Cuando una casa pasa de un banco, a un fondo y a un inversor: la lucha de Josefa y Richard contra un desahucio
“La vivienda no es el quinto pilar, es el primero, porque sin casa no puedes hacer una vida, no estás anclado en la sociedad”. La frase es de Richard Rodríguez, que sentado en un banco del madrileño barrio de Villaverde, explica como es vivir pendiente de un desahucio y sin los recursos suficientes para poder asumir un alquiler. “Vivíamos en un piso de un particular en Vallecas, pero después de la crisis nos quedamos en paro y no podíamos pagar”, señala. Cuenta que se marcharon porque no le querían generar una deuda a su casero y tras pedir ayuda a los servicios sociales y no recibir respuesta, terminaron ocupando el apartamento en el que viven. El piso que comparte con su mujer, Josefa Hernández, y sus tres hijas, ha sido propiedad del banco BBVA, del fondo de inversión estadounidense Cerberus y ahora está en manos de la sociedad Metahouse.
En los diez años que llevan en esta casa lo han intentado todo para regularizar su situación, desde pedir a los sucesivos propietarios un alquiler social, hasta llevar su caso ante el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU (DESC), que paró su desalojo y exigió a España una alternativa habitacional para ellos. Sin embargo, siguen sin tener un lugar seguro en el que vivir. “No es ocupación, es necesidad. Después de la primera orden de desalojo en 2014 fuimos a juicio con el BBVA y el juez nos absolvió del delito de usurpación porque estábamos en situación de vulnerabilidad”, explica. Sin embargo, los mandatos judiciales para que abandonasen la casa sin alternativa habitacional siguieron llegando: “vamos por el noveno”.
No somos delincuentes, solo queremos un sitio en el que vivir en paz, en esta casa o donde sea
Richard trabaja puntualmente como mediador intercultural para el Ayuntamiento de Madrid, pero ha pasado por otros empleos en el sector de la seguridad, los mercadillos o la hostelería. Josefina, como prefiere que la llamen, ha sido dependienta y sus hijas están aún estudiando. “No somos delincuentes, solo queremos un sitio en el que vivir en paz, en esta casa o donde sea”, sentencia.
Su historia, como la de muchos españoles, comenzó a complicarse cuando ambos perdieron su trabajo después de la crisis de 2008. Despidos, contratos parciales encadenados, precariedad, subsidios de desempleo y, finalmente, una ayuda social: “ya éramos pobres y no lo sabíamos”. Rodríguez cuenta que empezaron pidiendo pequeñas ayudas a familiares para llegar a fin de mes, hasta que la situación se volvió inviable. “Uno no cuenta que está económicamente mal porque da mucha vergüenza”, señala. Sin embargo, la realidad se impuso y con 250 euros entrando en casa ya no se podían permitir pagar los 500 euros del alquiler.
“Pedimos vivienda social y no llegó, tampoco encontrábamos ningún alquiler asequible. Nos dijeron que había pisos vacíos en el barrio, de gente que había sido desahuciada y nos vinimos”. Con la ayuda de algunos vecinos y de familiares, se mudaron poco a poco hasta que se instalaron. “La señora Luisa, que vive encima, nos conocía, hablo con el presidente de la comunidad y estuvimos unos meses sin problemas hasta que un día llegó un guardia de seguridad y avisaron a la policía”, relata. Eso fue en 2014 y así empezó su periplo por juzgados, organizaciones, oficinas y despachos de abogados. Cada cierto tiempo Richard hace girar la conversación hacia la necesidad de tener una vivienda, un lugar para sus hijas, un sitio al que volver después del trabajo: “no nos queremos aprovechar de nadie”.
El sistema no responde para casos como el suyo, para necesidades inmediatas que no admiten plazos porque la alternativa es dormir en la calle. “Si fueran desahuciados, y no sabemos cuándo puede pasar eso, las administraciones públicas no les darían ninguna solución”, explica Javier Rubio, abogado en el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). El motivo es que la Comunidad de Madrid impide solicitar vivienda social a quienes están en una casa ocupada, una norma que desde el CAES intentan recurrir en los tribunales. “Es una profunda injusticia porque casos como el de esta familia se quedan sin solución posible”, concluye Rubio.
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles. El año pasado se realizaron un total de 27.564 desahucios a nivel nacional, según los datos del Consejo General del Poder Judicial y el 74,6% de estos lanzamientos afectaron a inmuebles de alquiler. Rentas cada vez más altas, especulación y una demanda que no cesa, mantienen a este sector como un negocio que cada vez deja atrás más presupuestos familiares. En cuanto a la okupación, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, el total de denuncias por allanamiento o usurpación en 2024 apenas supusieron el 0,06% sobre el parque total de viviendas.
“Solo queremos un alquiler ajustado a los ingresos, es justicia social”, remarca Richard. Y de hecho, estuvieron a punto de conseguirlo. “El fondo Cerberus nos preguntó cuánto podríamos pagar, le mandamos una propuesta y nos pidieron documentos. Preparamos todos los papeles y justo antes de firmar dejaron de responder”, lamenta Josefina. “Lo peor de todo es que te ilusionas, que piensas que por fin se va a terminar esto, pero luego nada”, explica.
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En el salón de su casa —junto a las fotos que reposan en una estantería y los juguetes de su niña pequeña— decoran la pared algunos recortes de periódico de las pequeñas victorias que han ido consiguiendo. Uno de ellos narra la resolución de la ONU reclamando al Gobierno que les facilite una alternativa y reconociendo su derecho a la vivienda. La petición la elevaron en 2018, cuando ya lidiaban con varias peticiones de desahucio y el organismo, aplicando un protocolo vinculante que España había ratificado en 2013, exigió medidas cautelares para proteger a la familia. Así fue como su historia viajó de Villaverde a la ONU.
Otro recorte muestra la película En los márgenes, de Juan Diego Botto, que se inspiró, entre otras, en la historia de Josefina y Richard para hablar del drama de los desahucios. Ellos fueron algunas de las voces que ayudaron a poner el tono de realidad en la pantalla del cine. “Cuando estábamos en el rodaje justo nos llegó otra orden de desahucio, así que más realista no podía ser”, dice con cierta resignación.
Es difícil separar el recorrido vital de Josefina y Richard del laberinto judicial que intentan atravesar para no quedarse en la calle, porque su lucha les ha llevado al activismo. “Mañana desahucian aquí al lado a una familia y vamos a estar”, explica, e insiste en que hay un “abandono institucional” en lo que a la vivienda se refiere. “Cáritas, Cruz Roja, servicios sociales, agencia de vivienda social, Hogar sí, hemos tratado con todos los organismos de vivienda posibles”, enumera Rodríguez, que dice tener la esperanza de que el camino que han abierto sea más llevadero para quienes, más adelante, no tengan más remedio que pasar por lo que ellos están pasando.
