El debate sobre la salida de la OTAN o una nueva oportunidad para la excepción Sánchez Ángela Rodríguez Pam
Cuando el estrecho de Ormuz se convierte en una amenaza y el precio del crudo de nuevo empieza a subir, la geopolítica deja de ser un mapa lejano y se convierte en algo muy concreto para toda la ciudadanía española que ve cómo su día a día puede volver a tambalearse por los precios de la luz o la gasolina, la inflación que estos puedan generar y el consecuente malestar social. Es en ese preciso momento cuando el debate geoestratégico vuelve a tener un componente material insoslayable. ¿A qué intereses responden realmente estos ataques de Trump? ¿Quién controla qué? ¿Quién decide qué margen tiene un país cuando las tensiones globales escalan? En un contexto internacional donde la postura de Pedro Sánchez es una excepción, ¿merece la pena explorar caminos que profundicen en esta vía? ¿Qué van a hacer las derechas patrióticas ante semejante ejercicio de soberanía nacional?
En estos tiempos de guerras de inteligencia, que España pueda pedir contención ante el nuevo escenario de tensión provocado por Estados Unidos en Oriente Próximo es mucho más que una distancia discursiva con nuestros colegas europeos. Sin embargo, apelar al derecho internacional mientras al otro lado de nuestras fronteras se está pidiendo más desarrollo de armamento nuclear es, a todas luces, insuficiente. Si no hay ninguna acción más allá de la disputa bruselense y tuitera por el relato, prevalecerá intacta la estructura de poder que ha permitido estos ataques y que nos inserta automáticamente en la lógica estratégica de Estados Unidos. Aquí aparece casi de forma lógica la ochentera pregunta que casi nadie formula en voz alta: ¿Qué ocurriría, en la práctica, si España decidiera abandonar la OTAN en un escenario de escalada bélica? ¿Perderíamos inmediatamente el paraguas de defensa colectiva? Sí. ¿Tendríamos que redefinir nuestra doctrina militar, nuestros acuerdos de inteligencia, nuestras bases estratégicas? Sin duda. ¿Se tensionarían las relaciones con socios europeos que permanecieran dentro? Probablemente. ¿Habría presión financiera y diplomática? Seguramente. Pero es necesario discutir también sobre las otras consecuencias menos mencionadas.
Si España plantease un escenario de redimensión de nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica, ¿forzaría eso a Europa a acelerar una defensa autónoma real? ¿Nos permitiría esa redimensión diversificar alianzas, negociar de manera distinta con potencias como China o reforzar vínculos económicos y políticos con América Latina y el eje UE–Mercosur como parte de una estrategia de interdependencia más amplia? ¿Cambiaría la capacidad de negociación energética si el país dejara claro que su inserción estratégica no es incondicional? Salir de la OTAN sin duda tendría costes, pero permanecer también los tiene. Y la diferencia es que estos últimos los hemos naturalizado como inevitables. Por poner solo una derivada de este escenario en el que los matices son infinitos, con el derecho internacional en una mano y la defensa de una hoja de ruta para la soberanía estratégica en la otra, como mínimo, ya no es sostenible defender que Donald Trump es ahora un mejor aliado que Xi Jinping.
Tal vez la conclusión más probable en este debate sea que no es posible abandonar mañana la Alianza. Pero lo verdaderamente revelador es que la pregunta resulte casi impronunciable mientras se acepta como natural una dependencia que condiciona tanto la política exterior como la energética
Mientras se sigue posponiendo el debate sobre el nuevo orden mundial o más bien éste se da sin que nos atrevamos del todo a participar del mismo, en el plano más inmediato la soberanía se juega en algo mucho más pedestre como son las facturas, pero que sin embargo está estrechamente relacionado con ese orden mundial cambiante como ya vimos con la subida de los precios de la energía derivada de la Guerra en Ucrania de la que ya fuimos capaces de ser los líderes de una excepción ibérica para la gestión de los precios. Una excepción que seguiría teniendo efectos en la ciudadanía si no fuera porque, la semana pasada, las derechas tumbaban un Real Decreto-ley que incluía medidas como la prórroga del bono social y otros mecanismos de protección energética para hogares vulnerables. Es importante señalar la gravedad de bloquear herramientas destinadas a amortiguar el impacto sobre la población en un contexto de volatilidad internacional y riesgo de encarecimiento del crudo que va mucho más allá de la aritmética parlamentaria; se trata de una decisión que aumenta la exposición social a la crisis.
Por ello es igual de importante insistir que aquí la contradicción es particularmente difícil de esquivar. Para esas derechas que constantemente presumen de defensa de la nación o de supuesta soberanía frente a injerencias externas, debería tener costes políticos caros cuando su patriotismo excluye la posibilidad de reforzar la autonomía energética interna o los instrumentos que protegen a la ciudadanía. ¿Qué es más patriótico: sostener un bono energético que reduce la vulnerabilidad de millones de hogares o reafirmar sin fisuras la fidelidad a una arquitectura militar diseñada en otro contexto histórico? ¿Qué fortalece más a un país? ¿Repetir la foto de las Azores como símbolo de alineamiento o reducir su dependencia estructural del petróleo del Golfo y de decisiones estratégicas tomadas en Washington?
Es por todo esto que el grado de apoyo a Trump no puede ser un detalle únicamente retórico. Estados Unidos vive una polarización profunda y una deriva autoritaria que ha colocado en el centro político a una corriente abiertamente nacionalista, hostil al multilateralismo y dispuesta a utilizar alianzas como instrumentos transaccionales. Muchos describen ya este escenario político como abiertamente fascista. Si esa posibilidad amplía su poder como estamos observando impasibles en las últimas semanas, ¿qué margen real tendría Europa para disentir en un escenario de guerra? ¿Sería capaz España de sostener una posición como la que retóricamente hemos mantenido estos días si la arquitectura de seguridad de la que formamos parte presupone disciplina especialmente para los casos de escalada bélica?
Teniendo todo esto presente, preguntarse por la salida de la OTAN debe ser mucho más que una consigna, y quizás pueda comenzar a ser un horizonte regulador que permita examinar el grado real de soberanía que tiene nuestro país. ¿Podría España asumir sola su defensa? ¿Qué otros países podrían sumarse a esta posición? ¿Qué nuevas alianzas podríamos dibujar en ese escenario? ¿Puede integrarse este debate en un esquema europeo distinto? ¿Qué implicaría para nuestras exportaciones, para nuestras inversiones, para nuestra capacidad de influir en el Mediterráneo? ¿Nos aislaría o nos obligaría a negociar desde otro lugar? ¿Qué ofrece más seguridad a la ciudadanía de nuestro país? ¿Las operaciones de Trump para controlar el mercado del petróleo que se saltan el derecho internacional o una redimensión de la multilateralidad para nuestra política exterior?
Tal vez la conclusión más probable en este debate sea que no es posible abandonar mañana la Alianza. Pero lo verdaderamente revelador es que la pregunta resulte casi impronunciable mientras se acepta como natural una dependencia que condiciona tanto la política exterior como la energética. No sirve de nada que la patria sea nuestro eslogan si no se traduce en un compromiso con la seguridad ciudadana y la capacidad de decidir en su beneficio bajo presión. Por ello, en un momento de reconfiguración global, quizá la verdadera excepción no sea condenar una guerra concreta, sino atreverse a discutir la arquitectura que nos ata a sus consecuencias. Es por eso que, de nuevo, nuestro país puede estar ante una oportunidad de hacer valer su posición. La excepción española no puede ir únicamente de proclamar firmeza, sino también de reducir vulnerabilidades, aunque eso nos obligue a revisar lealtades heredadas.
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Ángela Rodríguez 'Pam' es ex secretaria de Estado de Igualdad.
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