El fracaso es total; el desastre, evidente. La justicia ha fallado y, con ello, ha puesto en peligro a mujeres y niños. Esa es la brutal y cruel lección que nos dejan dos casos que conmueven a Francia: el asesinato de Lyhanna y las investigaciones sobre el ídolo de los años 90 Patrick Bruel.

En este último caso, varios de los nueve presuntos hechos por los que la Fiscalía de Nanterre solicitó la imputación del cantante, el miércoles 10 de junio, ya eran conocidos por la justicia. Algunos de los hechos denunciados formaban parte de los dos procedimientos archivados por la misma Fiscalía en 2020 y 2022; otro había estado en manos de la justicia belga en 2010. La denunciante retiró muy rápidamente su denuncia, por temor a que la batalla judicial fuera desigual frente a Patrick Bruel.

Entre esas mujeres, una masajista voluntaria suiza —que denunció acoso sexual durante el festival Paléo de Nyon, en 2019— ni siquiera había sido escuchada en el procedimiento francés. Sin embargo, su denuncia había sido remitida por las autoridades suizas a la justicia francesa en noviembre de 2019 y se incorporó en 2020 al procedimiento entonces en curso en Nanterre. Fue archivada junto con las demás denuncias y acusaciones de aquella época.

Otro elemento que plantea interrogantes es el breve interrogatorio de Patrick Bruel tras la denuncia de una mujer que trabajaba en un hotel de lujo en Córcega, y que dio lugar a la apertura de la primera investigación, en 2019. El cantante, que entonces se encontraba de concierto en Châlons-en-Champagne, en el departamento de Marne, simplemente fue interrogado durante una hora por la gendarmería local. Hubo que esperar hasta noviembre de 2020 para que el artista fuera interrogado exhaustivamente por la policía, bajo detención preventiva. Un mes más tarde, el caso fue archivado.

En contra de sus decisiones anteriores, la Fiscalía de Nanterre solicitó este miércoles la imputación de Patrick Bruel, así como su ingreso en prisión preventiva. Un giro de 180 grados.

En la noche del miércoles al jueves, el artista, que niega todas las acusaciones y goza de la presunción de inocencia, fue imputado por cuatro hechos y quedó como testigo asistido en otros cuatro; el noveno caso ha prescrito. Patrick Bruel se libra por ahora de la cárcel, aunque sigue bajo control judicial.

En el caso de Lyhanna, la niña de 11 años secuestrada a la salida de su centro educativo por Jérôme Barella, ahora en prisión preventiva, el desvío de la justicia es también evidente, hasta el punto de que Emmanuel Macron tuvo que reconocer, el miércoles 10 de junio, que está en cuestión "la confianza en nuestras instituciones".

Nadie entiende, en efecto, que este hombre de unos 40 años, ya objeto de denuncias por violaciones de menores de 15 años y conocido por haber mantenido una relación con una menor de 17 años —calificada entonces de "consentida"—, no fuera detenido antes.

Hay un procedimiento que concentra toda la atención: la denuncia presentada en agosto de 2025 por la familia de Rosa, de 10 años, por violaciones repetidas atribuidas a Jérôme Barella. Tras una primera actuación rápida —declaraciones de la niña al cabo de cinco días y exámenes médicos y psicológicos calificados de "abrumadores" por el ministro Darmanin—, el expediente perdió meses debido a su traslado de la Fiscalía de Toulouse a la de Auch, competente por ser el lugar donde se cometieron los hechos.

La brigada de gendarmería local, a la que la fiscal de esta pequeña localidad del Gers remitió el caso a finales de enero, apenas llevó a cabo nuevas actuaciones de investigación ni puso al sospechoso bajo detención preventiva, a pesar de las instrucciones de la magistrada. Según el ministro de Justicia, la fiscal había hablado con el oficial de la policía judicial a mediados de febrero. Después, nada más.

Estas "disfunciones" serán analizadas minuciosamente por las inspecciones ordenadas a toda prisa por Gérald Darmanin y Laurent Nuñez, ministros de Justicia e Interior, respectivamente. Pero convendría no detener ahí el rebobinado de la película judicial. También debe haber transparencia sobre los motivos por los que una denuncia anterior por violación de una menor contra Jérôme Barella, presentada ya en 2022, fue archivada en 2024 por "delito insuficientemente caracterizado".

Porque, aunque es difícil exigir a la justicia resultados, sí tiene la obligación de desplegar medios. ¿Se hizo en este caso? La cuestión se está convirtiendo en una pesadilla para la institución desde que han salido a la luz denuncias que apuntan no solo al hermano de Jérôme Barella, sino también a su padre.

En realidad, los especialistas en este tipo de procedimientos lo saben desde hace tiempo, mientras que una parte de la sociedad lo descubre ahora con consternación: los medios de investigación rara vez están a la altura en los casos de violencia sexual, y quizá lo estén aún menos cuando las víctimas son menores. Sus testimonios son, sin duda, más delicados de recabar, pero sobre todo se consideran de entrada más frágiles.

El resultado es una tasa de casos archivados que roza un “sistema de impunidad”,según los términos de la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños, la Ciivise. En general, dos tercios de las denuncias (73%) por violencia sexual son archivadas sin más, según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia de 2018. La proporción es del 69% en el caso de las violaciones, del 75% en el de las agresiones sexuales y del 83% en el del acoso sexual.

Esas denuncias suelen archivarse con un motivo que se resume en tres palabras: "delito insuficientemente caracterizado". Es decir, por falta de pruebas. Estas tasas de archivo son similares a las de otros delitos y crímenes, pero con una diferencia esencial: en los casos de violencia sexual, el acusado suele estar identificado, ya que en nueve de cada diez casos la víctima lo conoce.

Las razones fueron puestas en manos del Gobierno ya en 2023, en un informe de inspección mantenido en secreto desde entonces, pero revelado por Mediapart el lunes: falta de personal en las fiscalías y en los servicios de investigación, tanto de la policía como de la gendarmería, formación insuficiente, falta de dirección, etc.

"Esto está explotando por todas partes", alertaba a Mediapart una agente de policía. "Todas las profesiones implicadas están saturadas: la justicia, los médicos, los peritos, las asociaciones". Una constatación alarmante en un momento en que la justicia nunca ha tenido tanto trabajo: según la última encuesta de "victimización" del Ministerio del Interior, entre 2022 y 2023 aumentó un 16% el número de personas que declaran haber sido víctimas.

Además, muchos magistrados de la Fiscalía señalan el síndrome de la "numeritis": la obsesión de cierta jerarquía policial por las estadísticas —el índice de resultados obtenidos—, que prioriza las misiones en la vía pública y lastra la lucha contra la pederastia.

A esto se suma una cultura policial y judicial en la materia que cuesta cambiar. Es necesario hacer un inventario no solo de los 70.000 procedimientos en curso por violencia contra menores —tal y como anunció Gérald Darmanin—, sino también de las prácticas.

Aunque el ministro finge ignorar desde el lunes las razones que llevan a los fiscales a plantearse la detención preventiva no al inicio de la investigación, sino una vez recopilados los elementos susceptibles de desestabilizar al imputado, lo cierto es que esas prácticas deben ser cuestionadas. La idea de que una denunciante ya no está en contacto con su agresor y, por tanto, no corre peligro inmediato no puede justificar una dilación que a veces se cuenta en semestres, cuando no en años.

Sobre todo, habría que replantear la relación entre la presunción de inocencia —principio fundamental al que la sociedad debe aferrarse— y el imperativo de proteger a los más vulnerables, porque hoy la balanza se inclina a favor de los agresores.

Existen, de hecho, muchas vías posibles, lejos de la revolución populista que la derecha y la extrema derecha venden últimamente. Ninguna tragedia justifica perder los valores ni equivocarse de objetivo. La lucha contra el terrorismo y sus regímenes de excepción ya lo demostraron: los retrocesos en materia de derechos no solo no protegen más a la sociedad, sino que suponen un grave peligro, el de contaminar otros ámbitos del derecho y erosionar las libertades individuales y públicas.

Por último, conviene recordarlo: la justicia no es un templo aislado de la cultura de la violación. Es el reflejo de nuestra sociedad y la imagen de todas las instituciones que la estructuran: la familia, los lugares de culto, la escuela, los partidos políticos, los sindicatos, las empresas… En todas partes, la violencia sexual contra menores —en su mayoría niñas— y contra personas adultas —en su mayoría mujeres— es endémica. En todas partes, es la norma y, en definitiva, se tolera.

Tomemos el ejemplo del ministro de Justicia, Gérald Darmanin: ¿podemos olvidar que fue nombrado para el cargo después de haber sido denunciado por violación, una causa archivada más tarde? ¿Por qué el presidente de la República, Emmanuel Macron, decidió ascenderlo para dirigir los servicios de investigación que debían investigar su caso? Porque, según dijo, había mantenido una conversación "de hombre a hombre" con su ministro.

Esta tolerancia ante la violencia también se aprecia en el caso de Patrick Bruel. Más allá de la justicia, ahora se sabe que Les Enfoirés, los conciertos organizados en beneficio de los Restos du cœur —la fundación que distribuye comida a las personas más desfavorecidas—, llevaban años dando instrucciones de precaución a sus voluntarias. También que la cadena TF1, para su programa 50’ inside, enviaba a hombres a entrevistar al cantante "por principio de precaución".

“Buscar responsabilidades individuales, o incluso institucionales, lleva a disimular el hecho de que cada tres minutos hay niños que son víctimas de abusos sexuales”, explicaba el lunes a Mediapart Alice Gayraud, que fue una figura importante en la Ciivise. “Son sistémicas, y las deficiencias también lo son. Son el producto de un sistema. Este sistema tiene un nombre y unos beneficiarios.”

Traducción de Miguel López

“¿Cree usted que hay que restablecer la pena de muerte? Sí”. Preguntas y respuestas de este tipo han resurgido en los últimos días, a raíz de la indignación nacional que ha suscitado el caso de Lyhanna y las deficiencias del sistema judicial que condujeron a esta tragedia.

Cuarenta y cinco años después de la abolición de la pena capital en Francia, menos de un año después de la incorporación al Panteón de quien lo hizo posible, Robert Badinter, periodistas y políticos se reúnen en los platós de televisión para hablar de la pena de muerte como una sanción más que, de un plumazo, se podría volver a poner de actualidad mediante referéndum.

En Radio Courtoisie, que lleva años difundiendo los peores exabruptos racistas y antisemitas de todas las facciones de la extrema derecha, fue un diputado de la Unión de la Derecha por la República (UDR), aliada de la Agrupación Nacional (RN), quien se posicionó el 31 de mayo. Ese día, Alexandre Allegret-Pilot, acostumbrado a la desmesura, se mostró a favor del retorno de la pena de muerte, que ni siquiera la RN defiende ya oficialmente desde hace varios años.

“Estamos en un país donde hasta ahora no hay ningún problema en matar. Tenemos el aborto, tenemos la eutanasia, tenemos los asesinatos ordenados por el presidente en el extranjero...”, justificó el diputado de extrema derecha, considerando así que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sería un asesinato. Allegret-Pilot pidió el retorno de la pena capital “para los delitos más graves”.

El miércoles 10 de junio, en CNews, fue Nicolas Dupont-Aignan, líder del movimiento Debout la France (Francia en pie) y candidato declarado a las elecciones presidenciales, el que se pronunció a favor de reabrir el debate sobre el restablecimiento de la pena de muerte. Una cuestión, sin embargo, zanjada y grabada en la Constitución. “Hay un problema de escala de penas. Hay que reabrir el debate, mediante referéndum, sobre la pena de muerte. Para los delitos que afectan a los niños, la cadena perpetua efectiva que propone el primer ministro es un engaño”, argumentó así el diputado.

Al día siguiente, en la misma emisora, el alcalde de Béziers (Hérault), Robert Ménard, también se pronunció sobre el tema, mostrándose a favor de que se “abra el debate” sobre la pena de muerte, aunque a título personal se pronunció en contra de su reinstauración.

Un referéndum sobre el tema figuró durante mucho tiempo en el programa de la RN. Como reivindicación histórica del Frente Nacional, el restablecimiento de la pena capital iba entonces de la mano, igual que en las palabras de Alexandre Allegret-Pilot, con la abolición de la ley Veil que autoriza el aborto. Marine Le Pen lo defendió de nuevo en 2012, durante su primera candidatura a las elecciones presidenciales. En su “proyecto para Francia” se leía entonces: “Restablecimiento de la pena de muerte o instauración de la cadena perpetua efectiva”.

En el marco de su proyecto de normalización, la líder de RN eliminó primero ese punto de su programa, al tiempo que proponía un referéndum sobre el tema para que los franceses decidieran. Finalmente renunciaría en 2022 a este referéndum alegando que sería inconstitucional, llegando incluso a declararse “en contra” de esta perspectiva a título personal. En 2023, Jordan Bardella explicaba aún que “la supresión de la pena de muerte ha desmoronado la escala de penas en nuestra sociedad”, al tiempo que aseguraba no estar a favor de su reinstauración.

Los cambios programáticos de la RN, que ahora prefiere insistir en su voluntad de instaurar “una cadena perpetua real” para los delitos más graves, no impiden, sin embargo, las iniciativas personales. Con motivo de la incorporación de Robert Badinter al Panteón, Marion Maréchal reivindicó no plegarse al “unanimismo” de los homenajes, al considerar que estos equivalían a “santificar una visión de la justicia que ha desarmado a la sociedad frente a los delincuentes”.

Hervé de Lépinau, actual alcalde RN de Carpentras (Vaucluse), también había expresado un punto de vista discordante en X. Al compartir la información de una noticia de sucesos que implicaba a “un inmigrante rumano”, había comentado: “Hasta ahora me había mostrado muy reservado respecto al restablecimiento de la pena de muerte. Pero en este caso…”

Los pocos defensores de que se reavive el debate sobre la pena de muerte en Francia pueden, en cualquier caso, contar con una caja de resonancia mediática. Con el pretexto de transmitir “las preocupaciones de los franceses”, la cuestión se ha convertido en los últimos días en un tema ineludible de las entrevistas políticas, marcadas por el caso Lyhanna y la ira de la población contra la justicia. “¿Llegaría usted a la pena de muerte para los pederastas?”, preguntó un periodista de TF1 al eurodiputado de Los Republicanos (LR) François-Xavier Bellamy, el 8 de junio.

“La pena de muerte, perdón por utilizar ese término esta noche, pero hay un cierto número de franceses que nos han hablado de ello, así que lo hablamos esta noche”, dijo también un periodista en BFMTV antes de entrevistar a Sarah Knafo. Esta eurodiputada de Reconquista se declaró contraria al retorno de la pena capital, a pesar de que el líder de su partido, Éric Zemmour, se muestra “filosóficamente a favor” y lamenta que haya sido abolida.

Dos días antes, en la misma cadena de televisión, Maxime Switek presentaba un programa dedicado al caso Lyhanna, en su formato “Le Forum”: una decena de personas fueron invitadas a debatir con el ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

En el plató, Maximilien, supervisor en la gran distribución, insistió en que si le pasaba algo a su hija, él mismo “se encargaría del problema”. “Si le pasa a mi hija, lo perseguiré, y os perseguiré a todos”, espetó el hombre. Y dirigiéndose directamente al ministro de Justicia, le dijo: “En las más altas esferas del Estado tienen miedo de celebrar un referéndum sobre la pena de muerte”.

Poco después, un agente de seguridad abogó por “la pena de muerte para los terroristas, para los pedófilos, para los violadores, para todos esos cabrones”. Gérald Darmanin se mostró en contra por “convicción personal”, aunque, en respuesta a Maximilien, reconoció: “Si yo fuera ciudadano y me pasara este tipo de cosas, sin duda tendría la misma reacción que usted”.

Traducción de Miguel López

La selección nacional de fútbol de Irán ha llegado por fin a su campo de entrenamiento en Tijuana, México, tras meses de incertidumbre sobre su participación en el Mundial. Sus tres partidos de la fase de grupos se disputarán en Estados Unidos.

Para muchos equipos que participan en el Mundial, incorporarse a un campo de entrenamiento es una etapa habitual del proceso de preparación. Pero para el de Irán, se trata de un camino largo y conflictivo, marcado no solo por el contexto de la guerra actual, sino también por las tensiones diplomáticas con el país anfitrión de la competición.

Una de las principales preocupaciones era la concesión de visados estadounidenses a los miembros de la selección iraní. Aunque el Departamento de Estado concedió autorizaciones de entrada al territorio a todos los jugadores, al seleccionador y a sus principales ayudantes, se rechazaron las solicitudes de visado de quince personas que figuraban en la lista enviada por la Federación Iraní de Fútbol, entre ellas Mehdi Taj, presidente de la federación y exoficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (los Pasdaran).

Mientras que Estados Unidos clasifica a esta entidad paramilitar como una “organización terrorista extranjera”, Marco Rubio, secretario de Estado americano, había declarado anteriormente que los jugadores iraníes serían bienvenidos al Mundial, pero que las personas vinculadas a los Guardianes podrían ser objeto de restricciones. Ya anteriormente, varios responsables iraníes no habían obtenido visado para asistir al sorteo del Mundial en Estados Unidos.

A finales de abril, Canadá, que también califica a los Guardianes de la Revolución como organización terrorista, ya había impedido la entrada de Mehdi Taj en su territorio, obligándole a abandonar el país pocas horas después de su llegada, de una forma considerada humillante.

Estas tensiones han puesto de relieve, más que nunca, la injerencia de las fuerzas de seguridad iraníes en el fútbol. Para Mehdi Rostampour, exluchador iraní y analista deportivo que vive hoy en Dinamarca, que los Guardianes hayan decidido “gestionar” el fútbol no es nada sorprendente, dada su intromisión en otros ámbitos de la vida social.

“Los Guardianes de la Revolución”, explica, “intervienen, por ejemplo, en cuestiones culturales creando instituciones de producción cinematográfica e influyendo en las organizaciones artísticas y los festivales. También intervienen en la economía a través del contrabando de mercancías. Y el deporte forma parte de este conjunto.”

Payam Younesipour, exsubdirector del periódico deportivo Iran Varzeshi publicado en Teherán, está refugiado en Austria debido a las presiones del régimen sobre los periodistas. Confirma los esfuerzos de los Guardianes por controlar la selección nacional de fútbol: “Desde hace años, buscan mantener su control sobre este equipo y hacer que los jugadores dependan de ellos.”

La influencia de los Guardianes no se limita a la mera presencia de unos pocos dirigentes militares en la federación o en los clubes. Desde los primeros años tras la revolución de 1979, el fútbol se ha convertido en un espacio de competencia política, de control social, de legitimación del poder y de expansión de redes económicas vinculadas a la autoridad.

Tanto la policía de la República Islámica, que incluye a la policía de costumbres, como el ejército y la organización ideológico-militar de los Pasdaran, han creado cada uno de ellos clubes con el fin de tener presencia en la práctica del deporte más popular del país. Progresivamente, el papel de estas instituciones de seguridad se ha desplazado de la periferia del fútbol hacia su centro de decisión, pasando de una estrategia de participación a una estrategia de control.

En la primera década tras la revolución, la prioridad del régimen era la “islamización” del deporte en general. Numerosos dirigentes de la época monárquica, considerados insuficientemente religiosos, fueron apartados por ello. Pero un acontecimiento, ocurrido unos meses después de la muerte de Ruhollah Jomeini, el fundador de la República Islámica, resultó decisivo.

En febrero de 1990, en el estadio Azadi de Teherán, al término de un partido del Persépolis, uno de los dos grandes clubes de la capital, espectadores y espectadoras salieron a la calle y corearon consignas contra el régimen, como “Muerte a la República Islámica”. En aquella época, el joven régimen iraní acababa de atravesar una guerra de ocho años contra Irak y disturbios internos. Bajo su nuevo líder, Ali Jamenei, buscaba consolidarse.

“Fue un acontecimiento extremadamente importante para la época, ya que en ese contexto tan represivo, una simple palabra de protesta podía acarrear graves consecuencias”, recuerda Mehdi Rostampour. A partir de ese momento, se intensificaron los controles en los estadios. Las personas que gritaban consignas contra el régimen, prosigue el exluchador, eran “aisladas y luego conducidas a una zona situada en los sótanos del estadio, en las instalaciones de seguridad, donde recibían una paliza”.

Las manifestaciones de febrero de 1990 sirvieron de alerta al régimen. A partir de entonces, decidieron no solo reforzar el control de los estadios, sino también intervenir directamente en la gestión de los clubes.

Tras esos acontecimientos, Ali Aghamohammadi, una figura influyente cercana a Ali Jamenei, fue nombrado presidente del consejo de administración del club Esteghlal, uno de los dos principales clubes de Teherán. Al mismo tiempo, Abbas Ansarifard, también miembro de los Guardianes, asumió la dirección del Persépolis. Los dos principales clubes del fútbol iraní quedaron así bajo el control directo del poder.

Este proceso se extendió rápidamente, de modo que otros clubes fueron confiados a comandantes militares y miembros destacados de la seguridad. “Pero lo que ha llevado al dominio total de los Guardianes sobre el fútbol iraní”, añade Mehdi Rostampour, “es la intervención de su servicio de inteligencia, que ha creado una ‘oficina de deportes’ y ha comenzado a citar, detener e interrogar a diversos actores del ámbito deportivo.”

Varios observadores del deporte iraní confirman que el servicio de inteligencia de los Guardianes vigila de cerca el comportamiento y las declaraciones de los futbolistas. Cuando decide apartar a un jugador o a un entrenador, pide al club en cuestión que rescinda su contrato. “En algunos clubes del país, incluso el nombramiento de un entrenador depende de la aprobación de la oficina local de inteligencia de los Guardianes”, señala Mehdi Rostampour.

Sardar Azmoun, uno de los mejores jugadores iraníes, fue excluido, por ejemplo, de la selección tras la publicación de dos historias críticas en la red social Instagram. Del mismo modo, Soroush Rafiei, que había declarado haber intentado proteger a una joven durante las manifestaciones de 2022 contra la violencia de las fuerzas de seguridad, nunca más fue convocado para la selección nacional. Luego sería apartado del Persépolis.

En general, el temor a las represalias por parte de las fuerzas de seguridad lleva a los deportistas a evitar cualquier tipo de declaración política. Junto a esta lógica de represión, el régimen iraní concede ventajas especiales a los jugadores considerados cercanos al poder.

“El régimen mantiene a los jugadores en una situación de dependencia concediéndoles diversos privilegios y limitando la composición del equipo a una generación específica”, explica el experiodista Payam Younesipour. Un jugador como Rouzbeh Cheshmi, uno de los más débiles y de más edad de la selección, sigue siendo convocado a pesar de sus lesiones. Esto se explica por el hecho de que sustituirlo por un jugador joven dificultaría el control a los responsables.”

Mehdi Rostampour lo confirma: “Han descartado a jugadores de calidad en diferentes posiciones de la selección nacional. El propio seleccionador fue elegido por sus vínculos específicos con los Guardianes”. Esta asfixiante injerencia de los Guardianes de la Revolución en el fútbol, en particular en la selección nacional, ha contribuido a que este deporte sea impopular en Irán. Los estadios suelen estar vacíos y la selección nacional ya no cuenta con el apoyo del público.

Desde las manifestaciones de 2022, los jugadores de la selección nacional, presionados, han optado por guardar silencio ante los problemas políticos y económicos, acelerando así su pérdida de legitimidad ante el público.

Durante la Copa del Mundo de 1998 en Francia, los iraníes salieron a las calles durante horas para celebrar la clasificación de su selección. En la competición de 2022, algunas personas salieron a la calle para celebrar las derrotas de la selección. En el norte del país, un ciudadano, Mehran Samak, fue asesinado delante su mujer de un disparo en la cabeza por las fuerzas de seguridad mientras celebraba una derrota.

“Lo más llamativo de la selección actual es la enorme distancia que se ha creado entre ella y la población iraní”, insiste Payam Younesipour. De hecho, gran parte de la sociedad considera a la selección nacional como “el equipo del régimen”, por lo que se ha distanciado de ella.

Traducción de Miguel López

¡Ya está bien de atacar a Frontières! Hacen su trabajo”. Este 3 de junio de 2026, ya ha sido demasiado para Pascal Praud. El presentador está furioso porque una de sus colaboradoras menosprecia el trabajo de este medio conocido por sus vídeos sensacionalistas, su revista trimestral identitaria y sus titulares de tintes racistas. Desde la destitución de Jean-Marc Morandini, el medio se ha convertido en socio oficial de CNews, en el marco de un programa que se emite todos los días entre las 11 y las 13 horas.

La crítica de Pascal Praud va dirigida a Sarah Saldmann, abogada y colaboradora histórica del programa L’heure des pros (La hora de los profesionales), quien, sola frente a todo el plató, rechaza la relación que establece Frontières entre la inmigración y los incidentes ocurridos con ocasión de la final de la Liga de Campeones. Y cuestiona el trabajo de este medio citado como referencia por la cadena.

“Que no repita la propaganda de Frontières no significa que no pueda tener un punto de vista propio”, argumenta la comentarista. “Propaganda de extrema derecha”, insiste al referirse a Frontières, antes de que Pascal Praud la llame severamente al orden. “No queda bien para la cadena en la que trabajas. Lo que dices es muy grave, ya que nos acusas de hacer propaganda de extrema derecha”. Y la figura más destacada de los medios de Bolloré sale en defensa “del trabajo periodístico” y “de campo” de sus colegas.

Desde hace ya varios días, la emisión diaria de 100% Frontières genera tensiones internas. La causa es el tono de este programa presentado por Gauthier Le Bret junto a Erik Tegnér, director de la revista, que afianza aún más a CNews en el bando de la extrema derecha más radical. Un incidente ocurrido con otro colaborador histórico, el jurista Amine Elbahi, se sumó a las tensiones.

En la edición del pasado 20 de mayo, el plató aplaudió los discursos de Éric Zemmour sobre la inmigración, elogió la “remigración” y criticó duramente el principio de la doble nacionalidad. A continuación, Gauthier Le Bret preguntó a sus dos invitados de origen magrebí —la abogada Najwa El Haïté, de origen marroquí, y Amine Elbahi, de origen argelino— si se sentían “100% franceses”. El presentador utilizó la expresión en 24 ocasiones.

Ocho días después, mismo plató, mismo canal, mismo debate rancio. Esta vez, los tertulianos disertan sobre la presencia excesivamente numerosa de musulmanes en Francia. “Tenemos derecho a pensar que el islam es una religión de conquista”, dice Erik Tegnér, antes de poner en duda la sinceridad de Amine Elbahi en su lucha contra el islamismo. El jurista se planta y denuncia el hecho de que se pueda, ”incluso en este plató”, sospechar de los musulmanes “para saber si son realmente 100% franceses”.

“Amine, ¿crees que existe la islamofobia? ¿Estamos cruzando una nueva línea, estás diciendo que estamos en un país que estigmatiza a los musulmanes?», se burla Erik Tegnér. Antes de que Gauthier Le Bret intervenga para reprender a su vez al comentarista. “Ya basta de pequeños ataques insidiosos, nadie ha cuestionado nunca que seas 100% francés, se enfada el presentador. Basta ya. Deja de hacerte la víctima, me estás sacando de quicio”

La sonrisa que Amine Elbahi muestra ante la cámara luego desaparece entre bastidores. Según nuestra información, que confirma la del bloguero Clément Garin, Amine Elbahi pidió al director de CNews, Serge Nedjar, no volver a poner un pie en 100% Frontières y que le buscara otro puesto en la cadena. Una petición aceptada por la dirección. “El programa tiene una línea tan radical que han conseguido generar repudio a Amine Elbahi y hacerle pasar por un peligroso islamista”, testifica un habitual de los platós de CNews.

La salida de Amine Elbahi del programa resulta aún más irónica si se tiene en cuenta que, en el momento del lanzamiento de la emisión, era uno de los pocos comentaristas ajenos al círculo de allegados a Frontières que había aceptado participar en él. Amine El Khatmi, Mathias Leboeuf, Arno Klarsfeld o incluso Sarah Saldmann, colaboradores habituales del canal, se niegan a participar en el programa, ni siquiera para aportar una apariencia de contradicción. “Aparte de unos pocos diputados de RN como Julien Odoul, recurren a lo más bajo de la lista, como Gilbert Collard, a falta de algo mejor”, añade un rostro habitual del canal.

A algunos comentaristas incluso se les ha ofrecido una remuneración superior a la habitual. Pero con una condición un tanto peculiar: no interrumpir los intercambios entre los demás tertulianos y presentadores, y tomar la palabra solo cuando se les dé.

Harto de ser “el árabe por la diversidad» del programa, según su entorno, Amine Elbahi, que no ha respondido a nuestras preguntas, acabó tirando la toalla y se fue del programa. Antes de marcharse, este profesor de Derecho presentó una denuncia incendiaria en la Arcom (Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital), según varias fuentes de esta institución.

En la carta, a la que hemos tenido acceso, Amine Elbahi denuncia ante la dirección “del pluralismo” el puesto que ocupa el director de Frontières, Erik Tegnér, cuyas “posiciones claramente identificables” con ”la extrema derecha” suponen “un grave riesgo de desequilibrio en la expresión de las corrientes de pensamiento y de opinión”.

Y cita tres de sus denuncias anteriores ante la Arcom sobre secuencias con Erik Tegnér, acusándolo de incumplir los “principios de respeto a la dignidad de la persona humana, de lucha contra la discriminación y de control de la emisión”. “En mi opinión, [estas secuencias] no constituyen hechos aislados, sino que se inscriben en un entorno editorial caracterizado por una fuerte homogeneidad de los participantes y de las opiniones que representan”, escribe el columnista de CNews, quien denuncia el espacio “casi exclusivo” concedido a “la inmigración”, al “islam”, a “la inseguridad o a los franceses de origen inmigrante”.

En otra denuncia, Amine Elbahi también solicita a la Arcom que contabilice el tiempo de intervención de Erik Tegnér “en su calidad de personalidad política”, a la luz de un artículo de Splann!. El medio de investigación bretón afirma en él que el director de Frontières es miembro del micropartido de Marion Maréchal, Identidad-Libertades. Al ser preguntado, este, que niega categóricamente ser miembro, no ha querido responder a nuestras preguntas.

Al igual que Amine Elbahi, numerosos periodistas de CNews están indignados por la tribuna diaria que su cadena ofrece a la revista de extrema derecha. “La Arcom nos va a pillar con este programa. Frontières no cuenta con la autorización de la Arcom,” se queja una voz de la antena. “La idea de este programa es atacar a los árabes o a los inmigrantes, hagan lo que hagan.”

La revista, por otra parte, no oculta sus vínculos con toda la flor y nata de la extrema derecha. Sus páginas de publicidad están repletas de encartes pagados por partidos políticos: una carta parlamentaria de Nicolas Bay (Identidad-Libertades) o un cartel de Sarah Knafo (Reconquista) promocionando su grupo en el Parlamento Europeo. El medio, que a menudo parece una agencia de comunicación de la extrema derecha, fue incluso contratado a cambio de una remuneración por el grupo político de Marion Maréchal en el Parlamento Europeo para cubrir sus jornadas de estudio en París, en febrero de 2025.

La forma en que se elabora el programa también suscita dudas a nivel interno. CNews, que en principio cuenta con un equipo de periodistas capaces de salir sobre el terreno y proporcionar imágenes al canal, recurre a los periodistas de la revista para grabar los reportajes y las entrevistas en la calle que alimentarán los debates del programa. “CNews paga a Frontières para que haga nuestro trabajo”, dice indignado un reportero. “También es una forma de financiarlos”.

El control editorial del programa también parece recaer en Frontières, que dicta la escaleta. Además del copresentador Erik Tegnér, el medio cuenta con una nutrida representación en el programa, con uno o dos de sus periodistas en el plató. Como única red de seguridad, el programa es supervisado en la sala de control por un redactor jefe de la cadena que se comunica con Gauthier Le Bret por el pinganillo y se encarga principalmente de moderar los comentarios más escandalosos.

“Todo esto crea tensiones con la redacción de CNews. Si este programa es 100% Frontières, ¿qué le queda a CNews?”, se pregunta una periodista. “Serge Nedjar es consciente de que este programa debilita al canal ante la Arcom y de que no consigue aportar un poco de moderación, pero no ha tenido más remedio que emitirlo, ya que fue Vincent Bolloré quien se lo impuso”, confirman varias fuentes del entorno del multimillonario bretón.

Según nuestra información, varios expedientes están siendo investigados por los servicios de la Arcom. Al ser consultada, la autoridad reguladora no ha querido hacer comentarios.

La colaboración editorial entre una cadena que se beneficia de fondos públicos y Frontières resulta aún más indignante a la luz del historial del medio de extrema derecha. Erik Tegnér fue condenado en octubre de 2025 por injurias públicas de carácter racista tras difundir las declaraciones de la exmiembro de Femen Marguerite Stern. En enero de 2026 fue condenado por el tribunal correccional de Lyon por difamar al fundador del colectivo street medics, al presentarlo erróneamente como miembro de los black blocs. En ambos casos, ha presentado recurso de apelación.

El medio, que pretende realizar una labor periodística, es criticado habitualmente por sus métodos y se ve desbordado por las denuncias, especialmente por sus escritos considerados racistas. Recientemente, el miembro de La Francia Insumisa (LFI) Bally Bagayoko anunció que lo llevaría a los tribunales tras aparecer en la portada de la revista al día siguiente de su victoria en las elecciones municipales de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). “La victoria de los traficantes”, titulaba el medio.

En noviembre de 2025, Erik Tegnér llegó incluso a amenazar públicamente a la diputada de LFI Ersilia Soudais. “Si quiere que empecemos a hablar de sus prácticas sexuales con su expareja, puede ser divertido, somos muchos los que tenemos las actas de las declaraciones y no es nada agradable”, escribió. El director de Frontières se basaba entonces en filtraciones policiales tras una denuncia por acoso moral y violación presentada por la diputada contra su expareja. A raíz de ello, la presidenta del grupo LFI, Mathilde Panot, denunció los hechos ante la fiscalía de París, que, por lo que sabemos, archivó el caso.

Pero quince días después, la revista volvió a causar revuelo al difundir un vídeo del senador comunista Pierre Ouzoulias. En él se ve al diputado, que padece una enfermedad genética, sufriendo vómitos en la tribuna del Senado. Para preservar su dignidad, ningún medio difundió entonces las imágenes en su totalidad, a excepción de este periódico. “EXCLUSIVA DE FRONTIÈRES – El senador comunista de Nanterre, Pierre Ouzoulias, VOMITA en directo”, publicó el medio en  la red X, demandado desde entonces por difamación y señalado por “atentado contra la dignidad”. “Se atiborran tanto de vuestro dinero que lo vomitan”, comentaba en X Garen Shnorhokian, editorialista de Frontières y también objeto, en otro asunto, de una denuncia por incitación al odio.

En febrero de 2025, Jordan Florentin, hoy ascendido a director de publicación de Frontières e invitado habitual de CNews, también fue objeto de acusaciones tras haber instrumentalizado la muerte de la pequeña Louise, de 11 años. Se había burlado de la hermana de la fallecida, reprochándole ser una “militante de extrema izquierda”, y había afirmado erróneamente que la víctima había sido asesinada por “un hombre de tipo norteafricano”.

También en febrero de 2025, la revista trimestral provocó la indignación del mundo judicial por haberse metido con unos abogados, a los que calificó de ”los culpables de la invasión migratoria”. Tras la publicación, numerosos letrados presentaron una denuncia, acusando a la revista de ser responsable de las amenazas de muerte recibidas a raíz de ello. Se celebró un juicio ante el tribunal de Bobigny y se espera una sentencia el 18 de junio.

En abril de 2025, la revista cargó esta vez con los colaboradores parlamentarios de los diputados de LFI, representantes, según ella, de un “partido del extranjero” —una expresión tomada de la extrema derecha antidreyfusista. En respuesta, 350 asistentes parlamentarios se reunieron en el recinto de la Asamblea antes de que tres redactores de Frontières provocaran un incidente al grabarlos descaradamente.

No pasa un mes sin que Frontières traspase los límites de la indecencia y pisotee toda deontología, pero los empleados de este medio siguen acreditados en la Asamblea. Como única reacción, la presidenta Yaël Braun-Pivet se limitó a enviar una carta dirigida al medio, el pasado mes de diciembre, para denunciar el chantaje ejercido contra Ersilia Soudais.

“Les recuerdo que periodistas de su redacción ya se vieron implicados, el pasado 9 de abril, en incidentes ocurridos en la zona abierta a la prensa de la Asamblea Nacional”, señaló. “Sin embargo, los periodistas de su redacción siguen comportándose de manera inapropiada”. Y la presidenta concluyó: “Pueden considerar esta carta como una última advertencia”.

Al ser consultado, el presentador de CNews Gauthier Le Bret no respondió.

Traducción de Miguel López

Disculpas, comunicados públicos, anuncios en cadena, entrevistas televisivas… Gérald Darmanin, ministro de Justicia francés, ha puesto en marcha su maquinaria de comunicación para hacer frente a la indignación suscitada por el asesinato de la joven Lyhanna. El último episodio hasta la fecha es la celebración de una rueda de prensa al término de su reunión con todos los fiscales generales de Francia, convocados a primera hora del lunes 8 de junio.

El ministro reiteró en esta ocasión la interpretación que hace el Gobierno de este caso. “No fueron los medios lo que impidió a la Cancillería y a los servicios públicos tomar las decisiones en este caso concreto. […] Lo que está en cuestión es la lentitud y la falta de priorización de las violaciones de menores”, insistió Gérald Darmanin. En quince días se hará público un informe para, según promete, “señalar los errores que condujeron a esta tragedia”.

Llamando a la “movilización general”, el ministro ha decretado una nueva “urgencia absoluta” en las fiscalías generales: revisar “la totalidad de las denuncias que afectan a menores”, es decir, 70.000 expedientes que analizar de aquí al 14 de julio. Entre estos procedimientos, algunos se refieren a hechos antiguos, precisa, por lo que el esfuerzo deberá centrarse ante todo en los casos “en los que los menores que presentaron la denuncia siguen siendo menores”. “Hay que ocuparse de los niños de forma prioritaria”, insiste.

A este sondeo exprés hay que añadir, de aquí al 31 de julio, una reunión individual con cada fiscal general, indicó Gérald Darmanin, prometiendo un gran trabajo de introspección judicial: “¿Existen en otros casos dificultades estructurales de la justicia, del Estado, una falta de expertos, de investigadores especializados o de auxiliares de justicia? Lo comprobaremos.”

Pero el ministro de Justicia haría bien en abrir los armarios de su propio ministerio para consultar un informe de inspección que detallaba, ya en julio de 2022, las condiciones en las que se llevan a cabo las investigaciones por abusos sexuales a menores. Encargado por la Comisión Independiente sobre el Incesto y la Violencia Sexual contra los Niños (Ciivise), este informe nunca se ha hecho público. Mediapart ha conseguido una copia tras haber recibido varias negativas del Ministerio de Justicia a facilitarla.

Esta misión, centrada en “la evaluación de los procedimientos de denuncia, investigación, archivo y enjuiciamiento en materia de abusos sexuales a menores”, ha analizado minuciosamente 400 procedimientos judiciales por delitos de pederastia, seleccionados de entre ocho tribunales de distintos tamaños. El resultado es un balance abrumador, apenas atenuado por el lenguaje mesurado de los altos funcionarios del Estado.

Aunque la misión no niega la “dificultad de establecer la realidad de los hechos y de imputarlos a un responsable en el sentido del derecho penal”, observa que, en determinadas situaciones, “los motivos de archivo aducidos se debían más a investigaciones incompletas que a la incapacidad de establecer los delitos o de detener a sus autores”. Expedientes llevados a cabo con tal deficiencia que la inspección se permite un toque de ironía: “Se podría añadir que el motivo de archivo ‘búsquedas infructuosas’ supone que se hayan iniciado búsquedas previamente.”

Las fiscalías consultadas en el marco de este informe señalan un “descenso” de la “calidad de los procedimientos”, que se explica por un “recurso parcial y a veces insuficiente a las técnicas de investigación destinadas a recabar pruebas materiales”. La misión intentó, por otra parte, objetivar esta impresión de los magistrados y, también en este caso, el resultado es implacable: “En solo el 30 % de los expedientes [estudiados], se había llevado a cabo al menos un acto de investigación (solicitud de datos de telefonía, videovigilancia o herramientas informáticas, en particular)”.

Así, un jefe de servicio informó de que se veía obligado a renunciar a actos de investigación cruciales debido, en particular, “a los costosos peritajes, a la larga demora en la entrega del informe y a la insuficiencia de personal cualificado”.

Mediapart había documentado, por ejemplo, un caso de violación de un menor en el que la justicia se había contentado con un “análisis somero del material informático” del sospechoso, según las propias palabras del agente de la policía judicial encargado del caso. El cabo se había tomado incluso la molestia de precisar, en el atestado, que “sus competencias limitadas no [le] permitían profundizar en el contenido del conjunto de los elementos informáticos incautados”, pero que se veía obligado a proceder así “ante la no disponibilidad” del servicio técnico especializado.

La misión destaca, además, las prácticas, cuando menos “dispares”, de las fiscalías y los servicios de investigación. “Parece que las diferencias significativas observadas entre jurisdicciones del mismo tamaño y que disponen de medios análogos plantean interrogantes”, señalan los inspectores.

La misión revela que, en materia de violencia sexual contra menores, la tasa de casos archivados sin más puede variar así entre “el 50 % y el 84 %” entre dos tribunales que, sin embargo, son idénticos en todos los aspectos. Una observación que da crédito a la sensación compartida por muchos abogados: la de estar jugando a la lotería cada vez que se presenta una denuncia.

Los “retrasos en la tramitación”, según describe el texto, están “directamente relacionados con los medios disponibles (en cuanto a investigadores, personal de guardia especializado en la fiscalía, peritos y jueces de lo penal o de lo criminal)”, dicen los inspectores.

Una escasez que no deja de tener consecuencias para los justiciables: “La multiplicación de los tiempos muertos durante la investigación, mientras la fiscalía o un juez de instrucción tratan el caso, y la espera de una fecha disponible para el juicio ante un tribunal correccional o una sala de lo penal conducen sin duda a ‘victimizar’ por segunda vez al denunciante, quien no puede sino constatar que, a pesar de la violencia sufrida, el juicio a su agresor, sobre todo si no se encuentra en prisión preventiva, rara vez es prioritario.”

Estas lentitudes judiciales se explicarían en parte por las normas de competencia de los tribunales, que llevan a confiar la investigación al tribunal del que depende el domicilio del autor de los hechos. Cuando la víctima no reside en el mismo departamento, esta organización critica que los procedimientos tengan que pasar de una fiscalía a otra, lo que en consecuencia alarga los plazos de la investigación. La misión había recomendado así estudiar “la posibilidad de tomar como criterio de competencia el domicilio de la víctima menor de edad”. La Ciivise había hecho suya esta recomendación en su informe definitivo de 2023.

Esta cuestión de la competencia territorial de las fiscalías es precisamente el núcleo del caso Jérôme Barella, llamado así por el imputado en el asesinato de Lyhanna. Se tardó cinco meses en remitir la denuncia presentada en agosto de 2025 cerca de Toulouse a la gendarmería de Lectoure, en el departamento de Gers.

Un agente de policía especializado en la protección de menores, entrevistado por la misión, dice tener “la impresión general de estar constantemente desbordado, […] por miedo a verse personalmente implicado”. Un sentimiento que, según este investigador, “empuja a un número considerable de funcionarios a decidirse a cambiar de destino”. Lo que conduce constantemente a la llegada de investigadores con menos experiencia.

Aunque la gendarmería parece estar más al margen de este problema, los servicios de policía informan de que los esfuerzos de formación del personal se ven de hecho lastrados por esta fuga perpetua de los funcionarios con más experiencia.

La misión pone de manifiesto incluso la gestión anárquica de los procedimientos judiciales con la constitución de “expedientes ‘invisibles’ en la fase previa de la cadena penal, en los servicios de investigación, en particular en los de la policía nacional”. Esos expedientes nunca se remitieron a la secretaría del tribunal competente y, por lo tanto, pasaron desapercibidos para la justicia.

La Ciivise también había añadido este punto a sus recomendaciones: “Evaluar los expedientes de procedimientos en curso pendientes de tramitación.”

A este respecto, durante la rueda de prensa de este lunes, Gérald Darmanin señaló que tanto él como su colega del Interior tendrán “que trabajar en estas numerosas denuncias que deben tramitarse lo antes posible”, jurando que se apresuraría a hacer lo que los gobiernos macronistas no han hecho más que posponer sine die.

Traducción de Miguel López

El Ministerio de Defensa de Estados Unidos ha elevado al máximo nivel su alerta de contraespionaje en relación con Israel, según informaron el sábado 6 de junio varios medios de comunicación estadounidenses. Según NBC News, que cita a funcionarios estadounidenses, la capacidad israelí para llevar a cabo operaciones de espionaje humano y técnico habría alcanzado “un nivel crítico”.

Al parecer, Israel habría intentado espiar a varias figuras de alto nivel para obtener más información sobre “las deliberaciones internas y la toma de decisiones de la Administración Trump en relación con los conflictos en Oriente Medio”. Según el New York Times, los intentos de escuchas habrían tenido como objetivo, en particular, a Steve Witkoff, principal negociador de Donald Trump, y a Elbridge Colby, subsecretario de Política de Defensa.

El espionaje entre aliados no es nada nuevo, como bien nos recuerda el caso Pollard, el analista de inteligencia naval estadounidense detenido en 1985 por espiar para Israel. Lo que llama la atención aquí es la elección, manifiestamente deliberada, de hacer pública esta evaluación clasificada contra un Estado amigo y el momento en que se ha hecho: solo unos días después de las declaraciones recogidas por Axios sobre la tensa conversación entre el presidente estadounidense y Benjamín Netanyahu.

El 1 de junio, Axios reveló una conversación bastante acalorada entre los dos líderes. Al parecer, Donald Trump llamó al primer ministro israelí “puto loco”, exigiéndole que Israel aceptara un alto el fuego con Hezbolá, añadiendo: “Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por eso”.

Según Reuters, responsables israelíes, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron que esa conversación había sido “una de las más tensas” que los dos líderes habían mantenido jamás, al tiempo que subrayaban que esta filtración perjudicaba a Netanyahu, dado como perdedor en las encuestas a medida que se acercan las elecciones legislativas en Israel.

El propio Trump confirmó esa tensión, aunque suavizando los términos, el miércoles 3 de junio en el New York Post. Se mostró “algo preocupado” de que Netanyahu “se pelee sin cesar con el Líbano”, para luego matizar: “Hemos trabajado muy bien juntos.” Lo mismo insisten sus allegados. Según un responsable estadounidense citado por Reuters, la relación entre ambos sigue siendo excelente, y ambos “amigos” no tienen reparos en mantener “conversaciones bastante francas”.

Por su parte, el primer ministro israelí restó importancia a la disputa al afirmar que comparte con Trump, “el mayor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”, el mismo objetivo de desarmar a Hezbolá para lograr la paz entre Israel y el Líbano: “Podemos estar en desacuerdo por la mañana y, por la tarde, llevar a cabo una acción conjunta”.

¿Juegan a engañarse o hay una tensión real? En cualquier caso, ambos están lejos de la sintonía mostrada en enero de 2025, tras la toma de posesión de Donald Trump para un segundo mandato. Benjamín Netanyahu, el primer dirigente extranjero recibido en la Casa Blanca, ya le había otorgado entonces el título de “el mejor amigo que Israel haya tenido jamás”, agradeciéndole que hubiera levantado el embargo sobre las bombas pesadas heredado de Joe Biden y anulado las sanciones económicas —ciertamente insignificantes, pero muy simbólicas— impuestas contra varios colonos israelíes acusados de actos violentos contra palestinos en la Cisjordania ocupada.

Llama la atención una frase de Donald Trump recogida por Axios, sobre todo viniendo de él, que suele utilizar la ira como herramienta de presión. “Sin mí, estarías en la cárcel.” Si es auténtica, marca un punto de inflexión: el presidente estadounidense se presenta explícitamente como el escudo judicial de Benjamín Netanyahu, contra quien pesa una orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, emitida en noviembre de 2024. Al volver al poder, ha neutralizado en gran medida esa presión. El mensaje es una amenaza de fondo: “Yo te protejo; si te dejo solo caes.”

Los intereses de ambos líderes ya no coinciden del todo. Bajo la presión de su base Maga (Make America Great Again), que le reprocha hacer exactamente lo que prometió que no haría, pero también de una opinión pública hostil a la guerra —un fiasco— y cada vez más preocupada por sus consecuencias económicas, Donald Trump quiere un acuerdo con Irán.

Teherán exige que Israel deje de atacar el Líbano, una condición fundamental en las negociaciones, al igual que el tema nuclear o el cierre del estrecho de Ormuz. En respuesta a las operaciones militares israelíes, Irán suspendió a principios de junio todos los contactos indirectos con Washington, lo que descarriló la iniciativa diplomática estadounidense.

Atrapado entre las exigencias de sus aliados de extrema derecha —que rechazan cualquier alto el fuego y le empujan a ir lo más lejos posible contra Irán y el Líbano— y un Trump cada vez más ansioso por zanjar un conflicto que se ha convertido en una losa electoral a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, Netanyahu, cuya única perspectiva para mantenerse en el poder es seguir en guerra, no tiene ningún interés en facilitar un acuerdo entre Washington y Teherán. A pocos meses de unas elecciones legislativas que podrían adelantarse a finales de agosto, cualquier concesión a Donald Trump podría costarle votos.

Tanto para Netanyahu como para Trump, la cuestión ya no es si aún pueden ponerse de acuerdo o no, sino hasta dónde puede permitirse cada uno ceder ante el otro.

Traducción de Miguel López

“No estamos bien”. Son las 9.30 de la mañana en la sede de Médicos Sin Fronteras (MSF), en París. Como cada día, el equipo de emergencias se reúne para hacer balance del avance de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda. En el centro de la mesa, Claire Nicolet, responsable de operaciones de emergencia, comenta con sobriedad las cifras del día.

En la provincia congoleña de Ituri, epicentro de la epidemia, se han confirmado 344 casos de personas afectadas, de las cuales 48 han fallecido; 19 casos en la provincia vecina de Kivu del Norte, de los cuales 13 han fallecido; y 15 casos al otro lado de la frontera, en Uganda, con un fallecido.

Es miércoles 3 de junio, han pasado 20 días desde que las autoridades congoleñas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararan oficialmente la epidemia, y todo indica que la enfermedad sigue propagándose a lo largo de varios cientos de kilómetros.

Sin embargo, hay una buena noticia: la carga humanitaria del avión que partió de Burdeos una semana antes, que incluía, entre otras cosas, trajes de protección integral para el personal sanitario, ha llegado por fin a Goma, la capital de Kivu del Norte.

El viaje es largo porque la provincia, sumida en un conflicto y bajo el control del grupo armado M23, ya no es accesible por vía aérea desde principios de 2025. Hay que aterrizar en Kigali, Ruanda, y luego transportar el equipo por una ruta larga y difícil. Se prevén nuevos envíos en los próximos días; dentro de un mes habrá llegado la mayor parte del equipo.

Desde el terreno, los miembros de la ONG informan a distancia de los reconocimientos en curso. Mientras MSF Francia acaba de poner en marcha un centro de tratamiento del ébola en Goma y MSF Suiza ha hecho lo mismo en Bunia, en Ituri, la cuestión es dónde instalarse a continuación.

En la mesa, ese miércoles por la mañana, se plantea la reapertura de un pequeño centro de salud a unos 60 kilómetros al norte de Goma, en la aldea de Rubare, cerca de donde se han declarado casos sospechosos. “Pero quizá no sea lo más adecuado, porque el edificio está en pleno centro del pueblo”, añade inmediatamente la responsable de emergencias de MSF. Se acuerda que un miembro del equipo de Goma se desplace al lugar al día siguiente, para ver “si es factible o no”.

Aunque la reunión transcurre en un ambiente tranquilo, MSF libra una auténtica carrera contrarreloj. La organización se prepara para una misión larga en una zona clave para la ONG, donde lleva implantada más de 30 años. Se han destinado 4,1 millones de euros solo para la delegación francesa de MSF y se han creado 210 puestos en total. Pero el despliegue no se hace en un abrir y cerrar de ojos. Las contrataciones están en marcha y han tenido que pasar unos diez días para que se expidieran los primeros visados. Por ahora, apenas una treintena de personas de MSF Francia han sido enviadas sobre el terreno.

“Vamos a la zaga de la epidemia, llevamos mucho retraso”, explica Nicolet a Mediapart. Cuando se confirmaron oficialmente los primeros casos de personas afectadas por el ébola, el 15 de mayo, la enfermedad llevaba circulando en realidad al menos desde mediados de abril. “Y se trata de una región en la que la gente se desplaza mucho”. Es cierto que la OMS revisó a la baja el número de casos a principios de semana y que, por el momento, la tasa de mortalidad resulta inferior a la de anteriores epidemias de ébola.

Pero nunca, en los 16 brotes que se han declarado desde 1976, la expansión geográfica había sido tan importante apenas unas semanas después de la aparición de la enfermedad. Sin embargo, el contagio requiere un contacto estrecho entre dos personas y se transmite a través de la sangre o los fluidos corporales. Esto significa que el virus ya ha viajado mucho. En MSF se estima que esta dinámica no se detendrá en los próximos tres meses.

Livia Tampellini, médica especialista en enfermedades infecciosas, es la coordinadora médica de la misión francesa. Se desplazará allí tan pronto como encuentre a la persona que la sustituya en París. Será su “tercera epidemia de ébola” en África, tras las de 2014 y 2018-2019. Está preocupada. “No hay ningún indicador positivo, y nuestra capacidad de respuesta se ve limitada por la división del país”, explica a Mediapart.

¿Esperaba que surgiera una nueva epidemia? “Sí, pero no de esta magnitud. En 2014 se vieron afectados tres países de África Occidental: Guinea, Sierra Leona y Liberia. Pero la enfermedad se extendía por una zona más pequeña que la que observamos hoy. Y en 2018-2019 en la RDC, incluso en el peor momento, tampoco fue tan extensa como ahora. Hoy tenemos casos a más de un día en coche de distancia. Descubrimos el problema cuando ya es enorme”.

Y es que la región es especialmente compleja. “Hay inseguridad en la zona disputada de Kivu del Norte”, continúa Claire Nicolet. “También hay un problema de concienciación: la aceptación de la enfermedad es baja, la gente no quiere permanecer confinada mientras espera los resultados de las pruebas, que tardan varios días en llegar; solo hay tres laboratorios operativos por el momento en la RDC, cuando harían falta por todas partes para poder descartar rápidamente los casos no confirmados. Y ya hemos tenido dos incidentes: en Ituri, una tienda de MSF y un centro de tratamiento fueron incendiados”.

Desde principios de la década de 2000, la zona estaba estrechamente vigilada por Estados Unidos por la aparición de enfermedades emergentes. Así, durante las anteriores epidemias de ébola, el CDC (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el equivalente estadounidense del Instituto de Vigilancia Sanitaria francés) había reaccionado con gran rapidez sobre el terreno, instalando laboratorios junto a los centros de tratamiento para acelerar las pruebas. Esta vez no ha sido así.

Otras ONG están presentes sobre el terreno, como Alima, IMC o Medair. Y Estados Unidos, para quien la lucha contra el ébola sigue siendo un elemento de su estrategia de seguridad, ya ha puesto 220 millones de dólares sobre la mesa. Una financiación destinada, entre otros, a ONG y al Africa CDC, el centro de vigilancia sanitaria del continente.

Pero todos los actores se han visto sorprendidos: la epidemia, relacionada con el virus Bundibugyo (por el nombre de una ciudad de Uganda donde se descubrió en 2007), es el tipo de ébola menos estudiado hasta la fecha. No hay ninguna vacuna ni tratamiento autorizado. Podría estar disponible para su estudio una primera vacuna, de dos dosis, a mediados del verano, mientras se espera una segunda para finales de año. En cuanto a los tratamientos, hay tres productos candidatos actualmente y la OMS ha puesto en marcha un estudio en colaboración con la Universidad de Oxford para comparar diferentes combinaciones. A estas alturas no se sabe cuánto tiempo hará falta para una producción a gran escala. Sin vacuna y sin tratamiento, estamos ante un importante reto de seguridad.

Para Justine de Rouck, el contexto no tiene nada que ver en comparación con lo que vivió hace una docena de años. Esta enfermera de urgencias, que se dispone a partir hacia Kivu del Norte, se había hecho cargo entonces de un centro de tratamiento del ébola en Guinea y Sierra Leona. “Las estructuras estaban en marcha y solo nos preocupaba el virus. Ahora me encuentro en la fase inicial de la epidemia y es totalmente diferente. Se están realizando reconocimientos para ver dónde nos vamos a ubicar. Solo vemos la punta del iceberg de la epidemia, aún no somos del todo conscientes de lo que está pasando. Creo que no me asignarán a un solo lugar”.

La enfermera, que habitualmente trabaja en Sidney (Australia), se prepara para una etapa “muy intensa”. Durante tres semanas, no podrá tocar a nadie. Cada vez que entre en la “zona roja” de los centros de tratamiento (donde se encuentran los casos sospechosos y los confirmados) o que recoja en domicilio a un paciente diagnosticado o un cadáver, tendrá que ponerse el traje integral. A su regreso, le esperan tres semanas de observación médica en París, antes de que pueda reunirse con su familia en Australia. Pero, por ahora, tras un día de “reuniones informativas” con diferentes responsables, la prioridad es la cita con el psicólogo previa a la misión. El vuelo de Justine de Rouck está previsto para el día siguiente.

Traducción de Miguel López

Ni siquiera la selección masculina de fútbol, objeto de un gran fervor popular en Colombia —se habla incluso de “fiebre amarilla”, por el color de la camiseta—, escapa a las polémicas de una agresiva campaña de segunda vuelta.

El lunes 1 de junio, al término del último partido amistoso en Bogotá antes del Mundial (ganó por 3-1 a Costa Rica), el autobús del equipo fue rodeado por un grupo de seguidores del candidato de izquierda, Iván Cepeda. Se colocó en el parabrisas un cartel con su retrato y el de su compañera de fórmula, la líder indígena Aida Quilcué, y pegatinas en los laterales. Todo ello en un ambiente festivo.

Unas horas antes, durante su primera rueda de prensa tras los resultados de la primera vuelta del domingo, donde quedó en segunda posición, Iván Cepeda había denunciado que su rival de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, se había apropiado de la camiseta amarilla de la selección nacional.

En sus mítines, el candidato de extrema derecha ha lucido sistemáticamente la camiseta, inspirándose en Jair Bolsonaro, presidente de Brasil de 2019 a 2023, quien había convertido la camiseta de la Seleção en emblema de su partido. El día de las elecciones, el domingo 31 de mayo, el abogado había pedido a quienes fueran a votar por él que acudieran a los colegios electorales vestidos completamente de amarillo.

La particularidad de Colombia es que las elecciones presidenciales se celebran, cada cuatro años, coincidiendo con la Copa del Mundo masculina de fútbol, lo que hace que, en caso de segunda vuelta, la fiebre política coincida con la del balón. Pero si la primera es fuente de divisiones en un país devastado por conflictos armados desde hace cincuenta años, la segunda llama a la unión nacional. Esa es la paradoja colombiana.

Hace cuatro años, cuando la izquierda ganó por primera vez, Colombia no se había clasificado para el Mundial, organizado en Catar. Esta vez, Abelardo de la Espriella, que nunca ha sido aficionado al fútbol, ha sabido captar este símbolo en el momento en que la selección nacional se ha clasificado y jugará su primer partido contra Uzbekistán el 18 de junio, tres días antes de una segunda vuelta decisiva.

“El señor de la Espriella tiene la costumbre de robar”, criticó Iván Cepeda el lunes 1 de junio. “Hoy roba la camiseta de la selección colombiana.” “La selección pertenece a todos”, añadió, lamentando la actitud de la Federación Colombiana de Fútbol, a la que había recurrido para posibles acciones legales.

La organización ha declarado, en un comunicado, que no tiene la “facultad legal”, “en eventos o litigios no comerciales”, “para restringir el uso de una prenda que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede comprar libremente en los distribuidores autorizados”. Sin embargo, explicó que había hecho llamamientos en las redes sociales para que la camiseta no se utilizara “con fines distintos a los deportivos”. “La selección colombiana es un símbolo de unidad. La campaña electoral no debe convertirla en un pretexto o en un nuevo elemento de confrontación política”, escribió.

Todo es polémico en esta campaña, marcada por la agresividad entre dos candidatos con proyectos y personalidades radicalmente opuestos. Cada uno estigmatiza al otro. En los discursos, al “miedo al rojo” responde el “peligro pardo”.

Para Abelardo de la Espriella, que recibió el martes el apoyo "total y completo" de Donald Trump, Iván Cepeda busca imponer una dictadura al estilo venezolano y cubano, al igual que el “tirano” Gustavo Petro, presidente saliente. El candidato de izquierdas, por su parte, alerta sobre la llegada al poder de un “fascismo mafioso”. En este contexto de polarización, incluso la organización de un debate —que no tuvo lugar en la primera vuelta— parece una tarea insuperable.

Tras un rápido llamamiento de Iván Cepeda a Abelardo de la Espriella a debatir, este último puso como condición que su rival, que había expresado sus dudas, aceptara los resultados de la primera vuelta. El lunes, Iván Cepeda acabó descartando cualquier irregularidad y Abelardo de la Espriella propuso que el duelo se celebrara la semana siguiente, en la sede del semanario Semana, un medio totalmente comprometido con su causa. Una propuesta que Cepeda, lógicamente, rechazó. Encargó a dos de sus allegados que se pusieran en contacto con el equipo de campaña del candidato de extrema derecha para intentar encontrar un terreno de entendimiento.

Ante el riesgo de una victoria de la extrema derecha, Iván Cepeda, cuya campaña en la primera vuelta había sido anémica —leía sus notas durante los mítines—, parece por fin despertar. Tras la primera vuelta, que situó a Abelardo de la Espriella en cabeza, muchos analistas e incluso algunos de sus seguidores criticaron su falta de dinamismo frente a un candidato de extrema derecha que, con su discurso ultrapolicial y demagógico, logró aglutinar a quienes ya no quieren a la izquierda en el poder.

“Iván Cepeda apostó por una campaña de primera vuelta muy austera, casi una anticampaña, a diferencia de Abelardo de la Espriella, que llevó a cabo una campaña muy agresiva y dotada de importantes recursos”, indica a Mediapart Laura Bonilla, del laboratorio de ideas Paz y reconciliación. Para esta analista, han asistido a “una segunda vuelta anticipada”. “Esto está evidentemente ligado al discurso político construido por la oposición, muy centrado en los temas de seguridad. El progresismo y el campo demócrata han tenido dificultades para responder”, añade.

La izquierda en el poder destaca el balance social del Gobierno de Petro, pero el fracaso de la “paz total” promovida por el presidente, con el recrudecimiento de la violencia de los grupos armados y una crisis humanitaria sin precedentes en los últimos diez años, eclipsa estos avances. “No es que no tengan una política de seguridad, pero les ha costado responder, en el plano de la comunicación, a mensajes tan sencillos como los discursos de firmeza de la derecha. Ha habido un enorme déficit de trabajo por parte de la campaña”, cree Laura Bonilla.

Por su parte, la politóloga Isabel Pereira Arana, de la ONG Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales dedicado al fortalecimiento del Estado de derecho y los derechos humanos en Colombia, subraya que, “al igual que en toda América Latina, existe una enorme preocupación ciudadana en torno a la seguridad, y las fuerzas progresistas aún no han encontrado una respuesta creíble frente al crimen organizado”.

“Por eso el modelo Bukele [presidente de El Salvador – ndr] resulta tan atractivo: la gente está harta de extorsiones, de violencia, de todos esos horrores”, afirma, y considera, “a título personal”, que “la izquierda fracasa cuando responde únicamente con el tema de la pobreza”.

“Sí, la falta de oportunidades facilita el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos criminales”, añade Isabel Pereira. “Pero eso no basta para explicar el crimen organizado, la violencia y la brutalidad que existen en la región. Algunas cosas pueden resolverse con más oportunidades económicas, pero eso lleva tiempo. Y, en un momento dado, el Estado también debe ejercer su legítimo monopolio de la fuerza. Es este dilema de las izquierdas latinoamericanas el que explica en parte por qué los modelos estilo Bukele tienen tanta resonancia entre la población”.

En Instagram, la politóloga Karol Solís Menco recuerda que, aunque Colombia eligió en 2022 su primer gobierno de izquierdas, no se ha convertido en un país mayoritariamente de izquierdas. “Esto es esencial para comprender la situación actual”, afirma. “Existe una Colombia profundamente nostálgica de la política de Uribe, del orden, de la mano dura, del enemigo interno, de la promesa de un salvador, de un gobierno que vuelva a poner orden en casa.”

Y esa Colombia ha encontrado un “candidato más duro, más radical, más intransigente, más extremista”, subraya, que el expresidente, en la persona de Abelardo de la Espriella. “Este es el país que tenemos, dividido, polarizado y emocionalmente receptivo a proyectos cada vez más radicales”, concluye.

Para ganar en la segunda vuelta, tras haber sido superado en casi 700.000 votos por la extrema derecha en la primera, el candidato de la izquierda tendrá, por tanto, que buscar votos mucho más allá de su base electoral. Frente a Abelardo de la Espriella, que se dedica a la escalada permanente, puede proyectar una imagen tranquilizadora para ganarse a quienes han votado a los candidatos de centro.

“Tiene que empezar a hacer concesiones y enviar ciertas señales. Eso le daría a Iván Cepeda una imagen de hombre de Estado, totalmente opuesta a la de De la Espriella”, indica Laura Bonilla. “Puede explotar muy bien esa imagen gracias a su trayectoria, a su vida personal, a su propia austeridad. Es un candidato con mucho potencial. Pero la campaña debe centrarse en él”.

Por su parte, Gustavo Petro sigue denunciando fraudes, a pesar de todas las pruebas y de las declaraciones de organismos oficiales y ONG como Human Rights Watch (HRW) sobre la perfecta organización y la regularidad de las elecciones. Ante los rumores sobre una posible dimisión del presidente para ejercer todo su peso en la campaña de la segunda vuelta —la Constitución prohíbe al jefe de Estado intervenir—, el jefe de gabinete de la presidencia intervino el martes en la red social X para desmentirlos.

El ambiente va a ser volcánico hasta el 21 de junio, y no solo por el fútbol.

Traducción de Miguel López

No dejemos que los “tecno-autócratas” se adueñen del imaginario del futuro. Con esta frase resume el investigador Lucas Chancel, codirector del Laboratorio sobre las Desigualdades Mundiales, creado por el economista Thomas Piketty en 2007, la intención que subyace al “proyecto de justicia mundial” publicado el jueves 4 de junio y al que Mediapart tuvo acceso con antelación.

Un título ambicioso para una iniciativa un tanto descabellada: trazar una hoja de ruta para hacer del mundo un lugar más justo de aquí a 2100, a pesar de las limitaciones y amenazas del cambio climático. Esta gran reforma, sintetizada en un informe redactado por más de 40 investigadores, pasaría por la creación de un “fondo para la justicia mundial”, financiado mediante la tributación de los multimillonarios (sobre su capital y sus ingresos) y redistribuido a los países en función de su riqueza per cápita.

Ese maná —equivalente al 10% del PIB mundial gastado cada año— serviría para financiar políticas progresistas de reducción de la jornada laboral, de refuerzo de los sectores de la salud y la educación, así como la transición hacia un sistema energético descarbonizado. Una especie de “tasa Zucman ampliada”, mediante el cual ya no se trataría solo de luchar contra la evasión fiscal, sino de refundar la arquitectura de la economía mundial.

Al término de este ambicioso proceso de redistribución, los países ricos y pobres convergerían hacia un nivel medio de ingresos comparable: 5.000 euros de renta nacional bruta al mes por habitante, en lugar de la diferencia actual de 1 a 16 entre los países del África subsahariana (290 euros) y los de América del Norte y Oceanía (4.590 euros).

El mundo se volvería así menos desigual: la parte de la riqueza mundial del 50% más pobre pasaría del 2% al 30%, mientras que la de los multimillonarios se reduciría del 6% al 0,05%. “Casi el 90% de la población mundial duplicaría sus ingresos trabajando la mitad de lo que trabaja hoy”, escriben los autores del informe.

¿Un flagrante caso de pensamiento mágico o una apuesta populista? Lucas Chancel lo niega: “A principios del siglo XX se trabajaban 3.200 horas al año, pero hoy en día solo 1.600 horas al año en los países ricos. […] Nuestra propuesta es reducir la jornada laboral en Europa a cuatro o cinco horas al día. Algunos dirán que es una locura. Pero ya hemos reducido a la mitad las horas trabajadas a la semana desde principios del siglo XX. Y con el desarrollo de la IA, ¿cómo no pensar que todo esto va a cambiar profundamente otra vez?”.

Para los 45 investigadores que han participado en este trabajo prospectivo, es posible demostrar, con cifras, que las políticas de redistribución económica son compatibles con las medidas de fuerte descarbonización del sector energético.

“¿Se puede lograr progreso social bajo la presión de actuar contra el cambio climático? La respuesta es sí”, asegura Chancel, “pero con tres condiciones: una fuerte reducción de las desigualdades entre países y dentro de los países, con mucha más sobriedad y llevando a cabo la transición energética”.

El colectivo de especialistas se basa en lo ocurrido durante el siglo pasado: “En el siglo XX fue posible una reducción muy significativa de las desigualdades”, recuerda Chancel, retomando una de las principales tesis de Thomas Piketty. “Cosas que parecían utópicas a principios del siglo XX —la Seguridad Social, el impuesto progresivo sobre la renta, la educación para todos— se han convertido en algo totalmente habitual”

El programa del Laboratorio de Desigualdades Mundiales se basa pues en una apuesta paradójica: seguir con la tendencia a largo plazo del siglo XX de reducir las desigualdades y reconocer los derechos sociales, pero romper con el actual laissez-faire tan favorable a las grandes fortunas y a los poderosos.

Se trataría de crear un nuevo sistema de tributación de los ultrarricos: un sistema fiscal doble, para gravar tanto el capital que poseen los multimillonarios como sus ingresos. El tipo impositivo sobre el patrimonio (bienes inmuebles, participaciones en sociedades, títulos financieros, etc.) se fijaría en el 1% para las personas que posean el equivalente a 20 veces la riqueza media mundial por persona (2,2 millones de euros en 2026), el 3% para los niveles 50 veces superiores, el 5% para los 100 veces superiores… hasta el 20% para quienes posean el equivalente a 5.000 veces más que la media mundial individual (550 millones de euros). Entre el 1,3% y el 1,5% de la población mundial estaría sujeta a este impuesto hasta 2050.

En cuanto a los ingresos, se crearía un impuesto mundial: un tipo del 5% para las personas que perciban unos ingresos 10 veces superiores a la renta media disponible por adulto en el mundo, del 40% para 50 veces, del 70% para 500 veces y del 90% para 5.000 veces (110 millones de euros).

En los países ricos, entre el 10% y el 20% de la población podría salir perdiendo económicamente, pero se beneficiaría de las ventajas de la sobriedad, de más tiempo libre y de la preservación de la habitabilidad del mundo. O puede que se lo crean. Esta batalla estará en el centro de las luchas sociales y políticas venideras, reconocen los autores de este informe.

El dinero de este proyecto de justicia mundial sería recaudado por una nueva institución internacional, el “Fondo para la Justicia Mundial”, que se asemeja a una especie de antítesis del Fondo Monetario Internacional (FMI) tal y como lo conocemos hoy en día.

En lugar de someter a los países pobres a planes de ajuste estructural destructivos para pagar sus deudas, este fondo les proporcionaría las subvenciones necesarias para la creación de empleo en los servicios esenciales: educación, salud, electrificación del transporte, abandono de las energías fósiles, etc. También se beneficiaría de los rendimientos de la inversión de otra nueva entidad, el “Fondo Soberano Mundial”.

Esta ingeniería técnico-burocrática no podría ser más que una herramienta que habría que poner en marcha en apoyo de fuertes movilizaciones sociales por mayor igualdad y menos caos climático. Prepararlas desde ahora implica una apuesta optimista: confiar en que llegarán a ver la luz. ¿No choca esto con las realidades del conflictivo mundo actual, marcado por la guerra de Rusia en Ucrania, los ataques estadounidenses contra Irán y el genocidio en Gaza?

No, responde Cornelia Mohren, doctoranda en desigualdades climáticas y coautora del informe: “Existe un fuerte rechazo a las injusticias y esto genera frustración en muchas sociedades. Hay por tanto una gran necesidad de contar otras historias a estas personas. En nuestro informe, cuantificamos quiénes son los ganadores y los perdedores de este nuevo sistema redistributivo y vemos que, incluso en países ricos como Estados Unidos, las personas pobres verían aumentar sus ingresos en las próximas décadas”.

Según Lucas Chancel, “nuestra época se caracteriza por una ultraconcentración de la riqueza de los multimillonarios a un nivel nunca visto en la historia. La presión climática también es única en la historia. Nos encontramos en un punto de inflexión. Es aquí donde necesitamos pensar en el futuro de manera positiva y recordar los momentos históricos en los que se redujeron las desigualdades”.

¿Qué posibilidades tienen estas ideas de ser adoptadas por las fuerzas políticas? Los autores del informe abogan por la creación de nuevas alianzas con los Estados que tuvieran interés en ello, incluso sin la participación de Estados Unidos.

Países a favor de la creación de una convención de la ONU sobre fiscalidad (Global Tax Justice); tasa internacional a los superricos defendida por el presidente brasileño Lula y el presidente del Gobierno español Sánchez; compromiso del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa a favor de un IPCC de las desigualdades para que los científicos trabajen siguiendo el modelo de lo que se hace con el clima, "iniciativa de Bridgetown" impulsada por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, para reforzar la financiación destinada a los países del Sur global ante el caos climático, etc.

Para Chancel, ya está tomando forma una nueva geopolítica de la demanda de justicia fiscal. ¿Qué lugar querrá ocupar en ella la Unión Europea, con sus países ricos y sus gobiernos cada vez más hostiles al reparto de la riqueza?

El Fondo para la Justicia Global es objeto de debate durante una conferencia en la Paris School of Economics hasta este sábado. No se espera la presencia de ningún candidato a las elecciones presidenciales francesas. Pero sí estará presente una estrella de la literatura de anticipación: Kim Stanley Robinson, exitoso escritor estadounidense y autor de El Ministerio del Futuro, una gran obra sobre el caos climático cuyos protagonistas acaban encontrando una solución mediante la regulación y la creación monetaria. El futuro dirá si este patrocinio literario fue un buen augurio.

Traducción de Miguel López

“Fuimos víctimas de la sumisión química demasiado pronto”. Alizée es una de las víctimas de Christian Nègre, un ex alto funcionario del Ministerio de Cultura que la drogó con un diurético en 2014. Presentó una denuncia en 2018, cuando empezaba el movimiento #MeToo y el concepto de sumisión química aún era prácticamente desconocido para el gran público. “Nos maltrataron al principio y hoy seguimos siendo menospreciadas”, afirma, enfadada por una investigación judicial que reconoce “fuera de lo común”, pero que considera “demasiado lento”.

Su dolor comenzó con la publicación de un artículo de Le Canard enchaîné en mayo de 2019, tanto por los hechos revelados como por la forma elegida para tratarlos. “La fiscalía se hace cargo de una historia para mearse de risa”, titulaba el semanario, que revelaba que decenas de mujeres que habían solicitado un puesto en el Ministerio de Cultura denunciaban el comportamiento de Christian Nègre durante sus entrevistas.

Desde la Rue de Valois, Nègre, director de recursos humanos, recibía sin descanso, entre 2009 y 2018, a mujeres jóvenes a las que hacía creer que tenían un puesto asegurado. Durante las entrevistas en el ministerio, les ofrecía un té o un café, les administraba a escondidas un potente diurético y las obligaba a ir a dar un paseo.

El recorrido, por los muelles del Sena, era largo y estaba minuciosamente calculado para que sus víctimas sintieran ganas de orinar en el mismo momento y en el mismo lugar: una zona aislada, sin ningún baño cerca.

Cuando la necesidad se volvía irrefrenable, las cubría con una chaqueta, observaba atentamente la escena, disfrutaba viéndolas humilladas y anotaba hasta el más mínimo detalle en una tabla de Excel titulada “Experiencias”.

“Empieza a bajarse las medias y las bragas (negras). Se pone en cuclillas y suelta un chorro muy fuerte y muy largo”, se puede leer. O también: “Se baja los pantalones incluso antes de que yo la tape. Varios: orina durante bastante tiempo. Le ofrezco papel. Se limpia de pie justo delante de mí”. Su tabla menciona a cerca de 200 mujeres, pero la justicia ha identificado “al menos 240”.

A raíz de ello, Libération reveló las múltiples alertas ignoradas por el Ministerio de Cultura y las graves consecuencias para las mujeres afectadas. Algunas fueron hospitalizadas tras sufrir intoxicaciones, graves infecciones urinarias o por tomar medicamentos incompatibles con ese diurético. Todas quedaron traumatizadas, temiendo acudir a otras entrevistas y pensando que todo había sido culpa suya.

Tras actuar así durante casi diez años, Nègre fue finalmente detenido después de ser sorprendido fotografiando los muslos de una subprefecta. Fue destituido, imputado por 21 delitos, entre ellos la administración de sustancias nocivas, violencia por parte de una persona encargada de una misión de servicio público y violación de la intimidad, y puesto bajo control judicial. Por ahora, goza de la presunción de inocencia.

Cuando Libération reveló la magnitud del caso, decenas de mujeres se descubrieron víctimas al leer el artículo y se pusieron en contacto con la redacción para saber qué hacer y a quién acudir. El Ministerio de Cultura, por su parte, nunca consideró oportuno hacer un llamamiento a las víctimas y tardó en poner en marcha un servicio de atención.

Fue Alizée, también víctima, quien asumió durante meses la carga de tener que identificarlas, tranquilizarlas y derivarlas a la policía judicial antes de que la Fundación de las Mujeres tomara el relevo.

Rápidamente llegaron a una conclusión: la dirección del ministerio no podía ignorar las acciones de ese alto funcionario. Sus compañeros lo apodaban “el fotógrafo” y algunas funcionarias sabían que había que evitarlo. También se habían enviado cartas a las ministras Fleur Pellerin y Audrey Azoulay, e incluso se había alertado al servicio de medicina del trabajo.

Por todas esas razones, han sido citadas cuatro víctimas en el Tribunal Administrativo el jueves 4 de junio para que la justicia reconozca la responsabilidad del Estado por incumplir su obligación de seguridad. Otras siete ya fueron indemnizadas en 2023 por “la culpa personal de Christian Nègre” pero el tribunal no reconoció entonces la responsabilidad del ministerio.

“Ahora somos más optimistas, porque hemos conseguido recabar casi 22 testimonios de personas que denunciaron las actuaciones de Christian Nègre o que confirman que hubo alertas previas”, explica Capucine des Ligneris, una de las abogadas que lleva la parte administrativa junto con su colega Cécile Kurz.

Una de sus clientas, intoxicada con diuréticos, se cruzó, por ejemplo, con una de las responsables de recursos humanos del ministerio durante el paseo que le impuso Christian Nègre. “Estaba a punto de orinarse debajo de un puente, al borde del desmayo, cuando se cruzaron con esa directora de RRHH. Christian Nègre se recompuso, la saludó, y mi clienta se orinó justo después de que él le pasara un abrigo y la mirara fijamente a los ojos”, describe.

“Mi clienta intentó avisar a la recepción, pidió hablar con la enfermería o con el CHSCT [comité de higiene, seguridad y condiciones de trabajo] del ministerio, pero le denegaron el acceso. Hoy, esta mujer está destrozada y acaba de obtener el reconocimiento de su discapacidad a raíz del trastorno de estrés postraumático”.

Para muchas demandantes, el Ministerio de Cultura ha fallado “de principio a fin”. Recientemente, la exministra Rachida Dati afirmó que todas las mujeres podrían beneficiarse de la protección funcional y de la cobertura de sus costas judiciales. En realidad, esa protección solo se aplica a funcionarios, por lo que quedan excluidas todas las mujeres afectadas por Christian Nègre que nunca habían trabajado en la función pública.

Aún más sorprendente es que el Ministerio de Cultura haya puesto en marcha todo un sistema para eludir los litigios administrativos masivos que veía venir, haciendo que las víctimas firmaran acuerdos amistosos. Quienes aceptan renuncian a acudir al Tribunal Administrativo, perciben una indemnización de unos 10.000 euros y firman una cláusula de confidencialidad que les prohíbe de forma absoluta “denigrar al Ministerio de Cultura”. Contactado por Mediapart, el ministerio no respondió.

Para colmo, el comportamiento de Christian Nègre, objeto de una investigación penal, no ha hecho sino aumentar la indignación de las víctimas. Desde que fue imputado, el exdirectivo del ministerio ha cambiado de nombre y ahora se hace llamar “Bernard Genre”.

Gracias a esta nueva identidad, continúa su carrera profesional en recursos humanos y se relaciona con perfiles similares a los de sus presuntas víctimas. En sus redes sociales aparece junto a mujeres jóvenes, recomienda sus currículos y ofrece sus servicios por 850 euros al día: “Mi trabajo es contribuir a que vivas el tuyo con tranquilidad”.

Como reveló Ouest-France, también firmó contratos de coaching con la región de Normandía e impartió clases entre 2023 y 2025 en dos escuelas de comercio —MBway y Ecofac— situadas en Caen y Colombelles, en Calvados.

“En cuanto nos enteramos de lo que se le imputaba, lo denunciamos a la dirección de la escuela, que lo apartó”, confirma una estudiante de Ecofac a Mediapart. “No he sido víctima de nuevos abusos”, añade, “pero la escuela no tomó ninguna medida para informar a todos los alumnos de los motivos de su marcha ni para averiguar si había reincidido”.

En julio de 2025, la abogada Zoé Royaux, una de las 15 letradas de la Fundación de las Mujeres movilizadas en este caso, alertó a los jueces de instrucción sobre sus actividades profesionales. Aunque su control judicial no prevé ninguna prohibición de ejercer una actividad profesional en este ámbito, su cambio de nombre impide que quienes lo emplean, así como las mujeres con las que se relaciona, conozcan sus antecedentes.

“El señor Christian Nègre se presume inocente, pero ha reconocido los hechos, cometidos en un contexto profesional”, recuerda la abogada en su carta. De hecho, durante la detención policial, admitió haber drogado a esas mujeres. “Me hubiera gustado que me detuvieran antes. Era compulsivo, pero no tenía la intención de envenenar a esas mujeres”, declaró también a Libération.

“Es indignante”, lamenta Camille*, una de las acusaciones civiles. “La justicia responde que no puede privar a nadie de su derecho al trabajo, pero al permitir esto no protege”. La Fiscalía de París precisa a Mediapart que no existe ninguna medida de control judicial que le prohíba ejercer una actividad profesional o estar en contacto “con mujeres”.

En julio de 2025, la Fundación de las Mujeres publicó un comunicado para denunciar “una instrucción ralentizada”, “una justicia de dos velocidades” y unas “víctimas olvidadas”. La crítica se dirige contra la lentitud de un caso que se prolonga ya desde hace seis años y contra un procedimiento que muchas consideran “derogatorio”.

“La mayoría de las víctimas solo pudieron ser escuchadas por agentes de la policía judicial, por falta de tiempo y de medios para que la jueza de instrucción las recibiera individualmente”, señala la asociación. La abogada Iris Biehler también lamenta que sus clientas no hayan podido tener acceso a una verdadera evaluación psicológica. Solo les ofrecieron un “examen documental” y una evaluación de la asociación Paris aides aux victimes, que concluyó con un único día de baja laboral.

Sin embargo, algunas de las pocas denunciantes que sí fueron examinadas por los servicios forenses al inicio de la investigación obtuvieron 30 días de baja. “Dado que la naturaleza de los hechos no requería recurrir a peritajes con fines probatorios para demostrar su comisión, los jueces de instrucción decidieron llevar a cabo una evaluación psicológica”, justifica la Fiscalía.

En febrero de 2026, la fiscal de París lanzó un llamamiento a las víctimas que aún no se habían presentado para que lo hicieran “lo antes posible” y prometió una nueva reunión informativa, con la esperanza de cerrar este caso de aquí a finales de este año.

“Dado que el acusado actuó durante ocho años y que el número de víctimas es considerable, el procedimiento es largo y los medios de la justicia siguen siendo insuficientes”, lamenta la abogada Capucine des Ligneris. “Los jueces de instrucción hacen su trabajo, pero este procedimiento genera mucha frustración y dolor”.

“Los jueces de instrucción se esfuerzan por prestar especial atención al papel de las partes civiles en la investigación judicial, al respeto de sus derechos y a la limitación de la victimización secundaria”, defiende la Fiscalía, que recuerda las iniciativas sin precedentes puestas en marcha por las magistradas: la organización de una reunión informativa para las partes civiles, otra con sus abogados y la creación de un buzón de correo electrónico específico “con una única interlocutora que permite un contacto personalizado y bien informado”.

“Cuando me informaron de este caso, me pregunté cómo podía haber tanta invisibilización y tanta lentitud”, reacciona también la diputada Sandrine Josso, a quien el exsenador Joël Guerriau drogó sin su conocimiento en noviembre de 2023. Desde entonces, ha invitado a las víctimas de Christian Nègre a la Asamblea Nacional y colabora estrechamente con Sylvie, una de las denunciantes en este caso.

Siete años después de las primeras revelaciones en la prensa, esta mujer “no ceja en su empeño” y recurre a los medios de comunicación y a los políticos “para que traten este asunto como se merece”. “Para que dejemos de tratar este caso como una vulgar historia de pipi”, añade Alizée.

* Nombre ficticio.

Contactado por Mediapart, Christian Nègre no respondió. Su abogada, por su parte, no quiso hacer declaraciones.

Traducción de Miguel López

El miedo les ha salvado. En el pasillo de su piso, destrozado por la onda expansiva de las explosiones, Olga se considera afortunada. El lunes por la noche, su hijo de 16 años insistió en que se fueran a un refugio. “Hace dos meses, cayó un misil muy cerca de nosotros. Desde entonces, tiene miedo”, cuenta la madre, de unos cuarenta años, que se instaló en un aparcamiento subterráneo cercano antes de que comenzara el ataque.

Luego hubo una lluvia de fuego. Decenas de misiles (73 en total, según la Fuerza Aérea ucraniana) y más de 650 drones. Horas de angustia entre las paredes de edificios que tiemblan como hojas, e impactos visibles por toda la ciudad.

Al amanecer se ven columnas de humo negro por todas partes, dando un aspecto de campo de batalla a la capital de 3 millones de habitantes, normalmente verde y agradable en esta época del año. En las calles se ha instalado un olor a quemado, donde se cruzan pescadores madrugadores y siluetas exhaustas cargadas de mantas que salen del metro. Más de 41.000 personas, entre ellas 4.500 niños, han encontrado refugio allí. Un récord desde 2022, según la empresa pública que lo gestiona.

Frente a la vivienda de Olga ha ardido un gran edificio. Varios proyectiles, misiles según los testigos, impactaron de lleno en la sede de Ukroboronprom, el conglomerado de las industrias de defensa ucranianas. El martes por la tarde aún quedaban entre los escombros hojas sueltas procedentes de la oficina de estudios Loutch.

La deflagración arrasó los edificios de viviendas de los alrededores. Una madre, gravemente herida mientras intentaba llegar al refugio más cercano con sus dos hijos, no sobrevivió. Es una de las siete personas fallecidas en la capital. Al menos otras dieciséis, entre ellas dos niños, murieron en Dnipro, una gran ciudad del este, a unos cien kilómetros del frente.

Vecinas de escalera, Iryna y Olga han pasado toda la guerra aquí, en este edificio deteriorado de la calle Gareth-Jones, que lleva el nombre del periodista galés que reveló la magnitud del Holodomor, la hambruna organizada por Stalin en 1932 y 1933. Se muestran valientes, insultan con ganas a los rusos y alaban la solidaridad que sigue uniendo a la sociedad, mil quinientos sesenta días después del inicio de la invasión.

“Esta mañana hemos limpiado juntos, todo el mundo se apoya. Los rusos no conseguirán asustarnos con todas sus gilipolleces”, afirma Iryna. “Desde hace poco más de dos semanas, la cosa se ha puesto realmente dura”, matiza Olga.

Los bombardeos masivos del martes fueron los terceros desde el 14 de mayo. Esa noche, un misil pulverizó un edificio de la margen izquierda, matando a veinticuatro personas, entre ellas tres niños. Todo el país quedó conmocionado por la desgracia de una madre cuyas dos hijas murieron; el padre había fallecido en 2023 mientras combatía en el frente.

El 24 de mayo, una vez más, la capital se estremeció con las detonaciones. Una noche de pesadilla, a menudo descrita como la peor desde 2022. Los daños fueron principalmente materiales: un edificio de los servicios de emergencia destruido en el barrio bohemio de Podil, así como el museo de Chernóbil, justo al lado.

El barrio de Lukianivka sufrió los daños más graves. El centro comercial que albergaba el primer McDonald’s abierto en Ucrania tras la independencia quedó completamente calcinado, al igual que el mercado de frutas y verduras situado al lado. Varios edificios de los alrededores quedaron agujereados o sin su fachada, lo que da a este barrio el aspecto de una ciudad en el frente.

Oksana se resigna. El espectáculo de la devastación le afecta, pero esta vecina septuagenaria intenta aferrarse al resto: “Al día siguiente del ataque, los vendedores de fresas volvieron frente al centro comercial destruido. ¡Me encantó! ¡Me encantó!”, repite.

“Vivo en el pasillo”, dice la jubilada, fatalista, que no oculta el terror que la invade en la oscuridad de esas noches infernales: “Cada vez es peor, me cuesta cada vez más reducir el nivel de estrés.” Con su perra “vieja y sorda”, no se plantea marcharse: “Formamos una buena pareja, me sigue a todas partes.”

Más que en cualquier otro lugar de este barrio considerado “maldito”, por la frecuencia con que ha sufrido ataques desde 2022, la población ha adquirido la costumbre de refugiarse nada más sonar las alertas, sin esperar a las primeras explosiones. Estos buenos reflejos constituyen un último baluarte, pero no bastan para proteger las ciudades bombardeadas por Rusia, sobre todo contra los misiles balísticos.

Solo son eficaces los sistemas estadounidenses Patriot, en particular los interceptores Pac-3, que Kiev necesita desesperadamente. Debido a la guerra iniciada por Washington y Tel Aviv en Irán, la demanda mundial se ha disparado, especialmente en el Golfo Pérsico, lo que ha obligado a Ucrania a racionar su uso. En la noche del martes, solo fue neutralizado un tercio de los treinta y tres misiles balísticos Iskander-M, según las fuerzas aéreas ucranianas. Ninguno de los ocho misiles hipersónicos Zircon lo fue.

El 26 de mayo, Volodímir Zelenski envió una larga carta a Donald Trump para convencerle de que suministrara más munición para los Patriot, gracias a la financiación de los Estados europeos. El presidente ucraniano reiteró su llamamiento el martes por la noche, instando de paso a los europeos a desarrollar “[su] propio sistema de defensa antimisiles”.

Desde hace unos meses, Kiev está probando un sistema franco-italiano, el SAMP-T NG (sistema tierra-aire de medio alcance terrestre de nueva generación), destinado a interceptar misiles balísticos. Sus prestaciones no han sido objeto de comentarios públicos por parte de los responsables ucranianos o franceses.

La defensa antiaérea es uno de los asuntos prioritarios del nuevo ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, desde su nombramiento en enero. Durante una rueda de prensa a mediados de mayo, aseguró que los drones interceptadores fabricados en Ucrania estaban dando resultados alentadores contra los Shahed: en cuatro meses se ha duplicado la proporción de aparatos derribados.

Para hacer frente a las nuevas versiones de los Shahed, equipados con turborreactores, Ucrania está desarrollando una producción a gran escala de misiles tierra-aire. El objetivo es acumular reservas de aquí al invierno, antes de la próxima campaña rusa contra las infraestructuras energéticas. Fedorov mencionó una cifra bastante ambiciosa: “Alcanzar una tasa de interceptación estable del 95 % para los objetivos aéreos”.

Nada más parece capaz de detener a Moscú, mientras las negociaciones de paz se encuentran en un punto muerto. Las condenas internacionales no surten efecto en el Kremlin, que intensifica sus ataques contra los centros urbanos, lo que provoca un aumento de las víctimas civiles.

“El número de víctimas civiles registrado hasta ahora en 2026 es alrededor de un 20 % superior al del mismo periodo de 2025, lo que se explica en gran parte por el mayor uso de armas de largo alcance”, alertó el martes la misión de la ONU de seguimiento de los derechos humanos en Ucrania.

Vitali, un hombre de 36 años, no está seguro de poder aguantar mucho más en estas condiciones. En su apartamento devastado, situado al noroeste de la capital, sigue muy “preocupado”. Hacia las dos de la madrugada, un misil impactó en los cimientos de su edificio, situado en el número 64 de la avenida de la Unión Europea. “En ese momento, pasé mucho miedo. Justo después, fuimos al refugio de la escuela por primera vez.” Le gustaría que su mujer y su hijo se fueran a casa de sus padres, en una región del oeste de Ucrania. Lejos de Kiev.

Traducción de Miguel López

La ola de calor que acaba de azotar Europa sirve como un recordatorio de que el cambio climático no ha terminado. Aunque el clima haya desaparecido del radar político, los desequilibrios del sistema terrestre continúan avanzando y, de momento, ante la insuficiente reducción de los gases de efecto invernadero, parecen irreversibles.

Este caos climático es inseparable de las amenazas existenciales que pesan sobre las democracias del mundo. En 2025, se contabilizaron 91 autocracias frente a 88 democracias. A día de hoy, el 72% de la población mundial vive bajo un régimen autoritario.

Es esta crisis la que analizan la historiadora Amy Dahan y el sociólogo Stefan C. Aykut en su obra magistral La Mutation climatique —publicada por Presses de Sciences Po—, un libro atravesado por un ideal democrático y ecológico que no ha perdido del todo la esperanza.

Mediapart: En su opinión, el periodo que vivimos es una “mutación climática”, una idea que conviene distinguir de la transición ecológica. ¿Por qué?

Amy Dahan: La mutación climática es, verdaderamente, un nuevo estado de la condición humana. Es el resultado de la crisis climática y de las amenazas que ha provocado desde el punto de vista de la habitabilidad del planeta y de lo que sufren las sociedades. Las nuestras, pero también las del Sur.

Se refiere tanto a los impactos de esta crisis como a las perspectivas que abre. No es algo que se reduzca a una mera cuestión ecológica. Interactúa con los cambios geopolíticos que estamos viviendo y sus repercusiones en los regímenes democráticos, en particular en el nuestro y en Europa. Es algo nodal.

La situación actual ya no tiene nada que ver con el mito de una transición suave e indolora que, supuestamente, iba a conducirnos a soluciones gracias sobre todo a la tecnología.

¿En qué sentido ya no tiene nada que ver?

Stefan C. Aykut: Al utilizar el concepto de “mutación climática”, seguimos la intuición de dos pensadores que nos han influido: Ulrich Beck y Bruno Latour. Ambos hablaron de “mutación” y de “metamorfosis” para describir un estado del mundo en el que las herramientas para analizar las sociedades ya no parecían servir para comprender los cambios observables.

Nosotros hemos preferido el concepto de mutación, ya que da la impresión de un cambio profundo, pero no determinado de antemano. No sabemos realmente hacia dónde vamos. El concepto de transición da la impresión de que partimos de un estado estable para ir hacia otro, y que entre ambos hay un cambio más o menos lineal.

Creemos que no es en absoluto el tipo de cambio el que estamos viviendo. Una de las razones es que nuestras sociedades se han construido sobre el consumo de recursos fósiles [carbón, petróleo y gas] y han basado la legitimidad de su régimen político en esa abundancia. La redistribución de la riqueza procedente de los combustibles fósiles permitió cierta paz social.

Todo eso está cambiando hoy. Esas transformaciones son, hasta cierto punto, imprevisibles. Tienen efectos secundarios que controlamos mal y que se combinan con otras dislocaciones geopolíticas y democráticas. Esa es la turbulencia en la que nos encontramos.

Ola de calor, bloqueo del Estrecho de Ormuz, ataques de drones rusos: ¿en qué se relacionan todos estos acontecimientos?

A. D.: Con la ola de calor que acabamos de sufrir, se ve claramente que el escepticismo climático queda desmentido. La alerta climática es muy grave. Todo lo que ocurre hoy lo demuestra y lo confirma. La población es sensible a ello y no es escéptica respecto al clima.

La invasión de Ucrania responde a la ambición imperial de Rusia, un imperio autocrático que busca recuperar un lugar en Europa y amenaza a toda nuestra región. Ahora bien, Rusia vive de la exportación de combustibles fósiles. Su economía, más allá del petróleo y el gas, está en retroceso. No sabe salir de esta situación más que mediante amenazas, drones y destrucción en Kiev, frente a un país que resiste heroicamente. Es una amenaza democrática para Europa.

Se oye decir que hay que construir la paz porque la guerra consume combustibles fósiles. Pero no toda paz es legítima. La capitulación ante Putin no es paz. Está cargada de amenazas y guerras futuras.

El tercer elemento del panorama es lo que está sucediendo en el Estrecho de Ormuz y en todo Oriente Medio. Hay un giro autoritario y autocrático de Trump, que ha iniciado esta guerra en Irán supuestamente para liberar al pueblo, pero que solo tiene una idea: hacerse con el control del petróleo de toda la región. Le está saliendo muy mal, porque sus aliados regionales se han dividido. Tenemos, por tanto, una confluencia de contradicciones en esta crisis de Ormuz.

¿De qué maneras la crisis climática se está convirtiendo en una crisis existencial para las democracias?

S. C. A.:  Están llegando a su fin dos relatos fundamentales, desmentidos por lo que está sucediendo hoy.

Por un lado, el relato del fin de la historia, de la democracia “inevitable” que iba a extenderse por todas partes. Ese espíritu de los años 90—del que hoy podemos reírnos— daba la impresión de que la democratización estaba en marcha. Una impresión que, además, se vio reforzada en la década de 2010 por las primaveras árabes y las revoluciones de colores en Europa. Pero ahora vemos un efecto rebote: autocracias que se fortalecen y movimientos autoritarios que emergen en las democracias occidentales.

El segundo relato es el de la transición ecológica “inevitable”. Esa impresión de que, de todos modos, tras la Conferencia de París sobre el Clima de 2015, la transición iba a realizarse de todos modos; de que, en realidad, ya estaba en marcha y nos encontrábamos inmersos en ella.

Hoy vemos que las autocracias actúan de manera muy agresiva en el plano internacional y quieren desestabilizar a las democracias.

También vemos que los combustibles fósiles desempeñan un papel fundamental en las relaciones internacionales: en la desestabilización de Venezuela e Irán; en el refuerzo del control de Trump sobre el petróleo y en la financiación de la guerra de Putin mediante el petróleo y el gas.

Estos dos relatos han sido, sin embargo, muy importantes, porque están en el origen de la crisis actual. Según nuestro análisis, la década de 2010 supuso un gran golpe para las autocracias fósiles. Los pueblos reclamaban democracia en la plaza Tahrir, en Egipto, y en el Maidán, en Ucrania, es decir, en una zona muy próxima a las autocracias del Golfo y de Rusia. Y con el Acuerdo de París sobre el clima se tenía la impresión de que el fin de la era de los combustibles fósiles podía empezar a vislumbrarse en el horizonte.

Pero a partir de ahí se observa una reacción extremadamente violenta y de largo alcance para sofocar los movimientos democráticos. Esa reacción conduce a la invasión de Ucrania y también a la influencia de Putin en las elecciones estadounidenses.

Por otro lado, las ciencias climáticas y las políticas de transformación están siendo atacadas por todas partes. No son exactamente lo mismo, pero hay una convergencia entre el intento de erosión democrática y el intento de socavar las políticas de transformación. Las instituciones científicas —como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC— que sostienen la alerta climática son también instituciones importantes para el debate democrático.

Eso se traduce en el control de determinados medios de comunicación en Estados Unidos y Europa, y en el ataque a las políticas de transición ecológica conocidas como Pacto Verde, que apuntan tanto a la transformación hacia una economía baja en carbono como a los fundamentos democráticos y sociales de los Estados.

¿Considera usted que el retroceso ecológico y el retroceso democrático están íntimamente relacionados?

A. D.: La postura orwelliana del discurso de Trump y de los neoliberales estadounidenses desempeña un papel fundamental en esta historia. Esta cuestión de la verdad, de la adecuación a la realidad de lo que se dice del mundo, se convierte en algo muy importante.

El desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho posible contar y difundir un discurso completamente alternativo a la realidad, que no tiene nada que ver con la verdad. Este discurso adquiere coherencia por su mera difusión, por el simple hecho de que es retomado por gente de todas partes, en las redes sociales, pero también por intereses políticos.

Esto afecta a la cuestión del escepticismo climático, porque se niegan cosas absolutamente evidentes. Y permite campañas de desinformación e intentos de manipulación, incluso en países democráticos que no se han visto afectados por el escepticismo climático.

¿Por qué es tan importante?

S. C. A.: Desde el principio, la cuestión de la degradación de las democracias y los ataques contra las ciencias del clima estuvieron íntimamente ligados a Estados Unidos.

La Heritage Foundation, que es absolutamente fundamental en el ascenso de Trump y en la elaboración de su “Proyecto 2025”, está financiada con dinero de las energías fósiles, bajo el impulso de los hermanos Koch, que hicieron su fortuna con el petróleo y la petroquímica. De hecho, han seguido una agenda a la vez liberal en lo económico y claramente dirigida contra “la amenaza verde”, en particular la climática.

Detrás hay una corriente de pensamiento bastante profunda, articulada en torno a la idea de que si se deja que la ciencia y la democracia sigan su curso, estas regularán cada vez más, porque el modelo de negocio del capitalismo fósil no es viable para el planeta. Los defensores de las energías fósiles han optado, por tanto, por la degradación democrática antes que por cambiar su modelo de negocio.

A esto se suma hoy la nueva alianza con las GAFAM —Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft—. Durante mucho tiempo, las grandes empresas digitales fueron aliadas de la causa climática. Estos grupos tenían objetivos ambiciosos de reducción de emisiones de CO2 y de uso de energías renovables. Hoy ya no se habla de eso en absoluto. Se acabó.

¿Por qué?

S. C. A.: Porque se han dado cuenta de que los centros de datos y la inteligencia artificial consumen muchísima energía. Ahora tienen un presidente que les promete suministrársela. Y, finalmente, se ha formado una alianza con esta nueva élite que ocupa el centro de nuestros sistemas de información.

Podemos tomar el ejemplo de Grokipedia, esa web alternativa a Wikipedia creada por Elon Musk y redactada íntegramente por una inteligencia artificial sesgada, que ha sido programada para reflejar sus puntos de vista. Hoy hay millones de artículos en esa web que alimentan los sistemas de inteligencia artificial de las próximas generaciones. Remiten, por ejemplo, a sitios que presentan el cambio climático como una controversia, como si no fuera un hecho causado por las actividades humanas. Aquí vemos de nuevo cómo la cuestión climática parece ser una obsesión para esos medios.

Con el proyecto de abandono de las energías fósiles, nos enfrentamos a la red de influencia más poderosa que quizá haya visto jamás el mundo. Si subestimamos el carácter conflictivo de la transformación climática, tendremos graves problemas.

En su libro hablan de una “represión política y social” de la transformación ecológica, que sería a la vez inevitable, pero también una dinámica que puede abordarse políticamente. ¿Abre esto una puerta a avances ecológicos y democráticos?

A. D.: El discurso sobre la transición justa o sobre las desigualdades ha avanzado enormemente. También lo han hecho las investigaciones de un gran número de economistas, como Lucas Chancel en Francia. Se ve claramente que las desigualdades climáticas no se dan únicamente entre países ricos y países pobres, sino también dentro de los propios países. Incluso en los países en desarrollo, las clases acomodadas consumen y emiten muchísimo. Las investigaciones muestran que el 5% más rico del mundo emite tanto como el 50% de la población mundial. Creo que este análisis sobre las desigualdades aún no ha sido valorado como merece en el espacio público.

No habrá transformación ecológica si no es redistributiva y si no avanza en la reducción de las desigualdades. No se pueden pedir sacrificios a los excluidos si los más privilegiados no hacen nada. Eso nunca funcionará.

Para lograrlo, hay que acortar los horizontes y los plazos de acción. Los objetivos de descarbonización para 2050 y de limitación del aumento de las temperaturas a finales de siglo no bastan. Reconocerlo no significa rebajar las ambiciones climáticas. Se trata, simplemente, de intentar arreglárnoslas para recorrer los próximos cinco años con una visión más o menos clara de los 50 que vendrán después. No se puede movilizar a las democracias pensando en lo que va a pasar dentro de 50 años. Se movilizan por cosas que les interesan a corto plazo.

*

Stefan C. Aykut y Amy Dahan, La Mutation climatique, Presses de Sciences Po, 418 páginas, 26 euros.

Esta entrevista tuvo lugar en Mediapart el 29 de mayo; Stefan C. Aykut participó en ella por videoconferencia desde Alemania. Los entrevistados no han pedido revisarla.

Traducción de Miguel López

“Una evidente propagandista que actúa como altavoz de la desinformación del Kremlin”. El viernes 29 de mayo, en el estudio de France Inter, Jean-Noël Barrot no se anduvo con rodeos para calificar a Xenia Fedorova, exdirectora de la sección francófona de la cadena estatal rusa Russia Today (RT), hoy omnipresente en los medios del grupo Bolloré. ¿Tenía el ministro de Asuntos Exteriores en mente las palabras pronunciadas por Emmanuel Macron hace ocho años en el suntuoso palacio de Versalles?

Durante una rueda de prensa en 2017 junto a Vladimir Putin, el entonces recién elegido presidente de la República arremetió contra Russia Today y su primo Sputnik, a los que consideraba “órganos de influencia y propaganda engañosa”. Macron respondía a una pregunta de una tal Xenia Fedorova.

Se suponía que el asunto ya estaba zanjado. Pero, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, se prohibió la emisión de RT en Europa, acusada por la Unión Europea de llevar a cabo “acciones de propaganda continuas y concertadas” que “amenazan directa y gravemente el orden y la seguridad públicos de” sus Estados miembros. Menos de un año después, en enero de 2023, RT France cerraba sus puertas.

Xenia Fedorova perdió un canal —y un sueldo mensual de 35.812 euros, según nuestra información—. Pero no tardó en encontrar un empleador aún más poderoso: Vincent Bolloré. Desde la publicación, en 2025, de su libro Bannie por la editorial Fayard, controlada por el multimillonario bretón, esta mujer de cuarenta años se ha convertido en una figura imprescindible en CNews, Europe 1 o en el JDNews, el suplemento del Journal du dimanche (JDD), donde puede difundir sin filtros y sin opositores la narrativa del Kremlin. Y continuar así la misión que se le había encomendado a RT France a su llegada a Francia en 2017.

Este 27 de mayo, en el plató de CNews, Fedorova, que no respondió a nuestras preguntas, se sorprende por el mensaje “extraño” que transmiten los viajes de Édouard Philippe y Bruno Retailleau a la capital ucraniana, Kiev. “Será obligatorio para el nuevo presidente o la nueva presidenta de Francia mirar hacia el futuro e intentar retomar el diálogo con Rusia”, proclama Fedorova, mencionando a los telespectadores su título de “periodista”, pero ocultando su currículum.

Al mismo tiempo, en la portada de la web de RT France —difundida ilegalmente y accesible sin VPN— un artículo se burla precisamente de las “peregrinaciones obligadas” de esos aspirantes al Elíseo, “cuyo objetivo es probablemente más seducir a Bruselas que a su propio país”. “Muestras de solidaridad que apenas se traducen en beneficios electorales concretos”, cree saber ya el órgano de propaganda.

En el espacio de un año, el grupo Bolloré ha ofrecido a Xenia Fedorova una audiencia con la que su pequeña cadena rusa ni siquiera se habría atrevido a soñar. “Que un medio francés se atreva a hacer esto después de lo que pasó con RT es increíble”, dice indignado un experiodista francés de RT France que se ha distanciado. Dora Abdel Razik, Thomas Bonnet, Olivier de Keranflec’h… al igual que Fedorova, son muchos los ex de RT France que han podido encontrar refugio en el grupo Canal+.

Gracias a Vincent Bolloré, Xenia Fedorova ha visto cómo se le abrían las puertas del poder. El 30 de junio de 2025, los invitados de Gérald Brice-Viret, director general del grupo Canal+, a su ceremonia de concesión de la distinción de oficial de la Orden Nacional del Mérito, se llevaron la sorpresa de verla llegar con Vincent Bolloré. En esta mansión de la plaza Vendôme, en el corazón de París, la expresidenta de RT France, antes persona non grata, pudo así cruzarse con el exprimer ministro y líder del partido presidencial Gabriel Attal, que había acudido a condecorar a Gérald Brice-Viret, de quien es amigo.

¿Le incomodó su presencia al candidato a la presidencia? Aunque se le preguntó en varias ocasiones, no respondió.

Unos meses más tarde, el pasado mes de marzo, volvimos a ver a Fedorova en la velada del bicentenario de Hachette, la casa matriz de su editorial Fayard. En los salones del palacio Brongniart, el evento reunió, entre otros, al presidente de Agrupación Nacional (RN), también editado por Fayard, a la seguidora de Zemmour, Sarah Knafo, y a los directivos de los medios de comunicación de Vincent Bolloré.

Paralelamente a esos ecos de sociedad, la nueva estrella de CNews se codea a veces con miembros del Gobierno en círculos más confidenciales. Como reveló Le Monde, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, se encontró con la propagandista el 21 de mayo en un almuerzo, en presencia también de un asesor de Jordan Bardella o de lugartenientes de grandes empresarios. Toda esa corte había sido convocada por Bolloré en el marco de su think tank, el Instituto de la Esperanza, fundado con la intención de influir en las presidenciales de 2027.

“Habían ocultado los nombres problemáticos [de los invitados]”, dijo el entorno de la ministra intentando quitarle importancia. Más tarde, según nuestra información, canceló la entrevista que debía conceder al Journal du Dimanche, propiedad de Bolloré, el domingo 31 de mayo, para no alimentar las sospechas de connivencia con el empleador de Fedorova. Por su parte, el gabinete de Sébastien Lecornu se apresuró a comunicar a la prensa que el primer ministro había exigido a la ministra Genevard que diera explicaciones sobre ese almuerzo.

A los interlocutores en las altas esferas del Estado contactados por Mediapart les cuesta ocultar su incomodidad ante la influencia de la ciudadana rusa. “Cualquiera que participe en un evento en su presencia comete una falta”, afirma una fuente de seguridad. En 2024, incluso antes de que expirara su visado en 2025, Fedorova consiguió un permiso de residencia válido hasta 2034. Preguntado desde el 19 de mayo, el ministro del Interior Laurent Nuñez, responsable de la política de inmigración, no ha dado respuesta a pesar de nuestros insistentes recordatorios. Gérald Darmanin, ministro del Interior en aquel momento, también se niega a dar la más mínima explicación.

Algunos ven en la incomodidad de las autoridades una cierta inquietud ante la idea de actuar contra esta persona cercana a Bolloré a un año de unas elecciones presidenciales en las que el empresario quiere ejercer toda su influencia. “Esta gente ya ataca sin piedad al presidente y al Gobierno todo el día, ¿por qué íbamos a intentar contemporizar con ellos?”, dice un allegado de Macron. Para este interlocutor, la actitud expectante del Estado se debe sobre todo a la dificultad de “definir la injerencia”.

“No entiendo por qué no se rescinde, pura y simplemente, el permiso de residencia de Xenia Fedorova”, dice indigna la eurodiputada Nathalie Loiseau. “Es una cuestión de reciprocidad: ¿qué cadena de televisión rusa podría tener a un columnista francés pro-ucraniano que también participara en una emisora de radio, en un semanario y publicara un libro en Moscú?”, se pregunta. “RT no ha sido prohibida en Francia a la ligera. No es una cadena de televisión, es un instrumento de propaganda y la directora de RT siempre la ha definido como una herramienta de guerra”.

Los servicios de inteligencia alertaron sobre el papel de este medio, entonces dirigido por Xenia Fedorova. En una nota consultada por Mediapart dedicada a las injerencias rusas durante las elecciones europeas de 2019, la DGSI subraya que los medios de comunicación rusos francófonos (RT France y Sputnik) contribuyen “a la puesta en marcha de la agenda política del Kremlin”, buscando “aumentar la desconfianza de los ciudadanos” hacia las instituciones nacionales y europeas mediante “un tratamiento sesgado de la información y la amplificación de rumores falsos”.

En el mismo documento, el servicio de inteligencia francés insistía en que RT hacía todo lo posible por “desmentir las sospechas de injerencia rusa expresadas por las autoridades francesas”. Y la DGSI concluyó en su momento que esta injerencia rusa “a través de sus medios de comunicación” se estaba volviendo “más insidiosa” y menos arriesgada que sus tradicionales operaciones clandestinas de desinformación.

La narrativa prorrusa que hoy difunde Fedorova es la misma, aunque probablemente más ofensiva. Pero a las autoridades francesas parece que les falta un ángulo de ataque para impedir que se extienda.

“Eso es, por cierto, lo que marca la diferencia entre Francia, la Unión Europea y Rusia. En una democracia, se pueden proferir mentiras sin que te envíen a un gulag o a una colonia penitenciaria”, justificó el ministro de Asuntos Exteriores el 29 de mayo.

En CNews, “al comienzo de la guerra, no se asumía la narrativa rusa”, recuerda un periodista de la cadena. “Considera usted que hemos recibido a intervinientes prorrusos. ¿A quién se refiere?”, había dicho irritado Pascal Praud en febrero de 2024. El presentador estrella del grupo negaba, ante la comisión de investigación sobre la adjudicación de las cadenas de la TDT, haber difundido la más mínima propaganda. “No tengo la sensación de haber escuchado en mi plató una defensa del régimen de Putin”, declaró bajo juramento. Xenia Fedorova aún no había sido contratada, la ofensiva rusa aún no se había minimizado.

Desde entonces, la exdirectora tiene dos programas en CNews, otro en Canal+, invitaciones habituales en Europe 1 y una columna semanal en el JDNews. En cada una de sus intervenciones, a veces en conexión desde Moscú, Fedorova defiende las decisiones de Putin, critica las de la Unión Europea o del presidente de la República y ataca a Volodímir Zelenski. “Es Occidente quien ha decidido prolongar este conflicto”, afirmaba el 10 de mayo en un fragmento detectado por Quotidien. Un Occidente que, para ella, libra una “guerra por poderes para debilitar a Rusia”.

Siguiendo su línea, las figuras del canal están ahora rompiendo el dique. “Creo que hay que negociar con Putin”, declaraba, por ejemplo, Pascal Praud el 18 de mayo, decretando de paso que el presidente ruso “no es el agresor”. “Desde el punto de vista ucraniano, no se aprecia el deseo de salir airoso de este conflicto y aceptar una derrota que me parece inevitable”, afirmaba el 27 de mayo un periodista de Valeurs actuelles que se suponía debía debatir con Fedorova.

Ya el año pasado, la diputada del partido Renacimiento, Natalia Pouzyreff, recurrió a la Arcom (Autoridad de regulación de la comunicación audiovisual y digital, ndt) para denunciar varios “contenidos de propaganda”. “Junto con otros diputados, vamos a seguir ejerciendo presión. Es asombroso que una propagandista pueda difundir los mensajes del Kremlin sin que nadie la contradiga.”

Además de una cobertura mediática sin precedentes, la protegida de Bolloré ha adquirido cierto poder. “Sus comienzos en antena fueron catastróficos”, recuerda un empleado de CNews. “Pero muy pronto nos dimos cuenta de que contaba con el respaldo del jefe. Hay que ponerla en valor, no hacerle preguntas capciosas y no contradecirla”, testifica. “Apareció de la nada, de la noche a la mañana, pero ahora es todopoderosa”, confiesa un periodista.

“Hay intocables en el grupo: Sarkozy, Ciotti, Darmanin”, dice, sin siquiera considerar necesario mencionar a las figuras de RN y de Reconquista. “Ella es una más hoy en día.” “Todo el mundo se muerde la lengua en la cadena desde que sabemos lo dañina y perjudicial que puede ser”, añade otro empleado que la acusa de tener poder de vida o muerte sobre algunas caras del grupo.

En apenas unos meses, al menos tres de ellas pagaron las consecuencias. Ya han sido apartados el general Bruno Clermont, colaborador habitual de CNews, el periodista de Valeurs actuelles Victor Eyraud y la periodista del JDD Stéphanie Muru.

“CNews siempre me ha acogido bien y me ha dado total libertad. Ha sido realmente Xenia Fedorova quien ha conseguido que me echen”, acusa Bruno Clermont en Mediapart. ¿El motivo de la disputa? Unas observaciones realizadas por el militar el 3 de marzo de 2026. “Yo quería destacar que, entre las dificultades a las que se enfrenta Irán, está el hecho de que su aliado ruso ha desaparecido. ¿Dónde están los rusos?”, preguntaba en el plató. “¡No han desaparecido! ¿Qué espera usted? ¿Que Rusia entre en guerra contra Estados Unidos e Israel por Irán?”, respondía molesta Xenia Fedorova. Y el consultor de defensa replicó: “Ah, ¿y dónde está el apoyo a Irán? Explíqueme, ¿dónde está?”

“No busqué enfrentarme a ella, intentaba evitarla. No se puede discutir ni debatir con una propagandista del Kremlin”, denuncia hoy Bruno Clermont. “En un año, ha adquirido un peso considerable en la cadena. Bastó con un plató en el que la contradije para que eso me resultara fatal. No vi venir el golpe.”

Este domingo en el JDD, los directivos Arnaud Lagardère (Europe 1) y Gérald Brice-Viret (Canal+) publicaron un artículo de opinión para apoyar a la protegida del grupo, calificada de voz “rara y preciosa”, atreviéndose a concluir: “La libertad de expresión es, ante todo, la libertad de quien no piensa como nosotros.”

Contactada por Mediapart, Xenia Fedorova no respondió a nuestras preguntas. En otros medios, niega cualquier acción de propaganda.

“Mi situación en Francia es regular, ha sido examinada y validada por las autoridades francesas competentes, y se basa en mi actividad profesional actual para Canal+ así como en mi experiencia demostrada en la creación y dirección de una cadena de televisión en Francia”, respondió también a Le Monde en relación con la renovación de su permiso de residencia.

Traducción de Miguel López

Nacido en 1956 en Haifa (Israel) y criado en un kibutz, Oren Yiftachel es profesor de geografía política en la Universidad Ben-Gurión del Néguev, en Beersheba. A él se debe el concepto de “etnocracia”, acuñado en los 90 para describir un régimen que, detrás de una fachada democrática, privilegia en realidad a un grupo étnico en detrimento de los demás. Un concepto que ha aplicado a varios países, incluido el suyo, Israel.

Su último libro, De la etnocracia al apartheid, publicado por ahora solo en hebreo y árabe, va un paso más allá: a su juicio, Israel es ahora un Estado de apartheid. “Vivimos un momento muy grave y vergonzoso para Israel”, alerta en una entrevista con Mediapart quien fue presidente de la destacada ONG israelí B’Tselem, coautor del informe fundacional de 2021 sobre el apartheid y colaborador del informe sobre el genocidio de 2025.

Las imágenes de activistas de la flotilla rumbo a Gaza arrodillados, con las manos a la espalda, que han provocado una indignación mundial, o la entrada en vigor, el 17 de mayo, de la ley sobre la pena de muerte, aplicada exclusivamente a los palestinos, son para él “el espantoso rostro del régimen colonial israelí”: “un sistema de apartheid que recurre cada vez más a la fuerza y a la humillación, atrapado en una huida hacia adelante bárbara y sin salida”.

En 2012, Oren Yiftachel cofundó, junto con una decena de israelíes y otros tantos palestinos, el movimiento Una tierra para todos, que defiende una confederación israelo-palestina bajo el lema: “Dos Estados, una sola patria”. Convencido de que “la transformación debe venir desde dentro”, ha decidido permanecer en su país, mientras que muchos de sus colegas han optado por el exilio tras el 7 de octubre ante la represión de las voces críticas en el ámbito académico.

Mediapart. Usted acuñó el concepto de “etnocracia”. ¿Por qué era necesario inventar una palabra nueva?

Oren Yiftachel. Eran los años 90. El objetivo era cuestionar lo que entonces parecía una evidencia indiscutible: que Israel era una democracia. Yo no veía una democracia. No veía una ciudadanía igualitaria. Las instituciones del Estado no pertenecían a todos sus ciudadanos. El derecho a fundar una familia, el derecho a emigrar, a comprar tierras e incluso los símbolos del Estado pertenecía solo a un único grupo.

Había llevado a cabo un estudio comparativo en numerosos países que habían vivido conflictos étnicos similares: Estonia, Serbia, Sri Lanka, Malasia, Sudáfrica, Irlanda del Norte, Suiza, Canadá. Observé un patrón recurrente: el Estado se presenta como una democracia, organiza elecciones, concede formalmente la ciudadanía, pero esa ciudadanía no es igualitaria.

Existe una jerarquía étnica o racial. La fachada democrática está ahí y es importante, porque confiere legitimidad al régimen. La realidad es que un grupo étnico se hace con el control del Estado. No se trataba ni de una democracia ni de un régimen autoritario, sino de algo intermedio, que merecía ser añadido al léxico. Lo llamé “etnocracia”. El concepto tuvo una gran repercusión, especialmente en Europa del Este y en el sur de Asia.

¿Sigue siendo relevante ese concepto para Israel hoy?

Ya no del todo. Israel ha pasado de la etnocracia al apartheid. Al colonizar todo el territorio y, por tanto, integrar a más de 5 millones de palestinos en su sistema de control, ha cruzado un umbral. Ese es el título de mi último libro. El apartheid es un sistema de gobierno concebido para perpetuar un proyecto colonial.

Así, bajo el gobierno israelí, se pueden distinguir tres grandes categorías de estatus civiles: los judíos, ciudadanos de pleno derecho, comparables a los blancos de Sudáfrica; los palestinos titulares de la ciudadanía israelí, ciudadanos parciales, comparables a los coloured; y los palestinos de los territorios ocupados, no ciudadanos, comparables a los negros de Sudáfrica. Sobre el terreno, Israel busca convertir cada vez más zonas en “blancas” en términos de propiedad de la tierra, demografía y repoblación.

El bloque colonial gobierna Israel desde hace 30 años. Es elegido, pero no democráticamente, ya que millones de palestinos están excluidos de las elecciones del gobierno que los controla. Desde el 7 de octubre de 2023, nos encontramos en un nuevo capítulo del régimen de apartheid: se endurece cada vez más.

Israel intenta responder a la resistencia violenta y terrorista palestina con una fuerza cada vez mayor, cometiendo una serie de crímenes de guerra. En particular, un genocidio en Gaza y una limpieza étnica en Cisjordania y en el Néguev.

Esta nueva fase de colonización se caracteriza por una técnica inédita que Israel denomina “líneas amarillas” en Gaza, el Líbano, Siria...

Sí, son zonas de muerte: si las cruzas, te matan. En un reciente ensayo titulado Del viento amarillo a las líneas amarillas, me basé en el texto profético de David Grossman de mediados de los años 80, El viento amarillo, en el que entrevistaba a palestinos y advertía de que soplaba sobre el país un viento amarillo, utilizando el amarillo como color del peligro. Ese viento se ha convertido en líneas. El amarillo está manchado con la sangre roja de decenas de miles de vidas inocentes.

En Cisjordania, la colonización ha alcanzado su nivel más alto. Se han arrasado campos de refugiados. Se ha expulsado a decenas de aldeas beduinas, unas 50 desde el 7 de octubre. En el Néguev, donde vivo y trabajo, han sido demolidos por el Gobierno al menos seis pueblos enteros con el pretexto de la falta de permisos de construcción. Pero el Estado, sencillamente, no concede esos permisos. Estas personas viven en sus propias tierras, heredadas desde la época otomana. Las autoridades les niegan los permisos y luego derriban sus casas.

Usted es geógrafo, pero trabaja en cuestiones que se asocian más bien con la política o el derecho. ¿Qué permite ver la geografía que otras disciplinas no ven?

El espacio nunca es neutro. Siempre está moldeado por las relaciones de poder. El conflicto israelo-palestino se reduce fundamentalmente a una sola cuestión: ¿quién controla la tierra, el territorio, las ciudades? Cuando se examina el mapa, el régimen de la propiedad de la tierra, las políticas de inmigración y de colonización, se ve algo que el derecho o las ciencias políticas no pueden ver bien en su continuidad: Palestina está judaizada desde al menos 1948.

Eso había comenzado antes, con el movimiento sionista, pero a menor escala: la gente compraba tierras, se instalaba en ellas y las cultivaba. Los judíos solo poseían el 6% de las tierras en 1948. Esto ya era problemático para los palestinos, pero no tiene comparación con lo que ocurrió a partir de 1948: la limpieza étnica.

Dispongo de una serie de mapas que trazan más de un siglo de historia, desde el XIX. Aconsejo a cualquiera que visite por primera vez Israel-Palestina que empiece por ahí: en ellas se ve la expansión de los asentamientos judíos y los espacios palestinos que no dejan de reducirse.

Hay algunos periodos de estabilidad, breves episodios de retirada israelí en el Sinaí, en el Líbano, en Gaza. Pero el proceso general es de expansión continua. El mapa de los refugiados palestinos en los países vecinos forma parte de la misma historia. Todos ellos pertenecen a esta tierra.

Su carrera comenzó lejos de las universidades: ha sido agricultor, camarero, urbanista. ¿Ha moldeado eso su visión del territorio?

Esa trayectoria me ha dado una perspectiva desde abajo, desde los márgenes. Soy un geógrafo que creció en la frontera libanesa —la periferia norte— y que hoy vive en el sur de Israel, cerca de Beer-Sheva.

Esta posición periférica, tanto geográfica como social, siempre ha estructurado mi mirada. El espacio es aquí primordial, pero no el espacio abstracto de los mapas oficiales: el espacio que la gente habita realmente, con sus puestos de control, sus permisos, sus carreteras reservadas, sus tierras confiscadas.

¿Se ha alcanzado un punto de no retorno para la creación de un Estado palestino viable?

La “guerra del 8 de octubre”, como yo la llamo, es la primera guerra que Israel libra explícitamente en nombre del apartheid. Las guerras anteriores tenían otros objetivos —defender la tierra o conquistar un territorio—, pero esta vez el objetivo es matar, oprimir y negar cualquier derecho a los palestinos.

El objetivo es continuar y reforzar el apartheid. La colonización en Cisjordania y alrededor de Jerusalén Este hace que la partición sea físicamente cada vez más difícil. Pero sigo convencido de que la idea de un Estado palestino no ha muerto.

Dentro del movimiento de paz conjunto Una tierra para todos, del que soy cofundador, abogamos por una confederación. Algo que se asemejaría a los sistemas suizo, canadiense o bosnio, o tal vez a la Unión Europea: Estados soberanos con fronteras abiertas. Lo llamamos “dos Estados, una patria común”.

La idea es la siguiente: todos consideramos nuestra patria el territorio que se extiende desde el Jordán hasta el mar. Según el derecho internacional, existiría un Estado palestino dentro de las fronteras de 1967; un Estado israelí en el resto del territorio.

Formarían una confederación que podría llamarse la “Unión de Jerusalén” o cualquier otro nombre que eligieran. Dos Estados, pero sin una separación tajante como la que defienden muchos en el bando de la paz. En ciertos aspectos, se asemeja a Quebec y Canadá, o a Escocia e Inglaterra: el derecho a la autodeterminación y a la independencia, pero dentro de la continuidad de un espacio, una economía y un entorno compartidos.

Un punto clave de la reconciliación es que los palestinos tendrían derecho al retorno: podrían volver, obtener la ciudadanía palestina y beneficiarse de la libertad de circulación y, progresivamente, en un plazo acordado por ambas partes, de la plena residencia en Israel.

Del mismo modo, los judíos que deseen vivir en Cisjordania o en Gaza podrían hacerlo, pero bajo la ley palestina, y no como colonos. Se trata, en esencia, de un binacionalismo en el marco de una soberanía compartida.

Una mayoría de israelíes y palestinos aspira a la paz, a la igualdad de derechos, a una vida normal. Pero un conflicto colonial y de apartheid no se resuelve sin la comunidad internacional. Lo hemos visto en Irlanda del Norte, en Sudáfrica o en Bosnia. Y es que Israel actúa hoy con total impunidad, protegido por Estados Unidos. Sin sanciones, nada cambiará. Debemos volver al derecho internacional y al comportamiento normal de las naciones.

En su último libro, introduce el concepto de “desplazabilidad”. ¿En qué se diferencia del de “desplazamiento forzoso”?

El desplazamiento siempre se ha concebido como un acto, algo que empieza y termina. Afecta generalmente a los habitantes de las favelas, a los trabajadores informales y, a veces, a las clases medias bajas que ya no tienen medios para pagarse una vivienda.

Pero en el régimen urbano que se ha impuesto en los últimos 15 años, impulsado por el capitalismo contemporáneo y por un nacionalismo urbanizador, cada vez más grupos viven bajo la amenaza permanente del desplazamiento sin ser necesariamente desplazados. Es un estado crónico: precariedad permanente, derechos desiguales, movilidad forzada. A eso lo denomino “desplazabilidad”.

En Jerusalén, alrededor del 40% de la población vive en esas condiciones, sin derechos permanentes, obligada a demostrar su residencia cada pocos años. El ejemplo más extremo es Dubái, donde quizá entre el 10 y el 15% de la población goza de derechos permanentes, mientras que la gran mayoría no puede establecerse de forma duradera, comprar una vivienda o renovar libremente su visado.

Las ciudades suelen percibirse como el hogar natural del liberalismo y la democracia. Pero tienen sus propios sistemas de apartheid. El número creciente, a menudo mayoritario, de personas sin derechos y prescindibles es la marca distintiva de la desplazabilidad en el siglo XXI.

¿Cómo se perciben sus trabajos en Israel?

En los años 80 y 90, los investigadores críticos estaban bastante aislados, sobre todo en las grandes universidades. Luego se formó un grupo de académicos críticos en torno a lo que se denominó la “escuela de Beer-Sheva”: Neve Gordon, Uri Ram, Lev Grinberg, Benny Morris, Henriette Dahan, Amnon Raz-Krakotzkin, Pnina Motzafi-Haller, Ismael Abou Saad y otros.

Teníamos voz en el mundo académico israelí, aunque seguíamos siendo una minoría muy pequeña. Nuestros trabajos tuvieron repercusión porque reflejaban la realidad. Precisamente por eso el Gobierno siempre ha estado en contra nuestra. Tres ministros de Educación diferentes han pedido mi destitución. Sin embargo, contamos con un buen sistema de titularización académica, y nuestros puestos siguen asegurados, incluso bajo una presión creciente.

Desde el 7 de octubre, la represión se ha extendido. Cualquiera que diga algo en contra del Gobierno o a favor de los derechos humanos es inmediatamente atacado, incluidos los judíos israelíes. Lo que se denomina la “máquina del veneno” contamina cualquier forma de oposición.

Muchos académicos israelíes críticos han abandonado el país. Yo me quedo, no solo porque estoy profundamente apegado a este país, sino porque debe transformarse desde dentro.

Seguimos siendo una minoría. La mayoría de la gente no quiere escuchar lo que decimos. Pero insistimos. Lo que hacemos es, creo, un análisis creíble, políticamente sólido y moralmente necesario.

Traducción de Miguel López

"El camino hacia el futuro pasa por el retorno a las fuentes", había anotado Edgar Morin en los "Mementos" que concluyen sus Lecciones de un siglo de vida, aparecidas en 2021, el año en que cumplió 100 años. Elogiado por el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, celebrado por Emmanuel Macron en el palacio del Elíseo, nombrado gran cruz de la Legión de Honor, Edgar Morin fue entonces erigido en estatua como sabio consensual, hasta el punto de que Mediapart, cuya aventura él había apoyado, se alarmó por un "secuestro de centenario".

Aunque no era ingenuo al respecto, esta recuperación no desagradaba forzosamente al interesado, cuya feroz reivindicación de libertad se acompañaba de una fuerte necesidad de reconocimiento. Pero sería lamentable que esta tardía notabilización eclipsara la originalidad de una obra proteiforme y prolífica, indisociable de la vida de su autor, fallecido el viernes 29 de mayo en París. Por eso quisiéramos rendirle homenaje mediante un retorno a las fuentes en el que el periodismo será el hilo de Ariadna.

Nacido el 8 de julio de 1921 en París, en el seno de una familia judía originaria de Salónica, en Grecia, Edgar Nahoum se convirtió en Morin al conservar como apellido uno de sus seudónimos de resistente bajo la Ocupación. Comunista por antifascismo, sin ilusiones sobre el estalinismo —fue expulsado del Partido Comunista Francés (PCF) ya en 1951 y dio cuenta de ese episodio en Autocrítica (1959)—, formó parte de la red de François Mitterrand en el seno del Movimiento Nacional de Prisioneros de Guerra y Deportados (MNPGD), al igual que Marguerite Duras, Robert Antelme o Dionys Mascolo. Después, llegada la Liberación, buscó su camino a tientas, ya habitado por una inquietud primordial: apenas tenía 30 años cuando publicó El hombre y la muerte (1951).

Es entonces, a partir de 1950, cuando comienza su carrera de investigador, con su entrada en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), junto a Georges Friedmann. Sigue un camino de vida y de creación irreductible a las clasificaciones, que trasciende las disciplinas y entrelaza los saberes. Humanista a la antigua, queriéndose discípulo de Montaigne, pero también de Pascal y de Descartes, Edgar Morin le dio su finalidad y su culminación con El método (seis volúmenes, 1977-2004), empresa enciclopédica que consideraba su obra mayor.

Pero, salvo que se quiera fijar un pensamiento que siempre se quiso en movimiento, esta suma teórica que recoge su pensamiento de la "complejidad" no basta para dar cuenta de su originalidad intelectual. Para entreverla en su riqueza y su vitalidad, mejor vale tomar el desvío de su incansable confrontación con la actualidad, de la que daba testimonio todavía, el 11 de abril, su última entrevista para Le Monde, donde se leen estas palabras que harían un hermoso epitafio: "Dudo de toda aserción mientras no tenga la prueba de su veracidad. Dudo de la humanidad sin dejar de creer en ella. Tengo fe en el amor y en la fraternidad."

Pues, lejos de mantener a distancia o con desprecio el periodismo, Edgar Morin no cesó de practicarlo. Fue periodista a su manera, y sin duda el único de su especie. Dicho de otro modo, periodista moriniano, tal como se inventó sociólogo, buscando su disciplina al descubrir atajos y recorrer senderos de aventura. Sociólogo periodizante, periodista sociologizante: rehusando alzar un muro entre el saber académico y la curiosidad periodística, no cesó de ocupar esa posición inclasificable, tan expuesta como incierta.

Con todo, sus detractores se verían en apuros para travestirlo en espécimen de los "intelectuales mediáticos" —obligados de los medios donde se prodigan, encadenados a esa servidumbre que los promueve—. La diversidad de los géneros (estudios, tribunas, entrevistas) como la de los soportes (Le Monde y Le Nouvel Observateur de forma privilegiada) lo atestigua: siempre conservó su libertad, asiendo los medios según su propio momento, antes que dejarse asir por el momento mediático.

Lejos de la habitual expresión de opiniones, donde el intelectual se extravía al pretenderse juez de todo, el Morin periodista da testimonio de una obstinación, doblada de un riesgo: confrontar sin cesar el recorrido de su pensamiento con las sorpresas de la actualidad. Más que una facilidad, fue una restricción, libremente elegida: entre ejercicio y entrenamiento, una suerte de prueba y contraprueba donde la obra en curso, en lugar de refugiarse en su torre de marfil, afronta la vida misma que se supone que ha de esclarecer, poniendo a prueba su ideal de comprensión sobre la realidad del acontecimiento.

Esta elección fue teorizada por Edgar Morin en 1972, en el número 18 de la revista Communications, que él dirigió. Titulado simplemente "El acontecimiento", marca la transición entre la sociología del presente, de la que había sido, ya en la posguerra con El año cero de Alemania (1946), el artífice y el promotor, y la filosofía de la complejidad, cuya escritura a largo plazo será el taller de El método. En el sumario de este número-manifiesto se encuentran dos artículos programáticos de Morin que abren y cierran la revista: "El retorno del acontecimiento" y "El acontecimiento-esfinge".

"Reinterrogar el acontecimiento": la ambición que anuncia ya en el preámbulo de esta entrega hace de vínculo entre su curiosidad por la actualidad y sus imprevistos —de los que habían dado testimonio sus escritos sobre el cine, las estrellas, la cultura de masas, la juventud "yeyé", Mayo del 68 o también el rumor de Orleans— y el desafío intelectual venidero del autor aún más inclasificable de El método. Reinterrogar el acontecimiento es, en efecto, reinterrogar las disciplinas, perturbar sus separaciones y emborronar sus fronteras.

Es reconocer el azar, admitir el "acontecimiento-ruido", considerar que "son acontecimientos perturbadores o accidentales, desorganizadores o destructores los que, en ciertos casos, en ciertas condiciones y entre ciertos umbrales, tienen un efecto reorganizador-morfogenético". Es, insiste entonces, hacer emerger una ciencia inédita "en una tierra de nadie entre varias disciplinas". Y, por ello, inevitablemente, hacerse malquerer por esos "epistemo-aduaneros que rechazan las ideas sin pasaportes bien establecidos".

En suma, afrontar el acontecimiento y ya no apartarse de él es, si no entrar en disidencia, al menos ponerse en riesgo académico. "El rechazo del acontecimiento fue quizá necesario para los primeros desarrollos de la racionalidad científica. Pero puede corresponder también a un afán de racionalización casi morbosa, que descarta el azar porque el azar es el riesgo y lo desconocido": la conclusión en forma de tesis —aquí, la primera— del artículo introductorio muestra bien que Morin no pretende flaquear ante el desafío que se ha lanzado.

Y el horizonte sobre el que termina el artículo final deja entrever la recompensa esperada: "El acontecimiento está en el límite donde lo racional y lo real se comunican y se separan. Pero es precisamente en esas tierras límite donde se plantean los problemas de lo singular, de lo individual, de lo nuevo, de lo aleatorio, de la creación, de la historia… […] Es en su unidad (contradictoria) donde podemos situar la organización, la transformación. Es en ese eje donde nos orientamos hacia la Scienza Nuova: ciencia de los sistemas complejos autoorganizadores, ciencia de la evolución, ciencia (de las condiciones) de la creación."

Biología, historia, física, comunicación, psicología, psicoanálisis, etc.: mezclando, entre otras contribuciones, las reflexiones de Henri Atlan, de Jean-Pierre Changeux, de Henri Laborit, de Emmanuel Le Roy Ladurie, de Pierre Nora o de Anthony Wilden, el sumario pluridisciplinar de Communications da testimonio de esa ambición científica. Pero ese Morin nuevo, el de El método, reivindicando una lengua sabia no siempre evidente para el profano, no debe relegar al olvido al antiguo Morin que se cruzaba en la prensa, en particular el de las primeras grandes investigaciones-reflexiones para Le Monde —sobre el programa "Salut les copains" (1963), la revista Planète (1965) o la "Comuna estudiantil" (1968)—.

Pues esos dos Morin van a la par, indisociables, apoyándose el uno en el otro, y a la inversa, para descifrar el enigma del presente. Así, una vez lanzado El método, tras el inevitable plazo de viudez de lo que fue a la vez una culminación y una metamorfosis, el Morin periodista no cesará de regresar, a partir de los años 1980, en particular sobre el conflicto israelo-palestino o ante el fin de Yugoslavia.

Si se promueve esta entrega de Communications como momento bisagra, es pues para subrayar hasta qué punto, en la evolución que lo lleva de la sociología del presente a la aventura de la complejidad, Morin conservó ese punto de anclaje: la práctica del acontecimiento, el afán de su problematización, la interrogación de su enigma. Pero no faltan indicios más antiguos, que dan testimonio de las constantes morinianas. De una revista a otra, cuando, en 1962, pone fin a la aventura colectiva de Arguments, comenzada en 1956, Morin expresa un solo pesar: no haber podido imponer la revista "en una zona intermedia entre la reflexión y la actualidad", haber sido penalizado por su ritmo de publicación bastardo que hacía "imposible intervenir en el acontecimiento".

De ahí en adelante, es esa contradicción la que va a esforzarse en superar en solitario, haciendo alternar o cohabitar, de la prensa del día al libro en curso, en idas y venidas, la inflexión de la reflexión y la interrogación de la actualidad. El año del cierre de Arguments aparece El espíritu del tiempo, que será seguido de un segundo tomo, en 1975 —finalmente subtitulados a la manera moriniana, Neurosis el tomo 1, Necrosis el tomo 2—. 1962, otro momento bisagra, semejante a 1972. Un año después comienza la compañía con Le Monde —la investigación inaugural sobre la generación "yeyé"—.

Basta releer El espíritu del tiempo para adivinar que el propósito del autor sobre la cultura y la comunicación de masas no podía sino atraer la atención de un redactor jefe sin anteojeras, preocupado por la calidad y desprovisto de prejuicios. Aunque apunta al mundo de los sociólogos, el método que allí defiende Morin, "método autocrítico y método de la totalidad", remite implícitamente a los criterios de un periodismo exigente: "Evitar el sociologismo abstracto, burocrático, del investigador desconectado de su investigación, que se contenta con aislar tal o cual sector sin intentar ver lo que vincula los sectores unos con otros."

Del mismo modo que no hay buen periodismo sin curiosidad ni generosidad, sin amor ni empatía por el mundo y quienes lo habitan, así también la sociología de la modernidad que Edgar Morin reclama entonces supone "que el observador participe en el objeto de su observación: hay que, en cierto sentido, gozar en el cine, gustar de introducir una moneda en una rocola, divertirse con las máquinas tragamonedas, seguir los partidos deportivos, en la radio y en la televisión, tararear la última cancioncilla; hay que ser uno mismo un poco de la muchedumbre, de los bailes, de los curiosos, de los juegos colectivos; hay que conocer ese mundo sin sentirse extraño a él; hay que gustar de flanear por los grandes bulevares de la cultura de masas".

Trece años después, cuando Morin publica el segundo tomo de El espíritu del tiempo, en el momento mismo en que termina el inicio de El método, por más que los campos de curiosidad hayan variado, el procedimiento no solo es idéntico, sino que está más explícitamente reivindicado. Anunciando, en una nota al comienzo de Necrosis, la próxima aparición de la obra maestra como nada menos que un "esfuerzo de reconsideración teórica general de la sociología y, más ampliamente, de la ciencia del hombre", insiste en la coherencia de una obra en díptico con "su parte conceptual-teórica y su parte fenomenológica". Una investigación, repite, de "dos rostros", que efectúa sin cesar "un vaivén entre el esfuerzo teórico bio-antropo-sociológico […] y la exploración del fenómeno". "Estos dos aspectos —concluye— siempre resonaron e interactuaron el uno sobre el otro. Se trata de la misma investigación."

Ahora bien, el fenómeno es el acontecimiento, la crisis, el presente, la actualidad. Y es en ese terreno donde el periodismo moriniano afirma su originalidad, transformando la habitual tribuna de expresión en un inhabitual campo de experimentación. Morin se apropia del género periodístico para desviarlo y subvertirlo a fin de servir a su propia obsesión: afrontar a la Esfinge, hacer hablar a sus enigmas, desafiar a ese "monstruo de la sociología" que es, según él, el acontecimiento, "que significa la irrupción a la vez de lo vivido, del accidente, de la irreversibilidad, de lo singular concreto en el tejido de la realidad social".

El acontecimiento, añade, "es decir, la información". La información que perturba, que desestructura, que sacude y que cuestiona. Tenemos ahí una clave para comprender el éxito —de notoriedad, de estima, incluso de amistad— de Edgar Morin entre los periodistas. Y es que el desafío que se da a sí mismo es sencillamente el que ellos y ellas deberían afrontar y que, demasiado a menudo, ay, se les escapa: hacer hablar al acontecimiento en lugar de juzgarlo, darle sentido en lugar de oscurecerlo, abrirlo a todos sus posibles en lugar de reducirlo a una sola salida —dicho de otro modo, reflexionarlo dando a reflexionar—.

En ese sentido, el uso moriniano del periodismo, si bien es inseparable de su obra de pensamiento, no es prosaicamente instrumental. Su práctica del género remite también a una empatía profunda por el oficio que, desde la segunda revolución industrial y el advenimiento de la prensa de masas a finales del siglo XIX, se construyó en torno a su profesionalización. Hacia el periodismo, Morin da testimonio pues de una sociología comprensiva que evidentemente no excluye la mirada crítica pero que no supone obligatoriamente la puesta a distancia, posición que lo distingue de Pierre Bourdieu y de su sociología de los medios, espontáneamente suspicaz.

Esta tradición sociológica empática está por lo demás explícitamente reivindicada en el número de Communications sobre el acontecimiento. De las nueve citas, cuya diversidad de autores expresa su habitual gusto por lo diverso, colocadas por él como exergo de esta entrega concebida como un manifiesto, la primera basta para resumir la exigencia: "Solo puede interrogarse sobre el sentido del universo quien es capaz de asombrarse ante la marcha de los acontecimientos." Muy lógicamente, Max Weber (1864-1920) es aquí el primer convocado.

Se subraya muy poco en Francia: a lo largo de toda su vida, Weber marcó su interés por la prensa y por el trabajo periodístico. Consideraba la participación en la vida intelectual de un periódico como una de las formas del "servicio del presente" que reclama el compromiso democrático. Teniendo ante los ojos la primera masificación mediática de la historia, paralela a la industrialización de la prensa y a la profesionalización del periodismo, elaboró en 1910 un vasto proyecto de investigación sociológica sobre la prensa que diversas mezquindades y adversidades —¡académicas y periodísticas!— le impidieron llevar a buen término. Por último, la segunda de las conferencias reunidas en El sabio y el político (1919) contiene un alegato sorprendente a favor de una profesión a la que, sin embargo, la gran guerra de 1914-1918 había malparado en su exigencia de verdad y de integridad.

Cierto es que el cumplido puede parecer envenenado, de tan alto como fija el nivel de exigencia: "La mayoría de la gente ignora que una "obra" periodística realmente buena exige al menos tanta "inteligencia" como cualquier otra obra de intelectuales, y demasiado a menudo se olvida que se trata de una obra a producir en el acto, por encargo, a la que hay que dar una eficacia inmediata en condiciones de creación que son totalmente diferentes de las de los demás intelectuales. Muy raras veces se sospecha que la responsabilidad del periodista es mucho mayor que la del sabio y que el sentimiento de responsabilidad de todo periodista honorable no es en nada inferior al de cualquier otro intelectual —incluso puede decirse que es más elevado si se atiende a las constataciones que se han podido hacer durante la última guerra—."

Edgar Morin podría firmar estas líneas, él que no temió ser mal juzgado por algunos de sus pares por su frecuentación cómplice de los malos lugares periodísticos y que siempre tuvo la tentación de lanzar un "¡No soy de los vuestros!" a los detentores de una "nomenklatura intelectual o universitaria", como confiaba en Mis demonios (1994). A la vez concreto y comprensivo, el interés constante de Weber por la prensa hace eco al primer Morin sociólogo que estudia los medios de masas y se interesa por la noción de "gran público".

Max Weber no era solo curioso de la prensa en tanto que producto acabado. Apartándose de una crítica rutinaria que no va más allá de los contenidos —dicho de otro modo, de una glosa o de un juicio sobre lo que la prensa da a leer y, hoy, a ver o a oír—, la abordaba como un objeto social total, interesándose por los procesos y las prácticas, curioso de la industria y de sus fuerzas materiales, preocupado por la profesión y sus procedimientos artesanales, interrogando las culturas así producidas y los imaginarios así vehiculados.

Del mismo modo, el Morin de El espíritu del tiempo en 1962 tiene ya tras de sí una reflexión sobre el cine con El cine o el hombre imaginario (1956) y Las estrellas (1957). Mezclando el placer con la reflexión, no vacila en transformar su frecuentación de las salas oscuras en desvío sociológico. A contrapelo de ese desdén por lo cotidiano mediante el cual el saber se protege de los embarazos del mundo en lugar de buscar comprenderlos, teoriza entonces el presente como terreno por excelencia. Sensibles, como lo sería una placa fotográfica, sus observaciones presentan, en los albores de los años 1960, evoluciones —politización juvenil, mundialización cultural, presentismo omnipresente— cuyo comentario se ha vuelto, desde entonces, sobreabundante.

"El nuevo individualismo —escribe— se diferencia del hedonismo clásico. Este, consagrado al solo goce en el instante, ignoraba lo que es quizá el aporte más nuevo de la cultura de masas: la participación en el presente del mundo." "Cultura del hoy eterno y cambiante —insiste—, la cultura de masas tiende a remitir el espíritu al presente", a "hacer del presente el marco absoluto de referencia", a "atomizar el tiempo como al individuo", pero "simultáneamente, opera una prodigiosa circulación de los espíritus hacia los otros lugares", haciendo de la persona humana "un ser de las lejanías cuyo espíritu yerra siempre por los horizontes de su vida".

Ciertamente marcados por un optimismo de época, estos escritos están sobre todo impregnados de esa dialéctica entre inquietud y esperanza que nunca abandonó a Edgar Morin. "Allí donde crece el peligro crece también lo que salva": este verso de Hölderlin, repetido de libro en libro en el último período, resume su ética de pensamiento ante el acontecimiento. "La angustia sale por todos los poros de la cultura de masas, pero sale de ella expulsada en movimientos, agitaciones, trepidaciones, suspenses, imágenes de golpes, trampas, ataques, asesinatos…", escribe en 1962, apostando entonces por la elaboración de nuevas respuestas a las contradicciones de la existencia en y por ese movimiento del presente, respuestas ellas mismas en movimiento incesante.

Una década y algunas decepciones más tarde, si el cuestionamiento no ha cambiado, el diagnóstico es menos entusiasta: la conclusión de El espíritu del tiempo 2 evoca una "Edad Media moderna", "estado híbrido e incierto, marcado por la decadencia de una legitimidad cultural sin que haya afirmación de una nueva legitimidad". Anunciando la época que va a seguir cuando otros miraban aún hacia atrás, estas líneas de 1975 dan testimonio de una innegable presciencia forjada en la práctica de ese arte todo él de ejecución: la confrontación con la época, el cuestionamiento del aire de los tiempos, la curiosidad hacia lo cotidiano.

Hoy que Morin, a falta de discípulos puesto que nunca quiso ser maestro de escuela, no carece de imitadores en materia de sociología del presente, se olvida la audacia de sus comienzos que, a su vez, terminarán por hacer acontecimiento con los éxitos editoriales de Comuna en Francia (1967) y de El rumor de Orleans (1969). A finales de los años 1950 y a comienzos de los años 1960, las traducciones francesas del olvidado Georg Simmel, de las figuras variadas de la Escuela de Fráncfort, de Walter Benjamin o de Siegfried Kracauer estaban aún por venir. Venidos de Alemania, marginales y exiliados, estos ineludibles predecesores, iniciadores de un pensamiento del presente en la frontera de los géneros y en la encrucijada de las disciplinas, no se habían impuesto todavía en Francia para dar el ejemplo.

En ese sentido, Edgar Morin fue ciertamente precursor, buscando su vía sin antecesor. Pero, en lo que respecta a la relación con el periodismo, este parentesco a la vez posterior y lejano con esos diversos autores cobra sentido en la medida en que ellos dieron testimonio, cada uno a su manera y en su estilo, de una relación cultural con la prensa tejida de curiosidad y de complicidad. Desde ese punto de vista, y en un recorrido invertido donde el periodismo conduce a la sociología en lugar de prolongarla, esta excepción moriniana evoca la originalidad parkiana.

Largo tiempo desconocido en Francia, Robert Ezra Park (1864-1944), antes de darse a conocer como el fundador de la Escuela de Chicago a la que la sociología urbana contemporánea es todavía deudora, fue primero reportero en Detroit, Mineápolis, Chicago y Nueva York, periodista de investigación y de sucesos, lidiando con la realidad social más cruda antes de retomar sus estudios superiores, en Alemania, junto a Georg Simmel.

"Son más bien las informaciones las que hacen la opinión", gustaba de teorizar el periodista y sociólogo Park quien, incorporándose tardíamente al mundo universitario, pasados los 49 años, se apoyó en su práctica periodística para construir una sociología práctica. En resonancia, se encuentran, en la investigación de campo transdisciplinar, interactiva y participativa que Morin impulsó en torno a la comuna bretona de Plozévet, los lineamientos de un asombroso compendio de investigación tanto periodística como sociológica.

El método llamado "in vivo" que inventó en esa ocasión incita a los investigadores de la aventura bigudena a sacudir su "percepción objetiva" mediante "una gran participación subjetiva", tal como Park invitaba a sus estudiantes a sumergirse en cuerpo y alma, como reporteros de campo, en los universos que querían explorar. Minucioso hasta las manías de detalle, este Memento del investigador elaborado por Morin en julio de 1965 merecería ser estudiado en las formaciones de periodismo, en particular por su rastreo de los reflejos de indiferencia inconsciente y por su explicitación de esa cualidad esencial al oficio, el "saber-recordar".

Tres años después, bajo el choque de la crisis de 1968, Edgar Morin sistematiza esa reflexión metodológica sobre "la relación observador-observado". Confirmación del dialogismo moriniano entre acontecimiento y teorización, es en efecto de ese año que data la problematización más lograda del "método in vivo". Se trata de un documento de trabajo difundido en el Grupo de Sociología del Presente, que será retomado como epílogo de El rumor de Orleans (1969), luego en Sociología (1984). Esforzándose en definir las condiciones concretas de "una investigación que no cesa de ser investigadora", estos Principios de una sociología del presente se detienen en los "instrumentos", "técnicas" y "medios" de lo que Morin prefiere llamar… "investigación".

Bajo ese vocablo, hay que entender una investigación que, primero, pretende "favorecer la emergencia de los datos concretos y, en cuanto tal, debe ser bastante flexible para recoger documentos en bruto". Pero se trata también de una investigación que se deja sorprender por lo que encuentra, que piensa contra sí misma y contra sus presupuestos, que se verifica a la vez que se corrige y encuentra sus interpretaciones gracias a sus confrontaciones. A menudo llamado, en Francia, "de investigación", para marginalizarlo tanto como para mitificarlo, el periodismo en el que la búsqueda del hecho inédito precede a la elaboración de un comentario hallará, en estas sistematizaciones morinianas, con qué confortarse.

Ese periodismo no se sorprenderá de descubrir, en la reedición de Sociología en 1994 y como conclusión de la parte consagrada a la sociología del presente, un artículo del periodista Edgar Morin consagrado al caso de la sangre contaminada, aparecido en Le Monde en 1992. Se lee allí esto, eco de la soledad vivida o de la adversidad soportada por el periodista portador de "malas noticias": "Toda información que incomoda llega siempre con retraso a los sistemas de ideas o a los cuerpos constituidos, y, una vez llegada, las consecuencias que debería determinar se ven ellas mismas retrasadas."

Pero, de Max Weber a Robert Ezra Park, las diversas escuelas sociológicas de proximidad antes que de distancia con los medios no son la única referencia que evoca irresistiblemente el ejercicio periodístico asiduo de Edgar Morin. Hay otra, a la vez más lejana y muy próxima, que solo sorprenderá si se confunde al autor con su vulgata, su pensamiento móvil con su herencia inmóvil: Karl Marx. Y, aquí, la analogía introduce a una dimensión demasiado a menudo ignorada de la obra-vida moriniana: su parte política.

En un tiempo en que el oficio no se había vuelto aún una profesión, Marx no cesó en efecto de ser periodista. En Prusia, el joven Marx hizo de él el territorio de sus primeras batallas políticas, ofreciendo un alegato idealista en defensa de la "prensa libre", ese "ojo en todas partes abierto del espíritu del pueblo", esa "encarnación de la confianza que un pueblo tiene en sí mismo".

Posteriormente, desde su exilio londinense, fue, para la prensa de los Estados Unidos, en particular el New York Tribune, un cronista regular de los acontecimientos británicos y mundiales, imbricándose unos y otros a menudo puesto que el corazón del capitalismo mundial latía entonces en Londres. Ese Marx era ciertamente periodista en el sentido en que lo entendemos ordinariamente, antes que editorialista: si expresaba un punto de vista, un análisis o una posición, se preocupaba por estar informado antes de buscar estar inspirado. Antes de comentar o, más bien, mientras comentaba, informaba a sus lectores.

Si las motivaciones materiales no fueron indiferentes a esa actividad remunerada, no se la sabría reducir a ello. Más esencialmente, el periodismo de Marx empalmaba con su procedimiento intelectual, sus compromisos y sus curiosidades. Los comentaristas que, por ejemplo, concluyen demasiado rápido que no hay verdadera teoría del Estado o de lo político en toda su obra ignoran extrañamente la extrema riqueza y la gran coherencia de sus artículos sobre Francia donde se elabora el concepto de bonapartismo, infinitamente más rico y complejo de lo que generalmente se entiende, introduciendo a un pensamiento nuevo de la pareja anudada por la sociedad y el Estado.

De hecho, en Morin como en Marx, existe una imbricación casi existencial entre la elaboración obstinada de una teoría del mundo y el ejercicio obstinado de una práctica del acontecimiento. Marx afronta los acontecimientos a la vez que erige El Capital, ese libro sin fin, del mismo modo que Morin construye El método sin renunciar jamás a las convocatorias del presente, durante los casi treinta años que ella lo habrá ocupado.

Sin duda audaz, la comparación está a la medida de las ambiciones fundadoras de las dos obras. El mismo desafío prometeico las vincula: aprehender la totalidad del presente, pensar global y mundial, al riesgo del todo y de lo general, salir de lo parcelario y de lo compartimentado, no vacilar en hacer sistema a la vez que se rehúsa el cierre sistémico. Y ese desafío es por esencia político, como subrayó de entrada Cornelius Castoriadis con motivo de la aparición del primer tomo de El método: "El trabajo de Morin ayuda a liberar el pensamiento y la voluntad políticos." En cierto modo, la apuesta es aún más arriesgada para Morin, testigo de un mundo huérfano de las vastas utopías, que para Marx, llevado por un optimismo progresista que el totalitarismo no había desencantado todavía.

Ahora bien, es justamente esa antorcha la que Morin se niega a abandonar, ligando indisolublemente el esfuerzo de teorización y el interés por el acontecimiento. "La atención prestada al fenómeno, al acontecimiento, a la crisis —escribe en 1968— conduce, no hacia el debilitamiento, sino hacia el reforzamiento de la exigencia teórica." Sigue, tan lógica como inmediatamente, una referencia al marxismo "que se quiere teoría general, apta para aprehender el acontecimiento significativo para enriquecer y verificar la teoría, como fue el caso en El 18 Brumario de Luis Bonaparte".

En el fondo, Edgar Morin, en sus artículos como en sus libros, permaneció fiel al compromiso formulado en pleno corazón del proyecto intelectual que fue Arguments. Fechado en el cuarto trimestre de 1959, el decimosexto número de la revista se abre con una contribución de su director-gerente titulada "¿Qué hacer?". Tras haber recordado que no pretendía "fundar una escuela, una secta, una familia espiritual" y que prefería "un grupo de camaradas, libres de entrecriticarse", Edgar Morin afirma esto, que es lo esencial: "No por ello nos situamos en el plano del escepticismo universal, del eclecticismo universitario. Por mi parte, creo en los grandes sistemas, en la gran construcción teórica y práctica que abarca los problemas de la naturaleza y del hombre, del conocimiento y de la acción. Pero una experiencia común nos ha hecho comprender que el último Gran Sistema —el marxismo— está hoy fosilizado, es insuficiente. Debemos contribuir a la elaboración de un nuevo sistema, pero nos hace falta trabajar largamente. Y durante la transición, que podrá ser muy larga, o quizá no desemboque en nada, nos hace falta evitar el sucedáneo, lo prefabricado, el espejismo."

En esta empresa de superación del marxismo, no como cuerpo de doctrina del que, poco más o menos, el morinismo sería el heredero, sino como promesa de una inteligibilidad global, la garantía de no extraviarse por concesión a las ilusiones reposa, una vez más, en una incesante confrontación con la actualidad inmediata, dicho de otro modo, por seguir en el vocabulario marxizante, en una praxis del acontecimiento. Excluyendo la torre de marfil, la refundación intelectual supone una apetencia por el presente. De hecho, en una entrega posterior de Arguments que tiene en su sumario un dossier sobre los intelectuales, Morin tira del hilo ya tejido por Marx: "La obsesión de Marx es desinsularizar la inteligencia. Es la obsesión de la praxis, intercambios ininterrumpidos entre la teoría y la práctica, donde se forja el hombre total, que ya no es un intelectual sino que es el artífice de su propia historia…"

La comparación tiene evidentemente sus límites, subrayados por las diferencias contextuales. En 1864, Marx participa en la fundación, en Londres, de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la Primera Internacional, cuando, a la misma edad, Morin ha roto desde hace tiempo con el militantismo y ya ha dado cuenta, con la imperecedera Autocrítica (1959), de su expulsión del Partido Comunista. Pero aquello de lo que, posteriormente, da testimonio precisamente Morin es que la política no se reduce a la adhesión y, mejor aún, que hay que arriesgarse a repensarla y a refundarla desde fuera de sus círculos profesionales.

Definitivamente sin partido desde el año de sus 30 años, Morin no por ello dejó de estar habitado por la política —una dimensión de su obra demasiado poco subrayada y comentada—. Así, en Mis demonios, ensayo de autobiografía y de autoanálisis intelectuales entre confesión y alegato, es a su propósito que reivindica dos palabras que, espontáneamente, se lo imaginaría más bien manteniendo con desconfianza, "pasión" y "misión". "Pasión política" por los acontecimientos históricos, "misión intelectual" de restituir su complejidad.

Detallando "esa misión, cuya polivalencia se ha ido desprendiendo cada vez mejor ante mis ojos", plantea primero su "conciencia de que el intelectual es actor, más allá de la alternativa entre el compromiso y la torre de marfil, en el juego de la verdad y del error, que está en el centro del juego de la historia humana". Así, el Morin periodista se inventará una fidelidad infiel al Morin militante, es decir, al Morin convertido en comunista por ideal en resistencia, y luego habiendo resistido por ideal al comunismo: no renunciar a la esperanza, no caer en el error. En adelante habitado por "la obsesión permanente del problema del error", siendo el más extendido el error ideológico, reivindica "la movilización de todas las cualidades intelectuales en las actividades políticas", rehusando que se reserve "la parte más oscura, infantil, incontrolada de uno mismo a la política".

Esta búsqueda de una problematización de los acontecimientos que se esfuerza en elevar su comprensión, de preferencia a su crítica "que selecciona arbitrariamente sus blancos y no sabe criticarse a sí misma", funda la originalidad de sus artículos. Reivindicando "la salvaguarda de la ética del debate por oposición a la del rechazo", prefiriendo la explicación a la imprecación, Morin se niega a denunciar si no sabe enunciar. Con todo, y ese es todo el talento del periodismo moriniano, esa puesta a distancia de los reflejos sectarios —de denuncia, de condena, de exclusión— no significa la neutralización del acontecimiento, su embalsamamiento bajo una comprensión que agotaría su subversión.

Los ataques, tan injustos como hirientes, que le valieron sus reflexiones sobre Israel y Palestina y su compromiso constante junto al pueblo palestino lo han mostrado paradójicamente. Problematizar, comprender, contextualizar: estas simples exigencias intelectuales incomodan en profundidad las certezas de quienes prefieren simplificar —en el modo binario—, tranquilizar —en el registro identitario—, o elegir —según los reflejos partidistas—. Al final de Mis demonios, Morin les había respondido por anticipado, sin excluirse él mismo de la advertencia: "Sé que puedo ilusionarme sobre la ilusión, equivocarme sobre el error, histerizar sobre la histeria, tratar mal la complejidad, por eso creo tanto más en la necesidad imperiosa de una conciencia que nos permita resistir en todo tiempo y sobre todos los terrenos a todas las fuerzas mentales, ideológicas, culturales, históricas que suscitan las innumerables formas de error. Y, de forma inseparable, creo en la necesidad del repensamiento político."

De ese esfuerzo por repensar la política, el periodismo es pues, en Morin, el instrumento privilegiado. Ciertamente, como se ha visto, porque, desde un punto de vista práctico, su materia prima es el acontecimiento, la sorpresa, el azar, lo inédito, lo imprevisto, el accidente, la crisis, etc. Pero también, desde un punto de vista teórico, porque la cuestión de la verdad, y por tanto del error, está en el corazón de su legitimidad democrática como de su definición ética. Y, por consiguiente, de su riesgo. A lo largo de su producción periodística, Edgar Morin hace así vivir ese "principio de incertidumbre" que está en el corazón de su pensamiento político y de su dimensión moral.

"Al mismo tiempo que abandoné el mesianismo —escribe en Mis demonios—, hice en sentido inverso una crítica realista del realismo y de sus fallas, de modo de no confundirlo con la aceptación del hecho consumado, y de abrirlo no solo sobre el advenimiento de lo posible, sino también sobre el de lo improbable y de lo inesperado. Al introducir lo improbable y lo inesperado en el realismo, introduje en él un principio de incertidumbre."

Improbable, inesperado, incertidumbre: otras tantas palabras que, igualmente, recubren las libertades y las restricciones, las apuestas y los riesgos, los entusiasmos y las decepciones de ese oficio inclasificable, el periodismo. Su tragedia también. "Nuestro papel, hoy, es anunciar que no hay buena noticia", escribía en 1959 el Morin de Arguments, invitando a los intelectuales a volver a ser los "disonantes" de su época.

En todo tiempo, en todo lugar, un periodista digno de ese nombre podría decir lo mismo.

José Forero es uno de los hinchas más famosos de la selección masculina de fútbol de Colombia. A sus 60 años, este administrador de empresas y contable jubilado confía en que, con figuras como Luis Díaz, delantero del Bayern de Múnich, y su capitán, James Rodríguez, Colombia brille en el Mundial que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Vecino de Barranquilla, ciudad natal de Shakira, situada a orillas del río Magdalena y a diez kilómetros del mar Caribe, Forero no pasa desapercibido cuando anima a sus jugadores favoritos. Como en carnaval, uno de los más importantes del país, se disfraza de tigre.

Luce un impresionante tocado de plumas del que emerge la cabeza del animal. El disfraz causa sensación. En 2014, durante el Mundial de Brasil —donde Colombia llegó hasta cuartos de final, tras caer por 2-1 ante la Seleção, su mejor resultado histórico—, protagonizó numerosos reportajes y su imagen dio la vuelta al mundo.

Este año, para su alegría, Colombia también se ha clasificado. Pero él no podrá viajar: todo resulta demasiado caro. Antes de ese torneo que deberá seguir desde el sofá de su casa, Forero ha decidido dedicar toda la energía de su personaje felino a otra cita: las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el domingo 31 de mayo.

Esta vez, el "tigre colombiano" —como se hace llamar en Instagram— apoya a otro "tigre": el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, que ha convertido ese apodo en uno de los ejes de su campaña. El tigre está en sus discursos, en sus folletos, en sus canciones y en sus mítines, concebidos como auténticos espectáculos con salsa, fuegos artificiales y canciones ensordecedoras en bucle. Su himno de campaña se titula "El tigre de la patria" y los altavoces rugen sin descanso.

"Aquí está tu tigre, que ruge y muerde", proclamaba De la Espriella el sábado 23 de mayo ante miles de seguidores —50.000, según la organización— al inicio de su discurso en uno de sus últimos actos públicos de campaña. Juega en casa: nacido en la región, este candidato de 47 años se siente en su territorio en Barranquilla. Con una gorra de "Abelardo presidente" y una camiseta amarilla de la selección colombiana, con la inscripción "Selección del Tigre" en la espalda, enardecía al público.

De la Espriella, abogado y empresario con triple nacionalidad —colombiana, italiana y estadounidense—, es la gran sorpresa de estas elecciones. Con su barba bien recortada, recuerda a otra figura de la extrema derecha latinoamericana: Nayib Bukele, el autoritario presidente de El Salvador.

Por su teatralidad, también evoca al presidente argentino, Javier Milei. A ambos les gusta enfrentarse a los medios de comunicación, denunciar a la “casta” —"los de siempre", en el léxico de Abelardo—, cantar alguna canción —el colombiano incluso se atreve con La Vie en rose en un francés aproximado— y, sobre todo, exhibir virilidad.

Como buen “macho alfa”, no hay discurso en el que De la Espriella no mencione sus "cojones" para demostrar su determinación a aplicar su programa y llevar a cabo un “cambio estructural”. En varias ocasiones ha humillado a mujeres periodistas que le formularon preguntas incómodas. En un programa de radio, pidió a la única mujer presente entre los periodistas que describiera una foto en la que, según él, marcaba paquete con los vaqueros que llevaba.

El 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, se embarcó en un elogio paternalista, explicando a cuatro mujeres que era un “feminista de la vieja guardia”. “Sois maravillosas”, exclamó. “Me parecéis sencillamente sensacionales en todos los sentidos. El cuerpo de la mujer, lo que dice, su capacidad para procrear, todo es maravilloso”.

El saludo militar se ha convertido en el grito de guerra de sus seguidores, al igual que su eslogan “Firme por la Patria”. Convertido al catolicismo durante la pandemia, también despliega un discurso ultraconservador, con ataques a la "ideología de género" y al aborto.

En redes sociales, su equipo destaca las desavenencias entre la candidata de la derecha, Paloma Valencia, y su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, un político que reivindica públicamente su homosexualidad, a propósito de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En una entrevista conjunta en marzo, Valencia afirmó que se opondría a que Oviedo pudiera adoptar un hijo.

Uno de los ejes de la campaña de De la Espriella es la lucha contra la inseguridad. Diez años después de un acuerdo histórico entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno, el país atraviesa una nueva ola de violencia. El primer presidente de izquierdas, Gustavo Petro, prometió alcanzar una "paz total" con los grupos armados, desde el Ejército de Liberación Nacional —la guerrilla más antigua de América Latina que no se había desarmado— hasta las disidencias de las FARC o los herederos de los grupos paramilitares de extrema derecha. Muchas de estas organizaciones se financian mediante el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control territorial.

El discurso de mano dura defendido por De la Espriella, fundador del movimiento Defensores de la Patria, gusta a una parte de la población colombiana, harta de ver cómo la inseguridad se enquista. “Ya son más de 20 años de diálogos, reuniones y acuerdos que solo han servido para fortalecer a los guerrilleros, a toda la población corrupta y a los grupos armados ilegales”, afirma José Forero, vestido con su disfraz de tigre.

Su hijo, médico de 30 años, se ha ido a vivir a Estados Unidos. “Por desgracia, tuvo que emigrar porque el futuro aquí no es bueno, no hay esperanza”, explica. Aunque Forero votó por Álvaro Uribe —cuya presidencia entre 2002 y 2010 estuvo marcada por graves violaciones de los derechos humanos y el asesinato de miles de civiles—, se ha distanciado de Paloma Valencia, la candidata de la derecha tradicional que apoya el exjefe del Estado.

Lo que le convence ahora es el discurso de cambio del “Tigre”. “Lo más interesante es que va a gobernar con personas competentes y preparadas, con personas honestas”, dice. “Ha prometido gobernar con gente que no forma parte de la vieja guardia política, aquellos que han permitido que la corrupción destruyera este país. Así que tenemos muchas esperanzas de que Abelardo cumpla sus promesas, de que nuestros hijos tengan un futuro mejor, de que nuestros nietos tengan un futuro de verdad”.

Antes del mitin, el disfraz de Forero atrae todas las miradas. No dejan de pedirle que pose delante de un Tesla Cybertruck, un coche de aspecto futurista y casi blindado, rotulado con la imagen del Tigre y la de su candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, economista y exministro del Gobierno conservador de Iván Duque (2018-2022).

Un grupo de mujeres también se fotografía junto al coche. Una de ellas, Ingrid, una empleada de cincuenta años que prefiere dar solo su nombre de pila, cuenta que hace cuatro años votó por Petro, quien no puede presentarse a un segundo mandato por mandato constitucional. Esta vez, sin embargo, apoyará al candidato de extrema derecha porque, asegura, "va a luchar contra la inseguridad que vive actualmente el país".

Una de sus amigas interviene: “Va a apoyar los proyectos para la primera infancia, va a combatir la inseguridad. Hay que darle una oportunidad porque en este momento el país está viviendo una inseguridad terrible”.

Durante su mitin al estilo Trump, Abelardo de la Espriella promete el oro y el moro, en nombre de una “patria milagrosa”. “Colombia va a conocer la prosperidad, la libertad y el orden que todos deseamos y que todos merecemos. Esto no tiene nada que ver con ideologías. Se trata de principios y valores fundamentales”, proclama entre rugidos de tigre y fuegos artificiales. Entre la multitud, una joven lleva una gorra roja con el lema “Make Colombia Great Again”.

De la Espriella promete ganar en la primera vuelta. Pero, al igual que hace cuatro años, Colombia podría asistir a un duelo en la segunda vuelta entre la extrema derecha y la izquierda. En 2022, Petro venció, con más de 700.000 votos de diferencia, a Rodolfo Hernández, un empresario millonario. Al igual que De la Espriella, venía de Miami y había derrotado a la derecha tradicional.

El domingo, en Barranquilla, durante su último mitin antes del período de “reflexión” que prohíbe cualquier acto público y toda propaganda electoral una semana antes de las elecciones, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, ya denunció la “opción fascista” que representa De la Espriella. También lamentó que el periódico de la ciudad, El Heraldo, de tradición liberal, haya respaldado en un editorial al candidato de extrema derecha. Una señal de que Abelardo ha logrado lanzar una OPA política sobre una parte de la derecha y de las élites económicas y políticas de la costa caribeña colombiana.

Traducción de Miguel López

¿Dónde ha quedado la pasión? A un año de las elecciones presidenciales, el último capítulo del macronismo ha sumido a muchos diputados centristas en un abismo de perplejidad. Las divisiones de la derecha moderada, la creciente influencia de los medios del grupo Bolloré en sus filas y el fracaso del presidente de la República a la hora de consolidar una organización capaz de sobrevivirle les producen vértigo.

En un acto de desesperación, el diputado Stéphane Travert, exsocialista que se unió a Emmanuel Macron en 2017 y que después fue su ministro de Agricultura entre 2017 y 2018, se ha sumado a la iniciativa de Élisabeth Borne: la creación de un pequeño partido que aspira a pesar en el debate de ideas. "Los moderados deben ir a la guerra" para abrirse paso entre La Francia Insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (RN), sostiene el diputado. Aunque admite que, por ahora, "no tiene candidato".

Junto con otros macronistas históricos, como el diputado Marc Ferracci, exministro de Industria entre 2024 y 2025, Travert abogó ante Gabriel Attal por recuperar el nombre original de Renacimiento: "¡En Marcha!". "Hay que asumir una vuelta a los orígenes, una historia. Somos un partido joven", defendía Ferracci hace apenas unas semanas, preocupado por la confusión del panorama político. De poco le ha servido.

Para expresar su escepticismo ante la candidatura ya oficial de Gabriel Attal, el diputado del MoDem Richard Ramos recurre a un aforismo: "En una tormenta, la fuerza de un árbol se mide por la profundidad de sus raíces".

Consciente de esta crisis de identidad política, consecuencia del hundimiento de los antiguos partidos de gobierno y del fracaso de Emmanuel Macron en su intento de reorganizar la vida política en torno a una división entre "conservadores reaccionarios" y "progresistas reformistas", como prometía en su libro Révolution (XO Éditions, 2016), Édouard Philippe intenta, por su parte, invocar el legado de la derecha clásica.

El 10 de mayo, Philippe, presidente de Horizontes, reivindicó con firmeza su identidad de derechas, como ya había hecho desde su llegada a Matignon en 2017. "Sé de dónde vengo: de la derecha. Fui el primer director general del mayor partido que la derecha y el centro han creado en Francia, la UMP [Unión por un Movimiento Popular]", repitió ante los cuadros y diputados de su partido reunidos en Reims (Marne). Y, tras explicar que quería construir una mayoría "disciplinada, alineada en lo esencial, pero también diversa", añadió: "Sin volver a crear la UMP, porque no se puede ser y haber sido".

La alusión no es inocente. Al afirmar que quiere pasar página del "al mismo tiempo", el ex primer ministro de Emmanuel Macron entre 2017 y 2020 reactiva el recuerdo de un mito: el del partido común en el que la Agrupación por la República (RPR), Democracia Liberal y tres componentes de la Unión por la Democracia Francesa (UDF) se fusionaron para gobernar juntos en 2002, bajo los auspicios de Jacques Chirac y Alain Juppé, tras el impacto que supuso el paso de Jean-Marie Le Pen a la segunda vuelta de las presidenciales.

"La UMP es la unión de todas las corrientes de derechas en un solo partido por primera vez en su historia. Philippe instrumentaliza este legado para decir que, aunque no todos piensen necesariamente lo mismo, pueden unirse para ganar", explica el politólogo Vincent Martigny.

El argumento que Serge Lepeltier, secretario general del RPR favorable a la fusión, desarrolló en Le Monde en 2002 encaja especialmente bien con el momento actual: "El resultado de la primera vuelta ha demostrado que las luchas internas y las divisiones no estaban justificadas. Ante el auge de los extremos, hay que replantearse nuestra visión de la política". A menos de un año de la primera vuelta de las presidenciales de 2027, en el campo centrista se escucha la misma narrativa que agrupa a "los extremos" para enfrentarse mejor con el bando de "la gente razonable".

La referencia está calculada. Remite a un periodo envidiable, en el que el partido de derechas podía contar con 300.000 afiliados. Hoy, Los Republicanos (LR), lejano heredero del general de Gaulle y de Chirac, cuenta oficialmente con 76.000.

"¿La UMP, por qué no? No funcionaba tan mal", reconoce Laurent Marcangeli, presidente del grupo Horizontes en la Asamblea Nacional. "Sin nostalgia, aquella alianza, que iba de Charles Pasqua a Jean-Louis Borloo, permitió gobernar durante diez años. La gente ya no quiere el 'al mismo tiempo', sino un discurso de derecha republicana moderada. La vida política francesa tiene que dejar de ser tripartita".

En las elecciones legislativas de 2002, la UMP despegó al obtener 358 escaños. LR cuenta hoy con 39, lo que da una idea de la pendiente que tiene por delante. Mientras se perfila una posible disolución tras las presidenciales de 2027, ese recuerdo puede influir en los diputados de la antigua "base común".

"Todo el reto para el próximo candidato del centro en las presidenciales es saber si será capaz de aglutinar a gente más allá de su propio partido. La referencia a la UMP resulta atractiva porque encarna la capacidad de la derecha y del centro para abandonar las viejas etiquetas y formar una mayoría única", explica el historiador del gaullismo Pierre Manenti, autor de Le RPR. Une certaine idée de la droite (El RPR. Una cierta idea de la derecha, Passés Composés, 2026).

El recuerdo de aquella unión, sin embargo, incomoda a Marc Fesneau, líder del MoDem en la Asamblea. "¿No habría sido distinta la vida política si se hubiera considerado que lo mejor era respetar el pluralismo que estaba consolidándose? Quizás habríamos ganado algo de tiempo, de energía y de diálogo entre nosotros y nuestros conciudadanos. No vamos a volver a crear el partido único de la derecha y el centro. ¡Esto es el cuento de nunca acabar!", zanja.

En 2002, François Bayrou ya dejó huella al oponerse a la convergencia chiraquiana. "Si todos pensamos lo mismo, es que ya no pensamos", lanzó entonces, entre abucheos, en la convención de la Unión en Movimiento (UEM), antecesora de la UMP. Durante un coloquio sobre el Estado de derecho celebrado el 18 de mayo en la Asamblea, el ex primer ministro, recientemente destronado por la izquierda en Pau (Pirineos Atlánticos) en el contexto del caso Bétharram, mantuvo esa misma posición ante algunos periodistas: "No en el 'bloque central', sino en el centro, hay fuerzas dispersas cuya lógica debería ser reunirse, midiendo los peligros a los que nos enfrentamos. Todo eso está en proceso de definición".

Édouard Philippe no es el único que hace guiños al pasado. Como Jacques Chirac, que anunció su candidatura a las presidenciales de 2002 durante una conversación forzada con la alcaldesa de Aviñón (Vaucluse), Gabriel Attal lanzó la suya desde la pequeña localidad rural de Mur-de-Barrez (Aveyron), el 22 de mayo.

Su entorno también invoca, con cierto interés, la dinámica de la campaña de Jacques Chirac en 1995, cuando este partía como rival de la derecha frente al favorito Édouard Balladur. Pero Gabriel Attal no tiene nada en común con la derecha: procede del Partido Socialista (PS).

En el fondo, estos paralelismos revelan la crisis de liderazgo que atraviesa la derecha. A falta de una figura tutelar contemporánea, recurre a una historia relativamente lejana, mientras que su último gran líder, Nicolas Sarkozy —cuyo juicio de apelación por la financiación libia acaba de concluir—, ha dado su bendición a la RN de Jordan Bardella al compararla con el RPR de Jacques Chirac.

En este terreno, la extrema derecha ha dado un golpe de fuerza al apropiarse con eficacia del legado gaullista y chiraquiano. En marzo de 2024, Jordan Bardella siguió los pasos del RPR al organizar sus "estados generales de la inmigración". "El programa del RPR de los años 90, cuando el RPR era verdaderamente de derechas, es hoy el programa de la RN, al menos en materia de seguridad e inmigración", declaró entonces.

En 2023, Franck Allisio, tránsfuga de la UMP, ya había lanzado una campaña para apropiarse de la marca RPR, que recuperó para crear su propio movimiento, hoy con unos 10.000 afiliados. "Con esta referencia al RPR, la extrema derecha culmina su proceso de normalización al intentar borrar la parte controvertida de su historia. Tras las derrotas de Nicolas Sarkozy en 2012, François Fillon en 2017 y Valérie Pécresse en 2022, también se vincula a la imagen de una derecha que sí ha ganado", analiza Pierre Manenti.

Para Vincent Martigny, este éxito es "una señal de debilidad de la derecha". "Si hay un legado que recoger, es que no se le respetó del todo", sostiene. Una debilidad que no solo debe atribuirse al macronismo, sino también a la propia derecha.

"En 2012, Nicolas Sarkozy perdió con una línea muy radicalizada, sin el ala izquierda que sí había incorporado en 2007. Desde entonces, rompió el equilibrio de un movimiento que se ha desplazado por completo hacia la derecha sin decirlo realmente, ignorando la diversidad de su familia política", detalla el investigador.

Mientras el componente gaullista de LR se ha vuelto claramente minoritario, la reivindicación de ese legado por parte de Bruno Retailleau, designado candidato para 2027, resulta significativa. Iniciado en política en el Movimiento por Francia (MPF) de Philippe de Villiers, Retailleau, representante de Vendée, nunca perteneció a la familia gaullista y encarna una corriente católica, conservadora y nacionalista.

"Lo que predomina claramente entre estos candidatos es la sensación de que la derecha nunca ha aplicado realmente una política de derechas. Entre los simpatizantes, algunos se preguntan si la 'verdadera derecha' no estará del lado de Jordan Bardella y Marine Le Pen. Hay, por tanto, una ambivalencia entre los candidatos: reivindican filiaciones tranquilizadoras y, al mismo tiempo, prometen a ese electorado de derechas que no van a fingir", observa Vincent Martigny.

De esas contradicciones nace su falta de claridad identitaria.

Traducción de Miguel López

No es que sea un fracaso, pero no ha funcionado. A su regreso a la Casa Blanca, a principios de 2025, Donald Trump prometió poner fin en tiempo récord a la guerra de Rusia contra Ucrania. Tras más de un año de agitación diplomática, las negociaciones impulsadas por su equipo están en punto muerto. "Hemos percibido que no ha habido muchos avances en los últimos meses", admitió el 22 de mayo su secretario de Estado, Marco Rubio, antes de concluir: "Lamentablemente, no han sido fructíferas".

De hecho, los últimos encuentros entre emisarios de Moscú, Kiev y Washington se remontan a febrero, en Ginebra (Suiza), y no han dado lugar a nada concreto. La Administración Trump deja entrever ahora que otro Estado, o grupo de Estados, podría hacerse cargo de esas conversaciones. "Si alguien más quiere encargarse, que lo haga", dijo también Marco Rubio el 22 de mayo, aunque menos de un minuto después aseguró que su país estaría "encantado" de continuar.

En este contexto, Europa empieza a preguntarse si debe asumir un papel más activo en las negociaciones, o incluso impulsar unas nuevas. Las reflexiones están todavía en una fase incipiente, pero el asunto figuraba en el orden del día de un consejo informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), que se ha celebrado en Chipre el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo.

La presidencia ucraniana lleva dos meses presionando en este sentido. En una reunión a puerta cerrada con los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, a finales de marzo, "Volodímir Zelenski formuló por primera vez una serie de preguntas retóricas sobre el futuro del proceso estadounidense, sobre si hacía falta una alternativa para sustituirlo y, en caso afirmativo, cuál", relata una fuente diplomática europea.

La petición se ha hecho pública y se ha vuelto más firme en las últimas semanas. "Es importante que Europa tenga una voz fuerte y una presencia significativa" en estas negociaciones, insistió el presidente ucraniano tras una conversación telefónica con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el 17 de mayo. "También conviene determinar quién la representará", añadió Zelenski.

Sobre esta cuestión se enfrentan dos visiones. Una parte de los Estados europeos considera que la voz del continente debe recaer prioritariamente en los países del llamado grupo E3 —Francia, Alemania y Reino Unido—, por su peso político y por su implicación, desde hace cuatro años, en varias iniciativas relativas a Ucrania, entre ellas la "coalición de voluntarios" impulsada por París y Londres.

Otra parte defiende una solución más representativa de la diversidad de la Unión, que pasaría, por ejemplo, por nombrar a personalidades vinculadas a las instituciones europeas. Pero esa opción tendría el inconveniente de dejar fuera al Reino Unido, que ya no forma parte de la UE. Además, "los representantes rusos nunca querrán hablar con delegados de las instituciones, a las que consideran una oficina subalterna encargada de los clips", opina la misma fuente diplomática.

Otra parte aboga por una solución más representativa de la diversidad de la Unión, que pasaría, por ejemplo, por el nombramiento de personalidades vinculadas a las instituciones europeas. Pero tendría el inconveniente de dejar de lado al Reino Unido, que ya no forma parte de la UE. Por otra parte, “los representantes rusos nunca querrán hablar con representantes de las instituciones, a las que consideran una suboficina encargada de los clips”, opina la misma fuente diplomática.

Una tercera opción consistiría en nombrar a un antiguo jefe de Estado o de Gobierno europeo, que genere consenso entre los Estados miembros y tenga el peso político suficiente para ser considerado un interlocutor creíble por Moscú. En los últimos días han aparecido en la prensa los nombres de la excanciller alemana Angela Merkel y del expresidente del Consejo de Ministros italiano Mario Draghi, sin que se sepa si realmente han sido contactados ni por quién.

El presidente ruso, Vladímir Putin, que nunca desaprovecha una ocasión para sembrar algo de discordia entre los países europeos, también ha hecho su propuesta: Gerhard Schröder, de 82 años, con vínculos muy estrechos con la Federación de Rusia. El excanciller alemán no oculta su "amistad" con Putin y fue durante cinco años presidente del consejo de administración del gigante petrolero ruso Rosneft.

Este pequeño juego de sugerencias, adivinanzas y globos sonda en torno al nombramiento de un "enviado" o una "enviada" parece todavía prematuro. En primer lugar, porque Estados Unidos no tiene, en realidad, tan claro que quiera ceder el testigo. El presidente Trump ha amenazado en varias ocasiones con retirarse del proceso, pero nunca ha esbozado un gesto concreto en ese sentido.

Pese a los signos de cansancio dentro de su Administración, "la negociación bajo el paraguas de Estados Unidos sigue ahí, y no hay espacio político para dos iniciativas distintas", estima la fuente diplomática europea, aunque considera "útil" que los dirigentes europeos empiecen ya a hacerse estas preguntas: "Tarde o temprano tendremos que implicarnos. El día en que Donald Trump decrete que todo esto es absurdo y que se retira, será demasiado tarde para empezar a reflexionar".

Más allá de Estados Unidos, la gran incógnita sigue siendo cuáles son las intenciones del Kremlin. Nada indica que Rusia quiera negociar más que hace seis meses o un año. "Puedes nombrar a quien quieras, movilizar a todos los que quieras en torno a los esfuerzos de paz, pero, si antes no has 'preparado' a Rusia presionándola, no conseguirás nada", objeta una fuente diplomática ucraniana.

Más allá de Estados Unidos, el mayor interrogante sigue siendo la cuestión de las intenciones del Kremlin. Nada indica que Rusia desee negociar más que hace seis meses o un año. “Puedes nombrar a quien quieras, movilizar a todos los que quieras en torno a los esfuerzos de paz, pero si no has ‘preparado’ a Rusia metiéndole presión, no conseguirás nada”, objeta una fuente diplomática ucraniana.

Esa es la principal razón por la que han fracasado todas las conversaciones mantenidas hasta ahora bajo la batuta de Estados Unidos. Conviene recordar que los "esfuerzos de paz" de la Administración Trump han consistido sobre todo en descalificar las reivindicaciones ucranianas antes incluso de que Kiev pudiera formularlas, en agitar la amenaza de sanciones contra el petróleo ruso sin llegar a adoptarlas —las únicas finalmente aprobadas, en octubre de 2025, fueron levantadas en marzo— y, después, en proponer un "plan de paz" de 28 puntos claramente inspirado por la Administración rusa.

Pese a las reflexiones concretas sobre las modalidades de un posible alto el fuego, incluida la creación de una zona desmilitarizada, el principal obstáculo sigue siendo el mismo: Rusia no parece tener intención de detener su guerra, en gran medida porque Estados Unidos no ha utilizado ningún medio serio de presión para obligarlo a hacerlo.

Por su parte, los ucranianos, aunque agotados, no tienen intención de aceptar la ocupación rusa del 20% de su territorio; y desde luego no sin una garantía sólida de que Rusia no lanzará una nueva ofensiva dentro de unos años para apoderarse de todo el país.

El ataque lanzado por el ejército ruso contra Ucrania el 24 de mayo, con unos 600 drones y 90 misiles —que destruyó un centro comercial, una escuela, un museo dedicado a la catástrofe de Chernóbil y las oficinas de varios medios de comunicación en la capital, Kiev—, sumado al que diez días antes había matado a 24 personas y herido a otras 50, también en Kiev, no ha contribuido precisamente a hacerles cambiar de opinión.

Traducción de Miguel López

Por primera vez, un independentista juró el cargo de primer ministro de Gales. Fue el 12 de mayo, en Cardiff, capital de esta pequeña nación situada al oeste del Reino Unido. Rhun ap Iorwerth prometió “solemne y sinceramente […]servir […]a Su Majestad el rey Carlos III”, aunque su proyecto político pasa precisamente por romper el reino que encabeza el monarca. 

Su partido, Plaid Cymru, obtuvo una mayoría relativa en las elecciones municipales y autonómicas del 7 de mayo y puso fin a décadas de hegemonía del Partido Laborista. Es el inicio de una nueva etapa, que el propio Ap Iorwerth quiso subrayar minutos después, en las escaleras de Cathay Park, sede del Gobierno galés, al afirmar que su lealtad estaría, ante todo, “con el pueblo de Gales”.

Dijo que se esforzará por “colaborar de manera constructiva con el Gobierno británico”, y trabajará con “otros actores de estas islas cuando compartan puntos en común”. Al decir esto, Ap Iorwerth miraba hacia el norte, a 600 kilómetros, hacia Escocia. En Edimburgo, John Swinney también juró el cargo para seguir como primer ministro, tras la mayoría cualificada obtenida por el independentista Partido Nacional Escocés (SNP), también el 7 de mayo.

Ap Iorwerth aludía también a la situación política en Belfast. Michelle O’Neill es primera ministra de Irlanda del Norte desde febrero de 2024 y codirige el Sinn Féin, formación republicana a favor de la reunificación de Irlanda, hoy dividida entre la República de Irlanda, al sur, e Irlanda del Norte, integrada en el Reino Unido. Es la primera vez que el Sinn Féin ocupa la posición principal en el Ejecutivo norirlandés.

Aunque cuenta con mayoría en el Parlamento de Stormont, O’Neill comparte el poder en igualdad de condiciones con Emma Little-Pengelly, viceprimera ministra del partido de derecha DUP, el Partido Unionista Democrático. El Acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte, prevé precisamente un ejecutivo bicéfalo que incorpora de forma automática a republicanos y unionistas. Tras las elecciones del 7 de mayo en Gran Bretaña, O’Neill habló de una nueva “dinámica” que conviene que cultivar.

Plaid Cymru, el SNP y el Sinn Féin “son tres partidos progresistas, de centroizquierda y socialmente liberales, que aspiran a una transformación profunda de la gobernanza de las islas británicas”, resume Richard Wyn Jones, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Cardiff. “Se consideran partidos hermanos”.

El SNP nació en 1935, diez años después de Plaid Cymru. Ambas formaciones encontraron pronto puntos en común. Además de invitarse mutuamente a sus congresos anuales, “cooperan muy estrechamente en el Parlamento de Westminster”, señala Wyn Jones. En 2022, por ejemplo, coordinaron sus intervenciones y su voto durante el debate sobre el límite máximo de los precios de la energía. También en los debates sobre la gestión del Brexit, estos dos partidos proeuropeos han hablado con una sola voz.

La relación que mantienen con el Sinn Féin es “muy diferente”, precisa Wyn Jones, aunque solo sea porque los diputados del partido republicano norirlandés se niegan a ocupar sus escaños en Westminster. Los vínculos establecidos por Plaid Cymru y el SNP con el Sinn Féin son más recientes. Durante mucho tiempo, el partido fue considerado la rama política de un grupo paramilitar, el IRA, el Ejército Republicano Irlandés. La llegada de Michelle O’Neill, que nunca tuvo vínculos personales con el IRA, a la dirección del partido en 2017 lo cambió todo.

Los tres partidos llevan, por tanto, años conviviendo. Pero, por primera vez, en la próxima reunión con Keir Starmer, dentro del marco de relaciones intergubernamentales del Reino Unido, serán tres jefes de Gobierno independentistas quienes se sienten frente al primer ministro británico. Estas reuniones se celebran aproximadamente cada dos meses. Según la web del Gobierno, su objetivo es “fomentar la colaboración y evitar desacuerdos”.

Pero el sistema sigue siendo “vertical”, como explica Bettina Petersohn, de la Universidad galesa de Swansea: es el primer ministro quien convoca esas reuniones y propone los temas de debate, que solo pueden dar lugar a declaraciones de intenciones. Starmer, políticamente debilitado, se encontrará en una situación de uno contra tres (si se omite a la viceprimera ministra norirlandesa del DUP, que estará presente), pero aún puede contar con una amplia mayoría en el Parlamento de Westminster. Ninguno de los tres dirigentes de las naciones periféricas, recuerda Petersohn, dispone de mayoría absoluta en sus respectivos parlamentos.

Otra baza que Starmer puede jugar, según la politóloga, reside en el carácter asimétrico de la descentralización británica, la devolución. Aunque Escocia, Gales e Irlanda del Norte cuentan con gobiernos propios para defender sus intereses, no es el caso de Inglaterra. Ni siquiera Reform UK, el partido de extrema derecha cuyos miembros  exhiben con más frecuencia la bandera inglesa que la británica y que obtuvo una amplia mayoría en Inglaterra el 7 de mayo, propone la creación de un Parlamento inglés.

Nigel Farage, líder de Reform UK, ha abandonado una idea que le era muy querida: la restauración del sistema English vote for English Laws (Evel, un voto inglés para las leyes inglesas), que consistía en restringir el derecho de voto de los diputados no ingleses sobre proyectos de ley que solo afectaran a Inglaterra. Establecido en 2015 por los conservadores, el mecanismo fue abolido por ellos mismos en 2021 debido a su complejidad.

En realidad, Inglaterra no necesita necesariamente un Parlamento propio. Incluso sin el sistema Evel, la nación domina en Westminster en cuanto a superficie, población y poder: 533 de los 650 diputados son ingleses. El Parlamento y el Gobierno de Londres “conservan la soberanía”, recuerda Murray Leith, profesor de ciencias políticas en la Universidad de West Scotland. “Técnicamente”, añade, “Westminster podría abolir los gobiernos descentralizados de Escocia y Gales”.

La perspectiva de una mayoría de Reform UK —muy poco favorable a la descentralización— tras las próximas elecciones generales, previstas como muy tarde para 2029, es una de las razones que empujan a las tres naciones a estrechar lazos. Pueden colaborar porque “no son competidoras”, subraya Leith. Todas quieren “reforzar la autoridad y el poder” de sus gobiernos dentro del Reino Unido antes de, en última instancia, desvincularse de Londres.

Aunque Gales votó mayoritariamente a favor de la salida de la Unión Europea en 2016, los tres partidos comparten también una orientación proeuropea. Y, sobre todo, rechazan la ley sobre el mercado interior aprobada en 2020, como consecuencia del Brexit. Esa norma busca evitar barreras comerciales internas, en particular con Irlanda del Norte, que permanece de facto dentro del mercado único europeo para no levantar fronteras aduaneras en la isla de Irlanda (la República de Irlanda es miembro de la UE) y reavivar un conflicto histórico.

Además, esta ley limita las competencias de los gobiernos descentralizados. Escocia, por ejemplo, quiere regular el precio de los alimentos básicos para combatir el aumento del coste de la vida. Pero Londres, en nombre de la armonización del mercado interior, podría impedir la aplicación de esta medida, incluso si fuera aprobada por la mayoría del Parlamento escocés.

En ausencia del Sinn Féin en Westminster, el SNP y Plaid Cymru cooperan con los diputados norirlandeses del DUP. Estos no desean la independencia, pero quieren que la descentralización funcione, y para ello están dispuestos a apoyar mociones parlamentarias iniciadas por los nacionalistas galeses o escoceses. En la década de 2010, todos ellos formaron así un frente común contra el proyecto de la línea ferroviaria de alta velocidad HS2 en Inglaterra, cuyos costes se dispararon.

Pero los intereses compartidos del DUP con los partidos independentistas llegan hasta ahí. Si el primer ministro británico rechaza las demandas comunes de las naciones que gobiernan, estas podrían convertir ese bloqueo en un nuevo argumento a favor de su emancipación.

Traducción de Miguel López

¿Qué nos ha pasado? Cuando Francia creó la escuela infantil, fue para acabar con los asilos infantiles, esas guarderías inhumanas donde las trabajadoras dejaban a sus hijos y en las que la disciplina se imponía a varazos. En aquella época, una pedagoga excepcional, Pauline Kergomard, hablaba de “crímenes de lesa infancia”. Bajo su influencia, en 1881, Jules Ferry instituyó verdaderas escuelas para los más pequeños, definidas así por decreto: “Las escuelas infantiles son establecimientos donde los niños […] reciben los cuidados que exige su desarrollo físico, intelectual y moral”.

Ese modelo ha sido motivo de orgullo para Francia durante más de un siglo. Pero el país descubre ahora, horrorizado, que hoy se cometen “crímenes de lesa infancia” entre esas mismas paredes, de una forma que parece cada día más sistémica, en momentos que escapan al control del Ministerio de Educación y de los que hasta ahora nadie parecía preocuparse.

Hablamos de las horas de la comida y de la merienda, de los miércoles por la tarde y de las vacaciones, cuando las escuelas se transforman en centros de ocio. Los alumnos son confiados masivamente a monitores contratados por las administraciones locales, que no destinan los medios necesarios. Profesionales que —con demasiada frecuencia— no lo son realmente por falta de títulos, formación y controles.

Este “escándalo de las actividades extraescolares” —que también afecta a las escuelas primarias, aunque en menor medida— no deja de extenderse desde hace meses. Tras estallar en París hace ya un año, se ha propagado de Montpellier a Ruán, del pueblo de Morigny-Champigny, en Essonne, hasta Marsella, siempre con las mismas causas y los mismos efectos. Las mismas negaciones que generan las mismas catástrofes.

Es demasiado pronto para saber si los casos de violencia en las actividades extraescolares se han disparado en los últimos años. Sin duda, esa violencia ya estaba ahí, en todas sus formas —sexual, física y psicológica—, poco visible y apenas cubierta por los medios. Pero desde hace un año, la atención prestada a los niños, empezando por sus propios padres, se ha multiplicado por diez. Y las denuncias, en particular por abusos pedófilos, aparecen por todas partes.

Solo en la capital, según la Fiscalía de París, “un centenar de escuelas infantiles” —es decir, una de cada tres—, son objeto de investigaciones judiciales, así como “una veintena” de escuelas primarias y “una decena” de guarderías. Una ola sin precedentes. El martes 26 de mayo comenzó el juicio contra David G., un monitor acusado de una serie de agresiones sexuales en la guardería Baudin, en el distrito XI de París, el primer caso que prendió la mecha en abril de 2025.

Casi diez años después del #MeToo, este escándalo se suma a las denuncia de los delitos de pedofilia en la iglesia y en el deporte, después al #MeTooIncesto, y finalmente al “caso Bétharram” del año pasado, que permitió abordar los abusos cometidos en el ámbito escolar, en particular en los centros privados.

Aunque la mayoría de los abusos sexuales a menores se producen en el seno de la familia, siendo la iglesia la segunda institución más afectada, lo que ocurre hoy es, desde un punto de vista estadístico, una consecuencia lógica: la sociedad y sus medios de comunicación siguen ampliando la lista de lugares donde las víctimas son niños.

En Francia, de los 5,4 millones de adultos que sufrieron abusos sexuales durante la infancia, unos 170.000 fueron agredidos “por una persona que trabajaba en una escuela pública”, según estimaciones recogidas por la Ciivise, la Comisión Independiente sobre el Incesto y los Abusos Sexuales contra los Niños.

En este escándalo de las actividades extraescolares públicas encontramos ingredientes idénticos presentes en casos anteriores: la negación de la violencia y el silenciamiento de los niños; un sistema (des)organizado para no escuchar; alertas ignoradas, cuando no directamente ocultadas. Pero también tiene particularidades propias, retos específicos y lecciones que extraer.

En primer lugar, en el plano jurídico, algunas lagunas parecen urgentes de subsanar. En su investigación sobre las actividades extraescolares, Les Rois du silence (Los reyes del silencio), publicado el 21 de mayo por Robert Laffont, la periodista Victoire Haffreingue-Moulart recuerda que un ayuntamiento puede optar por no declarar su servicio extraescolar como “acogida colectiva de menores”.

En ese caso no tiene acceso a las subvenciones de la Caja Nacional de Prestaciones Familiares, pero se libra de una serie de obligaciones legales, entre ellas el cumplimiento de las ratios de personal y el control obligatorio de antecedentes penales del equipo. Lo mismo ocurre en el sector privado. Una aberración.

La Ciivise considera que esta "segmentación" del sector constituye un factor de riesgo y reclama, en un dictamen publicado a finales de abril, "la implantación de un protocolo nacional de declaración y control de las actividades extraescolares". También defiende la creación de "un circuito único de denuncia" que permita "acabar con la cultura del ‘arreglo local’ y con la ley del silencio".

Reforzar el sector de la animación se convierte también en una evidencia, empezando por su formación, incluida la de sus responsables. Resulta inaceptable que estos profesionales estén tan poco formados en la detección y prevención de la violencia, así como para cumplir sus obligaciones de denuncia. Evidentemente, eso cuesta dinero.

Más allá de estos temas organizativos, el escándalo de las actividades extraescolares nos dice algo esencial. Pone de manifiesto, de forma masiva, la violencia infligida a los más pequeños, aquellos que aún están dando sus primeros pasos en el lenguaje, que no dominan bien sus relatos y cuya palabra se considera aún menos creíble.

Veinte años después del fiasco judicial de Outreau, algunos especialistas proponen hablar de un #MeTooNiños o de un #MeToo de la primera infancia.

Como la sociedad sigue asociando la pedocriminalidad a la sexualidad más que como un sistema de dominación, le cuesta menos considerar la hipótesis de que un hombre haya violado a una adolescente que la de que haya agredido a una niña de infantil que acaba de levantarse de la siesta y a veces todavía lleva pañales. Tras algunas dudas, algunos padres denunciantes decidieron compartir las crudas palabras de sus hijos en los medios de comunicación para poner fin a la eufemización colectiva de delitos descritos durante demasiado tiempo como “jugar a los médicos”.

“La violencia sexual comienza muy pronto”, ha subrayado siempre la Ciivise. En los casos de incesto, comenzó antes de los 10 años en tres cuartas partes de las víctimas. En la escuela pública, es un tercio de los casos.

Las estadísticas publicadas el pasado mes de noviembre documentaron incluso lo impensable: en 2024 fueron atendidos en unidades médico-judiciales por abusos sexuales 614 bebés de entre 0 y 2 años —víctimas identificadas y denunciadas—, a penas la punta del iceberg. Cuatro meses antes, había estallado un escándalo de malos tratos a bebés en el servicio de neonatología del hospital de Montreuil. En marzo, Mediapart también reveló las sospechas que pesaban sobre un educador de primera infancia que trabajaba en una guardería.

Pero, ¿hemos puesto en marcha mecanismos para escuchar a los más pequeños? Incluso el famoso protocolo de entrevista denominado NICHD, para el que aún no están formados demasiados miembros de las brigadas de protección de menores, resulta inadecuado para niños y niñas de cuatro años.

En cuanto a los pequeños que no se expresan verbalmente, ya sea por su edad o por una discapacidad, no hay otra solución que escuchar sus dolencias y síntomas en lugar de sus palabras. Pero, en este ámbito más que en ningún otro, la justicia no sabe hacerlo, o lo hace muy poco. Las instituciones adolecen de una falta acuciante de unidades hospitalarias especializadas en la atención a víctimas menores (las valiosas UAPED). Al menos desde hace un año, la sociedad está aprendiendo a mirar de frente en lugar de apartar la vista.

Otra lección del escándalo es que desde hace años monitores y monitoras vigilantes alertaban, tanto en París como en otros lugares, sobre la magnitud de la violencia física, verbal y psicológica ejercida por algunos de sus colegas en las actividades extraescolares. El único resultado era acabar marginados o incluso apartados.

También llevaban años —hay que decirlo— sin que eso importara a unos padres demasiado ocupados, todavía insensibles al daño psíquico que genera la violencia educativa cotidiana y que, a veces, la practican ellos mismos, si nos fiamos de los alarmantes resultados de las encuestas periódicas de la Fundación para la Infancia.

Pero los especialistas no dejan de repetirlo: la violencia contra los niños forma un continuo en el que se inserta y anida la pedocriminalidad. Las violaciones y las agresiones no son más que una herramienta de dominación dentro de toda una panoplia destinada a "reducir al otro a su cuerpo y tomar posesión de él", según la Ciivise. El motor no es tanto el sexo como la violencia. Son dimensiones patriarcales y adultistas que se refuerzan mutuamente.

Admitir que adultos del ámbito extraescolar puedan, pervirtiendo su posición de autoridad, gritar, zarandear o humillar equivale, por tanto, a preparar el terreno. Todo abuso de poder acostumbra a los niños, los desarma frente al veneno de la sumisión y les priva de la capacidad de identificar conductas transgresoras.

En este sentido, resulta revelador que el monitor procesado el 22 de mayo en París por sospechas de violaciones a alumnos de infantil, que lleva tres noches entre rejas, ya hubiera sido denunciado por padres en otoño de 2025 por gritar de forma insoportable a alumnos de apenas 3 años. Igual de revelador es que el Ayuntamiento de París, como respuesta, se limitara a trasladarlo de distrito.

Ante este escándalo, que ya ha adquirido dimensión nacional, sería absurdo pensar que una bofetada conduce necesariamente a una agresión sexual, o que todas las formas de violencia son equivalentes. También sería preocupante que las comunidades de padres y los colectivos profesionales —extraescolares y docentes— cayeran en una lógica de desconfianza generalizada.

Pero seamos claros: la confianza a priori es un sinsentido estadístico en un país donde cada año 160.000 menores son víctimas de violencia sexual. Más allá de un cambio de paradigma en la forma de ver a los niños y sus derechos inalienables (reclamado por cada vez más activistas de la infancia), lo que necesitamos construir es una sociedad de vigilancia colectiva: no una sociedad de vigilantes, sino de personas que escuchan y que indagan.

"Solo sé que no sé nada", decía Sócrates. En materia de delitos contra menores, sí sabemos. Escándalo tras escándalo, aprendemos. Recordemos, pese a todo, que seguimos sin saber nada.

Traducción de Miguel López