Ha muerto el coronel Prudencio García Martínez de Murguía, un militar ilustrado que nos ha legado una valiosa obra y el ejemplo de sus firmes convicciones en la defensa de los valores democráticos en el seno de las fuerzas armadas. Su figura, poco conocida para el gran público, aunque su firma se ha prodigado durante décadas en los principales medios de comunicación —solo en el diario El País publicó más de ochenta (80) artículos—, resulta imprescindible para cuantos se propongan indagar, con sus luces y sus sombras, en el proceso de transición de la organización militar habido en España, desde sus precedentes a principios de los años setenta hasta nuestros días.

Docente, conferenciante e investigador concienzudo, el mejor homenaje que podemos hacer al militar, al académico y al amigo, en su memoria, es divulgar su amplia producción intelectual. Los fundamentos de su obra parten de una sólida formación técnica —formado en el arma de Artillería, doctorado en Ingeniería y ampliación de estudios en el extranjero— y fructifican con una dedicación sistemática a la sociología militar, que lo convierten en un referente en España de la dimensión humanista de la profesión militar del tiempo presente, acompañado de una restringida nómina de escritores militares del ámbito progresista como Juli Busquets, Gabriel Cardona o Alberto Piris.

Prudencio García, todavía un joven capitán del Ejército, comienza a publicar artículos en las revistas de referencia de época, como Índice, al comienzo de la década de los años setenta. En estas contribuciones aborda temas inéditos, de naturaleza polémica y altamente sensibles para el umbral de tolerancia del régimen franquista. Sin embargo, dado el rigor, calidad, fundamentación y solvencia intelectual con que están elaborados, consiguen que sean reproducidos en las revistas militares, e incluso alguno de ellos premiado. Por ejemplo, la revista Ejército (número de marzo de 1975) reproduce el artículo «El militar profesional hoy y mañana», originalmente publicado en 1973 y recompensado con el premio Pedro Antonio de Alarcón, del Estado Mayor Conjunto para trabajos aparecidos en la prensa civil.  

En este artículo, el capitán García glosa el perfil del oficial que exigen los ejércitos de la sociedad de la época a partir de la doctrina del Ejército soviético, elaborada por el mariscal Grechko, en el que, junto a la disciplina, valor, dotes de mando, organización, cultura y técnica militar, destaca la necesidad de que el oficial tenga «madurez política e ideológica, y merecer la confianza del pueblo». La exigencia de educación política de las fuerzas armadas también está examinada en el artículo con referencia a las publicaciones europeas del ámbito de la OTAN. El autor deja claro que formación y cultura en ningún caso significan adoctrinamiento. La autoridad moral del oficial se basa en la capacidad analítica, mentalidad crítica y exigencia profesional.

Recogiendo sus estudios relativos a los límites de la obediencia debida y a la implicación política de las fuerzas armadas, Alianza Editorial publicó su libro Ejército: presente y futuro. Ejército, polemología y paz internacional (1975). La obra toma como elemento comparativo el caso del Ejército alemán entre las dos guerras mundiales. La obligación del militar de permanecer neutral de toda opción partidista no debe significar mantenerse ajeno a la problemática social y política. Declinar toda responsabilidad individual y colectiva respecto de la justicia social y los derechos democráticos conduce a un ciego apoliticismo, cuyo vacío intelectual tenderá a ser llenado con un conglomerado ideológico alienante, fomentado por quienes pretenden instrumentalizar a los ejércitos en defensa de sus intereses y en detrimento del interés general.

El trabajo del coronel García se orientó en las últimas décadas hacia las experiencias de las dictaduras militares del Cono Sur, examinadas a la luz de la sociología militar. En su obra sobre la junta militar argentina —El drama de la autonomía militar (1995)— se describe el comportamiento absolutamente desviado de los fines de los ejércitos y la quiebra de la disciplina. El empleo de las fuerzas militares estatales como ariete de las clases privilegiadas para derribar el gobierno democrático y conducir operaciones de terror contra la población, incluido el exterminio sistemático de los opositores, supone para la institución castrense abandonar todo concepto del honor y leal sometimiento a la legalidad, convirtiendo así a los militares profesionales en un simple grupo delincuencial. El militarismo fáctico de la fuerza es incompatible con el ejercicio reglado (legítimo) del poder militar.

La participación en misiones de Naciones Unidas en Centroamérica fue una oportunidad aprovechada por Prudencio García para estudiar el proceso bélico en el que se hallaba la región, la participación represiva de las fuerzas militares regulares y la lucha contra la impunidad. Cumpliendo el encargo recibido de ONUSAL, elaboró un Manual de doctrina militar y relaciones ejército-sociedad para la formación de los mandos de la Fuerza Armada de El Salvador. Por la envergadura de la represión sistemática emprendida por el ejército y las fuerzas paramilitares auxiliares —escuadrones de la muerte— se detiene en el caso de Guatemala, donde el genocidio de las comunidades indígenas alcanza las doscientas mil víctimas en tres décadas de conflicto civil. Su obra El genocidio de Guatemala (2005) describe la escalofriante campaña sistemática de masacres, exacerbada por el general Ríos Montt, devenido dictador tras el golpe de Estado de 1982 y declarado criminal de guerra por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el marco de la transición política a la democracia en España, Prudencio García defendió con coraje planteamientos contrarios a la mentalidad ultraderechista imperante en el Ejército al final de la dictadura franquista. Sus ideas sobre el control democrático de las fuerzas armadas fueron precursoras de las ideas defendidas posteriormente por los militares agrupados en la Unión Militar Democrática, organización a la que no perteneció formalmente al ignorar su existencia hasta las detenciones del verano de 1975. A partir de ese momento, fue un gran apoyo de los procesados y posteriormente en la reivindicación de la memoria de la UMD.

El compromiso público de Prudencio García con los valores democráticos le valió la enemiga de los sectores reaccionarios, siempre bien nutridos y asentados en las filas militares españolas. Muchos compañeros, de buena fe, no entendieron sus críticas constructivas a la institución militar; y otros, con abierta vileza, trataron de desestabilizar su vida personal y profesional. Prudencio, llevado por la laboriosidad científica, guardó, fechadas y anotadas, en su archivo personal todas las misivas anónimas que recibía con la declarada intención de silenciarlo. Mientras escribo tengo a la vista uno de estos anónimos, recibido en 1979 con matasellos de Granada, en el que un compañero profiere toda clase de injurias contra su persona y la del general Gutiérrez Mellado, figura que simbolizaba para los ultras la traición a Franco. Se despide de la siguiente guisa: «un saludo lleno de asco y vergüenza de haber sido compañero tuyo».

El papel desempeñado por los militares progresistas del entorno de la UMD en la transición política, reconocido por el gobierno en una declaración institucional de 2009, no ha sido aprovechado por el poder público para fomentar la pedagogía democrática en las fuerzas armadas que, como ha demostrado la Historia, no había que dar por un hecho descontado. Y es que, en unos ejércitos formados en el nacionalcatolicismo y la victoria militar en la guerra civil, no eran frecuentes las personas de las convicciones y cualidades del coronel Prudencio García. Siempre dispuesto a colaborar con las causas que entendía justas, gran conversador y generoso sin reservas con todos los que le pedían consejo y ayuda, sin mirar el puesto en el escalafón. Trabajador incansable, incluso con la salud quebrantada de los últimos años, queda inédito su estudio sobre el golpe militar contra el presidente Allende y la instauración en Chile del régimen pinochetista, que esperamos ver publicado en breve. 

La celebración del XVIII Congreso del Partido Comunista en 2012 fue el momento elegido para entronizar el liderazgo de Xi Jinping y presentar las líneas maestras de su política, en esta ocasión bajo el lema: “Sueño chino”. Desde que Den Xioping impulsara en 1979 el despertar chino con la trascendente decisión de desconectar la economía del régimen político (“socialismo con características chinas”), a costa de la igualdad, el desarrollo ha sido sostenido, con picos de progresión geométrica en la acumulación capitalista. En las dos décadas inmediatamente anteriores al período actual, Hu Jintao (2003) con su “desarrollo armonioso” mantuvo el crecimiento del producto nacional por encima de dos dígitos, que había sido preparado, a su vez, por la continuidad de las políticas de escala, basadas en polos de desarrollo interior, innovación tecnológica y zonas especiales de su predecesor, Jiang Zemin (1993).

La principal novedad de la segunda década del siglo XXI era una apuesta decidida por la apertura de su economía al mundo y el diseño de una estrategia geopolítica internacional ambiciosa de construcción de infraestructura comercial denominada Nueva Ruta de la Seda (NRS). Se trata de un proyecto global con una red digital, terrestre y marítima de comunicaciones. La vertiente terrestre supone la puesta en funcionamiento de una ruta de ferrocarril de extremo a extremo continental: desde Yiwu hasta Madrid con bifurcaciones en Alemania hacia Londres y Milán. La vertebración de la ruta terrestre multinacional se complementa con otra infraestructura viaria entre las ciudades principales de paso. La vertiente marítima del proyecto contempla distintas conexiones que unen el mar Mediterráneo (sur de Europa) con el Pacífico a través del canal de Suez, cuerno de África y los corredores de Pakistán, Bangladesh e Indochina en el Índico.

En una actualización de las grandes teorías geopolíticas del tránsito entre los siglos XIX y XX, la República Popular China pretende a la vez constituirse en la nueva centralidad de la región crucial euroasiática (Heartland del británico Mackinder) y ejercer el control de las rutas marítimas y terrestres de su área de influencia (Rimland del estadounidense Spykman). En efecto, la NRS, partiendo de este dominio, se proyectaría sobre espacios y mercados en los que China tiene inversiones estratégicas tanto en África como en América Latina. El poder militar chino, fundamento en último término de su proyección exterior, se ha preparado con una revolución tecnológica permanente (capacidades cibernéticas avanzadas y armas hipersónicas) y un despliegue de bases militares en sus mares de influencia cercana (establecimientos del llamado Collar de perlas), punto de fricción en el que se disputa abiertamente la influencia con Estados Unidos, que ha acelerado su estrategia de contención con sus aliados en la zona. 

En este contexto, el megaproyecto chino ha sufrido en estos dos últimos años sucesivamente dos disrupciones que pueden determinar finalmente una evolución distinta a las previsiones. En efecto, la declaración de la pandemia de la enfermedad vírica COVID19, en marzo de 2020, supuso una paralización sin precedentes de la economía mundial, deteniendo la producción estándar de las fábricas chinas. La demanda mundial giró abruptamente hacia el suministro de productos de protección sanitaria. La fiabilidad de la marca made in China se ha visto cuestionada en diversos ámbitos: los estándares de calidad competitivamente deficientes de la producción en masa; la localización del origen de la mutación del virus en un mercado de Wuhan, dando pábulo a especulaciones interesadas y exponiendo la pervivencia de costumbres tradicionales que contrastan con el imaginario del progreso urbanita chino; y la fuerte dependencia de la economía mundial de los suministros chinos cuando surgen problemas de saturación en los puertos y repercute en el alza de los precios de las economías occidentales, quedando en entredicho la principal ventaja competitiva de la producción china.

Beijing ha tratado de solventar esta vulnerabilidad sentida por muchos Estados con una activa política de inversión extranjera, toma de posiciones estratégicas y asistencia en la crisis sanitaria. La implementación sucesiva de la diplomacia, primero de las mascarillas y luego de las vacunas, le ha proporcionado una imagen responsable en el apoyo a los países preteridos por el mundo occidental desarrollado. Sin embargo, las economías occidentales, que habían parado la deslocalización de empresas y estaban primando la autonomía industrial, pueden haber visto en las consecuencias de la pandemia la razón definitiva para recuperar un modelo industrial propio, proteger su conocimiento innovador y acelerar los planes de transición ecológica. Las magnitudes de la economía china podrían sufrir con un descenso de la demanda.

 Mientras se evaluaba el impacto pandémico en los planes expansivos de China, ha llegado una segunda disrupción de naturaleza bélica con la inesperada decisión de Rusia de atacar convencionalmente Ucrania. Las consecuencias de una guerra sistémica todavía en curso sobre el sistema de seguridad colectiva son claras y necesariamente afectarán a la NRS en diversos aspectos. El escenario internacional estable de alianzas que exigen el desarrollo y mantenimiento de las rutas tenderá a revisarse a la luz de nuevas correlaciones, que vienen marcadas por la postura de los países ante el hecho consumado de la violación del Derecho Internacional. El bloque occidental, reforzado el liderazgo de Estados Unidos, se ha cohesionado en torno a la resurrección de la OTAN, a la nueva política de seguridad común europea, a la reactivación del gasto militar y a las sanciones económicas contra la Federación rusa.

La respuesta de China ante estos acontecimientos mundiales, que comprometen y entorpecen sus planes de expansión sostenida, se ha mostrado calculadamente ambigua para tratar de navegar en aguas procelosas: salvaguardar los acuerdos económicos suscritos de las nuevas alianzas que impone la guerra, mantener los intercambios con las economías occidentales y preservar los intereses estratégicos con Rusia y los países de su entorno, todo en un complejo escenario de riesgo de una conflagración mundial de consecuencias impredecibles. El sueño chino de una gobernanza global que sustituya progresivamente los estándares occidentales (el yuan frente al dólar) parece encontrarse en un punto de inflexión. El tiempo dirá si se trata de meros contratiempos en los planes de China o los antecedentes de un nuevo orden mundial.

Hasta la madrugada del día 24 de febrero de 2022, en que el gobierno ruso decidió lanzar por sorpresa una ofensiva sobre puntos estratégicos de la defensa militar de Ucrania como antesala de la invasión terrestre del territorio, el conflicto, aunque con una gran complejidad por sus componentes geopolíticos, ideológicos y culturales y con evidentes riesgos sistémicos, se estimaba limitado en su doble vertiente de guerra fría interestatal (Kiev-Moscú), en cuanto punto de fricción entre Occidente (expansión de la OTAN) y Oriente (mantenimiento del área de influencia de la Federación Rusa, más limitada que el de la antigua URSS); y una guerra caliente intraestatal (oeste-este), declarada tras la anexión rusa de la península de Crimea y el apoyo al movimiento secesionista de las regiones prorrusas. 

Las tensiones geopolíticas de fondo se habían desatado con las manifestaciones nacionalistas de signo prooccidental (Euromaidán) que, con un indisimulado respaldo transatlántico, reaccionaban así a la suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea. El presidente Yanukovich, prorruso, fue destituido. Rusia, recuperado su potencial económico con las exportaciones energéticas y constituido en un consolidado régimen autocrático, aprovecha la crisis nacional ucraniana para explotar el sentimiento de afinidad en el este del país, y reaccionar a la percepción de cerco impuesta en su frontera occidental. Con el argumento de la defensa de la población, después de un referéndum sin garantías ni reconocimiento internacional, se produce la anexión de facto de Crimea y un decidido apoyo a las milicias separatistas de la región de Donbass (repúblicas de Donetsk y Lugansk). 

El conflicto, que acumulaba en sus ocho años de duración más de 14 000 muertos, se había mostrado resistente a la mediación, pese a los esfuerzos desplegados por la OSCE en las conversaciones de paz entre las partes, con la implicación activa de Francia y Alemania, plasmadas en los acuerdos de Minsk I y II. La resolución definitiva del conflicto no estaba en el horizonte por enmarcarse en una disputa geoestratégica más amplia, pero sí la aspiración de los actores internacionales a encapsularlo para reducir el riesgo de una peligrosa escalada global. El significativo aumento de tropas y material ruso en la frontera se interpretaba como un modo de presión extrema, pero nunca como la preparación para un ataque inminente. En este sentido, la alerta de la inteligencia estadounidense, aunque fundada en movimientos reales de grandes unidades, se consideraba meramente preventiva. 

Hasta aquella madrugada de hace ahora justo un mes, la guerra, con un restringido empleo de las fuerzas convencionales, se libraba en otros terrenos, configurando diversas modalidades de la llamada guerra híbrida, principalmente en los ámbitos de la manipulación económica, las campañas de desinformación y las fuerzas irregulares (doctrina Gerasimov). En efecto, el control del suministro de gas habilita a Moscú para asfixiar a conveniencia a la economía ucraniana —y, por ende, presionar a la europea— y fomentar así el descontento social contra el gobierno de Kiev; la profunda división de la sociedad ucraniana permitía influir en la opinión pública con noticias sesgadas y propaganda prorrusa, contrarrestando de esta forma la procedente de Occidente. Y, en fin, el apadrinamiento de las milicias separatistas, la narrativa de la supuesta nazificación del gobierno ucraniano —que tan bien conecta con el imaginario de la resistencia rusa, pese a tratarse de una clara falacia— y la introducción en el territorio de fuerzas especiales sin identificación, mantenía la tensión alta para consolidar la ocupación.

No obstante, el conflicto Ucrania-Rusia, antes de estallar las hostilidades, planteaba serios interrogantes sobre la conformación del sistema mundial en el siglo XXI. El desenlace del pulso político geoestratégico planteado entre la Alianza Atlántica (EE. UU.), establecida en los bordes del espacio ruso con contingentes militares permanentes (repúblicas bálticas), y la Federación Rusa con voluntad manifiesta de recuperar presencia mundial, comenzando por asegurarse su zona de influencia. El deslizamiento occidental de Ucrania —una cuña en su espacio continental— era considerado un casus belli para el Kremlin. La estabilidad del mercado energético en Europa con la ampliación del control ruso en las fuentes de producción, transformación industrial y transporte también se jugaba en la partida. Y, como consecuencia de la escalada de tensión, el proceso de militarización creciente de la región con la acumulación de tropas, armamento y medios rusos en la frontera con Ucrania, la concesión de Bruselas de fondos de Defensa a Kiev y las facilidades de despliegue en los países vecinos. 

Era precisamente el peligro real de conflagración mundial lo que parecía garantizar, en último término, que no se produciría nunca un ataque directo y a gran escala a la soberanía de Ucrania. Ahora, consumado lo imposible, la nueva línea roja es el empleo táctico de armas nucleares —con la amenaza de una inconcebible DMA y el invierno nuclear en el horizonte en sentido no figurado— y todos los riesgos potenciales asociados al sistema político, económico y de seguridad colectiva que caracterizan a un conflicto internacionalizado de efectos globales se han hecho presentes, abriéndose preocupantes incertidumbres en el futuro inmediato. 

Los conflictos sistémicos suponen un riesgo estructural sobre el sistema de seguridad colectiva debido a los efectos que producen en múltiples dominios. El impacto sobre las relaciones entre las grandes potencias y su reflejo en el equilibrio de poder del sistema mundial de relaciones internacionales, que ya se muestra con la configuración de un nuevo orden mundial a partir del acercamiento casi inevitable Rusia-China, donde el sistema democrático liberal ya no es un denominador común. La activación del dilema de seguridad en la carrera armamentista para elevar la disuasión con una postura de fuerza (aumento de los presupuestos de Defensa, activación del complejo industrial-militar, desarrollo de nuevas armas como las hipersónicas).

La disrupción política, económica y social de toda guerra se traduce en un flujo de refugiados y desplazamientos internos, siendo ya cerca de 4 millones en un mes de combates. El esfuerzo generoso de acogida de la UE no impedirá que, si bien de forma más mitigada que en otros conflictos como el de Siria en que no existió tal generosidad, se alimenten las redes de tráfico de personas, la economía sumergida y la delincuencia transnacional organizada. El conflicto, con el resentimiento comprensible de las víctimas, nutrirá también los extremismos políticos.  

La adopción de medidas de sanción económica y retirada de los foros internacionales, además de los efectos globales, tendrá un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas, el comercio y las relaciones internacionales de una gran potencia como Rusia, repercutiendo en la economía internacional. El riesgo de la fragmentación de la globalización con la formación de sistemas paralelos, incluso con desconexión cibernética entre regiones mundiales, no es improbable. La afectación al consenso mundial dificultará mucho el desarrollo de la agenda internacional en los grandes retos de la humanidad, que persiguen la igualdad entre las personas, la protección del planeta y la prosperidad general (Agenda 2030).

En definitiva, la eufemística “operación militar especial” del ejército ruso ha supuesto una vuelta imprevista a la guerra convencional, cambiando una pauta que parecía consolidada en el siglo XXI. Contra todo pronóstico, este conflicto ha seguido un camino inverso: de la guerra encubierta, limitada, sin ostentación del poder militar, a una guerra abierta, de potencia de fuego y movilización de grandes contingentes sobre el terreno. El ataque salvaje ordenado irresponsablemente por el presidente Putin contra el pueblo de Ucrania supone una doble conculcación: la prohibición de hacer la guerra y el respeto a las normas del derecho internacional humanitario. El pragmatismo de los intereses del Estado por encima del sistema internacional de seguridad colectiva y de la seguridad humana. Ahora solo nos queda esperar que no cunda el ejemplo en otras situaciones de parecidos razonables.

Salvador Allende murió el 11 de septiembre de 1973, tras defender con sus escoltas su alta magistratura frente a los militares golpistas, que desde el día siguiente al de la victoria en las elecciones presidenciales fueron instigados, financiados y asesorados por Washington. El testimonio fotográfico disponible muestra a un hombre que, provisto de casco militar en la cabeza y fusil en mano, compone una dolorosa estampa quijotesca. Antes había rechazado las facilidades que le ofrecieron para exiliarse (Yo no renuncio) y había grabado en Radio Magallanes, única antena disponible en ese momento, su último discurso a la nación. En trance tan trágico, la conmovedora intervención radiofónica del presidente Allende constituye tal vez el testamento político más impresionante del siglo XX, tan auténtico como desgarrador.

En sus últimas palabras, con la mente puesta en los que a partir de ese momento crítico iban a ser perseguidos por los usurpadores; y en los trabajadores, que volverían a ser marginados, denunció la traición de los generales rastreros que pretendían imponerse y el egoísmo de los que por mano ajena querían recuperar sus privilegios. Expresó serenamente su decisión de morir en su puesto, y afirmó, en esta ocasión postrera, su fe en Chile y su destino. Todo se cumplió implacablemente; también aquella parte en la que pronosticaba con gran entereza que, más temprano que tarde, se abrirían las grandes alamedas de una sociedad mejor y que habría «una lección moral que castigaría la felonía, la cobardía y la traición».

Cincuenta años después de la infamia, esa lección moral le ha correspondido administrarla al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, con la designación como nueva ministra de Defensa de Maya Fernández Allende, diputada socialista y nieta del presidente Allende, que comandará las fuerzas armadas y retomará simbólicamente el fusil que quedó en los escombros del Palacio de la Moneda, tras el indigno y bochornoso ataque de los cazabombarderos de la Fuerza Aérea chilena; ironías del destino para unos ejércitos que quisieron justificar sus operaciones criminales con la excusa del peligro comunista a la seguridad nacional, la nueva jefa de la Defensa chilena es hija de cubano, y en Cuba transcurrió su infancia y juventud, el lugar en que la familia Allende vivió su exilio.

La democracia chilena, que era la más sólida de Iberoamérica antes del golpe, ha recuperado la estabilidad y la alternancia política, pero los efectos sociales y económicos de la dictadura pinochetista aún perduran. Chile ha solventado razonablemente bien la transición política y la memoria histórica reciente. Los Ejércitos, con la muerte del dictador, ya totalmente denostado después de su arresto en Londres por orden judicial, volvieron rápidamente a la senda de la subordinación constitucional y al cumplimiento profesional de sus misiones, dejando de inmiscuirse en la política nacional. En otro gesto simbólico que ahora se repite, Michelle Bachelet, hija del general de Aviación asesinado por el régimen, fue nombrada en 2002 ministra de Defensa, y cuatro años después se convirtió en la primera presidenta de Chile.

No obstante, las fuerzas armadas chilenas, especialmente el Ejército, han mantenido una innegable autonomía interna, consecuencia de su posición institucional privilegiada en la transición política. La subordinación al poder civil se ha combinado tácitamente con la anuencia respecto de un funcionamiento interno opaco, que ha tolerado abusos y redes de corrupción sistematizados, fundadas en el convencimiento de la impunidad tradicional del sistema con los uniformados. La utilización de fondos reservados del cobre, sin intervención ni controles, para la compra de armamento, material y financiación general de las unidades militares ha desembocado en un macroproceso de fraude y enriquecimiento ilícito (milicogate), con una estimación en la instrucción judicial de más de 6000$ millones defraudados, por el que fue procesado y se mantiene en prisión al general Fuente-Alba, excomandante del Ejército.

El programa político del Frente Amplio en materia de Seguridad y Defensa, teniendo como antecedente la actuación de las fuerzas de orden y la implicación de las fuerzas militares en la represión de las protestas sociales, contempla la reforma del cuerpo de Carabineros para avanzar en la profesionalidad de la función policial, la prevención científica del delito, el desarme y control civil de las armas, y la gestión del orden público con respeto a los derechos fundamentales de las personas. El sistema de enseñanza militar dará primacía a la formación en derechos humanos, perspectiva de género y labores de ayuda humanitaria, contemplando la igualdad de oportunidades en el acceso a los cuerpos militares, mediante la corrección de la brecha socioeconómica entre las distintas escalas del personal militar.

El gobierno de Gabriel Boric llega en un momento en el que se ha agudizado el conflicto histórico en la región sureña de la Araucanía con las comunidades mapuches. En los últimos años se ha alimentado una espiral de violencia con incendios de propiedades, ataques a los agentes de la autoridad y asesinatos de campesinos. El presidente saliente, Salvador Piñera, decretó el estado de excepción en la región, desplegándose el ejército en misión de control y seguridad. Los fuertes intereses económicos de la explotación de tierras y el asentamiento de bandas delictivas han complicado la resolución del conflicto. El presidente electo ha anunciado el levantamiento de las medidas de excepción y la apertura de un proceso de resolución pacífica.

El estallido social de 2019 forzó la formación de una Convención Constitucional para la elaboración de una nueva Norma Fundamental, que está llamada a derogar definitivamente la herencia institucional del régimen pinochetista, reestructurar la fórmula de gobierno y replantear las relaciones entre los poderes del Estado. El desequilibrio socioeconómico producido por las políticas neoliberales desreguladoras de los años ochenta sigue vigente en sus efectos sobre la protección social y la distribución de la renta. A la ministra Fernández Allende, integrada en el círculo más cercano del presidente, le corresponde culminar la reforma militar iniciada en 1988 con la holgada derrota del dictador en su plebiscito. Y en esta tarea tiene el honor y la responsabilidad de encarnar el ejemplo moral de su familia.                                                                  

A finales del pasado mes de octubre, tuvo lugar en la ciudad extremeña de Trujillo la XXXII Cumbre/Cimera Hispano-Lusa con las respectivas delegaciones nacionales encabezadas al más alto nivel por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa. La cumbre anunció la renovación del Tratado de amistad y cooperación entre España y Portugal, suscrito originalmente en noviembre de 1977, así como otros acuerdos sectoriales sobre cooperación transfronteriza, energías sostenibles o tecnologías digitales.

A la conclusión de la cumbre, la Sociedad Iberista, una de las organizaciones civiles más activas en la promoción del iberismo del siglo XXI, hizo público un comunicado en el que valora los acuerdos adoptados en este encuentro bilateral. Para esta asociación ciudadana, representada a uno y otro lado de la raya, los resultados de la cumbre son insuficientes y no han contado con la sociedad civil organizada en su confección. La reedición del Tratado, aunque necesaria y valiosa por la voluntad política que pone de manifiesto, no profundiza en cambios estructurales, sino que se inscribe en el ámbito propio de las declaraciones de intenciones. El paso de la estrategia de los instrumentos diplomáticos a la táctica de la elaboración de planes detallados no siempre se produce, quedando los acuerdos en declaraciones retóricas.

Algunos de los asuntos acordados en esta cumbre resultan de urgente necesidad como la regulación del estatuto del trabajador transfronterizo, la transición energética coordinada para ganar autonomía o el desarrollo de infraestructuras viarias, que son condición para el desarrollo económico-social de ambos países y cuya ejecución contribuiría a reducir las actuales asimetrías del efecto frontera y a mejorar los estándares de calidad de vida de los ciudadanos con independencia de su respectiva nacionalidad. Garantizar unas conexiones dignas por carretera y ferrocarril –sin más dilaciones–, suprimir los bloqueos actuales, mejorar y compartir los servicios públicos, gestionar de forma conjunta e integral las infraestructuras, u homologar los procedimientos administrativos con criterios de integración, constituyen una demanda social que se expresa cuando hay ocasión tanto en la lengua de Cervantes como en la de Camões.

El Tratado aborda áreas amplias de cooperación, sea en los distintos dominios transfronterizos –reto demográfico, sanidad, medioambiente, o protección civil– como en los sectoriales: educación, cultura, tecnología, conectividad, energía, economía, trabajo,… La cooperación multilateral en el ámbito de la Unión Europea es objeto de un compromiso conjunto, que tiene en cuenta intereses mutuos como son la defensa del tratamiento de las regiones ultraperiféricas (Canarias, Azores), cuya condición de insularidad y lejanía exige medidas asistenciales de todo tipo. Sin embargo, la implementación efectiva de estos compromisos formales en la realidad sigue siendo escasa por falta de concreción.

Dada la temática de este blog, podemos tomar como referencia la cooperación en materia de seguridad y defensa, prevista en el artículo 11, en relación con las capacidades, misiones y operaciones conjuntas de las fuerzas armadas y la interoperabilidad de sistemas, así como la defensa de intereses comunes en las organizaciones internacionales de pertenencia. Pese a la desaparición total de la amenaza militar interestatal en la península, la experiencia sigue demostrando la resistencia para avanzar en resultados tangibles en estas cuestiones consideradas de Estado, no obstante la solemnidad del compromiso convencional adquirido y la clara conveniencia de agrupar y compartir los recursos –pooling & sharing ibérico– para la defensa de los respectivos espacios nacionales. La constitución de una Fuerza Iberoamericana de Paz con carácter permanente, que permitiría una potente presencia internacional de la comunidad, es un proyecto histórico que hasta la fecha no ha podido materializarse.

Contrasta con esta situación de las altas esferas de decisión política la progresiva integración social que desde la supresión de las aduanas se vive con absoluta naturalidad en las comunidades fronterizas. Un iberismo cotidiano, fraternal y transversal que se reconoce en las dos nacionalidades, que reclama ambas identidades, y que es capaz de transformar un contencioso histórico (Olivenza) en una sinergia de convivencia y oportunidad de desarrollo regional. El iberismo horizontal, respetuoso con las respectivas identidades nacionales, puede desempeñar un papel activo y dinamizador en una estrategia gubernamental ambiciosa de integración política, económica y social en la península ibérica. Frente al corsé diplomático al uso, un iberismo operativo sobre el terreno.

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Fidel Gómez Rosa, Doctor en Ciencias Políticas por la UCM. Secretario de la junta directiva del Foro Milicia y Democracia (FMD).

El pasado mes de agosto se firmó un memorando de entendimiento entre el gobierno de Venezuela y un sector de la oposición para comenzar unas negociaciones que contribuyan a la normalización política en Venezuela. El acuerdo fue ratificado por la Asamblea Nacional y publicado en la Gaceta Oficial de la República. El Consejo Nacional Electoral, con estatus de independencia por la naturaleza de sus funciones, se encarga de la supervisión interna de las conversaciones. El conflicto político había alcanzado un punto de estancamiento, en un escenario de emergencia nacional, que estimula a las partes a una solución cooperativa.

El proceso, auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), contará con mediación internacional, con Noruega como principal facilitador y México como sede —ambos países con gran tradición en acompañar procesos de paz—, apoyados por un grupo de otros estados en el que, por expresa invitación de las partes, se han integrado ya Países Bajos y Rusia. Por otra parte, el llamado Grupo de Puebla, compuesto por exmandatarios iberoamericanos sin representación oficial, muestra también su apoyo decidido al proceso de negociación. Entre sus miembros, se encuentran expresidentes como Martín Torrijos, Rafael Correa, Fernando Lugo, José Luis Rodríguez Zapatero, Dilma Rousseff o Ernesto Samper. La implicación de la oficialista OEA, junto con el grupo de antiguos dirigentes latinoamericanos de corte progresista, garantiza un cierto equilibrio en la labor impulsora de los terceros participantes.

Las conversaciones reúnen, por tanto, todos los estándares técnicos, garantías jurídicas y respaldos políticos de máxima autoridad de la comunidad internacional, por lo que es previsible que el resto de las fuerzas políticas de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, incluido el sector que representa el denominado presidente-encargado Juan Guairó, se vean forzadas a integrarse en la “plataforma unitaria” de oposición democrática. Una resolución en la que influirá decisivamente la esperable retirada de los apoyos externos que los sostienen.

La agenda acordada plantea discutir con carácter integral la situación de la República de Venezuela en relación con el ejercicio de los derechos políticos, las garantías electorales, el levantamiento de las sanciones y la restauración de los activos, el cumplimiento de las normas constitucionales, la convivencia política y social con renuncia a la violencia y la reparación de las víctimas, la defensa conjunta de la economía nacional y la adopción de medidas de protección social. En la metodología consensuada, que incluye la designación de mujeres en las respectivas delegaciones, se declara el carácter irreversible de los acuerdos parciales que se logren.

Casi una década después de la muerte del comandante Chávez, el gobierno de Maduro ha conseguido mantenerse en el poder, entre acusaciones de deriva autoritaria, corrupción, fraude electoral y represión de la oposición democrática. El desafío de Caracas a la diplomacia internacional supuso la aplicación de duras sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. El pueblo venezolano, cercado en un fuego cruzado, ha pagado un alto coste con un descenso sin precedentes en el nivel de vida, un desabastecimiento continuado de productos básicos, un agravamiento de la criminalidad interna y una diáspora de millones de personas, tanto en calidad de refugiados políticos como, principalmente, de emigrantes económicos. El estricto bloqueo económico, financiero y comercial ha obligado al gobierno bolivariano a buscar aliados fuera de su zona de influencia.

Por su parte, la oposición política venezolana ha boicoteado sistemáticamente los procesos electorales y ejercido una activa movilización en la calle, que ha sido testigo frecuentemente de la actuación de grupos paramilitares y milicias paraestatales que han escalado el conflicto civil. Las relaciones con el país vecino de Colombia, que se ha visto afectado en su estabilidad política interna y en el sostenimiento de los servicios públicos por la llegada masiva de migrantes venezolanos, se han deteriorado hasta bordear el enfrentamiento militar. En una decidida apuesta por derribar al régimen del Palacio de Miraflores, fue investido presidente-encargado el líder opositor Juan Guaidó, contando con el placet y reconocimiento expreso de Washington y Bruselas. Pero el experimento, en el que participó también España perdiendo así toda su eventual ascendencia en la superación de la crisis, se ha saldado con un rotundo fracaso.

En estas circunstancias, ambas partes, en el presente un gobierno sitiado y debilitado y una oposición cada vez más fragmentada e irrelevante, están llamadas a converger moviendo sus posiciones en la mesa de negociación, aunque no faltarán acusaciones de incumplimientos y deslealtades mutuas. La pandemia ha contribuido también a imprimir un sello de urgencia a esta negociación que se plantea como un proceso de “salvación nacional”. Es hora de que el pueblo venezolano deje de ser rehén de intereses ajenos y disputas ideológicas para recuperar su soberanía nacional, conforme a su voluntad libremente expresada en las urnas. El proceso de paz que se abre en la Ciudad de México es quizá su única oportunidad.

En unos meses se cumplirá un lustro de la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto entre Colombia y las FARC, rubricado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Dos meses antes, en un acto solemne en presencia de los principales mandatarios latinoamericanos, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el líder guerrillero delegado, Rodrigo Londoño Timochenko, habían firmado en Cartagena de Indias el acuerdo original que culminaba las negociaciones emprendidas años antes en La Habana.

Sometido a referéndum, contra todo pronóstico el primer acuerdo no consiguió su ratificación popular por un escaso margen. La campaña plebiscitaria pronto se tornó en clave de polarización política entre el gobierno y la oposición conservadora más radical, deshaciendo el amplio apoyo con que contaba el proceso de paz en la opinión pública. La comunidad internacional había hecho una apuesta decidida por el diálogo y la solución pacífica, que se vio refrendada por la concesión del Premio Nobel de la Paz en 2016. El traspié del referéndum fue resuelto con agilidad al convocar a las fuerzas políticas a un pacto nacional para salvar el proceso, que desembocó en tiempo récord en una revisión del acuerdo con cinco puntos de mejora relativos a desarrollo agrario, priorización de las víctimas, apertura de cauces de participación política, compromisos firmes de fin del conflicto y mecanismos de verificación.

El último informe (2020) del Instituto Kroc, con mandato de las partes para prestar el apoyo técnico al seguimiento y verificación de los acuerdos, muestra que la implementación se encuentra en la senda de abordar los objetivos de medio y largo plazo, una vez cumplidos mayoritariamente los objetivos de corto plazo. En términos globales, en torno al 30 % de las 578 disposiciones derivadas del Acuerdo Final se han completado, un 20 % están avanzadas y la otra mitad en un estadio inicial de cumplimiento.

Se ha producido un recrudecimiento en los enfrentamientos entre los sectores guerrilleros disidentes —denominados «grupos armados organizados residuales» (GAOr), en la terminología oficial— con la Fuerza Pública en territorios estratégicos para la consolidación de la paz. Las medidas de seguridad establecidas, como ya ocurriera en otros intentos históricos de parar la violencia con participación política (caso de la Unión Patriótica en el proceso conducido durante el mandato del presidente Belisario Betancur en la década de los años ochenta del siglo pasado), no han impedido que se sigan produciendo amenazas y asesinatos selectivos de combatientes desmovilizados y líderes sociales con un papel relevante asignado en el cumplimiento de los acuerdos. En 2020 se registraron hasta 73 asesinatos de esta naturaleza, que el Partido Comunes (nuevo nombre adoptado desde este año por las FARC desarmadas) y otras fuentes no gubernamentales elevan a varios centenares.

La pandemia sanitaria mundial en curso ha dificultado la movilidad, el desarrollo de los procesos participativos y la reintegración social, profundizando la desigualdad, el abandono estatal, los desplazamientos forzados y la vulnerabilidad de la población más pobre. La fijación de la población en las áreas rurales, clave en un futuro de recuperación nacional, requiere completar la limpieza de las zonas de desminado humanitario y desarticular decididamente a las organizaciones criminales que actúan en el territorio, aprovechando la oportunidad del desarme y la desmovilización de los efectivos de los frentes guerrilleros.

En relación con la solución pactada al complejo problema del narcotráfico, que mantiene intacta su capacidad de contaminar a todos los actores, no se ha avanzado significativamente en el consenso de los agentes locales sobre la política nacional contra las drogas, el plan de sustitución de cultivos y la atención integral a los cultivadores. Sigue también el déficit en garantizar el apoyo institucional y la financiación de los proyectos productivos, las garantías a la participación ciudadana y la reforma electoral. Apenas se han desarrollado las previsiones con enfoque de género y relativas a los pueblos étnicos, históricamente marginados y sometidos a una degradación de vida con un alto consumo de drogas psicoactivas.

La reforma rural integral, considerada una pieza fundamental del éxito del proceso, requiere desarrollar los planes nacionales sectoriales y dinamizar los procesos de ordenamiento social, ambiental y productivo de los territorios (fondo de tierras, baldíos, especialidad agraria). La implementación de aquellos enfoques transversales que tienen una base territorial exige la implicación efectiva de las autoridades departamentales y municipales de ejecución de la planificación asociada, lo que interfiere con la adscripción política partidista de los responsables.

Las comisiones, asociaciones e instituciones de memoria, en alianza con organizaciones internacionales, han comenzado a cumplir su función con entrega de restos de personas desaparecidas, designaciones de zonas de actividad paramilitar, lucha contra la impunidad, registro de testimonios de participantes, pedagogía del esclarecimiento de la verdad y la convivencia y el respeto a los derechos humanos. No obstante, pese al buen ritmo de trabajo de la jurisdicción especial, el programa de reparación de las víctimas sigue siendo escaso.

La verificación de los acuerdos se ha visto favorecida por el acompañamiento internacional de financiación multilateral bajo el liderazgo de Naciones Unidas y su misión de verificación. Existe un desequilibrio acusado entre los fondos destinados a la financiación pública de las instituciones que realizan la labor técnico-humanitaria y las inversiones directas de construcción de la paz. Los observadores del proceso consideran que las reformas estructurales y cambios instituciones previstos en los acuerdos deben producir transformaciones tangibles en el nivel de las comunidades y las personas, para no desincentivar el compromiso mayoritario de la sociedad civil colombiana en conseguir una convivencia en paz duradera y estable.

Cabe preguntarse por la relación que pueda existir entre la implementación del Acuerdo, la agudización de la violencia que viene registrándose en determinados territorios recolonizados por grupos del crimen organizado y el largo ciclo de protestas urbanas que vive el país, duramente reprimidas por el Gobierno en el marco de la Política de Seguridad del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque. Las manifestaciones públicas, con una fuerte carga de violencia, bloqueo coactivo de la vida ciudadana y destrucción de infraestructura, fueron respondidas con un desproporcionado uso de la fuerza por las autoridades, produciendo un número inaceptable de muertos y heridos, que contradice las bases del proceso de paz. El derecho fundamental de manifestación es un ejercicio democrático irrenunciable de los ciudadanos, máxime para expresar el malestar social por el deterioro acelerado de las condiciones materiales de vida y el incumplimiento de las vías de participación.

La reacción gubernamental ante los excesos violentos de los grupos organizados en la protesta —en estas acciones pueden identificarse algunos patrones de tácticas y técnicas híbridas— tiene que ceñirse estrictamente a los protocolos profesionales de actuación, preservar la vida humana y respetar los derechos humanos. Los autores de actos vandálicos y criminales deben ser puestos a disposición judicial con rapidez y plenas garantías, así como debe hacerse con los efectivos de la fuerza pública que eventualmente se extralimiten en sus cometidos para despejar toda sombra de impunidad tolerada. La autonomía operativa que llevó a los abusos del pasado, incluidas miles de ejecuciones extrajudiciales o «falsos positivos», no puede volver si se aspira a merecer la confianza de la ciudadanía. En este sentido, hay que saludar las acciones de modernización de la Policía, anunciadas esta semana, para convertirla en una fuerza de Seguridad Pública, con estándares de servicio público y control democrático.

El relevo en la Casa Blanca ha supuesto el anuncio de la revisión de la política migratoria en Estados Unidos, especialmente de los protocolos aplicados a los inmigrantes indocumentados latinoamericanos y a los demandantes de asilo. Entre las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el nuevo presidente, Joe Biden, en el despacho oval el primer día de su mandato, hecho al que se le concede gran carga simbólica, se encuentra el bloqueo de los fondos federales destinados a las obras de ampliación del muro de separación en la frontera sur.

Al frente del Departamento de Seguridad Interior (DHS) ha sido nombrado Alejandro Mayorkas, un abogado nacido en el seno de una familia cubana migrante, para dar credibilidad a la voluntad del gobierno Biden de reformar en profundidad las políticas migratorias en línea con los valores democráticos estadounidenses, asumiendo que se han aparcado durante el mandato de Donald Trump. Se pretende dejar atrás los aspectos más crudos de la política trumpista que elevó el racismo y la xenofobia con los migrantes latinos no regularizados a política de Estadotrumpista. La vileza de una política gubernamental que mantenía en el limbo a toda una generación de jóvenes formados en suelo estadounidense (dreamers), que no tenía escrúpulos en separar a los padres de sus hijos menores para quebrar su voluntad donde más les podía doler, o que sin otra lógica que el cálculo electoral persistía en tratar de poner puertas al desierto.

La postura de Washington a la primera caravana de migrantes centroamericanos, iniciada en el otoño de 2018, fue endurecer su respuesta represiva. Las semanas que las personas migrantes tenían que invertir en atravesar la república mexicana para alcanzar el norte fueron aprovechadas por la administración Trump para empleando su hegemonía continental aliviar la presión sobre su territorio transfiriendo a México (y subsidiariamente a Guatemala) las funciones de gendarme avanzado de su aduana. Con la eufemística y sarcástica denominación de Protocolo de Protección de Migrantes (MPP) —subtexto: No vengas— los caminantes, en permanente ejercicio de supervivencia, han visto alejarse progresivamente la anhelada frontera de los Estados Unidos.

Tales medidas consiguieron momentáneamente desarticular la fórmula de caravana ideada por los migrantes centroamericanos para darse apoyo en la marcha frente a las mafias, los abusos y ataques del camino, al tiempo que conseguían atraer la atención de la opinión pública sobre la situación de pobreza y violencia de la región. Dos factores han agravado una situación social que ya era explosiva: la pandemia del covid-19 que autoriza la implementación de protocolos de bioseguridad y el tradicional flagelo del paso de huracanes, que esta temporada han afectado particularmente a Honduras, cuya población, sometida a desgracias sin cuento, ha formado en su mayoría las últimas caravanas como llamada desesperada de auxilio.

La coordinación diplomática entre Estados Unidos, México y Guatemala consiguió cerrar el paso de los migrantes y dejarlos confinados en campamentos precarios. Fuerzas militares y de policía controlan la aduana guatemalteca exigiendo la documentación de salida y una prueba negativa de covid, requisitos inalcanzables para los miles de personas, incluidas familias enteras, que tratan de avanzar en su marcha en condiciones muy duras. El regreso a sus pueblos de origen no es una opción para muchos que han perdido sus casas y han invertido todos sus recursos en la que consideran su única salida a una situación límite.

Las asociaciones de migrantes hondureños piden un nuevo estatuto de protección temporal (TPS) como antídoto a las caravanas. Los migrantes son el motor de la economía de su país. Se calcula que cada trabajador en Estados Unidos —hay más de un millón sin regularizar— sostiene en promedio a cinco personas. Las remesas de los migrantes, según datos del Banco Central de Honduras, alcanzan los 6 000 millones y representan el 22 % del PIB. Las consecuencias de un regreso masivo serían inasumibles para la economía y la paz social. El Gobierno de Tegucigalpa, incapaz de atender las necesidades básicas de la ciudadanía, ha solicitado la extensión del estatuto vigente y que se aborden las causas objetivas del éxodo masivo por los riesgos de desestabilización que entraña para la región. Los huracanes en tiempos de pandemia han profundizado la quiebra económica de Honduras y una crisis social sin precedentes con consecuencias impredecibles.

La administración Biden ha puesto fin al uso descarado de la migración latina como chivo expiatorio de la pugna electoral. La vuelta a una migra de rostro humano, que respeta los tratados internacionales de atención a los demandantes de asilo, no debe confundirse con una flexibilización de las condiciones de entradamigra . Se ha levantado el campamento de Matamoros y han comenzado la tramitación de los expedientes, pero la normalización llevará tiempo. Las solicitudes de ciudadanía de los dreamers y las medidas de protección temporal de los colectivos indocumentados, cabe esperar que reciban también un impulso. Pero el problema estructural de fondo, marcado por el gran diferencial de renta entre el norte y el sur del río Bravo, no es previsible que sea abordado de la única forma en que podría ser paliado, que es con inversión masiva en desarrollo para fijar la población en sus respectivos países.

El nuevo presidente, como respuesta a la práctica obstruccionista del parlamento, presentó una reforma constitucional del sistema político en varios aspectos, que fue aprobada en referéndum. El gobierno peruano inició también reformas estructurales y de regeneración política, que activaron la alarma en una cámara en la que recaen denuncias de corrupción en más de la mitad de sus componentes. El Congreso forzó la renovación de miembros del Tribunal Constitucional con la pretensión indisimulada de colocar afines y frenar así la eficacia de la acción del gobierno. El presidente Vizcarra planteó entonces una cuestión de confianza que, al ser negada por los parlamentarios, justificó el cierre de la cámara y la convocatoria de elecciones legislativas.

Sin embargo, el resultado de las elecciones ha supuesto una mayor fragmentación de la representación política, con la introducción en la cámara legislativa, que es única en el modelo constitucional peruano, de intereses de todo orden. Algunas candidaturas presentadas estaban directamente conformadas por intereses empresariales particulares como el caso del sector de la enseñanza universitaria privada, o de proyectos de explotación en la Amazonía. La gestión de Vizcarra, que contó en este proceso con el apoyo institucional expreso de la cúpula de las fuerzas armadas y la policía nacional, continuó siendo boicoteada por los congresistas. La oposición, preocupada por el avance de las reformas y los procesos anticorrupción, exacerbó cualquier información que cuestionara la moralidad de Vizcarra como la denuncia que no prosperó de haber realizado de contrataciones irregulares para favorecer a sus partidarios.

La oportunidad de votar con éxito la vacancia por “permanente incapacidad moral” llegó con la investigación abierta por la fiscalía por graves acusaciones de haber recibido sobornos por autorizar obras en su periodo de gobernador de Moquegua, basadas en testimonios de cercanos colaboradores. El Congreso de la República aprobó la moción con amplia mayoría y procedió a investir con la banda presidencial al promotor y presidente de la institución, Manuel Merino. Una movilización popular, especialmente de los jóvenes no alineados con una clase política a la que desprecian por su venalidad, se opuso desde el primer momento a lo que interpretaban como un golpe de Estado palaciego para conservar la impunidad personal a toda costa.

Las manifestaciones fueron reprimidas con inusitada violencia por la policía, con cientos de heridos y dos muertos por arma de fuego convertidos en mártires. El gobierno de Merino, impopular y visto con mucho recelo en el exterior, apenas resistió cinco días. El parlamento, ante la conmoción social en el país, ha rectificado dando paso a un gobierno provisional de integración política. La transición hasta la designación de un presidente electo será dirigida por el moderado Francisco Sagasti, secundado por una terna de vicepresidencias de la izquierda social, el centro democrático y la derecha liberal. El país tiene por delante un tiempo exigente con el reto de garantizar el proceso electoral de abril de 2021, gestionar los estragos de una pandemia que no cesa y abordar la mayor contracción económica del siglo, factores que contribuyen a profundizar la crisis política y social del último año.

Los acontecimientos vividos en Lima y otras grandes ciudades del Perú en las últimas semanas muestran signos de fin de ciclo. Es necesario un cambio profundo para romper el círculo vicioso de una corrupción política que, aunque enquistada sistemáticamente en el país como refleja la literatura vargasllosiana (Conversación en La Catedral), entró en un proceso de envilecimiento y descomposición en el mandato de Alberto Fujimori en la década de los noventa. Todos los sucesores en la Casa de Pizarro –Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski– han sido investigados por corrupción, incluido ahora también el propio Martín Vizcarra. Con independencia del resultado de las pesquisas de la fiscalía, la sociedad peruana aprecia el sincero intento de Vizcarra de conducir la necesaria regeneración nacional con el impulso de las reformas estructurales y los procesos anticorrupción.

El panorama político peruano está llamado a evolucionar rápidamente por la presión en la calle y la entrada de jóvenes activistas en política —la llamada Generación Bicentenario–– con una destacable participación de las mujeres. Los nombramientos de autoridades en la transición reflejan ya el protagonismo de las féminas con Violeta Bermúdez como presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez como presidenta del Congreso, Marianella Ledesma como presidenta del Tribunal Constitucional, Esther Astete como ministra de Relaciones Exteriores y Nuria Esparch como ministra de Defensa, por primera vez en un cargo tradicionalmente reservado a militares retirados. Las turbulencias de la política peruana en las últimas semanas deben suponer una catarsis que devuelva a los representantes democráticos a la defensa exclusiva del interés general. La juventud peruana estará vigilante.

En poco más de un año de ejercicio del poder, se ha cambiado sustancialmente la percepción internacional sobre el presidente de El Salvador, Nayid Bukele. Su llegada a la presidencia de la República por mayoría absoluta en primera vuelta —53 % de los sufragios— levantó muchas expectativas al haber conseguido imponerse a tres décadas de bipartidismo entre la izquierda histórica del FMLN y la derecha omnicomprensiva de ARENA. Ambos partidos son coaliciones electorales recicladas de los bandos enfrentados en la larga y cruenta guerra civil (1980-1992) que asoló el país y casi toda la región centroamericana.

Con un perfil de joven político milenial, precoz empresario triunfador y práctica personalista de la política, Bukele ha explotado con éxito todo el potencial de la nueva comunicación política, basada en el papel rector de las redes sociales para marcar la agenda y ganar popularidad en los sectores más dinámicos del electorado, consiguiendo que el candidato presuma de una relación “sin intermediaros” con sus seguidores. De hecho, su partido Nuevas Ideas— fue presentado en Facebook y los ministros de su gabinete nombrados uno a uno en Twitter. El enfrentamiento con la clase política en ejercicio tampoco faltó para presentarse como regenerador del sistema.

Sin embargo, esta imagen de actor político de nueva generación, desconectado de los círculos tradicionales de la política salvadoreña, pugna con el hecho evidente de tratarse de un antiguo militante del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), izquierda revolucionaria reconvertida al socialismo democrático tras los acuerdos de paz. Bajo estas siglas consigue Bukele la alcaldía de Cuscatlán (2012) y la de San Salvador (2015). Y es precisamente dos años antes de la campaña presidencial cuando, a resultas de un confuso incidente con una compañera síndica en el gobierno local, se produce su expulsión del partido y se abre la oportunidad buscada de crear su propia plataforma electoral —GANA: Gran Alianza para la Unidad Nacional— con la que concurrir a los comicios presidenciales y desplegar la campaña diseñada siguiendo la estela de otros mandatarios “hechos a sí mismos”.

Una vez conquistado el poder, los pasos del presidente Bukele han sido más convencionales. En el ámbito nacional, inauguró su gobierno con la presentación de una comisión internacional contra la impunidad por la que se pretende ajustar cuentas con un pasado de laxitud ante la corrupción. Los desmesurados índices de criminalidad del país han sido abordados con una clásica estrategia de militarización de la seguridad. El llamado Plan de Control Territorial contra las organizaciones criminales (maras) contempla medidas de excepción y métodos expeditivos. Las sospechas documentadas por la prensa de acuerdos secretos con jefes pandilleros —Mara Salvatrucha13—, con el riesgo de comprometer la libertad de acción del Estado, cuestionan el coste de la eficacia en esta materia. En política exterior, se estrecha la relación con Washington buscando la protección temporal de doscientos mil migrantes en suelo estadounidense y correspondiendo con el reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó y la expulsión sin miramientos a la representación diplomática de Caracas.

La alta popularidad con la que comienza su mandato, unido al favorable impacto en la sociedad de sus primeras medidas, van afianzando su marcado estilo presidencialista que adquiere ribetes despóticos en la gestión de la pandemia. En febrero de 2020 se produce una grave crisis política. El ejecutivo necesita la aprobación urgente por la Asamblea Nacional de fondos suplementarios destinados a dotaciones de la policía y la fuerza armada y, desconociendo la autonomía de la cámara legislativa, insta una convocatoria extraordinaria invocando la previsión constitucional de un supuesto derecho a la “insurrección popular” por el interés general del país. La asamblea no acepta la imposición del gobierno al estimar que invade sus atribuciones constitucionales. El gobierno al estimar que invade sus atribuciones constitucionales. Planteado el pulso entre poderes, Bukele decide presionar a los parlamentarios ocupando personalmente la sede de la Asamblea con efectivos armados del Ejército y una manifestación popular en el exterior. La Corte Suprema resuelve negar la competencia del presidente y de la fuerza pública para cumplir otras funciones que las establecidas en la Constitución. El presidente opone al fallo del alto tribunal la necesidad del sistema de “autoprotegerse” lo que es interpretado en bloque por la oposición como un verdadero autogolpe.

La crisis de presiones e interferencias entre los poderes del Estado ha erosionado las reglas del juego democrático llevando a la sociedad salvadoreña a una inquietante polarización política. Los observadores internacionales solicitan al gobierno que respete la separación de poderes. La conferencia episcopal pide que se rebaje el tono para impedir que se avance hacia la discordia civil de tan trágica memoria. En un reciente análisis del impacto de las medidas extraordinarias anti-COVID en la región latinoamericana, El Salvador es uno de los países monitorizados en que se observa una tendencia hacia la regresión de los principios de la democracia liberal y la conculcación de los derechos fundamentales y las libertades públicas con el pretexto de la excepcionalidad sanitaria (Verdes-Montenegro, 2020).

Tras su toma de posesión solemne y atípica en la plaza pública, Bukele se ha revestido con el uniforme verde oliva. Los gestos con el Ejército han sido constantes, desde la participación del presidente en la jura de bandera de los nuevos soldados a la vuelta a la parada militar como acto central de la fiesta de la independencia. En el mes de agosto se ha llevado a cabo una campaña de imagen en los medios de comunicación de una “nueva Fuerza Armada” con la que, al parecer, se pretende contrarrestar el posible desgaste de la institución tras su intervención en la “toma de la Asamblea Nacional”. Se destaca el papel del Ejército en la ejecución de los planes de seguridad contra la delincuencia y la atención que presta en emergencias, algo ya ensayado desde los años noventa como parte de las “nuevas misiones” de la fuerza armada.

Cabe sospechar que la campaña de imagen también puede tener un carácter preventivo ante el horizonte de revisión de responsabilidades por los crímenes sistemáticos cometidos por los uniformados durante la guerra civil. Los comandantes militares, contraviniendo las disposiciones de los acuerdos de paz, no han prestado en este tiempo colaboración real a la reparación de las víctimas negando el acceso a los archivos militares. Las fuerzas militares, aunque formalmente sometidas al poder civil, no han cambiado esencialmente la doctrina y el código deontológico tras su implicación en el conflicto interno. La prevalencia institucional y la autonomía operativa se han mantenido con el riesgo de seguir incurriendo en los viejos abusos. En este sentido, la reciente condena en España del excoronel Inocente Montano, exviceministro de Seguridad Pública, por el asesinato de los jesuitas españoles en 1989 como acción planeada por el alto mando y ejecutada por un comando militar de operaciones especiales, abre la vía a extender el proceso a los responsables del terrorismo de Estado.

La crisis pandémica que está afrontando España, especialmente severa al ser uno de los países más afectados del mundo, ha supuesto una oportunidad para observar la labor cotidiana de los sectores básicos del trabajo. En primera línea han estado los sanitarios, pero contando con una nutrida retaguardia de trabajadores que han mantenido los servicios esenciales a la comunidad. Se ha destacado, y con toda justicia, la labor de limpiadoras, dependientes de supermercado, agricultores, transportistas, etc. En general, oficios mal pagados y no siempre bien considerados, que ahora han mostrado su carácter estratégico. En estos meses, se ha hecho realidad aquella definición de la Constitución de 1931: Una España de trabajadores de toda clase.

En tiempos de incertidumbre, se han visto las contradicciones del fenómeno de la globalización, los cortos alcances de una Unión Europea sin una integración efectiva, la destrucción de los sectores productivos por una insensata deslocalización economicista, los recortes en dotaciones públicas que conducen a la insolidaridad y a inviables salidas individualistas, los riesgos de un discurso neoliberal tramposo que hurta recursos comunes y genera desigualdad, etc. En este contexto, congelada la iniciativa privada por imperativo del control de la pandemia, el sector público se ha revelado imprescindible para regular las prestaciones de supervivencia a la comunidad. Los empleados públicos han adquirido así una nueva visibilidad. El estereotipo del funcionario administrativo de ventanilla sin compromiso social, escasamente representativo, ha dado paso a una imagen más ajustada a la compleja realidad del sector público desde los propios profesionales de la sanidad a los docentes, investigadores, policías o militares.

Por lo que respecta a las fuerzas armadas, los ejércitos han desplegado sus efectivos en la “Operación Balmis” -un operativo conjunto llamado así en honor al filantrópico médico militar Francisco Javier de Balmis- con componente terrestre, naval y aéreo. La Unidad Militar de Emergencias (UME), ya muy reconocible por su participación sistemática en catástrofes de todo orden, dentro y fuera del territorio nacional, se ha erigido en el rostro visible de los profesionales militares. Bajo la dirección del Ministerio de Defensa y el control operativo del Mando de Operaciones, se han puesto a disposición de las autoridades autonómicas para prestar los apoyos requeridos en tareas de desinfección, custodia funeraria, logísticas o de formación de personal en el uso del material y equipos de prevención.

La intervención en misiones humanitarias ha contribuido en gran medida a la excelente imagen de las fuerzas armadas en la sociedad española. El despliegue en misiones externas amparadas por Naciones Unidas -salvo puntuales (y superados ya) desvíos de esta norma- y la integración exitosa en las organizaciones internacionales de seguridad, desde finales de los años ochenta, se dejó atrás, por la vía de los hechos, la visión de unos ejércitos vigilantes del enemigo interior, con un funcionamiento autónomo y herederos de unos ritos incompatibles con un sistema democrático, algunas de estas tradiciones, poco compartidas por la sociedad, todavía subsisten por la inercia. Pero el progreso técnico de su personal, la estandarización administrativa de sus cuerpos orgánicos y el pleno control civil y dirección política de la Defensa han conducido a unas fuerzas armadas homologables con los países de nuestro entorno.

La creación de la UME en 2005, por iniciativa del Gobierno de Zapatero, una vez culminado el largo proceso de reformas de la transición, vino a consolidar la imagen de servidores públicos de los militares. El éxito de la unidad ha mostrado lo errado de los juicios con que fue recibido este proyecto, impulsado por el ministro José Bono: ni se trataba de desmilitarizar por un supuesto concepto “buenista” de los ejércitos; ni constituir una guardia pretoriana del presidente del Gobierno, como llegó a publicarse; ni tampoco un intrusismo en el campo de la protección civil. Todos los gobiernos, llegado un caso de calamidad pública, han hecho uso de su instrumento quizá más poderoso, que son los ejércitos con su personal especializado y sus potentes recursos materiales. La diferencia, a partir de la constitución de esta Unidad ad hoc, es que ahora se hace con personal adiestrado y equipado para realizar con solvencia estas tareas -incendios, heladas, inundaciones, contaminaciones, etc-, desterrando en buena hora campañas voluntaristas como las que se realizaban anteriormente, por ejemplo, con la limpieza de chapapote en las costas de Galicia, y que probablemente está en la raíz de la constitución de esta unidad conjunta. De esta forma, el resto de las unidades militares pueden centrarse en sus misiones fundamentales, quedando liberadas de tales tareas recurrentes de apoyo comunitario.

Los servicios militares no sustituyen, sino que complementan al resto de recursos del sistema nacional de protección civil. La naturaleza militar de la Unidad garantiza el carácter, gestión y despliegue nacional de sus recursos, respetando las competencias autonómicas al requerirse la petición de apoyo expreso de sus poderes ejecutivos y la coordinación local en su intervención. La actuación disciplinada propia de la fuerza militar, que siempre supone una grata impresión para las personas ajenas que observan su funcionamiento, unida a la posesión del conocimiento técnico, hacen extraordinariamente eficaces sus intervenciones. Se ha visto cómo su presencia en las calles refuerza la moral pública, contribuyendo a la marca del Estado en el ámbito nacional y a la buena marca de país en el extranjero, refrendado a menudo con aplausos espontáneos de la gente sea en las calles de Murcia o en el aeropuerto de Santiago de Chile.

No obstante, la gran visibilidad pública de la UME no debe ocultar el trabajo de miles de otros servidores públicos de uniforme que, desde posiciones discretas, pero con las mismas virtudes de disciplina, valor, abnegación y compromiso con la sociedad se han movilizado en esta crisis, y lo hacen de manera cotidiana cumpliendo sus misiones permanentes de defensa nacional. El mejor homenaje que puede hacerse quizá a estos hombres y mujeres de uniforme, fuera de retóricas de otra época felizmente superada, es respetar su estatus de ciudadanía, y facilitar desde el poder público la interlocución para la defensa de sus legítimos intereses tanto estrictamente profesionales como económicos y sociales, mediante una normalización de la acción de sus asociaciones profesionales representativas. Sólo de esta forma estaremos en condiciones de alcanzar la homologación con las democracias avanzadas no sólo en los aspectos técnicos, organizativos u operativos sino también en el estatuto y régimen del personal militar.

______Fidel Gómez Rosa es doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Derecho por la UCM, licenciado en Historia por la UNED y especialista universitario en Historia Militar por IUGM.

De manera que el anuncio de la portavoz socialista hay que interpretarlo quizá más en el terreno de la declaración política que en el de la iniciativa legislativa. Pero, desde esta óptica, tampoco cabe ser optimista sobre la conveniencia de plantear en términos de tipificación penal la respuesta a la banalización del fascismo, razón por la que en esta iniciativa la mayoría de los analistas solo encuentran, y con razón, efectos contraproducentes. El marco comparado de referencia del debate, se sitúa en las medidas adoptadas en Europa Occidental, tras la derrota del nazismo, con el desarrollo de una legislación de prohibición de la exaltación de los líderes y símbolos del Partido Nazi alemán, y otros partidos nacionales satélites, además de toda difusión y exégesis sobre su discurso político de odio criminal.

La reconstrucción política del ámbito europeo occidental, una vez derrotado el militarismo alemán, se llevó a cabo con un sistema constitucional de defensa activa de la democracia liberal frente a toda suerte de regresión totalitaria; en Alemania, entre otros objetivos, se trataba de evitar que ni siquiera una mayoría parlamentaria pudiera ser empleada para habilitar la dictadura, como había ocurrido en 1933 en el ascenso de Hitler, con la consecuencia de la abolición de la propia democracia. La Administración pública, y amplios sectores sociales, fueron sometidos a un proceso de depuración de responsabilidades y pedagogía democrática.

En el campo militar, este sistema de “militancia democrática”, se tradujo en la desaparición del Ejército combatiente alemán –Wehrmacht– y la creación de unas nuevas fuerzas armadas federales –Bundeswerh–; este proceso cambió las bases del ejercicio de la profesión militar en la República Federal alemana. Los profesionales de las armas se transforman en “ciudadanos de uniforme” (Staatsbürger in Uniform), desvinculados de la tradición militar prusiana, acercando imperativamente sus valores, deberes y derechos a los del resto de la ciudadanía mediante la enseñanza impartida en los centros de formación. Se desarrolla una nueva doctrina de liderazgo moral democrático (Innere FührungInnere Führung), cuyo esfuerzo sostenido llega hasta nuestros días.

Está claro que la democracia española no puede mimetizarse con la alemana, ni el franquismo con el nazismo, por razones que no por obvias deben dejar de tenerse en cuenta, habiendo surgido en una coyuntura temporal y material completamente distinta. La Ley Fundamental de Bonn (1949) da rango constitucional a toda la legislación de urgencia adoptada en el contexto de la ruptura del Estado alemán; en cambio, la Constitución Española (1978) es consecuencia de una reforma política consensuada con la oposición. El nazismo era un fenómeno derrotado en el campo de batalla, execrado por la enormidad de sus crímenes y condenado por tribunales internacionales. Por el contrario, el franquismo de la primera época, que es el verdaderamente similar al nazismo –en sus bases ideológicas y praxis genocida-, sobrevive gracias a que el clima mundial de guerra fría posibilita sus acuerdos con el Vaticano y los Estados Unidos.

La dictadura de Franco, una vez consolidada por el “amigo americano” en los años cincuenta y estabilizada económicamente en los sesenta por las divisas de turistas y emigrantes, culmina en los años setenta con una sociedad desarmada ideológicamente tras cuatro décadas de dictadura –y de escamotear la propia historia nacional– y anestesiada con el incipiente Estado de bienestar. La dictadura franquista, en un continuo ejercicio camaleónico, se había transformado en un “régimen autoritario”, eufemismo académico con el que operaba en la comunidad internacional. La longevidad del régimen modeló a la sociedad –el llamado “franquismo sociológico”– que protagoniza la transición política, fundada sobre el pacto de silencio que implicaba la renuncia a un juicio del franquismo. En aquel momento, y estando el proceso controlado por los propios reformistas del régimen, tal vez la única vía posible para el retorno pacífico a la democracia.

Sin embargo, una vez consolidado el sistema democrático en los años ochenta, con la alternancia ordinaria en el poder, parece claro, con la perspectiva del tiempo, que se perdió la oportunidad, con la fuerza de la legitimidad popular, de corregir de raíz toda propaganda de la dictadura franquista. Pensando en que se trataba de un asunto menor en el programa legislativo, en que era una etapa histórica superada por la sociedad española, lo que hasta cierto punto era cierto, no se valoraron suficientemente las consecuencias de mantener en el patrimonio público símbolos de la dictadura perfectamente injustificados. Así, por ejemplo, la estatua ecuestre del general Franco en el acceso principal a la plaza de armas de la Academia General Militar (AGM) presidió la graduación de treinta (30) promociones de oficiales del Ejército de Tierra –la Ley de Memoria Histórica llegó con esos mismos treinta años de retraso–. Hecho que tal vez explique que muchos de aquellos tenientes, habiendo desempeñado íntegramente su carrera militar en democracia, no tengan reparos en declararse defensores de la “figura militar” del dictador.

La pervivencia extemporánea de los símbolos del franquismo contribuyó a su normalización y, de esta forma, a una suerte de legitimación de facto, que ahora no podría revertirse con una mera declaración de antijuridicidad. El desconocimiento de los hechos históricos, cuando no su sustitución por un relato alternativo, y la dificultad, a estas alturas, de deslindarlos del discurso político partidario en el que se han integrado, hacen inviable la revisión desapasionada de la Historia reciente. No obstante, sin llegar a una militancia democrática impositiva, impracticable por falta de consenso nacional y de apoyo constitucional, tampoco debería el poder público seguir renunciando, como lo ha hecho durante décadas, a una activa pedagogía democrática.

Se discute en las cancillerías si la marcha forzada del presidente electo Morales constituye técnicamente un golpe de Estado, si la “recomendación” del comandante general del Ejército, Williams Kaliman, tras el amotinamiento de las fuerzas de policía y la insurrección de los llamados “comités cívicos” de la oposición de la derecha reaccionaria, seguida de la reacción extrema de los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS) con presencia de las temibles milicias aimaras de los llamados ponchos rojos, de que renunciara al ejercicio de su cargo tiene la potencia/entidad suficiente para suponer una intervención militar inconstitucional. En todo caso, parece indiscutible que el caos en el que entró el país por las crecientes protestas contra el presunto fraude electoral, obligaron al presidente en ejercicio a abandonar el Palacio de Gobierno a fin de proteger su vida, tras las amenazas recibidas y los atentados que se estaban produciendo contra las viviendas de otros gobernantes.

Morales, privado de hecho de autoridad sobre las fuerzas militares y policiales, tras un traslado azaroso, literalmente se escondió en la región cocalera del Chapare, protegido por sus más fieles partidarios: sus antiguos compañeros sindicalistas. México, con larga tradición de asilo, activó el rescate del mandatario, enviando un avión de Estado, tras las consultas con Argentina (Alberto Fernández) y Perú (Martín Vizcarra). La operación fue monitorizada, con la instrucción expresa del presidente López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. México ha basado la concesión de asilo en la manifiesta ruptura del orden constitucional en Bolivia y la destitución ilegítima de un representante democráticamente elegido, en línea con los principios del Derecho Internacional y la carta de las Naciones Unidas.

La causa formal del inicio de los disturbios sociales es la denuncia de la oposición de un presunto fraude en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. El Tribunal Electoral, cuyos miembros han visto cuestionada su neutralidad, proclamó la victoria y reelección del candidato, y presidente en ejercicio, Evo Morales. Se denunciaba que los comicios se habían celebrado sin garantías, controlados por el Gobierno, señalando como mayor evidencia el parón del escrutinio durante horas en la noche electoral. El porcentaje de voto se habría alterado en favor de Morales para superar el cincuenta por ciento y evitar así una segunda vuelta. Sin embargo, no se cuestionaba que Morales fuera el ganador, aunque sí que se había presentado, después de perder el referéndum de 2016 que buscaba eliminar la limitación de mandatos, conculcando la Constitución al haber completado catorce años en el poder.

El informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que auditó las elecciones con autorización estatal, ampara la existencia de irregularidades relevantes y la ausencia de las garantías suficientes en los comicios. y podría validar la convocatoria de una eventual segunda vuelta como reclamaba al comienzo de la crisis el candidato de la oposición. El propio Morales, antes de escalarse definitivamente el conflicto, ofreció como salida la vuelta a las urnas. Ante la reacción favorable de Washington al desalojo manu militari de Morales, la OEA, condicionada por los equilibrios geopolíticos, guardó silencio. Posteriormente, México provocó que tuviera que pronunciarse, emitiendo un comunicado genérico en el que se oponía a “cualquier fórmula inconstitucional de salida” de la situación de conflicto.

La crisis de Bolivia actualiza los graves problemas de fondo del país. Las grandes divisiones –cleavages– que atraviesan la sociedad boliviana hacen improbable una vuelta a la normalidad constitucional, ni siquiera a medio plazo. El larvado conflicto racial blancos-indígenas, que está reforzado por el de clase social con insultantes diferencias de nivel de vida, el político entre la izquierda indigenista y la derecha reaccionaria, e incluso por el territorial Norte-Sur –el poder político de La Paz frente al económico de Santa Cruz–, como no podía ser de otra manera, se ha agudizado hasta extremos preocupantes, después del estallido de violencia en las calles.

El largo mandato de Evo Morales, primer presidente indígena en la historia de una república de amplia mayoría indígena, sin perjuicio de la orientación personalista y autoritarismo de partido en la que haya podido incurrir, ha supuesto un reparto más equitativo de la considerable riqueza de Bolivia, con claro reflejo en la mejora de los indicadores de integración social, dada la discriminación masiva secular ejercida por los partidos tradicionales. Su apuesta por el Estado plurinacional, elevando a consideración de símbolo nacional, junto a los tradicionales, a otros de los pueblos indígenas, como la whimpala, sigue siendo un proceso tan necesario como frágil de fuertes resistencias latentes. En este sentido, la crisis actual ha mostrado algunos síntomas suficientemente indicativos del riesgo de involución: los policías amotinados arrancándose la divisa indígena del uniforme y los grupos violentos de El Alto bajando, con ánimo de venganza, a cercar el centro de la ciudad al grito de “Ahora sí, guerra civil”.

El regreso a la legitimidad constitucional, con la reposición del presidente y la celebración de elecciones con garantías de observación internacional, aunque debería ser el punto de partida de cualquier salida negociada, se antoja muy difícil, tras los pasos sin retorno dados por los actores políticos y la incapacidad de todos para ejercer una autoridad centralizada. La crisis incide, además, en un momento complicado de la geopolítica latinoamericana, con el bloque “bolivariano” en franco retroceso desde el desplome de la Venezuela de Maduro, un modelo de integración social quebrado en Chile, la vuelta del populismo peronista en una Argentina en recesión nuevamente asistida por el FMI, la problemática implementación del acuerdo de paz en Colombia y el militarismo sin uniforme en Brasil.

Se trata de una reforma de gran calado que, además de racionalizar la relación funcionarial del personal militar –salvando las debidas especificidades inherentes a su función– y de realizar una significativa reducción de la plantilla de los altos mandos –generales, almirantes y coroneles–, limita las misiones de las fuerzas armadas a las clásicas de defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial, y añade las nuevas de defensa de la población y salvaguarda de los recursos estratégicos del país. La ley formaliza la subordinación al Gobierno y la obligación de respetar la Constitución y las leyes, con mención expresa de los Derechos Humanos. La autonomía institucional del Ejército queda así anulada.

La nueva ley suprime los tradicionales Tribunales de Honor, por el que los oficiales se juzgaban a sí mismos –y se absolvían de crímenes de Estado– sin sujeción alguna a las normas. En su lugar, se mantiene una jurisdicción especial integrada por unos tribunales de nueva planta denominados de Ética Militar y sometidas sus resoluciones a instancia de la Justicia ordinaria. Precisamente uno de los fallos de los ya extintos tribunales de honor, que exculpaba por omisión a los responsables confesos de delitos de torturas, desapariciones y asesinatos, motivó el pasado mes de abril una grave crisis que se saldó con la destitución del ministro de Defensa, del subsecretario del ministerio y del jefe del Ejército.

La reforma acaba también con la extemporánea supervivencia –al menos con vigencia formal- de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, practicada en todo el subcontinente, desde los años setenta, con la asistencia de los Estados Unidos y que, como es conocido, servía para justificar la guerra sucia contra la llamada subversión marxista –“enemigo interno”– en el marco de la Guerra Fría. Los regímenes militares se amparaban en esta doctrina para conculcar los derechos humanos, cometer toda clase de  crímenes y asegurarse la impunidad. Así mismo, la nueva ley suprime la excusa de la “obediencia debida” que esgrimían los subordinados para verse compelidos a cumplir las órdenes de sus superiores y que determinaban la exclusión de su responsabilidad. Los soldados no estarán obligados ya a cumplir las órdenes que reciban manifiestamente fuera de la legalidad.

Las relaciones civiles-militares en el Uruguay han sido inevitablemente conflictivas al estar precedido su sistema democrático por un largo periodo de dictadura militar (1973-1985). El presidente constitucional José María Bordaberry, presionado por un clima convulso de violencia de grupos extremistas, desde los Tupamaros a los escuadrones de la muerte de ultraderecha, amparó el golpe de 12 de julio de 1973, por el que las fuerzas armadas, como recurso de autoridad, se hicieron cargo de la seguridad interna y de garantizar la prestación de los servicios públicos.

Esta situación, aparentemente provisional en principio, evolucionó con rapidez hacia la intervención militar permanente del país. El Gobierno y los jefes militares alcanzan un acuerdo para el establecimiento de un régimen de dictadura cívico-militar con la formación del llamado Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que supone la supresión de la democracia representativa por una nueva arquitectura institucional. La represión se ceba con la oposición. Los dirigentes tupamaros fueron eliminados en operativos ad hoc y los supervivientes torturados y encarcelados –entre ellos, el futuro presidente José Mujica–, mientras que los líderes de los partidos tradicionales eran proscritos de la vida pública. Pasada una década, la presión en la calle –manifestaciones y caceroladas– y el deterioro de la economía, unido al cambio de coyuntura política internacional, facilitaron la vuelta al sistema democrático, previa celebración de elecciones libres.

Sin embargo, el presidente electo, Julio María Sanguinetti, recibió con la banda presidencial una limitación a la acción de su gobierno, que queda condicionado por la posición que se había reservado en el sistema el poder militar a través de dos instrumentos legales: la promulgación de la Ley de convalidación de los actos del gobierno de facto (1985) y la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado (1986). La cúpula militar acepta el juego de los partidos políticos, pero una vez garantizada su autonomía institucional. Los intentos de derogar estas normas fracasaron en los plebiscitos asociados a las elecciones presidenciales.

Si bien la situación institucional de facto de los militares uruguayos había cambiado notablemente en las dos últimas décadas, desarrollándose una práctica de respeto de la dirección política de las autoridades civiles, los instrumentos legales seguían en vigor, proporcionando argumentos para el conflicto en las relaciones civiles-militares, sea el recorte de la Caja militar para abonar las pensiones militares o el proyecto de creación de una Guardia Nacional con efectivos militares, que algunos colectivos denuncian como una vuelta a la militarización.

Hay que saludar, porque la ocasión lo merece, el tesón desplegado por el presidente Tabaré Vázquez para lograr finalmente la aprobación de una reforma que supone la actualización de la legislación militar a los principios básicos de una democracia, desembarazando a Uruguay de los últimos vestigios de la negra historia de la dictadura y contribuyendo así a que las Fuerzas Armadas se reconcilien con la sociedad que las mantiene y a la que se deben. Un paso firme hacia la superación del vergonzoso “pacto de silencio” que ha regido durante tres décadas.

Las formaciones políticas, por su parte, no dudan en aprovechar la oportunidad para desembarazarse de los políticos amortizados o premiar a otros cuadros por los servicios prestados. El programa y perfil del candidato, salvo excepciones, no se toma en consideración, conscientes de que tampoco el elector les va a exigir conocimiento o vocación europea alguna. Pero, lo más preocupante, es que, fruto de estas premisas, el Parlamento Europeo se acaba convirtiendo en una caja de resonancia que acoge toda suerte de demagogia y aventurerismo político (extremistas, reaccionarios, ultranacionalistas, separatistas). La representación parlamentaria de estas posiciones políticas marginales se ve favorecida por el sistema de circunscripción única y el colosal escepticismo y desinterés reinante.

Las elecciones europeas del pasado 26 de mayo no han sido una excepción. En España la participación se ha incrementado –65%– al coincidir con las elecciones municipales y varias autonómicas, superando en quince puntos a la media de Europa. En Portugal, en cambio, ha caído a un escaso 31%, por distintos motivos, pero seguramente no ha sido el menor el hecho de celebrarse el proceso electoral en solitario. La motivación para acudir a las urnas se ha visto limitada por el señalado desconocimiento de la transcendencia en la vida cotidiana de la ciudadanía de las decisiones adoptadas en Bruselas o Estrasburgo y por el sentimiento predominante de no considerar realmente de incumbencia nacional los asuntos comunitarios, agravado, en esta última década, por el desapego que ha generado la dolorosa experiencia de la intervención de la economía –la conocida troika financiera– con su corolario de recortes en gasto social.

La extensión actual de la Unión Europea, así como la complejidad, diversidad y fragmentación de su espacio, dificulta la tarea de inculcar el conocimiento, valoración y adhesión al proyecto europeo, pese a la predicada imbricación de intereses comunes. La salida del Reino Unido de las instituciones comunitarias, en caso de confirmarse, supondrá el diseño de una nueva arquitectura institucional, ajustada a una redistribución de cuotas, que necesariamente afectará al actual reparto del poder regional. En este escenario, el iberismo, entendido aquí como unidad de acción en Europa, sitúa a la subregión ibérica, con sus cincuenta y siete (57) millones de habitantes, en la virtual tercera economía comunitaria. El llamado Brexit, además de previsibles convulsiones económicas, es también una oportunidad de avanzar, sin el freno británico, en la integración europea, especialmente en el campo vetado de la Seguridad y Defensa.

El proyecto iberista –aprovechamos esta tribuna para señalar la falta de registro de este vocablo en el DRAE: su ausencia denota la postergación histórica del iberismo– posee, a diferencia del europeo, condiciones de partida más favorables para su desarrollo. En efecto, a la innegable comunidad de intereses de toda índole, se une la cercanía humana y cultural de españoles y portugueses, cuya malla de relaciones personales, una vez desmontadas las fronteras terrestres, ha vertebrado ya a las comunidades de la raya fronteriza con la accesibilidad mutua de sus respectivas lenguas. Los estudios demoscópicos muestran una clara tendencia de la opinión pública de ambos países favorable a cualquier forma de unidad que no suponga renunciar a la identidad nacional.

En otras contribuciones publicadas en infoLibre, , hemos tratado de hacer una aproximación a la realidad que está viviendo el iberismo en nuestros días. El brutal impacto de la crisis económica de principio de siglo, afectando a los esquemas de la soberanía nacional, fomentó un tímido renacer del iberismo, basado en la toma de conciencia de los españoles y portugueses de compartir un mismo solar patrio, una historia contemporánea paralela y una misma realidad (problemática) política, social y económica; la búsqueda de una fórmula integradora para dar respuesta a las tensiones territoriales en España podrían justificar, en estos tiempos desafiantes, la apelación al iberismo, ahora con mayor motivo. En esta tercera entrega, abogamos por reforzar el iberismo como contribución a la integración europea, porque no se trata de proyectos alternativos, sino complementarios, de manera que avanzar en uno es hacerlo también decididamente en el otro.

En el contexto europeo, la alianza estratégica ibérica cuenta con el valor añadido de su dimensión iberoamericana, lo que le confiere un peso de interlocución de enorme proyección internacional. En el ámbito ibérico y como preparación a una eventual actuación conjunta, debe reforzarse la cooperación bilateral, seguida desde hace décadas, en los campos en los que viene ya desenvolviéndose; y explorarse aquellos otros en los que todavía está en ciernes, como la Defensa donde existe un sugerente espacio para compartir recursos y misiones en línea con los planes en marcha de integración militar europea.

El proyecto iberista es una oportunidad histórica para movilizar sinergias de gran calado en nuestro espacio peninsular –e insular– en términos de eficacia y eficiencia, desde la integración horizontal de los servicios públicos a la mejora de la competitividad empresarial, pasando por la promoción de la cultura, la racionalización institucional o la desaparición de asimetrías territoriales. Pero, sobre todo, representa la idea fraternal de una Patria Grande.

El Frente Sandinista, que en 1984 había legitimado su posición ganando las elecciones, fue desalojado democráticamente del poder en 1990. No obstante, la gestión política del gobierno sandinista, respaldada en las urnas, había sido meritoria con indiscutibles avances sociales en materia sanitaria, educativa y cultural, máxime teniendo en cuenta las difíciles circunstancias económicas y militares que hubieron de afrontarse en la década de los años ochenta. Nicaragua contaba con la simpatía de la opinión pública internacional por representar la lucha de un pequeño país frente al intervencionismo de la superpotencia estadounidense, que financiaba generosamente fuerzas mercenarias contrarrevolucionarias para operar desde sus bases de la vecina Honduras.

La inesperada pérdida del poder, que se produjo ante una amplia coalición opositora que había conseguido aglutinar a todos los sectores sociales contrarios a la deriva totalitaria del régimen, llevó a los sandinistas a las disputas internas que acabaron traduciéndose en la fragmentación del movimiento. Diversos intentos de renovación del pensamiento sandinista, encabezados por significados militantes históricos como el vicepresidente Sergio Ramírez o el músico Carlos Mejía Godoy, fracasaron al perder el aparato del Partido y del Estado, dejando el camino expedito para el desarrollo del oficialismo sandinista institucional en su vuelta al gobierno en 2007.

Visto con perspectiva, los dirigentes oficialistas han dilapidado el capital político del sandinismo, convirtiendo en una burla sus ideales de moralidad, desinterés, sacrificio, solidaridad y dignidad. Las peores prácticas nepotistas, corruptas y violentas se están hoy realizando en Nicaragua, amparadas y auspiciadas por la jefatura de la República. Desde que hace ahora un año se produjera el estallido de las protestas en la calle contra la reforma de la seguridad social, el gobierno ha extremado su reacción represiva, combinado con un publicitado intento de encauzar la situación en una mesa de diálogo nacional con mediación de la Iglesia, que ha acabado desmarcándose del Gobierno.

Las organizaciones de protección de los derechos humanos que reciben informes sobre el terreno hablan ya de centenares de muertos y miles de detenidos y desplazados. El Gobierno impide el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Los medios de comunicación independientes han sido censurados y muchos periodistas y otras personas con predicamento en la sociedad nicaragüense han debido exiliarse por la presión y los ataques recibidos. Con prácticas policiacas que recuerdan los peores tiempos de actuación de los guardias somocistas, fuerzas regulares y parapoliciales realizan registros, allanamientos domiciliarios, detenciones irregulares, torturas y cargas con fuego real de los líderes y de los participantes en las protestas estudiantiles, que son descalificados como “pandilleros manipulados”.

La crisis institucional llega después de un largo proceso de laminación de la oposición política, que explica perfectamente el fenómeno del progresivo aumento gubernamental del apoyo electoral, que en las últimas elecciones presidenciales superó el setenta por ciento. La inclusión de Nicaragua en el grupo de los países patrocinados por Venezuela en la Alianza Bolivariana (ALBA) no fue óbice para que Ortega negociara con la derecha el reparto de beneficios, e incluso la impunidad (caso Arnoldo Alemán), para ampliar su base electoral y ocupar la “centralidad” del espectro político. La aplicación de técnicas clásicas de clientelismo, ostracismo de opositores y modernas de mercadotecnia, han conseguido dejar a Nicaragua sin alternativa democrática organizada.

El actual mandato de Daniel Ortega presenta la destacable novedad de la incorporación al Ejecutivo de su esposa, Rosario Murillo, en calidad de vicepresidenta. Murillo, guerrillera sandinista de la primera época, se había dedicado a la gestión cultural y apoyo en las relaciones internacionales, amparada en su condición de poeta, sólida formación académica y dominio de idiomas. La compañera de Ortega desde hace cuarenta años cambió su perfil político a partir de la defensa pública que hizo del líder sandinista tras la grave denuncia de abusos sexuales en la infancia presentada por una de sus hijas. El proceso judicial fue archivado por prescripción del delito, pero Rosario Murillo aumentó desde entonces la influencia sobre su marido hasta llegar al momento actual en que, con un estilo a menudo extravagante, se ha constituido de facto en una primera ministra.

El mandato del régimen matrimonial Ortega-Murillo concluye en 2022 y es el tercero consecutivo de Ortega que, sumando su etapa anterior en el gobierno, le aproximaría a una permanencia en la presidencia de la República a la altura de la saga somocista. La colusión de intereses conseguida por el Gobierno le ha permitido hasta ahora minimizar la profunda crisis del espacio bolivariano y resistir las protestas que reflejan el malestar de una sociedad que, como el resto de la región centroamericana, ha visto esfumarse la esperanza del futuro de progreso que se vislumbraba en los años noventa, trocado por una realidad de más desigualdad, pobreza, corrupción y violencia.

Teresa Franco es secretaria de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), asociación transversal –integrada por oficiales, suboficiales y tropa y marinería– pionera en el asociacionismo militar español, y representante de esta Asociación Profesional en el Consejo de Personal (COPERFAS) –actualmente la única mujer–, órgano de interlocución de las asociaciones profesionales con el Ministerio de Defensa, establecido por la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (LODDFAS). Este órgano está presidido por la ministra de Defensa.

La declaración de pérdida de facultades profesionales, que se ventilaba en el expediente, hubiera supuesto la rescisión del contrato de larga duración de la militar, justo antes de llegar a la edad de 45 años, momento en que, de acuerdo con la ley vigente, le corresponde pasar a la situación de reservista de especial disponibilidad (RED), con los efectos consiguientes, entre otros, la asignación económica señalada a esta situación administrativa hasta el retiro. Se trataba, por tanto, de una grave consecuencia que iba más allá de la mera rescisión temporal del contrato. El expediente se había abierto en su unidad de destino a instancia de sus superiores y se basaba en la colección de informes negativos de los últimos años que, de forma como mínimo sugerente, coinciden con su actividad como representante asociativo en este acuartelamiento.

De la información del expediente, citada por los medios de prensa que tuvieron acceso, se tuvo conocimiento de los informes, plagados de juicios de valor, emitidos, sin aparente fundamentación objetiva, por sus mandos como fundamento del mismo; de la pretensión que estaba en curso de validar con reconocimientos psicológicos de tribunales médicos militares toda esta evaluación subjetiva; y, en definitiva, del posible fraude de ley en que podía estar tramitándose el expediente, puesto que, estando previsto para unos fines –garantizar el cumplimiento de las facultades profesionales del personal militar–, se llegara a utilizar, en realidad, para otros -rescisión del contrato de un representante asociativo-.

Refuerza esta impresión la inconcreción de los “motivos profesionales” –meras fórmulas genéricas de descalificación de su trabajo– alegados en la apertura del expediente y, en cambio, la gran importancia que se le concedía a un extemporáneo, improcedente e irrelevante a estos efectos informe detallado de sus manifestaciones en redes sociales sobre la actualidad, elaborado por fuentes oficiales. En efecto, en la documentación del expediente figuraba un exhaustivo estudio de la participación de la cabo Franco en la red social de Twitter con el propósito de justificar su filiación feminista y asociativa y supuesta ideología de izquierdas y, también por este motivo, fundamentar la eventual falta de competencia profesional, al parecer por vulneración del "deber de neutralidad política" y de una sobrevenida “poca aptitud para el servicio”.

Dejando al margen la improcedencia de investigar la orientación política de ningún ciudadano, no sabemos qué tiene que ver la ideología de una persona con la vulneración o no de la neutralidad política, que, en todo caso, lo sería por interferir, desde su condición de militar, de manera partidista la competencia electoral entre los partidos políticos o coaliciones electorales; y si, tales pronunciamientos de Teresa Franco, escogidos por el analista de información, contra el machismo y la xenofobia la convierten en una "izquierdista". En un sistema democrático, poco importan las ideas políticas, sean cuales sean, a los efectos del desempeño de la profesión militar, mientras se haga con sujeción a las leyes y reglamentos. Habría que recordar, en este punto, que los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas, con las limitaciones establecidas en la ley, amparan a todos los ciudadanos, civiles y militares.

Llama la atención las valoraciones sobre las virtudes militares y la competencia profesional que se contienen en los informes que obraban en el expediente, basándose en una supuesta “falta de lealtad y colaboración con los propósitos del mando”, sin exponer la razón concreta, y en el ejercicio de su derecho a formular quejas y reclamaciones por conducto reglamentario y por motivos profesionales -entre otros, la falta de chalecos antifragmentación adaptados para mujeres-, de los que, sorprendentemente, se podría deducir su falta de competencia profesional. Además, se afirma, como un demérito, que esta actitud –la de ejercer sus derechos– ha prendido en otros compañeros.

El expediente archivado por el Ministerio de Defensa, en cuyo archivo seguramente ha influido de manera decisiva la gran sensibilidad social existente sobre las políticas de igualdad, afectaba de lleno al desarrollo de la labor de representante asociativo en la unidad. Pone de manifiesto, por una parte, una concepción del mando militar propia del pasado en el que no se ha producido recepción alguna del sistema democrático y, por otra, una carencia absoluta de pedagogía sobre la (valiosa) función que llevan a cabo las asociaciones profesionales. El asunto es grave porque atenta directamente al ejercicio del derecho de asociación, un Derecho Fundamental reconocido en el artículo 22 de la Constitución y desarrollado para los miembros de las Fuerzas Armadas por Ley Orgánica. ______Fidel Gómez Rosa es doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Derecho por la UCM. Licenciado en Historia por la UNED. Especialista Universitario en Historia Militar por IUGM.

El resultado de las elecciones del 1 de julio tiene también la novedad, que bien puede calificarse de histórica, de colocar en la presidencia a un candidato que se presenta con un discurso netamente de izquierdas. La victoria conseguida por AMLO contrasta con el severo correctivo infligido a sus rivales: el candidato de la derecha (PAN), Ricardo Anaya, que se queda a veinte puntos, y el candidato del centro (PRI), José Antonio Meade, que se hunde en un poco relevante 15% de los sufragios. Hay que señalar que, dada la complejidad y proporciones del sistema político mexicano, las etiquetas políticas, de corte “europeo”, deben ser tomadas como meramente indicativas.

Más allá de las características de la campaña, en la que Anaya y Meade se han neutralizado mutuamente en una lucha estéril, López Obrador ha tenido el acierto de centrar el mensaje en dos asuntos capitales para la mayoría de la población: la corrupción y la desigualdad, más incluso que la seguridad, cuya preocupación se despierta a partir de cierta renta. AMLO, que se presentaba por tercera vez a las elecciones presidenciales, se ha reinventado de nuevo. Antiguo militante del PRI, y gobernador de Tabasco y regente (alcalde) de la Ciudad de México con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), ha aprendido de la dura experiencia de 2006 cuando perdió por un escaso margen –menos del 1%– con el candidato del PAN, Felipe Calderón, y decidió no aceptar el resultado, poniéndose en rebeldía con un sedicente gobierno alternativo. Una actitud que desgastó su figura y le obligó a una larga travesía del desierto, que ha superado con envidiable perseverancia.

López Obrador ha mantenido un discurso radical en las formas, necesario para preservar alta la movilización social, pero ha moderado claramente su proyecto nacional en el fondo con el objetivo declarado de hacerlo viable y asumible por los poderosos agentes económicos. La política económica, curándose en salud con experiencias recientes en la región, no sufrirá grandes cambios. Se descartan las temidas expropiaciones y se garantiza la estabilidad del cuadro macroeconómico. En sus primeras palabras como presidente electo, en un mensaje dirigido más que a los ciudadanos a los mercados, se ha apresurado a anunciar el control del déficit público, la independencia del banco central y el respeto a las inversiones privadas en los proyectos de infraestructuras comprometidas.

Parece que el populismo del que le acusan los críticos, se quedará en los gestos. En este sentido, se espera que cumpla con su promesa, de fuerte impacto popular, de prescindir del amplio dispositivo de apoyo al presidente, que se simboliza en la suntuaria residencia de Los Pinos en el Distrito Federal, en el avión presidencial –un Boeing 787-8 recientemente adquirido– y, sobre todo, el poderoso cuerpo militar -Estado Mayor Presidencial- de dedicación exclusiva a la seguridad del presidente. La casa presidencial pasará a ser un centro de arte y cultura, el cuerpo militar se integrará en el ministerio de Defensa y el presidente hará sus desplazamientos en vuelos comerciales. El nuevo uso de la residencia presidencial y la utilización de medios aéreos comerciales no plantean grandes implicaciones -más allá del discutible ahorro de estas medidas-, lo que, desde luego, no ocurre con la seguridad.

En efecto, AMLO ha declarado que “le cuidará el pueblo”, pero es evidente que no podrá prescindir de un aparato de seguridad semejante al que, desde hace décadas, proporciona el Estado Mayor Presidencial (EMP). La complejidad de medios personales y materiales de esta unidad equivalente a un pequeño cuerpo de Ejército conjunto –verdadera “Guardia Pretoriana” del presidente y núcleo del poder duro del Estado– hace poco probable el cumplimiento real de esta medida que, con grandes dosis de demagogia, pretende acercar la institución presidencial a la población. El EMP, dotado de una estructura organizativa difícil de desmontar por decreto, está formado por especialistas que desarrollan toda su carrera en la seguridad exclusiva del presidente y su gobierno, por lo que tiene mal acomodo como unidad ordinaria del Ejército.

El presidente López Obrador se enfrenta, como sus predecesores, al grave problema del crimen organizado. La implicación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico, decidida en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), se ha mantenido con Enrique Peña Nieto (2012-2018), pese al pobre balance de eficacia de la medida -la inseguridad se ha extendido y las cifras de muertos se han multiplicado-, los frecuentes casos de crímenes y abusos de los derechos humanos por parte de unidades militares, la centralidad en el sistema político que han adquirido los militares al reforzar el presupuesto y los instrumentos legales en su función, y el daño a la imagen de las fuerzas armadas que gozaban de un indiscutible prestigio por su neutralidad política y estricto desempeño de su función profesional. Todas estas razones aconsejan un replanteamiento de la cuestión.

AMLO se sentará en la Silla del Águila, siguiendo la parábola de Carlos Fuentes, con el gran reto de abordar los problemas urgentes de México y acometer una política integradora en un país marcado por la desigualdad social. Cuenta con la importante baza de disponer de una mayoría en la Asamblea Nacional que impedirá el bloqueo sistemático de sus reformas. Sus antecedentes políticos y la magnitud de cuestiones que tiene sobre la mesa -entre las que no es menor su relación estratégica con el vecino del Norte, en un momento marcado por la incertidumbre del actual inquilino de la Casa Blanca- fundamentan el escepticismo sobre sus posibilidades en la presidencia, pero el gran movimiento social que le ha aupado al poder demuestra que también despierta muchas esperanzas.

El proceso de asimilación, basado en la aproximación de la vida militar a la sociedad industrial y en la especialización del trabajo determinada por los avances tecnológicos, se desarrolla subsumiendo la legislación militar en la general del Estado. No hay diferencia cualitativa del estatuto legal de los militares con el resto de los empleados públicos. El soldado tiene los mismos derechos y libertades, incluidos la participación política y sindical, salvo las restricciones excepcionales que se establezcan por imperativo de su función militar. Desaparecen los tribunales de honor y la jurisdicción militar especial se sustituye por tribunales ordinarios especializados.

En la década siguiente, cuando se comenzó a implantar el modelo en las unidades y a desarrollar el sistema de enseñanza, hubo una fuerte reacción, tanto dentro como fuera de Alemania, contra esta novedosa teoría del ciudadano de uniforme, que consideraba inviable en la prácticaciudadano de uniforme, y más allá de construcciones teóricas, la pretendida equiparación entre militares y civiles. Se pedía la retirada de la legislación desarrollada, ya que, según los críticos, podría conducir a la desarticulación del ejército. No obstante, en el Libro Blanco de la Defensa, desoyendo estas quejas, se describen las características de la profesión militar en los mismos términos que otras profesionales.

Poco antes, dentro de los estudios para fundamentar los cambios, se había llevado a cabo un trabajo sociológico en la Academia de Oficiales del Ejército de Hamburgo. En la investigación –Der Leutnant 1970–  participan siete jóvenes oficiales de edades comprendidas entre los 22 y los 27 años, que formulan como conclusiones nueve tesis en las que afirman que no quieren ser un mero epígono de la tradición militar, reivindican el ejercicio de la crítica del sistema, reniegan de toda lealtad institucional que no sea al mandato constitucional, exigen una rigurosa separación entre el tiempo de servicio y de descanso, y contemplan la disciplina como una autoexigencia.

La mera descripción, sin épica, de la milicia como "un trabajo", hecha por un oficial, fue considerada casi un sacrilegio por los defensores de la tradición militar. Las llamativas tesis del Teniente de 1970 motivaron un debate entre los dos modelos de representación de los intereses de los militares alemanes: la Asociación de las Fuerzas Armadas alemanas (DBwV), situada en el espectro ideológico democratacristiano (CDU), y la sección militar del Sindicato de Servicios Públicos y Transportes (ÖTV), próximo al Partido Socialdemócrata alemán (SPD).

Ambas organizaciones competían en el movimiento asociativo militar por la representación de los intereses socioeconómicos de los militares, la DBwV desde 1956 –se funda en paralelo con la reforma– y el ÖTV desde 1964. La Asociación DBwV tiene una orientación institucional interna, abogando, dentro de la doctrina del ciudadano de uniforme, por la profesionalidad militar. El sindicato ÖTV, como corresponde a una organización diseñada para todos los empleados en el servicio público, tiene una orientación ocupacional externa. La DBwV es ampliamente mayoritaria, representando entre el 70 y 80% del personal profesional, mientras que el sindicato ÖTV (ahora Verdi) apenas alcanza al 1% del personal militar de las FAS alemanas.

Frente a estas posiciones enfrentadas, surge de hecho una tercera vía pragmática que busca una síntesis entre ambas concepciones del ejercicio de la profesión militar en una sociedad democrática. La motivación del militar, en la perspectiva pragmática, se basa tanto en el estilo de vida y los valores (institucional) como en la compensación y la carrera profesional (ocupacional). La propia Asociación DBwV, sin renunciar a su modelo institucional, ha ido adaptando la actividad asociativa hacia la negociación colectiva y reivindicación laboral, conforme a las pautas seguidas en el empleo público en materia de horario de trabajo, prevención de riesgos laborales y compensaciones de las especificidades del trabajo de los militares.

Con la doctrina del ciudadano de uniforme, incorporada a los reglamentos militares, se trata de conciliar los principios del Estado democrático con la organización militar. Los militares son considerados miembros de una misma comunidad y ciudadanía (modelo social convergente). El estatuto jurídico y las condiciones de trabajo son similares a los de los funcionarios civiles, con la sola excepción de los supuestos imprescindibles demandados por las características funcionales de los ejércitos.

No obstante, a pesar de la innegable consolidación del sistema y del esfuerzo sostenido del Ministerio Federal de Defensa promocionando la doctrina del "Liderazgo moral", la experiencia ha demostrado que no es suficiente con cambiar la reglamentación para sustituir en la realidad conceptos que están muy arraigados en la cultura militar tradicional y pueden ser recurrentes, conduciendo a un retroceso de décadas. Hay, pues, que mantener la pedagogía sobre los valores que deben defender las fuerzas armadas en una sociedad democrática avanzada.

La referencia del pasado militarista alemán no se ha conseguido erradicar por completo del cuerpo de oficiales, incluso se ha observado un repunte después de la unificación de Alemania en los años noventa del siglo pasado. La admiración por la Wehrmacht y sus ideas supremacistas, aunque minoritaria, sigue latente. También el riesgo de penetración de redes ultraderechistas en las unidades, como la investigación abierta, hace justo ahora un año, a raíz de la detención de un teniente destacado en Francia, que alcanzó a cerca de trescientos cuadros de mando.

El modelo del ciudadano de uniforme, en sus principios básicos, es seguido hoy por los países del Norte de Europa, con valores institucionales y sistemas de organización, representación y gestión de personal muy próximos. En estos países, fundadores de Euromil (Organización Europea de Asociaciones Militares) en los años setenta, operan asociaciones y sindicatos profesionales con una larga experiencia de colaboración en defensa de los militares como ciudadanos de uniforme.

En un momento en que Europa se enfrenta al reto de la integración de sus recursos de Defensa con criterios supranacionales –cooperación estructurada permanente– en un contexto de dificultades para mantener sistemas de reclutamiento sostenibles que garanticen la eficacia de las fuerzas armadas, el concepto del ciudadano de uniforme es un modelo probado que podría servir de referencia para la necesaria –quizá inevitable– puesta en práctica de un sistema de Defensa común en Europa. Ninguna integración será realmente efectiva sin consideración del factor humano. __________

NOTA: El próximo jueves, 26 de abril, celebraremos el Seminario 'Milicia y Democracia 2018' y hablaremos de Defensa europea común y de geopolítica en el mundo.Información en: 

www.miliciaydemocracia.org

El congreso, que se ha preparado con encuentros con militares en distintas ciudades, ha admitido propuestas para cinco áreas temáticas: retribuciones, temporalidad 45 años, carrera militar, derechos y calidad de vida, y justicia militar. El congreso ha estado abierto a todos los militares, independientemente de su condición o no de afiliados a las asociaciones organizadoras, para realizar propuestas razonadas en torno a estos asuntos. Con las propuestas se elaborarán cinco ponencias que se someterán a debate y votación de los congresistas. El resultado del congreso se plasmará en un documento que refleje la voluntad mayoritaria de los participantes.

Esta fórmula de participación democrática y ejercicio del derecho fundamental de reunión (artículo 21 de la Constitución) no constituye un acto inédito, ya que una de las asociaciones convocantes —la AUME, asociación transversal de todas las categorías profesionales y mayoritaria en las Fuerzas Armadas— había organizado, en octubre de 2012, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, un primer Congreso de Militares. Fue la primera experiencia de debate democrático entre militares sobre los asuntos que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (2011), son competencia de las asociaciones profesionales: condiciones profesionales, económicas y sociales.

El Congreso coincide con una reciente decisión adoptada por el Comité Europeo de los Derechos Sociales (ECSR), órgano colegiado del Consejo de Europa encargado de velar por la aplicación de la Carta Social Europea (1961). EUROMIL interpuso en 2014 una reclamación colectiva en defensa de una de sus asociaciones afiliadas, la asociación irlandesa PDFORRA, por posible violación de los artículos 5 y 6 de la Carta en relación con la exclusión de la asociación de militares de la negociación colectiva del sector público y la prohibición absoluta de constituir o adherirse a sindicatos.

Hay que señalar, a este respecto, que España, que ratificó la Carta Social Europea en 1980, no ha firmado todavía el protocolo adicional que permite las reclamaciones colectivas, mientras que lo tienen firmado, ratificado y puesto en vigor, desde finales de los años noventa, nuestros países europeos vecinos: Portugal, Francia e Italia.

La decisión del caso EUROMIL contra Irlanda fue remitida al Consejo de Ministros del Consejo de Europa el pasado mes de septiembre y se ha hecho pública este mes de febrero. El Comité considera, en síntesis, que el derecho a la negociación colectiva, amparado en la Carta Social Europa, no está restringido al personal de las Fuerzas Armadas. Los Estados deben promover los mecanismos de la negociación colectiva sobre las condiciones de trabajo, particularmente sobre las retribuciones, permitiendo la participación de los representantes de todas las partes interesadas.

El Comité considera que la prohibición a las asociaciones profesionales de militares de formar sindicatos y afiliarse a federaciones o confederaciones sindicales no puede ser absoluta. Las confederaciones sindicales nacionales más representativas poseen la mayor capacidad para la negociación colectiva y, en su caso, la adopción de medidas de conflicto colectivo. Estima que la prohibición de la huelga, por su implicación con el interés general y la defensa nacional, puede ser aceptable siempre que se haga bajo condiciones específicas y se arbitren medidas compensatorias para estos trabajadores que tienen vedado este instrumento de defensa de sus intereses socioeconómicos.

El Consejo de Ministros del Consejo de Europa, al que no le está permitido revertir la fundamentación jurídica realizada por el Comité de Derechos Sociales, puede adoptar, por mayoría reforzada de sus miembros, una resolución o recomendación de obligado cumplimiento para el Estado infractor, que deberá informar de las medidas adoptadas para corregir la situación. La decisión es relevante ya que, por primera vez, se declara en el nivel europeo la incompatibilidad de la política de los Estados de marginar al personal militar de la negociación colectiva y afiliación a confederaciones sindicales con capacidad de influencia en la negociación con la Carta Social Europea.

El Congreso de Militares españoles que se celebrará el próximo sábado, pese a tratar asuntos nacionales, contará con un representante de la dirección de EUROMIL que le dará una dimensión europea. La futura defensa europea ha realizado algunos progresos en diversos ámbitos, como el armamento y material —Agencia Europa de Defensa— o la coordinación de políticas y medios —Estado Mayor de la Unión Europea, Eurocuerpo o la última arquitectura de defensa denominada Cooperación Estructurada Permanente (PESCO)—, pero ninguno en materia de personal: sobre las condiciones en que se ejercer la profesión militar en Europa. La indudable importancia de las capacidades operativas de la futura defensa europea o del eventual ejército europeo no debe hacerse olvidando la dimensión social de la defensa. Los militares son, ante todo y principalmente, ciudadanos europeos.