Tras el proceso de rearme que se está llevando a cabo en todo el continente europeo, se está produciendo un cambio histórico en la relación franco-alemana. Dentro de la Unión Europea, Francia ha sido considerada tradicionalmente el peso pesado en términos militares y estratégicos, mientras que Alemania destacaba sobre todo por sus resultados económicos y comerciales. Pero la transformación emprendida por Berlín en el ámbito de la defensa, unida a un relativo conservadurismo francés, está cambiando la situación.

Esto quedó patente de forma espectacular la semana pasada, con la presentación el 22 de abril, por parte del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, de un documento inédito: un “Concepto global de defensa militar”. El texto es mucho más significativo que las declaraciones puntuales de los miembros del Ejecutivo alemán, ya que es fruto de un trabajo colegiado en el que participan todos los actores del sistema de decisión del país, mucho menos vertical y jerárquico que el sistema francés, donde muchas cosas dependen únicamente de las decisiones del presidente de la República.

Se ha definido así una estrategia militar según la cual “en Europa, Rusia seguirá siendo, en un futuro previsible, la mayor amenaza para nuestra seguridad. […] Alemania, como primera economía europea, debe asumir y asumirá un papel de primer orden en el seno de la OTAN, incluido el plano militar”. También se ha establecido un “nuevo perfil de capacidades de la Bundeswehr [las fuerzas armadas alemanas]”, que se supone detalla los medios concretos necesarios para hacer realidad esta ambición.

Si se aplicara tal cual, este “perfil de capacidades” convertiría al ejército alemán en “el ejército convencional más poderoso de Europa”. En términos de efectivos, el objetivo fijado para finales de la década de 2030 es de 460.000 militares (260.000 en servicio activo y 200.000 reservistas). Actualmente, la Bundeswehr cuenta con 184.000 militares en servicio activo (menos que Francia y Polonia, a pesar de que ambos países tienen una población inferior).

El rumbo ya se conocía desde el "cambio de época" anunciado por el anterior canciller, Olaf Scholz, tras la invasión a gran escala de Ucrania. Pero ahora queda formalmente fijado, además de materializarse en pedidos masivos de material militar y en los primeros pasos hacia el restablecimiento del servicio militar. Ha llegado a su fin la era de la posguerra fría, durante la cual el ejército alemán se aventuró en intervenciones en el exterior, pero redujo de forma radical sus capacidades y sus efectivos.

La “Bundeswehr 3.0”, como la ha bautizado la investigadora Johanna Möhring en una nota del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), vuelve en cierto modo a la misión original de la “Bundeswehr 1.0”, creada precisamente durante la Guerra Fría, en 1955. Entonces era una gran fuerza convencional al servicio de Europa Occidental. Integrada en la OTAN, estaba preparada para hacer frente a una amenaza procedente del Este: la de los ejércitos del Pacto de Varsovia, la alianza dirigida de forma coercitiva por la Unión Soviética.

El papel similar asignado al ejército alemán contemporáneo queda bien reflejado en dos fórmulas: “un único conjunto de fuerzas” y “un teatro de operaciones”. “Es la forma técnica”, explica Olivier Schmitt, profesor del Real Colegio de Defensa de Dinamarca, “de decir que la Bundeswehr está optimizada para disuadir y luchar contra Rusia, pero no para intervenir en la República Centroafricana o luchar contra China. A diferencia de las décadas posteriores a la Guerra Fría, el país reconoce que tiene adversarios y traduce esta evolución política en términos de capacidades”.

“La principal diferencia con la Bundeswehr anterior radica en la posición geográfica y funcional que ahora ocupa Alemania”, escribe Johanna Möhring. De hecho, el país ya no está en primera línea, una posición que ahora corresponde a los países bálticos y a Polonia. En caso de conflicto, el territorio alemán serviría sobre todo de “centro neurálgico” para las fuerzas de la OTAN, convirtiéndose en un “gran centro logístico para personal y equipos”, precisa a Mediapart la investigadora, asociada a la Escuela Normal Superior y a la Universidad de Grenoble-Alpes.

“En esta estrategia anunciada por Alemania”, señala Stéphane Audrand, oficial de reserva y consultor, “también puede verse el retorno de una ambición que sus dirigentes habían formulado en la década de 2000, a saber, convertirse en la ‘nación integradora de Europa Central’ en el marco de la OTAN. Sin embargo, el Ejecutivo francés había cortado de raíz ese proyecto con motivo del regreso de París al mando integrado de la Alianza, bajo el mandato de Nicolas Sarkozy”.

Esta forma de erigirse en pilar de la defensa del continente tiene serias implicaciones, que van mucho más allá de un apoyo en “segunda línea”. En primer lugar, Alemania está desplegando una brigada blindada en Lituania, con un total de cerca de 5.000 soldados y varios cientos de civiles estacionados de forma permanente en el flanco oriental de la Alianza Atlántica. Tal dispositivo expone a las autoridades a tener que reaccionar en caso de incidente que afecte a sus ciudadanos, y a posibles pérdidas significativas de soldados en caso de provocaciones y hostilidades graves.

En segundo lugar, convertirse en un hub crucial de la OTAN convertiría a Alemania en un potencial objetivo, incluso para operaciones de desestabilización por debajo del umbral de la guerra. Un riesgo que no se evita con la adquisición de material militar, sino gracias a ejercicios de preparación y a la capacidad de cooperación. Porque “todas las infraestructuras críticas pertenecen al sector privado, los agentes de seguridad interior y de defensa tienen notorias dificultades para comunicarse entre sí, y existe una estructura federal que atribuye muchas responsabilidades a los Estados federados y a los municipios”, recuerda Johanna Möhring.

La estrategia alemana de rearme se diferencia de la de Francia al menos en dos aspectos y plantea importantes cuestiones políticas y estratégicas.

En primer lugar, los recursos financieros que Alemania destina a su aparato militar son de mayor envergadura. Ya superan a los de Francia en miles de millones de euros al año y podrían, a finales de la década, llegar a duplicarlos. Y eso que París, a principios de abril, actualizó su ley de programación militar ampliando en 36.000 millones de euros la dotación de 400.000 millones ya prevista para el periodo 2024-2030.

“A partir de ahora”, comenta Olivier Schmitt, “Alemania se está pagando una influencia en el ámbito político-militar que siempre se había negado a sí misma. Francia puede quedar relegada a su especificidad nuclear y a su propuesta de disuasión avanzada, que no implicarán a mucha gente. En la realidad cotidiana de las fuerzas armadas en Europa, los alemanes serán imprescindibles. Si se mantienen sin cambios las trayectorias actuales, es muy probable que se produzca una disminución de la influencia de Francia”.

Para Johanna Möhring, “Francia ha tardado en comprender que el estatus de ‘socio menor’ al que Alemania estaba relegada en el ámbito militar, debido a las limitaciones impuestas por su condición de país vencido, ya no tiene fundamento jurídico ni político desde la reunificación. Alemania, que ya contaba con importantes capacidades de producción, asume ahora ambiciones como actor en las relaciones internacionales. Hace lo mismo que Francia ha hecho durante mucho tiempo: tomar decisiones en función de su interés nacional definido por ella misma, incluso en el sector militar”.

Stéphane Audrand matiza, sin embargo, los efectos de los grandes compromisos asumidos por el poder público. “Francia ha logrado construir un instrumento militar reactivo y experimentado, sobre el que existe un consenso de larga data. Eso se ha visto durante la crisis de Groenlandia [amenazada de anexión por Donald Trump]. París se comprometió de inmediato, mientras que hubo que despertar a Berlín, que se sintió aliviada cuando la crisis se apagó.”

“En Alemania”, prosigue, “se están realizando inversiones inmensas y se está abriendo una ventana de oportunidad para la industria. Pero eso no basta para crear un ejército operativo. Existe consenso sobre el rearme, pero aún no sobre la capacidad para hacer la guerra.”

Francia y Alemania difieren, en segundo lugar, en las decisiones que toman sobre el formato del ejército. Por parte francesa, se sigue privilegiando un modelo de ejército completo, capaz de (casi) todo en todas partes, pero a “pequeña escala”, dados los medios limitados.

Por mucho que la revisión estratégica nacional elaborada por las autoridades haya identificado, al igual que las autoridades alemanas, la amenaza rusa como una prioridad, la programación militar no la ha traducido realmente en términos industriales y de capacidades. Algunos expertos lo lamentan y ven en ello un posible declive de la influencia francesa al menos tan importante como su presupuesto de defensa, más reducido que el de Alemania.

“Los países africanos ya no recurren a Francia. Los Estados de la región del Indo-Pacífico tampoco esperan nada de ella. Un contexto geoestratégico de este tipo debería incitar al país a concentrar sus esfuerzos de defensa donde exista una demanda militar europea y francesa”, escriben Louis Lapeyrie y Élie Tenenbaum en la revista Le Grand Continent. “El único escenario donde esta necesidad se hace sentir de forma urgente y concreta es la propia Europa, primero en su flanco Este y luego en su flanco Sur”.

¿Significa eso que Alemania es más coherente ante los retos de seguridad contemporáneos? No necesariamente, en la medida en que su estrategia adolece de puntos ciegos, al tiempo que se inscribe en una peligrosa dependencia intelectual y material respecto a Estados Unidos.

“La falta de elección francesa no es necesariamente peor que la elección alemana”, resume Stéphane Audrand. “Alemania vuelve a un modelo de grandes divisiones blindadas y mecanizadas, con un claro trasfondo económico. Pero los rusos no van a librar necesariamente la guerra aeroterrestre para la que los europeos estarán más preparados. También las amenazas existen en el mar, las costas, las infraestructuras comunes marinas y los territorios de ultramar. Su enfoque tiene sentido, pero para ellos y dentro de una alianza cuyos modos de actuación se conciben en Washington”.

De hecho, la estrategia alemana sigue concebida en un marco de la OTAN muy clásico, marcado históricamente por las concepciones estadounidenses de la defensa del continente, cuando los Estados europeos deberían desarrollar sin demora concepciones autónomas, a partir de sus necesidades, sus medios y sus complementariedades. En lugar de eso, Alemania parece seguir queriendo complacer a Estados Unidos, del que sigue obteniendo el equipamiento clave.

“Alemania sigue comprando a Estados Unidos capacidades estratégicas”, confirma Johanna Möhring, “lo que impone de facto a sus socios europeos una dependencia sobre la que no tienen derecho a opinar.” “Y cuando se trata de dar prioridad a la industria nacional”, añade la investigadora, “existe el riesgo es conferir un poder de monopolio a ciertos actores privados [como la empresa Rheinmetall] o de gastar dinero en capacidades que no son realmente necesarias, cuando los sistemas tecnológicos desarrollados en otros lugares serían más interesantes”.

Algunos especialistas han llegado incluso a señalar el riesgo de una espiral de competencia militar entre Estados europeos, impulsada por un rearme alemán poco tranquilizador para sus vecinos. “Con la integración europea, existe, de todas formas, un efecto de socialización de las élites desde hace décadas, alimentado por las relaciones cotidianas”, matiza Olivier Schmitt. “Y el miedo a Rusia seguirá siendo durante mucho tiempo mayor que el miedo a Alemania”.

Siempre y cuando, sin duda, no se produzcan cambios políticos demasiado bruscos, incluso en Berlín. Todos tienen en mente la proximidad del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) con la Rusia de Putin. En un discurso pronunciado en 2022 en Berlín, Radosław Sikorski, ministro de Asuntos Exteriores polaco, que entonces era eurodiputado, pidió explícitamente: “No se rearmen sobre una base puramente nacional”.

Sobre el papel, sería más racional una estrategia de defensa mejor integrada, capaz de articular las especializaciones de los distintos Estados europeos y de vincular su destino común sin consagrar la hegemonía de uno solo. Pero, por diversas razones, relacionadas con las prerrogativas históricas de las capitales, con la competencia económica consagrada en el seno de la Unión Europea o incluso con las persistentes ilusiones de una “vuelta a la normalidad” transatlántica, el camino emprendido resulta mucho más caótico y menos óptimo. Y las decisiones tomadas tanto por Alemania como por Francia contribuyen a ello.

Traducción de Miguel López

La senadora Tammy Duckworth, de 58 años, participó en la guerra de Irak como piloto de helicóptero, compromiso militar que pagó en su propia carne. Su helicóptero se estrelló tras ser alcanzado por un disparo y tuvieron que amputarle ambas piernas. Unos 20 años después, esta senadora demócrata por Illinois destaca por su oposición a la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos contra Irán. La denuncia como la “locura” de Trump.

“Estoy orgullosa de todas las misiones que he cumplido en Irak”, declaró el 15 de abril en el Senado. “Pero por nada del mundo desearía a nadie que viviera otra guerra interminable, inútil e injustificada como en la que participé. Ni siquiera se lo desearía a los héroes que están haciendo las maletas en este mismo momento, sabiendo que quizá nunca vuelvan a pisar suelo americano.”

Duckworth defendía una resolución para forzar la retirada de las tropas estadounidenses. También denunció la actitud del presidente quien, ridiculizándole, “ha intentado ocultar su incompetencia tras la valentía de nuestros militares”.

“Cuando se le pidió que justificara sus actos ilegales, Donald Trump intentó ocultar su cobardía tras el valor de nuestros héroes”, prosiguió la senadora, quien explicó que subía a la tribuna “para recordarle a Donald Trump que no tiene poderes para arrastrarlos unilateralmente a la guerra”.

“Puede que él nunca haya leído la Constitución, pero yo sí la he leído”, prosiguió. “Permítanme, pues, llamar su atención sobre el artículo primero, que estipula claramente que solo el Congreso, y únicamente el Congreso, tiene la facultad de declarar la guerra. Nos corresponde a nosotros decidir cuándo y cómo se envía a los estadounidenses a  combatir.”

A pesar de este apasionado discurso, no obtuvo el apoyo de la mayoría de los senadores: 47 votaron a favor de su resolución; 52 la rechazaron, entre ellos el demócrata John Fetterman.

La senadora resumió bien la situación. Según la Constitución y su artículo 1, sección 8, solo el Congreso puede decidir la entrada en guerra de Estados Unidos; pero los presidentes han esgrimido a menudo el artículo 2, sección 2, que les otorga el título de “comandante en jefe”. También han jugado con las palabras al explicar que el país no estaba en guerra para eludir esta obligación.

Desde la Segunda Guerra Mundial, el Congreso nunca ha decidido las guerras estadounidenses, mientras que el país ha librado muchas, ya sea en la península de Corea, en Vietnam, en Afganistán o en Oriente Próximo.

Pero la ley sobre los poderes de guerra (War Powers Resolution), aprobada en 1973, en plena guerra de Vietnam, reforzó las prerrogativas parlamentarias. Solo autoriza al presidente a involucrar a las fuerzas armadas en “hostilidades” o “potenciales hostilidades” sin el consentimiento del Congreso en circunstancias excepcionales de “amenaza inminente”.

Esta ley obliga al inquilino de la Casa Blanca que decida entrar en combate a informar a los congresistas en un plazo de 48 horas y, dos meses después, a obtener un voto para continuar con la intervención tras haber presentado sus argumentos. Pero ningún presidente ha cumplido estos requisitos.

En 1999, Bill Clinton prolongó la campaña de bombardeos en Kosovo más allá del plazo de sesenta días, argumentando que el Congreso había aprobado implícitamente la misión al aprobar su financiación.

Tres años más tarde, tras lanzar una “guerra contra el terrorismo”, su sucesor, George W. Bush, sí que recurrió al Congreso para obtener la autorización de utilizar la fuerza militar contra Irak, pero subrayó que eso no significaba que aprobara la constitucionalidad de la ley.

“Como dejé claro a los líderes del Congreso desde el principio”, explicó Bush en aquel momento, mi solicitud de apoyo al Congreso no ha supuesto, y mi firma de esta resolución no supone, ningún cambio en las posiciones del poder ejecutivo que vienen de lejos, ya sea en lo que respecta a la facultad constitucional del presidente de recurrir a las fuerzas armadas para defender los intereses vitales de los Estados Unidos o en lo que respecta a la constitucionalidad de la resolución sobre los poderes de guerra.”

En 2011, al intervenir en Libia, Barack Obama también se libró de ello, tanto en virtud de los poderes constitucionales como de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (1973), recuerda Lucie Delabie, profesora de Derecho Público en la Universidad de Picardía-Jules-Verne y especialista en política jurídica exterior de Estados Unidos. “Al igual que Trump hoy, Obama explicó que no había desplegado tropas sobre el terreno. La cuestión es la definición de las hostilidades. Con Irán, sin embargo, es más evidente, ya que la magnitud de los ataques es lo suficientemente importante como para hablar de guerra”, indica a Mediapart.

Donald Trump, al igual que sus predecesores, no quiere someterse a la ley. Según la web Axios, tenía previsto reunirse el lunes 27 de abril con sus principales asesores en materia de seguridad nacional y política exterior para tratar el tema de Irán. Las negociaciones con Teherán se encuentran actualmente en un punto muerto, ya que el presidente estadounidense no deja de prorrogar el alto el fuego que decidió a principios de abril.

Los demócratas han presentado en cinco ocasiones en el Senado resoluciones para presionar a Trump a que ponga fin a la guerra en Irán, entre ellas la de Tammy Duckworth, y en dos ocasiones en la Cámara de Representantes. Todas han sido rechazadas por las mayorías republicanas, que siguen apoyando a Donald Trump. Pero la oposición afirma que no se va a quedar ahí, con el fin de mantener la presión.

“Va a ser una cuestión de equilibrio de fuerzas políticas”, opina Lucie Delabie. “Seguramente habrá una nueva iniciativa demócrata, pero parece más complicado un éxito coronado por una votación. Dicho esto, también puede haber una propuesta para prolongar el plazo treinta días. Pero esos treinta días, normalmente, están previstos para dar tiempo a las fuerzas armadas a retirarse en condiciones de seguridad.”

Durante la presentación de la última resolución, el miércoles 22 de abril, Tammy Baldwin, senadora demócrata por Wisconsin, destacó que Trump se había comprometido, durante la campaña presidencial, a no iniciar nuevas guerras en el extranjero. Y volvió a establecer el paralelismo con la guerra de Irak, que duró de 2003 a 2011.

“En estas dos guerras, no tenemos ningún plan para los próximos días y no hemos logrado definir nuestros objetivos específicos”, lamentó esta senadora. "En estas dos guerras, no hemos tenido ninguna estrategia de salida. Y en estas dos guerras, hemos tenido militares que han muerto en el extranjero por una causa que los estadounidenses no apoyaban.”

Una vez más, los argumentos no sirvieron de nada. Uno de los senadores republicanos, Roger Wicker, presidente del Comité Senatorial de las Fuerzas Armadas, consideró “peligrosa” una resolución de este tipo. “Eso ataría las manos del comandante en jefe en un momento en el que necesita la máxima flexibilidad para eliminar la amenaza de Irán”, afirmó.

De todos modos, Donald Trump podría vetar el texto si se aprobara, y se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anularlo. Algo impensable en estos momentos.

La próxima fecha clave es, por tanto, este viernes. Porque, aunque el conflicto comenzó el 28 de febrero, Donald Trump no informó al Congreso hasta el 2 de marzo, lo que hace que el 1 de mayo se cumplan 60 días. El presidente podría seguir los pasos de sus predecesores y hacer caso omiso de los representantes del pueblo.

Barack Obama, en 2011, al prolongar la intervención militar en Libia más allá del límite de los sesenta días, había detallado que la ley no era de aplicación, ya que las operaciones no implicaban, según él, “combates prolongados ni intercambios de disparos activos con fuerzas hostiles […] y tampoco [movilizaban] tropas sobre el terreno”. Un argumento que su sucesor podría hacer suyo.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, nada más llegar el lunes a Rusia, nueva etapa de su gira diplomática, acusó a Estados Unidos de haber hecho fracasar las negociaciones de paz. Los intentos de reactivar las conversaciones sobre el alto el fuego y la reapertura del estrecho de Ormuz, esbozados a principios de abril en Islamabad, han fracasado hasta ahora ante la firmeza mostrada por Washington y Teherán.

“Los planteamientos americanos han hecho que el anterior ciclo de negociaciones, a pesar de los avances, no haya alcanzado sus objetivos, debido a exigencias excesivas”, denunció Abbas Araghchi a su llegada el lunes 27 de abril a San Petersburgo. El ministro, que busca recabar apoyos en la guerra contra Washington, se reunió allí con el presidente ruso Vladimir Putin, quien le aseguró que Rusia haría “todo” para ayudar a restablecer la paz en Oriente Medio.

Casi tres semanas después del alto el fuego alcanzado tras cuarenta días de hostilidades entre Irán e Israel, aliado de Estados Unidos, Moscú sigue siendo uno de los principales apoyos de la República Islámica.

Lucie Delabie fue entrevistada el viernes 24 de abril por teléfono.

Traducción de Miguel López

El 8 de julio de 2025, un nuevo escándalo salpicaba al partido francés Agrupación Nacional (RN) y a sus socios en la Unión Europea (UE). La Fiscalía Europea abrió una investigación sobre posibles desvíos de fondos comunitarios, por un importe de 4,3 millones de euros, por parte del grupo de extrema derecha Identidad y Democracia (ID), predecesor de Patriotas por Europa. La Fiscalía se basó en una investigación interna llevada a cabo por los servicios del Parlamento, que fue revelada por varios medios de comunicación europeos, entre ellos Le Monde y Die Zeit. 

Esta auditoría interna se llevó a cabo con motivo del cese de actividades del grupo ID, disuelto al final de la última legislatura. Fue por tanto un poco por casualidad, al término de una operación de control, a partir de algunas muestras de los gastos del grupo político incurridos entre 2019 y 2024, cuando la Dirección General de Finanzas del Parlamento (DG Fins) se topó con contratos dudosos, donaciones descabelladas, licitaciones sesgadas y otras facturas aparentemente muy infladas. 

La DG Fins había concluido que existían “irregularidades sustanciales” en la gestión de su presupuesto por parte de ID. Jordan Bardella, presidente del nuevo grupo Patriotas por Europa, se había quejado de una supuesta “operación de acoso”. 

“Pero los 4,3 millones no son más que la punta del iceberg”, denuncia Jonas Sjöstedt, eurodiputado del grupo La Gauche y miembro de la Comisión de Control Presupuestario. “Por eso pedimos a la administración que compruebe cada céntimo gastado por ID y luego por Patriotas, para revelar el verdadero alcance de este asunto”. 

Diez meses después de las revelaciones, el Parlamento contiene la respiración, sin causar revuelo, a la espera del resultado de la investigación de la Fiscalía Europea. Pero esta situación de estancamiento no es del agrado de Transparencia Internacional ternational. La organización internacional contra la corrupción remitió el 24 de abril una denuncia a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), a la que Mediapart ha podido acceder. 

La denuncia de la ONG apunta en particular a Philip Claeys, miembro del Vlaams Belang, partido flamenco de extrema derecha, y secretario general del grupo Patriotas por Europa, cargo que ya desempeñaba en Identidad y Democracia. Según la organización, en los grupos parlamentarios el secretario general es el principal responsable en materia presupuestaria y el el gestor con capacidad para autorizar el pago de los gastos. Por ello, sostiene que los 4,3 millones de euros “sospechosos” no pudieron ser abonados sin su visto bueno.

Fue el mismo Philip Claeys quien firmó, el 8 de mayo de 2025, una carta en respuesta a las observaciones de la DG Fins, sin lograr convencer a los funcionarios de que retiraran sus constataciones de “incumplimiento” en los gastos del grupo. En este asunto, la mayoría de los pagos sospechosos se refieren a las actividades de la delegación francesa del grupo, es decir, Agrupación Nacional.

Al recurrir a la OLAF, Transparencia Internacional pretende que se lleve a cabo una investigación administrativa en paralelo a la investigación penal. Esta solicitud contrarrestaría así “la inacción de la administración del Parlamento Europeo”, tal y como lo expresa Nick Aïossa, director de la oficina europea de la ONG. Y es que Philip Claeys, que sigue siendo secretario general de su grupo político, continúa ejerciendo sus funciones como si nada hubiera pasado.

Es él mismo quien da su visto bueno a los gastos de su grupo Patriotas, sobre los que precisamente pesan nuevas sospechas de fraude. El medio Table.Briefings reveló así, el 4 de noviembre de 2025, que se habían detectado 171.000 euros de fondos potencialmente irregulares en las cuentas de miembros de Patriotas, siguiendo el mismo patrón.

Para Nick Aïossa, el Parlamento Europeo no debe condicionar sus acciones al resultado de la investigación penal y podría actuar, al menos con carácter cautelar. “El Parlamento ha puesto en marcha su propia auditoría y ha concluido que se han producido gastos irregulares. Así, podría iniciar un procedimiento disciplinario o retirar toda autoridad presupuestaria a Philip Claeys. Con esta idea hemos recurrimos a la OLAF, cuya actuación, en el ámbito administrativo y disciplinario, puede resultar complementaria a la de la Fiscalía Europea”.

En el seno de la Asamblea, el tema genera un curioso guirigay. Algunas fuentes estiman que la administración es, de hecho, impotente en este ámbito, pues el contrato de Philip Claeys lo vincularía únicamente a su grupo político y no al Parlamento, que queda fuera de juego en materia disciplinaria. Otras fuentes, más numerosas y que cuentan entre sus filas con empleados de los grupos políticos, afirman categóricamente que todo empleado de un grupo político depende, en última instancia, de la secretaría del Parlamento y, por tanto, de la administración.

El asunto es delicado y jurídicamente complejo, ya que afecta a la autonomía de los grupos políticos. Y para Nick Aïossa, “el Parlamento no puede eximirse por completo de sus responsabilidades, ni siquiera cuando se trata de empleados de grupos políticos”.

Esas cuestiones jurídicas no pueden, en ningún caso, justificar la inacción. Eso piensa Daniel Freund, eurodiputado ecologista alemán: “El Parlamento no debe esperar a que concluyan las investigaciones de la fiscalía para proteger el dinero de los contribuyentes, sino que debería actuar de forma proactiva para garantizar que esto no vuelva a suceder. En este sentido, la iniciativa de Transparencia está muy bien. Pero el problema de fondo persiste: el Parlamento no ejerce suficiente control sobre los gastos de los grupos políticos”.

En septiembre, la Comisión de Control Presupuestario transmitió a la presidenta del Parlamento Europeo su opinión tras el escándalo. Sus miembros enumeraron las medidas que deben adoptarse para que el Parlamento recupere lo que le corresponde, por ejemplo, imputando a Patriotas las irregularidades de su predecesor. Destacaron la continuidad entre el grupo ID y el de Patriotas, con la esperanza de que algún día se exija al grupo político actual el reembolso de las sumas “irregulares” del pasado.

En este documento, los eurodiputados incluso sugerían que la reorganización del grupo político parecía formar parte de un intento premeditado de impedir la “recuperación de los fondos europeos”. Entonces se añadió a la lista la idea de imponer sanciones disciplinarias. Los eurodiputados tampoco descartaban modificar el reglamento del Parlamento para que dichas sanciones permitieran recuperar los fondos.

Pero, por ahora, todo está paralizado a la espera de la investigación de la fiscalía. Esta semana, la sesión plenaria votará la “aprobación de la gestión presupuestaria” del Parlamento Europeo para sus gastos del año 2024. Se mencionarán los fondos sospechosos del grupo ID, solo como un pequeño recordatorio en medio del letargo. Mediapart se ha puesto en contacto, por escrito, con Philip Claeys y con la oficina de Jordan Bardella, presidente de Patriotas por Europa, pero por el momento no ha obtenido ¡respuesta.

Traducción de Miguel López

Tras el pulso entre Hungría y Ucrania, llega el momento de la distensión. Es solo cuestión de horas para que el petróleo Urals, más denso y pesado que el Brent del Mar del Norte, llegue a Hungría y a su refinería de Százhalombatta, a orillas del Danubio.

La empresa UkrTransNafta ha informado a la petrolera húngara MOL de que el flujo de crudo procedente de Bielorrusia, a través del oleoducto Druzhba, se reanudó el 22 de abril a mediodía en Ucrania. En consecuencia, el primer ministro saliente, Viktor Orbán, al frente del país hasta el 9 de mayo tras su derrota histórica, ha levantado el veto húngaro al préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Kiev.

Este préstamo, crucial para las finanzas ucranianas, había sido aprobado por unanimidad por los Veintisiete en diciembre de 2025. Pero Orbán inició entonces un pulso, a raíz de un ataque militar contra el oleoducto el 27 de enero y su consiguiente paralización, durante el cual las autoridades húngaras y ucranianas se lanzaron insultos y amenazas.

Esta estrategia de tensión alimentó oportunamente la campaña electoral de Viktor Orbán, durante la cual acusó a su vecino de “intentar derrocar al Gobierno e instalar a un gobernante respaldado por Kiev”. El jueves 23 de abril, el pulso llegó a su fin con el anuncio, por parte de la presidencia chipriota de la Unión Europea (UE), de la aprobación del préstamo y de un vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que también había sido bloqueado por Hungría con el apoyo de Eslovaquia.

Tras unos quince años de “apertura hacia el Este” y de inclinación hacia Rusia, este episodio indica que el "país transbordador” vuelve a mirar hacia la orilla occidental, tras haber estado varado en medio del río.

En los pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro, la derrota de Viktor Orbán se vivió como un inmenso alivio, con la perspectiva de una “normalización” de la diplomacia magiar. “Nos afianzaremos en el sistema de alianzas occidentales”, ha declarado Anita Orbán (sin parentesco con el primer ministro), que ocupará esta cartera en el próximo Gobierno.

“Anita Orbán es atlantista, con vínculos principalmente con el Partido Demócrata americano”, describe un empleado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Hungría se mostrará mucho más cooperativa y ya no desempeñará el papel de malo dentro de la UE. Se establecerán relaciones pragmáticas con Rusia, pero Hungría se alineará mucho más con las orientaciones de la UE. Se normalizarán las relaciones con los países vecinos, en particular con Ucrania.”

La noche de su triunfal victoria el 12 de abril, en un ambiente de júbilo, Péter Magyar, que asumirá sus funciones el 9 de mayo, declaró que “Hungría [volverá] a ser un aliado fiable de la Unión Europea y de la OTAN”. El miércoles 22 de abril, el Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenece su partido Tisza, le dedicó una ovación en pie durante una aparición por videoconferencia.

En cuanto a la cuestión ucraniana, el futuro primer ministro rechaza la idea de suministrar armas a Kiev, lo cual no supone una gran diferencia. Más importante aún, se declara contrario a la adhesión de Ucrania a la UE mediante un procedimiento especial, al considerar que “un país en guerra no puede entrar en la UE”.

En cuanto a Rusia, a la que ha calificado de “riesgo para la seguridad” de Europa, no aboga por un rechazo, sino por unas relaciones pragmáticas, lo que no ha impedido que esta última reclasificara a Hungría como “país hostil” al día siguiente de las elecciones.

“Magyar no tiene por qué ser proucraniano”, señala un diplomático ucraniano destinado en Kiev. “Que siga su propia agenda y el interés nacional húngaro tal y como lo define la estrategia nacional húngara de 2020, firmada por Orbán, ya supondrá una enorme diferencia.” “No hay grandes expectativas de los ucranianos respecto a Hungría”, añade. “Solo esperamos que no bloquee lo que ya está decidido, es decir, los préstamos europeos y la apertura de las negociaciones de los seis clústeres para la adhesión a la UE”.

“Estamos dispuestos a abrir un nuevo capítulo con Hungría y tenemos un gran interés en ello”, ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, que ya ha entrado en contacto con su futura homóloga.

Péter Magyar anunció además que pondría fin a la retirada de Hungría del Tribunal Penal Internacional (TPI), que Viktor Orbán había iniciado el año pasado como muestra de apoyo a su aliado cercano Benjamín Netanyahu.

El próximo primer ministro invitó al primer ministro israelí a las conmemoraciones de la insurrección antisoviética de 1956 el próximo mes de octubre, junto a otros jefes de Estado, pero unos días después precisó que Hungría estaría obligada a detenerlo en virtud de su adhesión al TPI, lo que hace poco probable una respuesta favorable de Netanyahu a la invitación.

Con el cambio de gobierno en Budapest también ha llegado la hora de la diversificación energética para Hungría, que importa la inmensa mayoría de su gas y su petróleo de Rusia.

La futura jefa de la diplomacia, Anita Orbán, aboga públicamente por sustituir el gas ruso por gas natural licuado (GNL) norteamericano. Ella trabajó para la industria estadounidense del GNL, en Cheniere y posteriormente en Tellurian, donde era responsable de los mercados de Europa Central, el Sudeste Asiático y el Norte de África.

Anita Orbán también fue miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR) hasta enero de 2026, y miembro del consejo de administración del think tank atlantista Globsec. Contará con un importante apoyo en el Gobierno en la persona del ministro de Economía y Energía, István Kapitány, quien ha desarrollado su carrera en altos cargos directivos de la petrolera británica Shell.

Siguiendo con el tema energético, sigue habiendo un gran interrogante sobre el futuro de Paks II, el proyecto de construcción de dos reactores nucleares VVER-1200 por parte de Rosatom, en la central de Paks. Este proyecto de 12.500 millones de euros, financiado en un 80 % por un préstamo del Estado ruso, selló el acercamiento entre Rusia y Hungría a partir de 2014.

Magyar ha hecho saber que los contratos —a los que aún no ha tenido acceso— se revisarán en profundidad antes de tomar una decisión sobre la continuidad o no del proyecto. Este último entró oficialmente en fase de construcción a principios de febrero, con el apoyo de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). No se descarta —aunque sigue siendo hipotético— que el futuro Gobierno recurra a la empresa francesa Framatome, que ya debe suministrar el sistema de control de los reactores rusos, o a la firma estadounidense Westinghouse.

En una entrevista con el canal de YouTube Patrióta cuatro días después de su derrota electoral, Viktor Orbán solo expresó un pesar: no haber llevado a buen término este proyecto nuclear, inicialmente previsto para 2022.

El primer ministro saliente, decano del club europeo, ni siquiera se presentó a su último Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, que se ha celebrado jueves y viernes en Chipre. Está demasiado ocupado gestionando el traspaso de poderes, según János Bóka, su ministro de Asuntos Europeos. Péter Szijjártó, su ministro de Asuntos Exteriores, que informaba a las autoridades rusas durante las reuniones con sus homólogos, tampoco se presentó a la reunión celebrada el martes. Fin de una época.

Traducción de Miguel López

El género biográfico plantea un problema al espectador exigente. Este tipo de producción, que garantiza la asistencia a las salas en función del grado de popularidad del personaje en cuestión y de la impaciencia del público, suele tropezar con dos escollos: la hagiografía o el hiperrealismo. La hagiografía, porque la trama narrativa suele consistir en describir a una celebridad bajo una luz positiva, sin asperezas. Y el hiperrealismo, cuando se trata de filmar acontecimientos icónicos y entonces el juicio sobre la obra se centrará en la calidad de la recreación.

Así ocurrió con Bohemian Rhapsody, que narra la vida de Freddie Mercury, líder del grupo Queen. Se ha elogiado la interpretación del actor Rami Malek y del director Bryan Singer, que supieron reproducir al milímetro, hasta los pelos del bigote y la gota de sudor, el concierto de Wembley. En cuanto a Freddie Mercury, sus excesos se suavizaron para ofrecer una imagen pulida, adaptada al público de Disney Plus.

Esa misma dinámica es la que se aplica en “Michael”, la película biográfica dedicada a Michael Jackson, estrenada el miércoles 22 de abril. Pero el objetivo aquí es más pernicioso, ya que en este caso, el ”Rey del pop” es acusado de ser un depredador sexual cuyas víctimas habrían sido algunos de sus fans más jóvenes. El objetivo es, por tanto, volver a levantar una estatua que lleva varios años en el suelo para reactivar la máquina de hacer dinero.

La película recorre los inicios de la carrera de Michael Jackson, un niño prodigioso procedente de una familia muy numerosa. Estamos a finales de los años 60 y la Motown está en pleno auge. Con la aparición de la música soul, la población negra encuentra un medio de expresión y, en ocasiones, una forma de salir de su entorno.

Joe Jackson, el padre, entrena a cinco de sus hijos y forma los Jackson Five, que alcanzarán rápidamente el éxito, impulsados por el carisma y el genio escénico y vocal de un niño de 8 años, Michael. La película cuenta cómo este hará todo lo posible por escapar del yugo de su padre y convertirse en una superestrella mundial.

Para ello, hacía falta un malo de película, un antagonista al estilo Disney: será el padre, Joe. Él es el origen de todos los conflictos, utilizando a sus hijos para su éxito personal como un Pigmalión perverso. Todos los demás personajes, incluso los productores, quedan retratados de forma positiva.

Y quizá ahí radique uno de los pocos aciertos de la película. Vemos cómo Michael Jackson es arrancado de la vida real, sin amigos de su edad, atrapado en un mundo de adultos. En la película, solo se le ve interactuar con personas de su familia o con los hombres vinculados a la producción musical (a excepción de su encuentro con miembros de las bandas de Los Ángeles). Se le ve hablar con niños en hospitales y nunca con mujeres. Existe una barrera entre él y el mundo real, representada por una multitud de fans.

Si hay violencia en esta película, es por parte de un padre monstruoso. Por el contrario, Michael Jackson se muestra como una víctima valiente cuando se opone a su progenitor y quiere salir de la familia para hacer una carrera en solitario lejos de los Jackson Five.

Pero el poder descabellado de esta maquinaria ha perdurado. Aunque a lo largo de toda la película vemos a Michael queriendo liberarse de su familia, esta, incluso tras su muerte, sigue controlando su historia. En particular, su hermano mayor Jermaine y su madre Katherine, que han tenido derecho de veto y validado cada imagen de la película. El productor, John Branca, era el abogado de Michael Jackson y su albacea testamentario. Aparece en la película, interpretado por Miles Teller, en el papel de un agente benevolente.

¿Y qué pensar de la posición del actor principal, Jaafar Jackson, hijo de Jermaine y sobrino de Michael, obligado a imitar a su tío, a llevar su ropa, a revivir momentos traumáticos? Todo está recreado hasta el último detalle. Y uno se imagina los esfuerzos y las limitaciones a las que ha debido someterse para lograr este resultado. Otra forma de decir que nunca se sale de la familia.

Lo más preocupante es que la película estrenada en cines no es la que deberíamos ver. Existe una versión rodada que recuerda, desde la primera escena, las acusaciones de agresiones sexuales que resquebrajaron la imagen de Michael Jackson en los años noventa. La revista Variety describe esas imágenes que nunca veremos. En ella aparece el rostro triste de la estrella mientras unos policías registran el rancho de Neverland, el parque de atracciones privado del cantante inspirado en Peter Pan.

Esta escena, que debía abrir la película, evocaba el registro que tuvo lugar en 1993 tras la denuncia del padre de Jordan Chandler, un joven que acusó al cantante de agresión sexual. Este primer caso, que se resolvió con el pago de cerca de 23 millones de dólares a su familia, fue el primero en empañar la imagen de la estrella del pop.

Pero si la escena desapareció del montaje final, no fue por deseo de los productores. Según Variety, la familia Jackson habría pasado por alto una sutileza jurídica al firmar dicho acuerdo, que prohibía cualquier mención del caso en una película. Hoy en día, Jordan Chandler ha desaparecido por completo y su padre, enfermo, acabó suicidándose.

El montaje se reanudó pues con urgencia y se volvieron a rodar algunas escenas, lo que ha permitido que la película termine con un concierto y un Michael Jackson triunfante.

La película parece, por tanto, mutilada. Sin embargo, aunque los productores estén preparando ya una segunda parte, como sugiere el final del primer largometraje al evocar las acusaciones de pederastia, la forma en que la familia Jackson siempre ha defendido a Michael contra cualquier acusación da que pensar que esto podría acabar en una vasta campaña para desacreditar a las víctimas.

Esas imágenes y esos relatos de violencia existen de verdad: aparecen en el documental Leaving Neverland estrenado en 2019 y producido por HBO. En esta película, Wade Robson y James Safechuck, que fueron niños bailarines fans de Michael Jackson, relatan los verdaderos métodos de grooming que permitieron al cantante ganarse la confianza de los niños y agredirlos sexualmente.

Cuentan cómo la estrella mundial lograba ganarse la confianza de las familias e invocar auténticas “historias de amor” para conseguir sus fines. Ese es el documental que hay que ver como contrapunto a “Michael”, al igual que el que se estrena en France 2, titulado Michael Jackson, l’envers d’une légende (Michael Jackson, la otra cara de una leyenda).

El primer terremoto se produjo en 1993, cuando un padre de familia, dentista en Los Ángeles, acusó a Michael Jackson de haber agredido sexualmente a su hijo en el rancho Neverland. El caso provocó un registro policial muy mediático, pero concluyó con un acuerdo civil de unos 23 millones de dólares, sin juicio penal.

Una segunda acusación desemboca esta vez en un juicio penal. A principios de la década de 2000, Gavin Arvizo, un niño enfermo de cáncer que había visitado Neverland en varias ocasiones, acusa a Michael Jackson de agresión sexual. El juicio, celebrado en 2005, terminó con la absolución del cantante.

Durante este juicio, Wade Robson testificó a favor de Michael Jackson. James Safechuck y él, que tenían mucho contacto con la estrella cuando eran niños, aparecerán más tarde en el documental Leaving Neverland, donde describen lo que presentan como un sistema de control que condujo a violaciones. Se describe al cantante como manipulador, adicto al alcohol y a la pornografía.

En la actualidad, Wade Robson y James Safechuck han emprendido acciones civiles contra empresas vinculadas a Michael Jackson.

Traducción de Miguel López

Asesinatos, destrucción de viviendas, coches, bienes agrícolas… Desde el 7 de octubre de 2023, la violencia colonial se ha disparado en la Cisjordania ocupada, donde viven ilegalmente más de 750.000 israelíes. En 2025 ya había alcanzado un nivel sin precedentes en dos décadas. A lo largo de ese año fueron asesinados ocho palestinos por colonos israelíes. 2026 se perfila como aún más mortífero: en apenas cuatro meses ya han sido asesinados al menos diez palestinos por extremistas judíos.

Los últimos asesinatos tuvieron lugar esta semana, en la provincia de Ramala. El martes 21 de abril, Aous Hamdi Al-Nassan, de 14 años, y Jihad Marzouq Abou Naïm, de 32, murieron por los disparos de un colono armado con un fusil de asalto en la aldea de Al-Mughayyir. Al día siguiente, el miércoles 22 de abril, en circunstancias similares, Awda Atef Awawdeh, de 25 años, falleció a causa de sus heridas tras haber sido tiroteado en Deir Dibwan.

En Al-Mughayyir, Aous Hamdi Al-Nassan y Jihad Marzouq Abou Naïm cayeron frente a la escuela de niños, cerca de la entrada del pueblo, un lugar donde “no hay civiles israelíes, ni colonias, ni carreteras israelíes”, aseguró a AFP el alcalde del municipio, Amin Abou Alia. “Cualquier colono que se acerque a esta zona lo hace con la intención de causar daño”, denunció. En 2019, el padre de Aous, Hamdi Al-Nassan, corrió la misma trágica suerte: fue abatido por colonos cuando acudía en ayuda de unos heridos. El adolescente se suma a la lista de más de 230 víctimas menores de edad asesinadas desde el 7 de octubre de 2023 por colonos o por el ejército israelí en Cisjordania.

Su pueblo, situado principalmente en la zona C, es decir, bajo control total israelí, es emblemático de la asfixia colonial que se está produciendo en Cisjordania, con el objetivo de acaparar las tierras palestinas. Rodeado por cerca de una decena de puestos avanzados, esos asentamientos ilegales que se expanden y fragmentan el territorio palestino, Al-Mughayyir sufre ataques casi a diario, varios de ellos de gran envergadura, como en abril de 2024, cuando los colonos asaltaron la localidad durante tres días, o en agosto de 2025, cuando el ejército israelí arrancó cientos de olivos.

En Deir Dibwan, el ejército israelí afirmó haber entregado a la policía “a civiles israelíes que habían entrado en la zona sin autorización previa” e informó de que detuvo “a sospechosos palestinos implicados en el lanzamiento de piedras contra civiles israelíes, que a continuación fueron puestos en libertad”. Aseguró, además, haber recibido posteriormente un aviso sobre un palestino muerto por disparos y que la policía abrió una investigación.

El ejército de Israel afirmó que envió soldados a Al-Mughayyir tras recibir un aviso de lanzamiento de piedras “contra un vehículo israelí que transportaba a varios civiles, entre ellos un soldado de la reserva, quien salió del vehículo y abrió fuego contra los sospechosos presentes en la zona”. “A su llegada, los soldados intervinieron para dispersar los violentos enfrentamientos en la zona”, añadió el ejército, sin dar más detalles e indicando que “el incidente está siendo investigado”.

Los habitantes ofrecen otra versión, la de ataques selectivos por parte de colonos cada vez más brutales, armados con palos, porras, cócteles molotov y armas pesadas, aprovechándose de la impunidad de la que gozan, a menudo bajo la protección o con el apoyo del ejército israelí. Como ha demostrado recientemente el diario británico The Guardian, más del 96% de las investigaciones contra los colonos se archivan sin más y no se ha iniciado ningún proceso judicial desde 2020, mientras han sido asesinados más de 1.100 palestinos, de los cuales al menos una cuarta parte son menores.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, el 28 de febrero pasado, la violencia se ha intensificado aún más en todo el territorio. La Autoridad Palestina ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional: “Es hora de actuar para poner fin al terrorismo de los colonos.”

A mediados de marzo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR, por sus siglas en inglés) denunció la existencia de “una estrategia estatal coordinada”, en la que las autoridades israelíes desempeñan “un papel central”. Este organismo alertó de que desplazamientos en Cisjordania, “que coinciden con el desplazamiento masivo de palestinos a Gaza”, “parecen indicar una política israelí concertada de traslado forzoso masivo” en el conjunto de los territorios ocupados, lo que suscita “preocupaciones respecto a una limpieza étnica”. Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, la expansión de los asentamientos provocó “el desplazamiento de más de 36.000 palestinos en la Cisjordania ocupada”, una expulsión de una magnitud sin precedentes.

La violencia de los colonos constituye un factor principal del desplazamiento forzoso, como atestiguan los informes de varias ONG. El 20 de abril, el Consejo Noruego para los Refugiados (Norwegian Refugee Council, NRC) publicó un estudio demoledor que documenta especialmente el uso de la violencia sexual como arma para empujar a las comunidades palestinas a abandonar sus tierras. Se han registrado múltiples formas de agresión, como la desnudez forzada, exhibición de los genitales ante menores o amenazas de violación.

Bajo la presión constante y ante el riesgo creciente, las familias adoptan estrategias extremas: “Muchas se separan, enviando a las mujeres y a los niños a otros lugares, y los hombres se quedan para proteger las casas y el ganado —un patrón que a menudo precede al desplazamiento total”, describe el informe. “Otras sacan a sus hijas de la escuela u organizan matrimonios precoces para que tengan menos peligro”. El aumento de esta violencia ha llevado a más de dos tercios de las cerca de 100 personas entrevistadas a abandonar sus hogares.

“Lo que me llevó a tomar la decisión de mudarme fue el acoso que sufrían mi mujer, mis hijas y mi nuera”, testifica un hombre entrevistado en el informe. “Los colonos empezaron a acercarse cuando mi hijo y yo nos íbamos a trabajar. Vigilaban de cerca a las mujeres, silbaban cuando salían de los refugios a plena luz del día y nos lanzaban piedras por la noche. Me aterrorizaba la idea de que le pudiera pasar algo grave a mi familia debido a esta violencia constante de los colonos durante mi ausencia”. “Lo mejor que hice fue enviar a mi hija a vivir con su abuela a la ciudad, porque temía por ella”, cuenta una madre de familia.

En la provincia de Belén, dos chicos de 15 años que cuidaban del ganado fueron atacados por colonos, golpeados, atados y desnudados. A uno de ellos le rociaron con orina y al otro le rompieron una pierna. En otra comunidad beduina palestina, en el valle del Jordán, un palestino fue víctima de una grave agresión sexual delante de su familia.

El estallido de violencia es tal que cada vez son más las voces que se alzan en Israel para denunciar “el terrorismo judío”, pero más por razones de seguridad y estratégicas que humanitarias. Son las de políticos como Yaïr Golan, líder de la alianza de izquierda Los Demócratas, o Yaïr Lapid, líder de la oposición centrista. O las de influyentes religiosos como los miembros de la asociación Rabinos por los Derechos Humanos o de antiguos responsables de seguridad en Israel. A finales de marzo, la asociación Comandantes por la Seguridad de Israel, que agrupa a 550 oficiales superiores, generales retirados y ex altos responsables de los servicios de seguridad, interpeló en una carta abierta al jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, sobre el “peligro estratégico” que representa el “terrorismo judío”. Eyal Zamir reconoció que se trata de actos de violencia “moral y éticamente inaceptables”.

Para Amnistía Internacional, estos actos de violencia forman parte del proyecto de anexión por la fuerza de Palestina por parte de Israel. “La expansión acelerada de los asentamientos ilegales y el recrudecimiento de la violencia y los delitos respaldados por el Estado [israelí], atribuibles a los colonos en la Cisjordania ocupada, ponen de manifiesto la catastrófica incapacidad de la comunidad internacional para tomar medidas decisivas”, condena la ONG. Critica, en particular, la inacción de terceros Estados, que “no respetan sus obligaciones jurídicas, negándose a utilizar las herramientas a su disposición, como la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, con el fin de disuadir a Tel Aviv de continuar con su programa ilegal”.

El pasado 20 de abril, los Veintisiete fueron incapaces de hablar con una sola voz para frenar la empresa genocida del Gobierno de Netanyahu. El presidente francés Emmanuel Macron, aunque reconoció que la suspensión del acuerdo era una “cuestión legítima” en caso de que Israel “continúe con esta política que contraviene su historia”, declaró que “no es el momento de precipitar una confrontación cuando hace unos días Israel ha aceptado un alto el fuego para el Líbano y se comprometió a entablar conversaciones,”.

Traducción de Miguel López

No hay duda de que la foto quedará preciosa. El jueves 23 de abril, la ministra francesa de Transición Ecológica, Monique Barbut, llevando a sus homólogos del G7 al bosque de Fontainebleau. Paralelamente a la cumbre que reúne en París hasta este viernes a los ministros de Medio Ambiente de los países más ricos del planeta, Francia tiene mucho con lo que impresionar en este lugar emblemático de la historia de la conservación de la naturaleza.

Detrás de la postal, los ecosistemas están, en Francia como en otros lugares, cada vez más degradados. Pero la intención concreta de Monique Barbut con la que acoge esta nueva reunión internacional es la de lanzar una “alianza para la financiación de la naturaleza y los pueblos”. El objetivo es conseguir más fondos públicos y privados para la protección de la biodiversidad y favorecer la aparición de proyectos de financiación comunes.

También hay otros temas en la agenda: la lucha contra la desertificación, la protección de los océanos, el refuerzo de la resiliencia del sector inmobiliario o la preservación de los recursos hídricos. En cada uno de estos temas, la idea es “intercambiar buenas prácticas”, indica el gabinete de la ministra.

El tema del cambio climático, en cambio, se evita cuidadosamente. Y es que el objetivo de la reunión es también acercarse a la administración Trump, representada por la número dos de la Agencia Federal de Medio Ambiente (EPA), Usha-Maria Turner.

Una estrategia asumida plenamente por el gabinete de la ministra Barbut, quien explica que han optado por “no abordar de frente la cuestión del clima, porque abordar este tema de frente con Estados Unidos en el marco del G7 no permitía enviar mensajes de unidad”. “Hemos querido centrarnos en temas menos conflictivos”, precisa, “[y demostrar que] se puede trabajar con Estados Unidos, aunque conozcamos sus posiciones”.

En materia de biodiversidad, es evidente la urgencia: cerca de un millón de especies animales y vegetales se encuentran hoy en peligro de extinción en el planeta y más del 85 % de los humedales mundiales ya han desaparecido. Ante esta riqueza que se desmorona, los fondos disponibles se asignan mal.

En su último informe publicado este invierno, la IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) indicó que, en 2023, alrededor de 7,3 billones de dólares habían tenido impactos directamente negativos, de los cuales 4,9 billones de dólares procedían de financiación privada y 2,4 billones de dólares de gasto público. Cifras que no tienen nada que ver con lo que se ha hecho en favor de la conservación: en 2023 solo se destinaron 220.000 millones de dólares de fondos públicos y privados a actividades que contribuyen a la conservación y restauración de la biodiversidad.

En este contexto, ¿qué puede aportar esta cumbre? Se pedirá a los bancos públicos de desarrollo, pero también a los actores privados, que participen más en la protección de los ecosistemas. La idea es crear un club “informal”, en el que “se invite a filántropos, sobre todo estadounidenses, pero también a fondos de impacto, a financiadores públicos de la biodiversidad, como la Agencia Francesa de Desarrollo o el Fondo Mundial para el Medio Ambiente”, precisa el gabinete de la ministra. Un club que se reunirá dos veces al año para crear “un efecto red” y, también en este caso, “intercambiar buenas prácticas”.

En definitiva, se trata, en esta fase, de una operación de comunicación, y no hay que esperar que el viernes por la noche se anuncie una dotación económica concreta. El objetivo es demostrar que hay un montón de actores “dispuestos a trabajar juntos para proteger la biodiversidad en todo el mundo” y que se puede enviar este mensaje en un periodo “en el que todo va mal y la agricultura está retrocediendo en materia medioambiental”, subraya el gabinete.

En el entorno de la ministra, se celebra además un “acuerdo” con Estados Unidos sobre esta alianza que, de materializarse, abarcará también 140 áreas protegidas de África, las áreas marinas protegidas y la pesca ilegal.

Frente a los efectos mediáticos y a la imagen de una administración escéptica con el cambio climático, las expectativas de las ONG medioambientales son muy concretas en cuanto a la urgencia de frenar el colapso de la biodiversidad.

Es el caso del WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza), partidario de la financiación tanto pública como privada en este ámbito, sin que ello sea el principio y el fin de una política de conservación. “Esperamos que esta financiación se condicione a la adopción de medidas contra la deforestación o la desertificación, pero también que se establezca una moratoria sobre las ayudas públicas a la agricultura que provoca el deterioro de zonas sensibles o con alta biodiversidad”, precisa Antoine Pugliese, responsable de finanzas sostenibles de la ONG. “Y las subvenciones agrícolas que son perjudiciales deben reorientarse hacia sistemas que restauren los suelos y los entornos”.

Y lo más importante, una política centrada en la financiación y en la asignación de subvenciones públicas no debe, en ningún caso, sustituir las leyes y los marcos normativos vinculantes. “Es la normativa lo que protege la naturaleza. Un hábitat destruido por una empresa nunca puede compensarse realmente”, recuerda Antoine Pugliese, quien aboga, en nombre del WWF, por un enfoque “pragmático”, entre el desarrollo de la financiación y el mantenimiento de una serie de salvaguardias.

Una visión que no cuenta con el consenso del mundo ecologista, donde otras organizaciones temen que, con el desarrollo del enfoque financiero, se produzca una mercantilización de la naturaleza que no haría más que agravar el problema. Es el caso del Green Finance Observatory (GFO), una ONG crítica con las finanzas verdes. “Se oye decir con demasiada frecuencia que la falta de protección de la biodiversidad se debe a la falta de financiación”, subraya su director, Frédéric Hache. “Eso es falso: la razón principal es la falta de regulación.”

Aunque coincide con WWF en señalar la necesaria reorientación de las subvenciones públicas, a este experto le preocupa sobre todo las formas que podría adoptar el desarrollo de la financiarización, entre el mercado de "créditos de biodiversidad" —que Francia puso en marcha hace dos años con carácter experimental y que está llevando a nivel internacional— y los mecanismos de compensación para autorizar proyectos que invaden los espacios naturales.

Para Frédéric Hache, compensar la destrucción de un ecosistema con la protección de otro lugar no tiene ningún sentido: “No conocemos la riqueza de esos entornos ni el conjunto de relaciones ecológicas que las especies mantienen entre sí. Hasta ahora solo se ha cartografiado el 20 % de las especies, y cada año se descubren una media de 18.000 más. Somos incapaces de recrear un ecosistema. Lo que hay que hacer es evitar la destrucción en su origen”.

Traducción de Miguel López

En la plaza Vanak, al norte de Teherán, un cartel del tamaño de un edificio de unos 15 pisos muestra la mano de un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní retorciendo el estrecho de Ormuz, representado por una tela azul. En el fondo de la imagen se distinguen una veintena de petroleros atrapados, incapaces de atravesar el paso marítimo.

La leyenda en farsi en el cartel indica que Ormuz no solo está “en manos de Irán”, sino que seguirá estándolo “de forma permanente”. El sultanato de Omán, la otra potencia ribereña del estrecho, ni siquiera aparece en la imagen.

Este cartel gigante parece provenir de los partidarios de la línea más dura del régimen, en su mayoría oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI o pasdaran), que apenas ocultan su hostilidad radical hacia las conversaciones de Islamabad (Pakistán) entre Irán y Estados Unidos.

Para los miembros de este ejército, la prolongación de la confrontación con Estados Unidos e Israel es necesaria para la supervivencia del régimen, hasta la retirada estadounidense del Golfo Pérsico. Hasta ahora, consideran haber ganado la batalla. Como escribe Kian Abdollahi, redactor jefe de la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, Estados Unidos entró en guerra creyendo que disponía de los medios militares para desmantelar las capacidades nucleares y balísticas de Irán, apoderarse de sus 444 kilos de uranio enriquecido y provocar un cambio de régimen, o forzar a Teherán a aceptar una "capitulación sin condiciones”.

Pero no solo Estados Unidos no ha alcanzado sus objetivos, a pesar de 38 días de intensos bombardeos, sino que Teherán tiene hoy la capacidad de bloquear el estrecho de Ormuz, lo que le permite poner en aprietos a la economía mundial.

Lo que refuerza la determinación de los ultraconservadores a no negociar son los cambios de opinión de Donald Trump y el temor a que pueda utilizar las negociaciones para lanzar un nuevo ataque, como ya hizo en junio de 2025 y el pasado 28 de febrero.

No obstante, también existe dentro del régimen una línea más pragmática, partidaria de que Irán participe en las conversaciones de Islamabad. La encarna el presidente del Majlis, el Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que dirige el equipo negociador, así como el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, un diplomático curtido que intenta encontrar fórmulas de compromiso sin dar la impresión de que Irán cede a las exigencias de Estados Unidos.

Para los “pragmáticos”, la única vía de salida del conflicto sería un acuerdo con Washington, pues la economía iraní corre el riesgo de colapsar si continúan las hostilidades. El bloqueo de sus puertos podría resultar, en efecto, catastrófico para el presupuesto iraní, con una pérdida de unos 435 millones de dólares al día (370 millones de euros), de los cuales 276 corresponden a pérdidas por exportaciones, principalmente de petróleo y productos petroquímicos, según una estimación de Miad Maleki, analista de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), citada por el Wall Street Journal.

Es a esa facción “pragmática” a la que Donald Trump ha calificado de “nuevo régimen iraní”.

Estas desavenencias en el seno del régimen se ven favorecidas por los vacíos en la cúspide del poder. Ali Larijani, un allegado del difunto líder supremo Ali Jamenei, que dirigía a la vez la diplomacia, la defensa y los servicios de seguridad desde el verano de 2025, murió en un ataque israelí el 17 de marzo y no ha sido sustituido. En cuanto a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo, sigue sin aparecer y no se sabe si está gravemente herido o en coma desde el bombardeo del 28 de febrero.

Evidentemente, la República Islámica ya no tiene a nadie al frente para arbitrar estas luchas internas, que, sin duda, existían antes de la guerra, pero que parecen haberse ampliado ante la ausencia de una figura tutelar.

Desde entonces, los altos responsables del régimen no se ponen de acuerdo sobre la política a seguir. De ahí las vacilaciones sobre la participación de Irán en las negociaciones de Islamabad y la reapertura del estrecho de Ormuz. El martes por la noche aún se desconocía si una delegación iraní acudiría a las conversaciones de Islamabad. “No se ha tomado ninguna decisión”, afirmaba el Ministerio de Asuntos Exteriores al final del día.

Durante la primera reunión entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, que duró 21 horas, el vicepresidente J. D. Vance había comunicado que los negociadores iraníes habían tenido que regresar a Teherán para obtener la aprobación de otros dirigentes. Y cuando el ministro de Asuntos Exteriores iraní anunció, el 17 de abril, la reapertura total del estrecho de Ormuz, provocando de inmediato una subida de los mercados bursátiles, fue desmentido secamente horas más tarde por la Guardia Revolucionaria. “Tuit torpe e incompleto de Araghchi y ambigüedad engañosa sobre la reapertura del estrecho de Ormuz”, escribió poco después la agencia Tasnim, en su página web.

“No confíen en un idiota”, llegó a decir un comandante de los pasdaran durante una conversación por radio con el capitán de un barco indio que creía que el estrecho estaba abierto y se sorprendía de ser amenazado por la Armada iraní. El término “idiota” fue, por cierto, retomado por la televisión estatal, siempre para referirse al titular de Exteriores, Abbas Araghchi.

Al abrir el estrecho el viernes 17 de abril, Teherán pensaba que “Estados Unidos respondería levantando el bloqueo”, señala Vali Nasr, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos), en la red social X. Pero su mantenimiento “no ha hecho más que alimentar las sospechas de Irán” sobre el hecho de que las conversaciones de Islamabad “no serían más que una artimaña diplomática previa a otro ataque militar”. Una sospecha basada también en posiciones que siguen estando muy alejadas entre Washington y Teherán, especialmente en el corazón del conflicto: la cuestión nuclear.

La batalla entre los más radicales del régimen y los “pragmáticos” también se libra en las calles. Cada noche, desde el inicio de la guerra, el régimen moviliza a decenas de miles de sus partidarios en las plazas de las grandes ciudades. En esas ocasiones, el nombre de Mohammad Bagher Ghalibaf es abucheado regularmente por multitudes de jóvenes que, además, reclaman que continúe el conflicto. Algunas redes sociales, como la aplicación de mensajería Eitaa Web, incluso le acusan de “traición”. “La negociación solo puede traer el mal”, se lee en uno de los artículos.

El presidente del Majlis y antiguo alcalde de Teherán concedió una larguísima entrevista el sábado 19 de abril a la televisión estatal, en la que defendió su enfoque diplomático del conflicto. Sostuvo que no suponía ni una renuncia a las exigencias de Irán ni una acción disociada del campo de batalla, sino la continuación del conflicto por otros medios. En otras palabras, una forma de consolidar los logros militares y traducirlos en resultados políticos, así como en una paz duradera.

Ghalibaf también lanzó una advertencia a los extremistas contra cualquier triunfalismo. Aunque afirmó que la República Islámica “controlaba el campo de batalla” y que, si se reanudaba la escalada, estaría dispuesta a responder, reconoció que Irán era, sin embargo, más débil, tanto militar como financieramente, que Estados Unidos. Nunca antes un dirigente de la República Islámica había hecho declaraciones de este tipo sobre la superioridad estratégica estadounidense.

En la misma entrevista, Ghalibaf señaló que el estrecho de Ormuz sigue siendo una baza esencial para su país y que las restricciones al tráfico marítimo continuarán si no se levantaba el bloqueo estadounidense. Pero, a diferencia de la facción radical, precisó que Irán desea una normalización del tráfico y no busca perturbarlo todavía más: “Siempre hemos trabajado por una normalización, pero cuando no se han cumplido los compromisos, hemos restringido el tráfico”. No obstante, añadió que el acceso al estrecho permanecería cerrado para los países hostiles: “Queremos que aquellos que no actúan con hostilidad hacia nosotros puedan pasar libremente. No buscamos crear inseguridad”.

Lo que ha cambiado con la guerra es que el conflicto entre facciones, que solía oponer a los radicales y a los reformistas, también se ve ahora en la jerarquía de los pasdaran.

El propio Ghalibaf fue un comandante que participó en la guerra entre Irán e Irak y dirigió sus fuerzas aéreas. Sus adversarios más notorios son el comandante del CGRI, Ahmad Vahidi, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN), Mohammad Bagher Zolghadr, ambos descritos por los observadores iraníes como decididamente favorables a la continuación del conflicto. Cuentan con el apoyo del partido ultraconservador Paydari, acusado por varios periodistas iraníes de incitar a las manifestaciones contra las negociaciones.

Según la televisión por satélite Iran International, con sede en Londres y cercana a la oposición, Ghalibaf tiene influencias dentro de la rama aeroespacial de la Guardia Revolucionaria y mantiene vínculos con la familia de Ali Jamenei, de quien fue piloto particular, en particular con su hijo, el invisible Mojtaba.

Pero, sean contrarios o favorables a las negociaciones, los responsables iraníes siguen involucrados en la represión. En una nueva directiva, el responsable del poder judicial, el clérigo Mohseni Ejei, ha ordenado la movilización general de todos los tribunales. Compara a los jueces con “combatientes” y les ha pedido que sesionen día y noche, e incluso los viernes.

Este martes 21 de abril ha sido ahorcado un joven manifestante de 22 años, Amirali Mirjafari. Y una adolescente de 16 años, Diana Taherabadi, condenada a muerte.

Traducción de Miguel López

Desde la última planta de la torre El Saman, en pleno distrito financiero de Caracas, las vistas de la ciudad son impresionantes. Horacio Velutini, director de la inmobiliaria Invaca, vigila su imperio desde su despacho. Desde las ventanas casi se divisa el centro comercial El Tolón, propiedad de su grupo, situado en el barrio más lujoso de la capital, “y muy cerca de la embajada americana”, añade rápidamente.

La embajada reanudó sus actividades el 30 de marzo, tras permanecer cerrada durante los siete años de ruptura de relaciones entre Caracas y Washington. “Las empresas estadounidenses que quieran instalarse en Venezuela buscarán oficinas en este barrio, sobre todo por la proximidad a su embajada”, explica el empresario. “Cuando hicimos construir El Tolón, la ubicación, evidentemente, no se eligió al azar, el barrio de Las Mercedes es un lugar estratégico”.

Desde el secuestro del presidente, Nicolás Maduro, a principios de enero, Washington ha puesto a las autoridades del país bajo su tutela, y Donald Trump ha amenazado directamente a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, si se niega a obedecer sus órdenes. Las autoridades, a pesar de que siguen reivindicando la revolución bolivariana, están liberalizando la economía a marchas forzadas.

Más de 20 años después de su inauguración, parte del centro comercial El Tolón está en obras. En la cuarta planta, los ruidos de los taladros y los martillazos han sustituido a la música ambiental. “Estamos reformando toda la zona de restauración”, detalla Gabriel Roig Picon, vicepresidente de Invaca. “Hemos tenido buen olfato, el consumo se disparará en los próximos meses.” “Prevemos un aumento del 12% en el consumo en 2026, y lo mismo para 2027. No me gusta ser eufórico, pero tenemos todos los motivos para alegrarnos”, confirma Horacio Velutini.

Mientras que el PIB se desplomó un 75% entre 2015 y 2025, los economistas prevén ahora un crecimiento del 10% en 2026. Y solo en el mes de marzo, la producción de petróleo aumentó un 14%, alcanzando los 980.000 barriles diarios. Una curva que debería seguir ascendiendo en los próximos años.

La economía venezolana depende casi por completo de los recursos petroleros, que representan al menos un tercio del PIB. “Evidentemente, Estados Unidos quiere aumentar la producción en beneficio propio, no nos engañemos”, reconoce el director de Invaca. “De ahora en adelante, en Venezuela, todo girará en torno a la relación que mantengamos con Washington.”

En su despacho, el empresario muestra una presentación de PowerPoint que enumera una serie de cifras. Consumo anual en este barrio de Las Mercedes, número de vehículos que circulan por la avenida principal cada mes, metros cuadrados disponibles, empresas instaladas, aparcamientos…

“He preparado esta presentación para un grupo de inversores estadounidenses que acaba de salir de mi oficina”, explica. “Tenemos previsiones muy positivas. Esperamos duplicar el tamaño de la empresa de aquí a 2030”. Caracas está “llena de inversores potenciales, que han venido a explorar los mercados”, según Horacio Velutini. Pero, por el momento, todos se mantienen discretos. “Nadie quiere mostrar sus cartas”, comenta un consultor que prefiere permanecer en el anonimato.

Apenas unos días después del secuestro de Maduro, se aprobó una ley de hidrocarburos que deja atrás el modelo de soberanía petrolera impulsado por Hugo Chávez, presidente desde 1999 hasta su muerte en 2013. Además de reducir los impuestos, el texto prevé la posibilidad de que el sector privado explote el petróleo y lo exporte, sin necesidad de aliarse con la empresa pública.

“Otro punto importante es la seguridad jurídica: esta ley permite a las empresas acudir a un tribunal de arbitraje en caso de conflicto, lo que tranquiliza enormemente a las empresas extranjeras que deseen instalarse”, explica José Antonio Martínez, de la Cámara de Comercio Suizo-Venezolana, que tiende puentes entre ambos países. La sombra de las nacionalizaciones anunciadas en la televisión pública por Hugo Chávez sigue planeando sobre el mundo económico, aunque no se haya producido ninguna expropiación tras la muerte del “comandante”.

A esta ley de hidrocarburos se suman textos sobre la explotación minera y la simplificación de los trámites administrativos, y hay una reforma fiscal en marcha. Todo un arsenal legislativo destinado a atraer y tranquilizar a los inversores.

El presidente de la cámara de comercio se muestra tan “optimista” que su organización tiene previsto traer a un grupo de empresarios suizos al país caribeño de aquí a junio. Hay “numerosas” oportunidades, explica. “En el sector petrolero, evidentemente, pero también para los distintos proveedores de bienes y servicios, etc.”, detalla. “También está el sector eléctrico, ya que es importante que recuperemos un servicio eléctrico de calidad. Sin olvidar el suministro de agua: funcionamos con centrales hidroeléctricas y, por ejemplo, varias turbinas de la presa más grande del país están averiadas.”

¿Cuál es la condición sine qua non para el nuevo despegue económico de Venezuela? El levantamiento de las sanciones que pesan sobre su economía desde 2017. Washington ha comenzado a suavizar ciertas medidas, favoreciendo a las empresas estadounidenses, lo que permite a varias compañías petroleras regresar al país.

Otra disposición importante, la más reciente: el Banco Central de Venezuela puede volver al sistema financiero internacional y, de este modo, tener un acceso más fácil a las divisas. “Si las autoridades venezolanas siguen avanzando en su dirección, en su visión liberal de la economía, los estadounidenses irán aflojando cada vez más las riendas”, considera Horacio Velutini.

Pero, aunque las perspectivas del mundo empresarial son muy optimistas, los venezolanos de a pie no ven ningún cambio en sus bolsillos. A pesar de las buenas cifras de crecimiento y de los aviones llenos de inversores, el salario mínimo en Venezuela sigue siendo de 130 bolívares, es decir, no llega a medio dólar al mes.

El 16 de abril, los sindicatos de trabajadores del sector público y de jubilados se reunieron en Las Mercedes, un barrio poco habitual para las reivindicaciones sociales, y entregaron una carta a la embajada de Estados Unidos. “Puesto que ahora estamos bajo su tutela, pedimos ayuda a Washington. Nos dirigimos a quienes realmente toman las decisiones aquí, porque nosotros seguimos en la miseria”, se lamenta una joven jubilada. “Con mi pensión de 30 céntimos de dólar al mes, ni siquiera puedo comprarme un par de huevos.”

Traducción de Miguel López

Ya sabíamos, por la avalancha de mensajes escritos en mayúsculas en la plataforma Truth Social del presidente de los Estados Unidos, que la jactancia y el sentimiento de superioridad de la Administración Trump podían rayar en el delirio. Ya fuera delirio estratégico o psicótico.

Pero el enfrentamiento de estos últimos días entre la Casa Blanca y el Vaticano, después de que el papa León XIV afirmara que “dios nunca está del lado de quienes empuñan la espada”, añade más vértigo al asunto. Tanto sobre la propia naturaleza de esta presidencia como sobre una estrategia política que divide a un bando republicano, en crisis de fe y/o preocupado por las elecciones de medio mandato de noviembre, en un país que cuenta con más de 50 millones de católicos.

Ese vértigo proviene, en primer lugar, del tono y de los autores de los ataques contra el sumo pontífice. De hecho, fue el vicepresidente, J. D. Vance, a pesar de ser presentado habitualmente como “el adulto en la sala” de la Casa Blanca, quien declaró, el martes 14 de abril durante un viaje a Georgia, que el papa debía “ser muy prudente con los temas de teología”.

Añadió a continuación que “existe una tradición milenaria de la teoría de la guerra justa”. Y poniendo como ejemplo la Segunda Guerra Mundial: “¿Acaso no estaba dios del lado de los estadounidenses que liberaron a Francia de los nazis? ¿No estaba dios del lado de los estadounidenses que liberaron los campos del Holocausto?”. Anteriormente había exhortado al Vaticano a “limitarse a las cuestiones morales”.

J. D. Vance, que se presenta a la vez como el intelectual y el futuro del trumpismo, alardea de teología desde su conversión al catolicismo, que relató extensamente en la revista católica estadounidense The Lamp, texto en el que afirmaba inspirarse en La Ciudad de Dios, de San Agustín, pero también en el pensamiento del filósofo católico francés René Girard (1923-2015).

Pero de ahí a enfrentarse al propio papa en el terreno de la teología, como también hizo Mike Johnson, el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, al evocar él también la “doctrina de la guerra justa”, que el papa “no entendería”...

Estas lecciones de exégesis de los textos del canon católico dirigidas a León XIV por miembros destacados de la Administración Trump resultan aún más pasmosas si se tiene en cuenta que la doctrina denominada de la “guerra justa” tiene su origen en los escritos de San Agustín (354-430).

Porque León XIV, nacido en Chicago, es el primer miembro de la orden de San Agustín en ocupar el trono de Pedro. Pronunció sus votos solemnes en el seno de esta orden antes de convertirse, durante más de diez años, en su prior general. Y, en su primer discurso tras su elección como papa en mayo de 2025, se presentó como ”un hijo de San Agustín, un agustino”.

De hecho, para rendir homenaje al teólogo nacido en Tagaste, en lo que entonces era “la África romana”, antes de convertirse en obispo de Hipona, ciudad situada en el noreste de la actual Argelia, el papa se desplazó a este país el lunes 13 de abril para iniciar una gira de dos semanas por diferentes países de África.

Resulta difícil, pues, más allá de la cuestión de si se reconoce la autoridad papal en materia de teología, encontrar entre los prelados católicos vivos a mejores conocedores del pensamiento de San Agustín que León XIV.

Aunque la doctrina de la “guerra justa” extrae efectivamente parte de sus justificaciones de los escritos de San Agustín, el actual papa no distorsiona el pensamiento de su mentor espiritual al predicar por la paz y no por la guerra, ya que esta “doctrina” constituye en realidad un corpus de textos interpretados y reinterpretados a lo largo de los siglos de maneras diferentes e incluso contradictorias.

Al término de esa exégesis multisecular, se estima que el predecesor de León XIV, el papa Francisco, habría abolido definitivamente el principio de la “guerra justa” en su encíclica Fratelli Tutti (2020), en la que escribía, entre otras cosas: “Ya no podemos por tanto pensar en la guerra como una solución, dado que los riesgos probablemente siempre serán mayores que la hipotética utilidad que se le atribuye. Ante esta realidad, hoy en día resulta muy difícil defender los criterios racionales, madurados en otros tiempos, para hablar de una posible ‘guerra justa’. Nunca más la guerra”.

Pero esa interpretación es objeto de debate, especialmente en lo que respecta a la posible utilización de las armas en situaciones de legítima defensa. Sea como fuere, León XIV sigue estrictamente los pasos de sus predecesores, aunque sea con términos particularmente enérgicos, cuando dice, como lo hizo durante una vigilia de oración el 11 de abril: “¡Basta ya de idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de demostraciones de fuerza! ¡Basta ya de guerra!”.

“¡Nunca más la guerra!” era, de hecho, el lema lanzado ya por Pablo VI, elegido papa en 1963 y fallecido en 1978, artífice del Concilio Vaticano II, durante su primera visita a la ONU. Lema que fue retomado por Juan Pablo II en el momento de la invasión de Irak en 2003.

Aunque el llamamiento a la paz y el rechazo de la guerra son, por tanto, constantes en las palabras papales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se puede considerar, no obstante, que el actual papa, buen conocedor de la política estadounidense, apunta tanto de forma discreta como directa a la Casa Blanca cuando afirma: “Ay de aquellos que desvían las religiones y el propio nombre de dios hacia sus propios fines militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso”.

En efecto, Donald Trump, y sobre todo su secretario de Guerra, Pete Hegseth, han recurrido en varias ocasiones a la referencia religiosa para justificar la actual guerra en Irán, incluso a costa de que parezca una nueva cruzada. El presidente estadounidense, en cualquier caso, así lo ha entendido, a través de sucesivas reacciones de las que sin duda vale la pena citar una recopilación, no tanto porque esbozen un argumento, sino porque que son en alguna medida emblemáticas del vórtice sin fondo y sin fin en el que el planeta se ve sumido desde Washington.

“El papa León es DÉBIL frente a la delincuencia, y catastrófico en materia de política exterior”; “León no estaría en el Vaticano si yo no estuviera en la Casa Blanca”; “No quiero un papa que critique al presidente de los Estados Unidos, porque estoy aquí exactamente para lo que fui elegido, POR MAYORÍA APLASTANTE, es decir, para reducir la delincuencia a niveles históricamente bajos y crear el mayor mercado bursátil de la historia”; “No entiende y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando”; “Omite mencionar el MIEDO que sintió la Iglesia católica —así como todas las demás organizaciones cristianas— durante la pandemia del covid, cuando se detenía a sacerdotes, pastores y fieles por celebrar servicios religiosos”…

Donald Trump también difundió una imagen generada por inteligencia artificial —ya retirada— en la que se le ve, con una túnica blanca y roja, cual Cristo, posando su mano sobre la frente de un herido acostado en una cama de hospital, con una bandera estadounidense, la Estatua de la Libertad, y con aviones de combate y águilas de fondo.

Aunque, como era de esperar, esas declaraciones ponen de manifiesto el gusto desmedido por el sensacionalismo, la ausencia total de autocontrol y la fanfarronería sin límites del inquilino de la Casa Blanca, la virulencia de esos ataques, unida a la impugnación de la palabra del Vaticano en materia teológica por parte del vicepresidente, ha suscitado una protesta sin precedentes en el bando republicano.

La teología, “¿no es esa la labor del papa?”, preguntó John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado. David Schweikert, republicano de Arizona en la Cámara de Representantes, se declaró por su parte “profundamente decepcionado por las declaraciones presidenciales” sobre el tema. La senadora republicana por Maine, Susan Collins, consideró que las declaraciones de Trump eran “ofensivas para millones de católicos”.

Y el republicano Brian Fitzpatrick, representante por Pensilvania en la Cámara, criticó la idea planteada por Trump de que León XIV le debía su elección: “Sugerir que un papa, de una forma u otra, accedió a la Santa Sede gracias a un político es absurdo”.

Fitzpatrick y Collins tienen en común ser representantes de circunscripciones muy disputadas que bien podrían volver a caer en manos demócratas en las elecciones de medio mandato este otoño.

Más allá de los políticos republicanos, la fractura del bando trumpista sobre el tema se ha extendido a ciertas figuras mediáticas clave en el ecosistema de la opinión pública republicana. El influyente podcaster Tucker Carlson se burló del presentador de Fox News Sean Hannity por haber afirmado que León XIV “parecía más preocupado por promover políticas de izquierdas que por enseñar el verdadero mensaje de Jesucristo”, llegando incluso a preguntarse si había “leído alguna vez la Biblia”. “Hay que tener realmente la mentalidad típica de los canales 24 horas para decirle al papa: ‘Oye, ¿alguna vez has leído la Biblia?’”, comentó Carlson, contrario a la guerra en Irán.

El sábado 18 de abril, en el avión que le llevaba de Camerún a Angola, el papa León XIV quiso poner fin a esta secuencia de enfrentamiento retórico. Lamentó que algunas de sus declaraciones realizadas durante su viaje a África (en particular, había criticado en Bamenda, en el noroeste de Camerún, asolado por la guerra civil, que “el mundo estuviera siendo devastado por un puñado de tiranos”) se interpretaran como una respuesta a las críticas de Donald Trump o de su Administración. “Volver a debatir no le conviene”, aseguró.

No está claro que esto baste para calmar a una Casa Blanca en plena vorágine. Sus intentos de exégesis teológica revelan implícitamente su fragilidad en relación con la guerra en Irán, lejos de ser la “pequeña excursión” prometida y que se traduce en Estados Unidos en un aumento de los precios en las gasolineras, potencialmente devastador en las urnas.

Traducción de Miguel López

El Partido Comunista Chino (PCCh) no tiene por qué temer una rebelión de los gigantes nacionales de la inteligencia artificial (IA) como la que tuvo que afrontar el Gobierno de Donald Trump al otro lado del Pacífico. En Estados Unidos, Dario Amodei, fundador de Anthropic, plantó cara al presidente. Aun a riesgo de perder un contrato de 200 millones de dólares con el Pentágono, le negó el libre acceso a su modelo de IA.

En China, el Estado-partido controla la difusión de la IA desde el inicio de su desarrollo, siguiendo la tradición de su economía planificada. La concentración de los esfuerzos financieros y políticos del PCCh en las tecnologías de vanguardia comenzó hace al menos diez años. Y, a pesar de los graves desequilibrios que afectan a la economía china, entre los que destaca, en primer lugar, la crisis inmobiliaria que dura ya cinco años, la prioridad sigue siendo convertir a China en líder de las industrias de vanguardia.

El 15º plan quinquenal, anunciado el 13 de marzo, sitúa la aceleración de la política tecnológica en el núcleo de la estrategia industrial del país. La revolución tecnológica que persigue el Gobierno chino, aparentemente poco preocupado por las dificultades de la población para vivir en una sociedad eminentemente competitiva, costosa y envejecida, revela la importancia que ha adquirido la innovación en su discurso.

Ya en 2015, el Consejo de Estado, el ejecutivo chino, publicó una estrategia titulada Made in China 2025, que incluía las tecnologías de la información entre los sectores prioritarios, junto con las "máquinas-herramienta", los robots y los equipos aeroespaciales, aeronáuticos, marítimos y ferroviarios. Dos años más tarde, el Estado-partido publicó un plan nacional de desarrollo de la inteligencia artificial: el New Generation AI Development Plan (NGAIDP). En 2025, el Consejo de Estado hizo pública la estrategia "AI+", cuyo objetivo es integrar la inteligencia artificial en todos los sectores de la economía.

La apuesta del PCCh por la IA es una elección ideológica. Al igual que la industria pesada simbolizaba la vanguardia obrera en la década de 1950, cuando China era un país predominantemente rural, el Gobierno invierte hoy masivamente en el desarrollo de la IA, aunque sus aplicaciones no parecen tener ninguna repercusión en un crecimiento económico en declive.

¿Cómo entender esto? Por un lado, la carrera por la innovación en inteligencia artificial es el núcleo de la rivalidad entre el PCCh y Estados Unidos. Por otro lado, el apoyo financiero y político del PCCh a la IA ha permitido el surgimiento de una comunidad científica y de emprendedores que trabajan codo con codo con el Gobierno chino. El lugar central que el PCCh otorga a la IA en su discurso de poder les garantiza un apoyo duradero.

Las grandes empresas digitales chinas fueron objeto de una represión masiva en 2021. Es cierto que los gigantes Ant, Tencent, Baidu o ByteDance no centraban su actividad en la IA, pero, como empresas dominantes en la tecnología financiera, los servicios de Internet, los motores de búsqueda y las redes sociales, respectivamente, habían acumulado una cantidad de datos espectacular. Y los datos son la materia prima de la IA.

La represión obligó a estas empresas a actuar de diversas maneras: algunas han tenido que dividir sus actividades, a otras se les ha prohibido salir a bolsa y otras, por último, se han resignado a mantener todos los datos de sus clientes en China. En aquel momento, el PCCh había justificado este endurecimiento con un discurso anticapitalista, criticando la búsqueda desenfrenada de beneficios de estas empresas que, de hecho, se encontraban en una posición monopolística, como reflejaban sus desmesuradas cuotas de mercado en sus sectores de actividad.

En la práctica, la represión fue llevada a cabo por nuevas agencias estatales, como la Administración del Ciberespacio de China, creadas bajo el mandato de Xi Jinping tanto para regular la gestión de datos como para ejercer la censura estatal. Sobre todo, fue seguida por la creación, en 2023, de una nueva agencia bajo los auspicios de la poderosa Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma: la Administración Nacional de Datos (NDA), responsable de su regulación.

Ya en 2021, el PCCh otorgó a los datos el estatus de "factores de producción", al igual que la tierra, el trabajo y el capital. A partir de 2023, la NDA promovió la creación de "bolsas provinciales de datos", donde estos cotizan como activos.

La publicación de un plan nacional de desarrollo como el NGAIDP no se dirigía, por otra parte, solo a las empresas, sino también a la treintena de gobiernos provinciales que conforman el territorio. Porque, desde la liberalización parcial de la economía, a principios de la década de 1980, una de las principales responsabilidades de los gobiernos locales es garantizar el desarrollo económico de su provincia.

Desde el 11º plan quinquenal del PCCh de 2006, que impuso, entre otras cosas, objetivos de protección del medio ambiente a los dirigentes locales, esos objetivos de crecimiento ya no son su único criterio de evaluación, aunque siguen teniendo un gran peso. Y alimentan enfoques locales que no coinciden en todos los aspectos con las ambiciones fijadas por el poder central, guiadas por un imperativo de seguridad nacional y la rivalidad tecnológica con Estados Unidos.

Un estudio reciente realizado por investigadores de Singapur revela, de hecho, prioridades diferentes en la aplicación del NGAIDP en las provincias. Tras la publicación del plan nacional, estas han publicado a su vez planes de desarrollo de la IA que presentan, a su escala, una percepción diferente de las posibilidades económicas de esta nueva tecnología.

Aunque las estrategias de IA implementadas en Pekín, Shanghái y Guangdong retoman la ambición, manifestada en el plan nacional, de influir en los equilibrios internacionales, otras provincias como Tianjin, Anhui, Hubei o Fujian se centran únicamente en determinados aspectos de la IA, en función de sus ventajas comparativas: la defensa (Shaanxi), el aprendizaje profundo (Hubei) y la IA perceptiva (Anhui).

Un tercer grupo de provincias no dedica tanto sus recursos al desarrollo teórico y fundamental de la IA como a sus aplicaciones. Así, la provincia de Gansu anuncia una iniciativa para integrar la IA en el comercio electrónico con sus vecinos de Asia Central. La provincia de Yunnan, fronteriza con Laos, Vietnam y Birmania, diseña productos que utilizan la IA específicamente para el mercado del sur de Asia.

En cierto sentido, Gansu y Yunnan responden a las aspiraciones internacionales del NGAIDP, pero de una manera totalmente diferente a Pekín. No se trata de desarrollar un modelo de IA más eficaz que el modelo estadounidense, sino de aplicar software de IA ya existente para potenciar el comercio regional con los Estados vecinos. “Lo internacional” puede tener significados muy diferentes según los actores y los discursos.

La represión contra los gigantes tecnológicos en 2021 dista mucho de haber frenado el desarrollo de los líderes chinos en tecnologías digitales. En 2025, el "momento Deep Seek" reveló una start-up, entre muchas otras, capaz de producir modelos de IA más eficaces que las líderes estadounidenses, a un menor coste.

Ese mismo año, la estrategia denominada “AI+”, destinada a incorporar la inteligencia artificial a seis sectores de la sociedad (ciencia y tecnología, desarrollo industrial, consumo, bienestar, gobernanza y cooperación internacional), ponía de manifiesto el apoyo público a una miríada de actores privados que se lanzaron a la carrera no solo por la innovación, sino también por la aplicación de la IA.

Además de la rivalidad con el capitalismo americano y el control político de los datos, esta es la tercera faceta ideológica del despliegue intensivo de la IA en China: la experimentación a gran escala con nuevas tecnologías podría cambiar profundamente la sociedad. El PCCh ha llevado a cabo una amplia campaña de promoción del uso de DeepSeek en 2025, animando no solo a los gobiernos locales, sino también a los bancos a integrarlo. En un contexto político en el que el Estado tiene acceso a todos los datos de los usuarios, un uso masivo de la IA contribuye a aumentar sus capacidades de intrusión.

Una característica específica de la IA china es su uso mucho más rápido, en productos industriales y de consumo, que el que se observa en Europa y Estados Unidos. Aunque su vínculo con el crecimiento económico sigue siendo moderado, la IA en China se desarrolla con una perspectiva de aplicación directa que va mucho más allá de los grandes modelos de lenguaje.

Las vastas capacidades industriales del país ofrecen un campo de experimentación sin igual para probar la automatización con IA. No solo los vehículos eléctricos, cuya cadena de producción global domina China, están equipados con IA, sino también la robótica industrial y doméstica, mucho más integrada en la sociedad china que en los países occidentales, donde la idea de un robot humanoide sirviendo platos en un restaurante todavía da escalofríos.

Comprender el funcionamiento de la política china es cada vez más importante para entender la evolución del sistema y los juegos de poder internacionales. En un contexto de gran opacidad en la cúpula del sistema político del país, esta crónica está a cargo de dos especialistas en el Estado-partido chino, Jérôme Doyon, profesor adjunto en el Centro de Investigaciones Internacionales Ceri-Sciences Po, y Juliette Genevaz, profesora titular de Ciencias Políticas en la Universidad Jean-Moulin-Lyon 3 e investigadora en el Instituto Francés de Investigación sobre Asia Oriental. Ambos tienen como objetivo descifrar el funcionamiento y las lógicas de poder vigentes en Pekín.

Traducción de Miguel López

“¿Por qué implicarte en el trabajo cuando tu jefe te tiene tan poca consideración?”. Yacine fue contratado por Nike como vendedor en la región de Île-de-France con un contrato temporal en diciembre de 2024, y luego con un contrato indefinido, a tiempo parcial, en febrero de 2025. “Pero, en realidad, no firmé el contrato hasta cinco días después. Presionaba a los jefes todos los días para que se dieran prisa y me dejaran firmarlo”.

Las primeras semanas fueron muy cansadas. “Aunque no haya clientes, tenemos que estar de pie, en el mismo sitio. Las pausas se permiten a partir de seis horas de trabajo seguidas. Con mis turnos de cinco horas, no tenía derecho a ellas”. Entre su trabajo de recepcionista de hotel y sus 25 horas semanales en Nike, sufría y su médico acabó diagnosticándole una hernia discal. Su empleador, aunque estaba informado, no adaptaba su puesto.

Rápidamente, los dolores se intensificaron y Yacine empezó a faltar al trabajo. En marzo de 2025, la sorpresa: aunque solo había estado ausente dos días ese mes, solo recibió 145 euros de remuneración. “Ese dinero no es el salario, sino el pago atrasado de una prima de enero. De hecho, faltaban más de 1.000 euros en mi nómina”.

“Iba al curro cabreado”, cuenta Yacine. Y no era el único. “La dirección me dijo que se trataba de un error, pero que lo único que podían hacer por mí, en ese momento, era solicitar un anticipo de mi próximo salario. Finalmente, Recursos Humanos me comunicó que me acababan de hacer una transferencia urgente de 1.000 euros”.

Desde entonces, cada mes recibe nóminas que considera “incomprensibles”. “Hay errores a menudo, correcciones que aparecen meses después… Cada mes, a través de una delegada del personal, advertimos a la dirección”.

En julio de 2025, en una carta a la que hemos podido acceder, la dirección lo reconoce: “Ha habido dificultades operativas con las nóminas que le han causado molestias… Hemos identificado que el origen de este mal funcionamiento era un problema de integración entre los sistemas de Nike y los de nuestro gestor de nóminas.” Demasiado tarde. Yacine, hastiado, solicitó la extinción de su contrato.

Mismo periodo, mismo patrón. Malek (ficticio) fue contratado como dependiente en una tienda en París en enero de 2025 y, desde el primer mes, el pago del salario está mal. Recibe una cantidad de 80 euros, luego una “transferencia excepcional” de 1.000 euros. Según su testimonio escrito, los errores de pago siguieron hasta junio de ese año, lo que provocó “graves consecuencias en su situación personal: retrasos en el pago del alquiler, imposibilidad de pagar ciertas facturas y deterioro de la salud mental”.

A pesar de sus numerosas gestiones ante Recursos Humanos, “no le ofrecieron ninguna solución”. “La responsable local de Recursos Humanos tardaba con frecuencia entre dos y tres semanas en responder a mis solicitudes”, añade. Cuando en marzo de 2025, se enfadó por la situación, ella le respondió: “Puedo entender su enfado y la frustración por su situación, pero el tono que utiliza no es aceptable.” Y el empleado, contrariado, comenta: “El tono empleado tenía como único objetivo recordar las obligaciones legales del empleador.”

Para Caroline (ficticio), trabajadora con contrato temporal, la situación se volvió rápidamente insoportable: “Mis nóminas parecen ficticias, con importes incoherentes, incluso alucinantes, lo que hace imposible cualquier trámite administrativo o personal. Me resulta difícil justificar mis ingresos ante las autoridades fiscales… o encontrar una vivienda, ya que estas nóminas no son creíbles para las agencias o los propietarios.” Ella también alertó a Recursos Humanos en varias ocasiones pero no sirvió de nada. “Me siento desamparada y mi jefe, aunque está implicado y dispuesto a ayudarme, no tiene ningún interlocutor directo.”

Preguntada en detalle por los errores en las nóminas o en los pagos, Nike respondió que “en Francia, varios sistemas y herramientas de Nike han evolucionado en los últimos años, lo que ha requerido ajustes para garantizar el buen funcionamiento de los nuevos procesos”, reconociendo “que este tipo de transición puede resultar perturbadora” y disculpándose “por las molestias ocasionadas”. Y aseguró que la empresa ha puesto en marcha “medidas complementarias para reforzar sus sistemas, aclarar los modos de funcionamiento y consolidar la fiabilidad operativa”.

La ligereza con la que Nike gestiona las remuneraciones es uno de los temas que más se repiten en el orden del día del comité de empresa (CE) de la multinacional desde hace más de dos años. Según la dirección, de enero a septiembre de 2024, se registraron 27.604 reclamaciones de empleados, de las cuales “4.000 estaban relacionadas con problemas importantes, principalmente sobre la nómina”.

En el CE de mayo de 2024, la consultora EY presentó una auditoría sobre estos temas, tras detectar numerosos errores en las nóminas de los meses anteriores. Todo el equipo de People Solution, plataforma digital que sirve de interfaz entre los empleados y la dirección, fue enviado desde Ámsterdam por este motivo.

Y es que los directivos que gestionan los procedimientos franceses están en Países Bajos, sede europea de Nike. En Francia, el departamento de Recursos Humanos se ha ido reduciendo progresivamente hasta quedar en la mínima expresión. “Tratamos con gente que no conoce ni los procesos ni las leyes de Francia”, lamenta Enzo, secretario del CE. “Los plazos de respuesta son muy largos y no siempre adecuados”.

En esa reunión, y en las que la siguieron hasta finales de 2024, cada directivo aportó sus comentarios para explicar los numerosos errores en las nóminas: llegada de nuevas herramientas digitales, servicios mal sincronizados, gerentes insuficientemente formados, servicio de gestión de litigios desbordado… Pero al final, lo cierto es que los empleados son los que pagan las consecuencias.

En el CE de mayo de 2024, Klara Tornyaine, directora de nóminas de Nike en Europa, Oriente Medio y África, precisó que, en los cinco meses anteriores, en Francia, “uno de cada tres nuevos empleados no cobró a tiempo, porque los datos no se introdujeron antes de la fecha límite”. Es decir, que el 30% de los nuevos empleados sufrieron un retraso en el pago porque la información sobre ellos no se introdujo a tiempo en el sistema. Al ser preguntada sobre esta elevada cifra y sobre su política de “fecha límite”, Nike no respondió.

En Nike, los “atletas” y otros “entrenadores”, sobrenombres profesionales para referirse a vendedores o gerentes, deben registrarse ellos mismos en el sistema “WorkDay” para poder cobrar. Lo que lleva a Klara Tornyaine a afirmar: “El empleado que no facilite sus datos completos solo puede culparse a sí mismo por no haber cobrado, ya que no hemos podido realizar el pago por falta de información”.

Pero eso no es todo: los trabajadores temporales a los que se les prorrogó el contrato también sufrieron “una mala sincronización entre el departamento operativo y los servicios financieros”, ya que las prórrogas fueron “consideradas como fin de contrato por error”, indica la empresa. En este caso, una vez más, los empleados no recibieron a tiempo lo que se les debía y tuvieron que luchar por cobrarlo.

Incluso cuando dejan la empresa, los trabajadores tienen dificultades para hacer valer sus derechos. Enzo precisa que “algunos se marchan y reciben su finiquito cinco o seis meses después”. La directora de RRHH de Nike Francia confirmó ante los representantes del personal que “desde hace años hay problemas con los documentos de salida”. A modo de recordatorio, según el Estatuto de los Trabajadores, el documento de baja debe entregarse el último día de trabajo y es obligatorio para inscribirse en el paro.

También durante un CE en 2024, un representante del sindicato CFDT planteó otro problema “relativo a los certificados solicitados por la caja primaria del seguro médico, que el empleador no transmite correctamente”. “Eso provoca errores y retrasos en el pago a los empleados, ya que los certificados son erróneos o no se envían a tiempo”, lamentó.

La dirección reconoció la existencia de “problemas persistentes” y prometió que estaban “en proceso de solución”. Eso bastó para exaltar a los asistentes, empezando por el secretario del CE, quien aseguró que “estos problemas se vienen planteando desde hace más de un año y, a pesar de las promesas de trabajar en ello, poco parece haber cambiado sobre el terreno”. Desde entonces, el tema ha vuelto a figurar en numerosas ocasiones en el orden del día del CE.

Del mismo modo, algunos accidentes laborales se declaran a veces mucho después del plazo máximo de 48 horas previsto por la ley. En diciembre de 2024, la Caja Primaria de Seguro Médico (CPAM) escribió a una trabajadora que estaba de baja para indicarle que su empleador aún no había realizado los trámites necesarios, más de un mes y medio después de su accidente. A pesar de los numerosos recordatorios de la dependienta, el empleador no envió finalmente los documentos necesarios hasta febrero de 2025. Unos meses de demora que dejaron a la trabajadora en una situación de total precariedad.

Nike, al ser preguntado sobre este caso concreto, así como sobre los retrasos y errores en las declaraciones a la CPAM, tampoco respondió, pero indicó que la empresa está comprometida con “actuar de manera responsable y respetando las leyes y normativas locales”.

Pero para las personas perjudicadas no hay nada previsto. En octubre de 2024, la dirección se negó a cualquier compensación, pero prometió contratar a una consultora para trabajar en la gestión de las bajas por enfermedad. Al mes siguiente, la consultora enviada desde los Países Bajos realizó una presentación con cifras. “En los últimos seis meses, el 13% de los casos relacionados con la enfermedad se tramitaron en más de tres días, a menudo debido a problemas de corrección”.

En Ámsterdam, el equipo que gestiona todas las reclamaciones de los empleados, incluidas todas las consultas, está compuesto por ocho personas, de las cuales dos se dedican a Francia. “De julio a septiembre de 2024, debido a la rotación de personal, un solo analista tramitó alrededor de 750 tickets [reclamaciones, ndr] al mes, de los cuales 400 correspondían a bajas por enfermedad”.

La consultora detalló el proceso que falla con tanta frecuencia: el responsable en Francia recibe la baja por enfermedad y debe enviarla a través de una plataforma a un equipo en los Países Bajos. Ese equipo “comprueba su conformidad” y luego se pone en contacto con el responsable francés, quien debe, finalmente, introducir la ausencia en otro sistema.

“El sistema no gestiona bien las prórrogas de las bajas”. Todo un rompecabezas con numerosas complicaciones. Las bajas por enfermedad recibidas después de que finalice el mes no pueden integrarse y deben tramitarse manualmente, siempre desde Países Bajos.

En septiembre de 2025, el CE aprobó una resolución para que una consultora especializada llevara a cabo una investigación interna sobre la gestión y las condiciones de trabajo en la empresa. La dirección hizo todo lo posible para echar abajo el proyecto.

En primer lugar, demandó al CE ante los tribunales, alegando que no existía ningún riesgo grave que justificara el recurso a un consultor autorizado. El jueves 18 de diciembre de 2025, las infracciones de la legislación laboral cometidas por Nike se expusieron ante el tribunal de París. La abogada del CE señaló, en particular, los “numerosos problemas con las nóminas” y “la mala gestión de las bajas por enfermedad”. Por su parte, la abogada de Nike desestimó las acusaciones y, en cambio, criticó a Mediapart por haber revelado, unas semanas antes, los entresijos del gigante de equipamiento deportivo. Una defensa que, al parecer, no convenció al tribunal, ya que dio la razón al CE el 3 de febrero de 2026.

Posteriormente, Nike intentó desalentar la realización de ese peritaje durante la reunión del CE del 12 de febrero. La directora de RRHH cuestionó “la pertinencia de un peritaje de tal envergadura” y propuso “una alternativa: la creación de grupos de trabajo”. La mayoría de los representantes se opuso y se mostró sorprendida de que llegara esta propuesta tras años de diálogo social bloqueado.

A raíz de ello, la dirección de Nike volvió a llevar a su CE ante los tribunales, cuestionando esta vez el alcance del peritaje, al considerar que debía limitarse a estudiar únicamente la situación de las tiendas, y no lo que ocurre en la sede central. La empresa también solicitó que determinados documentos de la inspección y de medicina del trabajo no pudieran ser examinados en el marco del peritaje. El 9 de abril, el tribunal volvió a desestimar las peticiones de Nike.

Nike, al ser preguntada sobre esos varapalos judiciales, se ha limitado a indicar que su “prioridad sigue siendo el acompañamiento de sus colaboradores, la implantación de procesos de trabajo fiables y conformes, y el mantenimiento de un diálogo abierto y constructivo con los órganos representativos del personal”.

Traducción de Miguel López

Durante su detención bajo custodia policial por apología del terrorismo, la eurodiputada francesa Rima Hassan fue falsamente acusada de haber transportado droga. Esta investigación fue archivada el 9 de abril por la fiscalía. Sin embargo, los resultados negativos de los análisis realizados le habían sido comunicados ya el 4 de abril.

La eurodiputada de La Francia Insumisa Rima Hassan no solo fue objeto de un tratamiento policial particularmente intrusivo ni fue injustamente acusada en los medios de haber transportado droga sintética. En este caso, la propia fiscalía parece haber fallado en su comunicación.

Volvamos atrás: inmediatamente después de la puesta bajo custodia policial de Rima Hassan el 2 de abril, numerosos medios, empezando por Le Parisien, acusaron a la diputada, sin cautela ni contraste de fuentes, de poseer 3-MMC (3-metilmetcatinona), una droga sintética. Algunos gramos de CBD, una sustancia perfectamente legal, dieron un resultado positivo en un test realizado por la policía, y la fiscalía abrió entonces una investigación incidental por tenencia de drogas.

Más de diez horas después del estallido mediático, a las 23:13, la fiscalía de París emitió una primera comunicación oficial que reforzaba esta información falsa. "El registro de los efectos personales de Rima Hassan reveló la presencia de sustancias que parecían corresponder, por un lado, a CBD y, por otro, a 3-MMC, sobre las cuales fue interrogada", precisó la justicia. En esta intervención, la institución omitió mencionar el desmentido categórico de Rima Hassan, la falta de fiabilidad del test utilizado por la policía y el hecho de que debían realizarse análisis complementarios para confirmar ese resultado.

No fue hasta la tarde del día siguiente, y a petición de la defensa, cuando la fiscalía mostró mayor cautela. El desmentido de Rima Hassan fue finalmente comunicado a toda la prensa y la presencia de droga sintética en sus pertenencias se mencionó con mucha menos certeza. "Se han ordenado análisis complementarios en el marco de un procedimiento distinto, cuyos resultados no se esperan en un plazo cercano", precisó también la fiscalía de París.

Estos resultados descartaron cualquier presencia de droga sintética. Los análisis demostraron que el primer recipiente, etiquetado como "3-MMC" por la Policía, contenía en realidad CBD y que este no podía "ser caracterizado como producto estupefaciente". El segundo recipiente de la diputada también contenía CBD, con una tasa de THC ligeramente superior a la habitual pero en una cantidad tan reducida que la fiscalía decidió archivar el caso. Entre el 2 y el 9 de abril, políticos y medios se desataron para difundir esta información falsa, llegando algunos a calificar a la diputada de "yonqui"o "drogada".

"La fiscalía de París ha procedido al archivo de la investigación incidental, al considerar que las diligencias no han revelado ninguna infracción suficientemente caracterizada", anunció la fiscalía el 9 de abril, precisando que los análisis toxicológicos le habían sido "notificados la víspera". En realidad, como ha podido comprobar Mediapart, el laboratorio de análisis había indicado ya el 3 de abril a los agentes de Policía que entregaría los resultados al día siguiente. Sobre todo, desde el 4 de abril, los funcionarios informaron a la fiscalía de París, e incluso a su servicio de guardia del fin de semana, de los resultados negativos.

Entonces, ¿por qué la justicia tardó en revelarlos? "Que la fiscalía haya sido informada el 4 de abril no significa que la fiscal encargada de este caso lo supiera", replica una fuente judicial, que sostiene que la fiscalía "comunicó, por el contrario, muy rápidamente teniendo en cuenta el tratamiento mediático desproporcionado".

"La fiscalía es indivisible", subraya el abogado de Rima Hassan, Me Vincent Brengarth. "Había un perjuicio reputacional y de imagen considerable y perfectamente conocido por las autoridades. El hecho de disponer de estos resultados el 4 de abril era una información determinante, que debería haberse difundido de inmediato", considera. "Es incomprensible que la fiscalía comunique ya la misma noche del levantamiento de la custodia policial para mencionar una sustancia que se asemeja a la 3-MMC y que guarde silencio durante cinco días cuando dispone de análisis que descartan la presencia de estupefacientes".

Más allá de las investigaciones judiciales y de esta comunicación de la fiscalía, Vincent Brengarth denuncia el trato que recibió la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) durante su detención. De hecho, recurrió al Defensor del Pueblo el martes 14 de abril para denunciar "graves incumplimientos deontológicos por parte de los agentes de policía".

Según él, los policías, como reveló Mediapart, carecieron de neutralidad al etiquetar el precinto de CBD como "3-MMC" y al omitir el desmentido categórico de la diputada en su primer atestado. El abogado va más allá al cuestionar la actitud global de los tres investigadores.

Durante esta custodia policial, a Rima Hassan se le solicitó la toma de huellas dactilares, una prueba de ADN y una fotografía —a lo que se negó— e incluso se la obligó a pasar tiempo en un calabozo, pese a su cooperación. "Los agentes no justificaron en absoluto esta solicitud a la luz de los hechos imputados, y menos aún teniendo en cuenta la jurisprudencia europea que exige una necesidad absoluta", denuncia. "Para una infracción de este tipo, todo ello es una vez más totalmente desproporcionado, más aún tratándose de una diputada que goza de una protección particular".

En su escrito, también critica algunas preguntas "particularmente intrusivas" y "discriminatorias" formuladas durante el interrogatorio: "¿Qué piensa de las leyes vigentes en Francia y de los valores republicanos?", "¿De qué confesión es usted?"o "¿A qué corriente se siente próxima?", preguntaron en particular los tres investigadores. Y el abogado concluye: "Además, mientras Le Canard enchaîné reveló que el portavoz del Ministerio de Justicia habría intercambiado información durante la custodia policial de la señora Rima Hassan, resulta indispensable que se esclarezca por completo la naturaleza de la información que le fue transmitida".

Además, se han abierto otras investigaciones. Una, iniciada por la fiscalía de París, para identificar a los autores de las numerosas filtraciones policiales que tuvieron lugar durante su interrogatorio; otra, llevada a cabo por la Inspección General, para aclarar en particular el papel del portavoz del Ministerio de Justicia.

La diputada, por su parte, está citada el próximo 7 de julio ante el tribunal judicial de París para responder por los hechos de apología pública de un acto de terrorismo.

Los rayos del sol entran en la tienda en ángulo recto. Desde el interior, la estructura humanitaria instalada en el centro del campamento de tránsito de Tiné, ciudad fronteriza con Sudán situada en el extremo oriental de Chad, es de una blancura que recuerda a un centro médico. Zeinab (ficticio), con el rostro medio oculto bajo su velo verde y azul, acaba de cruzar el umbral algo jadeante: ha recorrido los cinco kilómetros que la separan del mercado donde vende frutas y verduras a cambio de unos cientos de francos.

“Todo lo que gano se lo envío a mi familia en Iridimi, otro campo de refugiados chadiano”, precisa esta madre de 32 años, originaria de la provincia de Darfur del Norte, en el vecino Sudán.

A pesar de la proximidad entre ambos lugares, Zeinab no ha vuelto a ver ni a sus padres ni a sus hijos desde hace meses. “Aún no me siento preparada, ellos no saben nada de las violaciones”, justifica, mientras intenta acoplar su cuerpo a la curvatura de la silla de plástico.

Ocurrió cuando las Fuerzas de Apoyo Rápido (FSR) tomaron el campamento de desplazados de Zamzam, el 12 de abril de 2025. Al salir en busca de su padre, se topó con un grupo de milicianos. Armas en mano, la amenazaron y la llevaron a una casa abandonada. “Me obligaron a desnudarme y luego me violaron por turnos”.

En las carreteras de Darfur por las que transitan los civiles que huyen de los combates, todo control militar es sinónimo de peligro para las mujeres sudanesas. Unos días después, a Zeinab la violaron de nuevo en un puesto de control de las FSR y después la abandonaron al borde de la carretera. “A continuación, otros soldados me detuvieron y me llevaron en coche a un lugar apartado, y luego me encerraron en una pequeña habitación sin ventanas.”

Para Zeinab comenzó entonces un infierno de más de tres meses. En ese centro de detención oficioso, fue violada a diario por una sucesión de combatientes que rivalizaban en brutalidad. Su voz, apenas más fuerte que el silencio, refleja su dolor: “No había tregua, venían día y noche, y cuando uno salía de mi habitación, otro entraba inmediatamente. Me decía: ¡La muerte es preferible a esto!”

Ya ni siquiera podía levantarse de tanto sufrimiento. Hasta que una mañana, sin previo aviso, un oficial del FSR mayor que los demás se la llevó: acababa de pagar por su liberación. De camino, ese oficial, próximo a la jubilación, le confesó haber visto a más de 30 mujeres. Pero, por falta de medios, solo había podido liberarla a ella. “Había otras detenidas. No nos veíamos, cada una estaba en una habitación aislada y no podíamos salir. Pero oía sus llantos, mucho llanto”, recuerda la joven.

Zeinab es una de las miles de sudanesas víctimas de violaciones desde el inicio del conflicto, en la primavera de 2023, entre las FSR del general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como “Hemetti”, y el ejército regular sudanés. “Es una auténtica lacra y uno de los aspectos más graves de esta guerra”, afirma Hala al-Karib, directora regional de la red Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (Iniciativa Estratégica para las Mujeres en el Cuerno de África, Siha).

En un comunicado publicado tras la caída de El Fasher, en octubre de 2025, Naciones Unidas alertó sobre la existencia de numerosos casos similares al de Zeinab. Mujeres secuestradas, separadas de sus familias y víctimas de explotación sexual en las zonas controladas por las FSR.

A pesar de la falta de datos oficiales, el fenómeno dista mucho de ser marginal, lamenta Hala al-Karib, activista comprometida desde hace mucho tiempo contra la violencia sexual en tiempos de guerra. “Tras la toma de Zamzam y de la ciudad de El Fasher, hay miles de mujeres y niñas de las que no se sabe nada. Nadie sabe dónde están”.

Según Hala al-Karib, las milicias de Hemetti han convertido varios pueblos del norte de Darfur en prisiones donde se practica la esclavitud sexual y el trabajo forzado: “Cuando llegan a algún sitio, preguntan: ‘¿Dónde están las mujeres? ¡Dadnos a las chicas!’, agarran a las que encuentran y se las llevan. Las mujeres son para ellos un botín de guerra, su recompensa”.

“No tenemos ningún valor para las FSR, nos consideran inferiores”, afirma con amargura Najwa (ficticio), de 17 años. Cuando huía de la masacre de El Fasher, en la que varios miles de civiles fueron asesinados en cuestión de días, Najwa fue detenida por combatientes afiliados a la organización paramilitar.

“Eligieron a cuatro chicas del grupo y nos llevaron a un lugar apartado”. Ni las plegarias ni las súplicas de su tía lograron hacerles cambiar de opinión. “Nos decían: Sois falangayat”, un término racista que equipara a las tribus africanas de Darfur con esclavos. “Sois mujeres de los mushtaraka [combatientes de las Fuerzas Conjuntas aliadas al ejército sudanés —ndr]”, y luego nos violaron”.

A continuación, los milicianos les ordenaron que fueran a buscar leña y preparasen la cena, revelando así sus intenciones: explotar sexual y físicamente a su harén recién constituido. “Si intentáis huir, os alcanzaremos y os mataremos”, las amenazaron antes de marcharse. La adolescente se vio a sí misma convertida en una cautiva permanente: “Con la mayor del grupo tomamos la decisión de huir; las otras dos, más jóvenes, estaban paralizadas por el miedo; por desgracia, no conseguimos convencerlas de que se vinieran con nosotras.”

Durante toda la noche, caminaron por el páramo semidesértico, escondiéndose entre los densos matorrales ante la más mínima luz. Al amanecer, las dos fugitivas lograron unirse a un convoy de civiles a la entrada de Tawila, un campamento de desplazados de Darfur que ha escapado de las fuerzas de Hemetti. “Todos los días pienso qué pasará con las dos chicas que se quedaron allí”, susurra Najwa.

Yasmina (ficticio) dejó a su hermana en una de esas prisiones. “Hace tres meses que no tengo noticias”, confiesa, impotente, esta joven de 18 años, ahora refugiada en Ouré-Cassoni, uno de los campamentos más grandes de Chad.

A mediados de diciembre, las dos hermanas cuidaban de su rebaño en las colinas que dominan su pueblo de Dolbe, en Darfur del Norte, cuando unos soldados las llevaron a la fuerza a un pequeño campamento militar improvisado en el lecho de un uadi seco.

Las separaron inmediatamente y las colocaron en dos habitaciones distintas: “Había dos comandantes, eran árabes maharyas originarios de Kordofán. Cada uno había elegido a una de nosotras y eran los únicos autorizados a tocarnos.”

“Os casaréis con nosotros y os quedaréis aquí. Nunca volveréis a casa ni volveréis a ver a vuestra familia”, les espetó uno de los dos jefes al día siguiente. Una práctica habitual en las regiones recién conquistadas por la milicia.

“Un día, oí los gritos de mi hermana. La estaban pegando y violando en la habitación de al lado. Era insoportable, aún más de lo habitual. Decidí huir. Empecé a correr sin parar, tenía tanto miedo… Caminé ocho días hacia el oeste hasta llegar al Chad”, añade Yasmina, con los ojos llorosos.

Sentada sobre una estera, nos muestra dos marcas blancas en la mano y en el pie izquierdo. Son cicatrices causadas por aceite hirviendo. “Cuando llegaron esos hombres armados y nos dijeron que subiéramos a su coche, al principio me negué. Uno de ellos me echó aceite de cocina encima”, dice. Hoy, solo esas dos heridas externas han empezado a cicatrizar; las heridas internas, en cambio, siguen abiertas.

A su llegada a Ouré-Cassoni, Yasmina se reencontró con sus padres. En lugar de celebrar su regreso, sufrió el rechazo de su familia. “Me había convertido en una vergüenza para mi padre por haber sido violada, así que intentó casarme con un hombre mucho mayor que yo. Estaba desesperada, no quería revivir mi trauma por segunda vez, así que intenté quitarme la vida.” Se colgó de un árbol y fue salvada por los pelos.

“La mayoría de las que han sufrido violaciones que llegan al Chad están destrozadas psicológica y físicamente”, asegura Marwa Youssouf Yahya. Esta comadrona originaria de El Fasher organiza cada semana encuentros entre supervivientes en un espacio comunitario del centro de tránsito de Tiné. Es una forma de ayudar a estas mujeres a reconstruirse animándolas a hablar.

“Tras una violación, la mayoría de las mujeres guardan silencio, sienten vergüenza, porque eso es lo que les transmite la comunidad. Si una mujer sufre una agresión sexual, la gente piensa que se ha dejado”, lamenta Marwa. Una recuperación que parece aún muy lejos del alcance de Zeinab: “Aunque no haya muerto, ya no podré vivir con normalidad, he sufrido demasiado.”

Traducción de Miguel López

Hace tan solo unas semanas nadie habría apostado por este acontecimiento: conversaciones directas, a partir del martes 14 de abril, entre libaneses e israelíes en la capital estadounidense, concretamente entre la embajadora libanesa Nada Hamadé Mouawad y su homólogo israelí Yechiel Leiter, en presencia del embajador estadounidense en Beirut, Michel Issa.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado ya estaban por la labor, pero Beirut venía afirmando durante mucho tiempo que solo eran posibles las negociaciones indirectas, dado que ambos Estados seguían en guerra. Eso fue antes de que los dos máximos responsables del Ejecutivo libanés, el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, se sumaran a la idea de un diálogo bilateral directo, el 9 de marzo, una semana después del inicio de esta nueva guerra, teniendo en cuenta el número récord de desplazados y del aluvión de bombas lanzadas sobre el sur del país y los suburbios del sur de Beirut.

El primer ministro israelí, por su parte, no la aceptó hasta el 9 de abril, al día siguiente de la masacre del "miércoles negro", durante la cual unos 100 ataques israelíes, llevados a cabo principalmente contra barrios residenciales de la capital, mataron a más de 350 personas, en su mayoría civiles.

La principal misión de la diplomática libanesa será conseguir un alto el fuego, pues Beirut se niega a seguir negociando bajo los bombardeos. El embajador israelí será la voz de Benjamín Netanyahu, quien, el domingo 12 de abril, afirmó que la “guerra continúa”, en un vídeo grabado desde el territorio del sur del Líbano controlado por el ejército israelí. Su ministro de Defensa, Israel Katz, que le acompañaba, aseguró por su parte que “Israel tiene todo el derecho a combatir a Hezbolá, a desarmarlo y a asegurar su frontera norte.”

Lo que los israelíes y los americanos pondrán sin duda sobre la mesa es el desarme de Hezbolá. Según Tel Aviv, este es el requisito previo para cualquier discusión sobre la retirada de los soldados del Estado hebreo del territorio libanés, o incluso sobre el cese de las hostilidades.

Este desarme es el tema recurrente de la política libanesa desde el acuerdo de Taif, que regulaba las modalidades del fin de la guerra civil. Eso fue en 1989 y todas las milicias aceptaron entregar su arsenal, menos Hezbolá. Desde entonces, varios acuerdos y resoluciones lo han prometido, sin llegar nunca a cumplirlo.

Recientemente, tras el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024 y hasta el inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, y la entrada en escena de Hezbolá para “vengarse” del asesinato del líder supremo iraní Ali Jamenei, parecía que había avances en este ámbito.

El nuevo poder ejecutivo libanés, nombrado en enero de 2025, se había mostrado dispuesto a aplicar la resolución 1701 de la ONU, que había puesto fin a una guerra anterior, la de 2006, y en la que se basa el acuerdo de noviembre de 2024. Su objetivo consistía, efectivamente, en devolver al Estado el monopolio de las armas.

Para ello, el Gobierno libanés había encargado a su ejército, en agosto de 2025, que elaborara un plan de recuperación de las armas de Hezbolá, que debía abarcar en primer lugar el sur del país, entre la frontera con Israel y el río Litani, y luego el resto del territorio. La ayuda para la reconstrucción de un Líbano exangüe dependía en parte de ello.

El ejército libanés se desplegó al sur del río Litani y, con el apoyo de la FINUL y, sobre todo, con el acuerdo del brazo armado del Partido de Dios (traducción de Hezbolá), debilitado por la guerra de los sesenta y seis días de 2024, confiscó armas y descubrió arsenales. A finales de 2025, el Ejecutivo anunció que Hezbolá ya no poseía armas pesadas al sur del Litani. Pero lo que sucedió a continuación demostró que el Partido de Dios tenía la capacidad de volver a desplegarlas rápidamente en la zona, o que la afirmación del Ejecutivo era falsa.

A lo largo de esos meses, la administración estadounidense, que dirigía el “mecanismo”, órgano de supervisión del alto el fuego de noviembre de 2024, mostró impaciencia respecto al proceso de desarme. No tuvo en cuenta en ningún momento varios factores que hicieron que el desarme resultara extremadamente complejo desde el punto de vista político y material y que debilitaron en gran medida la posición del Gobierno libanés.

En primer lugar, Israel nunca respetó el alto el fuego de noviembre de 2024: refuerzo de cinco posiciones militares en la frontera entre ambos países, pero en territorio libanés; bombardeos y asesinatos selectivos diarios; violación del espacio aéreo libanés; ataques contra la FINUL; prohibición, con fuego de apoyo, a los agricultores libaneses de trabajar sus tierras cercanas a la Línea Azul y a los habitantes de reconstruir sus casas en las ciudades y pueblos chiitas al sur del Litani. En solo 12 meses se han registrado más de 12.000 infracciones del acuerdo de cese de hostilidades.

En el plano político, este incumplimiento israelí del alto el fuego ha dado argumentos a Hezbolá para rechazar el desarme completo. El Partido de Dios, aunque debilitado por el asesinato de su estado mayor en ataques selectivos y por el terror provocado por la operación de los buscapersonas, y pese a haber perdido numerosos hombres y material, se presenta como el único capaz de defender el territorio libanés y le resulta fácil subrayar la incapacidad del ejército del Líbano para preservar la soberanía del país.

También ha acusado al Gobierno, en particular al ministro de Asuntos Exteriores, Youssef Raggi, y al primer ministro, Nawaf Salam, de ser instrumentos en manos de los dirigentes israelíes y de la Administración Trump.

El ejecutivo libanés se ha visto en una situación compleja, teniendo que navegar entre la presión de Washington, la de Hezbolá y la de los partidos anti-Hezbolá, que le presionaban para que utilizara la fuerza y obligar al brazo militar del Partido de Dios a desarmarse. Pero no cuenta con el poder necesario para hacerlo.

Ni Washington, ni París, ni los Estados árabes han aceptado reforzar el ejército libanés y dotarlo de los medios de acción necesarios para, sin llegar siquiera a la confrontación con Hezbolá, presentar una cierta credibilidad.

El ejército libanés, creado en 1945 tras la independencia del país, fue concebido como una fuerza de seguridad interior y no como una fuerza de defensa del Estado libanés, y así ha permanecido.

Carece del arsenal propio de un ejército moderno. Sus blindados son modelos americanos y soviéticos obsoletos: T54, fabricados en la URSS entre 1946 y 1959; T55, en las cadenas de montaje a partir de 1958; M48 Patton, antiguallas de los años 50, y M60, algo menos viejos. Los vehículos de transporte de tropas (BMR) no son mejores, aunque Francia se haya jactado de haber suministrado 39 a finales de marzo; las malas lenguas afirman que proceden de existencias que el ejército francés ya no utilizaba.

No tienen defensa aérea, sus militares están tan mal pagados que muchos deben tener un segundo empleo… En resumen, el ejército libanés no puede compararse con Hezbolá, y mucho menos con el ejército israelí, superequipado y sobrealimentado por la industria militar estadounidense.

Su fragilidad no se debe únicamente a la debilidad de su arsenal. El ejército libanés es también la institución más respetada del país y un auténtico crisol de tradiciones en un territorio donde las tensiones comunitarias nunca han dejado de aflorar.

Para no poner en peligro su cohesión, el jefe del Estado Mayor, el general Rodolphe Haykal, acogió con frialdad la decisión del Gobierno libanés, el 2 de marzo, de declarar ilegales las actividades militares de Hezbolá y de mostrar mayor firmeza en su desarme. Teme protestas, e incluso deserciones, de los soldados chiitas, que podrían unirse a Hezbolá en pleno enfrentamiento con Israel, y ha subrayado la importancia de “la unión nacional”, sobre todo en estos tiempos de “agresiones israelíes”.

El general Haykal ya estaba, incluso antes de esta nueva guerra, en el punto de mira de Washington, que consideraba que su prudencia era excesiva. Así, el 5 de febrero, una reunión en Washington con el senador republicano Lindsey Graham, cercano a Donald Trump y ferviente amigo de Israel, se anuló después de que el general Haykal se negara a calificar a Hezbolá de organización terrorista. “No considero al ejército libanés un socio fiable”, concluyó el político estadounidense.

Hace poco, David Schenker, que fue subsecretario de Estado estadounidense, afirmó que el problema del desarme “no es la capacidad” del ejército libanés, sino su “voluntad”. Recordó que Washington le había concedido millones de dólares en ayudas anuales desde 2005 y la retirada del ejército sirio del Líbano, pero no precisó que no se trataba de armas modernas y que parte de esas ayudas consistía en permitir la compra de combustible y nuevos uniformes.

En cuanto a Francia, multiplica las posturas de apoyo y solidaridad, limitándose nada más que a eso, a las posturas. No son los 39 BMR entregados a finales de marzo los que van a permitir a los soldados libaneses permanecer desplegados en el sur del país frente a la ofensiva israelí ni ir a buscar las armas de Hezbolá, sobre todo bajo los bombardeos. En cuanto a la conferencia de apoyo al ejército libanés que estaba prevista para el 5 de marzo en París, y que fue cancelada, su objetivo, según admitió una fuente cercana a la organización, no era conseguir financiación ni armas, sino solo afirmar el apoyo.

Desde el martes 14 de abril en Washington, y en los próximos días, semanas y meses, los aliados occidentales del Gobierno libanés intensificarán la presión para que este recupere el monopolio militar y, por lo tanto, desarme a Hezbolá. Pero al mismo tiempo hacen todo lo posible para que eso resulte imposible, o al menos extremadamente peligroso para todo el Líbano.

Traducción de Miguel López

24 horas después del inicio de las negociaciones en Pakistán entre Irán y Estados Unidos, el vicepresidente estadounidense J. D. Vance abandonó Islamabad en la noche del sábado al domingo tras constatar el fracaso de las mismas.

Tras seis semanas de conflicto —desencadenado por Estados Unidos e Israel—, han terminado en un terrible fiasco las primeras negociaciones diplomáticas directas entre ambos países a este nivel desde el advenimiento de la República Islámica en 1979.

Como represalia, Donald Trump anunció este domingo el bloqueo total del estrecho de Ormuz y “la interceptación de todos los buques que hayan pagado un peaje a Irán para pasar”.

Clément Therme, historiador e investigador del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (Ifri), es especialista en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. El autor de Teherán-Washington, 1979-2025. El Gran Satán a prueba de la revolución islámica (Hémisphères Éditions, 2025) describe un espacio diplomático minado entre una administración estadounidense que desconoce la realidad sobre el terreno en Irán y una República Islámica dispuesta a todo por su supervivencia, hasta la destrucción del país.

Mediapart: ¿Cómo analiza usted este fracaso diplomático tras un único día de conversaciones? ¿Le ha sorprendido?

Clément Therme: Teniendo en cuenta las líneas rojas planteadas por ambas partes, sabíamos que era extremadamente improbable un acuerdo político para resolver el conflicto.

Pero también es cierto que la composición de las delegaciones de ambas partes y el hecho de que fueran numerosas indicaban que las dos querían realmente explorar la opción diplomática. Este alto nivel de representación diplomática por los dos lados sigue siendo una primicia desde 1979.

Creo que el problema es que, para la Administración Trump, la opción diplomática no excluye la opción militar. Ambas van de la mano en la estrategia de “máxima presión” o de “paz por la fuerza”, tal y como la ha definido la Administración Trump II.

Resulta de todas formas muy difícil alcanzar un acuerdo diplomático mientras la opción militar esté sobre la mesa. Esa es la principal diferencia con respecto a las negociaciones que se llevaron a cabo en la época de la administración Obama —las primeras negociaciones directas sobre lo nuclear—, porque entonces existía un compromiso claro por parte de la administración americana de renunciar a la opción militar.

De hecho, hemos sido testigos de una diplomacia americana bastante brutal, con un presidente estadounidense que recurre a insultos y amenazas de aniquilación de Irán, al tiempo que se declara “abierto a la negociación”. En efecto, parecen muy lejanos los tiempos de las negociaciones de la era Obama sobre el tema nuclear…

Más allá de esas brutales declaraciones, hay que recordar que Donald Trump, que tiene casi 80 años, encarna la continuidad de la diplomacia estadounidense respecto a Irán.

Es más bien la administración Obama la que representa, en su relación con Irán, con un auténtico ciclo diplomático, un paréntesis y una excepción, tal y como describo en mi libro Teherán-Washington, 1979-2025. El Gran Satán, a prueba de la revolución islámica.

Trump afirma desde los años 80, tras la toma de rehenes en la embajada americana [en 1979, durante más de cuatrocientos días, 52 diplomáticos y civiles estadounidenses estuvieron retenidos por estudiantes iraníes en la embajada de Estados Unidos en Teherán –ndr], que es partidario de una intervención militar contra la República Islámica de Irán.

Las ideas que Trump está poniendo en práctica son muy antiguas en Estados Unidos, donde la cuestión iraní siempre se ha instrumentalizado en las luchas políticas internas. Cuando los americanos hablan de Irán, hablan de sí mismos. Trump habla de Obama, Obama habla de George W. Bush… Sus posiciones no se basan en las realidades del país, del terreno.

De manera sistémica, desde que ya no mantienen relaciones diplomáticas con Irán, ni tienen diplomáticos sobre el terreno, su capacidad de análisis y comprensión de Irán es muy limitada.

La administración Trump ha denunciado la intransigencia de Irán en materia nuclear para explicar el fracaso de las negociaciones. Pero Irán, tras seis semanas de bombardeos intensivos, ¿sigue estando en condiciones de mantener sus líneas rojas?

En primer lugar, me parece importante distinguir entre Irán y la República Islámica, el régimen. ¿Por qué? Porque hay que entender que la República Islámica está dispuesta a destruir Irán para mantener sus líneas rojas. Suele haber un malentendido mediático sobre este tema. La República Islámica no está interesada en la defensa de los intereses nacionales iraníes, especialmente en el plano económico. Está dispuesta a todo por su supervivencia, hasta la destrucción del país.

Cuando el régimen ataca a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) como represalia, ataca a su principal socio comercial, después de China. Eso desafía, a priori, toda lógica, al menos económica. Quiere mantener sus líneas rojas, con una estrategia diplomática de “cueste lo que cueste”, aunque ello suponga el suicidio militar.

La cuestión nuclear es el último tema en el que cederá, por táctica diplomática, ya que es de interés prioritario para los americanos. Pero esa intransigencia hasta el final es también una cortina de humo que oculta las vulnerabilidades reales del régimen.

Ha sido parcialmente decapitado por la última ofensiva israelo-americana. El nuevo Líder Supremo Mojtaba Jamenei está gravemente herido, desfigurado y quizá ni siquiera en condiciones de hablar, como reveló Reuters.

Si mantiene esas líneas rojas, en apariencia, es porque el régimen sufre tensiones internas entre los diferentes grupos, fruto del autoritarismo fragmentado de la República Islámica. Si la delegación iraní era tan numerosa en Islamabad es porque todas esas facciones se vigilan entre sí: hay un miembro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, un presidente del Parlamento, que también es un guardián de la revolución, hay un ministro de Asuntos Exteriores, y todo ello son instituciones y sistemas que se solapan. Como esos grupos compiten entre sí, juegan a ver quién demuestra más pureza revolucionaria.

En este contexto, ¿qué camino queda para un posible acuerdo diplomático?

Si todas las facciones que he mencionado consideran que está en juego la supervivencia del régimen, en ese momento pueden llegar a un compromiso para salvar la República Islámica. El régimen está dispuesto a sacrificar la ideología por su supervivencia. Y eso es lo que busca la Administración Trump, ese punto de inflexión: una República Islámica que considere que, dado que su supervivencia está amenazada, debe ceder en materia nuclear, en el apoyo a las milicias aliadas en la región y limitar su programa balístico.

Un punto clave en los próximos días será la capacidad de los americanos para desbloquear el estrecho de Ormuz, que sigue siendo una de las principales bazas de la República Islámica.

Además, no se ha hablado de ello hasta ahora, ya que no fue invitado a Islamabad, pero el pueblo iraní también puede convertirse en un actor en este gran juego diplomático. En este momento aún se desconoce el efecto del impacto militar externo que acaba de producirse sobre la lucha de los iraníes por liberarse de este régimen.

El apoyo a Hezbolá en el Líbano y, en general, a las milicias aliadas en otros países, como los hutíes en Yemen, cada vez es más rechazado por la población iraní, que ya no soporta que el destino de la paz dependa de los intereses de esos grupos.

Traducción de Miguel López

El adjetivo “histórico” no es en absoluto exagerado para calificar las elecciones celebradas en Hungría el domingo 12 de abril. Desde las primeras elecciones libres de 1990, nunca se había registrado una participación tan alta en unas elecciones legislativas en el país. La derrota de Viktor Orbán es la del primer ministro en el cargo más veterano de la Unión Europea (UE), que ha gobernado su país durante más de la mitad del tiempo transcurrido desde la transición poscomunista.

Esta derrota es también la del artífice del retroceso democrático más rápido y espectacular de Europa, apoyado tanto por el Kremlin como por la Casa Blanca. Su precio ha sido la desaparición total de la izquierda de la Asamblea Nacional, en beneficio de una joven formación, Tisza, liderada por un disidente del sistema Orbán, Péter Magyar. El partido, hasta ahora sin diputados, contará con una mayoría de dos tercios en el Parlamento, indispensable para desbloquear la apropiación del Estado por parte del Fidesz saliente. Han sido unas elecciones de ruptura.

Como señal de una campaña especialmente polarizada, cuya importancia fue percibida como elevada por el electorado, este acudió en masa a votar. El récord anterior de participación databa de 2002 y ascendía al 73,5 % de los inscritos. El domingo se rozó el 80 %, lo que supone un aumento de diez puntos con respecto a las anteriores elecciones, celebradas hace cuatro años. Este incremento de participación ha sido homogéneo en todas las circunscripciones, lo que da cuenta de la magnitud del voto “anti-Orbán” que se ha extendido por todo el país.

Al término del escrutinio, el equilibrio de fuerzas quedó muy claro, lo que apenas dejó a Orbán otra opción que reconocer su derrota.

A escala nacional, donde se repartían 93 escaños por el sistema proporcional, la lista nacional de Tisza obtuvo la mayoría absoluta de los votos (53,1 %) y superó a la de Fidesz en quince puntos. Mientras que la principal coalición de la oposición había obtenido algo menos de dos millones de votos en 2022, el partido de Magyar consiguió más de tres millones.

De las 106 circunscripciones en las que los diputados se elegían por el sistema de uninominal a una vuelta, los representantes de Tisza se hicieron además con 93. “Nunca, en toda la era posterior a la transición de Hungría, habíamos visto a un partido crecer tan rápidamente”, señala el analista político Gábor Győri a The Guardian.

Hay que valorar la magnitud de esta proeza, en un contexto en el que, según los observadores internacionales independientes, las elecciones en Hungría eran “libres pero no justas”. La propaganda del poder estaba por todas partes, los recursos del Estado se pusieron al servicio de su campaña hasta el punto de comprar votos, el acceso a los grandes medios audiovisuales y a la prensa escrita fue muy restringido para la oposición y los medios vinculados a Rusia inundaban el espacio digital con contenidos sesgados a favor de Fidesz.

El partido de Orbán ha perdido cerca de 800.000 votos con respecto a las anteriores elecciones legislativas, en un contexto en el que, sin embargo, ha acudido a las urnas un mayor número de votantes. Además, el revés que ha sufrido ha sido generalizado en todo el territorio. Tanto en sus zonas fuertes como en las débiles, el Fidesz ha perdido entre 10 y 20 puntos porcentuales de los votos. Hay que remontarse veintiocho años atrás para encontrar un resultado inferior al 37 % que ha obtenido este año.

Evidentemente, la traducción a escaños es brutal. El Fidesz, que contaba con 135 escaños (se necesitan 133 para alcanzar la “mayoría cualificada” de dos tercios), ya solo dispone de 55 de los 199 que componen la Asamblea Nacional. Su adversario, Péter Magyar, ha conquistado 138, lo que le otorga un margen de maniobra que pocos observadores creían a su alcance. En este sentido, se podría decir que Viktor Orbán, que se envolvía en supuestos valores cristianos, ha sido castigado por sus propios pecados.

Aunque el sistema electoral adoptado durante la transición democrática ya era desequilibrado al favorecer al partido en cabeza, Orbán lo modificó acentuando esa característica y llevó a cabo una redistribución de circunscripciones en beneficio del Fidesz. Ese sistema podría haber perjudicado a Tisza, impidiéndole traducir fielmente sus votos en escaños y privándole de la mayoría. Pero el efecto fue el contrario: la ola de rechazo, demasiado grande para ser contenida, se amplificó hasta convertirse en un maremoto gracias a las normas vigentes.

El partido de extrema derecha Mi Hazánk (Nuestra patria) es el único que se ha asegurado una presencia parlamentaria, además de Fidesz y Tisza. Conserva los seis escaños que ya tenía en 2022, tras haber superado por poco menos de un punto el umbral mínimo de representación, fijado en el 5 %. Está afiliado al grupo Europa de las Naciones Soberanas en el Parlamento Europeo, junto a Alternativa para Alemania y los franceses de Reconquista, mientras que el Fidesz ha fundado Patriotas por Europa junto con la Agrupación Nacional francesa.

De ello se deduce que lo que queda de la extrema derecha conserva un núcleo electoral modesto pero sólido, que no se ha visto afectado por unas elecciones particularmente polarizadas en las que podría haber sido absorbido por el bando de Orbán, quien parece haber alcanzado sus límites en este ámbito. Es exactamente lo contrario de lo que ha ocurrido en el electorado de izquierdas, que se ha decantado masivamente por Tisza, a pesar de la trayectoria y las ideas conservadoras de su líder.

Las formaciones que pertenecen a la izquierda socialdemócrata y ecologista, por sus afiliaciones internacionales o por sus orientaciones ideológicas, han desaparecido de la Asamblea Nacional, una primicia, también en este caso, desde la transición democrática. Ya en las europeas de 2024, su coalición solo había obtenido dos escaños. La Coalición Democrática (DK), la única que no apoyó a Tisza desde el principio, solo obtuvo el 1,2 % de los votos este domingo.

El razonamiento de toda una parte de la oposición tradicional, al alinearse con Tisza, ha sido que se trataba de la forma más segura de “reabrir el juego”. No solo ha sido necesaria una dinámica de reagrupamiento, que no bastó hace cuatro años, sino que debía estar liderada por un dirigente difícil de desacreditar por parte de Fidesz, en la medida en que procedía de sus propias filas.

También se necesitaba un contexto que impulsara a este líder. Y, en este caso, la evolución de la situación económica y social durante el último mandato de Viktor Orbán ha tenido mucho peso. Desde su llegada al poder en 2010, Orbán se había beneficiado de la pérdida de credibilidad de la izquierda tras su gestión de la crisis de 2008, de un cambio favorable de la coyuntura económica y de una demanda de protección a la que había respondido favoreciendo los sentimientos nacionalistas y xenófobos.

Según la socióloga Dorit Geva, profesora de la Universidad de Viena (Austria), el hombre fuerte de Budapest puso en marcha, a partir de 2010, “un neoliberalismo autoritario e hipernacionalista”, al que denominó “ordo-nacionalismo”, basado en tres pilares.

En primer lugar, un retorno selectivo del Estado a determinados sectores de la economía, donde la acumulación se ha reservado a una burguesía nacional. En segundo lugar, la apropiación de ese Estado por parte del partido y sus secuaces, que mantienen una red clientelar a base de prebendas. En tercer lugar, un giro socialmente represivo y patriarcal, que reserva los beneficios del consumo a una clase media merecedora y “autóctona”.

Pero todo ello se ha logrado, en realidad, manteniendo al capitalismo húngaro en una posición subordinada y dependiente, ya sea respecto a las multinacionales europeas (en particular los fabricantes de automóviles alemanes), al suministro de energía rusa o a las inversiones procedentes de China en condiciones opacas. Minado por las desigualdades y la corrupción, este modelo no ha resistido el impacto pospandemia, en especial con el mantenimiento de la mayor inflación acumulada de la Unión Europea desde 2020.

En 2024, el “super año electoral” había permitido observar hasta qué punto el aumento del coste de la vida había contribuido a “echar a los que estaban en el poder”. El escenario se repitió en Hungría, como parecen atestiguar las caídas registradas por el Fidesz en territorios rurales deprimidos que hasta ahora constituían sus bastiones. Es como si se hubiera alcanzado un umbral de decepciones materiales a partir del cual los mecanismos compensatorios de exaltación de la unidad nacional y los valores conservadores ya no bastaran.

El Gobierno, además, se ha visto sacudido por varios escándalos en el ámbito de la moralidad. Y su enfrentamiento con las autoridades europeas privó al país de cerca de 17.000 millones de euros de fondos que podrían haberse invertido en el país y contrarrestar las tendencias negativas para el poder. La renta per cápita se ha estancado, hasta el punto de que Hungría ha sido superada por Rumanía, mientras que la evolución de los salarios la ha dejado a la zaga de sus vecinos de Europa Central y Oriental.

Al pretender una “revolución” para implantar un régimen “no liberal”, adaptado a la época y a la supuesta tradición histórica de su país, Viktor Orbán llegó a declarar que se trataba de poner fin a veinte años de transición y de iniciar una nueva. La realidad es otra. Ha ido en contra de las expectativas de esa transición —el acceso a una vida política pluralista y la integración en el proyecto europeo— y ha intentado construir un proyecto hegemónico, en contra del interés general, que se ha derrumbado.

Ahora, el partido Tisza pretende restaurar el Estado de derecho, acabar con la corrupción generalizada y normalizar las relaciones con la UE para recuperar la prosperidad. Pero no cuenta con un proyecto original de política económica, orientado prioritariamente a las necesidades sociales. No obstante, no hay que olvidar que el atractivo del nacional-conservadurismo de Fidesz se vio favorecido por las desilusiones provocadas por la inmersión de Hungría en la globalización neoliberal triunfante.

Traducción de Miguel López

Se trata de un debate jurídico técnico, pero dice mucho de la justicia francesa, ya condenada en varias ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por su trato a las víctimas de violencia sexual. El 10 de febrero, la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París dictó una sentencia que confirmaba que los actos de cunnilingus impuestos a una niña no podían considerarse una violación, según una sentencia consultada por Mediapart. Una decisión calificada de “repugnante” por la demandante y de “arcaica” por su abogada, Frédérique Pollet-Rouyer.

Daphné (ficticio), una artista de 35 años, recurrió a la sala de instrucción para que se reconociera que los miles de actos sexuales a los que fue obligada, entre los ocho y los 14 años, por “un tercero de confianza designado por la justicia” constituían una violación (delito castigado con 20 años de reclusión) y no una simple agresión sexual (delito castigado con cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros). Fue por este delito por lo que la justicia decidió, al término de la investigación penal, remitir a su agresor ante un tribunal correccional, y no ante un tribunal penal.

La denuncia de la joven data de 2017. En aquella época, la ley de 1980 definía la violación así: “Cualquier acto de penetración sexual, sea cual sea su naturaleza”. Una definición amplia, que podía incluir perfectamente la violación bucogenital.

Pero, en el caso de Daphné, la justicia se ha remitido hasta ahora a una jurisprudencia de 2020 en la que el Tribunal de Casación había considerado que el cunnilingus impuesto a una menor no constituía violación, a falta de “una introducción voluntaria más allá del vestíbulo vaginal, lo suficientemente profunda como para caracterizar un acto de penetración”. “Una visión restrictiva de la penetración sexual que es contraria a la realidad anatómica del sexo femenino”, argumentaba su abogada, Frédérique Pollet-Rouyer, en el escrito dirigido a la sala de instrucción del tribunal de apelación. La letrada añade que esta sentencia es también “contraria al espíritu de la ley de 1980, y discriminatoria, ya que nada justifica que el sexo de las mujeres sea violentado”.

En diciembre de 2025, en un artículo de opinión publicado en L’Humanité, varias figuras feministas, entre ellas Emmanuelle Piet, del Colectivo Feminista contra la Violación, Suzy Rojtman, del Colectivo Nacional por los Derechos de las Mujeres, o Céline Piques, de Osez le féminisme, habían instado a la sala de instrucción a dictar una “decisión determinante” para afirmar que un cunnilingus impuesto sea considerado una violación.

“Penetrar la vulva no bastaría para caracterizar una violación. Esta interpretación restrictiva del sexo femenino opera una mutilación simbólica: una ablación judicial. Niega la anatomía real de las mujeres para retener solo lo que sirve al placer de los hombres o a la procreación”, subrayaban estas activistas. “Un cunnilingus forzado […] se ajusta perfectamente a la definición legal de violación. Pretender lo contrario es borrar el cuerpo de las mujeres del derecho penal”, insistían también, pidiendo que “se revise una jurisprudencia indigna”.

El 10 de febrero, nueve años después de la denuncia de Daphné, la sala de instrucción del tribunal de apelación no les dio la razón y volvió a remitirse a la jurisprudencia de 2020: un cunnilingus sería una simple agresión sexual. No obstante, los magistrados accedieron a solicitar el envío a juicio de su agresor por otra violación, mediante penetración con el pene, denunciada por la joven ya en 2017 y que hasta entonces no se había tenido en cuenta.

“De repente, sacan a relucir esta violación, que dista mucho de ser el núcleo del caso, pero siguen negándose a reconocer los actos de violencia más graves que sufrí y que me dejaron traumatizada: 3.600 actos como mínimo —puesto que se trataba de un cunnilingus al día de media durante el curso escolar, y tres durante los fines de semana y las vacaciones— con el pretexto de que, supuestamente, su lengua no habría penetrado en el interior de mi vagina. Es indignante”, se indigna Daphné.

La joven califica la postura de la justicia sobre su caso de “completamente aberrante”. De hecho, precisamente para evitar este tipo de situaciones y denunciar la criticada jurisprudencia de 2020, una enmienda vino a precisar la definición penal de la violación en 2021, tras la movilización de asociaciones feministas. Desde entonces, la ley establece claramente que un acto bucogenital puede constituir una violación, lo que ya estaba contemplado en el espíritu de la ley de 1980. “La enmienda se aprobó sin ninguna oposición, ni siquiera debate, pues estaba muy claro”, subraya la abogada Pollet-Rouyer en su escrito.

Pero el caso de Daphné no se ve afectado por esta ley de 2021, ya que los hechos denunciados son anteriores. Paradójicamente, la enmienda que se suponía que iba a aclarar las cosas de una vez por todas ha sido interpretada al pie de la letra por los magistrados, que consideran que los casos de cunnilingus impuesto anteriores a 2021 no constituyen violaciones. “Es indignante y exasperante. La ley ha tenido el efecto contrario al esperado para las víctimas”, dice la demandante. “La ley del 21 de abril de 2021 tenía precisamente por objeto contrarrestar esta jurisprudencia profundamente patriarcal al incluir los actos bucogenitales en la definición de violación. Es por tanto un completo contrasentido considerar que deben quedar excluidos cuando son anteriores a su entrada en vigor”, opina su abogada.

Decidida a conseguir que se reconozca que las agresiones que sufrió son efectivamente delitos, Daphné ha decidido recurrir ante el Tribunal de Casación. “Hay que llamar a las cosas por su nombre”, resume. “El Tribunal de Casación debe pronunciarse sobre esta decisión totalmente arcaica”, subraya su abogada.

Para financiar los gastos judiciales necesarios para continuar su lucha legal, la joven ha decidido crear un fondo de previsión, con el apoyo, entre otros, de la asociación Osez le féminisme.

Traducción de Miguel López

Una excavadora amarilla allana la tierra aún húmeda por las lluvias primaverales. A pocos metros de allí, unos montículos de varios metros de altura dejan entrever los residuos. A lo lejos se ven los edificios destrozados por los bombardeos aéreos, durante esta guerra o la anterior, la de 2024, conocida como la de los “sesenta y seis días”, que muestran sus desgarros.

La ciudad de Choueifat, cerca de Beirut, habitada por drusos y chiitas, forma parte de la vasta periferia sur de la capital libanesa, la Dahieh. Hezbolá tiene allí una fuerte presencia y Choueifat es sistemáticamente atacada por la aviación israelí.

A los pies de un vertedero ilegal se encuentra el pequeño cementerio del Imam Sadiq, completamente nuevo. El antiguo, ya sin espacio, se encuentra más arriba, a pocos metros. El nuevo está dividido en dos partes. Por un lado, unas cuantas losas de mármol apretujadas, coronadas por fotos en marcos y, a veces, por adornos. Este último lugar ofrece un ambiente cálido, casi acogedor, y uno piensa que los difuntos deben, al fin y al cabo, sentirse allí como en casa.

El otro, a dos pasos del primero, presenta una sobriedad militar. Las lápidas, estrechas y todas idénticas, dispuestas sobre la capa de cemento guardando la misma distancia, solo llevan el nombre del difunto y la fecha de su fallecimiento. Delante de algunas se ven ramos de flores o una foto.

En casi todas ondea la bandera amarilla con el puño levantado blandiendo un AK-47 verde, el emblema de Hezbolá. Mujeres vestidas completamente de negro, con el rostro cubierto por un velo estricto y el cuerpo envuelto en una abaya, sentadas en grupos en el suelo, conversan junto a sus padres, hermanos o maridos, enterrados allí.

Una pila de ataúdes, simples cajas de madera sin acolchado ni adornos, indica que quienes están enterrados allí no están destinados a permanecer allí para siempre. Esa morada no es la última. En esta parte del cementerio tienen lugar lo que en árabe se denomina los entierros en wadiaa, que significa literalmente “depósito”.

Los restos mortales están allí, por lo tanto, de forma provisional. El verdadero entierro, el definitivo, tendrá lugar más tarde, cuando las circunstancias lo permitan. Es decir, cuando se pueda acceder al pueblo de origen del difunto.

Esta práctica está muy arraigada en el islam. Un musulmán debe ser enterrado lo antes posible para que el cuerpo no se descomponga antes de reunirse con la tierra. Si no es posible llegar a su última morada a tiempo, se autoriza el entierro provisional. El difunto es entonces, contrariamente a la tradición, depositado en un ataúd de madera y enterrado así, para permitir el transporte de los restos mortales cuando llegue el momento.

Este tipo de entierro es, en circunstancias normales, bastante infrecuente. En tiempos de guerra, en cambio, suele ser practicado por los chiitas para todos los difuntos exiliados, personas mayores o enfermas fallecidas lejos de sus hogares, civiles víctimas de accidentes o ataques, y combatientes.

Los chiitas, en su mayoría originarios del sur del Líbano y de la llanura de la Bekaa, al este del país, y muy apegados a su tierra, suelen expresar el deseo de ser enterrados en su pueblo de origen, en ocasiones frente a la casa familiar.

“La gente teme que, si son enterrados lejos de casa, su tumba no sea cuidada, o incluso que sea abandonada o destruida, o que se construya encima”, explica Saada Allaw, escritora y periodista del medio independiente Legal Agenda, que ha trabajado mucho sobre el tema. “Incluso alguien que no vive allí se desplaza al pueblo de origen de su familia, visita a sus seres queridos, y allí posee terrenos y árboles. El apego a esta tierra es muy profundo”.

Pero las guerras obligan a los chiitas del sur y, en menor medida, de la Bekaa a éxodos forzosos. La mayoría de los desplazados son de confesión chiita. Los cristianos y sus pueblos suelen quedar a salvo del ejército israelí, ya que el Estado hebreo los considera aliados potenciales y juega con las divisiones confesionales, que están a flor de piel.

Los lugares destinados a los entierros en wadiaa pueden encontrarse en cualquier lugar donde haya chiitas desplazados. En Tiro, por ejemplo, se han habilitado al menos dos lugares. También en ciudades drusas, en terrenos privados o cedidos por los ayuntamientos, a menudo en lugares que ya han servido para este fin.

Con cada alto el fuego, los restos enterrados en wadiaa son repatriados hacia el sur o a la Bekaa y enterrados según las normas. Así ocurrió tras el fin de la ocupación israelí del sur del país, en 2000, y posteriormente tras los conflictos de 2006 y 2024.

“El ataúd, cerrado y enterrado provisionalmente, se transporta al pueblo donde debe ser enterrado el difunto, y allí se vuelve a enterrar. Nunca se abre, porque no exponemos los restos de los muertos”, explica Abou Hadi, miembro de la sección de medios de comunicación de Hezbolá, enviado al cementerio del Imam Sadiq para ser nuestro interlocutor.

El cementerio de Choueifat está, en efecto, bajo el control de Hezbolá, como lo atestiguan las banderas y los hombres que allí ofician. Todas las personas enterradas aquí en wadiaa son “mártires”, combatientes caídos en el campo de batalla o civiles asesinados durante los ataques.

Es, por tanto, Hezbolá quien proporciona el gran toldo que protege a los familiares de los difuntos de la lluvia, del sol y de la mirada de los drones durante la breve ceremonia previa al entierro. También pone a disposición el equipo de sonido para la oración y el homenaje, las fotos de los fallecidos, todas elaboradas con el mismo diseño, la comida para la familia durante los tres días de luto y, según Abou Hadi, 200 dólares mensuales a las familias de quienes han muerto por el partido.

“Este cementerio provisional se abrió en 2024 y luego se cerró cuando las familias pudieron recuperar a sus muertos y enterrarlos en su pueblo”, añade Abou Hadi. “En aquel momento acogió hasta 500 mártires. Lo volvimos a poner en servicio a principios de marzo y, hasta hoy, hemos recibido ya a 200 mártires.”

El 29 de marzo fueron enterrados, en medio de una multitud y bajo una lluvia torrencial, los periodistas Ali Choeib, corresponsal de guerra del canal Al-Manar, perteneciente a Hezbolá, Fátima Ftouni y su hermano Mohammad Ftouni, periodista y cámara, respectivamente, de Al-Mayadeen, medio de comunicación cercano a Irán.

Los tres habían sido asesinados el día anterior por un ataque israelí a su vehículo cerca de Jezzine, fuera de la “zona roja” de los combates. Israel acusó a Ali Choeib, muy famoso en el Líbano, de ser miembro de la unidad de inteligencia de la rama militar de Hezbolá, sin aportar pruebas.

Los tres eran originarios de pueblos del sur del país cercanos a la frontera, actualmente inaccesibles. En sus entierros en wadiaa se vivieron manifestaciones de dolor y activismo, acompañadas de gritos de “¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel!”, algo poco habitual en tiempos normales.

En días normales, los entierros se suceden a un ritmo de uno por hora, asegura el portavoz de Hezbolá, al que de vez en cuando se acercan ayudantes para mostrarle un cuaderno de notas de color beige. “Aquí está toda la información sobre los mártires que serán enterrados aquí en wadiaa: su nombre, su edad, el lugar donde murieron, su pueblo de origen, la identidad de sus familiares y su residencia actual. Hacemos todo lo posible para que sean enterrados lo más cerca posible de los familiares desplazados, para que estos puedan asistir a la ceremonia y luego venir a visitar a su mártir”, añade.

Otro cuaderno, azul y de gran tamaño, conservará la misma información, de forma ordenada, una vez realizado el entierro en wadiaa. Hay que mantener el recuerdo lo más preciso posible para permitir el entierro definitivo.

El entierro provisional, muestra del apego a la tierra, es en sí mismo un acto de “resistencia”, de la negativa de los chiitas del sur del país a contemplar que su región pueda pasar definitivamente bajo el control de Israel. “Es una forma de resiliencia para los habitantes del Sur”, asegura Saada Allaw. “Este rito encierra una promesa: volveremos a nuestros pueblos, ya que es allí y en ningún otro lugar donde enterraremos a nuestros muertos para siempre”.

Este significado casi político cobró gran relevancia durante la guerra de 2024. Porque estos entierros provisionales, numerosos pero imposibles de cuantificar, se hicieron visibles gracias a las redes sociales, que aún estaban en sus inicios durante el conflicto de 2006. Y sobre todo porque el secretario general de Hezbolá, Hassan Nasrallah, que murió en un bombardeo israelí masivo el 27 de septiembre de 2024 en Haret Hreik, un barrio de Dahieh, fue enterrado en wadiaa antes de su entierro definitivo tras la firma del alto el fuego. Tal fue también el destino de su presunto sucesor, Hachem Safieddine, asesinado menos de un mes después.

El martes 31 de marzo tiene lugar el entierro de los restos de un combatiente muerto en el frente. La familia Aboud —muchas mujeres, algunos niños, pocos hombres— rodea el ataúd de madera. En medio de las palabras de consuelo del jeque, difundidas a todo volumen por los altavoces, se oyen gritos y llantos. Por mucho que el “mártir” es calificado de “bienaventurado” en la narrativa de Hezbolá, el dolor abruma a los escasos asistentes.

La ceremonia no debe prolongarse: “Al cabo de unos veinte minutos, pido a la gente que se marche”, dice Abou Hadi. “Es una zona de guerra, peligrosa.” Con una sonrisa, este hombre afable de unos cincuenta años, vestido con vaqueros, camisa y chaqueta, y con una barba corta y bien cuidada, señala al cielo. El ruido constante de un dron es exasperante y los aviones militares siguen sobrevolando la zona.

Este ambiente de peligro dificulta el duelo, sobre todo porque los familiares también se ven desplazados. Y el rito del entierro en wadiaa refuerza esa sensación de vulnerabilidad. “De hecho, suspende el proceso de duelo, que no puede comenzar, ya que el entierro no es definitivo. El marco social que acompaña a un entierro no existe en este caso”, explica Silva Ali Ballout, psicoterapeuta y profesora de la Universidad Libanesa. “También suscita un sentimiento de culpa, por no haber podido cumplir la última voluntad del difunto de ser enterrado en su casa, en su tierra.”

Las consecuencias no son solo individuales, prosigue la psicóloga, sino también colectivas: “Dado que las regiones chiitas son las que están en el punto de mira de la muerte, el entierro en wadiaa se convierte en un rasgo de la identidad chiita, una especificidad que aleja a la comunidad de la nación y refuerza a la vez el sentimiento de aislamiento y de persecución.” Y, paradójicamente, el de ofrecer mártires gloriosos al país.

Este rito, promesa de un regreso a su tierra, puede entonces avivar las tensiones entre comunidades. Así es como los muertos entran en la política y los ritos funerarios son el reflejo de las heridas de un país.

Traducción de Miguel López

Zahra Chami ha estado rebuscando durante horas entre los escombros del edificio donde vivían su primo, Mohamad Krisht, y su esposa, Khatoun, en el lujoso barrio de Tallet el-Khayat, en el centro de Beirut, con la esperanza de encontrar algún recuerdo de la pareja. “Esperamos al menos recuperar algunas cosas para la familia, algo que podamos guardar, un recuerdo suyo”, explica entre lágrimas, con la voz quebrada por el dolor. Pero fue en vano: los cuatro misiles lanzados por el ejército israelí el 8 de abril a primera hora de la tarde redujeron el edificio a escombros.

De ese “miércoles negro”, como ya lo llaman muchos libaneses, solo queda el brutal recuerdo de uno de los días más sangrientos en el Líbano desde la guerra civil (entre 1975 y 1990). En menos de diez minutos, el ejército israelí bombardeó más de cien veces ese pequeño territorio, en pleno día, afirmando, sin aportar pruebas, que su objetivo eran los centros de mando de Hezbolá.

Esos ataques simultáneos han causado la muerte de más de 300 personas, según el último recuento del Ministerio de Sanidad libanés, entre ellas 110 mujeres, niños y personas con discapacidad. A última hora del jueves 9 de abril, seguían desaparecidas varias decenas de personas. Este sombrío balance eleva a 1.880 el número de personas asesinadas en el Líbano por el ejército israelí desde el 2 de marzo y la reanudación del conflicto.

Mohamad, que trabajaba en el sector inmobiliario, y su esposa Khatoun, poetisa, residían en uno de los ocho edificios residenciales atacados el miércoles en el centro de Beirut. “Amaban la vida, profundamente. Amaban a su familia, a sus nietos. Eran gente sencilla. No tenían ninguna afiliación política. Simplemente amaban a su país y querían vivir en él en paz”, cuenta Zahra Chami. “Y eso se lo arrebató Israel”, añade, con los ojos brillantes de emoción. Esta libanesa pasó toda la noche del miércoles al jueves frente a las ruinas del edificio, entre el estruendo de las excavadoras que peinaban los escombros con la esperanza de encontrar supervivientes.

Al igual que en la mayoría de los lugares atacados en Beirut, la defensa civil solo encontró cadáveres y fragmentos de cuerpos, sepultados bajo montañas de escombros. La violencia de los ataques no dejó casi ninguna posibilidad a las familias que residían en los edificios atacados, situados en barrios residenciales a menudo mixtos, donde Hezbolá no suele tener influencia.

Poco después de los ataques, el ejército israelí aseguró haber tomado las “medidas” necesarias para reducir su impacto sobre la población civil. Los hospitales, por su parte, afirman haberse visto desbordados por una oleada de heridos sin precedentes, entre los que se encontraban numerosas familias.

En el hospital Rizk de Beirut, alrededor del 40 % de las víctimas eran mujeres y niños, según el médico jefe Karl Jalad. La magnitud de los ataques y su sincronización, combinadas con la ausencia de cualquier aviso previo, agravaron considerablemente el balance humano, explica. Entre las víctimas que atendió, un adolescente amputado y su hermano destripado por un proyectil. Su madre había fallecido y el tercer hermano seguía desaparecido. “Y este es solo un ejemplo entre muchos otros”, añade.

El diputado independiente Ibrahim Mneimneh denunció ante Mediapart “un crimen de guerra” dirigido contra civiles “sin distinción”, y pidió al Gobierno que recurra al Tribunal Penal Internacional. “Es inaceptable violar así el derecho internacional”, afirma.

El jueves, el Gobierno libanés anunció que presentaría una denuncia “urgente” ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en respuesta a la “peligrosa escalada israelí” del día anterior, la segunda presentada en menos de un mes. Desde 2023, y a pesar de que las ONG han documentado ampliamente los crímenes de guerra perpetrados en el Líbano, Israel nunca se ha visto obligado a rendir cuentas ante la comunidad internacional.

En respuesta a los ataques israelíes, Hezbolá reanudó los ataques contra el norte del Estado hebreo, lanzando 30 cohetes desde el Líbano durante la noche y el día del jueves 9 de abril. Aunque se había alcanzado un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos en la noche del 7 al 8 de abril, y en vísperas de las conversaciones previstas entre ambos países en Islamabad (Pakistán), persiste la preocupación sobre el cumplimiento del acuerdo tras las masacres perpetradas por el ejército israelí en el Líbano, escenario de operaciones que Tel Aviv considera fuera del ámbito de aplicación del acuerdo de alto el fuego.

Por su parte, el presidente libanés, Joseph Aoun, pretende recuperar el control de la diplomacia de su país e intenta desde el miércoles reactivar las conversaciones iniciadas con Israel tras el alto el fuego de noviembre de 2024, estancadas desde principios de este año.

Tras una llamada entre Washington y Tel Aviv el jueves 9 de abril, la AFP informaba de que se esperaba una delegación libanesa, encabezada por el primer ministro Nawaf Salam, en Estados Unidos el 14 de abril. Una reunión que debería celebrarse en presencia del embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, y que el Líbano condiciona a una tregua de dos semanas, según informa el diario libanés L’Orient-Le Jour.

Por su parte, Israel no cambia de postura e insiste en la necesidad de un desarme total de la milicia chií y ya ha anunciado que, tal y como están las cosas, no tiene intención de retirar sus tropas del sur del Líbano, donde han avanzado. El jueves 9 de abril, el Consejo de Ministros libanés anunció que había ordenado el despliegue del ejército en la capital para “asegurar el monopolio de las armas”, decisión a la que se oponen los dos ministros afiliados a Hezbolá, cuya salida es condición de Israel para reanudar las conversaciones.

Una exigencia que la comunidad internacional, incluida Francia, no deja de repetir una y otra vez. “Irán debe dejar de aterrorizar a Israel a través de Hezbolá, que debe ser desarmado imperativamente y entregar sus armas al Estado libanés”, exigía el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, al día siguiente de los mortíferos ataques.

A principios de marzo, poco después de la reanudación de un conflicto abierto entre el brazo armado de Hezbolá y el ejército israelí, el comandante en jefe del ejército libanés, Rodolphe Haykal, denunció una condición imposible de cumplir en caso de conflicto abierto. El 8 de abril, cuatro soldados libaneses murieron a causa de los ataques israelíes.

En el Líbano, el anuncio de estas nuevas negociaciones ha suscitado pocas esperanzas entre la población civil, en primera línea frente a los ataques indiscriminados de Israel. “Hemos visto los anuncios de negociaciones diplomáticas, pero nada cambia. Los israelíes repiten que apuntan hacia militantes de Hezbolá, pero eso no es lo que vemos. Todos esos edificios son viviendas de civiles”, insiste Zahra Chami. A su lado, su hermana, que fuma un cigarrillo sentada en el capó de un coche, maldice sin tapujos al Estado libanés y su incapacidad para proteger a la población de la violencia de las bombas israelíes.

El jueves por la noche, tras un día de luto nacional en homenaje a las víctimas del 8 de abril, el ejército israelí anunciaba su intención de continuar sus ataques contra “los terroristas” de Hezbolá y ordenaba la evacuación de Jnah, un barrio residencial muy poblado de Beirut. Una vez más, el pánico se apoderó de la capital, y hubo que evacuar un estadio en el que se habían refugiado varios miles de personas. De inmediato, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió al ejército israelí que anulara su orden de evacuación, ya que el barrio alberga dos grandes hospitales, saturados con cientos de personas heridas por los ataques del día anterior.

Traducción de Miguel López