdirectora adjunta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se muestra tranquilizadora: “El ingrediente activo es diferente para la vacuna contra el covid-19, no contiene ni secuencias derivadas del virus de la gripe H1N1 ni contaminantes procedentes de los huevos. Por lo tanto, es muy poco probable que vuelvan a darse casos de narcolepsia”.

Daniel Floret es consciente de que “la presencia o ausencia de adyuvante afectará a la aceptabilidad de la vacuna covid-19 por parte del público, pero los organismos reguladores como la EMA se basarán en los argumentos científicos que posean para otorgar una autorización de comercialización, sabiendo que es muy posible que se produzcan, a posteriori, efectos adversos poco frecuentes que no se hayan detectado durante los ensayos clínicos. Es inevitable”.

“Es importante no insistir en que las vacunas lleguen rápidamente, sino que sean seguras y hacer todo lo posible para lograrlo. La campaña contra el H1N1 aumentó notablemente la desconfianza hacia las vacunas en general. La vacunación ha resultado difícil en Francia en los 10 años posteriores. El hecho de que se concedieran exenciones de responsabilidad a los laboratorios en su momento es algo que utilizaron los críticos de la vacuna”, explica Jeremy Ward, sociólogo e integrante del proyecto de estudio de Coconel para el coronavirus y el confinamiento. Para disipar la desconfianza, se hace necesario seguir recurriendo a los mismos elementos: la transparencia y la exigencia a los productores de vacunas.

(1) Del que forman parte los productores de vacunas contra el covid-19 como AstraZeneca, Curevac, GSK, Johnson&Johnson, MSD, Pfizer o Sanofi.

(2) https ://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3314666/https ://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3314666/

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Jueves, 10 de septiembre, norte de Portland (Oregón). Manifestantes de Black Lives Matter (BLM) se han dado cita para pedir la reapertura de la investigación sobre la muerte de Patrick Kimmons, el hombre negro de 27 años al que la policía municipal Portland (PPB, por sus siglas en inglés) disparó nueve veces en 2018 causándole la muerte.

Una treintena de personas, casi todas blancas, se encuentran reunidas en torno a Letha Winston, la madre. Hace años que esta mujer, menuda e incansable, organiza estas concentraciones. En un primer momento los congregados eran pocos pero, desde la muerte de George Floyd, los participantes se cuentan por decenas, llegando a ser cientos otras veces.

Hace mucho tiempo que la educación es historia. Bajo la supervisión de voluntarios médicos y de un reducido equipo de ciclistas que bloquean las calles, el grupo se congrega primero ante la comisaría local. Llaman “cerdos” a los policías que ven en el parking. A los blancos que los graban en la calle, les recuerdan que sacar el teléfono no es suficiente para superar el racismo sistémico.

¿El hombre al volante de su vehículo que se queja al verse atrapado por los manifestantes? Recibe numerosos insultos. Más adelante, cuando los manifestantes bloquean un cruce, un motociclista se abre paso a la fuerza. “El otro día, alguien le dio un puñetazo a una participante”, cuenta Jahdi, el joven que coordina la protesta.

Entre la tensión y la determinación, la pequeña concentración encarna el clima actual de Portland, una ciudad de 653.000 habitantes, situada en un enclave natural del noroeste de EEUU. Esta localidad de imagen liberal (en el sentido anglosajón del término, que viene a significar algo así como “progresista”), inmortalizado por la serie Portlandia, que lo presenta como un refugio hippie para ciclistas y amantes de la comida vegana –“El sueño de los 90 está vivo en Portland”– se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones Black Lives Matter.

Antes de que los incendios en la zona provocaran la cancelación de muchas concentraciones, la ciudad, una de las más blancas de los Estados Unidos con un 77,1% de residentes blancos, había sido escenario de movilizaciones diarias desde la muerte de George Floyd a finales de mayo. Este entusiasmo es revelador del despertar antirracista constatado entre los estadounidenses blancos de izquierdas en los últimos años.

Algunas concentraciones estuvieron salpicadas de enfrentamientos nocturnos con la Policía, provocados por elementos radicales pertenecientes al movimiento antifascista Antifa.

Donald Trump, deseoso de presentarse como el “presidente de la ley y el orden” para tranquilizar al electorado de los suburbios, se adueñó de estas imágenes de violencia que circulaban en un bucle en la galaxia mediática conservadora. El objetivo de Trump es hacer de esta ciudad demócrata el símbolo de la América sin fe ni ley fruto de la virtual victoria de Joe Biden el 3 de noviembre.

Un “islote liberal”

Qué más da si las manifestaciones son sobre todo pacíficas. En julio, envió más de 100 agentes federales armados de varios departamentos gubernamentales (inmigración, protección de fronteras, antinarcóticos, etc.) para proteger un tribunal del centro de la ciudad. La decisión, tomada sin la aprobación de las autoridades locales, fue traumática para los habitantes, cuyo centro urbano se transformó repentinamente en un campo de batalla.

Impactantes resultaron las imágenes de los manifestantes, violentamente arrestados sin motivo, gaseados o arrestados en furgonetas camufladas. Pero también sublevaron a los manifestantes, ya al límite después de semanas de tensas confrontaciones con la Policía. A mediados de agosto, habían provocado 41 incendios, arrojado proyectiles a las fuerzas del orden durante al menos 58 noches y destrozado el mobiliario urbano durante 49, según datos de la Policía, que declaró 17 disturbios entre finales de mayo y mediados de agosto.

A finales de agosto, la tensión volvió a crecer cuando un miembro del grupo de extrema derecha Patriot Prayer fue asesinado en las calles de Portland por un hombre que decía ser de Antifa, que Donald Trump describe como una organización terrorista. El asesinato ocurrió coincidiendo con una concentración de 600 miembros de Patriot Prayer, llegados a la ciudad con pistolas de paintball.

La muerte, que dio lugar a un rifirrafe verbal entre Trump y el alcalde Ted Wheeler, no fue una sorpresa en la ciudad. La extrema izquierda y la extrema derecha se codean y chocan durante hace mucho tiempo en Portland. Si bien la ciudad es conocida por el activismo de sus asociaciones antifascistas, que se remonta al asesinato de un estudiante etíope a manos de tres skinheads en 1988, en la periferia rural y conservadora se concentran grupos nacionalistas como los Proud Boys y los Patriot Prayer, que odian Portland y los valores que representa.

El hecho de que su importante electorado permita a los demócratas gobernar Oregón no ayuda. No es una coincidencia que varios republicanos electos estén presionando para que los condados rurales se anexen al vecino y más conservador Idaho.

Estos grupos de derechas, motivados por la victoria de Donald Trump, han llegado en masa a la ciudad, desencadenando un aumento de la tensión. En 2017, dos hombres fueron apuñalados por un supremacista blanco en el metro-tranvía de Portland después de que le pidieran que dejara de lanzar insultos racistas e islamofóbicos a dos adolescentes negras.

Shirley Jackson, profesora de estudios étnicos de la Universidad Estatal de Portland, describe la ciudad como un “islote liberal” en un estado, Oregón, cuyo pasado racista suele desconocerse. Hasta principios del siglo XX, su constitución prohibía a los negros establecerse allí y los matrimonios birraciales estaban prohibidos.

Hoy en día, con un 86,7% de blancos, Oregón sigue siendo uno de los estados más blancos de Estados Unidos. “Los negros que quisieron quedarse fueron azotados 39 veces por cada seis meses que se quedaban”, explica. “Oregón era una utopía blanca, creada a mediados del siglo XIX para evitar los desórdenes que vivían los otros estados durante la guerra de Secesión por la esclavitud”.

Cambiar el sistema que lleva a romper cristales

En la ciudad, poco o nada hay del caos que describe Donald Trump. Los lugareños dicen que los medios de comunicación exageran los enfrentamientos con la Policía. Son escasos y tienen lugar principalmente por la noche y son obra de una minoría radical que no representa Black Lives Matter. Los actos de vandalismo se limitan a algunos juzgados del centro, edificios de la Policía e incluso el edificio del alcalde Ted Wheeler.

A mediados de septiembre, el centro de Portland estaba muy tranquilo y en gran parte solo frecuentado por los sin techo. Numerosos comercios, cerrados previamente debido al covid-19, había levantado barricadas para evitar eventuales saqueos. El imponente edificio del tribunal Mark O. Hatfield, donde se concentraron las escaramuzas con las fuerzas federales, estaba rodeado de vallas. Sólo unos pocos indigentes se encontraban en la zona.

Cameron Whitten, activista afroamericano residente desde hace mucho tiempo en Portland, está cansado de que los reporteros le hablen de los daños causados a los edificios: “Los cristales rotos no ayudan a la causa, pero, personalmente, nunca he roto nada. Estoy aquí para cambiar el sistema que conduce a romper ventanas. Nunca hablamos de las madres negras que mueren en los hospitales durante el parto por falta de cuidados adecuados, desalojos masivos, de fracasos escolares que arruinan vidas”.

Porque con su aire acogedor, Portland ha seguido excluyendo a las comunidades minoritarias, en particular mediante la gentrificación, fenómeno por el cual las poblaciones más pobres, a menudo no blancas, son expulsadas de los centros urbanos por el aumento de los precios de la vivienda debido al asentamiento de personas blancas más ricas. “Portland es la prueba de que puedes ser una ciudad progresista pero no inclusiva”, subraya Whitten. “Tenemos que cerrar la brecha de la riqueza entre negros y blancos. Hemos hecho discriminación positiva y creado programas de empleo, pero eso no ha contribuido a acabar con esas disparidades. Le han dado a los políticos una razón para darse palmaditas en la espalda cuando la situación es preocupante”.

Entre un presidente pirómano, grupos radicales que buscan gresca, activistas decididos de Black Lives Matter, sin mencionar la facilidad de comprar un arma en Oregón, es difícil ver cómo las cosas pueden calmarse. Sobre todo porque republicanos y demócratas se culpan de la escalada.

“Algunas personas están muriendo porque los conservadores se arrogan el derecho de llevar armas a las manifestaciones y de provocar a personas de opiniones diferentes”, añade Whitten.

“De mí han dicho que era una mierda trumpista, un racista. Nos golpean con objetos. Algunos de los nuestros se enfadan cuando estos anarquistas tratan de infiltrarse en nuestros mítines”, explica Paul Schmardebeck, entrevistado en una concentración propolicial Back The Blue, el viernes 11 de septiembre, en las afueras de Portland.

Dice estar preocupado por la reciente decisión del alcalde demócrata de la ciudad, Ted Wheeler, de prohibir que la Policía emplee gases lacrimógenos durante las manifestaciones. En Portland, su uso se ha asociado al desarreglo de los ciclos menstruales y a problemas respiratorios de los manifestantes. “Veo mucho odio y emoción en la izquierda. Si tratas de cuestionar sus ideas, se muestran violentos”, añade Schmardebeck.

Los históricos incendios que actualmente asolan Oregón cristalizan este tenso clima político. Varias cuentas que respaldan la teoría de la conspiración pro-Trump QAnon y al menos un republicano han difundido rumores infundados de que Antifa estaba detrás de algunos de los incendios. “Esto va a terminar en una especie de guerra civil”, teme Laura Swain, partidaria de Donald Trump que vive en el sur de Portland.

En medio de estas tensiones, algunos residentes se muestran hastiados. “Después de las elecciones, Portland va a verse sometida a una dura prueba. Si Trump sale derrotado, sus partidarios querrán vengarse en Portland. Si resulta reelegido, podríamos conocer una situación muy violenta”, estima Shirley Jackson, profesora de estudios étnicos en la Universidad Estatal de Portland. “Unos y otros hace mucho tiempo que pelean por existir en el pequeño escenario que es Portland. Ahora todo el mundo está mirando para ver cómo terminará el espectáculo”.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Del grupo Korian, primer grupo europeo de residencias geriátricas y gestor de numerosos establecimientos de la tercera edad para personas dependientes en Francia (Ehpad, por sus siglas en francés), se ha hablado mucho en los últimos meses por los fallecidos víctimas del covid-19, una cifra que no ha dejado de aumentar en estos espacios en lo peor de la crisis sanitaria: 356 muertes el 10 de abril, 606 el 27 de abril... de 23.000 residentes. Según las cifras que el grupo recoge en su web, en sus establecimientos, a finales de mayo, habían fallecido 332 personas por covid-19 y 384 eran sospechosas de padecer el coronavirus (sin confirmación).

Pero de otra realidad se habla mucho menos. Como la Seguridad Social no cubre la dependencia, el mercado de las personas de la tercera edad –¡terrible fórmula!– se ha visto invadido por grupos dignos de un capitalismo feroz, que sólo conocen una ley, la del beneficio, de los dividendos para los accionistas y de las remuneraciones estratosféricas para sus ejecutivos. Pues bien, Korian es además el emblema de este capitalismo, que está en vías de privatizar uno de los sectores clave de la atención sanitaria.

Y lo más espectacular es que el grupo no goza de la indiferencia de los poderes públicos, que nunca han querido resolver este gran problema de la financiación de la dependencia, sino que trabajan en este sentido con su apoyo. Como prueba, este grupo, que copia las costumbres financieras anglosajonas del CAC 40 [índice bursátil, en Francia], ha establecido una asociación estratégica con Icade Santé, que es una filial de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la muy poderosa institución financiera pública. En resumen, el Estado no es impotente, es cómplice. Tras esta colaboración, construye los establecimientos o clínicas que el grupo explota acto seguido...

En lo peor de la crisis sanitaria, Korian se ha esforzado en dar la imagen más favorable posible de sí mismo. El 27 de abril, en Le Parisien, la directora general, Sophie Boissard, buscaba restablecer la reputación de su grupo, objeto de numerosas denuncias por poner en peligro la vida de otros y anunciaba: “He decidido bajarme el sueldo y los bonus correspondientes a 2020 en un 25%, un dinero que pasará a engrosar un nuevo fondo de un millón de euros para financiar la investigación terapéutica dedicada a las personas mayores y las acciones de solidaridad hacia las mujeres. El presidente y los 23 directores y miembros del comité de dirección también contribuirán a este fondo [...] Sí. Me gustaría que se pagara una bonificación al final del segundo trimestre a todo el personal de nuestros 308 centros Ehpad y 83 clínicas que estuvieron involucrados en la crisis. Será una bonificación de 1.000 euros, tipo Macron, por lo tanto libre de impuestos”. Y el generoso anuncio se publicitó en un comunicado de prensa, que se hizo llegar a todos los medios de comunicación.

Tan pronto como el foco de atención de las noticias se desvió de Korian, las cosas cambiaban. Al final del verano, el 28 de agosto, con la mayor discreción posible, la misma Sophie Boissard, digna representante de la oligarquía parisina (exdirectora adjunta del gabinete de Christine Lagarde en el Ministerio de Hacienda), hacía una declaración ante la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), una obligación legal, donde anunciaba que había vendido 11.340 acciones a 33 euros por acción. 33 por acción, o lo que es lo mismo, un total de 374.220 euros.

Sophie Boissard, a preguntas de Mediapart (socio editorial de infoLibre), justificó que los títulos vendidos no eran acciones gratuitas ofrecidas por el grupo, sino acciones compradas por ella (al precio entonces de 27 euros por acción) en julio de 2017 mediante un préstamo, y que había decidido revender una parte de ellas el 28 de agosto (al precio de 33 euros) para devolver dicho préstamo.

Pero ese mismo mes de agosto, Sophie Boissard también recibió acciones gratuitas del grupo. Según el periódico Le Revenu, uno de los pocos medios de comunicación que informa de todos estos movimientos en las acciones de Korian: “La dirigente de la empresa de residencias medicalizadas recibía el 4 de agosto 42.771 acciones gratuitas denominadas 'de resultado'. Tenía 17.510 acciones el 31 de diciembre".

Porque está todo ahí. Korian es una de las empresas que se ha aprovechado de la negligencia de las autoridades públicas en la financiación de la dependencia para invertir masivamente en este sector e importar las prácticas financieras especulativas del capitalismo financiero. Para decirlo más claramente, es una de las compañías que amasa fortunas a costa de las personas mayores. En el sector del private equity, hay fondos que se han especializado en desviar la tesorería de las pymes y despiezarlas; el grupo Korian, por su parte, amasa fortunas gracias a las residencias geriátricas.

Y el primer rasgo distintivo de estos grupos financieros, son los puentes de oro que sus accionistas tienden a los directivos de las empresas. Así, Sophie Boissard disfruta de una remuneración digna de un jefe del CAC 40, es decir, el sacrificio que ha hecho al anunciar una bajada del 25% de su sueldo en 2020 es mínimo. Basta con remitirse al Documento de Registro Universalde Korian para el año 2019, que el grupo hizo público el 7 de mayo de 2020, para hacerse una idea.

Las cifras hablan por sí solas: para el ejercicio fiscal 2019, la máxima responsable del grupo recibió una remuneración total de más de 1 millón de euros, de ellos 450.000 euros en concepto de fijo y 540.000 euros variable, es decir, 112.749 euros más que el año anterior (+12,6%). Para 2020, las remuneraciones debían ser casi idénticas, Sophie Boissard ha perdido por lo tanto 236.250 euros brutos, según los datos de ese informe financiero, una reducción del 25% de sus ingresos. A tenor de esas cifras, no parece gran cosa. Hay que decir que la ley establece un techo en los sueldos de los dirigentes de empresas públicas de 450.000 euros brutos, es decir, una cantidad muy inferior a lo que recibirá, una vez tenido en cuenta el descuento, la dirigente de Korian.

Contrato blindado o cláusula de no competencia

Dicho sea de paso, el concepto mismo de remuneración variable parece muy chocante en una empresa que opera en el ámbito social y que tiene el respaldo de la financiación de la Seguridad Social. Porque, por definición, la remuneración variable se basa en criterios de rentabilidad financiera y no en el rendimiento humano o de salud. Esto se expone muy claramente, sin complejo alguno, en el informe de Korian: “El objetivo de la remuneración variable anual es promover la consecución de los objetivos de rendimiento anual fijados por el Consejo de Administración con relación a los objetivos estratégicos del grupo para el año. En particular, permite que la compensación de la directora general para el año esté relacionada con la consecución financiera anual del grupo”.

El sacrificio de la directora general parece simbólico por cuanto disfruta de muchos otros beneficios. A tenor del mismo informe, publicado en un momento en que Korian anunciaba un número creciente de muertes cada día, nos enteramos de que la misma directora general tiene un formidable contrato blindado, en caso de que se le pida que renuncie. “Suponiendo que Sophie Boissard deje su cargo durante el ejercicio económico de 2020, sobre la base de su remuneración de los tres últimos ejercicios económicos (2019, 2018 y 2017), tendría derecho a recibir 1.755.000 euros, es decir, aproximadamente el 2,62% del beneficio anual de 2019 (que ascendió a 66.961.178,31 euros)”, puede leerse en el informe.

La directiva de Korian también se beneficia de una cláusula de no competencia. “La directora general se beneficia de una indemnización de no competencia equivalente al 50% de su remuneración anual bruta fija (excluida la reducción excepcional decidida en 2020 por el coronavirus) recibida durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se produjo el hecho que dio lugar a la salida (fecha de notificación de la dimisión a la compañía, fecha de revocación o no renovación por parte de la Junta), pagadera mensualmente durante el período de vigencia del compromiso de no competencia y acumulable, si procede, con la indemnización por cese, sin que la acumulación de los dos pagos en concepto de indemnización exceda del doble de la indemnización anual de referencia", se indica además en el informe.

En respuesta a las preguntas de Mediapart, la directora general del grupo afirma que “es la primera en comprender que en el sector de la salud es legítimo que la cuestión de la justa remuneración sea objeto de debate”. Sin embargo, sostiene que su remuneración es comparable a la de los grupos competidores de Korian y que se ocupa de “reequilibrar el equilibrio” haciendo donaciones a diversas organizaciones de interés público.

En cualquier caso, Sophie Boissard también se beneficia de asignaciones masivas de acciones gratuitas, conocidas como “acciones de resultados”. La regla es muy simple: cuanto más redondea los beneficios del grupo, más redondea, al mismo tiempo, la hucha de las acciones gratuitas que se le asignan. Por eso, el 4 de agosto pasado se le otorgaron 42.771 acciones gratuitas conocidas como “acciones de resultados”. Suponiendo que el precio se mantenga en 33 euros el día que revenda estas acciones, esto significaría que la dirigente de Korian ganó en esta operación más de 1,4 millones de euros.

Dicho sea de paso, la cantidad que gana es muy superior a la reducción del 25% de su salario, que le supuso sólo 236.250 euros brutos. En resumen, la comunicación pública del grupo ha contribuido a inducir a error a la opinión pública; podía parecer que Sophie Boissard había hecho un gran sacrificio, cuando en realidad no fue así.

Y estas acciones gratuitas vendidas en agosto por la jefa de Korian son sólo una parte de la cartera de acciones que ha acumulado en los últimos años. Es ciertamente difícil reconstituir la cartera total de acciones gratuitas de las que ha disfrutado desde que asumió la dirección de Korian a principios de 2016, y de esa cantidad, cuáles fueron las ventas totales que realizó. Sin embargo, a lo largo del informe, hay algunas lagunas en la información. Así pues, en el epígrafe “Unidades de resultados concedidas en 2016 y adquiridas en 2019”, se dice lo siguiente: “La directora general se benefició así del pago de 8.844 unidades definitivamente adquiridas (de las 18.684 unidades concedidas), 4.422 acciones y 153.616 euros en efectivo, por un importe total de 307.232 euros”.

Más adelante, en el epígrafe Acciones de resultados concedidas en 2017 (con fecha de adquisición el 4 de agosto de 2020 tras la aplicación de las condiciones de resultados), el informe proporciona detalles sobre la reciente concesión: “En cualquier caso, la remuneración a largo plazo en acciones concedida a la directora general no podrá exceder del 150% del total de su remuneración bruta anual fija y variable máxima debida por el ejercicio económico anterior”.

En resumen, este grupo opera como un fondo financiero especulador, obteniendo enormes beneficios y revistiendo de oro a los que le sirven, empezando por su directora general. Basta con mirar los márgenes del grupo para comprender que, a falta de cobertura en la Seguridad Social de la dependencia, el mercado de las personas mayores es una mina de oro para los grupos que aspiran a una rentabilidad impresionante, con una tasa de margen para Korian que supera el 26%.

Pero lo más sorprendente es que los poderes públicos apoyan totalmente esta privatización acelerada de la salud. Y si se quiere una prueba de ello, de nuevo la da Korian, ya que el grupo alcanzó un acuerdo de colaboración con Icade Santé, una filial de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Para ser más precisos, Icade Santé es propiedad en un 38,8% de la CDC y en un 18,4% de Predica SA (la filial de seguros de Crédit Agricole). Icade se especializa en el mercado inmobiliario de la salud. Posee una cartera de 135 instituciones sanitarias valoradas en 5.500 millones de euros. 5.500 millones de euros. Ya es socio de marcas reconocidas (Elsan, Ramsay Santé, Vivalto) así como de grupos regionales.

Privatización sanitaria creciente de la sanidad

El 31 de diciembre de 2019, Predica poseía el 24,38% del capital de Korian, por delante de Malakoff Médéric (7,68%) e Investissements PSP (6,53%). En el pequeño patio de recreo del capitalismo parisino, solemos encontrarnos con frecuencia a los mismos jugadores; Predica es accionista tanto de Korian como de Icade Santé. Como resultado, el acuerdo de asociación ha prosperado. Alcanzado en 2017, con un proyecto de una clínica de cuidados de rehabilitación en Toulouse, se ampliará con tres nuevos proyectos de la misma naturaleza en marzo de 2018 en la región de París y en Aquitania.

Esta alianza entre la Caisse des Dépôts y el grupo Korian es muy significativa. La crisis sanitaria trajo rápidamente una triste confirmación de ello, ya que el gigante del sector privado Ehpad sigue estando en el punto de mira debido a la falta de personal y recursos en sus establecimientos y al cruel número de muertes. Esto no impide que prevea, en febrero de 2020, justo antes de que se acelere la crisis sanitaria, un plan de pago de dividendos a sus accionistas por un importe de 54 millones de euros, plan que se habría llevado a cabo de no ser por la avalancha de muertes.

Ante la emoción que despertó este diluvio de oro ofrecido a los accionistas de Korian en un momento en que Francia contaba sus muertos, el grupo se vio obligado a dar marcha atrás. Por ello, el 29 de abril, el consejo de administración anunció que había decidido “retirar de las resoluciones propuestas en la junta general anual del 22 de junio de 2020, la distribución de un dividendo de 0,66 euros por acción, con opción de pago en acciones, como se anunció el 27 de febrero”.

Pero podemos suponer que este retroceso en los dividendos pagados a los accionistas es el mismo que el retroceso de Sophie Boissard en la remuneración: es sólo una medida de comunicación temporal, que no cambiará nada en las estrategias financieras a largo plazo del grupo.

Sophie Boissard no entiende por qué alguien puede hacer estas críticas al grupo que dirige. Sostiene que el grupo, lejos de estrategias financieras a largo plazo, sigue una estrategia a largo plazo, con inversiones cuantiosas: “739 millones de euros en Europa en 2019; y 565 millones sólo para el primer semestre de 2020, la mitad de los cuales, en Francia”. “También subraya que su grupo tiene como prioridad el empleo y señala que el año pasado contrató a 4.500 personas con contratos indefinidos, en Francia”.

Según ella, estos ratios muestran que la prioridad del grupo no es el retorno de los accionistas. "Por un euro pagado a los accionistas, invertimos 29 euros”, dice. Incluso llega a afirmar que su grupo, cuyas tarifas se rigen por las de la Seguridad Social y, se beneficia de reembolsos que también son los de la Seguridad Social, se desarrolla como si se beneficiara de una “delegación de servicio público”.

Con la magnitud de la remuneración pagada a los directivos, con el sistema de distribución de las denominadas acciones de “resultados”, la observación, sin embargo, no resulta nada convincente.

Este grupo no es el único que sigue las derivas del capitalismo financiero. En el sector de las residencias de ancianos, muchos otros grupos están en la misma pendiente, por ejemplo en España, como ha publicado infoLibre en diferentes investigaciones (se pueden consultar aquí o aquí).

La moraleja de esta historia de dinero se encuentra en Le Figaro. En un perfil hagiográfico de la dirigente de Korian –“el ángel guardián de los seniors”–, según el título del artículo, el diario cree que le dice un piropo cuando afirma: “La ambición de esta mujer siempre elegante y sonriente, que tiene el tic de acabar las frases con un guiño, no es acabar en una empresa de CAC 40 o convertirse en la ministra de Emmanuel Macron, sino meter a Korian... en el CAC 40”.

Tras estas palabras aduladoras, en realidad se esconde una torpeza. Korian aún no se ha unido al CAC 40, pero ya ha copiado algunos de sus defectos, aunque Sophie Boissard conteste que su ambición sea unirse a él.

Tal y como están las cosas, Korian no está solo en esto. Muchos de los actores con los que trabaja el grupo, por un lado Predica, vinculado al Crédit Agricole, y por otro lado Icade, filial del CDC, siguen exactamente la misma tendencia. Al igual que gran parte del mundo de las mutuas y cooperativas, Predica se ha convertido en una institución financiera mutante que se está moviendo hacia las finanzas; y lo mismo ocurre con Icade, que dejó de ser una empresa de propiedad pública hace muchos años, posiblemente un instrumento público para el desarrollo regional, pero que se ha convertido casi en una empresa de propiedad clásica, al principio en busca de especulación lucrativa.

El asunto de Korian es el punto de referencia en esta amplia implosión de la economía social y el mutualismo francés. Revela el grado en que la privatización desenfrenada de la atención sanitaria avanza a un ritmo acelerado.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Migas de pan que salen del abrigo de Cabu y éste que se da un festín antes de tiempo de un jamón envuelto en un paño. Un roscón de Reyes que ha traído la dibujante Corinne Rey, conocida como Coco, y el bizcocho de la redactora de tribunales Sigolène Vinson. Libros del economista Bernard Maris, el de jazz que ha traído y el que recomienda, Robespierre, reviens ! de Alexis Corbière. También está la ropa del propio Bernard Maris, un traje de lana, de pata de gallo, que a Sigolène Vinson no le gusta porque piensa que “la chaqueta y el pantalón eran demasiada pata de gallo para un solo hombre”. Philippe Lançon, que se resiste a escribir una columna literaria que considera “un refrito” de un artículo anterior, y Charb, el director del semanario, que se burla de él: “¡Oh, sí, Philippe, vuélve a hacérmelo otra vez!”.

La manduca, los libros, las risas. La vida. Por turnos, el martes y el miércoles, los supervivientes de Charlie Hebdo rememoraban, ante el tribunal penal que juzga los atentados de enero de 2015, aspectos muy físicos, palpables para contar mejor cómo era su periódico, esa pequeña comunidad antes de la masacre. Antes de que los terroristas hicieran acto de presencia.

A tenor de los relatos, un microcosmos de felicidad. “Cuando conocí a esta redacción, fue como una revelación ver a gente seria y divertida que tenía una visión real del mundo. Inmediatamente me sentí bien en esta redacción”, cuenta Coco.

El médico de urgencias y columnista de Charlie Hebdo Patrick Pelloux solía estar presente en las reuniones de la redacción cuando no se encontraba de guardia. “Me encantaba. Era un paraíso de cultura, de mezcla de ideas, incluso cuando había broncas. Descubrí un montón de cosas y era gente de paz. Era maravilloso”.

Angélique Le Corre, responsable de suscripciones, susurra: “No me daba cuenta de que me importaban”. Pelloux añadirá después: “Nunca se sabe cuando la felicidad está ahí. Lo notas cuando ya no la tienes”.

Sigolène Vinson, que lleva arremangado el jersey azul que viste, rememora el día en que esta abogada, convertida en camarero en un chiringuito en Córcega, vio cómo Charb y Patrick Pelloux “llegaron para sacarme de mi caravana”. Fue en el verano de 2012. Hacía buen tiempo.

Y luego llegó el 7 de enero. “Hacía frío y estaba gris y no me gusta cuando hace frío y está gris”, recuerda la mujer, columnista de tribunales del semanario satírico. Ese día se celebraba la reunión posnavideña en Charlie Hebdo. Estaba acabando. Charb bromea con Philippe Lançon “y en ese momento oímos los dos primeros disparos”, continúa Sigolène Vinson.

Desde 2006 y con la primera controversia sobre la publicación de las caricaturas del profeta Mahoma, el personal de Charlie Hebdo se había acostumbrado a las amenazas de muerte. Charb, Riss y Luz recibieron protección policial. Sólo Charb seguía con ella porque su nombre figuraba en una lista de personas amenazadas de muerte, publicada en internet por Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), una filial con sede en Yemen de la organización terrorista fundada por Osama Bin Laden. Y una noche de noviembre de 2011, mientras se preparaba para publicar un número especial rebautizado Sharia Hebdo, el periódico fue incendiado. Ese día, Coco se dio cuenta del “peligro que suponía hacer un dibujo”. “Pero eso no me desanimó”, afirma. Las llamadas con mala intención son recurrentes, se convierten en un ruido de fondo. El 7 de enero de 2015, los hermanos Kouachi, uno de los cuales ya había sido condenado por su participación en una red yihadista, entran en el número 10 de la calle Nicolas-Appert, en el distrito 11 de París, armados hasta los dientes.

Detienen a Coco, que está a punto de salir del edificio para fumarse un pitillo. Coco reconoce lo que los terroristas encapuchados tienen en las manos. “Charb dibujaba tan bien las armas que supe que era un kaláshnikov”. Exigen que los lleve a la redacción. Suben las escaleras, Coco abre una puerta y se da cuenta de que se ha equivocado de planta.

“Pensé que resultaría fatal para mí y me puse así...”. Y Corinne Rey hace un gesto mientras habla, se pone de rodillas frente al tribunal, los brazos temblando sobre su cabeza en una ilusoria posición defensiva. “Les dije: ‘Lo siento, lo siento, me he equivocado de planta’. Dijeron: “Nada de bromas o te liquidamos”.

Coco piensa en su hija, a la que ha dejado en la guardería. Lleva a los asesinos al rellano de la redacción. “Me dirigí al código y lo tecleé”. En ese momento eran las 11 horas, 33 minutos y 47 segundos. El encapuchado número uno entra en la oficina que sirve de vestíbulo, con el arma de guerra que lleva. Coco oye un ruido seco. “Mi primer pensamiento, absurdo, fue decirme: ‘El sonido de un arma es una mierda’ y luego vi a Simon caer...”.

Cuando Simon Fieschi, el webmaster, suba al estrado el miércoles advertirá: “Seré más breve que mis compañeros de ayer, porque para los que vieron el vídeo [las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de Charlie Hebdo en las que se ve cómo le disparan, tal y como se había visto en la sala dos días antes], saben que todo fue muy rápido para mí. Recuerdo que la puerta se abrió, recuerdo que oí ‘Allahû akbar’, entonces vi pasar a dos hombres encapuchados, luego perdí el conocimiento, lo que sin duda me salvó la vida”.

En la redacción, Frank Brinsolaro lo entendió. El guardián de la paz del servicio de protección, encargado de la seguridad de Charb, se levantó y sacó su pistola Glock 26 de 9 mm. “Siento el pecho de Frank, no sé si lo molesté”, se disculpa a la audiencia de Sigolène Vinson. “Dijo: ‘No hay que moverse de manera anárquica’, y cuando dijo: ‘No hay que moverse de manera anárquica’, yo me moví de manera anárquica...”. La mujer llora. A Franck Brinsolaro le mataron, el 7 de enero, de tres disparos en la parte superior del pecho.

“Me dice que no me mata porque soy una mujer. Creo que es muy injusto...”

Laurent Léger ve al asesino encapuchado número uno aparecer por la puerta. Proclama “Allahû akbar” y dispara. El periodista de investigación se acurruca bajo una mesa. Oculto a ojos del asesino, ve cuerpos cayendo silenciosamente, asiste impotente al final de Georges Wolinski. El decano de los dibujantes de 80 años recibió cinco impactos.

En el suelo, el dibujante y redactor jefe Laurent Sourisseau, conocido como Riss, comprende que va a morir. “Es el fin de mi vida. Espero mi turno”. El asesino encapuchado número uno le dispara por la espalda. “En el cuerpo entra plomo, te atraviesa. Contuve la respiración. Dejé de respirar para que no me metiera más”.

Riss escucha cómo el asesino repite:

“Charb, Charb, Charb, ¡es él!”.

Luego se produjo una lluvia de disparos. La última.

“No sé a quién dispararon y, francamente, no quiero saberlo”.

Sigolène Vinson consigue escapar. Llega al último despacho, que no tiene salida, situado frente a la entrada. En su huida, se cae y se arrastra para llegar a un refugio ilusorio, la gran mesa de trabajo ovalada dedicada a los maquetadores. Uno de ellos ya está escondido debajo. El corrector de pruebas Mustapha Ourrad, que seguía de cerca a Sigolène Vinson en su huida, se desploma, “como un fusilado”.

El asesino encapuchado número 1 apunta a Sigolène Vinson, que se esconde bajo la mesa. En varias ocasiones, su antebrazo se mueve hacia adelante y hacia atrás, arriba y abajo. Sermonea a la redactora de tribunales. “Pensé que me estaba consolando [...] me pidió que me calmara. Siento mucho haber pensado que estaba siendo amable. Me dijo que lo que hacía estaba mal, no lo entendía: escribía columnas sociales y defendía a los trabajadores. [...] Y va y me dice que no me mata porque soy una mujer. Creo que es muy injusto...”.

El asesino no ve al maquetador que se escondía a su lado. Para centrar su atención, Sigolene Vinson asiente con la cabeza. “No es altruismo por mi parte, no es para salvar a Jean-Luc [el maquetador], es para salvarme a mí. Si lo mata y su cerebro cae sobre mí, no lo habría superado”.

Después de disparar por lo menos 35 veces y alcanzado su objetivo casi siempre, los asesinos se van, relajados. La puerta se cierra. Son las 11:35. La ejecución de diez personas dentro de las instalaciones de Charlie Hebdo duró menos de dos minutosCharlie Hebdo.

Se podían oír disparos a lo lejos, los asesinos prosiguieron su macabro diluvio de plomo en la calle. Dentro del periódico, los supervivientes salen de sus escondites. “Vi la magnitud de la masacre en la redacción”, dice Coco. Bajo la gran mesa de la sala de reuniones, los cuerpos sin vida de Cabu, Charb, Honoré, Tío Bernard, Tignous, Wolinski, Elsa Cayat y Michel Renaud están apilados boca abajo en el suelo. En el vestíbulo, el de Franck Brinsolaro. En el despacho de los maquetadores, el de Mustapha Ourrad.

Los terroristas se ensañaron con el director de la publicación, el objetivo prioritario de Al Qaeda. “Es como si el suelo hubiera absorbido la cara de Charb. Como si hubiese atravesado la pared”, describe Sigolène Vinson. Se ocupa del periodista Fabrice Nicolino, “tres balas en la piel, una en cada pierna, una en el abdomen”, como él mismo explica. “Lo acariciaba. Me pidió que le cogiera la mano porque sentía que se iba. Tenía un cinturón, pero no sabía cómo hacerle un torniquete a Fabrice porque los huesos estaban a la vista e ignoraba dónde poner mi cinturón…”.

Laurent Léger, ileso, ya no recuerda sus primeros gestos, sólo la “gran crisis de lágrimas” que lo sacude. Coco se abalanza hacia Philippe Lançon, tiene la mejilla destrozada. Ella llama, a petición suya, a la madre del periodista. “En mi caso, me urgía avisar a la guardería de que no podía ir a recoger a mi hija porque había sucedido algo grave en el trabajo”, piensa en ese momento la dibujante.

Una vecina que llegó en su ayuda indicó a los supervivientes que tuvieron la impresión de ver el cuadro La balsa de la medusa de Géricault. Sigolène Vinson cree acertada la semejanza aunque la haga llorar.

El primero en llegar al lugar de los hechos después del tiroteo, el médico de urgencias Patrick Pelloux camina sobre los casquillos de bala. Grita: "¡Charb, hermano!”, al ver a su amigo asesinado. “Charb se encontraba en un estado que hacía inútil cualquier ayuda terapéutica. Me puse a contar [los heridos] para dirigir el rescate lo más rápido posible. Con las heridas provocadas por armas de guerra, se pierde el 45% de la esperanza de supervivencia cada 15 minutos”.

Simon Fieschi se despierta. En el estrado, recuerda con voz sorda: “Mi despacho era paso obligado para ir a la sala de redacción, vi un rastro de sangre que era mi sangre y, tal vez, la sangre que fluía de la sala de redacción... Y a los servicios de urgencia que entraban”.

Una vez trasladado a urgencias, se le induce el coma. “Desde ese punto de vista, para mí, el 7 de enero se detiene. Escuché lo que pasó el 7, 8, 9, el miedo, la manifestación, una semana después que los demás”.

“Tenía miedo a llevar un monstruo a casa”

Para diez personas de la redacción de Charlie Hebdo, la vida se detuvo el 7 de enero de 2015. Al final de los dos agotadores días de audiencias, se desprende la impresión de que también para los supervivientes: “Siempre es difícil hablar de uno mismo, de su vida, de su hija cuando otros han perdido un padre, un hermano”, explica Corinne Rey. “No estoy herida, no me mataron. Pero esta cosa que me ha atravesado es absolutamente terrible y viviré con ella el resto de mis días”.

La dibujante que abrió la puerta de Charlie, amenazada a punta de pistola, a los asesinos dice haberse “sentido culpable”. “Ha sido muy difícil pasar por esto. Un momento de extrema soledad, no creo que nadie pueda ponerse en mi lugar”. Y esta joven madre confía que al principio “no tuvo la fuerza de ver a su hija”. “Tenía miedo de que ella sintiera cosas. Tenía miedo de llevar un monstruo a casa”.

En un testimonio muy político, Riss justificó la idea de relanzar Charlie Hebdo después de la masacre. “Era lo correcto, nos guste o no. Era el momento de la verdad del periódico, teníamos que estar a la altura de lo que habíamos estado reivindicando durante años”.

El abogado del periódico Richard Malka le pregunta: “¿No lamentas la publicación de las caricaturas de Mahoma? ¿Valió la pena?”

- Esa no es la manera de razonar, respondió su amigo. “¿Para qué vivimos? ¿Vivimos para ser libres o para ser esclavos? Quiero vivir libre, no sometido a la loca arbitrariedad de los fanáticos. Lo que lamento es ver cómo la gente es tan poco combativa en la defensa de las libertades”.

Pero, en medio de este testimonio centrado en grandes principios, expresa su “malestar por poder seguir con sus vidas y ellos no”, en referencia a sus amigos y colegas asesinados.

En su trabajo, el médico de urgencias Patrick Pelloux admite que siente que ha perdido el sentido: “Lo vivo todos los días. Cuando te dedicas a la medicina, es para salvar a la gente. Si había alguien a quien quería salvar, eran ellos. Y desafortunadamente, no pude hacerlo...”. A través de sus gafas redondas, sus ojos miran fijamente al vacío.

Sus condiciones de trabajo están ahí para recordarles lo que han pasado. Laurent Léger finalmente dejó Charlie. No podía soportar los nuevos locales ultraseguros. “Con la policía en la planta baja, cámaras, códigos por todas partes. Me ahogaba, literalmente. No he podido seguir”.

Con una pizca de provocación que suena a desesperación, Fabrice Nicolino advierte: “¡Está atestado de maderos sobrearmados, aviso a los aficionados!” También evoca una “habitación del pánico, a prueba de lanzacohetes” en la que los miembros de la redacción tienen que refugiarse si escuchan una contraseña.

Y sin importar las medidas de seguridad que se tomen, todavía hay miedo. Cuando entra en algún sitio, Sigolène Vinson empieza a buscar las salidas de emergencia. Cuando va a un bar, da patadas debajo del asiento para ver si está lleno, con el fin de esconderse allí en caso de emergencia.

Después del 7 de enero, su vida no fue un camino de rosas. Perdió a uno de sus amigos en el ataque de la sala Bataclan: durante la manifestación de apoyo del 11 de enero de 2015, llevaba un cartel que decía JeSuisCharlie, JeSuisSigolène... Estaba de vacaciones en Yibuti en diciembre de 2018 cuando Peter Cherif, un estrecho colaborador de los Kouachi y presunto intermediario en la cadena de mando que ordenó la masacre de Charlie, fue detenido allí. Volvieron a Francia en el mismo avión. Durante dos años, Sigolène Vinson soñó que Hayat Boumeddiene (la viuda de Amedy Coulibaly, el asesino de Montrouge y del Hyper Cacher) le disparaba con una ballesta en la frente. Ahora retirada en el sur de Francia, se baña tres veces por semana. “Me gusta estar bajo el agua. Mejor que fuera del agua”.

Riss dice que ha dejado de recibir amigos en casa. En cuanto al exterior... “Puedo hacer lo que quiera, puedo caminar por la calle, pero ¿es prudente? Lo hago de vez en cuando. A veces siento que estoy bajo arresto domiciliario”. Con pudor, explica que antes del ataque, planeaba adoptar un niño con su mujer. “Después, se nos dijo educadamente que nunca confiarían un niño a personas que están bajo protección”.

Fabrice Nicolino, ex gran reportero, presenta un perfil más aventurero, minimiza sus heridas, sus traumas, alude continuamente a los demás, a Philippe Lançon que no acude a testificar, que no se siente capaz de ello. “Pienso más en Simon [Fieschi], Philippe Lançon, en mis amigos muertos, me las arreglo muy bien…”. Está al borde de las lágrimas. Y luego explota, ataca a los periodistas que no se interesan lo suficiente por las condiciones de trabajo de Charlie, “un periódico asediado en el centro de París”. Ataca especialmente a los intelectuales parisinos que, según él, se rinden ante la amenaza islamista (entre los que vilipendia se encuentra Edwy Plenel, presidente y fundador de Mediapart, socio editorial de infoLibre).

Justo antes de él, en la mañana del miércoles, el tribunal se vio sacudido por el testimonio de un webmaster que llegó al estrado desplazándose con dificultad, con ayuda de muletas. Simon Fieschi desplegó clínicamente su discurso y sus heridas. “He venido a contarles el efecto de una bala de kaláshnikov, cuando sobrevives a ella. Pasé una semana en coma, cinco semanas en cuidados intensivos [...]. Luego ocho meses en el hospital en Les Invalides. Desde entonces, tendré que rehabilitación de por vida para no perder lo que he recuperado”.

Sin una nota, con precisión quirúrgica, Simon Fieschi cuenta: “Estoy dividido entre el deseo de no manifestar mi dolor a aquellos que han hecho todo lo posible para infligírmelo y al mismo tiempo el deseo de no ocultar las consecuencias de estos actos. Trataré de navegar entre ambos”. Cuenta la historia, sin ninguna emoción aparente, de cómo una bala le tocó la columna vertebral y cómo el efecto de la onda expansiva en su cuerpo le comprimió la médula espinal, cómo perdío siete centímetros de altura. “Tener que luchar contra la parálisis [...] crea una profunda fatiga que nunca desaparece. Todos mis movimientos, todas mis acciones, parten de esta fatiga”. Y a pesar de todo, su discurso es optimista. “Me gustaría decir que esta bala me dio, pero no me alcanzó. Y yo diría lo mismo del periódico. Seguimos levantándonos... Así es”.

Sobre todo, en dos actos, no simulados, este webmaster de 36 años, el que sufre las secuelas físicas más graves de todos los supervivientes, ofrece el más bello homenaje que se ha escuchado desde el comienzo del juicio a aquellos que pagaron con sus vidas el derecho a hacer “dibujos divertidos”, como los definirá otra víctima.

Acto I: Al principio de la declaración, el presidente del tribunal le propone a Simon Fieschi sentarse en lugar de permanecer en el estrado.

“Me gustaría testificar de pie, gracias”, responde secamente el hombre discapacitado.

Acto II: Simón Fieschi detalla las dificultades que siente para hacer ciertos gestos. “Suena tonto, pero ya no puedo hacer una peineta... Y a veces tengo unas ganas locas”.

Traducción: Mariola Moreno

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Hasta el último aliento, Alain Cocq es un militante. Este hombre de 57 años, residente en Dijon [noroeste de Francia], perdió la movilidad de las piernas en un accidente de trabajo a la edad de 23 años. Desde entonces, nunca ha dejado de defender los derechos y la visibilidad de las personas con discapacidad. En 2003, se recorrió Francia, en silla de ruedas, ayudándose solo de la fuerza de sus brazos, con un cartel donde se podía leer: “¿Quiénes y qué somos?”.

Pero su discapacidad ha ido a más y, poco a poco, le ha atado a la cama. Así que pasó a dedicarse a la política clásica por un tiempo, desde las filas del Partido Socialista. Luego vinieron los chalecos amarillos, a los que se unió en cuerpo y alma: acampó con ellos en las calles de Dijon, en su vieja ambulancia personal.

Y al estilo de los chalecos amarillos, directo y sin filtros, comenzó su última pelea. Como “católico no practicante”, rechaza los términos “suicidio asistido” o “eutanasia”. En una carta remitida el 20 de julio al presidente de la República, prefiere hablar de “fin de vida de forma digna con asistencia médica activa”.

“Como no estoy por encima de la ley, no estoy en condiciones de acceder a su petición”, le respondió Emmanuel Macron el 3 de septiembre. Los médicos deben aplicar “todos los medios a su alcance” para defender el derecho de toda persona a tener “un fin de vida digno y acompañado del mejor alivio posible del sufrimiento”, dice la Ley Claeys-Leonetti sobre el fin de la vida, pero no pueden acortar una vida. En cambio, el suicidio asistido se practica en Suiza, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido, Luxemburgo y tres estados de Estados Unidos.

Durante más de dos años, ha documentado ampliamente su vida registrando cientos de lives en su página de Facebook con la comunidad de los chalecos amarillos. Sigue postrado en la cama, pero el escenario cambia: su ambulancia personal, los actos a los que asiste en camilla, su habitación o el hospital, con mucha frecuencia.

A los que le escuchan –su página de Facebook tiene más de 26.000 seguidores– les cuenta sus repetidas neumonías, a veces complicadas por septicemias, sus infecciones urinarias, la vía a través de la que se alimenta e hidrata, que se rompe, como sus bolsas de estoma, que recogen su orina y sus heces, o su sonda nasogástrica que “vomita”.

También confía su sufrimiento. En su primer vídeo, fechado el 4 de enero de 2018, grabado en el hospital, se le ve muy delgado, y ya entonces madura la idea de su fin de vida: “Estoy muy cansado, espero que pronto se detenga, de cualquier manera. Lucharé hasta el último aliento, pero cuando se está cansado, cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas, incluso cuando mentalmente se está bien, no hay nada que puedas hacer”.

Durante dos años y medio, ha documentado el día a día de una persona gravemente discapacitada, cuyo sufrimiento casi nunca cesa, en forma de montaña rusa e incesantes idas y venidas entre su domicilio y el hospital.

“Me encuentro en la situación de tener bien la cabeza, confinada en un cuerpo disfuncional y tullido por el dolor”, escribió al presidente en julio.

Alain Cocq ha optado por la única elección posible en Francia en su situación: “La nutrición e hidratación artificial son tratamientos que se pueden detener”, recoge la ley Claeys-Leonetti. Desde la medianoche del viernes 4 de septiembre, Alain Cocq se está dejando morir de hambre y de sed.

Esta elección le repugna: “El espíritu de la cultura judeocristiana de esta ley me impone, en el estado actual de la ley, una agonía de 3 a 7 días de sufrimientos atroces”, le escribe a Emmanuel Macron.

Alain Cocq se ha unido a la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad (ADMD) que le apoya en este proceso: “Las personas discapacitadas son dejadas de lado por la ley Claeys-Leonetti, que sólo se interesa por aquellos que se encuentran en el fin de la vida”, señala su delegado general Philippe Lohéac.

Recuerda que la agonía de Vincent Lambert, que también se vio privado de comida e hidratación en 2019, duró 9 días. La primera vez que se detuvieron los “tratamientos” de este hombre, en 2013, languideció durante 31 días, hasta que sus padres consiguieron que la Justicia interrumpiese el proceso médico.

“Los médicos nos ven morir lentamente”

A imagen y semejanza de los chalecos amarillos, de forma directa, Alain Cocq estaba decidido a mostrar su agonía en directo en su página de Facebook. La red social cortó la emisión de sus vídeos este fin de semana. Alain Cocq termina así sus días privado de la comunidad virtual que lo ha apoyado durante años.

Ahora, demasiado débil para expresarse, ha designado como su portavoz a la abogada, Sophie Medjeberg. Los dos se conocieron en las protestas de los chalecos amarillos en Dijon. Allí conocieron a otros discapacitados en situaciones sociales y humanas muy difíciles. Veía entonces la luz la pequeña asociación Handi mais pas [Discapacidado, aunque no solo eso] y debe continuar la lucha de Alain Cocq en el futuro.

Sophie Medjeberg, ella también discapacitada, aquejada de esclerosis múltiple, también está involucrada en un proceso activo para ayudar a las personas a morir. Su enfermedad avanza, paralizándola poco a poco, y ella “se niega a verse atrapada en su propio cuerpo”.

Por lo tanto, ha tomado medidas en Suiza y va y viene al país helvético para recibir atención médica y psicológica. Ha visitado la habitación donde tomará una medicación letal, ha tomado las medidas necesarias para la repatriación de su cuerpo. Es “sórdido” y le está costando “una fortuna, me niego a hacer cuentas”. Pero es el precio de su libertad: “No quiero que la medicina me mantenga en un estado insoportable. Es ensañamiento terapéutico. El legislador debe entender que en el estado actual de la ley no hay dignidad humana. Los médicos nos están viendo morir lentamente”, explica, para sí misma y para Alain Cocq.

Coq es “un ciudadano francés y se niega a ir al extranjero a morir”, cuenta Sophie Medjeberg. Vive de una pensión de invalidez por debajo del salario mínimo y carece de medios.

El viernes 4 de septiembre, en su último vídeo, quiso tranquilizar a sus amigos. “Se suspenden todos los tratamientos excepto los analgésicos. Sigo con morfina. Si es necesario, también puedo tomar ketamina, un anestésico. [...] Será muy difícil de soportar, pero al final, comparado con la suma de lo que ya he vivido, y comparado con la suma de lo que me espera, la degradación del cuerpo que me espera, no será nada”.

El acompañamiento de Alain Cocq se reduce al mínimo: cuatro auxiliares de enfermería, una enfermera para dispensar su medicación y un médico generalista. Por lo tanto, no tiene acceso a los medicamentos más poderosos para aliviarlo, como los hipnóticos.

El 25 de agosto, habló con la asesora de salud de Emmanuel Macron y con el profesor de neumología Vincent Morel, que dirige el equipo móvil de acompañamiento y cuidados paliativos del Hospital Universitario de Rennes. Durante la larga conversación mantenida, repitió que no quería verse acompañado por un equipo de cuidados paliativos.

“Contactamos con la unidad móvil más cercana a su casa. De momento no la ha solicitado, pero está disponible para ayudarle, si lo desea”, asegura Claire Fourcade, presidenta de la Sociedad Francesa de Cuidados Paliativos.

Para ella, “Alain Cocq quiere mostrar cómo mueren muchas personas en Francia. Pero la elección que hace es singular, militante, lleva hasta el final sus ideas. Los pacientes tienen derecho a no ser rehenes de la medicina y a detener sus tratamientos. Es una protección contra la obstinación irrazonable. Pero la ley ofrece muchas alternativas para dejar de comer. E incluso ante tal elección, podemos intervenir para aliviar, limitar la ansiedad y el malestar”.

A los activistas del suicidio asistido, Claire Fourcade les replica: “A menudo hay una gran diferencia entre la forma en que se representa el fin de la vida y la forma en que se experimenta. Trabajamos con los pacientes para encontrar soluciones para aliviar sus miedos y sufrimientos”.

Pero reconoce las evidentes limitaciones de su disciplina médica: “No todos los pacientes tienen acceso a cuidados paliativos porque no tenemos suficientes equipos para trabajar en el hogar, en las residencias para dependientes, los establecimiento. La ley no puede aplicarse en todas partes por falta de recursos”.

Por su parte, el delegado general de la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, Philippe Lohéac, considera que los médicos de cuidados paliativos son “dogmáticos”. “Los países que han legalizado la asistencia activa a la muerte son también los que tienen los cuidados paliativos más desarrollados”.

En la noche del lunes 7 de septiembre, Sophie Medjeberg se mostraba devastada por el estado de su amigo Alain Cocq.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Turquía acusaba a finales de agosto a Atenas de “piratería” al intentar “armar” una isla desmilitarizada. Grecia denunciaba la “agresión” de Ankara por “violar sus derechos soberanos”. El tono se eleva cada día entre los dos países. En el centro de la discordia actual: la presencia desde el 10 de agosto, en la zona económica exclusiva (ZEE) griega frente a la costa de Creta, del buque turco de investigación sísmica Oruc Reis.

En las últimas tres semanas, Grecia y Turquía han multiplicado las demostraciones de fuerza en el Mediterráneo oriental. El 26 de agosto, Atenas realizó maniobras militares junto a Francia, Chipre e Italia. Dos días después, la marina turca anunciaba que realizaría “ejercicios de tiro” hasta el 11 de septiembre. Ankara también hizo pública el 1 de septiembre la extensión de la exploración gasística del Oruc Reis hasta el 12 de septiembre.

La delimitación de la plataforma continental ha sido objeto de un conflicto latente entre Grecia y Turquía desde los años 70. El reciente descubrimiento de yacimientos en la región ha reforzado las reivindicaciones territoriales del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. En la próxima cumbre de la Unión Europea, que se celebrará el 24 de septiembre, también puede examinarse una lista de nuevas medidas restrictivas contra Turquía.

El Ejército griego, en alerta máxima, ha “desplegado (sus) fuerzas”, según anunció el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, dos días después de la llegada del barco Oruc Reis. “El riesgo de un accidente es alto cuando se reúnen tantos recursos militares en un área tan confinada”, advirtió.

El 31 de agosto se franqueaba una nueva frontera en la disputa entre los hermanos enemigos, con Turquía acusando a Grecia de querer “armar” Kastellorizo. Aludía a las fotos de la agencia AFP que muestran la llegada de los soldados griegos al islote situado a unos tres kilómetros de la costa turca y Ankara denunció un acto contrario al Tratado de París de 1947 que prevé la desmilitarización de las 12 islas del Dodecaneso –incluida Kastelórizo–. Las autoridades griegas han declarado que se trataba de una simple rotación de personal militar de los en torno a 300 soldados presentes ya en la isla.

Porque “no hay bases militares en las islas [en la frontera] sino sólo instalaciones para defenderse de un posible ataque turco”, precisa Georges Kaklikis, exdiplomático y consultor de la Fundación Helénica para Europa y Política Exterior (Eliamep), con sede en Atenas. Turquía no es firmante del Tratado de París al que hace alusión. Además, Grecia no puede renunciar a su derecho natural y legal de defenderse en un momento en que Turquía está violando flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas” al penetrar en aguas griegas.

La ocupación turca de la parte septentrional de Chipre desde 1974 justifica la desconfianza de Atenas en las ambiciones expansionistas del país vecino. Mientras Grecia exige la salida del Ejército turco, Ankara es la única que reconoce a la República Turca del Norte de Chipre (TRNC).

“La política expansionista de Erdogan es una amenaza sistémica para toda Europa”, se inquieta Angelos Syrigos, diputado de Nueva Democracia (formación de derechas, en el Gobierno), que establece un paralelismo con la Alemania de 1938. “En ese momento, Berlín quiso retirarse del Tratado de Versalles [de 1919, entre Alemania y los Aliados]. Hoy en día, Ankara no respeta el Tratado de Lausana [de 1923, que define las fronteras de Turquía], hay similitudes entre ambas situaciones”.

Las posiciones de alerta del Gobierno griego son ampliamente difundidas por la prensa progubernamental, que informa regularmente en portada de los “ataques”, “provocaciones” y de la “política neootomana” del “Sultán Erdogan”.

“Los griegos están reaccionando intensamente porque el país sigue estando muy marcado por su historia ligada a Turquía: siglos bajo lo que ellos llaman el ‘yugo otomano’ (siglos XIV-XIX) o el desplazamiento de poblaciones en 1923 [la expulsión de más de un millón de griegos de Asia Menor]”, recuerda el periodista e investigador especializado en Grecia y los Balcanes Christophe Chiclet.

En las últimas décadas varios episodios ya habían llevado a los dos países miembros de la OTAN al borde del conflicto. En 1987, Grecia retiró a sus reservistas tras la amenaza de enviar un buque turco de investigación sísmica frente a la isla griega de Samotracia (noreste). Turquía reaccionó ante el anuncio de una empresa petrolera que trabaja para el Estado griego de que quería realizar perforaciones en una zona en disputa en la región. Sin embargo, la tensión pronto disminuyó, con un anuncio recíproco de abandonar la prospección.

La crisis actual es la más larga que han conocido los vecinos desde la crisis chipriota de 1974. “Hace 30 años, el Ejército turco no era un ejército globalizado como lo es hoy, era un Ejército de guerra civil. La flota y la fuerza aérea griegas tenían superioridad tecnológica, lo que ya no es el caso. El equilibrio de poder ha cambiado”, explica el investigador Christophe Chiclet. El asunto también ha adquirido una dimensión internacional, ya que la fiebre gasística en el Mediterráneo también involucra a Chipre, Israel o Egipto y a varias compañías petroleras extranjeras.

El papel cada vez más evidente de la extrema derecha nacionalista en la determinación de la política exterior turca parece justificar las preocupaciones de Atenas. En declive desde 2015, el Partido Presidencial de la Justicia y el Desarrollo (AKP) debe ahora apoyarse en el Partido de Acción Nacionalista (MHP) para mantener la mayoría absoluta en el Parlamento.

Tras el fallido golpe de julio de 2016, Erdogan también se vio obligado a salir del deshonor en que habían caído los oficiales de este movimiento, para contrarrestar la influencia de los golpistas y copar los huecos dejados por las purgas. El contralmirante Cem Gürdeniz, considerado como el teórico del nuevo activismo armado de Turquía desde Libia hasta Irak, es uno de ellos. Su doctrina, la Patria Azul, afirma que la seguridad de Turquía comienza con las “líneas avanzadas” fuera de sus fronteras, que deben ser defendidas dando prioridad a la fuerza militar sobre la diplomacia clásica.

Sin embargo, en el concierto de acusaciones de expansionismo o de restauración otomana pronunciadas contra Turquía y reforzadas por el belicismo de los dirigentes de Ankara, algunos analistas piden que se mantenga la cabeza fría.

“Se pueden criticar los métodos singularmente agresivos de Erdogan, pero los dirigentes turcos ya lo hacían antes que él: siempre yendo más allá, tirando de la cuerda hasta el último momento y luego, cuando la cuerda está a punto de romperse, parando y haciendo las paces a quienes se ha insultado y criticado hasta la extenuación”, recuerda Didier Billion, director adjunto del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas (IRIS) de París.

“Todas las reivindicaciones turcas no son legítimas”

Si las demostraciones de fuerza del Ejército turco –como el despliegue de una quincena de navíos en los alrededores de Kastellorizo en julio o la interceptación simulada de F16 griegos por aviones turcos a finales de agosto– impresionan, y ese es el objetivo, estas provocaciones, meticulosamente calibradas, no deben nada al azar. Tampoco las campañas de prospección de los barcos sísmicos y de perforación turcos.

“Dudo que todos los recursos aún por descubrir en el Mediterráneo oriental estén situados en zonas de importancia geopolítica estratégica. Y sin embargo, aquí es donde la compañía petrolera turca TPAO está centrando su búsqueda”, comenta Nikos Tsafos, analista de CSIS Energy, con sede en Washington. “Esta no es la forma de hacer una exploración seria. Los barcos de TPAO son más para probar algo en el plano político”, apunta Nikos Tsafos, analista de CSIS Energy, con sede en Washington.

Bajo la protección de la Marina turca, la TPAO multiplicó en 2019 las campañas de exploración frente a las costas de la República de Chipre, que Ankara no reconoce y a la que niega el derecho de explotar los yacimientos de gas descubiertos en su seno –Afrodita, Calipso y Glaucus-1– sin organizar previamente el reparto de dividendos con la RTCN.

Sin embargo, en los últimos meses los turcos han concentrado sus esfuerzos más al oeste: en Kastelórizo, cuya localización “corta” la vasta plataforma continental reclamada por Ankara; cerca de Rodas, en los confines de la misma plataforma tal y como fue definida en noviembre de 2019 por un acuerdo de delimitación marítima con Libia, que no reconoce ninguna ZEE en las islas griegas.

De hecho, el ejercicio de presión sobre Grecia parece potencialmente más beneficioso que los intentos de intimidación por parte de Ankara de Chipre, donde cualquier progreso parece estar condicionado a una hipotética reunificación de la isla. Frente a Grecia, “Turquía utiliza una política de fuerza tanto para demostrar que nunca aceptará la imposición unilateral de un reparto del Mediterráneo oriental sin ella, como para obligar a Atenas a entablar negociaciones bilaterales con ella”, resume Sinan Ülgen, director del centro de investigación turco EDAM.

Según este experimentado analista, Ankara quiere volver a poner en marcha las negociaciones exploratorias llevadas a cabo por los dos países entre 2002 y 2016, que se vieron interrumpidas por el fallido golpe de Estado, cuando Turquía acusó a Grecia de acoger a los golpistas que huían. “El objetivo de las negociaciones no es resolver el problema de inmediato, sino acordar un marco normativo que luego se someterá a un tribunal internacional para decidir”, precisa.

Ülgen subraya el relativo éxito de esta dura política, ya que las conversaciones “se revitalizaron el mes pasado, por iniciativa de Alemania”. Sin embargo, admite que las posiciones turcas, tal como se definen en el acuerdo con Libia, son deliberadamente “maximalistas”. “Al final deberíamos llegar a una mesa en la que Turquía conceda una ZEE limitada a islas como Rodas y Creta, mientras que Grecia tendrá que admitir que Kastelórizo no tiene derecho a ninguna plataforma continental”, mantiene el geopolitólogo.

En París, Didier Billion coincide con su colega turco. “Sabemos la tendencia bastante contraproducente de Erdogan que hay que añadir. Pero en cuanto a la sustancia, se debería mostrar un poco de razón y considerar que todas las reivindicaciones turcas no son ilegítimas”, dice. “Por lo que sé, el derecho marítimo internacional se aplica específicamente a las islas anglonormandas [que no tienen una ZEE] debido a su configuración geográfica”. 

El investigador dirige esta constantación en particular a Francia, que, entre el deseo de ajustar sus cuentas con una Turquía rival en Libia y Siria, y la esperanza de hacer avanzar su proyecto de defensa europea a través del expediente greco-turco, se ha puesto decididamente del lado de Grecia.

Efectivamente, el 12 de agosto, París envió dos cazas Rafale y dos buques de guerra para un refuerzo “temporal” junto a los griegos en el Mediterráneo oriental. La “política expansionista que mezcla el nacionalismo y el islamismo [de Erdogan] (...) no es compatible con los intereses europeos”, añadió Emmanuel Macron el 29 de agosto en las páginas del semanario Paris Match, recibiendo los elogios de los medios griegos progubernamentales para el “aliado” francés.

“Claramente prefiero la política actual de [la canciller alemana Angela] Merkel en este tema. Es la voluntad de bajar la presión, de intentar iniciar contactos, un diálogo. Creo que es el método correcto”, señala el investigador Didier Billion. “Espero que tenga éxito y que Macron pueda decir que es también gracias a nuestra política de firmeza que hemos logrado este resultado”.

Las autoridades griegas acogen con beneplácito la actitud de París, que “ha entendido que la política de Erdogan era en realidad una política estratégica de expansión y no simplemente una cuestión económica, como piensa Alemania”, resume el diputado Angelos Syrigos.

Detrás de esta presencia francesa, resurge la hipótesis de la adquisición del avión de combate Rafale por parte de Grecia. París quiere vender 18 Rafales, según varios medios de comunicación griegos conservadores o la agencia Reuters, que alude a “conversaciones” el 1 de septiembre. Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial.

Al mostrar su músculo, Erdogan puede tener una pequeña oportunidad de mover las líneas a favor de su país. Pero sus métodos también llevan dentro de ellos las semillas del fracaso. “El riesgo es que la retórica hipernacionalista de ambas partes mantenga a los Gobiernos como rehenes y que el conflicto se vuelva inmanejable”, advierte el director del centro de investigación turco EDAM Sinan Ülgen. “Si se va a resolver el conflicto, ambas partes deben estar preparadas para hacer concesiones. Esto no es lo que hace la retórica de la Patria Azul”.

De hecho, en Grecia, el diálogo parece imposible siguiendo esta doctrina. “No podemos negociar nada bajo amenaza, mientras Turquía permanezca en nuestras aguas territoriales”, concluye el diputado Angelos Syrigos.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

Por supuesto, no hay que juzgar nunca, antes de que se produzca, la declaración de los comparecientes en un juicio oral. Tal vez aparezca una nueva pieza del puzzle, algo de verdad, un elemento de comprensión. Pero el juicio de los atentados cometidos el enero de 2015 en la redacción del Charlie Hebdo, que daba comienzo este miércoles 2 de septiembre y que no concluirá antes del 10 de noviembre, promete ser frustrante. Dolorosamente frustrante para las aproximadamente 200 partes civiles que representan a los supervivientes y a los diversos parientes de las 17 personas asesinadas entre los días 7 y 9 de enero en París, Montrouge y Vincennes.

Frustrante porque, cinco años después de los hechos, este juicio estará caracterizado por las ausencias. Los asesinos Amedy Coulibaly y los hermanos Chérif y Saïd Kouachi no estarán presentes para responder por sus actos. Con 20 minutos de diferencia y a 40 kilómetros de distancia, murieron el 9 de enero de 2015 en sendos ataques suicidas contra las fuerzas del orden que los asediaban. Pero este comportamiento es clásico entre los yihadistas y se repetirá en la mayoría de las audiencias en las que, en los próximos meses, se juzguen los ataques.

No, si este juicio se anuncia tan frustrante, es porque los cómplices, los sospechosos de haber hecho posibles estos ataques, no estarán en el banquillo de los acusados. Huidos a algún punto de Siria, tal vez muertos o, más incongruente aún, encarcelado en una celda francesa.

En su lugar, un tribunal especial tendrá que juzgar a terroristas secundarios. La mayoría, amigos de Amedy Coulibaly que están acusados de haber comprado chalecos tácticos, guantes, cuchillos, una pistola Taser, gas lacrimógeno y gas lacrimógeno. El ADN de dos de los presentes en el banquillo de los acusados se halló en las armas del asesino del Hyper Cacher. Todos ellos, colaboraron en distinta medida, ayudaron a llevar a cabo un plan ilegal y probablemente violento. Pero ¿sabían que se trataba de un atentado?

Uno de ellos explicará que, según él, Amedy Coulibaly “iba a robar algo haciéndose pasar por un policía con el chaleco”. Sabía que el equipo que proporcionaba “era para gilipolleces”, pero no pensaba que se llegase a eso, que fuera una matanza religiosa. Otro declarará que llegó a pensar que su amigo de la infancia quería participar en el tráfico de estupefacientes... o robar a narcotraficantes. Versiones nada extravagantes si tenemos en cuenta que Amedy Coulibaly tiene un largo historial delictivo.

Aún no se han probado las convicciones yihadistas de estos hombres, que deberán rendir cuentas ante la Justicia por su supuesta participación en una asociación criminal terrorista y que se enfrentan a veinte años de cárcel.

Sólo uno de los acusados que sí ocupará su lugar en el estrado, Ali Riza Polat, será juzgado por “complicidad en todos los actos terroristas” cometidos por Coulibaly y los hermanos Kouachi. Se enfrenta a la cadena perpetua. Se le imputan los principales cargos y los elementos más inquietantes.

En particular, presuntamente puso a Amedy Coulibaly en contacto con un traficante de armas en Bélgica y participó en la repatriación de armas en agosto de 2014. Se encontró una lista escrita de su puño y letra en la que preguntaba el precio de los explosivos, detonadores, municiones y cargadores de Kalashnikov.

El análisis de los registros telefónicos determinó que, al igual que algunos de los otros acusados, Polat había visto a Coulibaly varias veces en los días previos a los ataques.

Además, este traficante de drogas de poca monta, de origen kurdo, se fue, tres días después del asesinato del Hyper Cacher, a Líbano, desde donde intentó llegar a Siria. Unas semanas más tarde, se marchó a Tailandia, en el momento de los primeros arrestos. En su defensa, Ali Riza Polat siempre ha sostenido que no suministró ni vendió armas a Amedy Coulibaly ni a los hermanos Kouachi; aduce que si hubiera sabido de sus planes terroristas, habría dejado Francia antes de que se perpetraran los hechos.

¿Quiere esto decir que el expediente judicial carece de contenido? No. Sería falso afirmar algo así cuando consta de 171 volúmenes, los investigadores han efectuado todas las escuchas telefónicas posibles e imaginables, recogido todas las huellas dactilares y de ADN y examinado la geolocalización de unos y otros. A menudo en vano.

La dificultad de este caso estriba en la naturaleza misma de los hechos que se han de juzgar: una serie de atentados, largamente premeditados y sincronizados por tres hombres que se conocen, se aprecian y se ayudan mutuamente en sus macabros proyectos llevados a cabo en nombre de dos organizaciones terroristas rivales; Amedy Coulibaly que ha jurado lealtad al autoproclamado califa del Estado Islámico y los hermanos Kouachi que han reivindicado la responsabilidad de sus acciones en nombre de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA).

El mejor ejemplo de estas dificultades puede verse en el caso del cerebro de la matanza de Charlie Hebdo. Es bien conocido por todos. Mientras estaban encerrados en una imprenta en Seine-et-Marne, uno de los hermanos Kouachi concedió una entrevista telefónica a un periodista de BFMTV: “A mí, Chérif Kouachi, me envía Al-Qaeda al Yemen [...] ¡El jeque Anwar al-Awlaki me ha financiado!”.

La identidad del cerebro resulta fuera de toda duda, pero sin embargo plantea un problema: el jeque al-Awlaki fue asesinado por un ataque de drones de la CIA... cuatro años antes del ataque cometido en Charlie Hebdo. La eliminación del terrorista estadounidense-yemení se produjo pocas semanas después del paso por Omán y Yemen de un tal Chérif Kouachi que, bajo control judicial en Francia, había, con toda probabilidad, pedido prestado el pasaporte de su hermano Saïd.

“Amenaza inminente” en Francia

En ausencia del cerebro de la operación, los investigadores se interesaron por el posible intermediario. Alguien que habría facilitado la integración de uno de los dos hermanos en las filas de la AQPA. Peter Chérif encaja en el perfil. Este amigo de infancia de los Kouachi que creció con ellos en Buttes-Chaumont había ido a luchar contra los norteamericanos en Irak. Había participado en la batalla por el control de Faluya.

Fue capturado a fines de 2004 por las fuerzas de la coalición y condenado por la Justicia iraquí, en 2006, a 15 años de prisión hasta que la prisión de Badush (al noroeste de Mosul) fue atacada por rebeldes y aprovechó la oportunidad para escapar con otros 150 detenidos.

El 10 de septiembre de 2011, los servicios norteamericanos informaban a los servicios de contraespionaje francés de que un individuo se había comunicado, desde un cibercafé francés, con Peter Cherif, radicado en Yemen. El cibercafé en cuestión es uno de los dos únicos comercios de la calle de sentido único donde residía desde hacía tres años Chérif Kouachi. El 3 de agosto de 2013, nuevo aviso. “Los socios americanos” informan a Francia de una “amenaza inminente”. L’Express revela el 20 de agosto de ese año el contenido de unas escuchas de los servicios de inteligencia franceses, según las cuales, Cherif confirmaba que se encargaba de reclutar a extranjeros susceptibles de ejecutar “operaciones exteriores”. Pero la detención del yihadista y sus reveladoras declaraciones llegan semanas después de que los jueces de instrucción al cargo de la investigación hubiesen notificado a las partes el fin de sus investigaciones. En el listado de 14 personas remitido por la Fiscalía de París al tribunal no figura el nombre de Cherif, por lo que debe considerarse inocente de cualquier complicidad en la matanza de Charlie Hebdo. Comparecerá, por videoconferencia, desde la cárcel, como mero testigo.

En cuanto al resto del caso Kouachi contenido en el expediente (y, por lo tanto, de la matanza perpetrada en Charlie Hebdo), eso es todo. “De las investigaciones realizadas se desprende que los hermanos Kouachi dejaron pocos rastros tras ellos, como lo demuestran las investigaciones telefónicas e informáticas; se cuidaron de no llamar la atención de los servicios especializados, limitando sus encuentros, ciñéndose a su círculo familiar y comunicándose discretamente”, señalan impotentes los magistrados.

Una de las razones de la poca informaciones que se filtran de los hermanos Kouachi reside quizás en los videojuegos. En la vigilancia que los servicios de inteligencia franceses sometieron a los hermanos en 2012, se constata que Said “dedica una gran parte de su tiempo a jugar en línea con su hermano Chérif”. Sobre todo al Call of Duty, el juego de guerra muy utilizado por los candidatos a la yihad. Presenta la ventaja, innegable para los aficionados a la discreción, de permitir hablar entre jugadores en red, un medio de comunicación que no fue sometido a escuchas por la Policía.

La pesca no es mucho mejor en el caso de Amedy Coulibaly, cuyo ordenador empleado para la preparación y comisión de los ataques sin embargo fue hallado. Los expertos sólo pudieron constatar que no contenía ningún documento personal; los correos electrónicos, las búsquedas y el historial de navegación se eliminaban sistemáticamente.

La sesión del usuario principal se había creado una semana antes de cometer el delito y se había utilizado sólo para la preparación del mismo. Coulibaly utilizaba medios externos, llaves USB y tarjetas micro-SD y escribía ciertos documentos directamente en estos soportes, dejando el menor rastro posible en su portátil.

"Francamente, estoy muy contenta"

El 2 de enero de 2015, Hayat Boumeddiene, la esposa religiosa de Amedy Coulibaly, acompañada por un tal Mehdi Belhoucine, subía a un avión en Madrid con destino a Estambul. Unas horas más tarde, desde el mismo aeropuerto de Barajas y con destino a Estambul, Mohamed Belhoucine, el hermano mayor de Mehdi, hacía lo propio junto a su esposa e hijo. De este modo, volaba, cinco días antes del comienzo de la ola de ataques, el primer círculo de presuntos cómplices del futuro asesino del Hyper Cacher.

Se han dictado órdenes de busca y captura de Hayat Boumeddiene, Mohamed y Mehdi Belhoucine. Es más que improbable que comparezcan ante el tribunal.

Como Ali Riza Polat, a Mohamed Belhoucine se le acusa de complicidad en los crímenes de Coulibaly y se enfrenta a la cadena perpetua.

Por su parte, los magistrados subrayan que, al referirse a los ataques, Hayat Boumeddiene “no expresa sorpresa, sino su satisfacción”. En una escucha telefónica, su interlocutora le preguntó: “¿Te sorprendiste cuando viste las imágenes y todo eso?”. La respuesta no se hizo esperar: “Yo te lo digo francamente, estoy muy contenta. Solo, ya has visto, lo normal, lo echo de menos. Es mi marido. Lo quiero y todo eso…”.

Ni una palabra sobre las cinco personas que Amedy Coulibaly asesinó en Montrouge y en el Hyper Cacher de Vincennes. Y, para concluir la secuencia, la joven admite que, si hubiera permanecido en Francia en el momento de los ataques, “también estaría pringada”.

Por otra parte, Hayat Boumeddiene parece haber encontrado su felicidad en manos de la organización terrorista. “Aquí hay diamantes, la gente aquí es un tesoro”, le confió a su interlocutora. Disfrutando del estatus privilegiado de viuda de un “gran mártir”, no frecuenta a otras familias yihadistas. “Estoy en una casa [como nunca he visto] antes en mi vida... ¡Me cuidan como si fuera una princesa! ¡Vine aquí como si fuera una princesa!”, señala.

Pero este supuesto cuento de hadas yihadista termina con la caída del califato. En marzo de 2019, la esposa de Jean-Michel Clain (la voz que reivindicó la responsabilidad de los atentados del 13 de noviembre) dijo a los periodistas europeos que hacían un reportaje desde el campamento Al-Hol, controlado por los kurdos, en el noreste de Siria: “[Hayat Boumeddiene] ha sido asesinada [...]. No podemos decirles las condiciones, las horas, cuándo, todo se ha precipitado estos últimos días”.

Otra puerta que se cierra en vísperas del juicio de los ataques de enero. Excepto que una mujer que regresó de Siria a finales del año pasado declaró que Hayat Boumeddiene estaba vivita y coleando en octubre de 2019vivita y coleando. Hayat Boumeddiene, que se encontraba en el campamento de Al-Hol con una identidad falsa, se escapó entonces supuestamente por temor a ser reconocida y extraditada a Francia para ser juzgada.

El perfil de la mujer que regresó de Siria no es irrelevante y de nuevo dice mucho sobre el estatus de Hayat Boumeddiene dentro del estado islámico. Como revela Mediapart (socio editorial de infoLibre), se trata de la viuda del argelino Abdelnasser Benyoucef, el presunto autor intelectual del atentado perpetrado en Villejuif por Sid Ahmed Ghlam (que será juzgado próximamente) y, sobre todo, el yihadista que supuestamente inspiró al califa al-Baghdadi a crear una oficina de operaciones exteriores para planificar atentados en Europa y Francia...

Mientras se conoce más de la fuga del campo de Al-Hol, Hayat Boumeddiene vuelve a jugar con la Justicia francesa. Este miércoles por la mañana arrancaba el juicio de los atentados de enero de 2015 y la mujer que conoce los últimos secretos de estos asesinatos que han conmovido a todo el mundo, una joven de 32 años, se pasea por algún lugar entre Siria, Turquía e Irak.

Traducción: Mariola Moreno

Bajo un cielo más gris que nunca en Valparaíso (centro de Chile), las activistas del grupo feminista chileno Las Tesis aparecen, enmascaradas, frente a la jefatura de Policía o en la plaza principal de la ciudad portuaria, vacía por las medidas tomadas por la pandemia del coronavirus. Una de las integrantes ondea la bandera nacional, desprovista de sus colores, con una estrella blanca sobre fondo negro mientras se oye un largo Manifiesto contra la violencia policial.

“Los pacos [maderos] nos persiguen. Bloquean las puertas de nuestras casas, provocan, se infiltran como protestantes y comienzan a quemarlo todo, desfilan armados por nuestras calles, vuelan por nuestras cabezas”, enumera la voz en off, cuando las medidas sanitarias iniciales se basaron en los registros puramente coercitivos, en el mes de marzo, toque de queda incluido, así como en la declaración del estado de catástrofe, permitiendo el despliegue del Ejército.

Este vídeo, difundido en mayo, ha terminado con la imputación de las cuatro mujeres por incitación a la violencia por la frase “fuego a los pacos, fuego a la Policía”, que ha desaparecido del montaje final.

Tres meses después de los hechos, un grupo de especialistas en derechos humanos de la ONU reclama oficialmente a Chile la retirada de los cargos. “Se trata de un poema, de un lenguaje metafórico, no se refieren a incendiar comisarías de Policía, sino de acabar con la institución”, observa Alda Facio, experta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la discriminación contra las Mujeres y las Niñas. “De ser así, ¿meteríamos en la cárcel a toda la gente que escribe poesía?”.

En opinión de la experta, se trata de una estrategia de intimidación destinada a completar la deserción del espacio público democrático derivada por la pandemia de coronavirus. Si bien el desconfinamiento muy gradual puedo permitir volver a las manifestaciones, la “judicialización” del grupo feminista puede buscar torpedear su energía sacándolas de las calles para llevarlo frente a los tribunales.

“Nos alarma ver que la expresión artística y cultural de las mujeres jóvenes se entiende cómo un ataque a una institución tan poderosa como la Policía chilena”, añade Alda Facio.

“El comunicado de los especialistas de la ONU demuestra que, fuera del país, los ojos están puestos en Chile, lo que supone una presión positiva”, interpreta Lucía Miranda, politóloga de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y miembro de la red “Red de politólogas”. El grupo de Las Tesis de Valparaíso ya ha traspasado las fronteras de Chile.

En medio de una revuelta social, a finales de 2019 sus miembros sorprendieron con su poderosa intervención artística “Un violador en camino”, un slam que denuncia la violencia patriarcalslam. Su canción se coreó en las manifestaciones, implicando visiblemente el movimiento feminista con la revuelta social. Al mismo tiempo, su intervención se reproducía y escuchaba en todo el planeta: en Francia, en Turquía, en Nueva York ante el tribunal donde se celebra el juicio contra Weinstein a principios de año.

“El violador eres tú, es la Policía”, se grita. “En Chile, la Policía es el gran enemigo del feminismo”, subraya Miranda. “El nivel de represión es mucho mayor en el país que en otras democracias”.

El rechazo a la institución llenó las paredes de la ciudad durante la revuelta social con el omnipresente graffiti “ACAB”, siglas en inglés de “Todos los policías son bastardos”. Cuando el levantamiento acababa de producirse, una delegación de la ONU enviada a Chile en diciembre denunciaba el uso desproporcionado de la fuerza contra los asistentes a la protesta. Alrededor de 30 personas murieron y al menos 445 personas resultaron heridas en los ojos o perdieron la vista por disparos de la Policía, según el Instituto Chileno de Derechos Humanos.

“Lanzan gases [lacrimógenos], pegan, torturan, violan, destruyen, nos dejan ciegos”, decía el vídeo de Las Tesis difundido en mayo. Las manifestaciones se caracterizaron por la violencia contra las mujeres y las minorías y se presentaron muchas denuncias por agresión sexual.

“Íbamos a manifestarnos con miedo a ser perseguidas”, explica Midora Sovino, estudiante e integrante del grupo feminista Autoconvocadas Uach (Universidad Austral Chilena) en Valdivia (Sur). “Con las acusaciones contra Las Tesis, el mensaje que se lanza es claro: cualquier mujer que levante la voz será reprimida y las que se manifiesten contra las instituciones serán silenciadas”.

La joven activista ha multiplicado el número de reuniones virtuales, mientras parte del país ha pasado por un confinamiento de varios meses. “Continuamos con nuestras acciones, seguimos de pie, sobre todo porque con el confinamiento, la violencia de género ha aumentado”. Durante el primer fin de semana de confinamiento obligatorio, las llamadas al teléfono contra la violencia machista se incrementaron en un 70%.

Las organizaciones feministas y sociales tienen una agenda precisa: la del referéndum para la reforma de una nueva constitución que se ha pospuesto al 25 de octubre por la pandemia. Reclaman que una asamblea “constituyente", integrada en su totalidad por ciudadanos electos, redacte el nuevo texto. La redacción de una nueva constitución podría incluir especialmente el derecho a la educación o a la sanidad universales.

Porque la crisis sanitaria ha evidenciado una vez más la necesidad de un sistema de salud pública de calidad; los servicios hospitalarios de Santiago han estado al borde del colapso. El Gobierno liberal de Sebastián Piñera sale aún más débil de la ola pandémica.

Chile, que contabiliza más de 400.000 casos y 11.000 muertes, entre sus 18 millones de habitantes, ha pagado un alto precio por el coronavirus. Figura entre los países del mundo con mayor número de muertes en proporción a su población. En el vídeo, el grupo Las Tesis se pregunta: “¿Quiénes somos? Los enfermos sin camas, el personal sanitario sin medios”.

Traducción: Mariola Moreno

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