La tarde del 22 de junio de 1976 forma parte indispensable de la memoria democrática de España y, muy especialmente, de Madrid. Aquella tarde, inmortalizada por el fotoperiodista César Lucas con la célebre “foto del puñito”, más de 50.000 vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid abarrotaron la calle Preciados para protestar contra la carestía de la vida, reclamar barrios dignos y exigir la legalización de las asociaciones vecinales y de la entonces Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (hoy FRAVM).

Aquella movilización consiguió llenar el centro de Madrid en la primera gran manifestación “autorizada” tras la muerte del dictador. Fue el broche de oro de la conocida como Semana Ciudadana, una multitud de acciones con las que la Federación Provincial, todavía en fase de legalización y junto a un centenar de colectivos sociales, respondió a los conocidos como sucesos de Aranjuez: una brutal carga de la Guardia Civil a orillas del Tajo durante una romería vecinal en la que cientos de personas, muchas de ellas familias con niños y niñas, se habían reunido para celebrar juntas el día de San Isidro.

La calle Preciados apareció aquella tarde completamente desbordada. Desde el balcón de la pensión que algunos dirigentes vecinales de la época alquilaron para leer el manifiesto podía contemplarse una imagen inédita: miles de personas llegadas desde los barrios y pueblos de Madrid ocupando el corazón de la ciudad con la convicción serena de quien sabe que está participando en algo que cambiará su vida. Las imágenes filmadas por Tino Calabuig conservan todavía hoy la capacidad de erizar la piel. En los rostros de aquella multitud se mezclaban la alegría, la esperanza y la certeza de que algo había cambiado para siempre.

Fue la tarde en la que la democracia que venía gestándose en los barrios desde finales de los años sesenta consiguió, por fin, brotar en el centro de Madrid.

Miles de vecinas y vecinos pudieron sentir entonces por primera vez en su propia piel que aquello por lo que luchaban no solo era compartido por otros tantos miles, sino que el derecho a reivindicar la dignidad de sus barrios empezaba a formar parte natural de sus vidas. Por primera vez, un derecho democrático fundamental como el derecho de manifestación comenzaba a incorporarse a la vida de la gente normal.

Fue, sin duda, una movilización que permitió eclosionar años de lucha vecinal. La lucha de un movimiento social, el movimiento vecinal, que ha sido el gran olvidado del relato de la Transición democrática; un olvido propiciado no solo por quienes construyeron un relato desde las élites, sino incluso por quienes creyeron que la democracia estaba conquistada por el simple hecho de que los partidos políticos pudieran participar en las instituciones.

Sin embargo, el movimiento vecinal fue, sin duda, la gran escuela democrática de nuestro país: la escuela de la gente de a pie, de los peatones de la historia de los que nos hablaba Vázquez Montalbán. Porque el movimiento vecinal ha sabido siempre, como recuerda Jordi Borja, “que la democracia no puede tener solo una aspiración formal, sino que debe ser, sobre todo, material; que las decisiones de los responsables políticos han de responder a las necesidades de la ciudadanía y que la ciudadanía debe participar en ellas”.

Y aquella escuela democrática fue capaz de construir buena parte del mejor Madrid que conocemos. Así llegó la remodelación de barrios en una ciudad donde, en 1975, más de 100.000 personas vivían todavía bajo el barro; así acabaron nuestras Madres contra la Droga con la heroína; así nacieron miles de dotaciones públicas conquistadas mediante los Planes de Barrio, los Planes 18.000 y tantos otros acuerdos que hicieron más habitables nuestros barrios y pueblos. Así rehabilitamos viviendas, plazas y parques; defendimos equipamientos, combatimos desahucios, creamos espacios vecinales y huertos urbanos, levantamos redes de solidaridad durante la pandemia y abrimos caminos entre la nieve de Filomena a fuerza de trabajo comunitario. Siempre con una misma idea de fondo: el bien común.

Porque aquellas victorias no transformaron únicamente el paisaje urbano. Transformaron también la relación de la ciudadanía con la política. Demostraron que la democracia podía servir para mejorar la vida cotidiana de la mayoría y que los barrios no eran un problema que gestionar, sino una fuerza capaz de construir ciudades, convivencia y futuro.

Por eso recordar el espíritu de aquel 22 de junio en Preciados no es un ejercicio de nostalgia, sino la reivindicación de una herramienta indispensable: el movimiento vecinal. La misma herramienta que permitió conquistar barrios dignos, servicios públicos, espacios de convivencia y derechos para la mayoría.

Una herramienta clave para seguir formando la escuela de la democracia, para defender nuestros barrios y pueblos, nuestra manera de vivir y lo mejor de Madrid; para acabar con la especulación que destruye el derecho a la vivienda y con la expulsión de nuestros barrios, para reivindicar la convivencia entre diferentes y, sobre todo, para reivindicar la política, una política limpia, capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía.

Porque si los barrios ayudaron a conquistar la democracia cuando esta todavía no existía, hoy son imprescindibles para defenderla. Entonces la lucha era por las libertades democráticas, por salir del barro al barrio; hoy lo es por garantizar el derecho a la vivienda, los servicios públicos, la convivencia y el derecho a permanecer. Porque la democracia no se sostiene solo en las instituciones, sino también en las calles donde vivimos, en los vínculos que construimos y en la certeza de que los barrios pertenecen a quienes los habitan.

Quizá por eso las imágenes de aquella tarde siguen interpelándonos medio siglo después. No solo porque nos hablan de lo que fuimos, sino porque recuerdan lo que podemos ser. La calle abarrotada, el manifiesto leído desde aquel balcón y las miles de miradas llenas de ilusión que inundaron Preciados aquel 22 de junio de 1976 nos recuerdan que la democracia nunca fue una conquista definitiva, sino una tarea colectiva. Una tarea que, ayer como hoy, empieza en los barrios.

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Jorge Nacarino es presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Este artículo surge de haber sido estimulado por el que escribió Sonia de Gregorio en este mismo espacio hace unas semanas, poniendo en relación sus amplios conocimientos de arquitecta-urbanista con su experiencia personal, al habitar en el Centro de Madrid. Por tanto, no repetiré las circunstancias urbanísticas que concurren en toda la ciudad como son su mercantilización y pérdida de la vida vecinal, consecuencia de una política económica neoliberal

En la calle Velázquez, donde vivía en los años 50, había un hermoso bulevar con dos hileras de árboles y bancos donde jugábamos los niños del entorno. Por las calzadas simétricas pasaban los tranvías que iban al Centro, y todavía había dos amplias aceras para el paseo de viandantes y acceso a los edificios.

Enfrente de mi casa, en la calle Velázquez, estaba el palacete donde vivía la familia Calvo Sotelo y el Colegio Inglés; ambas parcelas tenían grandes jardines. También han desaparecido los colegios de la Asunción, y únicamente permanece la iglesia, el Santiago Apóstol y el de las Marianistas, gracias a una normativa que permitía el cambio de uso. Calle abajo permanece el Colegio de Jesús y María, pero construyeron un aparcamiento bajo el patio para obtener rentabilidad, de acuerdo con la actual normativa, como ha ocurrido en otros colegios de órdenes religiosas del Ensanche. Afortunadamente, se mantienen los colegios de las Ursulinas y del Pilar, pero en este último han construido un club deportivo privado bajo las pistas de juego; los dos se sitúan enfrentados en la entonces calle de General Mola, hoy Príncipe de Vergara, que también tenía un bulevar parecido al de Velázquez, y con una amplia plaza, la del Marqués de Salamanca, lugar de reposo y juegos de niños.

La calle Serrano, a diferencia de la de Velázquez, siempre ha sido más comercial, pero con tiendas de barrio como papelerías, carnicerías con los corderos colgando en el escaparate, droguerías, mercerías y otras cuyos nombres casi han desaparecido.

Sirva este pequeño recorrido personal en una parte del barrio para dar una idea de la enorme transformación sufrida. Desde el punto de vista del paisaje, donde antes había palacetes y colegios con jardín hoy hay bloques de oficinas y viviendas que ocupan toda la parcela frente a calles de las mismas dimensiones que antaño, pero con coches que ocupan más de la mitad del espacio público. En relación con los usos, estos se han terciarizado, con oficinas y comercios de productos más caros y menos variados, como por ejemplo ocurre con los mercados, lo cual guarda relación con la subida del nivel económico y la homogeneidad de los nuevos vecinos.

Aunque cuentan que durante la Guerra Civil el Barrio de Salamanca no fue bombardeado por las tropas del general Franco en consideración a la población que lo habitaba, desde entonces el proceso de mercantilización general del barrio está consiguiendo que desaparezcan sus características físicas y la vida vecinal.

El Barrio de Salamanca es fruto de un buen Proyecto de Ensanche de Carlos María de Castro de mediados del siglo XIX, que desde el principio sufrió un aumento paulatino de la edificación. Inmediatamente después de ser aprobado, las manzanas se construyeron en sus cuatro lados, previsto solo en dos, para edificios de cuatro plantas, y el interior, en principio ajardinado, se ocupó con mercados, garajes o talleres de altura máxima de una o dos plantas.

El sistema de edificación por parcelas hizo que cada una fuera construida por propietarios distintos para niveles económicos variados, lo que produjo una gran diversidad social, unida al hecho de que los pisos se cualificaban según su nivel. El llamado principal se situaba en la primera planta, porque no había ascensor y correspondía a las familias de más nivel económico, y con frecuencia eran propietarias de todo el inmueble. El resto se destinaba al alquiler, incluidas las buhardillas, donde vivían los obreros o el semisótano donde vivía el portero y el servicio doméstico.

A pesar de que la edificación mejor se encontraba en proximidad a la Castellana y Alcalá, e iba descendiendo hacia el este y el norte, el conjunto del barrio era de una gran integración social y física, en relación con los comercios de uso diario, mercados, colegios y tantas actividades hoy desparecidas.

Muchos nos planteamos si las autoridades urbanísticas que dirigen las actuaciones en Madrid son conscientes de la pérdida de la cualidad urbana de sus barrios o si lo consideran una consecuencia inevitable del desarrollo económico. En este último caso se les podría decir que es posible la convivencia de criterios si la rentabilidad se buscara a largo plazo, diversificada, y escuchando a las asociaciones vecinales, o para decirlo con un principio popular: “las prisas no son buenas para nada”.

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Luis Moya es doctor arquitecto, catedrático emérito de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

“Dormíamos, despertamos”. Se acaban de cumplir quince años de un acontecimiento y un movimiento que han marcado la historia reciente de nuestro país, el 15M. Tres lustros desde que, al término de una manifestación impulsada el día de San Isidro por la plataforma Democracia Real ¡Ya!, un grupo de jóvenes se plantó con sus tiendas de campaña en la Puerta del Sol para mostrar su indignación ante una clase política que vivía cada vez más alejada de la calle y de las necesidades de la gente de a pie. Haciendo gala de una inmensa creatividad y una portentosa inteligencia colectiva, enseguida la modesta acampada se transformó en un gran campamento, con réplicas en otras ciudades y pueblos, dando después el salto a los barrios. El Movimiento de los Indignados pasó del “toma la plaza” al “toma los barrios”, descentralizando la protesta y extendiendo su espíritu contestatario y su organización al ámbito más local. Decenas de miles de personas dieron vida a las asambleas populares del 15M, espacios de democracia radical en los que una nueva generación se mezcló con activistas vecinales y sociales ya existentes, y juntos y juntas, de forma más o menos coordinada, se enfrentaron, con mucha imaginación y pocos recursos, a las necesidades de sus barrios y de toda la sociedad.

En la retina nos quedará para siempre esta fabulosa experiencia asamblearia, no exenta de contradicciones y debilidades, junto a las multitudinarias marchas desde los barrios al centro de la capital, y al magnífico repertorio de acciones de comunicación y protesta desplegado por el Movimiento 15M, empezando por los Stop Desahucios que por todos los rincones defendieron, y aún hoy defienden, el derecho a una vivienda digna frente a la voracidad inmobiliaria de bancos, fondos buitre y especuladores de todo pelaje y condición.

El poso del 15M ha sido enorme. Con sus mimbres, numerosos colectivos vecinales rejuvenecieron, a la par que surgieron otros y se extendieron y multiplicaron movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o las redes por la sanidad pública, y parte de sus bases estuvo detrás de experiencias políticas tan notables como las candidaturas municipalistas de los años siguientes. Su espíritu, que es el mismo que siempre ha movido al movimiento vecinal, se encuentra en la base de las mareas sociales (blanca, verde, naranja…) y de las redes de apoyo mutuo que se activaron para hacer frente a la pandemia de la covid19 y a catástrofes como la dana de Valencia.

Aunque pocos lo conocen, 35 años antes del 15M de 2011 hubo otro 15M que, como el de la Puerta del Sol, puso las cosas patas arriba, encendiendo la mecha de un ciclo de movilizaciones ciudadanas que traería cambios de calado. El 16 de mayo de 1976, los colectivos de la entonces Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Madrid (hoy FRAVM), junto a clubes juveniles, las asociaciones de amas de casa y otros grupos, organizaron en la arboleda de la calle Sin Salida de Aranjuez, muy cerca del Tajo, una “jornada festiva de convivencia vecinal”, una suerte de día de la tortilla de San Isidro. La federación, que como la mayoría de las asociaciones vecinales de la región no había conseguido aún su legalización por la cerrazón de las autoridades procedentes del franquismo, escogió la localidad sureña por el hostigamiento al que aquellas llevaban meses sometiendo a los dirigentes de la Asociación de Vecinos de Aranjuez.

Más de 2.500 personas, muchas de ellas niñas y niños, llegadas en coches y en más de 30 autobuses desde la capital y otros municipios, se dieron cita en la localidad ribereña para compartir al aire libre sus viandas, música, juegos, así como las preocupaciones y demandas de sus barrios. El ambiente fue en todo momento relajado y de fiesta. Pero tras la celebración de una asamblea vecinal en la que se leyó un comunicado que reclamaba más democracia, la amnistía, libertades públicas, la legalización de las asociaciones vecinales y mejoras materiales ante las profundas carencias existentes en los barrios, y que suponía el cierre de la jornada, decenas de guardias civiles que la habían estado vigilando cargaron con dureza contra los presentes, golpeándolos con sus fusiles, dispersándolos y persiguiéndolos hasta los mismos autocares en los que debían regresar a Madrid. Cientos de personas, jóvenes, niños, niñas, ancianos, mujeres y hombres, resultaron heridas, algunas de gravedad.

Esta brutal represión sobre una multitud pacífica, en vez de amilanar al movimiento vecinal, lo nutrió de una mayor determinación, y sus agrupaciones respondieron con la organización de la llamada Semana Ciudadana. Más de cien colectivos de todos los distritos de Madrid y de ciudades como Aranjuez, Alcalá, Leganés y Móstoles impulsaron en sus barrios exposiciones, mesas redondas, música, cine, teatro... una miríada de actos que finalizaron el 22 de junio con la primera gran manifestación de la Transición, la de la calle Preciados, aquella de la famosa fotografía del niño con el puño en alto. En la tarde de ese día, en una marcha impulsada por la federación que sorprendentemente había sido autorizada, más de 50.000 personas se alzaron contra la subida de los precios y reclamaron pan, trabajo y libertades, y entre estas, la legalización de las asociaciones vecinales. El movimiento era ya imparable. Meses después, en septiembre, más de 100.000 personas marcharon en Moratalaz por los mismos motivos y para protestar por un fraude en la venta del pan originado por la patronal del sector. El año siguiente, la federación y muchas de sus asociaciones fueron legalizadas y las Cortes aprobaron la ley de amnistía.

Las diferencias entre un 15M y otro son más que notables. Pero ambos surgieron en un momento de crisis de legitimidad del sistema y sus instituciones, de corrupción política y empresarial, y se desarrollaron a partir de formas de organización radicalmente democráticas, inclusivas y heterogéneas. Con grandes dosis de imaginación y arrojo, ambos reclamaron más democracia, más libertades, igualdad y justicia social.

Ambos brotaron en un tiempo de crisis de acceso a la vivienda, de aumento de la carestía de la vida y de involución democrática. Males que hoy compartimos, terreno fértil para un nuevo 15M. Frente a la ola reaccionaria y neofascista que ahora sacude el mundo, con su andanada de sátrapas ecocidas empeñados en destruir lo público y lo común, tal vez haya llegado la hora de trascender las dinámicas de pura resistencia, y, tomando el ejemplo de la vecindad resistente al ICE en las calles de Mineápolis, de la marea internacional de solidaridad con el pueblo palestino, de las redes de acogida y apoyo a la vecindad migrante, del feminismo, del movimiento por la vivienda digna (que este domingo, 24 de mayo, tiene una cita importante en Madrid a la que no podemos faltar), tal vez sea el momento de ensanchar los márgenes y pasar a la ofensiva. Con alegría y determinación, como hicimos en aquel Aranjuez de 1976, como repetimos en aquella Puerta del Sol de 2011. Como hiciera aquella extraordinaria Juventud Sin Futuro que calentó la llegada del último 15M: “Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo”.

Óscar Chaves es responsable de Comunicación de la FRAVM

Tras cinco años de reuniones y debates ministeriales, hubo que esperar otros cinco de negociaciones entre la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo, para que la Unión Europea aprobara en octubre del año 2000 la Directiva Marco del Agua (DMA) que, posteriormente, habría de ser transpuesta al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros. Hasta entonces, la política europea del agua se caracterizaba por la coexistencia de enfoques fragmentarios y perspectivas particularistas que se concretaba en numerosas directivas sectoriales relativas, entre otras, a las aguas de baño, calidad de aguas de consumo humano, nitratos, aguas residuales o protección de acuíferos. Ese modelo fragmentado impedía una visión de conjunto del estado real de los ecosistemas acuáticos, porque permitía cumplir una norma en un tramo de río, al mismo tiempo que en otros imperaban situaciones de grave deterioro ecológico.

La DMA introdujo explícitamente la concepción de que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal, cuestión nada baladí, que sirve de basamento conceptual para su articulado, que asume como objetivo central la recuperación y conservación del buen estado ecológico de ríos, lagos, lagunas y humedales, que no debe considerarse subordinado a la satisfacción de las demandas sociales, sino a una restricción a los recursos disponibles para los usos humanos. Esto supuso un cambio radical en el enfoque de las políticas entonces imperantes, que se basaba en la promoción de los recursos. Complementariamente, la DMA introduce el principio de no deterioro del agua, profundizando el compromiso de conservación más allá del principio de quien contamina (deteriora) paga. Todo esto constituye un reto relevante, basado en la convicción de que unos ecosistemas acuáticos seguros y saludables son la garantía de futuro para el suministro seguro de agua de calidad a los usos humanos.

Un paso significativo a nivel europeo, aunque en España era parte del modo de gestión que tenía, fue el establecimiento por parte de la DMA de la cuenca hidrográfica como marco territorial de gestión de aguas, asumiendo la indivisibilidad y unicidad sistémica de las aguas subterráneas y superficiales, a la vez que promueve su gestión integrada en el ámbito de las cuencas, lo que tuvo como consecuencia la necesidad de coordinar políticas en 75 cuencas transfronterizas europeas.

La DMA introduce también criterios novedosos de racionalidad económica en la gestión de aguas presididos por el principio de recuperación de costes, y exige abrir la gestión de aguas a una participación ciudadana activa.

La implementación de la DMA se consigue a través de la planificación hidrológica cíclica mediante planes de cuenca revisados cada seis años, con diagnóstico de presiones, análisis económico y programas de medidas vinculados a financiación y seguimiento institucional.

Se puede afirmar que son pocas las directivas que han tenido una relevancia comparable a la DMA en lo que toca a la planificación hidrológica, elevar la protección de las masas de agua y consolidar una visión común del agua como elemento estratégico para el equilibrio ambiental, territorial y socioeconómico de la Unión Europea.

Además, la propia DMA contempla en su articulado que la Comisión Europea debe revisar esta norma a más tardar 19 años después de su entrada en vigor, es decir, el 22 de diciembre de 2019. El proceso de revisión tuvo lugar desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el tercer trimestre de 2019 -es decir, dos años-, y concluyó que la DMA era, en gran medida, adecuada para sus propósitos; aunque se reconoció un progreso insuficiente en la consecución de objetivos, el marco se consideró sólido, flexible y apto para abordar retos futuros, de forma que no se revisó la DMA.

Así las cosas, el pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó un paquete ómnibus de propuestas de modificaciones en distintas normativas, entre las que está la DMA, con el objetivo de continuar con la simplificación de la carga administrativa que impone el cumplimiento de tales normativas. El uso reiterativo de los paquetes ómnibus está siendo fuertemente criticado por académicos, juristas y movimientos ciudadanos de toda Europa, en tanto podría vulnerar principios fundamentales de la UE al carecer de una evaluación de impacto adecuada, omitir una consulta pública completa de forma que se podría contravenir las garantías de proporcionalidad y de protección de los derechos fundamentales que sustentan el Derecho de la Unión Europea. Denuncian que los paquetes ómnibus se están usando para retrocesos sustanciales que podrían sentar un precedente peligroso para futuras legislaciones.

En este contexto, y sin previo aviso, la Comisión Europea, pretende revisar la DMA en 2026, a pesar de que, como se ha dicho, a finales de 2019 se concluyó positivamente su evaluación. El objetivo declarado por la Comisión para justificar la revisión de la DMA no deja espacio a la duda: simplificar y facilitar el acceso a materias primas esenciales para la Unión Europea, en respuesta directa a las demandas de las grandes empresas mineras, que serán claras beneficiarias de la revisión propuesta; esta circunstancia se corrobora por la intensa labor de lobby del sector minero que triplicaron sus reuniones con el funcionariado europeo.

Pero las modificaciones no afectarán sólo a los proyectos mineros, ya que también se aplicarán a proyectos industriales y agrarios que pueden suponer un claro deterioro por nuevas obras hidráulicas, incremento de las captaciones o mayor contaminación. Hay que tener en cuenta que muchos ecosistemas de agua dulce ya se encuentran en estado crítico, sufriendo problemas de sobreexplotación, contaminación y pérdida de biodiversidad y que un mayor daño a tales ecosistemas agravará los riesgos para la salud pública y reducirá su capacidad de protección frente a los desastres climáticos. Por ejemplo, una normativa más laxa aumentará la exposición a sustancias químicas tóxicas y empeorará la calidad del agua, aumentando los riesgos a corto y largo plazo para la población humana.

En definitiva, con las modificaciones previstas, la Comisión de Von der Leyen está desmantelando décadas de protección de la naturaleza conseguidas con esfuerzo, poniendo en riesgo el aire, el agua y la salud humana en nombre de la competitividad y priorizando a los lobbies económicos por encima del interés público.

Frente a estos intentos de modificación de la DMA, hay diversas campañas de denuncia tanto en el ámbito europeo como en el español, donde más de 270 organizaciones ciudadanas, ambientalistas, ecologistas, sindicales, académicas, operadores públicos de agua y ONG de desarrollo, presentaron en el Congreso el pasado 20 de abril un manifiesto contra la revisión que la Comisión Europea pretende realizar de la Directiva Marco del Agua.

Gonzalo Marín, Susana Gil Pascual y Enrique Ortega son miembros de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II y de la Red Agua Pública

Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la energía era un asunto demasiado grande, demasiado técnico y demasiado complejo como para que la gente corriente pudiera intervenir. Que eso era cosa de mercados internacionales, grandes compañías, personas expertas y gobiernos. Si hablabas de crisis energética, de dependencia exterior o de la necesidad de producir energía cerca de casa, pasabas a formar parte del selecto grupo de bichos raros del barrio. Como cuando alguien advertía que en una ciudad cada vez más dura, más caliente y más gris había que plantar árboles cuanto antes. Ya sabemos cómo va esa historia: el mejor momento para haber empezado era hace diez años; el segundo mejor momento es ahora.

Pero bastaron la guerra de Ucrania, la locura de Trump, una nueva escalada de precios y otro aviso más de la crisis climática para que quedara claro algo muy sencillo: no puede ser que algo tan básico para la vida cotidiana dependa casi por completo de decisiones lejanas, de grandes oligopolios o de combustibles fósiles que, además de contaminar, nos hacen más vulnerables.

En este escenario merece la pena hablar de comunidades energéticas. No son una moda, ni una ocurrencia pasajera, sino la mejor herramienta para que la ciudadanía recupere capacidad de decisión sobre algo tan importante como la energía. Y también son una oportunidad para que los barrios, el movimiento vecinal y las entidades sociales tengan un papel protagonista en la transición ecológica justa, en lugar de quedarse como simples espectadores de cambios decididos por otros.

El nombre puede sonar técnico, pero la idea es bastante sencilla. Una comunidad energética local es un grupo de personas, hogares, pequeños comercios, entidades sociales o centros educativos que se organizan para producir, consumir y gestionar energía de manera colectiva, aprovechando recursos renovables del entorno, sobre todo la luz del sol. La idea de fondo es clara: la transición energética no puede consistir sólo en sustituir una tecnología por otra, sino también en cambiar quién manda, quién se beneficia y con qué criterios se toman las decisiones.

Eso es lo verdaderamente interesante. Una comunidad energética no se limita a poner placas solares. Supone cooperar, compartir, planificar y pensar el barrio como un espacio capaz de generar soluciones propias. Frente a un modelo centralizado, opaco y dominado por grandes compañías, estas experiencias apuestan por una energía más sostenible y cercana, más democrática y útil socialmente.

La mayoría empiezan con instalaciones de autoconsumo fotovoltaico colectivo. Pero, a diferencia de lo que ocurre en una sola comunidad de propietarios, permiten separar el lugar donde se genera la energía del lugar donde se consume. Eso abre una puerta muy importante: no hace falta que cada edificio tenga su propia cubierta perfecta. Se pueden colectivizar tejados, sumar consumos diversos e implicar a agentes muy distintos del barrio. En otras palabras, permite pasar del “sálvese quien pueda” al “nos organizamos y lo hacemos juntas”.

Y eso tiene consecuencias muy valiosas.

La primera es la soberanía energética. Cuanta más capacidad tengamos para producir renovables de forma descentralizada y comunitaria, menos dependeremos de combustibles fósiles, de grandes empresas y de crisis que siempre acaban pagando quienes menos tienen.

La segunda es la cooperación vecinal. Las comunidades energéticas obligan, en el mejor sentido, a sentarse, hablar, pensar en común, construir confianza y hacernos responsables colectivamente de una instalación. En ese camino se fortalecen los lazos vecinales y entre asociaciones, centros educativos, comercios y otras entidades del barrio. Y eso no es un efecto secundario: forma parte del valor del proyecto.

La tercera es la lucha contra la pobreza energética. No habrá transición ecosocial justa si deja fuera precisamente a quienes más la necesitan. En el prototipo que estamos diseñando defendemos modelos donde un 10% de la energía generada se destine gratuitamente a familias en situación de pobreza energética. Este detalle convierte una instalación de paneles solares en una herramienta de justicia social.

La cuarta es la resiliencia. En tiempos de turbulencias y crisis recurrentes, al producir parte de la energía cerca de donde vivimos, de manera compartida, ganamos capacidad de adaptación y reducimos vulnerabilidades. La idea es anticiparnos y dar pasos concretos que aumenten la autonomía de los barrios para resolver sus necesidades.

Y como el mundo no cambia con nuestras opiniones, sino con nuestras acciones, en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) nos hemos puesto manos a la obra. Desde el proyecto Bloques en Transición estamos impulsando una comunidad energética local en Vallecas, junto a otras entidades como Tangente, el tejido vecinal o las comunidades educativas. Lo hacemos porque creemos que el movimiento vecinal puede aportar mucho en este terreno. De hecho ya hay otras iniciativas inspiradoras como Brillaverde, Tercio y Terol en Carabanchel o La Alcalina en Alcalá de Henares.

Tenemos experiencia en organizar, en escuchar, en detectar necesidades reales y en construir respuestas colectivas desde abajo. Lo hemos hecho con la vivienda, con el espacio público, con los equipamientos, con la movilidad y con la defensa de los servicios públicos. Y ahora nos toca hacerlo con la energía.

En el año 133 AC un grupo de esclavos se levantó contra Roma bajo el nombre de heliopolitas, ciudadanos de Helio, que era el dios de la justicia, del Sol que brilla para todos por igual. Una revuelta que se enfrentó con éxito a las legiones romanas, provocando una oleada de rebeliones en el Mediterráneo. Siglos después una de las primeras utopías modernas, escrita por Campanella, se denominará Ciudad del Sol. Un modelo urbano inspirado en el sistema heliocéntrico de Copérnico que servía de contexto para un proyecto de sociedad basado en la educación y la igualdad como pilares.

Hoy, ante la amenaza de nuevos tiempos oscuros, las comunidades energéticas pueden ayudarnos a iluminar alternativas desde los barrios. No podemos dejar la transición exclusivamente en manos de quienes han dominado hasta ahora el modelo energético, pues corremos el riesgo de desperdiciar una oportunidad para democratizarlo, que la ciudadanía participe, decida y se beneficie colectivamente.

Decían los zapatistas que hay quienes esperan a que el sol salga, y quienes lo empujan. El movimiento vecinal es de arrimar el hombro, pues la organización y la cooperación social son la única garantía que tienen nuestros barrios para que el sol vuelva a brillar para todo el mundo. Tenemos energía para transformar el modelo energético, toca anticiparse a los desafíos climáticos, energéticos y económicos. Allí donde las instituciones no ven prioridades y estamos abandonados por el mercado, nos tenemos unas personas a otras.

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Quique Villalobos es responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM. José Luis Fernández de Casadevante (Kois) es sociólogo, miembro de la directiva de la FRAVM y de la cooperativa Garúa

Tengo el honor de poder asomarme en ocasiones a este medio para reflexionar sobre urbanismo, mi disciplina. En esta ocasión también será así, pero necesariamente el tema requerirá que le dé un matiz mucho más personal. Esto es porque el objeto del que voy a hablar es algo muy importante para mí: mi Barrio.

He vivido siempre en el casco histórico de Madrid, en un barrio de clase media donde mis padres establecieron su hogar porque tenían parientes y conocidos. Desde ese punto de vista he tenido siempre un arraigo profundo con mi entorno, al estar presentes en él esos familiares de mis padres, pero sobre todo porque he tenido la suerte de criarme en un vecindario, en un lugar que se caracterizaba por encima de todo por una red de relaciones entre personas que se basaban en el conocimiento y aprecio mutuo. Esa red ponía en carga un alto nivel de solidaridad y ayuda mutua, y hoy mirando al pasado veo que en gran medida se trataba de solidaridad intergeneracional, donde los niños y los mayores recibíamos una importante atención. Mirando a ese contexto y comparándolo con la realidad de mi barrio en el momento presente, me doy cuenta de que eso es lo más importante que hemos perdido quienes vivimos aquí todavía. Eso es lo más importante que se nos está usurpando porque constituye el alma del espacio donde desarrollamos nuestras vidas.

Habrá quien piense que estas líneas y esa valoración están guiadas por un exceso de nostalgia, pero honestamente creo que no es así. Soy objetiva al reconocer que el Distrito Centro de Madrid ha ganado en calidad de vida en algunos sentidos. Una de las grandes mejoras llegó con la entrada en funcionamiento de Madrid Central en noviembre de 2018. Esta zona de bajas emisiones derivó en que nuestro espacio público ganara calidad ambiental al sostener mucho menos tráfico. La mejora retrocedió con su conversión en Madrid Centro, que amplió los supuestos que permiten la entrada de automóviles privados. Pero aun reconociendo esta cuestión, se puede considerar que el barrio ha ganado en este sentido respecto a cuando yo caminaba por sus calles siendo una niña. Dicho esto, me cuesta encontrar otro aspecto en el que hayamos mejorado respecto a cómo era entonces. Intento explicar por qué.

La principal razón es que la pérdida del carácter de vecindario de mi barrio ha sido la consecuencia de otras pérdidas anteriores. Una primera vino derivada de la especialización de muchas de nuestras calles en lugares de ocio. Si bien todos los barrios del casco de Madrid vienen siendo desde hace tiempo lugar de referencia para el ocio de los madrileños y de quienes nos visitan, esta cuestión se intensificó de manera importante en la década de los 2000, cuando al calor de la potenciación, todavía incipiente del turismo, se empezaron a ir las actividades comerciales y los servicios de proximidad de muchas calles, que iniciaban a saturarse de bares y restaurantes. Uno de los motores de dicho cambio vino de la conversión de un mercado de barrio, el Mercado de San Miguel, en un mercado gourmet. Todavía, quienes viven en su entorno recuerdan que no tienen opciones cercanas para abastecerse de alimentos frescos. Cabe recordar que con la conversión del Mercado en una opción de ocio perdió toda la ciudad, puesto que se había restaurado poco antes con Fondos Europeos (en particular el Fondo Europeo de Desarrollo Regional). En la memoria que justificaba el uso de esos fondos para rehabilitar el Mercado, el Ayuntamiento señala que era imprescindible su recuperación porque servía a una población envejecida. Sin embargo, poco después permitió que se convirtiera en lo que es hoy: un centro de ocio potentísimo que ha generado en su entorno toda una zona de restauración que vive al calor de su empuje. En ese periodo se consolidaron otros focos de ocio, produciendo un efecto que cada vez se extendía a más y más calles.

Quienes vivíamos en el barrio observábamos con resignación la pérdida de las tiendas, pensando que la tendencia pararía. Sin embargo no fue así y el barrio siguió perdiendo comercio de proximidad a favor de la restauración y el ocio. Como consecuencia, se multiplicaron las terrazas y así empezamos a perder también gran parte de nuestro espacio público. Esta tendencia se mantuvo temporalmente hasta la pandemia, en la que los metros cuadrados de terrazas aumentaron de manera importante, en principio de manera temporal para limitar los contagios. Es interesante señalar que aunque las denominadas “terrazas COVID” se retiraron en otros distritos de Madrid pasada la pandemia, en el casco se mantuvieron en muchos casos, resultando todavía a día de hoy en la ampliación de las preexistentes o en nuevas terrazas. Esta cuestión ha derivado en un mazazo a nuestra vida cotidiana porque muchas de nosotras no reconocemos ya nuestro espacio público: hemos perdido los lugares de nuestra cotidianeidad, lugares que ahora evitamos por el ruido, la suciedad, el exceso de actividad que soportan y la angustia emocional (hay quien lo llamaría solastalgia) de ver que se te escapa de las manos algo tan querido.

Perdidos el comercio y los servicios de proximidad, así como parte de nuestro espacio público, alguien puede pensar que ya no nos quedaba nada que perder, sin embargo en torno a la década de los 2010 había llegado el fenómeno de las viviendas de uso turístico, que también se reforzó con la pandemia. Pisos turísticos legales e ilegales se implantaron en nuestros edificios. El “Caballo de Troya” de la turistificación entró en nuestras comunidades. El fenómeno ha sido de tal intensidad que derivó en que muchos de nuestros vecinos y vecinas decidieran mudarse a barrios donde no hubiera vecinos “comisionistas” en las comunidades, con mejor calidad de vida y donde se pudiera dormir por la noche. Otros decidieron irse o tuvieron que hacerlo porque a todas estas dinámicas, propias del casco, se ha sumado el encarecimiento del precio de la vivienda en todo Madrid.

Y así, llegamos a lo más importante que estamos perdiendo, el alma de nuestro barrio: a nuestros vecinos y vecinas, nuestro tejido vecinal. Muchos se han ido y muchos otros están pensando en irse. Mientras escribo estas palabras me acuerdo especialmente de ellas y ellos y me pregunto si yo tomaré la misma decisión en unos años. Ahora me debato todavía entre el amor al barrio en el que me crie y he vivido siempre, y el rechazo de aquello en lo que se ha convertido. Esto lo hago observando con tristeza la dejadez de un Ayuntamiento que mantiene el statu quo, a pesar de las llamadas de atención que llevan a cabo las asociaciones vecinales y los ciudadanos y ciudadanas a título particular. Lo que le está pasando a mi barrio no es cuestión de un destino fatal e inevitable, es lo que deriva de un modelo de ciudad en donde lo económico prima y pasa como una apisonadora por encima de los vecindarios.

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Sonia de Gregorio Hurtado es arquitecta Urbanista, profesora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.

En el distrito de Hortaleza, al noreste de Madrid, se ha celebrado el cincuenta aniversario de lo que fue la primera manifestación permitida en la ciudad tras la muerte del dictador, aunque entonces seguía muy vivo aquel desfasado Estado con su estructura paternalista de un Rascayú que tardó en irse, y represiva porque se basada en dos miedos: el que seguía latiendo en la memoria y en la carne tras la Guerra Civil y el miedo a ser señalado, a las detenciones, a la tortura… pero no seguimos porque llegaríamos a las fosas y a las cunetas.

Hoy hablamos de aquella manifestación de los baches de la Carretera de Canillas, el único acceso a Madrid que tenían las miles de familias que vinieron a este rincón de la periferia madrileña, en la que se construían barrios enormes sin ningún servicio público. Muchos grandes medios se han sumado a la ecolalia de un hecho que hoy en día es difícil entender y sentir, pero al que se mira con cariño y nostalgia, a veces inventada. En aquel entonces, algunos de los periódicos de la época ni lo hubieran nombrado, pero hoy se acepta como un momento importante de nuestra historia o nuestra distopía de lo “políticamente correcto”.

La manifestación contra los “200 baches por milla” de la Carretera de Canillas, como exclamaba una pegatina diseñada por el dibujante Antonio Fraguas, Forges, ocurrió un 13 de marzo de 1976. Sobre el valor icónico de esta manifestación, ni la persona que solicitó el permiso, Marta Hidalgo, tuvo conciencia del valor que el tiempo le aquilataría, aunque no olvida el miedo que pasó en el antes, durante y en el después, especialmente cuando el gobernador civil del momento, Juan José Rosón, la llamo para felicitarla “porque fue una manifestación ordenada”.

De haber sido cierto lo que dijo el gobernador, futuro ministro del Interior, una parte de los 700 manifestantes se hubiera ahorrado alguna carrera si la policía del momento hubiera sabido comportarse. Pero había que suponerlo inevitable. Como con el perro de Pavlov, una manifestación era como un azucarillo y, por tanto, era muy difícil para los cuerpos de seguridad evitar la saliva.

El orden y la ley son un matrimonio que hemos escuchado en himnos, discursos y arengas. Sin embargo, por primera vez y con la ley y en orden por delante, la manifestación de los baches supuso que las mujeres y los hombres pudieran salir a la calle a exigir su derechos sin algaradas ni detenciones, aunque se produjera algún escarceo, según denunció el inolvidable Paco Caño, referente del movimiento asociativo vecinal de Madrid.

No debió ser la primera manifestación que saliera por la Carretera de Canillas. Posiblemente fue anterior la manifestación del agua, según nos contaba el abuelito Valentín, nuestro muy querido y añorado Valentín Huerta. Fue una manifestación de “amas de casa” para reclamar que el agua llegara a las viviendas. Solo podía ser de mujeres porque, de otro modo, la carga policial era segura; sin embargo, Valentín no dejó de estar con ellas y vivió una temporada larga de miedo esperando que llegaran a detenerlo.

Fueron dos manifestaciones en aquel nuevo barrio que había fagocitado un antiguo pueblo en aras de que la ciudad de Madrid no podía ser más pequeña que Barcelona, según algunas malas lenguas. ¡Sin embargo, qué grande fue la gente que llegó a estos barrios y hasta con sus propias manos levantaron sus casas!

Aquello lo protagonizó una generación joven venida desde los cuatro puntos cardinales y dispuesta a trabajar para construir sus vidas y este futuro en el que ahora estamos. Esa generación reclamó la libertad y reclamó que la calle era suya y no de aquel ministro de la Gobernación que se bañaba en aguas radioactivas.

Entonces ocurrió: se arreglaron los baches y había agua. ¿Qué hubiera pasado sin esas manifestaciones? ¿Seguirían los baches del miedo? ¿Seguiría la sed de libertad? Seguro que más de uno o de un millón piensa que eso era lo que tocaba entonces y que se hubieran tapado los baches y llevado el agua.

Hay una parte de la ciudadanía que cree que lo que tenemos es porque sí, porque hemos nacido en esta época, porque hemos caído en esta parte del planeta o porque nos lo merecemos. Creen algunas voces que el individuo no es responsable y nada se puede hacer para mejorar la sociedad. Aquellos manifestantes de la Carretera de Canillas se habrían escandalizado de este modo de pensar y, peor, de actuar. ¿Cuáles son las consecuencias?

Hoy no tenemos aquellos baches en los que el coche de Forges encalló, pero sí tenemos en Hortaleza un nuevo circuito de Fórmula 1, que se construye junto a una zona residencial y nos va a robar la calle y el descanso para lucro de unos pocos. ¿Por qué la protesta de las gentes de esos barrios no ha hecho que tiemblen los despachos?

Hoy tenemos en Madrid un barrio, la Cañada Real, que lleva más de cinco años sin electricidad, en condiciones tercermundistas y no pasa nada por esas vidas maltratadas y esas infancias pisoteadas, que se encuentran a pocos metros de donde está todo. No son motivo suficiente para que la ciudadanía dé una patada y tiemblen los despachos.

Hoy estamos viendo la especulación con el proyecto Madrid Nuevo Norte, la conocida como Operación Chamartín; hoy vemos la asfixia de los centros públicos de educación sin climatización ni adecuación; hoy vemos la venta de viviendas a fondos sin alma y la desesperación de los jóvenes por el derecho a tener su casa; hoy lloramos con el torpe “ecocidio” de la tala de árboles; hoy nos quedamos pasmados por la externalización de la sanidad pública en manos de buitres que discriminan a los pacientes según el coste de la atención. Hoy y mañana y después siguen las causas sin ser motivo suficiente para que la ciudadanía dé una patada y tiemblen los despachos.

Miramos con nostalgia aquellos pasos decididos y valientes junto a los baches de la Carretera de Canillas. Somos los herederos de aquellas pisadas, pero nos han domesticado y vemos con indulgencia aquel pasado que nos trajo a un momento en el que los agujeros o baches en los derechos de la ciudadanía ya no hacen temblar ningún despacho ni analógico ni digital. ¿Qué legado dejaremos?

Juan Cruz es miembro de la Asociación Vecinal de Manoteras, Radio Enlace y Hortaleza Periódico Vecinal.

Nos cuentan en las noticias un dato supuestamente alarmante: "Los jóvenes ya no quieren conducir". Mientras que el número de jóvenes con carné de conducir está bajando, construimos nuevos barrios en los que prescindir de la conducción de un vehículo privado resulta inviable. En nuestro país, los proyectos de ampliación urbanística emprendidos durante los últimos 30 años se han caracterizado por dibujar una nueva ciudad con un trazado diseñado para la movilidad en coche, con bloques de viviendas cerrados y escasez de equipamientos y servicios públicos. Desde la Asociación A Pie en Madrid nos inquieta este modelo que promete conectividad y libertad a un precio asequible pero promueve el individualismo, la desconexión y el aislamiento social.

En los barrios construidos en este siglo XXI en Madrid, como los Proyectos de Actuación Urbanística (PAU) de Sanchinarro y Montecarmelo, la movilidad es cochecéntrica: las alternativas de transporte público al automóvil son insuficientes, todo está lejos y resulta poco atractivo e inseguro para caminar o pedalear. Predominan las grandes vías, con dos y tres carriles por sentido, que invitan al uso del coche y a circular rápido. Además, nunca falta el aparcamiento a pie de calle. Por ese motivo, en muchos de estos desarrollos urbanos recientes, las asociaciones vecinales, como en el caso del Ensanche de Vallecas, reclaman mejoras de la seguridad vial, la sustitución de carriles de coche por carriles bus o carriles bici, o algo tan básico como conexiones de transporte público, peatonales y ciclistas.

Respecto a las viviendas de estos nuevos desarrollos, como las de Entrenúcleos (Dos Hermanas, Sevilla), se caracterizan por ser modernas, energéticamente eficientes y con zonas verdes y equipamientos integrados. Cada hogar cuenta con varias plazas de garaje y cada bloque de viviendas y manzana de adosados se cierra hacia dentro, dando la espalda al espacio público. Se diseña para que todo pase dentro del edificio o la manzana con piscina, zona de césped y de juegos privada. Desconectados del entorno, el barrio y la ciudadanía que habita más allá de esos muros, no propician vivencias comunes, incrementando el círculo vicioso de la individualización de nuestras vidas, la desconexión con los vecinos y vecinas, el barrio y las necesidades de los otros.

Pero quizá el problema más flagrante de estas nuevas zonas es la promesa de equipamientos y servicios públicos que tardan años en llegar o que nunca llegan. En El Cañaveral (Madrid), los colegios públicos abrieron en 2025 tras una década de reclamaciones vecinales, pero con solo 88 plazas ofertadas, insuficientes para los 499 niños de 3 años que viven en el barrio y menos aún para los 1.735 de entre 0 y 2 que en los próximos años serán escolarizados. Además, la prometida estación de Metro para el barrio se descartó en 2022, optando por una línea Bus de Uso Prioritario que todavía no ha llegado a las casi 25.000 personas empadronadas. Y también faltan centros de salud, polideportivos, centros sociales y culturales, parques y otros espacios públicos. Este déficit de servicios obliga a los residentes a viajar permanentemente en coche hasta barrios cercanos para atender sus necesidades, y hace que sus habitantes se sientan aislados los unos de los otros y de su entorno.

Desde A Pie nos unimos a la lucha de los vecinos y vecinas de estos desarrollos cochecéntricos y a sus demandas de dotaciones para poder desarrollar su vida sin la obligación de utilizar el coche para todo, ya que un barrio orientado al vehículo privado y no al vecino de a pie es un barrio aislado y desconectado, que no garantiza el bienestar ciudadano y la movilidad sostenible. Nuevos desarrollos urbanísticos como Donapea en Pamplona y la Quinta Julieta en Zaragoza todavía están a tiempo de no cometer el error de la dependencia del coche, porque una vez construidos, la lucha por corregirlo siempre es larga y ardua.

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Daniela Sánchez Zamora es miembro de la Asociación de Viandantes A Pie

El pasado 14 de enero amanecimos con una noticia que nos dejó a todos y todas desolados: una familia, víctima de violencia machista, iba a ser desahuciada en Villaverde. Nadie podía comprender cómo una abuela con sus nietos huérfanos, dos de ellos menores de edad, podían sufrir ese abandono institucional.

Las asociaciones vecinales y las asociaciones feministas nos pusimos en marcha para comprender, aunque tarde, cómo podíamos acompañar a esta familia desde nuestras humildes posibilidades. Lo que encontramos fue un sistema que, lejos de evitar la revictimización y de acompañar y asistir a las víctimas de esta lacra, les obliga a relatar una y otra vez su dolor para ser escuchadas, que pone bajo sospecha su palabra y que convierte cada derecho en una carrera de obstáculos. Un sistema en el que los derechos no se garantizan, sino que deben ser rogados; en el que cada trámite reabre de nuevo la herida en lugar de repararla.

Nos preguntamos entonces si, además, no sería solo la punta del iceberg, pues cuántas familias y víctimas se habrán encontrado en una situación similar, sin altavoz ni apoyo vecinal.

Es por ello que, ante la cercanía de este 8 de marzo, no podemos limitarnos a lo simbólico: queremos denunciar en esta fecha que los mecanismos de apoyo a las víctimas llegan tarde, que el sistema de protección a las mujeres es fundamentalmente reactivo y que faltan recursos materiales para garantizar una protección real a las mujeres y a los huérfanos de violencia machista.

Si retrocedemos hasta el origen del caso que señalamos, la hija mayor de la víctima (quien escribe estas líneas) había intentado en varias ocasiones denunciar la violencia machista que sufría su madre, Miguela Novas Noboa, pero no se le permitió presentar la denuncia porque “era necesario que compareciera la víctima”. Esto evidencia que, como primer paso, es fundamental avanzar en la formación de quienes reciben las denuncias, en este caso la Policía Nacional, para que puedan abordar de manera integral la prevención y atención de la violencia machista. Recordemos que, según la Guía de Actuación frente a la Violencia Machista de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género: “cuando hablamos de violencia de género, sí pueden interponer denuncia otras personas. Son delitos públicos, nos afectan a todos y a todas como sociedad, por eso pueden ser denunciados por cualquier persona o institución que tenga conocimiento de los mismos”.

Existe, además, una falta absoluta de coordinación institucional que hace inoperante la respuesta cuando el crimen ya se ha cometido. El 16 de noviembre de 2023 el Ayuntamiento de Madrid anunció un “comité de crisis Miguela Novas Noboa” que abogaba “por estrechar la coordinación entre instituciones para proteger a las víctimas de violencia machista”. Sin embargo, han pasado ya más de tres años desde el asesinato de Miguela, y aún no se ha celebrado el juicio. La falta de coordinación entre juzgados, servicios sociales, fuerzas de seguridad y otros recursos comunitarios ha generado una desprotección absoluta de su familia hasta el punto que, como hemos ya relatado, sus miembros fueron desahuciados de su vivienda en Villaverde, dejando a las víctimas en situación de mayor vulnerabilidad y desamparo.

Como señalábamos, la protección sin recursos materiales no es posible: sin la acreditación de víctimas —que en demasiadas ocasiones llega tarde y tras múltiples obstáculos— y sin la regularización administrativa necesaria para el reconocimiento legal de la situación familiar, resulta imposible acceder a becas de comedor, al Ingreso Mínimo Vital o a una alternativa de vivienda social digna que garantice los derechos fundamentales de los menores. Cada trámite se convierte en condición del siguiente y, sin uno, no es posible el otro.

Por todo ello, queremos denunciar la profunda brecha entre el discurso político y la realidad cotidiana que enfrentan quienes sufren este desamparo institucional. En muchos casos, se trata de niños y niñas que dependen del cuidado de familias destrozadas por la violencia y, además, se ven obligados a navegar en un verdadero laberinto burocrático: desde los distintos servicios sociales municipales hasta el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, pasando por reuniones con diversas fiscalías y otros organismos que deberían protegerlas.

Por supuesto, es importante que los representantes institucionales se sitúen públicamente del lado de las víctimas y condenen la violencia machista. Por supuesto, es fundamental que se denuncien los discursos promovidos por la extrema derecha que relativizan la gravedad de la violencia machista o que blanquean los términos invisibilizando este drama (a la fecha que escribimos estas líneas, en lo que va de 2026, según la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, diez mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y dos menores han sido víctimas de crímenes machistas). Pero no menos importante es que estos actos simbólicos se traduzcan en cambios estructurales, en una coordinación efectiva y en una financiación suficiente para garantizar justicia y seguridad a las víctimas. Y eso, exige pasar de lo estético, a los hechos. Seguiremos presionando para que así sea, no esperen más paciencia.

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Silvia González Iturraspe es de la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde y de la directiva de la FRAVM.

Leticia Novas Noboa es hija de Miguela Novas Noboa, víctima de un asesinato machista.

Hay momentos en los que una ciudad empieza a mostrar síntomas claros de que algo se rompe en su interior. No hace falta una gran señal: basta con observar cómo cambian algunos sonidos, cómo se sustituye el ruido de los niños y niñas en los parques infantiles por el de las maletas que ruedan por calles donde antes se conocía a cada vecino, o cómo desaparece el comercio de toda la vida al ser sustituido por la enésima franquicia, el café de especialidad o el último restaurante de moda que cerrará en menos de un año. Esa sensación de pérdida no es abstracta: es el aviso de que el barrio deja de ser un espacio de vida y se convierte en un producto.

Por eso, hablar de “barrios en venta” no es una exageración. Es la constatación de un proceso que Max Weber describió hace más de un siglo con el concepto de cerrazón: cuando un grupo busca maximizar sus recompensas y oportunidades restringiendo su acceso a un círculo limitado de elegidos. Hoy ese ámbito es la ciudad, y el mecanismo que la cierra ya no son muros físicos, sino pisos turísticos, alquileres de temporada y fondos que compran edificios completos con normativas hechas a medida, como el Plan Reside de Madrid impulsado por el alcalde Martínez-Almeida.

A partir de aquí se abre la cuestión central: ¿qué modelo de ciudad queremos sostener como sociedad? Porque lo que está ocurriendo no es un simple fenómeno inmobiliario ni un proceso “natural” del mercado, sino el choque entre dos formas de imaginar la sociedad y su vida urbana.

Por un lado, está la ciudad democrática, la que hunde sus raíces en el Estado del bienestar europeo: ordenada, planificada, pensada para que la mayoría pueda vivir cerca de su trabajo, de su colegio público, de su centro de salud y del comercio del barrio. Esta ciudad no es un ideal abstracto, sino un proyecto político construido desde la convicción de que la mezcla social, los servicios públicos y la estabilidad residencial son condiciones indispensables para que exista comunidad. En ella, el turismo y la actividad económica tienen un espacio esencial, pero siempre regulado y pactado dentro de un equilibrio urbano. Lo que garantiza su buen funcionamiento no es la mano invisible, sino reglas claras que protegen el derecho a permanecer, el diálogo y el acuerdo entre intereses distintos.

En el extremo opuesto está la ciudad en venta, que ha avanzado de forma acelerada en la última década —muy especialmente tras la vuelta a la normalidad después de la pandemia—. Su lógica es sencilla: convertir cada metro cuadrado en un activo, cada edificio en una oportunidad de rentabilidad, cada estadio en un espacio de macroeventos y cada barrio en un paisaje para la rotación permanente. Es una ciudad donde la vida cotidiana se vuelve un obstáculo, y donde las decisiones públicas —como permitir el crecimiento ilimitado de los pisos turísticos ilegales y las terrazas o aprobar cambios de uso favorables a grandes propietarios— facilitan que unos pocos estiren el valor de cada metro cuadrado de la ciudad a costa de expulsar a muchos. Así ocurre no solo en Madrid, sino también en Málaga, en Palma de Mallorca, en localidades de las Islas Canarias y otras ciudades del país, donde barrios enteros se han orientado hacia el visitante, olvidando que el mayor “activo” que busca ese mismo visitante es, precisamente, convivir con el residente. Esa contradicción condena su propio “modelo de éxito” en un futuro muy cercano.

Por eso cada vez resulta más claro que la ciudad democrática necesita límites y decisiones valientes para frenar su proceso de conversión en ciudades en venta. Lo ha entendido el Consell de Ibiza, gobernado por el Partido Popular, al impulsar una estrategia de decrecimiento turístico y contra el intrusismo en el sector en busca de convivencia y calidad; lo expresa el alcalde socialista de Barcelona, Jaume Collboni, cuando insiste en que su ciudad no soporta más presión turística; y lo demuestra el ministro Pablo Bustinduy en su ofensiva contra las plataformas que distribuyen la oferta ilegal de pisos turísticos. Todas estas decisiones apuntan a una misma idea: proteger la vida urbana exige marcar límites cuando un grupo de elegidos del mercado intenta ocuparlo todo.

Porque un barrio, igual que la vivienda, no es un bien de mercado: es un ecosistema de vínculos, rutinas, cuidados, comercios, negocios y relaciones que solo se sostiene si quienes lo habitan pueden permanecer. Y eso requiere ciudadanía organizada, instituciones, agentes sociales y económicos responsables y un principio básico: una ciudad solo es democrática si permite que la mayoría viva en ella. Lo demás, por muy vistoso que resulte, es decorado.

Como canta Biznaga, “Madrid nos pertenece a ti y a mí”. Es una afirmación política, no sentimental: recuerda que la ciudad democrática solo existe si la ciudadanía la defiende. Y como señaló el sociólogo francés Pierre Bourdieu, “los efectos del lugar son efectos del Estado proyectados sobre la ciudad”. Elegir qué ciudad queremos no es otra cosa que elegir qué Estado queremos sostener. Y esa elección empieza en los barrios.

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Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

Siempre me ha cautivado la imagen del enorme elefante de los circos de antaño, atado al suelo desde pequeño con un clavo del que no podía soltarse. El fracaso continuado le llevaba a dejar de intentar escapar. Adulto, ya no intenta arrancar ese clavo, que haría saltar sencillamente de una patada; ha aprendido a resignarse.

A este fenómeno en psicología se le denomina indefensión aprendida. Un estado en el que las personas, tras experimentar repetidamente situaciones negativas incontrolables, aprenden a no intentar cambiar la realidad. Los esfuerzos invertidos no influyen en los resultados obtenidos, por lo que se impone la pasividad, la desmotivación y la sensación de impotencia ante el futuro.

La construcción mediática de la realidad son martillazos en el clavo que nos ata, refuerza nuestra percepción de incapacidad para intervenir en el mundo. La sobreexposición a informaciones negativas siembra desconfianza en las capacidades que tenemos para hacernos cargo de una realidad problemática. Una pista de aterrizaje para la cultura distópica, que nos repite en distintos formatos, como todo está perdido y la catástrofe es inevitable.

La portada de cualquier periódico en los últimos meses parece el acta de defunción del mundo que conocíamos. De forma acelerada asistimos a un auge global de la extrema derecha, el militarismo, un genocidio o la quiebra de la razón humanitaria; una profundización de las desigualdades sociales, en nuestra geografía camuflada tras los buenos datos macroeconómicos; un agravamiento de la crisis ecológica (olas de calor, incendios, sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad…) y una revolución tecnológica en ciernes con muchas potencialidades positivas, pero que de momento está siendo usada principalmente para capturar nuestra atención, aislarnos, polarizarnos, desdibujar la realidad mediante fake news o fortalecer el control social.

Unas tendencias globales inexplicables sin la complicidad creciente de actores que concentran enorme poder económico con la extrema derecha, como las grandes empresas tecnológicas o los sectores vinculados a la economía financiera. Una apuesta por el autoritarismo de parte de las élites, para las que la democracia se ha vuelto un estorbo. El resultado es un retroceso de las democracias plenas, que con todas sus limitaciones, hoy solo acogen a un 7% de la población mundial.

No conviene engañarnos respecto a la delicada situación que tenemos, pero tampoco debemos alimentar un clima de fatalismo o sobredimensionar el poder de la gente malvada. En muchas ocasiones, la derrota tiene algo de profecía autocumplida; hasta los mejores boxeadores se agotan peleando contra un fantasma o contra la alucinación de una IA.

Pocos regímenes han aparentado ser tan omnipotentes como el nazismo; sin embargo, este siempre tuvo que enfrentarse a disidentes. Hace unos meses, en una conferencia, la última resistente de una zona del sur de Francia fue preguntada: "¿Qué teníais en común todas las personas de la resistencia?" Pensó un rato la respuesta. Y finalmente dijo, "no es sencillo pues éramos muy diferentes, pero todas éramos optimistas".

Varias investigaciones se han centrado en las motivaciones y cualidades de esas personas que se habían enfrentado a la bestia cuando parecía invencible. Desde el Altruistic Personality Institute llevan décadas trabajando en torno a los comportamientos prosociales. Allí realizaron un trabajo muy sugerente, analizando exhaustivamente a centenares de personas que habían escondido a personas judías durante el nazismo.

El resultado principal es que estos héroes y heroínas eran gente corriente, nada que les diferencie demasiado de ti y de mí. Aunque al examinarlas en detalle aparecían algunos rasgos o patrones comunes: disfrutaban de una autoestima alta, sus familias les habían enseñado la importancia de tener un criterio propio y creer que las cosas que hacemos pueden marcar una diferencia; sus convicciones eran fuertes, destacando comunistas y gente con fuertes creencias religiosas; y, por último, habían sido reclutadas cuando alguien llamó a su puerta.

Una consulta en abstracto o mediante una llamada telefónica hubiera arrojado un resultado diferente, poca gente habría accedido a comprometerse asumiendo tantos riesgos. La determinación y la empatía se imponía a la razón. Una vez que el desafío te apela directamente, nos desprendemos del catálogo de excusas para no involucrarnos. La evidencia dice que un 96% de las personas a las que se les pedía colaborar, cara a cara, lo hacían. Las arañas que tejían estas redes son llamadas, por la literatura científica, supercontagiadores. Personas respetadas en la comunidad, capaces de movilizar a otros centenares.

¿Quién componía antes de ayer los sindicatos y organizaciones vecinales que desafiaron a la dictadura franquista? No eran muy diferentes. ¿Quién está resistiendo hoy al ICE en Minneapolis? Brigadas vecinales que avisan haciendo ruido y tratan de bloquear el paso a sus agentes mediante la desobediencia civil, gente que graba sus intervenciones, organizaciones de ayuda mutua que garantizan alimentos, lavan ropa o consiguen médicos a domicilio para las miles de personas escondidas en sus hogares, profesorado que protege las escuelas y da clases virtuales, redes jurídicas que asisten a las personas detenidas o sus familias… . Personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias.

¿Qué hay detrás de otra de las sorpresas positivas recientes? Más allá de la fantástica labor comunicativa de Zohran Mamdani en New York, el factor clave fue la campaña puerta a puerta que desplegaron cien mil personas voluntarias, llamando a tres millones de hogares. Un ejercicio de escucha, pero también de transmisión de ilusión y esperanza. La acción menos mediática fue probablemente la más determinante.

Nos cuentan y nos contamos repetidamente que no se puede, mientras miles de personas amables y altruistas dedican su recurso más valioso y menos renovable, su tiempo, a construir un mundo mejor. Hay un rumor de bosque en el pequeño jardín, afirma la poeta Sophia de Mello. Tenemos miles de historias que refutan la caricatura antropológica que nos dibujan los poderosos y los medios de comunicación, somos mucho mejores que la imagen deformada que nos proyectan. Así tenemos una parte de responsabilidad en buscar, valorar y dar credibilidad a esas historias; en cambiar los temas de conversación.

En medio de la oscuridad, el ojo tarda un tiempo en adaptarse. Las moléculas con fotopigmentos nos permiten ver cuando hay muy poca luz, pero tardan en regenerarse, hay que tener paciencia y confianza. Una vez nos acostumbramos podemos ver en la penumbra, fuera de los focos, y allí donde miremos hay mucha gente haciendo cosas valiosas de forma colectiva. A la vuelta de la esquina hay una asociación vecinal luchando por tu barrio; te cruzas en el ascensor con alguien obstinado en defender la sanidad pública; la persona que te ha sonreído en el metro ayer participó de la paralización de un desahucio; quien se sienta en la mesa contigua de la cafetería anda impulsando una comunidad energética; aquel que te cede el asiento en el bus se desvive desde su AMPA por cuidar la escuela pública…

Y esto es una ficción, ¿o no? No lo sabemos. La única forma de comprobarlo es pararse a conversar y ver qué sorpresas encierran esas personas desconocidas. Los otros pueden ser el infierno o el paraíso. Y nos necesitamos, igual que necesitamos de quienes sostienen el tejido asociativo. Los supercontagiadores con su determinación van a llamar a tu puerta, para traerte esperanza e invitarte a salir a la calle. Abre y trátales con complicidad.

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José Luis Fernández de Casadevante es sociólogo, miembro de la Cooperativa Garúa y activista vecinal.

Al calor de la globalización, desde los años 80 del siglo pasado se iniciaron reformas en el Estado social del bienestar con la aplicación de políticas neoliberales en la Unión Europea. En el Estado español, la implantación de estas políticas en sanidad puede explicarse a través de tres hitos fundamentales.

El primero es la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, aprobada durante el gobierno del PSOE presidido por Felipe González. Esta ley creó el Sistema Nacional de Salud y universalizó la atención sanitaria, pero permitió los conciertos con el sector privado.

El segundo hito es el llamado Informe Abril, impulsado en 1991 por el Ministerio de Sanidad del mismo gobierno socialista. El informe incorporó de forma explícita un marco neoliberal, priorizando eficiencia, contención del gasto y gestión empresarial, y redefiniendo al Estado como regulador más que gestor. Este informe sirvió así de referencia doctrinal para posteriores procesos de privatización en varias comunidades autónomas. Su influencia fue más ideológica que normativa, pero decisiva.

El tercer hito es la Ley 15/1997, aprobada con los votos a favor del PP, PSOE, PNV, CiU (ahora Junts) y CC y los votos en contra del BNG e IU, bajo el gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar, que permitió legalmente la entrada del sector privado en la gestión de la sanidad pública, potenciando así la Colaboración Público-Privada (CPP).

En conjunto, estos tres hitos muestran un proceso continuado, iniciado por gobiernos socialistas y consolidado por gobiernos conservadores, de mercantilización progresiva y privatización parcial del sistema sanitario público en las comunidades autónomas (las CCAA son las que gestionan la sanidad pública, no lo olvidemos).

Deliberadamente se desprestigia y deslegitima la sanidad pública, cuyos servicios inexorablemente se degradan (infrafinanciación de la Atención Primaria, de los hospitales públicos, falta de personal, precariedad laboral, presupuesto irrelevante para estrategias de promoción y prevención de la salud) empujando así a los ciudadanos hacia los seguros sanitarios privados (el 17,2% de la población española disponía de un seguro privado en 2018 frente al 32,6% en 2024).

Hospitales privatizados

En el proceso de privatización de los hospitales del sistema sanitario público ha tenido un papel fundamental la figura de las CPP a través de los llamados modelos PFI (del inglés Private Finance Initiative) y PPP (Public Private Partnership). En el ámbito del Estado español, en la actualidad, hay 20 hospitales que funcionan bajo el modelo de CPP.

Gracias al modelo PFI, empresas privadas, la mayoría constructoras, muchas de ellas hoy en sumarios judiciales por estar implicadas en tramas de corrupción, ejecutaron y financiaron la construcción de los hospitales según un contrato de concesión de obra pública durante treinta años a cambio de recibir un canon anual por el arrendamiento del edificio y, lo que fue novedoso, por la provisión de los «servicios no sanitarios».

El proceso de Colaboraciones Público-Privadas (CPP) en la sanidad madrileña se inició a partir de la primera década del 2000, con el gobierno del PP, siendo presidenta Esperanza Aguirre (2003-2011).

En la Comunidad de Madrid existen siete hospitales modelo PFI: Hospital Infanta Leonor en Vallecas, Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, Hospital del Henares en Coslada, Hospital del Tajo en Aranjuez, Hospital del Sureste en Arganda, Hospital Infanta Cristina en Parla y el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda.

Además, estos siete hospitales están controlados por fondos de inversión especulativos. Esta situación no sólo afecta a la sanidad pública, también a la mayor parte de los servicios esenciales para la ciudadanía: vivienda, educación pública, residencias de mayores, etc.

En el caso de los hospitales modelo PPP, la diferencia respecto de los modelo PFI consiste en que los servicios sanitarios y los «no sanitarios» son gestionados por una empresa privada.

Con estas concesiones a largo plazo, la financiación se realiza mediante una remuneración por población adscrita, per cápita, en función del área sanitaria cubierta y un pago «adicional» por los pacientes que, sin estar en su área de cobertura, quieren tratarse en sus centros a través del sistema de libre elección de hospital.

En la Comunidad de Madrid tenemos cuatro hospitales modelo PPP: Hospital de Torrejón, Hospital de Villalba, Hospital de Valdemoro y Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Pero no solo son hospitales, como el hospital de Torrejón donde hemos escuchado recientemente la cruda realidad: la salud es una mera mercancía, y el paciente, un cliente.

En la Comunidad de Madrid y en otras CCAA hace más de quince años que un sinfín de servicios sanitarios y no sanitarios que creemos “públicos” se han privatizado: análisis clínicos, cirugía menor, cuidados paliativos, diálisis, extracción y donación de sangre, numerosas pruebas diagnósticas, radioterapia, terapias a domicilio, ambulancias y un largo etc.

¿Qué hacer ante el proceso de privatización permanente del sistema sanitario público?

Pues eliminar las causas que han generado esta situación, es decir, derogar los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 16/1986, General de Sanidad que permiten la realización de conciertos y convenios singulares con empresas privadas, y la Ley 15/97, que permite la entrada del sector privado en la sanidad pública.

Quien tiene la competencia para derogar estas normas es el Gobierno central. Desde noviembre de 2023 estamos a la espera de que el gobierno de coalición del PSOE y Sumar tome las medidas necesarias para evitar que las diferentes CCAA y la Comunidad de Madrid –en concreto, el gobierno del PP presidido por Isabel Díaz Ayuso– continúen con su política de privatización del sistema sanitario público.

Pero la sanidad pública es nuestra, financiada con nuestros impuestos, así que solo nos queda una opción: defender lo que es nuestro, en la calle.

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Cathy Boirac es vicepresidenta de la Asociación Vecinal de Majadahonda y activista de Audita Sanidad. Vicente Losada es activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad)

Recordar es política. Frente al olvido interesado, frente a los relatos impuestos sobre un pasado mítico, en el que solo algunos son los protagonistas, la memoria colectiva se presenta como un espacio de reivindicación de la ciudadanía. Un espacio físico y simbólico.

Este ejercicio de recordar críticamente es más necesario, si cabe, en la actualidad, cuando los relatos que blanquean, por acción o por omisión, el pasado franquista, nos asoman a nuevos escenarios autoritarios desprovistos de las armas que aporta la conciencia de clase. Una conciencia colectiva que se va a articular en el tardofranquismo y la transición en las interconexiones de las reivindicaciones del movimiento obrero y la lucha vecinal en los suburbios de Madrid. Va a ser en los espacios de las fábricas y de los barrios obreros de Madrid donde la población fue deviniendo en ciudadanía antes incluso de que esta fuera reconocida políticamente, a través de la solidaridad de clase y la reivindicación en las calles.

Esta memoria es la que hemos rescatado a través de dos proyectos de investigación y divulgación: la Cartografía de la Memoria Obrera de Madrid (1957-2024) de la Fundación 1º de Mayo, y la Cartografía de la Memoria Obrera de Villaverde, impulsada por la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde. Pretendemos reivindicar la memoria obrera en el contexto de la memoria democrática recuperando el pasado reciente, tanto físico como simbólico. A través de estos proyectos que conjugan testimonios, relatos y fotografías, hemos traído a nuestro presente una cartografía de lugares de memoria colectiva de trabajo, lucha y solidaridad. Hemos sacado a la luz el pasado, no tan lejano, del Madrid industrial, donde trabajó gran parte de la gran ola migratoria de los años 50 y 60, procedente de los pueblos del interior del país. Estos polígonos también alumbraron la organización del movimiento obrero al margen del Sindicato Vertical, en torno a las Comisiones Obreras. Este movimiento obrero, luego sindicato tras la legalización, fue ampliando las demandas obreras más básicas hasta reivindicar derechos laborales y democráticos más extensos, y se convirtió en motor de la lucha democrática de la ciudadanía.

Esta reivindicación de la Memoria Obrera no significa en ningún momento un ejercicio de melancolía, de romantizar un pasado reciente, sino justo de lo contrario, de reconocer y dignificar la acción colectiva de trabajadores, trabajadoras, amas de casa, curas obreros y un sinfín de personas que lucharon en fábricas y barrios por mejorar su vida y la de su comunidad.

En esta tarea, vecinos y vecinas como los y las de Villaverde se juegan su identidad, pues lejos del estigma de vivir en “barrios deprimidos”, la memoria obrera permite reconstruir la importancia de los barrios obreros como lugares estratégicos para el desarrollo del país en el siglo XX. Permite reconocer la existencia de una “deuda histórica” de la ciudad de Madrid con quienes habitan unos territorios que aún hoy siguen sufriendo los efectos de un proceso de desindustrialización que destruyó miles de empleos (al menos 25.000 puestos de trabajo según el Movimiento por la Dignidad del Sur en las empresas y factorías localizadas en Villaverde y Usera a finales de la década de 1990).

En aquellos años cambió tanto la fisonomía del barrio como los sonidos que lo acompañaban: dejaron de sonar las sirenas de la hora del bocadillo y, con ellas, desaparecieron los pequeños talleres auxiliares que daban vida a las calles. Se extinguieron así los miles de empleos dignos conquistados a base de décadas de lucha y fueron demolidos edificios de incalculable valor arquitectónico. El paisaje de estos lugares quedó reducido a naves abandonadas e inmensos descampados, a la espera de ser transformados —en el mejor de los casos— en bloques de viviendas o plataformas logísticas.

A través del ejercicio de recuperación de la memoria obrera se pretende saldar en parte esa deuda, al reconocer a quienes fueron —y aún son— auténticos artífices de la ciudad. Efectivamente, es imprescindible reivindicar que su papel no es un vestigio del pasado, pues hoy estos barrios siguen siendo el lugar donde viven los trabajadores y trabajadoras que, cada mañana, sostienen la ciudad.

Esta memoria permite así también mostrar un camino, el de la lucha obrera, barrial y sindical; el único camino que ayer, y quizás hoy, sea posible para lograr empleos y barrios dignos.

El movimiento sindical y el movimiento vecinal nos hemos unido en esta tarea, si bien es aún una asignatura pendiente lograr “ensanchar” el marco de reconocimiento de la memoria democrática por parte de las instituciones públicas al ecosistema que vecinos-trabajadores forjaron en los barrios obreros; así como es también un quehacer urgente proteger el patrimonio material que a duras penas pervive y que estas cartografías ayudan a visibilizar, como los “pabellones ferroviarios” de Villaverde que hoy subsisten a las grietas y el abandono y cuyo valor arquitectónico es incalculable.

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Silvia González Iturraspe es de la Asociación Vecinal La Unidad de Villaverde.

Mayka Muñoz Ruiz es de la Fundación 1º de Mayo.

A punto de cumplir 47 años —que celebraremos el 6 de diciembre—, nuestra Constitución se parece cada vez más a una vieja fotografía: algo descolorida, pero aún capaz de revelar quiénes fuimos, qué queríamos ser y hasta dónde no nos dejaron llegar los que no salían en la foto.

En estos días, en los que hemos conmemorado también los 50 años de la muerte del dictador, asistimos a un fenómeno inquietante. Hay quienes parecen incapaces de condenar la dictadura porque sus padres participaron de ella, como si el totalitarismo fuera una herencia irrenunciable. Y lo más perturbador: volvemos a escuchar aquello de que “con Franco vivíamos mejor”. Por eso conviene volver a mirar aquella foto, no como un ejercicio de nostalgia, sino para recordar quién hizo posible la democracia. Y no fueron las élites, sino la gente de a pie —los “peatones de la historia”, como decía Vázquez Montalbán—, que entendió que la democracia no es un simple esqueleto. Porque no se sostiene sola: solo se mantiene viva cuando sus derechos se encarnan en la vida diaria de la gente.

El filósofo italiano Norberto Bobbio escribió que la democracia solo florece cuando los derechos sociales dejan de ser promesas abstractas y se vuelven “condiciones de existencia”. Y es justamente en ese tránsito —del papel al barrio— donde se juega hoy la batalla contra la ola reaccionaria. Porque una democracia sin derechos materiales es un edificio con goteras: basta una tormenta para que se inunde.

Por eso, si la Constitución del 78 quiere ser un dique frente a la ola reaccionaria, tendrá que serlo en cada barrio, en cada recibo de alquiler, en los días de espera para conseguir una cita en el centro de salud y en cada aula de universidad que aún resiste a los recortes.

El derecho a la vivienda

El artículo 47 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Pero cualquiera que camine hoy por una gran ciudad —y en Madrid más, si cabe— siente la presión del mercado en los huesos: alquileres disparados, barrios convertidos en escenarios turísticos, familias hacinadas y jóvenes que renuncian a emanciparse. La crisis habitacional se ha vuelto una forma de desaliento colectivo.

Y esta realidad la aprovechan los jóvenes nostálgicos de la España de los toldos verdes, con arito en la oreja y discurso joseantoniano. A ellos conviene recordarles que la foto de 1977 era incluso más dura que la de quienes hoy sobreviven en habitaciones alquiladas a precios imposibles. Porque aquella imagen no era la del salón de los Alcántara en Cuéntame, ni la del piso en Benidorm. Era la de los más de 100.000 madrileños y madrileñas que vivían entonces en chabolas: familias a las que sacaron del barro el movimiento vecinal, la democracia y las políticas públicas de vivienda.

Hoy, cuando permitimos que un fondo buitre compre un edificio entero y desaloje a quienes llevan décadas viviendo allí, cuando no intervenimos el mercado inmobiliario teniendo presente el artículo 128 de la Constitución, estamos allanando el terreno a la ola reaccionaria. Por eso, si queremos que el armazón democrático no se tambalee, la Constitución y las leyes no pueden convertirse en un muro de mármol: deben ser la mano que sostiene la puerta para que nadie sea expulsado de su propio barrio.

El derecho a la educación

La educación no es solo un derecho recogido en el artículo 27 de la Constitución: es la llave de la igualdad real. Sin embargo, llevamos años viendo cómo, en muchas comunidades autónomas, este pilar democrático se va desmantelando poco a poco. En Madrid lo conocemos demasiado bien. Aquí se ejecuta este derribo desde hace décadas a través del desvío de recursos hacia la privada.

La universidad madrileña, harta de recortes, lo ha dicho alto y claro: las aulas están en pie de guerra. Hace unos días, una manifestación multitudinaria volvió a tomar la calle con estudiantes y profesorado denunciando que cada tijeretazo es un peldaño menos en el ascensor social.

Y, aun así, comparar este presente con el franquismo resulta insultante. En los años 70, más del 9% de la población adulta no sabía leer ni escribir; hoy esa cifra no llega al 0,3%. ¿Milagro? No. Democracia. Tampoco es casual que la población universitaria haya crecido en un millón de personas desde 1978. La igualdad de oportunidades no la trajo ningún dictador, sino los derechos conquistados por el movimiento estudiantil.

El derecho a la salud

La sanidad pública late en el artículo 43 de la Constitución. Y aunque el ejemplo madrileño pueda parecer reiterativo, es inevitable: en “el granero de Quirón” llevamos años viendo cómo se vacían los centros de salud, se externalizan servicios y se engorda un negocio con nuestra salud.

Pero conviene recordar para los nostálgicos del fantasma de Cuelgamuros: en los años 70 casi el 20% de la población española no tenía cobertura sanitaria universal. Esa realidad solo empezó a cambiar con la Ley General de Sanidad de 1986. Si hoy podemos acudir a nuestro centro de salud u hospital con solo presentar una tarjeta sanitaria —sin importar ingresos o barrio— es gracias a esa ley y al movimiento social que la impulsó.

Por eso es crucial, salvo que queramos dar de alta a momias del pasado, que sigamos defendiendo esa tarjeta sanitaria universal… y no la dejemos sustituir por una Visa Oro o un seguro privado de cartón piedra.

El dique de los derechos

Llegados a este punto conviene volver a Bobbio, que nos advirtió que “una democracia que no garantiza los derechos sociales no es más que una democracia formal, destinada a desmoronarse ante la primera embestida”.

Esa es la batalla que hoy tenemos por delante: que nuestra Constitución del 78 no sea únicamente un día festivo, sino un compromiso político con la vida real de la gente. Porque solo cuando los derechos dejan de ser promesas y se convierten en hechos materiales —en vivienda, escuela pública, salud, cuidados, conciliación— la democracia se vuelve resistente, creíble y digna de ser defendida.

Ese es el verdadero dique frente a la ola reaccionaria. No la nostalgia, no los discursos huecos: la voluntad de hacer que la Constitución y los derechos sociales entren por la puerta de cada casa. Solo así, como recordaba Bobbio, la democracia podrá “mantenerse viva en la conciencia de los ciudadanos”.

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Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

El 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es una fecha para denunciar las violencias machistas como la expresión más categórica de la desigualdad y la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres.

En lo que va de año, en España han sido asesinadas por violencia de género 38 mujeres (1.333 desde que comenzaron a contabilizarse los crímenes machistas en 2003). En la Comunidad de Madrid se ha registrado un aumento sostenido y alarmante de los delitos contra la libertad sexual. Según los datos del Ministerio del Interior y de la Delegación del Gobierno, entre 2021 y 2024 se ha producido un incremento del 36,9 % en el conjunto de delitos sexuales.

Ante esta situación, hoy más que nunca queremos llamar la atención sobre el riesgo que supone que partidos de derecha o de extrema derecha nieguen la violencia machista, cuestionen las herramientas legales para prevenir y enfrentar estos asesinatos, obvien la violencia sexual o combatan los derechos de las mujeres, debilitando o eliminando los cimientos de la educación en igualdad. Por eso en este 25N 2025 es necesario hablar de igualdad en la lucha contra las violencias machistas.

Hace unos meses, el Ayuntamiento de Madrid presentó un borrador bajo el título La Estrategia de Igualdad entre mujeres y hombres en la Ciudad de Madrid, en el que se propone que los Espacios de Igualdad de la ciudad se transformen en Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), devaluando las dos redes municipales actuales: los Espacios de Igualdad y el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. De esta forma se interrumpe el avance en políticas de igualdad de los últimos años, como espacios seguros, participativos, de prevención, detección y reparación, aspectos imprescindibles para abordar la violencia de género. Especialmente alarmante ha sido la decisión del Ayuntamiento de golpear, a iniciativa de Vox, el derecho al aborto con una iniciativa de información-coacción sobre un inexistente “síndrome post aborto”, tan rancia como incomprensible.

Por otro lado, la partida presupuestaria de la Comunidad de Madrid correspondiente a programas de prevención y sensibilización en materia de violencia de género registra una reducción de más del 46% en el ejercicio 2026 en relación con el de 2025. Y ya advertimos que tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid parecen querer competir con la ultraderecha de Vox en una estrategia profundamente reaccionaria: atacar el feminismo y los derechos de las mujeres en clave de pelea electoral.

La conclusión a la que podemos llegar es que el Ayuntamiento y la Comunidad comparten la necesidad de que si los recursos son limitados, los recortes presupuestarios deben llegar en primer lugar a las mujeres, atacando sus derechos y las políticas públicas de igualdad, e ignorando que las políticas de prevención ayudan a salvar vidas y a mejorar la situación de las mujeres.

La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid deben saber que en la implementación y seguimiento de las políticas de igualdad y contra las violencias machistas, es imprescindible fortalecer el tejido asociativo e impulsar la participación de las mujeres y del Movimiento Feminista, porque la desigualdad no cesa y las agresiones contra las mujeres tampoco.

En definitiva, urge reforzar la red municipal de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, el mantenimiento de la red municipal de Espacios de Igualdad y la coordinación eficaz de ambas redes de servicios públicos.

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Sara Díaz Hernández es presidenta de la Asociación de Mujeres Nosotras Mismas, integrada en la FRAVM

A Pablo le llegó la notificación un martes, justo antes de bajar la basura. “Lo que nos faltaba, otro impuesto”, murmuró. En su portal ya corría el mantra: “Madrid está hecho un asco y encima nos ponen una tasa; pues yo dejo de separar”. Su hija, que aprende en el cole a distinguir marrón, azul, amarillo y verde, le miró con extrañeza: “¿Entonces lo que me dice la profe no vale?”. Esa escena —tan cotidiana como incómoda— resume el giro peligroso que estamos viviendo: la frustración se está convirtiendo en boicot a la separación. Y así, sin darnos cuenta, dinamitamos el camino hacia una ciudad más limpia, más sana y más barata de gestionar.

Una tasa puede ser impulso o freno. Si está mal diseñada, es opaca y plana, cabrea con razón. Bien diseñada, en cambio, es una herramienta justa, progresiva y finalista que cambia hábitos, garantiza la financiación estable del servicio, protege a quien menos tiene y premia a quien hace las cosas bien. No se trata de “recaudar por recaudar”: se trata de cumplir las reglas y, sobre todo, de cuidar nuestra salud y el medio ambiente.

España arrastra años de incumplimientos. Tras varias condenas en 2016 y 2017, la UE endureció el listón: la Directiva (UE) 2018/850 exige tratamiento previo adecuado de los residuos antes del vertedero para no poner en riesgo la salud ni el entorno. Y, además, recomienda usar instrumentos económicos —positivos y negativos— para impulsar la prevención, la reutilización y el reciclaje. En una lista de quince herramientas, la tasa aparece la primera y, siendo honestos, es la única que puede asegurar mínimamente que esas medidas se implanten. No es un capricho tecnocrático: es lo que ha funcionado de forma sostenida en Europa.

Conviene recordar por qué llegamos hasta aquí. Antes de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular encadenamos sustos y desastres: Seseña, Valdemingómez, Zaldibar, Alcalá de Henares… Cuando los residuos se gestionan tarde, mal o nunca, lo acabamos pagando en calidad del aire, en olores, en riesgos evitables y, a la larga, en dinero público.

Pero vayamos a los números, que a veces aterrizan la conversación. En Francia, tratar y eliminar una tonelada de residuos urbanos cuesta en torno a 250 euros (unos 50 en impuestos). En España, la media ronda los 50 euros con impuestos incluidos. Con ese nivel de gasto, es fácil caer en tratamientos de peor calidad que luego se traducen en peores resultados ambientales y sanitarios. Lo sabemos por experiencia en otros servicios: si queremos un servicio digno, hay que financiarlo de forma suficiente y estable. De ahí la lógica del “quien contamina, paga”.

Otro dato muy madrileño: según la memoria 2023 del Parque Tecnológico de Valdemingómez, la ciudad recibió 10,6 millones de turistas con 2,1 pernoctaciones de media; eso equivale a 60.986 habitantes permanentes. Súmense 1,41 millones de población flotante diaria, equivalentes a 491.382 habitantes más. Total: 552.368 “habitantes” no empadronados que habrían generado 171.223 toneladas de residuos, el 14,19% de las 1.206.573 tratadas en 2023. Casi el triple de lo que produce cualquiera de los 21 distritos de la capital. Y es que la pregunta cae por su propio peso: los turistas, ¿de verdad no deben contribuir de forma específica a sostener el sistema que usan?

Entonces, ¿cómo debe ser una buena tasa? No tiene misterio: finalista, progresiva y con incentivos claros.

La posición de la FRAVM es nítida: una tasa justa puede ser la palanca para pasar de un modelo que depende en exceso de vertederos e incineradoras a una gestión alineada con la jerarquía de residuos: prevenir primero, reutilizar, reciclar y, solo al final, tratar lo mínimo.

¿Qué pedimos, de forma concreta, a los ayuntamientos?

Indignarse es lógico, rendirse no. Si la tasa te parece injusta, no dejes de separar. Al revés: organízate, pide los datos de tu barrio, exige una tasa finalista, progresiva y con incentivos claros. Traslada tu descontento al ayuntamiento con propuestas sobre la mesa: PAYT real, protección a quien menos tiene, transparencia total y tasa turística que pague su parte. La Ley 7/2022 y la Directiva (UE) 2018/850 marcan el rumbo; ahora toca recorrerlo con cabeza. Porque cuando dejamos de separar, quien gana es el vertedero. Y ya sabemos —por experiencia— que ese camino solo trae más problemas.

Quique Villalobos es responsable de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente de la FRAVM

Por mucho que queramos idealizar nuestra independencia —y aunque a veces nos cansemos de los otros, no diré yo que no—, necesitamos a los demás. El ser humano es, por naturaleza, un ser social. Nacemos completamente desvalidos y necesitamos cuidados para sobrevivir. Más tarde ampliamos esa necesidad al grupo; en aislamiento, no conseguimos avanzar. Hay una frase que dice que juntos iremos más lentos que cuando vamos solos, pero también que juntos podremos llegar más lejos. Se nos olvida.

Ser seres sociales significa (entre otras muchas cosas) que nuestra identidad, nuestras emociones y nuestras decisiones se construyen siempre en relación con los demás. Somos en grupo, en conjunto. Dependemos del contacto con los otros, del lenguaje compartido, del reconocimiento que nos permite pertenecer. Vivir —y también envejecer— cobra sentido dentro de una red de vínculos: familiares, comunitarios, simbólicos.

Por eso me sorprenden tanto las formas continuadas de discriminación que rechazan al otro. Entre las manifestaciones más recientes destaca el edadismo, que es el rechazo o desprecio al otro por su edad. En su enorme simplificación, plantea la vejez (y a quienes la habitan) como si fuese un grupo homogéneo, borrando la diversidad de quienes la componen. En ocasiones, la discriminación es tan burda que culpabiliza de los problemas de hoy a quienes nacieron ayer; aquí puede haber cambiado el blanco, pero no el hilo narrativo. Nos resultaría absurdo que se culpase de la subida del pan a todos los que se llaman de determinada manera (¡malditos juanes!) y no a quienes se apoderan del trigo, pero los dedos que señalan parecen no necesitar mayor argumento. Sin embargo, como no podemos elegir el lugar, tampoco podemos elegir cuándo nacemos; pertenecer a una generación o a otra es puramente circunstancial. Así, cuando asumimos que todos los viejos —y defiendo la palabra viejo como contrario a nuevo, sinónimo de experiencia y de vida transcurrida— son “ricos” o que su vida fue fácil, pecamos de edadismo, de simplificación, de desconocimiento. Pero dividir siempre fue una forma fácil de vencer.

El edadismo amenaza con romper lo común, lo social, porque convierte la diferencia generacional en frontera y los años cumplidos (por los otros) en una especie de amenaza. Hay manifestaciones menos conflictivas, más diluidas en lo cotidiano, que se cuelan en pequeños gestos, en lo que se dice y en lo que no, en la forma de diseñar los espacios, en las voces que no se escuchan y en todas las creencias que nos llevan a asumir que las personas de determinada edad (los otros eternamente enfrentados a nosotros) son todas iguales. En gustos, en experiencias, en necesidades.

También contamos con configuraciones edadistas más blanqueadas que contaminan el lenguaje con expresiones como “nuestros mayores” (¿nuestros? ¿De quiénes? ¿No bastará con ser propiedad de uno mismo, de una misma?) como si para que se mire por nuestros derechos tuviéramos que quedar bajo tutela simbólica. Esa protección disfrazada de afecto borra la voz de las personas mayores, las convierte en objeto de compasión y niega su capacidad de actuar, de influir sobre su propia vida y la vida social.

Para discriminar a una persona mayor basta con suponer que “ya no puede”, que “no se entera”, que su opinión no importa o que, en definitiva, ya no tiene ni qué ni por qué aportar, puesto que el futuro no le compete. El edadismo también contamina la organización de la vida colectiva. Lo vemos en los espacios de decisión, en los entornos comunitarios, en los proyectos que se diseñan sin contar con las generaciones que ya sostienen buena parte de la convivencia y que han sido la génesis de dichos espacios colectivos. Una sociedad democrática y exitosa debiera ser capaz de tener en cuenta las voces de todas las edades, pero nos encontramos que las personas mayores quedan fuera de las conversaciones que les afectan, precisamente por asumir que el tema no les compete. Se las nombra, pero no se las escucha. Se las incluye en los diagnósticos —en muchas ocasiones como parte del problema—, pero rara vez en las soluciones. En esa lógica, la participación se convierte en privilegio de unos pocos y deja de ser un derecho inherente a toda ciudadanía. Y ahí perdemos todos. Los que son viejos y los que envejeceremos.

Una comunidad que no escucha a todas sus edades se vuelve una comunidad fallida. Reforzar la participación de las personas mayores no significa idealizar la vejez ni romantizar la experiencia. Significa reconocer que una sociedad democrática solo se sostiene cuando todas las edades pueden intervenir en la conversación pública. Y que tu voz no vale más que otra por tu código postal, pero tampoco por tu año de nacimiento.

Irene Lebrusán es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y académica de la Academia Joven de España

Estamos conviviendo con el primer genocidio, régimen de apartheid y masacre del que se tiene constancia retransmitido en directo, y mientras la sociedad evidencia su oposición al mismo, las autoridades políticas de la Comunidad de Madrid han tratado de suprimir y censurar las muestras de rechazo en los centros educativos.

Sus argumentos, meras excusas, han sido variados, y van desde la supuesta politización de las aulas hasta la necesaria neutralidad institucional, pasando por la imposibilidad de tratar la barbarie contra el pueblo palestino en el ámbito educativo.

Resulta paradójico que quienes hacen campaña de palabras como libertad, cuando llega su ejercicio, la pretenden convertir en mera palabra vacía, sin contenido real, como si de un anuncio de fragancias se tratase.

Queremos una juventud comprometida, que haga propios los valores y derechos fundamentales, y capacitar al alumnado para el ejercicio de la ciudadanía desde la participación activa en todos los ámbitos de la vida, pero cuando esto ocurre, nos topamos con trabas, dificultades y censura.

Recordemos que ya se ha dejado claro que las banderas que no afectan a la institucionalidad, no siendo banderas oficiales ni pretendiendo sustituir a éstas, no son partidistas, sino que configuran unos valores de igualdad entre las personas, valores ampliamente compartidos y que encuentran su directo acomodo en la Constitución y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como la bandera arcoíris, y así lo confirman las sentencias del Tribunal Supremo 1900/2024 y 1003/2025.

Debemos igualmente destacar que mientras numerosos centros mantienen banderas ucranias, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuestiona la posibilidad de banderas, pines, camisetas o cualquier otra muestra relacionada con la población palestina, demostrando la evidencia instrumental y, ahora sí, partidista.

Educar para la paz

La educación para la paz es un contenido transversal en la Comunidad de Madrid, el estudiar los derechos humanos y su defensa es una materia igualmente transversal, resultando inconcebible estudiar la lucha contra el apartheid en Sudáfrica en el siglo pasado, o el holocausto y los campos de exterminio nazi y, sin embargo, omitir y ser ajenos a la realidad del mundo actual que rodea a la comunidad educativa y no tener esa posición en defensa de los derechos humanos ante la barbarie que el pueblo palestino sufre a diario al otro lado de nuestro mar Mediterráneo.

Como ha defendido la Asamblea de Naciones Unidas, aprobado en numerosas resoluciones, y desarrollado en el derecho a la educación por la UNESCO, la cultura de paz constituye un proceso cuyo objetivo es la socialización y el bienestar de la humanidad.

El itinerario curricular en educación secundaria y bachillerato contiene como contenidos transversales adquirir y utilizar adecuadamente los conceptos fundamentales de la educación para la cultura de paz, concienciarse del importante papel de los comportamientos individuales y grupales favorables para la convivencia como medio para promover y construir la cultura de paz, obtener y trabajar estrategias para la gestión de conflictos a través de propuestas creativas y pacíficas, fomentar la inteligencia emocional desde la perspectiva de la cultura de paz, desarrollar la personalidad de manera integral con el fin de preparar al alumnado para el ejercicio activo de la ciudadanía, no pudiendo imaginar mejor forma en su desarrollo que la que la sociedad civil ha asumido oponiéndose a la masacre, intentando parar el genocidio y luchando contra el apartheid.

No es tampoco baladí la consideración del trabajo conjunto y espontáneo de la comunidad educativa, que ha aunado, a cada cual desde su específico lugar, a las familias, el profesorado y el estudiantado, que superando cualquier interés corporativo y asumiendo que la educación es una cuestión de toda la sociedad, han unificado actuaciones en esa educación para la paz.

Como tantas veces a lo largo de la Historia, en este caso desde la humilde historia de la comunidad educativa, o se está del lado de los derechos humanos o con quienes vulneran los mismos, pero, más aún, o se cree en la educación para la paz y la libertad y en su ejercicio o estaremos ante palabras vacías que no constituyen verdaderos derechos civiles y políticos.

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Raúl Maíllo es abogado de movimientos sociales y de la FRAVM.

En 2013, el escritor Antonio Muñoz Molina, en su ensayo Todo lo que era sólido, reflexionaba —en plena crisis económica— sobre los riesgos de la desafección ciudadana y la fragilidad de las instituciones democráticas. Entonces dejó una advertencia: "Cuando la barbarie triunfa no es gracias a la fuerza de los bárbaros, sino a la capitulación de los civilizados".

Una cita especialmente pertinente en el contexto actual, en el que parece que nos situamos ante el preludio de un abismo. El triunfo de la barbarie se vislumbra cada día más próximo, cuando no es ya una realidad, como muestran las muertes diarias provocadas por el genocidio que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu en Gaza (algo reconocido y denunciado por las propias Naciones Unidas), o el avance del autoritarismo en democracias consolidadas como Estados Unidos, o en países de la Unión Europea como Hungría.

Observamos cómo en el mundo se imponen la diplomacia altanera y exhibicionista de Trump y el imperialismo de Putin, que no solo invade Ucrania y amenaza a los países del Este, sino que, junto con su socio del otro lado del Pacífico, ambos se han convertido en los grandes mecenas de una gran internacional del odio, a la que, sin duda, le sobra la democracia y el Estado social.

Embajadores del odio en España

Esta dinámica global también se reproduce en España, la internacional del odio tiene sus embajadores. Algunos se sientan en parlamentos, otros pontifican en tertulias matutinas o paranormales, y los más jóvenes, en redes sociales. Todos comparten un objetivo común: destruir la convivencia y hacer el ambiente irrespirable para que su virus —el virus del odio— se propague en el conjunto de la sociedad.

En ese objetivo de destruir la convivencia, este espectro, como ya ha hecho en otros lugares del mundo, ha elegido en España un blanco principal al que señalar: las personas migrantes y las personas musulmanas. Un ataque que, aunque no es exclusivo, se focaliza en quienes los odiadores consideran el eslabón más débil de la cadena. Y que, sostenido en el tiempo, lo vivimos de manera especialmente intensa este verano con los sucesos de Torre Pacheco. En la localidad murciana presenciamos con horror una cacería televisada y propagada en redes sociales con un único objetivo: provocar un estallido social que permita a esa internacional del odio alcanzar sus fines. Un modus operandi que no dudará en repetir tantas veces como consideren necesario para cumplir su objetivo, como muestra el despreciable ataque con cócteles molotov que sufrió el centro de menores de Monforte de Lemos, en Lugo, el pasado sábado.

En Madrid, han intentado provocar un estallido como el de Torre Pacheco con dos agresiones aisladas por parte de personas migrantes residentes en los centros de acogida de Alcalá de Henares y Hortaleza. En este último caso, con la complicidad del cálculo electoral de una administración que ha querido trasladar un mensaje de inseguridad basado en premisas completamente falsas, ya que vivimos en uno de los países con los niveles de delincuencia más bajos de Europa (40,6 delitos por cada mil habitantes, según el Balance de Criminalidad del segundo trimestre de 2025 elaborado por el Ministerio del Interior).

Una alianza para la convivencia

A pesar del enorme peligro que representa este fenómeno, lamentablemente, hasta ahora, la inmensa mayoría social que representamos las personas civilizadas —quienes sabemos que solo la convivencia entre diferentes permite el avance social— no hemos conseguido hacernos oír por encima del ruido que provocan los portavoces de la internacional del odio.

Urge que la gran mayoría social que no cabemos en el estrecho marco mental de los odiadores nos unamos, y que lo hagamos desde la diversidad, independientemente de la religión y de la ideología que se pueda profesar.

Es el momento de volver a encontrarnos: en los barrios, en los pueblos, en las escuelas, institutos y universidades, en los centros de trabajo. Es hora de conocernos mejor y compartir lo que nos une.

Antes, debemos asumir, como dice la activista antirracista e hija de migrantes marroquíes Safía el Aadam en su libro España ¿racista?, que el racismo existe en nosotros. La escritora recuerda que señalarlo no es un insulto ni un ataque personal sino una oportunidad para entender cómo funciona el sistema y cómo podemos empezar a desmantelarlo.

En ese proceso podremos (¡debemos!) construir una alianza que permita desarrollar la vacuna contra el odio.

Es el momento en el que, como decía el Papa Francisco en la introducción de su encíclica Fratelli Tutti, “al frente de diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras.”

Es la hora de la alianza de los civilizados.

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Jorge Nacarino es presidente de la FRAVM.

Vivo en un barrio repleto de terrazas de hostelería, pero para que no parezca que tengo una obsesión personal con ellas, recuerdo el lema de las manifestaciones vecinales: “Terrazas sí, pero no así”. Yo soy la primera usuaria de las terrazas, aunque nada más sentarme no puedo evitar observar todos los incumplimientos de los hosteleros que perjudican la convivencia, que suelen ser muchos. El problema surge, como en tantas ocasiones, del exceso de terrazas así como de su sobredimensión. No parece razonable que un bar tenga una terraza de 75 m2, que es como hablar de un segundo local. Hemos de pensar que estos 75 m2 que ocupan muchas terrazas son espacios en los que ya no podemos pasear, ni podemos instalar bancos para sentarnos o fuentes para beber agua.

Se pierde así un espacio de convivencia, que pasa a tener un uso mercantilista, que en muchas ocasiones, además, entorpece nuestro tránsito por la ciudad, nuestra rutina, nuestros quehaceres diarios.

Tengo la suerte de vivir en el distrito de Retiro, junto a dos de los últimos bulevares que quedan en la ciudad de Madrid. Bulevares en los que los niños y niñas del barrio aprendían a montar en bici y que eran estupendos espacios de convivencia con sus bancos en ambos lados, donde las vecinas y vecinos bajaban a tomar la fresca en verano. Hoy solo hay bancos en un lado porque el otro está tomado por terrazas. Terrazas que no solo están conformadas por mesas, sillas y sombrillas, sino que son verdaderas instalaciones con paredes, iluminación y decoración. ¿Qué pensaría el arquitecto urbanista Carlos María de Castro, que diseñó este ensanche madrileño? En la calle perpendicular hubo dos hileras de arbolado, cosa hoy imposible de nuevo por las terrazas de hostelería.

Cuentan los expertos que cuando se rediseñó la plaza Mayor y la calle Fuencarral se peatonalizó, pusieron muy pocos bancos o ninguno. ¿A qué responde esa realidad? Vecinos y vecinas han expresado en muchas ocasiones y en plenos de distritos sus deseos de tener más bancos para poder descansar en sus quehaceres diarios o donde poder charlar sin tener que pagar una bebida en una terraza. El espacio público, como su nombre indica, es de todas y todos. Ya hemos cedido mucho espacio al coche como para además perder los lugares comunes para un uso privativo.

Esta historia no es única de la ciudad de Madrid, donde está ahora en juego el modelo de espacio público que defienden nuestros gobernantes para la ciudad y sus residentes. Esta historia se extiende a todo el país, y Madrid puede ser el punto de mira para otras ciudades, empezando por las de la región madrileña.

Volviendo al proyecto de nueva ordenanza de terrazas, estamos ante otra oportunidad perdida, ya que no surge del consenso entre las partes interesadas, sino que responde a las necesidades de una de las partes: la hostelería madrileña.

Sobran los demagogos que sostienen que la hostelería es el motor de la economía. El informe económico del proyecto de ordenanza dice que “en 2022, el sector representó el 3,5% del PIB de la ciudad y dio trabajo al 5,3% de los ocupados madrileños”. ¿Son estos números realmente indicativos del motor de la economía? Pero aunque la hostelería tenga un peso importante en la economía española, no podemos convertir nuestras ciudades en parques temáticos que excluyan a sus residentes. El poco y precario empleo que genera el sector no puede hacerse a costa de la calidad de vida de los vecinos y vecinas y de su salud.

Queremos ciudades y barrios vivos, no parques temáticos de ocio, porque lo que hace atractivo a una ciudad somos sus residentes, su flora y fauna urbana: esos niños y niñas jugando por la calle, esos mayores descansando y charlando en sus bancos, esos vecinos y vecinas disfrutando, usando y construyendo con su presencia el espacio público, un espacio que es de todos y todas y por ello debe ser defendido.

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Ángeles Rodríguez de Cara es secretaria de la FRAVM.