Qué falla en el sistema para que una abuela y sus nietos huérfanos por violencia machista sean desahuciados

Victoria, de 65 años, y sus dos nietos menores, tenían que dejar este miércoles la casa en la que residían, en el barrio madrileño de Villaverde, tras una orden de desalojo. Es otra historia cruda que ahonda en la herida social abierta por el problema de la vivienda y que también está marcada por la violencia machista. La madre de las pequeñas fue asesinada en 2023 a manos de su expareja. Era la víctima número 49 de ese año. En 2026 el sistema falla de nuevo, esta vez en forma de desahucio, al haberse ejecutado el lanzamiento de la casa que habitaba la abuela y sus dos nietos de 5 y 10 años. 

“Llamamos a Servicios Sociales, a Samur Social, a la policía, a atención a víctimas, hablamos con representantes políticos y acudimos a otras instituciones, pero todo era un laberinto”, explica Silvia González, de la asociación vecinal La Unidad de Villaverde. “Creo que lo primero que ha fallado es la información —porque esta gente ni siquiera sabe a qué recursos tiene derecho— y también la justicia gratuita, porque su abogada de oficio no se presentó en el desahucio y envió a un procurador”, concluye.

La mujer contaba con un informe de vulnerabilidad, que en este caso, sirvió de poco. “La cuestión de qué es ser vulnerable, de cuándo un juez considera si se debe aplicar o no esta categoría, es una categoría lo suficientemente arbitraria como para que al final los juzgados tengan demasiado margen de maniobra a la hora de ejecutar desahucios”, explica la abogada de CAES y experta en vivienda, Alejandra Jacinto. “Al final termina sucediendo esto, que hay casos en los que, aun contando con informes acreditados, se termina ejecutando el desahucio”, concluye.

El caso de Victoria empieza con un préstamo hipotecario de 168.429 euros que pidió en 2003. Años después, no pudo pagar, como le ocurrió a muchos ciudadanos con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2007, de forma que terminó contrayendo una deuda con Caixabank. Los autos y resoluciones sobre la vivienda se acumulan desde, al menos, 2018, de acuerdo con la documentación judicial a la que ha tenido acceso infoLibre. 

La situación de vulnerabilidad ya era patente y en 2020 solicita la suspensión del lanzamiento por encontrarse en un supuesto de especial vulnerabilidad. El juzgado reconoce que “la documentación aportada acredita que el inmueble constituye la única vivienda y residencia habitual”, además de señalar que, en ese momento, Victoria tenía hijos menores a cargo. Recoge, además, que Victoria trabaja como empleada de hogar y que posee una renta de 400 euros mensuales. 

Con todo, el proceso de desahucio sigue adelante y posteriormente, su casa pasa a manos de Circleville S.L, una sociedad cuyo objeto social es la adquisición, enajenación, tenencia y explotación de bienes inmuebles. En 2020 se solicita una suspensión del lanzamiento y se le concede una moratoria hasta 2024. En medio de todo, en 2023, tiene lugar el asesinato de su hija y se hace cargo del cuidado de sus nietos.

Y aquí, de nuevo, el sistema falla, ya que desde el entorno de la familia explican que no recibían ninguna ayuda: “Por no tener, no tienen ni beca comedor los niños”. En casos de orfandad por violencia machista, los niños tienen derecho a una pensión que varía en función de la situación particular de cada caso, pero que está pensada para respaldar, en la medida de lo posible, la situación de desamparo en la que quedan los menores. “Ser hijo de una mujer asesinada es una situación de vulnerabilidad de libro”, explica Marisa Sotelo, directora de la Fundación Mujeres. Aunque también apunta que en el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, destinado a dar apoyo económico a descendientes de mujeres asesinadas por violencia de género, ven muchas situaciones en las que las familias tienen dificultades para enfrentarse al trance burocrático de las solicitudes.

Pagar una casa y vivir con 600 euros

El capítulo más reciente de esta historia ha terminado con el desalojo de la familia, cumpliendo la orden emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 100 de Madrid. La abuela apenas cuenta con unos ingresos actualmente de 600 euros, de acuerdo con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que las ha acompañado en este trance. Su idea, explican, era tratar de lograr un acuerdo para obtener un alquiler asequible, aunque no tuvieron ocasión. 

Más allá de los pormenores judiciales, cuesta imaginar una situación de mayor vulnerabilidad, y desde la FRAVM, se muestran sorprendidos: “No nos esperábamos que el juzgado no fuese a aplazar el desahucio, porque tenía un informe de vulnerabilidad respaldado por los Servicios Sociales de Madrid”. Cuentan que la familia no percibía ayudas y que “ellos mismos se han tenido que buscar una alternativa habitacional a través de unos familiares”. 

El sistema ha fallado de muchas maneras diferentes en esta historia, pero en lo que tiene que ver con la vivienda, siempre se dan resonancias parecidas. Lidiar con un proceso burocrático y judicial complejo en el que la otra parte, en este caso una entidad inmobiliaria, siempre tiene más medios económicos, o saber a qué prestaciones sociales acudir no siempre es fácil. “El desconocimiento, el lenguaje jurídico o la burocracia son un obstáculo para el acceso a la justicia y mucha gente termina siendo desahuciada porque en un primer momento recibe una notificación que no entiende”, señala Alejandra Jacinto.

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Para los expertos en vivienda, la categoría de “vulnerable” no protege como debería a los inquilinos que entran dentro de este conjunto. “El Observatorio DESCA de vivienda sacó el año pasado un informe en el que decía que solo se estaban frenando el 27% de los desahucios y esto es porque al final estos informes de vulnerabilidad que realiza Servicios Sociales son difíciles de obtener y aun cuando se emiten, los jueces no los consideran suficientes”, explica Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. “Nos ha pasado en el caso de compañeras con discapacidad reconocida y con el caso de Maricarmen”. Este último hace referencia a una mujer de 87 años cuyo desahucio se paró en Madrid por la presión social.

“A la hora de interpretar la vulnerabilidad, hay bastante margen de maniobra para los jueces. Algunos, si no aportas toda la documentación, no te la conceden; otros, si no se da una disminución sobrevenida de los ingresos, tampoco la aceptan (dejando fuera situaciones de precariedad crónica); y otros se acogen a lo que opine Servicios Sociales”, enumera Jacinto.

“Se han quedado sin casa, pero el problema no acaba ahí”, protesta González, que desde la asociación vecinal de Villaverde ha visto muchos casos similares. “Intentaremos apoyarles en este proceso y ponerles en contacto con otras personas que hayan pasado por lo mismo para que sepan los pasos a seguir”, concluye.