Hay una palabra que se repite una y otra vez para describir a Cori Bush, exdiputada de la Cámara de Representantes, que se presenta de nuevo como candidata en 2026. Tanto si la gente la aprecia como si no, no dudan en calificarla de fighter (luchadora).

El viernes 15 de mayo, bajo un sol deslumbrante frente al ayuntamiento de San Luis, Cori se mantiene fiel a su imagen. Un año después de que un tornado arrasara zonas enteras del norte de esta emblemática ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos, causando cinco muertos y 39 heridos en barrios populares habitados mayoritariamente por personas negras, se suma a una convocatoria de protesta contra la respuesta “injusta” de las autoridades.

Mientras se suceden voces en defensa de un plan de inversión masiva, la candidata no se pone en primer plano. No toma la palabra. Al final de la concentración, muchos simpatizantes la reconocen y se acercan a ella para decirle unas palabras de ánimo de cara a las primarias contra Wesley Bell, el 4 de agosto. “¡Cori, eres mi Beyoncé política!”, exclama Taylor, una estudiante de 23 años, antes de pedirle un selfie.

Se nota que Cori Bush juega en casa. Al ser preguntada sobre las primarias demócratas, Ohun Ashe, portavoz de Action St. Louis, una de las principales organizaciones del mitin, no se anda con rodeos: “Wesley Bell no ha respondido a las necesidades de los barrios del norte de San Luis. Y esa es la diferencia entre Wesley Bell y Cori Bush. Si hiciera falta, Cori Bush dormiría frente al Capitolio para asegurarse de que se preste atención a San Luis y al norte de la ciudad. Cori Bush nos defiende”.

La candidata no tiene la trayectoria clásica de una diputada. Aunque su padre fue alcalde de un pueblo de las afueras norte de San Luis, ella se tomó su tiempo antes de dar el salto a la política. Madre soltera, primero fue enfermera y luego pastora de una iglesia independiente. Pero el movimiento Black Lives Matter supuso un punto de inflexión.

En 2014, Michael Brown, un joven negro de 18 años, fue asesinado por un policía blanco en la vecina ciudad de Ferguson, un barrio popular de mayoría negra. A raíz de ello, Cori Bush se unió a las manifestaciones y se convirtió en una de sus figuras emblemáticas. En 2020, cuando el movimiento Black Lives Matter alcanzaba su punto álgido tras el asesinato de George Floyd, se presentó a las primarias demócratas en el primer distrito electoral de Misuri y, para sorpresa de todos, ganó al diputado saliente, Lacy Clay Jr.

En el Congreso, se une al conocido como The Squad (el escuadrón), ese grupo informal de parlamentarios del que forma parte Alexandria Ocasio-Cortez y que comienza a defender posiciones situadas en el ala izquierda del Partido Demócrata. Tras el asalto trumpista al Capitolio, pide la expulsión de todos los diputados que votaron en contra de la certificación de las elecciones presidenciales. Aboga por la creación de un sistema sanitario público, gratuito y universal.

Y logra una victoria inesperada: cuando la Administración Biden tenía previsto dejar que expirara una moratoria sobre los desahucios establecida durante la pandemia del covid-19, Cori Bush durmió en las escaleras del Capitolio en señal de protesta. Finalmente, los demócratas deciden prorrogar la moratoria. En 2022 es reelegida con facilidad.

Todo cambia tras el 7 de octubre de 2023. Nueve días después de los atentados de Hamás y sus aliados en Israel, presenta una propuesta de ley en la que se pide un alto el fuego, firmado también por un pequeño grupo de diputados demócratas. En los meses siguientes, mientras caen las bombas sobre Gaza, Cori Bush intensifica sus críticas hacia Israel y denuncia la falta de reconocimiento de "la humanidad de los palestinos".

Estas declaraciones acaban atrayendo a un rival para las primarias de 2024. Wesley Bell, entonces fiscal del condado de San Luis y decididamente a favor de Israel, recibe el apoyo de más de 8,5 millones de dólares en gasto electoral de la AIPAC, el grupo de presión cercano al partido de Benjamín Netanyahu y muy influyente en Washington. El demócrata moderado gana las elecciones con cinco puntos de ventaja.

Entrevistada por Mediapart en un restaurante del centro de San Luis, Cori afirma no arrepentirse en absoluto de haberse implicado tanto en denunciar la intervención israelí en Gaza. Explica que ve su compromiso con Palestina como una prolongación del movimiento Black Lives Matter.

“Durante las manifestaciones [de Black Lives Matter en 2014], había un grupo de palestinos de visita en Estados Unidos que se unió a nosotros, no muy lejos del lugar donde permaneció tendido el cadáver de Michael Brown durante cuatro horas y media. Nos enseñaron qué había que hacer cuando la policía nos lanzaba gases lacrimógenos. Les pregunté por qué estaban allí. Me respondieron que sabían lo que eran la ocupación y la violencia de Estado, y que no querían que eso les pasara a otros. Les dije que algún día tendría la oportunidad de devolverles el favor”.

Si Cori Bush quiere ganar las primarias, debe enfrentarse a numerosos obstáculos. En primer lugar, el de la financiación de su campaña. Las candidaturas competitivas a la Cámara de Representantes recaudan millones de dólares. A esto se suman los gastos de los comités de acción política “independientes”, esas famosas entidades que tienen derecho a recaudar donaciones ilimitadas siempre que no se coordinen directamente con las campañas, como hizo la AIPAC en 2024.

En estos dos aspectos, no hay duda de que el diputado saliente tiene ventaja. Como explica Kenneth Warren, politólogo de la Universidad de San Luis, jubilado desde hace dos años, Wesley Bell cuenta con el apoyo de los círculos empresariales de San Luis, donde tienen sede empresas como Nestlé Purina Petcare y Boeing.

“En los círculos empresariales de aquí —afirma—, la gente dice: "¡Pero si ella no sabe cómo atraer dinero!". La ventaja de Bell es que forma parte de esos círculos empresariales. Hay quien lo ve como un peón de las empresas, y quizá sea así. Es un poco frío, pero habla bien, tiene un título universitario y fue fiscal. Tiene buena relación con los responsables políticos de San Luis, aunque estos sean en su mayoría republicanos. La primera circunscripción es una causa perdida para ellos, pero saben perfectamente que quien gane las primarias ganará las elecciones”.

Luego está la sociología electoral. Aunque Cori Bush obtiene sus mejores resultados entre los 300.000 residentes de la ciudad de San Luis, la circunscripción también abarca gran parte del condado de San Luis y su millón de habitantes. Sociológicamente, es otro mundo. Como explica Devin Thomas O’Shea, autor y especialista en historia local, los suburbios son más ricos, más blancos y políticamente más moderados que el propio municipio de San Luis.

¿Cuál es el objetivo de Cori Bush? Limitar los daños en el condado, pero también movilizar al mayor número posible de votantes en la ciudad. Para ello, podría contar con un arma secreta: los Socialistas Democráticos de América (Democratic Socialists of America, DSA). Al igual que Alexandria Ocasio-Cortez y Zohran Mamdani, Cori Bush es miembro del DSA y se define a sí misma como “socialista democrática”.

“Los multimillonarios no deberían ser quienes tomen las decisiones sobre lo que ocurre en nuestro país y en nuestros municipios”, afirma cuando se le pregunta por su identidad política. “Quien debería tener el poder es el pueblo y todo el mundo merece poder realizarse plenamente”.

Los DSA no tienen la misma influencia en San Luis que en Nueva York, donde los socialistas cuentan con más de una docena de representantes políticos en diferentes niveles. Pero la organización de San Luis lleva años ganando fuerza, tal y como explican Chris Ottolino y Sarah Arkebauer, copresidentes de DSA San Luis y responsables de las elecciones. Desde 2017, el grupo ha pasado de 120 a 700 miembros. Además de Cori Bush, los DSA contribuyeron, entre otros, a la elección de Megan Green para el Ayuntamiento en 2022.

Sus activistas vuelven a organizar campañas puerta a puerta para Cori Bush, haciendo hincapié en su capacidad para lograr avances concretos, pero también para luchar contra una Administración muy impopular. “Las conversaciones son positivas”, señala Sarah Arkebauer. “A la gente le preocupa todo. A menudo hablan del ICE. Muchas veces levantan las manos en señal de impotencia y dicen: "no va bien nada". Quienes no están contentos con la situación actual reconocen a Cori como una luchadora”.

Y esa es precisamente la imagen que Cori Bush intenta proyectar ante el electorado. No se hace ilusiones sobre el limitado margen de maniobra que tendría una Cámara de Representantes demócrata bajo la presidencia de Donald Trump, pero considera que hay que “limitar los daños” y oponerse a la Casa Blanca a toda costa; en definitiva, asumir un papel combativo que los políticos demócratas actuales suelen descuidar.

“Los demócratas deberían fijarse en las personas que tienen en el banquillo”, afirma. “Tenéis gente que es un auténtico lanzallamas. Dejad que esa gente escupa fuego. Tenéis a gente que son vuestros mensajeros, dejad que transmitan el mensaje. Tenéis a constitucionalistas, dejad que hagan su trabajo… Hay que colocar a la gente allí donde pueda hacer algo. Así veremos un cambio. Y hay que dejar de esperar. Hay que tener un poco de valor. A los republicanos no les preocupa parecer amables, les preocupa su programa”.

Traducción de Miguel López

Hay dos formas de interpretar los resultados financieros anunciados el miércoles 22 de julio por Alphabet, la empresa matriz de Google, correspondientes al segundo trimestre de 2026. Por un lado, podemos alegrarnos de que la facturación haya aumentado un 24% con respecto al año anterior y de que el beneficio trimestral se haya cuadruplicado, hasta alcanzar los 112.100 millones de dólares.

También podemos preocuparnos, pues 77.000 millones de esos beneficios, es decir, más de dos tercios, proceden de las valoraciones contables de las participaciones de Google en la empresa de IA generativa Anthropic, que no cotiza en bolsa, y en SpaceX, cuyas acciones se dispararon espectacularmente tras su salida a bolsa, el 12 de junio, para luego volver a caer de forma igualmente impresionante.

Pero, sobre todo, por primera vez desde su salida a bolsa, en agosto de 2004, la empresa ha gastado más dinero del que ha ganado: ha “quemado” 5.900 millones de dólares en un trimestre. En los dos trimestres anteriores todavía había generado un flujo de caja positivo de 20.000 y 10.000 millones, respectivamente.

Esta evolución, sin precedentes para una empresa conocida por su capacidad para generar efectivo, se debe a una única causa: sus inversiones masivas en las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la inteligencia artificial generativa, principalmente centros de datos y chips de última generación.

Y esto es solo el principio. Google también ha anunciado que, aunque tenía previsto gastar 190.000 millones de dólares en 2026 en IA generativa (frente a los 85.000 millones de 2025), el importe real de sus inversiones oscilará más bien entre 195.000 y 205.000 millones. Todo ello pese a que la empresa ya tiene una deuda que ronda los 100.000 millones y a que, en junio, vendió acciones por primera vez para recaudar 85.000 millones.

La reacción de los mercados ante estos anuncios ha sido inequívoca. La cotización de Alphabet cayó un 8,4% entre la mañana del miércoles y la noche del jueves. ¿Se trata del inicio de un cambio de tendencia en este mundo digital, impulsado durante meses por la impresionante dinámica generada por el sector de la IA?

En cualquier caso, es una señal del fin de la confianza ciega que el mundo económico había depositado en los hyperscalers, esos cinco gigantes estadounidenses —Alphabet, Amazon, Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp), Microsoft y Oracle— que invierten sin freno en centros de datos y chips. Otro indicio: de estos cinco gigantes, solo Alphabet ha superado (y con holgura) la rentabilidad media del índice S&P 500 (que agrupa a las 500 empresas estadounidenses más grandes) durante el último año.

Todas las empresas tecnológicas que cotizan en bolsa acaban de atravesar también una semana difícil, tras la presentación del nuevo modelo de IA generativa de la empresa china Moonshot AI, cuyo rendimiento es muy similar al de los productos más avanzados de OpenAI y Anthropic, pero a un coste muy inferior.

Por fin parecen darse las condiciones para plantearse la existencia de una burbuja financiera en torno a la IA, que ha llevado las valoraciones del sector hasta niveles nunca vistos. Nvidia, líder en la fabricación de chips de última generación, es ahora la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, seguida de Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon.

Los cinco hyperscalers representan hoy alrededor del 40% de la capitalización bursátil total del S&P 500. No cabe duda, por tanto, de que el estallido de la burbuja podría tener consecuencias catastróficas para una buena parte de la economía estadounidense y, por extensión, para la economía mundial.

“Si hubiera indicios, por un lado, de que [los hyperscalers] no pueden mantener el ritmo actual de sus inversiones y, por otro, de que están mermando sus beneficios sin obtener rendimiento de esas inversiones en IA, el precio de sus acciones podría desplomarse y arrastrar a todo el mercado bursátil en su caída”, resume en su blog el economista marxista británico Michael Roberts.

Para este veterano de la crítica al capitalismo, la economía estadounidense no es hoy en día más que “una gran apuesta por la IA”. Y a falta de encontrar un modelo económico coherente para esta nueva tecnología, la apuesta aún está lejos de ser ganada.

De hecho, Google y sus competidores se han lanzado a una loca carrera hacia el gigantismo, invirtiendo sin miramientos en el sector de la IA, absorbiendo toda su liquidez y más aún.

En marzo, el Banco de Pagos Internacionales (BPI), conocido como el “banco de los bancos centrales”, señalaba que, para estos cinco gigantes, los gastos de inversión ya representaban cerca del 14% de los activos en 2025, frente a una media de alrededor del 2% para el resto de empresas que cotizan en Estados Unidos.

Se prevé que, entre las cinco, destinen 800.000 millones de dólares a inversiones en 2026, y ya se han anunciado más de 1,2 billones para 2027. Como recuerdan otros especialistas, para entonces el presupuesto militar del Gobierno estadounidense apenas alcanzará los 961.000 millones.

La posibilidad de compensar estos desembolsos colosales con los beneficios derivados de esta nueva tecnología sigue siendo muy incierta. Así sostiene el informe parlamentario francés sobre las “vulnerabilidades” del sector tecnológico, publicado el 15 de julio. Incluso una estimación “maximalista de los posibles ingresos de las empresas de inteligencia artificial”, como la de la consultora Bain & Company, reconoce que esos beneficios no bastarían para cubrir las necesidades de financiación. La diferencia asciende, como mínimo, a cientos de millones de dólares.

“La sostenibilidad económica de la trayectoria inversora de las empresas de inteligencia artificial se basa en un crecimiento potencialmente exponencial de los ingresos, y ello en un plazo acorde con las expectativas de los inversores”, recuerda el informe. “Pero existen importantes dudas al respecto, ya estén relacionadas con la oferta (plazos de construcción de centros de datos, de las conexiones eléctricas, disponibilidad de chips) o con la demanda (retrasos en la adopción de la tecnología por parte de las empresas)”.

Las start-ups de reciente creación que desarrollan modelos de IA no están, por supuesto, exentas de riesgo. Ed Zitron, bloguero y uno de los críticos más duros del sector, reveló en junio los datos financieros de OpenAI: una facturación que pasó de 3.700 millones en 2024 a 13.070 millones en 2025, pero también unas pérdidas netas que se dispararon de 5.090 a 38.530 millones…

Mientras tanto, los hyperscalers aumentan su deuda tan rápido como la burbuja que alimentan. En 2025, recaudaron 121.000 millones de dólares en bonos. El BPI analizó la cuestión para el primer trimestre de 2026: a fecha de 5 de marzo ya se habían emitido 35.000 millones adicionales en bonos.

Y esta deuda se vende con menos facilidad (y, por lo tanto, a un precio más elevado), ya que los inversores empiezan a comprender la realidad de estas empresas, que pierden poco a poco su reputación de inversiones seguras debido a su escasa necesidad de infraestructuras costosas. ¿Están a punto de convertirse Google y Meta en empresas industriales como cualquier otra?

La situación puede ser incluso más preocupante. El 21 de julio, el medio japonés Nikkei Asia llamó la atención al publicar una investigación en la que revelaba que Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle habían acumulado hasta 1,65 billones de dólares en compromisos financieros que aún no figuraban en sus balances contables.

Alquileres de centros de datos aún no puestos en marcha, pedidos plurianuales de chips y servidores, compromisos de compra de energía o de capacidad informática, operaciones financiadas por empresas conjuntas o “vehículos ad hoc” (special purpose vehicles, SPV)… La revelación de la magnitud de esta deuda oculta, que el BPI calificaba en su informe de marzo de “deuda en la sombra”, ha sido un jarro de agua fría.

Ese mismo día, una web especializada de Bloomberg iba un paso más allá y recurría a un nombre que despierta muy malos recuerdos de hace un cuarto de siglo: “El frenesí de los gigantes tecnológicos en materia de IA resucita los montajes contables que provocaron la caída de Enron”, advertía el artículo.

Enron, la compañía energética que acabó convirtiéndose en símbolo de los excesos del capitalismo financiero, “aprovechó las normas contables estadounidenses para ocultar a los inversores y a los prestamistas cientos de millones de deuda que había agrupado en entidades fuera de contabilidad”, recuerda Bloomberg. Su quiebra, en diciembre de 2001, arrastró también a la auditora Arthur Andersen y marcó un antes y un después en la historia empresarial.

Quizá escarmentada por precedentes como ese, EY, la firma que audita las cuentas de Meta, expresó públicamente en marzo sus dudas sobre la forma en que la empresa de Mark Zuckerberg había contabilizado en su balance su inversión en Hyperion, un enorme proyecto de centro de datos de 27.000 millones de dólares en Luisiana.

Los métodos empleados, tanto entonces como ahora, crean poderosos vínculos financieros entre las empresas, los fondos de deuda privada y los bancos, lo que refuerza los riesgos sistémicos en caso de que los resultados financieros resulten inferiores a los previstos. Y es precisamente esa maraña de intereses lo que provoca sudores fríos en el mundo económico.

El ecosistema de la IA ha llevado a un nivel sin precedentes la circularidad de las inversiones —y, por ende, de los riesgos—. Las empresas que construyen centros de datos y fabrican los chips adquieren participaciones en compañías de inteligencia artificial a cambio de compromisos de compra de procesadores o de capacidad de cálculo. El resultado es una demanda artificialmente inflada tanto de chips como de centros de datos.

“Los desarrolladores de IA, los fabricantes de chips y las grandes empresas tecnológicas desempeñan simultáneamente el papel de clientes, inversores y financiadores”, señalaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de abril sobre la estabilidad financiera mundial, criticando los “estrechos vínculos” que conllevan “riesgos de opacidad”.

Uno de los economistas del BPI, Phurichai Rungcharoenkitkul, intentó a mediados de julio representar en un esquema este laberinto. El resultado merece la pena:

Una situación que ha llegado a preocupar incluso a Savita Subramanian, responsable de estrategia de renta variable en Bank of America. Según The New York Times, la experta reconoció a principios de julio que las enormes necesidades de financiación de Google y sus competidores le resultaban “un poco angustiosas”.

Y es que la rentabilidad esperada de esas inversiones no depende únicamente de los propios hyperscalers. Para que un centro de datos genere los beneficios previstos, empresas como OpenAI o Anthropic deben mantener una posición financiera lo suficientemente sólida como para contratar esa capacidad de cálculo. Si no lo consiguen, también tendrán dificultades para devolver los miles de millones que les han adelantado bancos y fondos de inversión.

Llegado ese punto, habría que preguntarse si la valoración bursátil de los hyperscalers sigue estando justificada, apuntó Subramanian. El riesgo es evidente: que el castillo de naipes termine derrumbándose.

Pese a todo, los vínculos cruzados continúan multiplicándose. El 21 de julio, la empresa francesa Mistral AI, que desarrolla su propio modelo de lenguaje, anunció un acuerdo de varios miles de millones de dólares con Microsoft para acceder a capacidad de cálculo en Europa e integrar algunas de sus herramientas en el software de la compañía estadounidense

Al día siguiente le llegó el turno del fabricante de chips AMD, gran competidor de Nvidia, que anunció a bombo y platillo su inversión de 5.000 millones en el capital de Anthropic, a cambio de un pedido masivo de procesadores. En octubre, la misma empresa había llegado a un acuerdo con OpenAI para un pedido tres veces mayor.

Para Phurichai Rungcharoenkitkul, economista del BPI, la situación actual es de una “sobreinversión”, en el marco de una “competencia en la que las empresas, que luchan por ocupar escasas posiciones dominantes, movilizan recursos de forma excesiva”.

Al describir burbujas anteriores provocadas por inversiones masivas en infraestructuras —la construcción de canales fluviales en Estados Unidos allá por 1830, del ferrocarril en Gran Bretaña una década más tarde o el auge de Internet de finales de la década de 1990—, recuerda que “todos estos episodios terminaron en correcciones brutales, acompañadas de repercusiones económicas más amplias”.

“El desarrollo actual [de la IA] está a punto de superar todos los episodios anteriores”, advierte el economista, quien también señala que “los períodos de auge más marcados desembocan en recesiones aún más devastadoras”.

Traducción de Miguel López

Todo va tan rápido que el Banco Central Europeo (BCE) parece estar paralizado. En menos de quince días se ha reanudado y se ha intensificado la guerra entre Irán y Estados Unidos, han surgido nuevas tensiones por todo Oriente Medio y el barril de petróleo Brent, referencia internacional, ha pasado de 70 a 100 dólares.

Ante una situación totalmente impredecible que podría degenerar en una nueva crisis energética, los banqueros centrales europeos han considerado que lo urgente era esperar. Por unanimidad, han optado por el statu quo y mantienen el tipo de interés de referencia en el 2,25 %.

Esta decisión era ampliamente esperada. Fiel a sus costumbres, el BCE ya se había encargado de preparar el terreno enviando señales previas para no pillar por sorpresa a los mercados. Y así fue. Tras el anuncio del BCE no se ha movido nada, ni el euro frente al dólar, ni los tipos de interés de las principales deudas soberanas de la zona euro.

En las circunstancias actuales, la actitud de esperar y ver qué pasa se considera, a juicio de muchos observadores, la solución más sensata. Sobre todo porque, incluso antes de que se reanudaran las hostilidades en Oriente Medio, la zona euro presentaba un panorama que no mostraba ningún signo de aceleración.

Tras caer un 0,2 % en el primer trimestre, la actividad se recuperó ligeramente en junio. Salvo los sectores de la defensa y la inteligencia artificial, las inversiones productivas se estancan, mientras que las condiciones de acceso al crédito no paran de endurecerse. La inflación —excluyendo la energía y los precios de los alimentos— cayó al 2,4 % en junio. El mercado laboral es muy frágil y la demanda de los hogares se encuentra al ralenti.

En resumen, no hay nada que justifique un endurecimiento monetario cuando la zona euro, por decimoquinto año consecutivo, se encuentra por debajo de su nivel óptimo de actividad económica. Y las consecuencias de un posible choque energético, así como de las olas de calor, aún no se han materializado.

Pero hay otro factor que también ha llevado a los dirigentes del BCE a ganar tiempo: desconocen por completo qué va a hacer el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que reunirá a su equipo los días 28 y 29 de julio.

Durante décadas, y más aún desde la crisis de 2008, los responsables de los bancos centrales europeos no se planteaban la cuestión de la actitud de la Fed. A ambos lados del Atlántico, compartían las mismas opiniones doctrinales, actuaban de forma concertada cuando la necesidad lo exigía para contener los peligros del sistema financiero internacional, arrastrando tras de sí a muchos otros bancos centrales.

En la descomposición avanzada del orden mundial a la que asistimos, este pilar también se tambalea. Con la llegada de Kevin Warsh a la presidencia de la Fed, ya nada está asegurado. Aunque ha intentado tranquilizar sobre la independencia de la Reserva Federal frente a los intentos de Donald Trump de controlar la política monetaria, el nuevo presidente del banco central americano no ha ocultado su intención de romper con la línea seguida por sus predecesores, a quienes lleva años criticando.

Ya ha empezado. Alejándose de las prácticas establecidas desde el mandato de Alan Greenspan —según las cuales la Fed debía anunciar y explicar de antemano sus decisiones para no pillar a los mercados desprevenidos—, ha decidido no filtrar ninguna información sobre sus intenciones. Los actores financieros, acostumbrados a hacer apuestas enormes sobre las futuras decisiones de la Fed, ya muestran su frustración: ha vuelto el riesgo, ya no tienen la seguridad de ganar como siempre.

Sobre todo porque Kevin Warsh, al tiempo que reafirma su voluntad de volver a una política estricta de lucha contra la inflación, también ha advertido de que va a cambiar la metodología para evaluarla. Mientras que el banco central ya ha excluido los precios de la energía y los alimentos —es decir, las dos partidas más sensibles para el poder adquisitivo de los hogares— a la hora de establecer su política monetaria, Warsh quiere profundizar aún más en el análisis de la inflación real, excluyendo otros elementos considerados perturbadores, pero sin precisar cuáles.

¿Se trata de dar una coartada racional a una política monetaria flexible, o incluso a una bajada de los tipos de interés, tal y como reclama a los cuatro vientos Donald Trump? ¿Es el anuncio de un cambio de enfoque en la misión de la Fed en su lucha contra la inflación? Mientras el presidente de la Fed no se pronuncie, es imposible responder. Así que todos se pierden en conjeturas y esperan. El BCE lo mismo que los demás.

Y es que, más allá de la extrema imprevisibilidad de la situación actual, el BCE no pretende tomar decisiones precipitadas que puedan agrandar las divergencias entre las dos orillas del Atlántico. Estas ya son evidentes en las cifras: el retraso de la zona del euro en materia de crecimiento, desarrollo tecnológico y empleo con respecto a Estados Unidos no ha dejado de aumentar en los últimos diez años. Una política monetaria radicalmente diferente podrían agravarlas y dar la impresión de que se acentúa el desacoplamiento a todos los niveles entre ambas orillas del Atlántico. El BCE prefiere pues esperar a conocer la postura de la Fed para calibrar su respuesta.

Sin embargo, hay pocas dudas sobre la dirección que el BCE pretende tomar a principios de septiembre: subirá los tipos de interés para mantener su objetivo de una inflación del 2 % “a medio plazo”. Los operadores ya han hecho sus apuestas: dos subidas de tipos, una en septiembre y otra en diciembre.

A principios de julio, cuando la tregua entre Irán y Estados Unidos aún estaba en vigor, el economista jefe del BCE, Philippe Lane, había marcado la pauta. Aunque el precio del petróleo había bajado —en ese momento— hasta situarse en torno a los 70 dólares el barril, para él no había ninguna duda: el BCE debía seguir siendo “proactivo en su lucha contra la inflación”.

Isabel Schnabel, influyente miembro del BCE y candidata a suceder a Christine Lagarde en la presidencia de la institución monetaria, ha reiterado estos últimos días las reglas de la ortodoxia monetaria que conviene seguir. En su opinión, volverá a ser imprescindible una subida de los tipos de interés. Cualquier complacencia en la lucha contra la inflación en nombre del mantenimiento del crecimiento y el empleo no puede sino hacer que se caiga de nuevo en la trampa fatal de la espiral inflacionista de los años setenta. Las medidas de apoyo adoptadas durante la pandemia del covid-19 no han hecho más que reforzar aún más esta convicción: alimentaron la inflación, según su análisis.

“La inflación actual ya no se ajusta al modelo de los años setenta”, replica la economista estadounidense Isabella Weber. Las sucesivas crisis a las que se ha visto sometida la economía mundial en los últimos años —pandemia, guerra en Ucrania, guerra comercial con Estados Unidos, crisis energética ligada a las guerras en Oriente Medio, cambio climático…— han dado lugar a nuevos factores inflacionistas que no tienen nada que ver con la espiral de precios y salarios a la que aún se sigue haciendo referencia, según sus estudios.

Esta sucesión de perturbaciones externas ha provocado una ruptura en las cadenas de suministro, una disminución de la oferta e incluso escaseces, lo que ha dado lugar a un aumento de los precios. Pero esta inflación se ha visto amplificada por el comportamiento de los productores. Animados por las circunstancias, estos han aprovechado su poder de mercado y han creado acuerdos para aumentar sus precios y sus márgenes. Los 11.200 millones de dólares de beneficios obtenidos por TotalEnergies en el primer semestre de 2026 son el último ejemplo de esta estrategia.

Una vez superados los momentos de tensión, los precios de la energía y de las materias primas sí que han bajado. Sin embargo, los de los productos manufacturados y los servicios no han vuelto a su nivel anterior, como dictaría la teoría. Salvo algunas excepciones notables, como en el sector del automóvil, donde la competencia china ha obligado a los fabricantes europeos a revisar su estrategia de márgenes exorbitantes, todos han mantenido sus beneficios.

El endurecimiento monetario no tiene ningún efecto sobre esas subidas constantes, pues acaban diluyéndose en las cifras de inflación calculadas trimestre a trimestre o, en el mejor de los casos, en términos interanuales. Pero lastran el poder adquisitivo de los hogares, lo que alimenta un malestar social constante.

Los precios de los productos alimenticios han aumentado un 54 % en los últimos diez años, según los cálculos de las asociaciones de consumidores. Los salarios no han aumentado más del 10 % en el mismo periodo, cuando no han disminuido, ya que el poder de negociación de los trabajadores se ha visto prácticamente reducido a la nada, bajo el efecto combinado de las deslocalizaciones, el desempleo y las políticas de austeridad centradas esencialmente en recortes sociales.

“La política monetaria no es el instrumento adecuado para luchar contra la inflación provocada por perturbaciones externas de la oferta”, concluía Isabella Weber en un informe, elaborado junto con el economista Jens Van’t Klooster y presentado al Parlamento Europeo en junio de 2024. En él, los economistas recomendaban desarrollar nuevas herramientas, como la constitución de reservas estratégicas de productos esenciales para amortiguar los choques, reforzar las políticas de competencia con el fin de sancionar los acuerdos entre empresas y multiplicar la cooperación entre las distintas instituciones y los Estados con el objetivo de construir un marco económico más resistente.

Lo mismo que el informe de Mario Draghi sobre la competitividad en Europa (publicado en septiembre de 2024), esas recomendaciones fueron rápidamente enterradas. La Comisión Europea, tras la crisis energética de 2022, aprobó decretos y directivas para constituir reservas estratégicas, pero dejó su gestión a la libre voluntad de los actores privados. El resultado es que han hecho lo mínimo.

Por su parte, el BCE sigue persiguiendo una inflación alimentada por un quimérico aumento de los salarios y exige cada vez más reformas estructurales sociales, pero no dice ni una palabra sobre el funcionamiento desregulado del capital.

Traducción de Miguel López

¿Y si, en lo que respecta al bloqueo informativo, Gaza hubiera servido de laboratorio para unas prácticas que Israel pretende ahora replicar en Cisjordania? Entre las agresiones, a menudo impunes, de colonos a periodistas, el acceso cada vez más restringido al terreno y las detenciones arbitrarias de reporteros, la cobertura periodística de la ocupación israelí en Cisjordania nunca ha estado tan obstaculizada.

“Es la culminación de un proceso que comenzó mucho antes del 7 de octubre, que se intensificó con la prohibición de entrar en Gaza y que continúa debido a la imposibilidad de acceder a determinadas zonas de Cisjordania”, coinciden en señalar una decena de periodistas, palestinos y extranjeros, así como observadores de la libertad de prensa en la región, todos ellos entrevistados por Mediapart.

La voluntad del Estado hebreo de estrechar el cerco en torno a la prensa internacional volvió a quedar patente el 11 de junio de 2026, con la expulsión por parte de las autoridades israelíes de la reportera francesa Alice Froussard, pocas horas después de su llegada al aeropuerto Ben-Gurión de Tel Aviv.

Cuando se presentó el día anterior en la aduana israelí, la periodista de Radio France Internationale (RFI) llevaba consigo todos los documentos necesarios, un visado y una orden de misión oficial de la emisora pública.

Sin embargo, las autoridades locales la detuvieron y la llevaron a un interrogatorio. Durante unos veinte minutos, apenas le hicieron preguntas; más bien le dirigieron reproches sobre su labor periodística, a la que acusaban de ser sistemáticamente desfavorable a Israel.

Hasta aquí, nada realmente inusual, piensa Claire Duhamel, corresponsal de France 24 en Jerusalén, que viaja con ella. “Ya le ha pasado varias veces; este tipo de interrogatorios suele durar mucho más. En ese momento, una piensa que una llamada a la embajada de Francia puede arreglar rápidamente la situación”, explica.

A Alice Froussard le confiscan el pasaporte y se ve obligada a pasar la noche en la terminal del aeropuerto de Tel Aviv, sin poder salir de allí. Al día siguiente, hacia las 9 de la mañana, los agentes de control israelíes le indican que debe subir a un avión de regreso a Francia.

En la notificación “destinada a impedir la entrada en Israel de Alice Froussard”, firmada por el director general del Ministerio de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, a la que Mediapart ha tenido acceso, solo se esgrimen motivos políticos para justificar la expulsión de la periodista.

Se le reprocha, en particular, haber calificado de “draconianas” las leyes aprobadas por el Parlamento israelí para autorizar la expulsión de familias palestinas acusadas de vínculos con el terrorismo, y haber afirmado que “el sistema judicial israelí era de dos velocidades y constituía un ejemplo de apartheid”. Una constatación ampliamente compartida y documentada por la prensa internacional y las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Las autoridades israelíes también reprenden a Alice Froussard por haber calificado de “masacre las operaciones llevadas a cabo en Gaza” y por hacer un llamamiento a no olvidar que la violencia en la región no comenzó el 7 de octubre de 2023.

Para respaldar estas críticas, las autoridades israelíes aportan capturas de pantalla de publicaciones de la periodista en las redes sociales o de artículos, uno de los cuales fue publicado por Mediapart en julio de 2024 —Alice Froussard colabora con nuestro periódico y ha escrito varios artículos sobre la situación en Palestina—, titulado “En la ‘carretera del apartheid’, la segregación va a toda velocidad en Cisjordania”.

En definitiva, pues, ha sido precisamente el ejercicio de un periodismo, crítico pero claramente objetivo, lo que ha servido de base legal para la expulsión de la reportera. Según nuestra información, Alice Froussard ha recurrido la decisión de prohibición de entrada en el territorio israelí y cuenta con la ayuda del abogado de RFI.

La dirección de la emisora pública ha denunciado, además, en un comunicado, “la expulsión de la periodista Alice Froussard a su llegada a Israel” que se produce “en un contexto de crecientes dificultades a las que se enfrentan los periodistas para cubrir la actualidad de la región”.

Tal como señala el Comité para la Protección de los Periodistas, al igual que la reportera francesa, durante el último año se ha prohibido la entrada en Israel o en los territorios palestinos a seis periodistas extranjeros.

En la mayoría de los casos, las autoridades israelíes han alegado motivos relacionados con su labor periodística, en particular el uso de los términos “apartheid” o “genocidio” para describir la política israelí en Gaza o en Cisjordania.

Las trabas al periodismo no se detienen en los aeropuertos israelíes. Los periodistas extranjeros a los que aún se les permite entrar en los territorios palestinos se enfrentan cada vez más a actos de violencia física, hasta ahora reservados principalmente a los periodistas palestinos.

En marzo de 2026, un equipo de la cadena estadounidense CNN fue agredido cerca de la localidad de Tayasir, en el noreste de Cisjordania, y posteriormente retenido brevemente por el ejército israelí.

Los periodistas estaban cubriendo los ataques de colonos israelíes y el establecimiento de un nuevo puesto avanzado ilegal, cuando unos soldados les apuntaron con sus fusiles y les amenazaron con confiscarles la cámara. A continuación, un soldado se acercó por detrás al reportero gráfico de la CNN Cyril Theophilos, para estrangularlo y tirarlo al suelo.

“Las dos horas que pasamos detenidos pusieron de manifiesto la ideología colonizadora que mueve a muchos de los soldados que operan en Cisjordania ocupada, así como la forma en que suelen actuar al servicio del movimiento colonizador”, comentaron los reporteros de la CNN.

El ejército israelí confirmó el 13 de julio que, tras la investigación llevada a cabo por la policía militar, no se iniciaría ningún proceso penal contra el soldado autor de la agresión al reportero gráfico de la CNN. Solo recibirá una amonestación.

“Lo que le ha ocurrido a Alice Froussard le podría pasar a cualquier periodista extranjero que lleve mucho tiempo trabajando aquí y que crean que ofrece una cobertura desfavorable para Israel”, opina Claire Duhamel. Otra periodista occidental coincide en lo mismo: “Todo el mundo acaba contando el número de artículos negativos sobre Israel que ha escrito y preguntándose si no corre además el riesgo de perder su visado.”

Y es que las trabas a la prensa internacional en Cisjordania pueden además llegar a llevar a los periodistas palestinos a la misma situación que en Gaza: cuanto más recae sobre ellos la responsabilidad de informar al mundo sobre las violaciones del derecho internacional en esos territorios, más expuestos están a la represión feroz y sin límites de las autoridades israelíes, que tienen muchos menos reparos a la hora de obstaculizar, encarcelar o matar a los reporteros si son palestinos o árabes.

Esos mismos periodistas ya han pagado un alto precio por la guerra sin cuartel que libra Israel contra la libertad de información en la región. Cabe recordar que, desde el 7 de octubre de 2023, han sido asesinados por Israel más de 250 periodistas, en su gran mayoría palestinos, pero también libaneses.

“Siempre ha sido muy difícil cubrir la actualidad en Cisjordania y Gaza, pero la situación se ha agravado notablemente desde el 7 de octubre”, afirma Shuruq As’ad, periodista palestina desde hace más de treinta años, afincada entre Jerusalén y Ramala. Y menciona, en primer lugar, las dificultades para desplazarse y acceder al terreno.

De hecho, hay más de mil puestos de control cortando y rodeando todas las ciudades y pueblos de Cisjordania, lo que alarga considerablemente los tiempos de desplazamiento. “Pasamos mucho tiempo yendo de un sitio a otro para saber qué puesto de control está abierto y cuál no", explica.

“Ahora se necesita toda una red para realizar un reportaje e informarnos sobre el estado de las carreteras”, explica otra reportera. “Ya no podemos simplemente subirnos a un coche y lanzarnos a la aventura”.

La situación se ve agravada aún más por la arbitrariedad con la que actúan las autoridades israelíes al prohibir el acceso de los periodistas a determinados territorios declarándolos “zonas militares”. Algunos campos de refugiados, como los de Jenín, Nablus o Tulkarem, se han vuelto completamente inaccesibles.

“A veces, los periodistas documentan ataques de colonos y, de la noche a la mañana, se encuentran en zonas declaradas militares. En ese caso, pueden ser detenidos y encarcelados por las autoridades israelíes, incluso si muestran una carné de prensa”, señala Jonathan Dagher, responsable de la oficina de Oriente Medio de Reporteros sin Fronteras (RSF).

Es más, lejos de garantizar su libertad de movimiento y de expresión, el carné de prensa parece haberse convertido en un pretexto para tratar aún con mayor dureza a quienes la poseen.

“Durante los controles, en cuanto les dices a los soldados israelíes que eres periodista, reaccionan con brutalidad, como si hubiera una orden de tratar a los periodistas de forma diferente, como si fuéramos para ellos un objetivo”, explica Shuruq As’ad, también miembro del Sindicato de Periodistas Palestinos.

La periodista cuenta que en varias ocasiones ha sido amenazada con ser detenida por soldados que la acusaban de difundir mentiras sobre Israel y de contribuir a la mala imagen del país en el mundo. Según RSF, hay actualmente en las cárceles israelíes unos veinte periodistas recluidos por su trabajo, a veces sin haber tenido derecho a un juicio.

“Estamos aterrorizados ante la idea de que algún día los militares llamen a la puerta y me detengan sin motivo, delante de mi hijo”, confiesa Shuruq As’ad. “Y sabemos que las cosas se van a poner más difíciles, ya que hace unos días unos colonos se acercaron a mi casa, a unos treinta metros, y colocaron bloques. Tenemos la sensación de estar en tierra de nadie. No hay ley, ni derechos humanos, ni protección, y nadie tiene que rendir cuentas”.

Para Tasnim*, el temor a ser detenida acabó haciéndose realidad. En el verano de 2024, fue puesta en prisión preventiva tras ser citada para un interrogatorio que duró setenta y dos horas en el asentamiento de Ariel. Posteriormente se enteró de que había sido condenada a seis meses de cárcel. Fue puesta en libertad a finales de ese mismo año.

El Estado israelí la acusa de “incitación al odio en las redes sociales” y de apoyar a organizaciones terroristas por haber publicado fotos de su hermano, asesinado por disparos del ejército israelí.

Durante su detención fue sometida a tratos inhumanos y degradantes. “La primera noche en la cárcel me metieron en una celda minúscula, infestada de insectos y equipada con cámaras de vigilancia. Las cucarachas andaban por todo mi cuerpo. No podía soportar el olor del lugar”, recuerda Tasnim.

También cuenta que la esposaban y la golpeaban cuando bajaban a su celda y que fue sometida en varias ocasiones a humillantes registros al desnudo. “Me amenazaban con llamar a funcionarios de prisiones varones si me negaba a ser registrada”.

Varias de sus compañeras de prisión también padecían enfermedades respiratorias crónicas y se veían gravemente afectadas cuando los funcionarios de prisiones rociaban gas lacrimógeno por las celdas. “Vivíamos en un estado constante de miedo y alerta. Las mujeres soldado comían helados y chocolate delante de nosotras para provocarnos”, detalla.

Durante su encarcelamiento, Tasnim perdió 28 kilos debido a la falta de comida y a la pobreza nutricional del rancho. Ahora que está en libertad, vive con el temor constante a ser detenida de nuevo, ya que su condena fue acompañada de una pena de cinco años de prisión condicional.

Las fuentes de los periodistas tampoco se libran. Varios reporteros y reporteras palestinos informan de que comerciantes que habían prestado testimonio ante medios locales o internacionales han recibido multas y han sido amenazados con represalias si volvían a hablar con la prensa.

“Las autoridades intentan que nos convirtamos en sinónimo de problemas para la población palestina”, afirma un periodista que ha pedido el anonimato.

“Nunca había visto a palestinos reacios a contar sus vivencias, eso fue lo que más me impactó”, afirma una periodista palestina, con treinta y cinco años de experiencia a sus espaldas y que trabaja para una importante cadena de televisión árabe. Tras dos años de ausencia, que pasó en otro país de la región, regresó a Cisjordania en diciembre de 2025.

Según ella, el poder absoluto de los colonos, respaldados por el ejército y seguros de su impunidad, hace que el trabajo de periodista sea especialmente peligroso. “No recuerdo haber tenido nunca la sensación de que mi vida dependiera de un solo gesto, de un solo colono que puede disparar en cualquier momento y que sabe que, haga lo que haga, tiene la ley de su parte.”

* Se ha modificado el nombre de pila a petición propia para preservar su anonimato y protegerla de posibles represalias por parte de las autoridades israelíes.

Traducción de Miguel López

La prefectura de Gironda ha ordenado “la evacuación progresiva de toda la península de la bahía de Arcachon, pueblo a pueblo, desde Claouey hasta la punta de Cap-Ferret”, en un comunicado difundido el viernes 24 de julio, hacia las 8 de la mañana. El esfuerzo de los bomberos no ha logrado contener el incendio, que desde el miércoles ha arrasado más de 10.000 hectáreas y ha provocado la evacuación de más de 40.000 personas.

En el municipio de Lège-Cap-Ferret, el cielo ha adquirido el tono ocre de los grandes incendios. El sol no es más que una bola rojiza. El jueves, una excavadora araña el suelo arenoso y abre un contrafuego al pie de los pinares. Una veintena de bomberos mojan los árboles, desde las copas hasta las raíces. Esa será su efímera línea de frente: una franja de tierra empapada de unos cien metros, en el límite de la urbanización de Les Chanterelles, al noroeste de la ciudad.

Una columna de humo negro anuncia que el incendio está muy cerca. El fuego ruge, impulsado por los vientos cambiantes. “Viene directo hacia nosotros”, advierte un bombero. Según el último balance de la prefectura, hay 800 bomberos movilizados en esta zona tan turística de Gironda. En el departamento vecino de las Landas, han ardido unas 2.500 hectáreas y se ha evacuado a más de 25.000 personas.

En Les Chanterelles, los pinos se incendian uno a uno como cerillas. Todo el bosque arde a pocos pasos de las viviendas. Pero los bomberos con las mangueras aguantan el tipo.

El aire está saturado de gases irrespirables. Pronto entra en acción la segunda línea: una multitud de hombres vestidos de rojo trabaja entre las furgonetas aparcadas en el callejón, antes de desaparecer entre el humo, mientras van llegando más vehículos para salvar lo que se pueda. Han acudido desde toda la zona suroeste y más allá: de los Pirineos Orientales, de Charente-Maritime, de Loira-Atlántico e incluso de la región parisina.

Pero el viento les lleva ventaja. Las chispas han sobrepasado a los camiones-cisterna que bordean todo el barrio.

Las aproximadamente quince casas que forman esta punta avanzada del municipio de Lège-Cap-Ferret se ven alcanzadas por las llamas. Un seto aquí; una caseta allá. A lo lejos se oyen botellas de gas explotar.

Tras media hora infernal, llega la tregua. “Menos mal que habéis vuelto, porque no habríamos aguantado”, le dice un voluntario de la zona a uno de sus compañeros. El fuego se ha detenido en seco, a unos treinta metros de las viviendas.

Muchos de los que están aquí vivieron el gigantesco incendio del verano de 2022, cuando quedaron reducidas a cenizas más de 30.000 hectáreas. “Luché contra el de Landiras: los retrovisores del camión se derritieron, la junta de mi casco se derritió”, recuerda un bombero.

Entonces, ¿podemos comparar ese infierno con el fuego que amenaza a Lège-Cap-Ferret? “Ahora mismo es complicado detenerlo porque no para de saltar”, confiesa el bombero voluntario. “El problema es que aquí hay muchas parcelas boscosas”.

Toda la ciudad está rodeada de bosques. Y, por todas partes, la sequía ha preparado el terreno para el incendio. El suelo está cubierto de hojas secas, como en pleno otoño.

Negruzco y humeante, el pinar está ahora irreconocible. Los gritos de los bomberos, enzarzados en una carrera contra las llamas, han sustituido al canto de las cigarras. Las aves rapaces, desorientadas, siguen volando en círculos entre la niebla.

El incendio ya ha pasado, pero todo acaba de empezar. Aún hay que apagar las columnas de humo, pero ya empieza a escasear el agua. “Ahí hay una piscina”, señala Édouard, tapando nariz y boca con un paño de cocina. Junto a otros tres vecinos, ha decidido echar una mano a los equipos de rescate.

La mayoría de las casas del barrio fueron evacuadas la noche anterior. “Los bomberos pasaron una primera vez para decirnos que preparáramos nuestras cosas, y luego nos fuimos hacia las 2:30 de la madrugada”, cuenta David, cuya familia se ha ido a casa de los suegros. Después mojó las paredes de lu casa como ha podido para frenar las llamas.

Durante todo el día, los vecinos evacuados han intentado mantenerse lo más cerca posible, esperando a que las autoridades les dieran permiso para volver a sus casas. Es el caso de Mattéo y Naomie, una pareja de veintitantos años. “¿Podremos ir a dormir a casa? ¿Podremos siquiera dormir?”, se pregunta entonces la joven, mientras los aviones Dash y Air Tractor lanzan agua y retardante para contener las llamas. “Ya de por sí, esta noche ha sido complicada… “

Y cuanto más avanzaba el día, más complicado parecía su regreso. A última hora de la tarde, el incendio se había extendido hacia el norte y el este.

Según un balance de la prefectura, al menos seis viviendas han sido devoradas por las llamas. En una de ellas, un bombero resultó herido por la explosión de una bombona de gas. “La situación no es favorable”, estimaba hacia las 18:00 horas el alcalde de Lège-Cap-Ferret, Philippe de Gonneville, durante una rueda de prensa. Y advertía: “La situación puede cambiar rápidamente.”

Las calles se van vaciando a medida que un espeso humo negro invade la ciudad. Al caer la noche, solo unas pocas luces delatan la presencia de vecinos que permanecen confinados en sus casas. Mientras el campanario de la iglesia da las 10 de la noche, Lège-Cap-Ferret parece sumida en una noche de angustia.

En la carretera D106, al este, unos cincuenta vecinos del pueblo vecino, Arès, se enfrentan a un horizonte en llamas. Las furgonetas de los bomberos salen del pinar a toda velocidad. “Podéis quedaros ahí por ahora”, ordena un socorrista con casco, entre los ánimos de la multitud. “Pero si el viento cambia de dirección, id rápidamente a refugiaros. Esto puede ir muy muy rápido.”

Serge observa la escena, contrariado. “Pensábamos que se iba a calmar, pero está empeorando…” Tras diecisiete años a orillas de la bahía de Arcachon, este jubilado ve cómo los veranos se suceden y se parecen entre sí: “Hace tanto calor que basta un pequeño destello para que todo se incendie”.

En 2022, durante los grandes incendios que arrasaron la Gironda, se logró detener las llamas a unos veinte metros de allí, junto a la D106. Cuatro años después, la vegetación apenas empezaba a renacer de sus cenizas.

Traducción de Miguel López

”Falso”, “escandaloso”, exclamó el primer ministro Sébastien Lecornu el 30 de junio en la Asamblea Nacional. Respondía así a la líder de los Ecologistas, Cyrielle Chatelain, quien había mencionado la cifra de 10.000 fallecidos a causa de la ola de calor que azotó Francia en el mes de junio. Desde entonces, las cifras se van conociendo poco a poco y muestran que, a la larga, no estaremos lejos de esa cifra, o incluso la superaremos.

La agencia Santé publique France acaba de comunicar este miércoles un balance de “5.764 muertes de más por todas las causas”, durante el periodo comprendido entre el 17 de junio y el 2 de julio de 2026. Estos datos aún no están del todo “consolidados”, pero “el cálculo es bastante fiable”, según el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, ya se sabe que estos primeros datos solo representan una parte de las muertes causadas por la ola de calor.

Aunque en este momento se han registrado más de 5.000 fallecimientos, a medida que se realice un análisis más preciso de las causas de las demás muertes ocurridas durante ese periodo, se irán sumando más. Por ejemplo, en el verano de 2025, que fue el tercero más caluroso desde 1900, Santé publique France registró 1.000 muertes de más, pero la agencia estima que “más de 5.700 fallecimientos son atribuibles a la exposición de la población al calor”.

Una cosa es segura, según Kévin Jean, epidemiólogo de la Escuela Nacional Superior y especialista en los vínculos entre salud, medio ambiente y clima: “Esta ola de calor de junio ha sido un fenómeno excepcional, todo el mundo se ha dado cuenta. Las cifras permiten medir su magnitud y reconocer que ha habido víctimas. Si otra catástrofe natural hubiera causado más de 5.000 fallecimientos, se habría guardado un minuto de silencio o se habría declarado luto nacional”.

Por otra parte, dado que las olas de calor vienen una tras otra, también tienen efectos acumulativos que “debilitan a las personas que ya están enfermas, especialmente a los enfermos crónicos”, explica Kévin Jean.

El aumento de muertes es especialmente acusado en las viviendas (ver el gráfico a continuación), mucho más que en los centros sanitarios. Las residencias de ancianos parecen haber logrado proteger a sus residentes. “Como mínimo, el 70 % de la mortalidad durante las olas de calor podría atribuirse a la exposición al calor en las viviendas”, estima Basile Chaix, epidemiólogo del Inserm y especialista en los efectos del medio ambiente sobre la salud. “Esto explica la magnitud de la mortalidad a pesar de los esfuerzos de reverdecimiento en las ciudades, la apertura de salas climatizadas, etc. Es un aspecto sobre el que tenemos menos control y que es desigual en todos los sentidos: el aislamiento o la orientación de la vivienda, la capacidad de equiparse para protegerse de los rayos del sol, la presencia de aire acondicionado…”

La región más afectada es Isla de Francia (+81,2 % de fallecimientos), por delante de Centro-Valle del Loira (+62,6 %) y País del Loira (+55,2 %). Y es que París y sus alrededores constituyen una inmensa isla de calor urbano, subraya de nuevo Basile Chaix: “Un estudio publicado en The Lancet comparó los efectos del calor sobre la mortalidad en 854 ciudades de 30 países. París es la ciudad donde estos efectos son más importantes. En los momentos de mayor calor, en París hay 8 °C más.”

Otro dato llamativo: se ha registrado un exceso de muertes en todos los grupos de edad, a partir de los 15 años. Es del 29,6 % entre los 15 y los 44 años, y llega incluso al 55,4 % entre los 45 y los 64 años. Este aumento es, sorprendentemente, menos acusado entre los mayores de 75 años (+33,3 %). Pero en cifras absolutas, se han registrado 3.719 muertes adicionales entre los mayores de 75 años, lo que supone dos tercios del balance provisional total de fallecidos por la ola de calor de junio.

Para Kévin Jean, este episodio ha puesto de manifiesto “la falta de adaptación de los edificios al calor, en particular de los hospitales y los centros educativos. Al igual que durante la pandemia del covid-19, se cerraron colegios y se vieron afectados los exámenes. Nos damos cuenta de que incluso los jóvenes son vulnerables”.

En términos más generales, el epidemiólogo considera “indecentes” los mensajes de salud pública difundidos por el Gobierno: “Prácticamente el único mensaje era ‘Hidrátense’. En la comunidad científica, también nos escandalizaron las declaraciones de Emmanuel Macron, que defendió ‘el gran trabajo’ del Gobierno en materia de adaptación”.

Las personas aisladas en sus hogares han sido las más afectadas. Kévin Jean lamenta la insuficiente comunicación por parte de las autoridades: “Habría sido necesario hacer ingeniería social: trabajar en eslóganes y campañas que animaran de verdad a preguntar por los vecinos.”

Santé publique France tiene esas competencias en materia de “promoción de la salud”, para transmitir los mensajes adecuados a través de los canales adecuados a las personas adecuadas. Sin embargo, la agencia está en proceso de desmantelamiento y el Gobierno quiere precisamente privarla de sus funciones de comunicación. En junio, incluso se le impidió poner en marcha su campaña de prevención ante las olas de calor.

Traducción de Miguel López

El texto ha sido aprobado in extremis. Francia se convertirá en el primer país europeo, y el segundo del mundo después de Australia, en prohibir las redes sociales a una parte de los menores. El 21 de julio, último día de sesión antes de las vacaciones parlamentarias, el Senado y, posteriormente, la Asamblea Nacional aprobaron definitivamente el proyecto de ley denominado “mayoría digital”, que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a TikTok, Instagram o X.

Se ha conseguido satisfacer justo a tiempo a Emmanuel Macron, quien en enero había fijado un calendario muy ajustado, con la intención de que la medida se aplicara a partir del 1 de septiembre para los nuevos usuarios de las plataformas, aplazándose el plazo hasta el 1 de enero de 2027 para quienes ya estuvieran registrados. El texto, que también prevé la prohibición de los teléfonos móviles en el instituto a partir del próximo curso, se limita a enunciar la norma, pero no prevé ninguna sanción.

“Francia marca el camino en Europa”, dijo toda ufana la ministra delegada de Digitalización, Anne Le Hénanff, en el hemiciclo del Senado, poco antes de la aprobación del texto. Según ella, este “concretiza una idea firme y una evidencia que hoy se impone plenamente a todos […] : debemos actuar sin demora para proteger a nuestros hijos”. La ministra dijo que guardaba  “un pensamiento especial” para las familias “que se han visto destrozadas” por las redes sociales, en alusión a los suicidios de adolescentes cuyo malestar, según sus padres, se vio alimentado por las plataformas.

El Senado aprobó la propuesta de ley con 243 votos a favor y solo 2 en contra. En la Asamblea, los parlamentarios la aprobaron con 279 votos a favor y 81 en contra: La Francia Insumisa votó en contra y el Partido Socialista se abstuvo. El texto prevé excepciones a la prohibición de las redes sociales para las “enciclopedias en línea” y los “proyectos digitales con fines educativos”.

“Es un gran avance. Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, se congratuló Emmanuel Macron en un vídeo publicado en Instagram y X poco después de la aprobación.

La incertidumbre era mínima desde el día anterior, tras el resultado positivo, en apenas dos horas, de la comisión mixta paritaria (CMP), encargada de alcanzar un acuerdo entre diputados y senadores. Esta votación pone fin a seis meses de acalorados debates entre las dos cámaras sobre la mejor manera de “proteger a los menores de los riesgos a los que les expone el uso de las redes sociales”, por retomar el título de la propuesta de ley.

Los parlamentarios se mostraban divididos principalmente en torno a la cuestión de si establecer o no una lista que prohibiera expresamente determinados sitios web y aplicaciones, y que sometiera el uso de las demás redes a la autorización parental. Esa era la posición que mantuvieron contra viento y marea tanto el Senado como la ponente del texto en esa cámara, la centrista Catherine Morin-Desailly.

Esta se basaba, en particular, en un dictamen emitido a mediados de enero por el Consejo de Estado, en el que se consideraba que la prohibición total de todas las redes planteaba riesgos de inconstitucionalidad debido a la desproporcionalidad de la medida.

Por su parte, en la Asamblea, la ponente macronista Laure Miller, que había negociado cada coma del texto con el Gobierno, defendía la versión más amplia de la prohibición general. Y es que la Comisión Europea estaba muy atenta, al considerar que cualquier mención más precisa significaría imponer nuevas obligaciones a las plataformas, lo cual es ilegal, ya que dichas obligaciones están definidas por una directiva europea para toda la Unión Europea (UE).

En un firme “dictamen exhaustivo”, acompañado de varias observaciones, la Comisión reiteró su posición el 7 de julio. El ejecutivo europeo recordaba la importancia de “reducir al mínimo la fragmentación de los sistemas nacionales, que podría generar inseguridad jurídica o debilitar la aplicación de las normas”.

En este caso, consideró que el establecimiento de un sistema de dos velocidades conllevaría nuevas “obligaciones en materia de verificación de la edad y de consentimiento parental”. Algo que preocupa enormemente al ejecutivo, ya que el gabinete de Anne Le Hénanff no oculta su convicción de que elaborar una lista infringiría el Derecho europeo.

Mantener este principio “habría requerido nuevas idas y venidas, ya que la definición de los criterios de designación corría el riesgo de chocar con el Derecho europeo”, reconoció ante Contexte Laurent Lafon, presidente centrista de la Comisión de Cultura del Senado.

La CMP también permitió eliminar del texto toda mención a la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), ya que suponía “una duplicación” con el Reglamento sobre los servicios digitales (DSA) adoptado por la Comisión Europea, tal y como se señalaba en el dictamen exhaustivo.

Oportunamente, tal y como reveló Contexte, el presidente del Consejo de Estado, Marc Guillaume, que asumió el cargo en mayo, se ha tomado la libertad de enviar una carta a los parlamentarios en la que modifica la postura de su institución, al considerar ahora que “el sistema de clasificación de las redes sociales mediante listas” podría “enfrentarse a dificultades de aplicación a la hora de identificar criterios que no se consideren contrarios a la normativa europea”.

Antes de la votación en el Senado, Catherine Morin-Desailly volvió a dar a entender su preferencia por la lista, pero aceptó sumarse a la postura del Gobierno, pero recordando desde la tribuna el riesgo “de incumplimiento de la Constitución, señalado en dos ocasiones por el Consejo de Estado, a pesar de lo que hoy parece decir su nuevo vicepresidente”.

“Todo se decidió entre bastidores: el Senado ha dado marcha atrás porque el Gobierno prometió a Catherine Morin-Desailly que su propio texto se examinaría en otoño”, comenta un miembro de la CMP. En efecto, la senadora había presentado una propuesta de ley similar, sobre la exposición de los niños a las pantallas, aprobada en primera lectura en el Senado en diciembre. Una vez eliminada la parte relativa a la prohibición de las redes sociales, podría examinarse próximamente.

Persisten las dudas en otros ámbitos. Por parte de La Francia Insumisa (LFI), el diputado Louis Boyard sigue dudando de la constitucionalidad de la solución elegida y le preocupa el “fin del anonimato en Internet” que esta provocaría. Y es que la prohibición requiere la implantación de sistemas seguros de verificación de la edad, que no son fáciles de poner en marcha.

Poco antes de la votación, Anne le Hénanff aseguró ante la Asociación de la Prensa Ministerial que “las herramientas de verificación de la edad existen”, citando a France Identité, Docaposte (una filial de La Poste) y diversas soluciones privadas; las plataformas deberán ofrecer al menos dos soluciones distintas.

La ministra recordó que ya se utilizan mecanismos de verificación para limitar el acceso de los menores a los sitios web pornográficos. Sin embargo, no explicó cómo todas las redes sociales podrían implementar estas soluciones en unas pocas semanas para todos los usuarios de Francia.

“Todavía hay mucha vaguedad en cuanto a las modalidades de control de edad”, lamenta ante Mediapart el diputado socialista Arthur Delaporte, quien presidió en 2025 los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria sobre los efectos psicológicos de TikTok. “Quizá las plataformas más grandes cuenten con ingenieros para aplicar las nuevas disposiciones de aquí a principios de septiembre, pero nunca será el caso para todos los sitios afectados”, explica. “El Gobierno asegura que será flexible en estos casos concretos, pero no lo veo indicado en ninguna parte de la ley.”

El diputado lamenta, además, que no estén contempladas en la ley las funcionalidades similares a las de las redes sociales de WhatsApp (con las pestañas “Actualidad”, que pueden actuar como canales de contenido) o los comentarios de YouTube.

En definitiva, ¿cuáles serán las consecuencias concretas del texto ya aprobado, que aún debe ser examinado por el Consejo Constitucional? Serán mínimas, si damos crédito a la Comisión de Cultura del Senado, que, en un comunicado del 20 de julio, le atribuye “un alcance normativo limitado”.”La propuesta de ley, con la redacción aprobada hoy, constituye esencialmente un elemento simbólico más y un acicate para que la Comisión Europea lleve a buen término la labor que ha emprendido”, asegura el comunicado.

De hecho, Bruselas está trabajando intensamente en el tema, pero sin sumarse a las posiciones de Emmanuel Macron. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, considera ahora que es necesario establecer un acceso “progresivo y gradual” de los niños y adolescentes a las plataformas.

Sin embargo, el 13 de julio, el comité de expertos al que había encargado elaborar propuestas sobre el tema se limitó a sugerir la prohibición de las redes sociales y otros servicios en línea —incluidos los servicios de inteligencia artificial generativa— para los menores de 13 años.

Tal y como ya prevén las normas europeas —aunque no se apliquen—, los expertos también han pedido que se obligue a las plataformas a eliminar sus funciones más adictivas, como el desplazamiento vertical (scroll) infinito. El 10 de julio, la Comisión inició los procedimientos para obligar a Meta, propietaria de Instagram, Meta (antes Facebook) y WhatsApp, a cumplir esta norma, tal y como hizo en enero con TikTok.

Traducción de Miguel López

A pesar del monzón que azota Nueva Delhi, cientos de jóvenes indios e indias ocupan Jantar Mantar, lugar emblemático de las manifestaciones políticas de la capital, famoso por su observatorio astronómico del siglo XVIII. Esta sentada pacífica se prolonga sin interrupción desde el 20 de junio. “En total, cerca de 200.000 personas se han unido a nosotros aquí”, afirma a Mediapart Saurav Das, portavoz del Partido Popular de las Cucarachas. “¡Es una cifra enorme para un movimiento que nació hace solo dos meses!”

Bajo lonas de plástico, los jóvenes indios exigen en sus pancartas la dimisión de Dharmendra Pradhan, ministro de Educación, al que consideran responsable del fiasco de la filtración de los temas de examen y, posteriormente, de la anulación del examen de acceso a la carrera de Medicina de 2026, para el que se habían preparado más de dos millones de candidatos. A pesar de un crecimiento del 6 %, la India no crea suficientes puestos de trabajo para sus 600 millones de habitantes menores de 25 años.

Los repetidos escándalos de este tipo, relacionados con la corrupción, frustran las esperanzas de quienes buscan un empleo formal. Algunos llegan incluso al suicidio. El último movimiento estudiantil, contra una reforma de la ciudadanía criticada por su islamofobia, había llegado a su fin con el covid-19 y la detención de sus líderes, algunos de los cuales siguen pudriéndose en la cárcel. Aunque estamos lejos de las multitudes de 2020, salir a la calle requiere cada vez más valor en la India.

Hasta ahora, el Gobierno no ha reprimido brutalmente a las “cucarachas”, pero tampoco ha accedido a sus demandas. Se ha instalado una especie de guerra fría entre el movimiento contestatario y las autoridades, que los manifestantes esperan romper marchando hacia el Parlamento el lunes 20 de julio.

El padre involuntario del Partido Popular de las Cucarachas es el máximo magistrado del país. Durante una vista celebrada el 15 de mayo, Surya Kant, presidente del Tribunal Supremo, arremetió contra “esos jóvenes que, como las cucarachas, no encuentran trabajo […] y atacan a todo el mundo”. Tres días después de la anulación de las pruebas de acceso a la carrera de Medicina, sus declaraciones causan impacto.

Con el objetivo de darle la vuelta al estigma, Abhijeet Dipke, un estudiante indio en Estados Unidos, fundó en la red social X el Partido Popular de las Cucarachas (Cockroach Janta Party, CJP), cuyo nombre es una burla al Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP) de Narendra Modi, el líder hindú de la derecha radical en el poder desde 2014.

La broma, que podría haberse quedado ahí, se vuelve viral. La cuenta de X es bloqueada brevemente por el Gobierno, pero la de Instagram sigue creciendo. Hoy cuenta con más de 21 millones de seguidores, más del doble que la cuenta del BJP, a pesar de que este cuenta con equipos digitales muy experimentados.

“¿Cuántos partidos bien financiados y con gran presencia mediática darían lo que fuera por tener la visibilidad que ha conseguido este grupo satírico?”, se pregunta Sudhanshu Kaushik, autor de The Future Is Ours: The Political Promise of India’s Youth (El futuro es nuestro: la promesa política de la juventud india, edit. Harper Collins, 2023).

De inmediato, el CJP ya no se conforma con exigir la dimisión del ministro de Educación y formula un manifiesto contra el amiguismo político-judicial, el fraude electoral, la concentración de los medios de comunicación y los tránsfugas políticos. “Llamamientos llegados de todos los ámbitos nos pedían que hiciéramos algo más que sátira, que pasáramos a la acción”, cuenta Saurav Das, periodista y activista, para quien el movimiento se ha convertido en “la plataforma para un cambio real”.

El 6 de junio, cuando Abhijeet Dipke, fundador del movimiento desde Estados Unidos, aterrizó en Nueva Delhi para la primera manifestación del CJP, la policía le dejo pasar. “El Gobierno está paralizado, porque sabe que existe un profundo malestar en el país, sobre todo entre los jóvenes”, afirma Saurav Das. “No puede expulsarnos, porque eso nos daría más credibilidad ante la opinión pública, y se limita a esperar. Pero nosotros, los jóvenes, nos quedaremos para cambiar este sistema corrupto”.

Recientemente, una ola de revueltas impulsadas por la juventud ha derrocado a tres gobiernos en las fronteras de la India. En 2022, el presidente Gotabaya Rajapaksa fue derrocado en Sri Lanka, antes de que la ex primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina, corriera la misma suerte en 2024 (a costa de cientos de muertes de estudiantes) y de que la juventud de Nepal incendiara su Parlamento en 2025.

En estos tres países, la represión de los gobernantes no ha hecho más que avivar la indignación. Nueva Delhi ha seguido esos disturbios con inquietud y quiere evitar que se repitan en su territorio. Por su parte, el Partido Popular de las Cucarachas retoma los códigos de estas revueltas denominadas de la “Generación Z” —humor, organización en redes, público joven y lucha contra la corrupción—, aunque no reivindique ser parte de ellas.

“La India es el país que ha unido la palabra ‘pacífica’ a la palabra ‘manifestación’. No hay ninguna posibilidad de violencia, como se ha podido ver en otros países con regímenes opresivos”, asegura Saurav Das. “El CJP es más hábil que los movimientos juveniles anteriores porque se moviliza en torno a cuestiones cercanas a la vida de la gente”, añade el ensayista Sudhanshu Kaushik.

El movimiento puede crecer o diluirse en función de acontecimientos imprevisibles, en un país que cuenta con 1.430 millones de habitantes, veintidós lenguas oficiales y numerosas comunidades con intereses divergentes. Aunque el CJP ha creado cuentas en las redes sociales para los veintiocho estados de este país federal, parecen poco activas. “Las manifestaciones se concentran por ahora en la capital, pero los participantes también proceden de ciudades medianas”, afirma Saurav Das, quien anuncia una futura “gira por la India”.

Algunos estudiantes, contactados por Mediapart, han oído hablar del CJP, pero no esperan que se produzca un gran cambio. “He visto sus reels en Instagram. Se necesitan reformas en la educación, pero sigue siendo un puñado de personas que no representan a la juventud”, afirma, por ejemplo, Abhinav Pandey, estudiante de la Universidad Hindú de Benarés, en Uttar Pradesh, el Estado más pobre y más poblado de la India, con 240 millones de habitantes. “Es demasiado pronto para saber si el movimiento puede ganar terreno aquí, pero considero que sus manifestaciones son legítimas”, opina Anjali Pandey, una joven trabajadora de Lucknow, capital de Uttar Pradesh.

La alianza entre las “cucarachas” y la sociedad civil o los partidos existentes forma parte de la ecuación de su futuro. Varias fuerzas de la oposición les han brindado apoyo con cautela. Algunos políticos acudieron a la concentración de Nueva Delhi, en particular los del AAP (Aam Aadmi Party, Partido del Hombre Corriente), un partido debilitado pero que se vio impulsado por una inmensa ola de manifestaciones contra la corrupción a partir de 2011. Pero muchos jóvenes indios muestran una gran desconfianza hacia los partidos.

Las “cucarachas” han recibido el apoyo de Sonam Wangchuk, profesor y figura destacada de la lucha por los derechos humanos en el Himalaya, admirado por muchos jóvenes. Recién salido de prisión, el 28 de junio inició una huelga de hambre en el recinto de Jantar Mantar para exigir la dimisión del ministro. Su estado físico se está deteriorando. “Tengo la sensación de que el Gobierno quiere que Sonam y el resto de personas en huelga de hambre se mueran”, denuncia Abhijeet Dipke.

El sábado 18 de julio, Sonam Wangchuk fue sacado a la fuerza de la manifestación por la policía de Nueva Delhi y trasladado a un hospital. “Una detención forzosa”, considera su esposa, que ha recurrido, en vano, al Tribunal Superior de Delhi para que lo pongan en libertad. En respuesta, Abhijeet Dipke ha anunciado que él también iniciará una huelga de hambre, y el Partido de las Cucarachas exige ahora la dimisión de Narendra Modi. La marcha del 20 de julio se perfila como una prueba tanto para las “cucarachas” como para el Gobierno.

Traducción de Miguel López

Desde hace años no ha dejado de apretarse y aflojarse el cerco judicial en torno a Andrew Tate, uno de los influencers masculinistas más tóxicos del planeta, para gran disgusto de las víctimas que lo acusan de violaciones y de trata de personas, en una vertiginosa vorágine jurídico-diplomática.

Esta vez, el sábado 18 de julio, este figura de la “machosfera” de 39 años, con doble nacionalidad estadounidense y británica, seguido por 11 millones de personas en la red social X y que vende a precio de oro sus consejos a seguidores alimentados con el odio hacia las mujeres, fue detenido en Miami, en Estados Unidos, junto a su hermano Tristan.

Esta detención, cuyas imágenes se filtraron de inmediato en la web de cotilleos TMZ, se llevó a cabo a petición del Reino Unido, que ya en 2024 había dictado una orden de detención internacional contra ellos por hechos cometidos en territorio británico.

En la actualidad, la Fiscalía británica solicita su extradición, en particular por “violaciones, complicidad en explotación sexual y delitos relacionados con imágenes indecentes de menores”, basándose en nuevas acusaciones relacionadas con actos presuntamente cometidos entre 2010 y 2017.

En un comunicado publicado el sábado, la Fiscalía británica dice que hay siete posibles víctimas. Aunque se protege su identidad, dos de ellas habrían trabajado para una empresa de cámaras web de Andrew Tate en 2015, mientras que otras dos habrían mantenido relaciones con él en 2013 y 2014.

Andrew Tate se enfrenta a un total de cuarenta y dos cargos, y su hermano a diecisiete, pero ambos se declaran inocentes. Al igual que de todo lo que se les imputa en todo el mundo. Para su abogado, que tiene previsto impugnar esta detención ante los tribunales y asegura que serán puestos en libertad próximamente, se trataría de una simple “maniobra política”.

La justicia británica ha tenido que recurrir a los US Marshals porque los hermanos Tate, que residieron durante años en Rumanía, donde habían establecido sus negocios, se fueron en 2025 de Bucarest escapando de las graves acusaciones presentadas contra ellos por la fiscalía rumana, para refugiarse en la tierra de Donald Trump.

Aunque los dos habían pasado tres meses detenidos en Rumanía en 2022, acusados, entre otras cosas, de haber obligado a mujeres a participar en su negocio pornográfico (entre ellas una menor), posteriormente fueron puestos en libertad bajo control judicial, con la prohibición de abandonar el territorio. Andrew Tate también está acusado allí de violación.

Pero un mes después de que Donald Trump se instalara en la Casa Blanca, se beneficiaron de una decisión inesperada de las autoridades rumanas, en febrero de 2025, que les permitió recuperar sus pasaportes.

Esta decisión se habría tomado bajo la presión del enviado especial del presidente estadounidense en Europa, Richard Grenell, según revelaciones detalladas de varios medios de comunicación estadounidenses, que han destacado las afinidades entre Andrew Tate y varias figuras del movimiento MAGA (Make America Great Again), como Tucker Carlson, llegando incluso a desvelar una videollamada entre Barron Trump, el hijo menor del presidente, y el influencer masculinista.

Aunque Bucarest ha negado públicamente esta presión por parte de las autoridades estadounidenses, un medio de comunicación rumano ha informado de que el ministro de Asuntos Exteriores del país sí había confirmado haber mantenido una conversación sobre el caso de Tate con Richard Grenell, con motivo de una conferencia sobre seguridad celebrada en Alemania.

“Estados Unidos no debería intervenir en función de los caprichos y las preferencias políticas de Elon Musk y del dinero que Tate le reporta en X”, había declarado, como reacción, el abogado inglés de varias víctimas, sabiendo que el multimillonario seguía siendo asesor de Donald Trump en aquel momento.

Expulsado de Instagram y TikTok por sus comentarios misóginos, el influencer había sido readmitido en X tras la adquisición de la plataforma por parte de Elon Musk. Ahora promueve ahí más que nunca sus teorías masculinistas, popularizando un lenguaje en clave (“la matriz” en la que, según él, los hombres se habrían dejado encerrar por las feministas), haciendo alarde de puros y coches de lujo, además de mensajes homófobos y racistas.

Desde su llegada a Florida, los dos influencers vivían tranquilamente en Miami, donde Andrew Tate, exprofesional del kickboxing, tenía previsto presentar, la misma noche de su detención, un evento de boxeo. Además de un viaje a Dubái, los hermanos también estuvieron en Rusia a principios de junio, donde las autoridades les tendieron la alfombra roja con motivo del “Davos ruso”. Se grabaron frente al Kremlin para sus millones de seguidores, pero también con uniformes militares rusos, sobre tanques o en una trinchera, lanzando granadas —para gran satisfacción de los propagandistas de Vladímir Putin, sin duda alguna.

En el Reino Unido, entre los procesos que amenazan a los hermanos Tate, se encuentra un caso reabierto en marzo de 2026, por presuntos delitos de violación y agresión sexual cometidos contra tres mujeres entre 2014 y 2015. Archivado inicialmente en 2019, el caso se ha reabierto desde cero después de que el organismo británico encargado de la ética policial indicara que un antiguo investigador podría ser objeto de un procedimiento por falta grave debido a posibles “incumplimientos”.

“Nos comprometemos a […] velar por que las denuncias de tal gravedad sean objeto de una investigación rigurosa, exhaustiva y minuciosa, independientemente de la fecha a la que se remonten”, ha señalado la policía de Hertfordshire en un comunicado.

Además, los dos hermanos están acusados de fraude fiscal y blanqueo de capitales en el Reino Unido, donde la policía ya ha recibido autorización para embargarles más de 2,5 millones de euros, tras una resolución judicial de diciembre de 2024. Las fuerzas del orden han señalado que no pagaron ningún impuesto sobre los 25 millones de euros de ingresos que obtuvieron entre 2014 y 2022 por sus actividades en Internet. Según Andrew Tate, si se había instalado en Rumanía era porque le gustaba “el hecho de que allí la corrupción sea accesible para todos”.

Traducción de Miguel López

A veces, es precisamente en lo insignificante donde se esconden las lecciones más importantes. En medio de la indiferencia general, el presidente Macron publicó el viernes 10 de julio la carta de una “misión sobre el futuro del modelo social francés” encomendada a cuatro “expertos”.

Nadie le ha pedido nada. Se trata de una decisión personal de un presidente que ya no cuenta ni con mayoría parlamentaria ni con apoyo popular. Pero es una decisión que no es neutra y que dice mucho de su concepción de la democracia.

Tradicionalmente, los presidentes que han quedado inelegibles al agotar sus mandatos se muestran discretos durante la campaña presidencial. François Mitterrand en 1995 o Jacques Chirac en 2007 apenas participaron activamente en los debates electorales y prefirieron cuidar, mediante actitudes de sabiduría, su imagen para la posteridad.

Esta carta por encargo viene a confirmar lo que ya se sospechaba: Emmanuel Macron pretende desempeñar un papel directo en esta campaña y con un objetivo claro, que encarna la única coherencia de sus diez años de mandato: la destrucción del Estado del bienestar.

De hecho, el informe deberá entregarse “de aquí a finales de año” y versará, en particular, sobre la financiación del sistema de pensiones, un tema que, tres años después de la última reforma, ya ocupa un lugar central en los proyectos propuestos por los candidatos, tanto los que ya se han presentado oficialmente como los que aún no lo han hecho.

En diciembre de 2026 dará comienzo la campaña para las elecciones presidenciales: para entonces se conocerán las principales candidaturas y los proyectos de cada uno y cada una estarán en fase de finalización. Por lo tanto, la publicación de un informe de este tipo en ese momento no es neutra.

Al contrario, Macron pretende, con este documento que él presenta como una “elaboración de expertos”, definir “escenarios” capaces de describir lo que es posible y lo que no lo es. En otras palabras, su objetivo es marcar, mediante una aparente racionalidad, el debate público.

Pero hay un vicio oculto en este bonito edificio: este marco de teoría científica es producto de la ideología del presidente saliente.

La economía no es una ciencia exacta, ni siquiera una ciencia humana, sino una disciplina política en gran medida descriptiva. Su previsibilidad es, por tanto, perfecta porque su discurso es circular: la ideología de los expertos garantiza la publicación de un informe a medida para justificar la ideología de quienes los han nombrado.

La carta por encargo es una pequeña joya de esta tautología ideológica: el objetivo de la misión es “esclarecer el debate público” sobre “el equilibrio que hay que encontrar entre la preservación de nuestra competitividad, el refuerzo del poder adquisitivo derivado del trabajo y la financiación de las necesidades de nuestro sistema de protección social”. En este sentido, el texto excluye de entrada cualquier reflexión ambiciosa al subordinar las necesidades sociales a las del capital.

Presenta la financiación del Estado social como un parásito de la vida económica, que actúa como un depredador de los beneficios y de los ingresos del trabajo. Y, con ello, opone el interés del ciudadano al del consumidor. En resumen, plantea la destrucción del Estado social como una condición para el buen funcionamiento de la economía francesa.

Los cuatro expertos que deberán avalar esta ideología tienen el perfil ideal para esta tarea. El economista Hippolyte d’Albis es miembro del Círculo de Economistas, el club del pensamiento neoliberal francés. Le acompañará la también economista Alexandra Roulet, exasesora de Emmanuel Macron y de (la exprimera ministra) Élisabeth Borne desde junio de 2022 hasta septiembre de 2023, es decir, precisamente en el momento del debate sobre la última reforma de las pensiones.

Alexandra Roulet trabajaba, sin duda, codo con codo con Marianne Kermoal-Berthomé, también asesora de Élisabeth Borne en esa misma época. Por último, Pierre Ricordeau representará a la Caja de Amortización de la Deuda Social (Cades), que preside, y cuya función principal es adaptar el modelo social francés a los deseos de los mercados financieros.

Este cuarteto, formado sin duda por mentes brillantes, es también la garantía de que las soluciones se mantendrán dentro de un marco muy aceptable para el Elíseo y, en términos más generales, para los capitalistas franceses. Las soluciones propuestas serán, por tanto, las de una clase cuyos intereses representa Macron desde 2017.

Y es que, al intentar “esclarecer el debate”” de esta forma sesgada, el presidente de la República confirma tanto el núcleo de su acción política como su concepción de la democracia. Desde su llegada al poder, se ha empeñado en defender los intereses del capital desmantelando las protecciones sociales.

Ya en otoño de 2017, las ordenanzas de Macron completaron las reformas del mercado laboral del mandato de Hollande. Con los presupuestos de 2018 se puso en marcha una importante reforma fiscal, que reducía al 30 % la tributación sobre el capital, mientras que el impuesto sobre los ingresos del trabajo puede llegar hasta el 45 %.

Esto vino acompañado de una presión creciente sobre el sistema social. Además de la austeridad en el ámbito de la sanidad, se suprimieron las cotizaciones por enfermedad y desempleo de los trabajadores por cuenta ajena en nombre del “poder adquisitivo”, pero, al hacerlo, la financiación de la Seguridad Social depende ahora exclusivamente del Estado y de las empresas, lo que, bajo el mandato de Emmanuel Macron, representa las dos caras de un mismo poder.

No es de extrañar, pues, que el seguro de desempleo haya sufrido, a partir de 2021, una larga serie de reformas destinadas a reducir los derechos de los desempleados. Paralelamente, la austeridad regresaba al sector sanitario tras la pandemia del covid-19.

Luego llegó el momento de las reformas de las pensiones. Emmanuel Macron impuso dos. La primera, la “pensión por puntos”, que permitía ajustar los ingresos de los jubilados al equilibrio del sistema, fue abandonada durante la crisis sanitaria. Pero, tres años después, Emmanuel Macron volvió a la carga e impuso una reforma paramétrica que retrasaba la edad legal de jubilación a los 64 años.

Todas esas políticas pueden ocultarse tras buenas intenciones y la voluntad declarada de “salvaguardar nuestro modelo social”. Pero, en realidad, se trata de generar margen de maniobra para apoyar al capital mediante recortes de impuestos a las empresas, que han continuado al mismo tiempo que se han ido desarrollando diversas ayudas estatales al capital.

Así, la destrucción del Estado social por parte de Macron es el reflejo del desarrollo del “Estado-capital”, encargado de garantizar la tasa de beneficio.

El marco definido por la carta publicada el 9 de julio es la traducción literal de esta política y no tiene más objetivo que justificar la continuación, tras las elecciones presidenciales de 2027, de la política defendida durante diez años por Macron.

La ambición de la misión es, por tanto, clara: seguir identificando la política razonable y “científica” con la que defiende los intereses del capital. Y, al hacerlo, reducir el ámbito de la democracia, es decir, enmarcar la elección democrática dentro de esa atadura económica. Así se entiende perfectamente por qué era necesario disponer de ese informe para “esclarecer” la campaña presidencial.

Y es que, para Emmanuel Macron, la democracia nunca debe ser un obstáculo para su ideología económica. Sus dos lustros en el poder lo demuestran de forma contundente. Las manifestaciones contra las reformas que ha llevado a cabo fueron ignoradas con desprecio, al igual que las reservas de los parlamentarios.

Así lo demuestran las dos aprobaciones, mediante el artículo 49.3 de la Constitución, de las reformas de las pensiones. El uso de ese artículo en marzo de 2023 fue una bofetada para los cientos de miles de personas que se habían movilizado contra esa ley en toda Francia.

Pero el de 2020 es aún más revelador. El 29 de febrero de 2020, la covid-19 comienza a propagarse en Francia y ya ha causado numerosas víctimas mortales en Italia. Se convoca un Consejo de Ministros extraordinario, al término del cual el entonces primer ministro, Édouard Philippe, anuncia en la Asamblea el recurso al artículo 49.3 para la aprobación de la reforma de las pensiones. Un 49.3 de conveniencia, cuyo objetivo no era aprobar el texto (el Gobierno contaba entonces con una cómoda mayoría parlamentaria), sino acelerar el procedimiento para reducir los debates.

Ese es el concepto de democracia de los “centristas” estilo Emmanuel Macron: ningún obstáculo puede no solo impedir, sino ni siquiera frenar las políticas económicas que él ha elegido. E incluso cuando se ve obligado a tener en cuenta la calle, como ocurrió con la revuelta de los Chalecos Amarillos, nunca se plantea dar marcha atrás ni frenar el ritmo de destrucción del Estado del bienestar.

Emmanuel Macron ha cambiado a menudo de opinión, durante sus dos mandatos, sobre numerosos temas, pero nunca sobre el núcleo de su proyecto: el apoyo a la tasa de beneficios del capital francés mediante la represión social.

Incluso cuando, como ocurre desde 2024, ya no cuenta con mayoría parlamentaria ni con mucho margen de maniobra, Macron se esfuerza, mediante el nombramiento de primeros ministros afines a su ideología, por consagrar y afianzar esta política. Sean cuales sean las circunstancias.

Así, el Gobierno de Lecornu ya ha congelado este año, cerca de 11.000 millones de euros en créditos, sobre todo en la Seguridad Social. Estas medidas se aplican sin pasar por el Parlamento, gracias a decretos adoptados con total autonomía. En cuanto al presupuesto de 2027, que sin duda se revisará tras las elecciones, también promete una austeridad severa en lo social.

Según el “extracto” revelado el jueves 16 de julio por Politico, es decir, según la primera fase del proceso legislativo de la ley de presupuestos, solo aumentarán en volumen los créditos destinados a Defensa, mientras que los presupuestos de Empleo y de la Seguridad Social se reducirán. Una vez más, el Gobierno nombrado por Emmanuel Macron —que solo obtiene su legitimidad de él mismo— es el que lleva las riendas y marca la pauta.

Para el presidente de la República, ninguna derrota electoral, ni manifestación ni resultado desastroso, debe impedir que se imponga su política económica. Y es que, para él, el interés del capital que caracteriza esta política está por encima de todos los demás y, en particular, los de la sociedad.

Porque esta política económica que presenta en cada intervención como un “éxito” es un desastre para el país. Su promesa de reactivar el crecimiento se traduce en un crecimiento estructuralmente estancado por debajo del 1 %. El Gobierno de Lecornu incluso ha revisado a la baja la previsión para 2026, hasta situarla en solo el 0,7 %.

Cuando la política consiste en transferir recursos del sistema social al capital para generar un crecimiento prácticamente nulo, el efecto sobre la sociedad es desastroso.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que la tasa de pobreza, definida como el porcentaje de personas con un nivel de vida inferior al 60 % del nivel mediano, se mantenía aún en 2024 en su nivel más alto desde 1996: el 15,4 % de la población, lo que supone 9,8 millones de personas.

Paralelamente, las desigualdades sociales se encuentran en su punto álgido, lo que refleja de forma concreta estas transferencias del trabajo al capital, mientras que los salarios reales se mantienen por debajo de su nivel de 2021. Es cierto que el nivel de vida se recuperó en 2024, pero se debe en gran parte a lo que queda de las políticas de redistribución. Es decir, lo que se perseguirá con la continuación de la política iniciada en 2017.

Un verdadero debate democrático exigiría rendir cuentas de dicha política y exploraría los medios para salir de esa lógica, en la que un crecimiento de unas décimas se paga con la destrucción de la solidaridad y de las vidas concretas de millones de franceses.

Pero Macron prefiere moldear el debate y asegurarse el control de ciertas instituciones, como el Tribunal de Cuentas y el Banco de Francia, para enmarcar las futuras decisiones en una “racionalidad” que, cada vez más, adquiere tintes de absurdo.

En realidad, al hacer ese encargo, el presidente de la República demuestra que pretende bloquear el debate económico y perpetuar su política más allá de su propia presencia en el palacio presidencial. Pero no es el único.

Los economistas ortodoxos multiplican las advertencias sobre una posible “crisis de la deuda” que afectaría a Francia si nos atreviéramos a alejarnos de los límites de su razón, como ilustra la tribuna publicada el 15 de julio por Olivier Blanchard en Le Monde.

Si la extrema derecha llega al poder, encontrará a su disposición argumentos para continuar con esta política e intensificarla. Las maniobras de Macron demuestran que el ejercicio democrático no es más que un mal necesario para el capital. Por lo tanto, es cada vez más necesario vaciar la democracia de sentido para reducirla a la elección de quienes gestionan una política desastrosa y nefasta, pero que se pretende que sea indiscutible.

Detrás del papel de defensor de los valores democráticos con el que le gusta revestirse en el extranjero, Emmanuel Macron es, ante todo, el sepulturero de la democracia francesa.

Traducción de Miguel López

The Twelfth es una fiesta unionista que se celebra en casi toda Irlanda del Norte. La comunidad protestante organiza hogueras y desfiles militares y musicales cada 12 o 13 de julio. Se trata de un evento que, en teoría, pretende ser festivo y familiar, desde que han perdido intensidad los enfrentamientos con los católicos. Este año, las celebraciones se han visto especialmente perturbadas por la aparición, mientras el desfile aún estaba en marcha en Belfast, de pintadas misóginas en el escaparate de una tienda del barrio de Sandy Row.

En ellos se mencionaba el nombre de Gisèle Pelicot, a la que se calificaba de “zorra”, así como la frase Free Dominique (Liberad a Dominique), una referencia a su exmarido, condenado a veinte años de prisión en diciembre de 2024 por haber drogado y violado a su esposa durante casi diez años y por haber reclutado por Internet a decenas de desconocidos para que la violaran mientras estaba inconsciente. También se pintaron con spray mensajes racistas en los alrededores.

Esas pintadas, que ya han sido borradas, han sido condenadas por parte de la clase política de Irlanda del Norte, tal y como informa The Irish News. “No se trata de simples pintadas. Reflejan actitudes que siguen estando demasiado extendidas y que se banalizan con demasiada frecuencia”, afirmó la diputada laborista de Belfast Claire Hanna. “Cuando la misoginia se normaliza en el espacio público, envía un mensaje a las mujeres y a las niñas sobre lo que se tolera”, prosigue. “Cuando va acompañada de insultos racistas, se convierte en un intento de intimidación dirigido a sectores enteros de nuestra comunidad. No debemos minimizarlo ni mirar hacia otro lado.”

Por su parte, el concejal del Partido Verde, Brian Smyth, declaró en una publicación en las redes sociales: “Veo que el grupo local que pretende ‘proteger a nuestras mujeres y nuestras hijas’ ha recibido la visita de nazis franceses este fin de semana.”

La prensa local destaca que se avistó en Sandy Row a activistas de extrema derecha franceses “invitados a Belfast por lealistas” unas horas antes de que se descubrieran en el barrio pintadas misóginas dirigidas a Gisèle Pelicot. “Doza”, una cuenta de X dedicada a denunciar el racismo en Irlanda, ha publicado fotos de las pintadas indicando que, según un vecino, estas eran obra de “nazis franceses”.

Hay varios indicios que los incriminan. La pintura azul usada coincide con la de otras pintadas atribuidas a esos franceses. La forma y el contenido del mensaje misógino llaman la atención: el nombre “Gisèle” está escrito correctamente con acento grave, algo difícil de saber para los angloparlantes; el término salope, escrito en francés, suele ser desconocido para la mayoría de los angloparlantes (los periodistas norirlandeses que se hicieron eco del caso admitieron que tuvieron que buscar la traducción de este insulto, que sería zorra); por último, el nombre del exmarido de Gisèle Pelicot, Dominique, apenas ha traspasado las fronteras de Francia.

Según la información recabada por The Irish News, los activistas franceses de extrema derecha habían sido invitados a Belfast por lealistas del barrio de Shankill Road. Durante el fin de semana, una web de extrema derecha vinculada a este barrio describió al grupo de “veinte patriotas franceses” como “buena compañía”. La publicación también mostraba un mural local, realizado con toda probabilidad por los visitantes franceses, en el que se leía el lema No Surrender (Sin rendición).

El domingo, el grupo francés acudió a la hoguera de Sandy Row, donde fueron grabados entonando consignas fascistas, según vídeos visionados por The Irish News. Según la información recabada por Mediapart, se trata de identitarios procedentes de los grupúsculos Les Normaux (Ruán), Les Natifs (París) y Furie française (Toulouse).

En las redes sociales, los activistas de Ruán se identifican con la etiqueta “Expats 1066”. La fecha hace referencia a la partida de Guillermo el Conquistador desde Normandía para conquistar Inglaterra. Según nuestra información, los primeros “identitarios” franceses habrían llegado en avión la tarde del viernes 10 de julio y, al menos uno de ellos, tenía previsto regresar el miércoles 15.

Durante el fin de semana, se lo pasaron en grande con la gente del lugar. Se les ve subir a una hoguera, una torre construida con palés en la que se cuelgan objetos odiados —a menudo banderas irlandesas, pero también pancartas contra la inmigración, según ha señalado la BBC— para luego prenderle fuego.

En varios vídeos, un identitario francés se divierte haciendo zoom sobre una pequeña bandera argelina colgada en la hoguera — aunque Argelia nunca ha sido motivo de preocupación para la extrema derecha norirlandesa. Hay un grafiti de un barco en llamas con exiliados a bordo hecho por un francés que lo acompaña de un mensaje hostil hacia los migrantes: Stop the invasion, stop the boats (Detengamos la invasión, detengamos los botes). No muy lejos, otra pintada proclama Sink the Boats (Hundamos los botes). Un último mensaje afirma que “Le Pen es eterno” y reproduce una llama con el logotipo del FN.

Pero desde que los políticos se han hecho eco de la polémica y la policía de Irlanda del Norte ha lanzado un llamamiento a testificar para localizar a los autores de la pintada sexista dirigida a Gisèle Pelicot, al menos tres de los “identitarios” franceses que se desplazaron hasta allí han eliminado sus fotos y vídeos relacionados con su estancia en Belfast, cuando no han borrado directamente sus cuentas.

El que más publicaciones ha compartido utiliza como nombre de usuario “Portepot”, cuyo nombre real es Paul Reaney. Es un activista muy activo desde hace más de cinco años, primero en Génération identitaire (disuelta), Argos (tapadera del grupo anterior), Les Normaux de Rouen, luego en los bretones de An Tour-Tan y, actualmente, en Les Natifs de París.

Entre unos cuantos trabajos ocasionales para ganarse la vida, "Portepot" se dedica al activismo. Y mucho. Aunque tiende a multiplicar las cuentas y las identidades, se le reconoce en numerosas acciones y manifestaciones organizadas por grupúsculos de extrema derecha en Francia y en el extranjero.

En febrero de 2026, participó junto a los Natifs en una acción en la que se rociaron con sangre falsa las oficinas de los diputados de La Francia Insumisa, con el supuesto objetivo de denunciar la responsabilidad del partido de izquierdas en la muerte de Quentin Deranque. También estuvo presente en Lyon durante la manifestación en homenaje al joven neonazi.

El 30 de mayo, Paul Reaney también fue visto en la Remigration Summit, en Oporto (Portugal), un gran encuentro de la extrema derecha europea destinado a promover la expulsión masiva de inmigrantes.

En consonancia con estas convicciones, algunos de sus mensajes en las redes sociales dejan entrever su racismo, su nostalgia por el III. Reich y su afán por las peleas. “Nada une más a los jóvenes que la violencia”, afirmaba en Twitter (ahora X) en 2022. “La de la calle es la más adecuada para forjar hombres.” Se jacta de salir siempre con un protector bucal.

“Portepot” suele publicar comentarios homófobos, así como hostiles hacia las mujeres: “No respeto a las mujeres”, “mujer = puta”, “las odio”, “las mujeres no piensan”. Todas estas declaraciones se hacen eco de los insultos pintados contra Gisèle Pelicot en Belfast.

En las redes sociales, quien a veces se define como “anarco-racista” da a entender que ha “trabajado” para la Agrupación Nacional (RN), sin precisar la naturaleza de sus funciones, ni siquiera si recibía una remuneración. Lo cierto es que, en junio de 2023, aparece en una foto de los afiliados de RN en Morbihan.

Hijo de madre bretona y padre irlandés, Paul Reaney trabaja como guía turístico y se encarga de promocionar las expediciones a Belfast. Ya había estado allí con otros “identitarios” franceses en 2024 y 2025. Y, por supuesto, también este año.

A su lado, su hermano pequeño Allan, activista de Les Normaux de Ruán; Édouard Gouraud, líder del grupúsculo normando; así como un miembro de Les Natifs que, según nuestras informaciones, fue condenado por injurias públicas tras desplegar una pancarta racista contra la cantante Aya Nakamura.

Mediapart se puso en contacto con ellos a través de diversas cuentas ocultas que pudimos atribuirles y de las cuentas oficiales de sus grupúsculos. Solo Édouard Gouraud respondió afirmando: “No soy en absoluto el autor de las pintadas señaladas por los medios de comunicación en Sandy Row. Y puedo afirmar que no proceden de ningún miembro de los grupos políticos a los que estoy afiliado.” (Versu respuesta completa en los anexos.)

Desde hace años se han estrechado los vínculos entre los activistas de extrema derecha franceses y de las islas británicas. Los irlandeses del National Party han mantenido contactos con varios grupos regionales franceses, como An Tour-Tan en Bretaña o el Red de Angers.

El 7 de junio de 2026 tuvo lugar una concentración en la plaza del Panteón de París. Se desplegó una pancarta White lives matter (Las vidas de los blancos importan» y tomaron la palabra varios portavoces de grupos identitarios y neofascistas, entre ellos Paul Reaney y Stanislas Tyl, de Les Natifs.

El tema principal fue la “remigración” y el asesinato en el Reino Unido de Henry Nowak, un joven al que la policía esposó mientras agonizaba, porque su agresor lo había acusado de racismo. Paul Reaney aprovechó la concentración para promocionar el nuevo partido de extrema derecha Restore Britain, creado unos meses antes.

A ambos lados del Canal de la Mancha, los racistas se unen en torno a su odio común hacia los migrantes. Pequeños grupos británicos, como Raise the Colours (Izad las banderas), se presentan a menudo en la costa de Nord-Pas-de-Calais para atemorizar a quienes desean llegar a Gran Bretaña.

Existen vídeos generados por inteligencia artificial que incitan a la violencia al mostrar falsos ataques a los campamentos de migrantes. En realidad, estos activistas acuden a los campamentos para interpelar a los migrantes y preguntarles por qué quieren ir a Inglaterra. Si encuentran botes que aún no están inflados, los pinchan con un cuchillo.

La figura que aglutina a los racistas británicos y franceses se llama Tommy Robinson. Este activista, condenado en varias ocasiones por la justicia británica, fundó en 2009 la English Defence League, un movimiento ultranacionalista, islamófobo y antiinmigración, conocido por organizar manifestaciones que suelen degenerar en actos violentos.

En agosto de 2025, los grupos identitarios de Ruán (Les Normaux) y de Lille (Nouvelle Droite) llevaron a cabo una acción conjunta de comunicación en una playa. Se desplegaron pancartas con los mensajes Support Tommy Robinson (Apoyemos a Tommy Robinson) y Stop the Boats (Detengamos los botes). Estos grupúsculos llamaban a sumarse a la manifestación organizada por Tommy Robinson en Londres el 13 de septiembre, donde el colectivo femonacionalista Némésis fue invitado a intervenir en el escenario. En la primavera de 2026, Les Normaux de Ruán volvieron a celebrar una conferencia dedicada a Tommy Robinson.

Estas interconexiones no han pasado desapercibidas para la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI). En una nota, sus servicios de inteligencia subrayan que “el movimiento francés muestra su admiración y ve a su vecino del otro lado del Canal como un ejemplo a seguir”.

Al día siguiente del estrepitoso fracaso de la incursión en Romans-sur-Isère (Drôme) de unos activistas que querían vengar la muerte de Thomas Perotto en Crépol, en noviembre de 2023, uno de ellos había expresado su envidia de esos “ingleses alcohólicos que se mueven más que los franceses”. Los actos de violencia contra los migrantes en Irlanda habían electrizado a los matones franceses, dos días antes de su expedición racista.

Con motivo de los disturbios racistas en agosto de 2024 en el Reino Unido, tras la matanza de Southport en la que un adolescente galés de origen ruandés había matado a puñaladas a tres niñas, la DGSI, una vez más, constataba que “la extrema derecha francesa se mostraba muy entusiasmada con los disturbios que tenían lugar en el Reino Unido”. Según los servicios de inteligencia interior, el movimiento francés ve en la movilización de los activistas británicos “la encarnación de una revuelta legítima contra un invasor”.

Y los servicios de inteligencia interior se muestran preocupados por que tales acontecimientos hagan aparecer “un ideal de fraternidad blanca” entre los activistas británicos y franceses. “La conclusión de que los mismos males producen los mismos efectos en todas partes, difundida mediante una intensa propaganda, permite a los activistas impulsar sus ideas, en particular la de la necesidad de pasar a la acción para proteger a Occidente del genocidio blanco”, concluye la DGSI.

Traducción de Miguel López

En una rueda de prensa celebrada el 12 de julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendía la apertura que las autoridades han demostrado desde el día siguiente al doble terremoto que asoló el país en la noche del 24 al 25 de junio. “Todos los equipos de rescate han entrado sin visado, todos, más de cuatro mil socorristas internacionales”.

“¿Han visto los vídeos de Bukele?”, preguntaba a la prensa, refiriéndose a la ayuda humanitaria enviada por El Salvador y difundida por su mediático presidente, a pesar de que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019. El diputado pretendía así demostrar que no se había levantado ninguna barrera burocrática o ideológica en el camino de los equipos extranjeros que acudían a ayudar a los damnificados.

En efecto, poco después de la catástrofe, se oían decenas de idiomas en la costa venezolana de La Guaira: inglés, italiano, árabe, vietnamita y francés, entre otros. Equipos de rescate acudieron en masa desde todo el mundo, al igual que las ONG. “Tenemos equipos que han entrado con una facilidad nunca vista antes”, exclama Laura (ficticio), trabajadora humanitaria que lleva varios años viviendo en Venezuela.

“Todas las ONG, incluida la mía, llevan mucho tiempo teniendo problemas con gran parte de sus empleados, a quienes las autoridades no conceden visados, a pesar de la emergencia humanitaria que vive el país desde hace al menos diez años”, explica la joven. “Es un secreto a voces: nuestros trabajadores suelen entrar con un visado de turista y tienen que salir del país cada tres meses, para volver inmediatamente y renovar el visado por otros tres meses más.”

Pero desde el 25 de junio, todo es más fácil, continúa Laura: “Hablamos directamente con el Gobierno, que nos escucha, algo que era imposible hace tan solo unas semanas”. La joven, “fascinada” por lo que está pasando, comenta que tiene “la impresión de estar en otro país”.

“Al pasar por los servicios de inmigración del aeropuerto, me dijeron: Bienvenido a Venezuela”, cuenta el periodista francés Benjamin Delille, que nunca recibió una bienvenida semejante cuando fue corresponsal en el país durante dos años. Había acudido a cubrir las consecuencias del terremoto para Libération, sin visado de prensa, y le preocupaba su entrada en el territorio. Esta vez fue más rápida que nunca.

“Por primera vez, me pareció que los policías y los militares eran accesibles, se podía hablar con ellos”, testifica. “Pero no creo que fuera una instrucción oficial, sino más bien la emoción… Son chavales y estaban tan conmocionados como nosotros por lo que veían”.

Para Phil Gunson, analista del think tank International Crisis Group, “estamos ante una apertura forzada por parte del Gobierno”, muy lejos, en su opinión, de presagiar una transición democrática. “Reconozco que hay cambios positivos, como la apertura a los medios de comunicación, pero siempre es posible dar marcha atrás”, considera con pesimismo.

Benjamin Delille, a pesar de la acogida inicial, lo ha sufrido en carne propia. Apenas había abandonado el país tras pasar varios días entre los escombros de La Guaira, “y sin que las autoridades le hubieran molestado en ningún momento”, cuando un vídeo publicado en las redes sociales de su periódico fue destacado por la cuenta oficial X del palacio presidencial: una captura de pantalla con la etiqueta roja de FAKE denunciaba una información “sesgada, parcial y falsa”.

“No he recibido ningún correo electrónico, ni derecho de réplica”, explica el periodista. “Sin embargo, me puse en contacto con el Ministerio de Comunicación”. En el vídeo, se grababa a sí mismo frente a unas viviendas sociales destruidas y relataba la lentitud con la que llegaba la ayuda gubernamental.

“Para el Gobierno, mantenerse hermético no era un capricho, sino una forma de impedir las críticas que, a la larga, podrían convertirse en una exigencia de cambio. La apertura a la que estamos asistiendo supone un riesgo para ellos”, analiza Phil Gunson.

En las redes sociales hay muchas personas que, tras haberlo perdido todo, afirman que “ya no tienen miedo a denunciar” la lentitud de los socorros, la sensación de abandono o incluso la corrupción.

Wilmer Antonio Cruz, un rescatador voluntario, conocido como “el topo de La Guaira” por haber participado sin descanso en las operaciones de rescate, es una de las personas cuya indignación se ha difundido miles de veces en Internet. En un vídeo, frente a las ruinas, con una camiseta atada a la cabeza, se dirige a una periodista y pregunta, con los ojos enrojecidos: “¿Cómo vamos a sacar nosotros todos estos escombros con palas y cubos? ¿Vosotros veis las excavadoras del Gobierno?”

Wilmer Antonio Cruz pagó caro su momento de gloria. Tras convertirse en el estandarte de la protesta entre los escombros, desapareció durante unos días, detenido con toda probabilidad por las fuerzas policiales. Tras ser puesto en libertad, permanece en silencio. “El aparato represivo del Estado sigue intacto, no ha cambiado nada en ese sentido”, subraya Phil Gunson.

Ante las ruinas del OPP 26, un complejo de torres de viviendas sociales, un hombre comentaba discretamente el 7 de julio: “No hemos visto ninguna máquina en diez días. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros sabemos cuál es la realidad”. Forma parte del comité local de distribución de alimentos, un bastión del chavismo. “Prefiero no dar mi nombre, pero estoy convencido de que podríamos haber estado mejor preparados”, explicaba indignado. Ese día, casi dos semanas después de la catástrofe, seguía esperando a que sacaran de entre los escombros el cuerpo de su hija adolescente.

En La Guaira crece la ira contra un Gobierno cuya legitimidad sigue en duda. Delcy Rodríguez sustituyó a Nicolás Maduro tras su secuestro el 3 de enero, pero la Constitución prevé la celebración de elecciones en un plazo máximo de ciento ochenta días, lo que llevaba hasta el 3 de julio.

Al ser preguntado sobre el tema el 12 de julio, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea, afirmó entonces que el Gobierno no tenía “la cabeza para eso”. Pero, el 14 de julio, la opositora Dinorah Figuera, expresidenta del Parlamento elegido en 2015, anunció la puesta en marcha de una agenda de trabajo con los dirigentes chavistas para “impulsar una vía democrática”. Dinorah Figuera agradeció, en el mismo contexto, a Estados Unidos por “el apoyo” a la transición, precisando que no se trataba en absoluto de una “intervención”.

Pero desde el 3 de enero es precisamente Washington quien da las órdenes en Venezuela, imponiendo la agenda de votaciones en la Asamblea, las citas de la presidenta y el control de los fondos, todo ello “sin ninguna transparencia”, precisa Phil Gunson, analista del International Crisis Group. En su opinión, “ambos gobiernos tienen los mismos instintos y parecen estar en la misma onda: nada de apertura”.

Traducción de Miguel López

Más de un mes después de que estallara el “caso Lyhanna”, sigue en pleno apogeo la batalla de la comunicación. Gérald Darmanin, al dar a conocer el miércoles 15 de julio el balance de la “revisión” de los procedimientos relativos a los delitos de abuso sexual contra menores —iniciada con carácter de urgencia el 8 de junio—, se otorgó a sí mismo un satisfecit muy oportuno. “Esta iniciativa permite, por primera vez, disponer de una visión consolidada de la situación”, con “resultados que demuestran la utilidad de una gestión nacional rigurosa”, se lee en un comunicado del Ministerio de Justicia. Aunque algunos magistrados habían puesto en duda la utilidad o la viabilidad de realizar dicho inventario en cinco semanas, el ministro de Justicia se alegra al “demostrar que se equivocaban”.

De entre todas las estadísticas facilitadas por las diferentes jurisdicciones, el ministro querría que el público en general recordara sobre todo esta cifra: desde el 8 de junio, se han abierto 1.350 investigaciones judiciales (es decir, se ha recurrido a un juez de instrucción) por delitos sexuales contra menores, “lo que supone un aumento del +309 %” con respecto al mismo periodo de 2025. Esto ha conllevado un aumento vertiginoso de las prisiones preventivas: han sido encarceladas 675 personas, “lo que supone un aumento del 173 %”, afirma el ministro de Justicia. En otras palabras: la lucha contra los delitos sexuales contra menores estaría experimentando una aceleración excepcional que habría que atribuirle a él.

En realidad, aunque esta “revisión de los procedimientos” es sin duda algo sin precedentes y devuelve la esperanza a miles de víctimas que ven cómo se desbloquean investigaciones preliminares que llevaban años estancadas, confirma sobre todo el carácter sistémico de las deficiencias de la justicia, así como la magnitud del trabajo que queda por realizar, sin los medios adecuados. Lejos de exculpar a Gérald Darmanin, más bien pone de relieve su responsabilidad política, así como la del ministro del Interior, Laurent Nuñez, de quien dependen los servicios de policía y gendarmería encargados de las investigaciones.

“No sé cómo vamos a poder salir de esto, es un pozo sin fondo”, confiesa una fiscal. “Este ‘minucioso’ reexamen de los procedimientos es una broma”, dice un agente de una brigada especializada, que habla de una “falta de respeto organizada”. Lo que sigue es un análisis de una “operación verdad” cuyas conclusiones son, en realidad, alarmantes y cuyos efectos secundarios resultan preocupantes.

A principios de junio, cuando Gérald Darmanin convocó a los 36 fiscales generales de Francia (superiores de los fiscales de los tribunales de apelación), cuatro días después del hallazgo del cadáver de Lyhanna, les advirtió: ni se les ocurra irse de vacaciones antes de haber revisado las “70.000” investigaciones preliminares abiertas a raíz de denuncias por abusos sexuales a menores. Esta cifra es, pues, una estimación, ya que el Ministerio de Justicia no dispone de datos concretos.

En sí misma, esta falta de estadísticas —herramienta indispensable para una política pública transparente— constituye un primer escándalo. Pero ahora surge un segundo: en realidad hay 85.047 procedimientos en curso en todo el territorio, es decir, un 21 % más de lo anunciado. “Se han descubierto 15.000 denuncias, si se me permite decirlo”, reconoció Gérald Darmanin el miércoles ante la Asamblea Nacional.

La explicación resulta impactante: muchos de los procedimientos se abrieron en comisarías y gendarmerías sin haber sido registrados nunca en fiscalía. Aunque se supone que los funcionarios que recogen las denuncias deben informar a los servicios de la fiscalía y recabar instrucciones sobre las investigaciones que deben llevarse a cabo, algunos expedientes acaban acumulando polvo sin que ningún magistrado intervenga. “Entre las cifras iniciales y las reales, tengo un aumento del 70 %”, declara, por ejemplo, un fiscal general a Mediapart.

“Una investigación puede quedarse estancada en una comisaría sin registrarse en Cassiopée [el programa informático de los magistrados —ndr], ya sea porque es compleja, porque el investigador está ausente o porque es un holgazán”, comenta. En cualquier caso, se ha constatado una dificultad de trazabilidad que ahora hay que resolver.”

Además del “impacto digital” prometido por Darmanin, este alto magistrado señala que “el primer ministro anunció [tras el caso Lyhanna] que la ley establecería un plazo máximo de tres meses para llevar a cabo ‘las diligencias de investigación esenciales’ en estos casos. Pero, a día de hoy, las fiscalías ni siquiera disponen de un programa informático de seguimiento de expedientes que les avise cuando se supere un plazo determinado”.

De los 85.000 casos registrados, han sido “revisados” 69.626, según el Ministerio, es decir, que los equipos de los fiscales han evaluado el tratamiento dado al expediente y lo han ajustado si era necesario (solicitando declaraciones o peritajes, recurriendo a un juez de instrucción, etc.). En otras palabras: en cinco semanas, no se ha podido examinar en profundidad el 12 % de los expedientes.

Al principio, “además, había cierta ambigüedad en la solicitud del ministro: ¿había que censar o tramitar los expedientes?”, se pregunta aún una fiscal. En cualquier caso, en su ámbito de competencia, no lo oculta: “Por falta de tiempo solo hemos conseguido tramitar 400 expedientes de los aproximadamente mil censados”.

Entre las sorpresas desagradables destaca estas: “La comisaría encontró veinte procedimientos urgentes que no avanzaban”. Y en el Palacio de Justicia, “un caso bastante grave para el que se había solicitado el traslado a otro tribunal llevaba varios meses bloqueado en la oficina de registro penal”, un servicio administrativo encargado del registro de los procedimientos.

A nivel nacional, se definieron así 970 expedientes como “prioritarios”, cuando los autores estaban identificados, tenían antecedentes penales y las víctimas eran siempre menores de edad.

Aunque algunos tribunales de apelación registran tasas de “revisión” del 100 % de los procedimientos censados, como los de Colmar, Douai, Nîmes o incluso Rennes, otras tienen dificultades, como es el caso de Cayenne (12,3 %), Orléans (51 %), Dijon (57,8 %) o incluso París (63,3 %).

Delitos sexuales contra menores: de los 85.047 casos pendientes a nivel nacional, se han revisado 69.616 procedimientos, lo que supone un 82 %

Datos por tribunal de apelación. Pasa el cursor por los puntos para obtener más información.

Porcentaje de procedimientos revisados

Número de casos pendientes

Mapa: Mediapart. Fuente: Ministerio de Justicia. Creado con Datawrapper

Infografía de Mediapart

Pero este inventario parcial ya pone de manifiesto un dato no muy loable: solo el 50 % de las investigaciones preliminares tienen una antigüedad inferior a doce meses, mientras que el 20 % alcanza al menos los dos años de antigüedad, sin que se haya tomado ninguna decisión sobre su tramitación (archivo, juicio, remisión a un juez de instrucción…).

Por el momento, en cualquier caso, resulta imposible predecir si la presión ejercida por el ministro dará lugar a una disminución de la tasa de archivos, o todo lo contrario.

Mientras tanto, las brigadas de menores y otros servicios especializados, que ya suelen estar desbordados, han recibido refuerzos a partir del 8 de junio para hacer frente a la situación, pero estos no siempre son los adecuados. “Cundió el pánico”, señala un fiscal general. “Han puesto a trabajar a gente de la brigada financiera. Bueno, imagino que no les han asignado los casos más complicados…”

“Para aliviar la carga de la brigada de menores, los casos de poca importancia se han encomendado a las comisarías [que cuentan con pocos funcionarios y que, por lo general, se limitan a tomar denuncias —ndr], señala una fiscal, “como los de agresiones sexuales entre menores. Pero ya están desbordados… “

En declaraciones a Mediapart, un oficial de policía judicial (OPJ), con veinte años de experiencia en investigaciones a sus espaldas, lamenta el caos que viene observando desde hace varias semanas. En la ciudad de tamaño medio que conoce bien, “se han repartido un centenar de expedientes” entre compañeros de servicios tan variados como “la brigada financiera, la brigada antidroga, la brigada de delitos contra la propiedad, el grupo de delitos graves y la brigada de policía administrativa”.

“A todos se les han asignado expedientes ‘delicados’ que deben tratar con prioridad”, subraya. “Pero es que no tienen ningún conocimiento de las particularidades de la materia. ¿Cómo va a abordar un especialista en montajes financieros o un experto en la normativa de los establecimientos de bebidas a una niña de 8 años durante un interrogatorio o cómo va a interpretar las investigaciones forenses?”

“El objetivo es dar salida a los casos acumulados. Poder decir a los magistrados que todo está bajo control. Tranquilizar a la opinión pública. Los sindicatos policiales hacen la vista gorda. Pero ¿qué hay del interés por las víctimas? ¿De la calidad del procedimiento iniciado? ¿Cuántos autores se escabullirán por las rendijas debido a que un investigador no haya sabido detectar al depredador que tenía delante?”, dice indignado el policía.

De aquí a finales de julio, Gérald Darmanin ha previsto mantener encuentros individuales con los 36 jefes de las fiscalías generales, con el fin de “identificar las dificultades locales, definir las prioridades operativas y poner en marcha los medios necesarios para acelerar de forma sostenible la tramitación de esos procedimientos”.

“Habrá que tramitar todos esos procedimientos al tiempo que se gestionan los casos que vayan llegando”, dice uno de ellos. “Pero tenemos un gran problema con el volumen de casos acumulados por parte de la policía. Habría que crear brigadas de menores con una dotación de personal adecuada. Tal y como están las cosas, ¿se están cumpliendo nuestras instrucciones? ¿Se pueden absorber los casos que llegan? Tengo mis dudas.”

Delitos sexuales contra menores: la justicia tiene 124 casos pendientes por cada 100.000 habitantes, con grandes disparidades territoriales

Tabla: Mediapart. Fuente: Ministerio de Justicia. Creada con Datawrapper

Infografía de Mediapart

“Una vez reanudados los procedimientos en las comisarías, hay que escuchar a las víctimas y a los testigos, y realizar los peritajes”, añade la fiscal ya citada. “¡Eso lleva meses, no se traduce en una detención preventiva al día siguiente! Desbloquear un smartphone de alta gama puede llevar un año. Y no podemos recurrir a un laboratorio privado porque se nos pide que no gastemos dinero”.

“No podremos hacerlo todo”, explica un fiscal general. “Lo siento, pero creo que los litigios económicos y financieros tendrán que esperar; los casos de estafa se juzgarán más lentamente. También habrá que reflexionar sobre los litigios de tráfico. Pero si mañana un conductor ebrio mata a tres jóvenes, habrá una circular y eso también se convertirá en prioritario…”

Uno de sus colegas ya se muestra irritado por la reunión que le espera con el ministro. “Sobre todo porque inicialmente estaba prevista para durar una hora y media, y ahora nos hablan de treinta minutos”, señala este alto magistrado. “¡Esto es como un haiku!”. Además de la falta de personal (tanto en la justicia como en la policía y la gendarmería), además de la necesidad de expertos (sobre todo psiquiatras), además de la falta de formación de los investigadores, él podría, por su parte, plantear un “tema propio de la policía”: “una falta de supervisión por parte de la jerarquía intermedia”. “Pero me imagino que los dos ministros volverán a hablar del tema mientras se toman un pastis…”, comenta con ironía.

Traducción de Miguel López

Oficialmente, queda más de un año para las próximas elecciones legislativas italianas, pero ya están en mente de todos los responsables políticos locales. Y, en particular, de Giorgia Meloni, que no tiene intención de mudarse del Palacio Chigi, residencia de la Presidencia del Consejo. Pero la situación no deja de complicarse para la líder de Fratelli d’Italia (FdI), el principal partido de la actual coalición en el poder.

En primer lugar, está ese referéndum perdido sobre la reforma judicial, el 23 de marzo. Giorgia Meloni quería convertirlo tanto en una demostración de su influencia sobre el electorado como en un medio para controlar mejor políticamente al poder judicial. El fracaso fue total, con un 53,2 % de votos en contra y una participación superior a la prevista. La coalición quedó sonada.

Luego surgió una fuerza a la derecha incluso de la propia coalición gobernante. Liderado por un general reaccionario, Roberto Vannacci, este nuevo partido, Futuro Nazionale (FN), fundado en febrero, critica al Gobierno por ser demasiado débil en materia de inmigración y demasiado blando en cuestiones sociales. Defiende la “remigración”, un término ultraderechista que está de moda en Italia y que no designa otra cosa que las expulsiones masivas.

El problema es que FN no para de subir en las encuestas, pisándole los talones al partido del ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, la Lega. Y este empuje lo cambia todo. La coalición actual, formada por cinco partidos —FdI, la Lega, los berlusconianos de Forza Italia (FI) y dos pequeños partidos de centro-derecha, Noi Moderati y la Unión Democrática del Centro (UDC)—, se encuentra ahora debilitada.

Ya no tiene la certeza de quedar en cabeza en las próximas elecciones. De hecho, las encuestas de opinión parecen indicar que el llamado campo amplio (campo largo), que agrupa a la mayor parte de las formaciones de la oposición, superaría a la alianza de Giorgia Meloni. Todo ello ha llevado a la primera ministra a jugar su última carta y acelerar su reforma electoral.

Este proyecto de reforma es un tema recurrente en el “quinquenio Meloni” y parecía haber quedado trastocado tras la derrota en el referéndum. Pero para Giorgia Meloni se ha convertido en una prioridad, hasta el punto de que la Cámara de Diputados examinará su proyecto esta misma semana. Para comprender el razonamiento, hay que analizar primero la realidad de esta reforma, que ha sido modificada con respecto a su proyecto inicial.

El nuevo sistema electoral pretende eliminar la parte mayoritaria de la actual ley electoral, que combina, como el sistema alemán, una parte proporcional (aproximadamente el 60% de los diputados elegidos) y una parte mayoritaria (aproximadamente el 30% de los diputados elegidos). Solo se mantendrá un sistema de votación por listas, regional para el Senado y nacional para la Cámara de Diputados.

El umbral para obtener un escaño será del 3% de los votos emitidos. Pero la novedad es que la ley ofrecerá una bonificación mayoritaria a la coalición que quede en cabeza, con más del 42% en ambas votaciones (Cámara y Senado). Esta bonificación consistirá en setenta diputados y treinta y cinco senadores, lo que supondrá un aumento del 17,5% de los escaños en ambas cámaras.

La otra gran novedad de la ley es la obligación de que cada partido proponga un candidato a la presidencia del Consejo. Es una forma para Giorgia Meloni de imponer una de sus ideas fijas, el “primerato”, es decir, la elección del presidente del Gobierno por sufragio universal directo. En 2022 y 2023 fracasó un proyecto de reforma constitucional sobre este tema por falta de consenso en la oposición.

Pero, tras salir por la puerta, vuelve a entrar por la ventana como ley electoral ordinaria, en la que no es necesario el acuerdo de la oposición. Ahora bien, este proyecto altera considerablemente el equilibrio de poderes en Italia, donde el presidente de la República es elegido por las dos cámaras y los representantes de las regiones.

A partir de ahora, el presidente de la República no solo no tendrá más remedio que nombrar en el Palacio Chigi al “candidato” presentado por la coalición ganadora, sino que su propia legitimidad se verá mermada frente al presidente del Consejo, quien, por su parte, podrá hacer valer una legitimidad directa.

Porque durante sus primeros cuatro años en el poder, Giorgia Meloni ha tenido que enfrentarse a menudo al actual presidente de la República, Sergio Mattarella, un viejo demócrata-cristiano que se esfuerza por proteger la Constitución y los derechos fundamentales frente a los proyectos de la extrema derecha en el poder.

Esta nueva ley electoral es la respuesta de Giorgia Meloni a su relativo debilitamiento. En primer lugar, a corto plazo, para intentar lograr una victoria electoral. Uno de los objetivos de la presidenta del Consejo es conseguir el apoyo de al menos uno de los dos aliados potenciales de su coalición: los centristas de Azione, liderados por Carlo Calenda, que fueron aliados de Matteo Renzi y ahora se ven tentados a sumarse a la derecha, pero también el partido de Roberto Vannacci. Así reforzada, podría volver a superar al campo largo y mantenerse en el poder.

Para Azione, al igual que para el FN, la prima mayoritaria significa dos cosas. En primer lugar, dado que los escaños se reparten dentro de la coalición, es una oportunidad para conseguir más representantes que si se presentaran en solitario gracias a esta prima mayoritaria. En segundo lugar, al presentarse en solitario, se corre el riesgo de que gane la oposición, que estos dos partidos detestan en parte, ya sea la Alternativa Rojo-Verde (AVS), el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) o incluso Matteo Renzi y su partido Italia Viva (IV). En resumen, al reforzar el bipartidismo, la ley electoral obliga a los movimientos autónomos a elegir el bando al que desean ver ganar y a extraer sus consecuencias estratégicas.

La primera ministra también busca provocar la fragmentación del campo largo. Aunque resulte contradictorio con la tendencia que acabamos de describir, a la oposición podría costarle unirse. Es cierto que el M5S, la AVS y el Partido Demócrata (PD, centroizquierda) han llevado a cabo varias campañas regionales conjuntas en 2025 y suelen actuar de forma coordinada en el Parlamento. Pero las cuestiones relativas al candidato al Palacio Chigi y a ciertos aspectos programáticos son delicadas.

Por el momento, aún no se han decidido las condiciones para la designación de este candidato principal. Es probable que se celebren unas primarias, pero aún quedan por definir los pormenores de esta elección, que serán objeto de duras negociaciones. La lucha principal se libra entre Elly Schlein, la líder del PD, y el ex primer ministro Giuseppe Conte, que ha retomado las riendas del M5S. A lo que se suma la posibilidad, a veces mencionada, de una candidatura de centro de la alcaldesa de Génova, Silvia Salis, una exdeportista muy popular.

El problema es que parece difícil imaginar a unos y otros haciendo campaña juntos, sobre todo porque las diferencias dentro del campo largo son muy importantes a veces. Un incidente ha servido para recordarlo. El 9 de julio, Giuseppe Conte declaró en Nápoles que el actual rearme de Italia y Europa estaba provocado por una “amenaza rusa inventada”. Inmediatamente, el centro y la derecha denunciaron la postura “prorrusa” del líder del M5S, algo que él rebatió recordando su apoyo a Ucrania. Pero su partido no sigue realmente la misma línea que el PD o Matteo Renzi.

En caso de que Elly Schlein dirigiera la campaña, tendría que hacer malabarismos y controlar las fuerzas divergentes. Al imponer una prima mayoritaria y un candidato a primer ministro, Giorgia Meloni obliga al campo largo a encontrar una coherencia que aún está por construir. Es cierto que su bando también tiene sus divergencias, pero su liderazgo no se cuestiona. Por el contrario, será la credibilidad del candidato la que se pondrá constantemente en duda, algo que podría hacer que la oposición perdiera algunos puntos.

Esto explica que Giorgia Meloni acelere el ritmo de su ley electoral. Una vez aprobada, podrá convocar elecciones anticipadas en el momento que más le convenga, de aquí a septiembre de 2027. Ello supondrá una presión adicional sobre la oposición, que debe organizarse y que tendrá constantemente una espada de Damocles sobre su cabeza.

Y si resulta reelegida, la presidenta del Consejo puede aspirar a disponer de un poder reforzado. Uno de sus objetivos es, en particular, colocar a un hombre de su bando en la presidencia de la República, cuya elección está prevista en 2029. A partir de entonces, los contrapoderes se verían reducidos y sería posible emprender nuevas reformas para afianzarse en el poder.

Con razón, en la prensa, la nueva ley electoral —a la que tradicionalmente se le da un nombre latino— ha pasado de llamarse Stabilicum (destinada a la estabilidad del Gobierno) a Melonellum (destinada a la reelección de Giorgia Meloni). Pero aún quedan obstáculos por superar.

Sergio Mattarella ha advertido ya que solo firmará el texto de la ley electoral si lo considera válido desde el punto de vista institucional. Todos recuerdan el episodio del Porcellum, la ley aprobada durante el mandato de Silvio Berlusconi en 2005, que otorgaba la mayoría absoluta a la coalición que quedara en cabeza, independientemente de su resultado. Al amparo de esta ley se celebraron tres elecciones legislativas, en 2006, 2008 y 2013, pero fue declarada inválida por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2013.

El presidente de la República considera que debe evitar este tipo de excesos. La Consulta, como se denomina al Tribunal Constitucional en italiano, probablemente no tomará su decisión hasta después de las próximas elecciones. Sergio Mattarella pretende asegurarse de que no permitirá que se celebren elecciones en condiciones que posteriormente puedan ser invalidadas. En cuanto a Giorgia Meloni, esto la ha llevado a rebajar sus ambiciones, pero también, sin duda, la ha reafirmado en su idea de decidir la presidencia de la República en 2029.

Uno de los puntos delicados es la cuestión de si las listas deben ser cerradas o no. Meloni, deseosa de que su ley se apruebe rápidamente, ha escuchado a sus juristas, quienes le han advertido: si la lista de candidatos destinados a ser elegidos en el marco de la prima mayoritaria es cerrada, es decir, decidida por las coaliciones, existe un riesgo de inconstitucionalidad, ya que los votantes no habrán elegido explícitamente a sus representantes.

El partido de la jefa del Gobierno, FdI, ha presentado pues una enmienda para permitir el voto de preferencia de los setenta diputados y los treinta y cinco senadores elegidos gracias a la bonificación. Pero Forza Italia y la Lega se oponen a esta disposición porque temen que el electorado opte por reforzar al principal partido de la coalición. Durante todo el fin de semana ha habido intensas negociaciones, pero sin resultados.

Existe una elevada tensión interna en la mayoría en torno a este tema y se rumorea que los aliados de Giorgia Meloni apostarían por el fracaso de la ley. En otras palabras: rechazarían los votos de preferencia a sabiendas, para aprobar una ley inválida que el presidente Mattarella se negaría a firmar. De este modo, se volvería a la ley de 2018, el Rosatellum, que podrían preferir algunos partidos de derecha.

Sería un riesgo considerable para Giorgia Meloni, pero menor para sus aliados. En caso de volver al antiguo sistema electoral, podríamos encontrarnos en una situación de ausencia de mayoría en la Cámara de Diputados y/o en el Senado (en Italia se necesitan ambas). La única solución sería entonces la ruptura de las coaliciones electorales y la formación de acuerdos parlamentarios. Para Forza Italia e incluso para la Lega, sería la ocasión de independizarse de un partido melonista con aspiraciones hegemónicas. Giorgia Meloni abandonaría el poder y a muchos no les importaría.

Evidentemente, aún no hemos llegado a ese punto. No es seguro que sea ese el cálculo de la mayoría de los diputados de Forza Italia y de la Lega. Su rechazo podría tener como objetivo conseguir otras concesiones por parte de Giorgia Meloni. No obstante, el debate en el Parlamento será decisivo para las futuras elecciones. Si la jefa del Gobierno saliera airosa, podría decidir que los italianos acudan a las urnas ya en la primavera de 2027.

Traducción de Miguel López

¿Un pequeño caso de falsificación de vino va a avivar el gran escándalo de presunta corrupción en la Legión de Honor? Un empresario ruso implicado por haber vendido botellas de contrabando en Borgoña, prestó en marzo de 2026 un testimonio potencialmente explosivo que corrobora la existencia de un tráfico de condecoraciones en los últimos años.

Esas declaraciones, que los investigadores de la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF) tendrán que corroborar con pruebas externas, provienen de un hombre que es todo menos un denunciante irreprochable. Él mismo ni siquiera pretende serlo, ya que admite su participación en una red de falsificadores de botellas de vinos de gran calidad.

Actualmente imputado en este caso que se instruye en Dijon, tras una primera condena en un asunto similar en 2017, Aleksandr Voinovskii, de 42 años, pasó varios meses en prisión preventiva antes de señalar a antiguos miembros de su entorno.

Según sus declaraciones, varias personalidades con amplios contactos en los círculos de poder le propusieron, a lo largo de 2021, entregar importantes sumas de dinero en efectivo (que oscilaban entre 50.000 y 150.000 euros) con el fin de obtener una condecoración o un permiso de residencia. Entre las personas mencionadas por Aleksandr Voinovskii destaca Julien Renault, organizador de fiestas de alta sociedad de 48 años, cuyo nombre ya había aparecido en el escándalo.

Julien Renault, creador del fondo de dotación de la Legión de Honor, es sospechoso, entre otras cosas, de haber presentado a varios magnates franceses —con los que en ocasiones mantenía relaciones comerciales— al general Benoît Puga, gran canciller de la orden entre 2016 y 2023, con quien mantenía una relación especialmente estrecha, de la que ya había informado Mediapart.

Al ser consultado tras las declaraciones de Aleksandr Voinovskii, el intermediario francés nos confirmó que había estado en contacto con el empresario ruso, pero negó rotundamente cualquier propuesta de condecoración a cambio de dinero. “¡Nadie ha prometido nunca ninguna condecoración, nunca!”, afirma Julien Renault, explicando que, si miembros de su entorno hicieron alguna promesa, lo hicieron a sus espaldas, sin que él estuviera al corriente.

Según el testimonio de Voinovskii, confirmado en este punto por Renault, los dos se conocieron al final de la pandemia del covid-19 a través de un amigo común, el restaurador Benoît Duval-Arnould. Este último es el propietario de un elegante bistró del distrito IX de París, Le Bon Georges, al que acuden políticos y empresarios, para los que también organiza cacerías privadas en su finca de Sologne.

Según su declaración ante los investigadores, Voinovskii conoció a Benoît Duval-Arnould a través de su pasión común por el vino, antes de entablar relaciones comerciales. Contactado por Mediapart, el restaurador no ha querido darnos su versión de los hechos, a pesar de los numerosos intentos.

En 2021, Aleksandr Voinovskii iba con frecuencia a Le Bon Georges y acabó conociendo a Julien Renault durante un almuerzo en un salón reservado del local. Posteriormente, fue invitado a una de las fiestas en las que el intermediario francés reunía a la alta sociedad parisina en su impresionante mansión, situada a un paso del Arco del Triunfo.

“Nunca había visto un lugar así en mi vida. Está en pleno centro de la ciudad, con un jardín inmenso y un patio. Todo es de mármol, y tienen mayordomo”, recuerda el ruso, quien afirma haber tratado allí con varios policías que, según él, le prestaron su equipo para hacerse fotografías. Una foto a la que ha tenido acceso Mediapart muestra a Aleksandr Voinovskii vestido con un chaleco antibalas. “Esos policías conocían muy bien al propietario de la casa y hablaban mucho de la Legión de Honor y de personas cercanas al poder”, señala el empresario ruso.

Durante esa misma recepción, afirma haber visto mucha cocaína, algo que Julien Renault no niega. “Iba aparejado al alcohol, pero lo dejé todo”, declara quien, desde su salida de la Legión de Honor, ahora lleva otro fondo de dotación, el de la Guardia Republicana, a pesar de una condena en primera instancia a doce meses de prisión condicional, el 13 de noviembre de 2025, por estafa en banda organizada.

Tras su encuentro con Julien Renault, Voinovskii afirma que su amigo Benoît Duval-Arnould le animó a solicitar un permiso de residencia o una condecoración a cambio de un pago en efectivo. Algo que, según él, siempre rechazó.

La última promoción del 14 de julio de la presidencia de Macron da protagonismo a sus exministros. Como viene siendo habitual desde su llegada al Elíseo, y siguiendo en este sentido la pura tradición de sus predecesores, el jefe de Estado condecora a varios de sus fieles, ingresados en la Orden de la Legión de Honor por iniciativa del primer ministro: Paul Christophe, Olivier Klein, Patrick Mignola, Patrice Vergriete, Julien Denormandie y Fabrice Loher.

Pero la lista también incluye a tres exministros de la derecha: Jean Leonetti, Hervé Gaymard (que se vio obligado a dimitir en 2005 tras las revelaciones de Le Canard enchaîné sobre su piso de servicio de 14.400 euros al mes) y Gérard Longuet.

Este último, que fue militante del grupúsculo de extrema derecha Occident (fue condenado por actos violentos en 1967), ha hecho múltiples declaraciones en contra del matrimonio igualitario o del reconocimiento de los crímenes cometidos por Francia en Argelia.

Traducción de Miguel López

Ahora, como candidata oficial de RN, la heredera del fundador del Frente Nacional aspira a ocupar el cargo más alto del Estado solicitando el voto de aquellas y aquellos a quienes ha engañado.

Con el corte de mangas que puede dedicar a la justicia desde que el tribunal de apelación ha levantado de facto la pena de inelegibilidad a la que la había condenado el tribunal correccional el 31 de marzo de 2025, Marine Le Pen muestra su verdadero rostro, que años de estrategia de “normalización” nunca han logrado ocultar: el de una política sin escrúpulos ni principios, dispuesta, al estilo trumpiano, a instrumentalizar el Estado de derecho con fines personales para imponerse al frente del Estado, garantizándose al mismo tiempo su impunidad.

Al recurrir en casación ejerce, sin duda, un derecho legítimo al agotar las vías de recurso a su disposición. Pero, a diferencia de cualquier otro justiciable, se aprovecha de su condición de candidata presidencial, algo que la justicia ya ha tenido en cuenta al acelerar el calendario judicial y, en el caso del Tribunal de Apelación, al redactar una resolución a medida.

“No estoy jugando contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, declaró Marine Le Pen el 8 de julio en La Flèche (Sarthe). En realidad, la justicia se ha plegado a sus ambiciones. Mientras que el tribunal correccional había declarado, en primera instancia, su inelegibilidad para proteger a los ciudadanos y ciudadanas de sus actos, así como de los de su partido, el tribunal de apelación afirmó, por el contrario, querer respetar “la libertad de elección del elector, condición para la expresión del sufragio universal», a pesar de lo que se le puede reprochar.

Al negarse a reconocer la gravedad de los hechos, Marine Le Pen, con el fin de retrasar al máximo la ejecución de su condena y, en última instancia, alcanzar la “inmunidad” del Elíseo, le echa un pulso a la justicia, a riesgo de presionar las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales.

La líder de la extrema derecha quiere, de hecho, hacer todo lo posible para impedir que su destino judicial quede definitivamente sellado antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 2 de mayo de 2027. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, insistió en TF1 el 7 de julio.

Tras haber tratado de acelerar el ritmo del proceso judicial, su partido pretende ahora ralentizarlo. Para ello, en una especie de maniobra obstruccionista, sus abogados pueden presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC) y multiplicar las solicitudes en el marco del recurso de casación. En el caso de que el Tribunal de Casación anule la sentencia del Tribunal de Apelación, el caso de los asistentes parlamentarios europeos de RN podría ser juzgado de nuevo por otro tribunal, lo que le permitiría, una vez más, ganar tiempo.

En caso de desestimación del recurso o de los recursos, se aplicaría la sentencia del tribunal de apelación y la candidata podría, en teoría, verse obligada a llevar una pulsera electrónica, lo que limitaría sus desplazamientos. Pero sus abogados podrían entonces intentar negociar una modificación del arresto domiciliario con el juez de ejecución de penas.

En cualquier caso, la candidata de RN está decidida a ignorar cualquier principio de precaución, renegando de sus declaraciones de probidad, al presentarse a las elecciones presidenciales como condenada o en espera de una sentencia definitiva. Cabe recordar que el recurso de casación no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos.

De esta manera, Marine Le Pen toma como rehén al calendario judicial y la campaña electoral, vinculándolos a su destino personal, lo mismo que hace en la materia la internacional de extrema derecha, desde Donald Trump hasta Benyamin Netanyahu, por citar solo a algunos.

En una entrevista por vídeo concedida recientemente a Mediapart, el magistrado siciliano Roberto Scarpinato, figura destacada en la lucha contra la corrupción y actualmente senador de la República Italiana, alertaba sobre la “mafiosización del mundo”, subrayando que “el método mafioso no se reduce simplemente a una realidad criminal, sino que constituye también una antigua forma de ejercer el poder, recurriendo a una mezcla letal de poder legal e ilegal”.

El maltrato al Estado de derecho se traduce, de manera igualmente determinante, en la poca importancia que Marine Le Pen concede a una posible condena firme, incluso antes de las elecciones. Al enfrentar a los magistrados con el pueblo, afirma que los “franceses” serían entonces los únicos “jueces”. Del pueblo a la propia candidata solo hay un paso, que su entorno se encarga de dar. “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como declaró su fiel partidario Jean-Philippe Tanguy, diputado por la Somme, en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

Hay que comprender lo que está en juego tras este giro: la destrucción, una tras otra, de las instituciones de control que se supone que protegen a los ciudadanos de un poder autoritario.

Con motivo de unas elecciones presidenciales que ahora se han convertido en un referéndum “a favor de la pulsera electrónica o a favor de la inmunidad de Marine Le Pen”, los votantes tienen todo el derecho a preguntarse qué uso haría de las instituciones una candidata que, una vez en el Elíseo, podría verse tentada a autoamnistiar sus delitos.

Las advertencias recogidas en la sentencia del tribunal correccional parecen ya lejanas. Para justificar la condena, la presidenta Bénédicte de Perthuis había criticado duramente “la elusión de la democracia respecto a los electores y al Parlamento Europeo” que suponía el sistema de puestos de trabajo ficticios, antes de recordar que la pena de inelegibilidad —aprobada inicialmente por los representantes de la nación— “tiene por objeto imponerse cuando los políticos se vuelven culpables de atentados contra la probidad” y comprometen “las reglas del juego democrático”.

En cuanto a la ejecución provisional de la pena, la magistrada había considerado que “la propuesta de la defensa de dejar que el pueblo soberano decida equivale a solicitar un privilegio o una inmunidad” para los candidatos. Le había llamado la atención que algunos acusados tuvieran “una construcción narrativa de la verdad” y había mencionado el “grave trastorno del orden público” que supondría la candidatura a las presidenciales o la elección de una persona condenada a una pena de inelegibilidad sin ejecución provisional.

Ante el riesgo de que una delincuente sea elegida presidenta de la República, la escasa reacción, incluso desde la izquierda, que ha suscitado la respuesta de la candidata de RN confirma la trágica ausencia de debate político sobre los atentados contra la probidad y los peligros que suponen para nuestra democracia.

Corresponde, por tanto, a la sociedad civil movilizarse para defender sus intereses, mediante artículos de opinión, caceroladas y otras formas de protesta por inventar, ya que, como cuerpo social, es la principal víctima de las agresiones infligidas al Estado de derecho.

“Todo se desmorona. El centro no puede aguantar. […] Los mejores ya no creen en nada, los peores se hinchan con el ardor de las bajas pasiones”. Hay que (re)leer estos versos del poeta irlandés William Butler Yeats para no caer en la resignación, luchar contra el agotamiento de la imaginación y mostrar vigilancia política.

Y también esta obra de teatro de Bertolt Brecht, El ascendente insuperable de Arturo Ui, para fomentar la acción colectiva:

“Pero, vosotros, levantad la vista, dejad de cotorrear / Aprended, pues, a ver, y actuad. / ¿El mundo gobernado por esta podredumbre? / Los pueblos lo han sometido pero, cuidado: / no os regocijéis demasiado pronto, la victoria no está asegurada — / ¡porque este caldo de cultivo putrefacto sigue siendo fértil!”.

El inquietante efecto de repetición que crea este texto de 1941 nos recuerda que es urgente no permitir que se privatice la campaña presidencial. Esa es la técnica de los poderes iliberales: ahogar a los ciudadanos en interminables procedimientos judiciales para sacar del debate público las cuestiones relacionadas con sus condiciones de vida. No bastará con contrarrestar la narrativa de la extrema derecha. Se espera que los candidatos y candidatas al Elíseo se pronuncien sobre la emergencia climática, la discriminación y el racismo, las desigualdades sociales, el Estado redistributivo, el acceso a la vivienda y a la sanidad o incluso la fiscalidad de los ricos.

A esta lista incompleta hay que añadir necesariamente la exigencia de probidad de elegidos y gobernantes, ya que es un requisito previo para que la población confíe en quienes toman decisiones en su nombre.

Traducción de Miguel López

Para Cartier en Rusia, la historia llegó oficialmente a su fin el 3 de marzo de 2022. Pocos días después de la invasión a gran escala de Ucrania por el ejército ruso, los países de la Unión Europea y Suiza —donde tiene su sede el grupo Richemont, matriz de la marca francesa— impusieron sanciones drásticas que incluyen la prohibición de exportar artículos de lujo a Rusia.

La joyería y la relojería de lujo, dos especialidades de Cartier, se ven afectadas por estas sanciones. La tienda insignia del grupo en Moscú, en la calle Petrovka —más de mil metros cuadrados de anillos, relojes y alfombras rojas—, cierra sus puertas. Sus empleados son dados de baja temporalmente, trasladados a otros países o despedidos. Oficialmente, los acaudalados clientes rusos ya no pueden comprarse pulseras Love de oro blanco (8.700 euros), relojes Baignoire (9.400 euros) ni pulseras Panthère (hasta 421.000 euros en su versión más adornada con piedras preciosas).

Los datos aduaneros a los que ha tenido acceso Mediapart confirman, a primera vista, que se han terminado los flujos de joyería de Europa hacia Rusia: entre 2021 y 2023, las importaciones de mercancías registradas bajo el código aduanero 7113 (joyería de metales preciosos) con origen en Francia caen un 91 % (de 21 millones de dólares en 2021 a menos de 2 millones de dólares en 2023). Del mismo modo, las importaciones de joyas procedentes del Reino Unido se redujeron un 99,6 %, y las de Suiza, un 99,8 %.

Cartier no es una excepción. Según nuestros cálculos, basados en los mismos datos aduaneros, en 2021 se importaron a Rusia 50,6 millones de dólares en mercancías de la marca (de todos los países de origen), frente a solo 5.552 dólares en 2023; se trataba de piezas de recambio destinadas a reparaciones, según precisa la declaración. Oficialmente, pues, se ha cerrado el grifo.

El grupo Richemont, propietario de Cartier, se jacta de ser ejemplar en esta materia. En marzo de 2022, llegó incluso a dar portazo al Responsible Jewellery Council, la organización internacional que establece las normas éticas y medioambientales de la joyería, alegando que no había cortado todos sus vínculos con Rusia. “No se ajusta a los valores de Richemont formar parte de una organización cuyos miembros apoyan conflictos y guerras”, afirmó entonces el director general de Cartier, Cyrille Vigneron.

Pero la realidad es que las joyas de la marca siguen vendiéndose en Rusia, según revela nuestra investigación. Ahora pasan por Kazajistán, que forma parte de la Unión Económica Euroasiática (UEE), un vasto mercado común con Rusia en el que, una vez entrados, los productos circulan sin controles aduaneros.

Las declaraciones aduaneras obtenidas por Mediapart revelan la existencia de estos nuevos circuitos comerciales hacia Kazajistán (ver caja negra), que se desarrollaron precisamente en el momento en que los flujos hacia Rusia se estaban agotando. Según los datos que hemos podido analizar, las importaciones de productos del grupo Richemont a través de Kazajistán pasan así de 0 en 2021 a 23 millones de dólares en 2022, hasta alcanzar cerca de 47 millones en 2025 —es decir, casi las importaciones de mercancías de Cartier en Rusia antes de la guerra (50,6 millones de dólares en 2021) .

Al ser preguntada sobre estas exportaciones y sobre la posible elusión de sanciones que podrían suponer, la marca Cartier no ha querido responder. El grupo Richemont, al que también se ha dirigido Mediapart, afirma haber “cesado toda exportación, venta y distribución de sus productos a Rusia” desde marzo de 2022 y “refuta cualquier sugerencia de que el grupo eluda las sanciones aplicables”. Pero no dice nada sobre sus exportaciones a Kazajistán.

Cartier cuenta con un escaparate privilegiado en la ciudad más grande de Kazajistán, Almaty: una tienda que reabrió sus puertas en 2025 tras haber sido completamente renovada. Según nuestra información, sus ventas se han multiplicado prácticamente por diez desde 2019, hasta alcanzar unos 50 millones de euros en 2025. Las cifras de la tienda kazaja se acercan ya a las registradas por la tienda de Cartier en los Campos Elíseos, a pesar de que esta última es cuatro veces más grande y goza de una ubicación prestigiosa.

Un auge que no puede explicarse por un aumento repentino del nivel de vida en Kazajistán y, por tanto, del consumo de artículos de lujo y de gran lujo. Aunque el país experimenta un crecimiento relativo, el salario medio en la ciudad de Almaty era en 2025 de 1.100 euros al mes (601.126 tenges kazajos).

¿Es posible que Cartier y Richemont, grandes grupos con la mirada puesta en su volumen de negocio, no hayan detectado estos flujos anómalos, ni se hayan dado cuenta de que sus ventas en Kazajistán se han multiplicado casi por diez —a pesar de que las vías para eludir las sanciones a través de Kazajistán están ya ampliamente documentadas (incluso por Mediapart)?

Es aún más improbable si se tiene en cuenta que una de las figuras históricas de la marca trabaja ahora para la tienda de Almaty: Tatiana Torchilina, experta en joyería, que se presenta en Internet como “miembro del consejo presidencial de Cartier” (una institución desconocida para el público, sobre la que Cartier no nos ha dado más detalles) y, sobre todo, exdirectora de la gran boutique de Cartier de la calle Petrovka, en Moscú. Conoce a los clientes rusos de la marca mejor que nadie.

En una entrevista concedida a finales de 2025, Tatiana Torchilina explicaba que trabajaba en esa franquicia y agradecía a la marca su “increíble lealtad” —ella, que pensaba que su “aventura” con Cartier “iba a llegar a su fin” en la primavera de 2022, tras la imposición de sanciones a Rusia.

Sin embargo, las sanciones impuestas por la UE (a las que está sujeta la marca Cartier, cuya sede social se encuentra en Francia) y por Suiza (a las que está sujeto el grupo Richemont, con sede en el país) son claras: no solo prohíben la venta de artículos de lujo a Rusia, sino también "el transporte" y "el tránsito" de dichos artículos “para su uso en ese país”.

Y lo que es aún más sorprendente: según nuestra información, dos exempleadas de Cartier en Rusia siguen facilitando, a día de hoy, la venta de joyas de la marca a clientes rusos.

La primera, Yulia Goryachkina, que fue dependienta de la tienda de la calle Petrovka, ofrece ahora joyas de Cartier… a través de Telegram. En su canal, bajo el seudónimo de “Yulia Cartier”, se describe a sí misma como “la mayor experta en joyería y estilista de Moscú” y explica que “lleva más de veinte años vendiendo artículos Cartier”. Al parecer, las sanciones no han frenado su negocio.

El 8 de junio de 2025, Goryachkina ponía a la venta, a través de este canal de Telegram, un anillo Cartier “Coussin” “absolutamente suntuoso” por 8.255.000 rublos (93.000 euros). El 14 de julio siguiente, vendió un “collar vintage de Cartier” hecho de perlas de oro rosa engastadas con diamantes por 2 millones de rublos (22.000 euros). “Disponible en Moscú”, precisaba.

El día anterior, vendió un broche de nácar de la marca Van Cleef & Arpels (otra marca del grupo Richemont) por 4.780.000 rublos —también “disponible en Moscú”. En abril, avisó a sus clientes: “¡Cartier llevará pronto a cabo su subida anual de precios! Si queréis comprar algo, daos prisa en hacer el pedido y pagar. Escribidme». Al ser preguntada sobre estas ventas, Yulia Goryachkina no quiso responder. Pero unas horas después cerró su canal de Telegram y eliminó las menciones a Cartier de su biografía de Instagram.

Una vez más, a la marca le resultaba difícil ignorar estas actividades: “Yulia Cartier” utilizaba su nombre profusamente, incluso en el título de su canal, y grababa numerosos vídeos en tiendas situadas en Europa y Oriente Medio donde, según tenemos entendido, es imposible probar y grabar piezas que cuestan varias decenas de miles de euros sin autorización.

Tatiana Torchilina, la exdirectora de la tienda de Petrovka, que ahora trabaja para la franquicia de Cartier en Kazajistán, también sigue vendiendo joyas a clientes rusos. Ella misma explicó, en noviembre de 2025, que seguía viviendo en Moscú porque “todos [s]us clientes están aquí”. ¿Cómo lo consigue? Ella menciona “opciones de importación legales”, sin dar más detalles.

En una plataforma rusa de comercio de arte, vende, en calidad de “coleccionista”, joyas de Cartier, entre las que se incluyen un anillo Panthère de 20 millones de rublos (225.000 euros) o una pulsera de oro blanco y ónice de 17 millones de rublos (192.000 euros). No se especifica su origen.

Según nuestra información, Tatiana Torchilina también aprovecha los eventos organizados en la capital rusa (que oficialmente nunca son ventas, sino "cenas artísticas", conferencias sobre la historia de la marca o incluso “recepciones de mecenazgo”) para asegurar a su público que “no hay ningún problema” en conseguir las piezas que les interesen.

Al ser preguntada al respecto, tampoco quiso responder sobre esas ventas, limitándose a asegurar que “ya no es empleada de Richemont” desde hace “bastante tiempo”.

Hemos obtenido y analizado bases de datos aduaneras con la ayuda de un profesional del sector. Debido a la naturaleza de esas bases de datos (casos de declaraciones incompletas, ortografía de los nombres de las empresas transcritos del alfabeto cirílico que puede variar), las cifras proporcionadas en el artículo son una horquilla mínima.

Traducción de Miguel López

En tono grave, casi solemne, Jean-François Soussana, presidente del Alto Consejo para el Clima (HCC), afirmó desde el principio: “Nos encontramos en un momento un tanto trágico”, al presentar el octavo informe de la institución, en el que se analiza la acción climática de Francia en 2025. Dedicó el informe, publicado el jueves 9 de julio, a las 2.025 víctimas mortales registradas entre el 22 y el 28 de junio por Santé publique France a causa de la ola de calor extremo.

En una capital abrumada por el calor, los miembros del HCC —institución creada en 2018 para evaluar de forma independiente las políticas públicas en materia climática— no se anduvieron con rodeos a la hora de señalar la brecha que separa la trayectoria actual de Francia de la gravedad de las consecuencias del cambio climático.

Diez años después del Acuerdo de París sobre el clima, el calentamiento global provocado por las actividades humanas alcanza los 1,4 °C y en unos años se superará sin duda el umbral de 1,5 °C, según han reconocido estos expertos. A nivel mundial, y especialmente en Europa, donde el calentamiento es dos veces más rápido, “las condiciones climáticas se están volviendo cada vez más peligrosas para la salud, los ecosistemas, las infraestructuras y las actividades económicas”.

Aunque la reducción mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero continúa, los avances son “demasiado lentos y demasiado limitados”, resumió la climatóloga Valérie Masson-Delmotte, que participó en este informe titulado “Peligros climáticos: Francia ante sus responsabilidades”. Mientras no se alcance la neutralidad en carbono, el calentamiento seguirá adelante, lo que acarreará consecuencias cada vez más catastróficas.

Si bien, a nivel mundial, se acelera la descarbonización del sector eléctrico y continúa la electrificación de los usos —el 25 % de los vehículos nuevos vendidos en el mundo en 2025 eran eléctricos, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE)—, “la transición del sistema alimentario sigue siendo el pariente pobre de la transición climática”, con un “consumo excesivo de proteínas animales en los países desarrollados” en particular.

Las emisiones de CO₂ del sector agrícola siguen aumentando a un ritmo de 1,6 puntos al año. El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) representa, además, una nueva amenaza que aún debe evaluarse. En la Francia continental, donde el calentamiento alcanza una media de 2,2 °C desde 2016, el año 2025 es el cuarto año más cálido jamás registrado, por delante de 2024 pero por detrás de 2022 y 2023. El calentamiento continúa “a un ritmo rápido”, con episodios de calor más intensos y prolongados.

El HCC destaca, en este sentido, “la creciente gravedad de los impactos”, ya sea en la “perturbación de la escolarización de los niños, sobremortalidad relacionada con el calor, mayor propagación de enfermedades vectoriales, pérdidas agrícolas, tensiones en el suministro de agua, elevados costes de los daños relacionados con las inundaciones y la contracción-expansión de las arcillas, aumento del coste de los seguros, retroceso de la línea de costa”, o en “el deterioro de los bosques y el blanqueamiento de los corales”. Nuestras infraestructuras también se han “diseñado para un clima que ya no existe”.

“La adaptación que se está llevando a cabo actualmente en Francia es insuficiente para contener el rápido aumento de los riesgos climáticos”, afirma el informe. Por otra parte, aunque es urgente la adaptación al cambio climático, evidentemente no puede ser suficiente, insistió Jean-François Soussana. “La capacidad de adaptación de numerosos sistemas humanos y ecosistemas está alcanzando ya sus límites”, señala el informe. Si se mantiene la trayectoria actual de emisiones, Francia debe prepararse para hacer frente a “pérdidas de rendimiento agrícola”, a “racionamientos de agua en épocas de sequía” y a “condiciones de habitabilidad reducidas”.

El ritmo de reducción de las emisiones en Francia se ha ralentizado de nuevo, al igual que el año pasado, pasando del −3 % al −2,1 %. En 2025, Francia emitió 359 millones de toneladas equivalentes de CO₂ (MtCO₂eq), lo que supone una disminución de 7,6 MtCO₂eq con respecto a 2024. El sector del transporte sigue siendo el principal responsable, con un 34 % de las emisiones, seguido de la agricultura con un 21 %, la industria con un 16 % y la construcción con un 15 %.

En cuanto a la agricultura, la ganadería representa el 59 % de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector, es decir, 45,7 MtCO₂eq, principalmente en forma de metano, mientras que los cultivos representan el 27 % de las emisiones del sector, con 21,1 MtCO₂eq.

Por otra parte, la mitad de la reducción de las emisiones de GEI se debe a la disminución de la actividad industrial —y, por tanto, a las deslocalizaciones—, pero también a una reducción de la cabaña ganadera. Las emisiones importadas siguen representando la mayor parte de la huella de carbono de Francia. En el país, el estado de los sumideros de carbono, indispensables para alcanzar la neutralidad de carbono, se ha deteriorado como consecuencia del cambio climático.

Aunque el país se ha dotado, desde el Acuerdo de París, de “un marco jurídico climático cada vez más denso”, señala el informe, estructurado en torno a leyes como la “clima y resiliencia” de 2021, está lejos de cumplirlo. O, más exactamente, “las normas existen, pero su aplicación adolece de una falta de recursos administrativos y financieros, de numerosas excepciones y de una tendencia recurrente a rebajar la exigencia jurídica en cuanto esta se vuelve políticamente o económicamente sensible”. Una formulación diplomática, pero clara, para expresar hasta qué punto han sido sistemáticamente socavados a lo largo de los años los escasos avances de las políticas públicas.

Aunque Francia ha establecido el objetivo de la neutralidad en carbono para 2050, “persiste la brecha entre la ambición de las leyes y los resultados: emisiones insuficientemente reducidas y aplicación parcial”, como ocurre con el “cero artificialización neta”, incumplido por todas partes. Los miembros del HCC también han criticado duramente el proyecto de ley de emergencia agrícola, que acaba de ser aprobado en el Senado, por sus importantes retrocesos en materia de ecosistemas.

Aunque el HCC recuerda que acogió con satisfacción la aprobación del tercer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), subraya, no obstante, que “la puesta en marcha de las medidas del Pnacc sigue dependiendo de los recursos financieros y aún queda por demostrar su impacto tangible en la adaptación de Francia”. Estamos muy lejos del ejercicio de autocomplacencia del Gobierno sobre este tema. A mediados de junio, Monique Barbut, ministra de Transición Ecológica, Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza, afirmaba que el 80 % de las medidas del Pnacc estaban “en marcha”.

Para completar este sombrío panorama, el HCC señala que el cambio climático va acompañado de desigualdades crecientes, con una precariedad cada vez mayor en el ámbito energético, desde el acceso a la movilidad hasta la precariedad alimentaria. Los retrasos en materia de atenuación agravan las desigualdades sociales, ya que “la exposición al estrés térmico en viviendas, colegios, hospitales y lugares de trabajo (no adaptados) afecta en primer lugar a los hogares con menos recursos”. El HCC ha presentado una Francia acorralada y ha expresado su deseo de que las grandes decisiones que le esperan ante el cambio climático ocupen un lugar central en la campaña presidencial.

Traducción de Miguel López

Los turistas extranjeros que vayan a Japón este verano tienen motivos para alegrarse. Su poder adquisitivo local alcanzará niveles récord. De hecho, la caída del yen japonés parece no tener ya límites.

A principios de julio de 2026, la moneda japonesa se ha situado en niveles inéditos desde el 17 de diciembre de 1986. El 1 de julio se alcanzó un mínimo de 162,84 yenes por dólar en la sesión bursátil y, tras una ligera subida, una semana más tarde, el 8 de julio, la moneda nipona se situó en 162,71 yenes por dólar.

Hace casi cuarenta años que el dólar no había estado tan caro en el archipiélago. El mundo era entonces muy diferente: el yen se estaba fortaleciendo de forma inédita tras los acuerdos del Plaza de 1985, en los que las grandes potencias de la época se habían puesto de acuerdo para debilitar el dólar. Entre febrero de 1985 y diciembre de 1986, el yen se había apreciado casi un 38 % frente al dólar.

Hoy la tendencia es la contraria. Desde su mínimo de abril de 2025, el yen ha perdido un 13,5 % de su valor y, si se analiza una perspectiva más amplia, se observa una caída vertiginosa desde el máximo histórico del yen, alcanzado el 31 de octubre de 2011, de 75,72 yenes por dólar. La caída alcanza casi el 55 % y la tendencia a la baja parece inexorable.

Para comprender las fuerzas del mercado que arrastran al yen, hay que recordar que, a finales de abril, el banco central del país, el Banco de Japón (conocido por sus siglas en inglés, BoJ), intervino para respaldar su moneda, que había superado los 160 yenes por dólar.

Se habían utilizado nada menos que 11,7 billones de yenes —el equivalente actual a más de 63 mil millones de euros— durante un mes para situar el dólar en 143 yenes al 1 de abril. Pero, a pesar de esta cantidad récord, la tregua duró poco y el yen volvió a caer. El 1 de junio se volvió a superar el umbral de los 160 yenes, lo que puso de manifiesto el carácter temporal e infructuoso de esa intervención.

¿Cómo se explica este movimiento? En primer lugar, existen razones estructurales, lo que se conoce como el carry trade, que consiste en pedir dinero prestado en un país con tipos de interés muy bajos para invertirlo en otro con tipos muy altos. Japón es, desde hace varias décadas, el lugar de préstamo preferido por esos operadores, ya que el Banco de Japón (BoJ) aplica tipos muy bajos para intentar reactivar una economía estancada.

Esas operaciones favorecen una salida de yenes de Japón, ya que el dinero prestado se cambia a otra moneda más rentable. El carry trade ejerce, por tanto, presión a la baja sobre el valor del yen. Pero durante mucho tiempo este fenómeno se vio compensado por el superávit comercial del país y permitía garantizar entradas de divisas. A ello se sumaba la imagen de seguridad que el yen transmite en la región en caso de crisis.

Así, incluso cuando el BoJ redujo su tipo de interés de referencia al 0,1 % a partir de 2009, el yen siguió apreciándose, ya que los operadores buscaban protegerse frente a la crisis de las hipotecas subprime y, posteriormente, frente a la de la zona euro. No obstante, en 2015 el BoJ situó su tipo en terreno negativo, en −0,1 %, lo que aceleró la presión del carry trade. Los flujos de salida de yenes se aceleraron, al tiempo que las tensiones con China mermaban la imagen de seguridad del país.

A partir de marzo de 2024, el BoJ comenzó a subir sus  tipos y el tipo principal de refinanciación se sitúa actualmente en el 1 %. Pero este endurecimiento no ha frenado la salida de yenes, ya que este tipo sigue siendo el más bajo del mundo entre los principales bancos centrales. La diferencia con el tipo de referencia de la Fed, por ejemplo, es de 2,75 puntos porcentuales. Quien quiera realizar un carry trade sigue pues pidiendo prestados yenes y cambiándolos por dólares.

Pero este movimiento no explica por sí solo la actual debilidad del yen. También existen razones coyunturales, en particular el fortalecimiento general del dólar, que se ha apreciado un 2,12 % en seis meses frente a una cesta de seis divisas (euro, franco suizo, libra esterlina, dólar canadiense, yen y corona sueca), frente al 2,91 % del yen por sí solo. La burbuja de la inteligencia artificial (IA) y los tipos de interés relativamente altos atraen capitales hacia Estados Unidos.

Al mismo tiempo, Japón se ha visto afectado por la guerra en Irán. La mayor parte del petróleo que el país necesita para el funcionamiento de su economía pasa por el estrecho de Ormuz, y el encarecimiento del oro negro ha tenido un impacto directo en la demanda de dólares procedente de Japón. Esto explica en gran medida la caída del yen en abril y, posteriormente, tras la intervención del Banco de Japón a principios de junio.

Pero el yen es fundamentalmente débil por otra razón. Japón se encuentra en una situación de crecimiento débil y elevada deuda. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria a principios de la década de los 90 (favorecida por la subida del yen descrita anteriormente), el país se enfrenta a un importante debilitamiento que se ha acelerado aún más desde la crisis de 2008 y la de 2020. Así, en el primer trimestre de 2026, el PIB en volumen era solo un 1,6 % superior al nivel del primer trimestre de 2019.

La política particularmente acomodaticia del BoJ no ha logrado frenar el estancamiento del país, sino todo lo contrario. Y la razón es que se trata de un problema estructural. Es cierto que Japón cuenta con un importante sector manufacturero, moderno y competitivo, fruto de su “milagro” de los años 1960-1980, pero, en la actualidad, los beneficios de este sector no son suficientes para garantizar el crecimiento y el empleo.

El archipiélago ha desarrollado, en paralelo a esta industria, un amplio sector de servicios muy poco productivo y muy poco rentable que mantiene los salarios bajo presión debido a la falta de ganancias por productividad. Esta lógica alimenta una tendencia subyacente a la deflación, ya que la dinámica salarial es inexistente y la rentabilidad global de la economía es baja.

En este contexto, los beneficios obtenidos por las exportaciones apenas se reinvierten en la economía japonesa, lo que agrava el problema. Además de los bajos tipos de interés, la otra forma de sostener la demanda interna es el gasto público: cualquier Gobierno japonés que se precie lleva más de diez años viéndose obligado a poner en marcha planes de reactivación a gran escala. Pero esos planes no logran corregir una situación agravada aún más por el descenso de la población, que reduce la demanda.

Cada vez más déficit y cada vez menos crecimiento: lógicamente, las cuentas públicas japonesas se han deteriorado considerablemente, lo que ha resultado aún más fácil dado que el BoJ compraba sin cesar esa deuda en los mercados. La ratio de deuda pública sobre el PIB, que era del 54,8 % en 1990, pasó al 153,4 % en 2005 y luego superó el 200 % en 2008. A finales de 2025 se situaba en el 204,4 %.

El país no corre riesgo de quiebra, ya que la deuda está denominada en su mayor parte en yenes y es propiedad del BoJ y de los ciudadanos japoneses. El país también presenta un superávit por cuenta corriente muy holgado. Sin embargo, el déficit público y los planes de reactivación contribuyen a la caída del yen. El Gobierno de Sanae Takaichi, reforzado por una amplia victoria electoral en febrero, anunció así a finales de junio un nuevo plan de reactivación de 3,7 billones de yenes, es decir, unos dos mil millones de euros, para los próximos catorce años.

Al mismo tiempo, el Gobierno se esfuerza por mantener el nivel de vida de los japoneses, que se encuentra bajo presión. Sanae Takaichi prometió reducir el IVA y mantuvo, en plena crisis iraní, las subvenciones a la gasolina. La medida permitió mantener bajo control la tasa de inflación e incluso hacer repuntar los salarios reales. Tras haber retrocedido constantemente desde 2021, los salarios registraron cinco meses de aumento entre enero y mayo. Sin embargo, este repunte de recuperación apenas se refleja en el gasto de los hogares.

Para garantizar la financiación a bajo coste de esta deuda, el Gobierno japonés podría verse tentado a mantener los tipos reales en mínimos y, por lo tanto, a frenar la política de “normalización” del BoJ. Es más: un yen débil garantiza una ventaja competitiva para las industrias exportadoras y, por tanto, para el crecimiento japonés. En junio, el índice Tankan del BoJ, que mide el clima empresarial en el sector manufacturero, mejoró hasta alcanzar su nivel más alto desde 2018.

Sanae Takaichi es conocida por haber defendido durante mucho tiempo una política de tipos bajos y su llegada al poder no ha ayudado al yen. En su hoja de ruta publicada a finales de junio, su Gobierno, que se ha fijado como misión reforzar el crecimiento, señaló que “es extremadamente importante una política monetaria adecuada que respalde la demanda privada mediante la estabilidad de los precios”.

Esas palabras provocaron una nueva caída del yen: si el BoJ no endurece su política, no se detendrá el flujo de salida de yenes. El propio ministro de Política Económica, Minoru Kiuchi, tuvo que intervenir una semana más tarde para asegurar que “no hay absolutamente nada de cierto en los artículos que sugieren que el Gobierno fomenta los tipos bajos”. Pero los mercados tienen tan poca confianza en el Gobierno japonés que, al día siguiente, el yen alcanzó su nivel más bajo en cuarenta años.

En realidad, la situación actual es un callejón sin salida. El yen débil lastra al sector no exportador y a los hogares al encarecer las importaciones de las que Japón depende en gran medida. En abril, el índice de confianza de los hogares se había desplomado casi siete puntos, pasando de 40 a 33,3, algo nunca visto desde la pandemia. Desde entonces, se ha mantenido cerca de ese nivel y en julio se situaba en 33,8.

Lo más preocupante es que las quiebras se han acelerado. Japón es el país de las empresas “zombis”, poco o nada rentables y que dependen de la deuda para sobrevivir. El aumento de los costes derivados de la debilidad del yen, que se suma al de los salarios y al endurecimiento de las condiciones de financiación, no ha podido sino llevar a declaraciones de quiebras. En el primer semestre de 2026, el número de quiebras en Japón fue así el más alto desde 2022, con un aumento del 30 % respecto al año anterior.

Al lado, la recuperación del sector manufacturero, que se beneficia especialmente de la burbuja de la IA, es modesta. En mayo, la producción industrial creció un 0,5 % interanual, un aumento menor de lo previsto que no permite compensar las pérdidas anteriores: en términos interanuales, el descenso es del 1,7 %.

La situación es, por tanto, difícil. El FMI prevé un crecimiento del 0,7 % para Japón este año y del 0,6 % el próximo, es decir, la mitad del modesto crecimiento del 1,2 % previsto para 2025. El yen débil no supone, por tanto, un apoyo para la economía, sino todo lo contrario. Es más, el escaso crecimiento reduce la demanda de moneda japonesa.

Por su parte, los mercados financieros internacionales y los economistas bancarios defienden una política radical a favor del capital financiero: austeridad presupuestaria y subida de los tipos de interés. Este jueves 9 de julio, el tipo de interés a diez años de los bonos del Estado japoneses alcanzó el 2,884 %, un nivel nunca visto desde julio de 1996. Se trata claramente de una presión de los mercados sobre Tokio para obligarle a modificar su política presupuestaria y permitir que el Banco de Japón endurezca los tipos.

Pero una política así sería catastrófica para un Japón que sigue marcado por una lógica deflacionista subyacente. Los dos pilares actuales del débil crecimiento, las exportaciones y la deuda, se verían debilitados, al tiempo que la demanda interna sufriría los efectos de la austeridad y las empresas “zombis” caerían de forma masiva. La clave sigue estando en las ganancias por productividad globales más que en las decisiones de política económica. Y ni los economistas de banca, ni el Gobierno, ni el BoJ disponen de soluciones para responder a este problema.

Mientras tanto, muchos esperan que el yen siga debilitándose bajo la presión de la política expansionista de Sanae Takaichi, la cautela del BoJ y las condiciones internacionales. Las opciones indican que los mercados estiman que hay un 15 % de probabilidades de que el dólar alcance los 180 yenes.

Si el yen siguiera retrocediendo, Tokio podría volver a intervenir, aunque quizá de forma más indirecta, pidiendo, en particular, a los fondos de pensiones y a las aseguradoras —grandes tenedores de títulos en dólares— que repatriaran una parte de ellos. La subida de los tipos de la deuda japonesa podría favorecer este movimiento, aunque el tipo a diez años de Estados Unidos sigue ofreciendo 1,67 puntos porcentuales más que su equivalente japonés.

Pase lo que pase, las intervenciones en el mercado de divisas suelen ser infructuosas cuando persisten las causas de la debilidad de la moneda. Es más, denotan impotencia y pánico, lo que incita a los operadores a vender sus yenes. En resumen, Japón no ha salido del atolladero.

Traducción de Miguel López

Marine Le Pen ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal de Casación con la misma naturalidad con la que los Men in Black apretarían el gatillo de su bolígrafo para borrar la memoria de testigos incómodos. De un solo golpe, su condena por malversación de fondos públicos en el caso de los asistentes parlamentarios europeos dejaría de existir, a ojos de la líder de los diputados de la Agrupación Nacional (RN).

Así fue cómo la líder de la extrema derecha francesa anunció en el telediario de las 20:00 horas de TF1, el martes 7 de julio, su cuarta candidatura a las elecciones presidenciales.

Un poco antes ese mismo día, había sido declarada culpable, por segunda vez en un año, de haber supervisado un sistema creado para reducir las cargas del Frente Nacional (FN, que pasó a llamarse RN en 2018) mediante la remuneración de los empleados del partido a través de contratos ficticios como asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo. Y condenada, en particular, a un año de prisión efectiva, que podrá cumplir en su domicilio y con una pulsera electrónica.

Aunque a las tropas lepenistas se les había prohibido hablar con la prensa antes de que su jefa se pronunciara, luego pudieron aparecer en todos los programas de radio y televisión para insistir en un argumento destinado a acallar cualquier crítica sobre la probidad de su candidata: al haberse presentado un recurso ante el Tribunal de Casación que suspende la pena dictada por el Tribunal de Apelación de París, Marine Le Pen vuelve a gozar de la presunción de inocencia. Se acabó la discusión.

La diputada de Pas-de-Calais tiene todas las razones para querer hacer olvidar esta resolución judicial. Es cierto que resulta sorprendentemente indulgente en cuanto a la pena impuesta, lo que vuelve a hacer a Marine Le Pen elegible en 2027. Pero es abrumadora en cuanto al fondo.

El Tribunal de Apelación ha insistido en la “especial gravedad” de la malversación de fondos europeos —2,8 millones de euros de dinero público— y ha considerado que este sistema fraudulento ocurrió “bajo el impulso determinante” de la expresidenta del FN y luego de RN y se prolongó “durante más de once años” (de 2004 a 2016). Y todo ello a costa de una “violación de la confianza en la que se basan los electores y que depositan en cada uno de sus representantes”.

El recurso de casación anunciado por Marine Le Pen “no anula la sentencia del tribunal de apelación. Solo suspende sus efectos”, consideró oportuno recordar Ludovic Friat, presidente de la Unión Sindical de Magistrados (USM), el sindicato mayoritario, el miércoles 8 de julio en la cadena BFMTV-RMC.

Pero con este recurso, la hija de Jean-Marie Le Pen gana un tiempo precioso que le permitiría eludir una posible condena definitiva antes de las elecciones presidenciales.

La apuesta es arriesgada. Sobre el papel, su destino judicial podría decidirse ya a principios de 2027. De hecho, un alto cargo del Tribunal de Casación asegura a Mediapart que el máximo órgano judicial se ha puesto ya en marcha para poder pronunciarse antes de la primera vuelta de las elecciones, el 18 de abril. Para ello, habrá que dar prioridad absoluta al examen de los recursos que presentará RN ante la Sala de lo Penal, cuyos plazos habituales suelen oscilar entre uno y dos años.

Si su recurso es desestimado a tiempo, la candidata se vería entonces obligada a llevar una pulsera electrónica y tendría restringidos sus desplazamientos durante los últimos meses de su campaña. No será fácil para el juez de ejecución de penas designado arriesgarse a imponer tales obligaciones a la líder de un partido a las puertas del poder, pero la sentencia del Tribunal de Apelación obliga a cumplir la parte firme de la pena de prisión bajo vigilancia electrónica.

El miércoles, los dirigentes del partido de Le Pen multiplicaron las señales indicando que RN haría todo lo posible para impedir tal escenario y retrasar el plazo más allá de la segunda vuelta. Con un plan en mente: si Marine Le Pen se instala en el Elíseo, estará protegida por su inmunidad presidencial.

“Si se desestimara el recurso, la decisión del Tribunal de Apelación de París pasaría a ser ejecutiva y, por lo tanto, se ejecutaría. Pero durante el mandato presidencial, quedará en cierto modo suspendida por la inmunidad presidencial y solo podrá ejecutarse una vez finalizado dicho mandato”, explicó el 8 de julio, en el plató de TF1, Marie-Suzanne Le Quéau, fiscal general adjunta del Tribunal de Apelación de París.

Las filas lepenistas quieren, por tanto, ganar tiempo. “En cuanto Marine Le Pen pueda presentarse, ya no habrá urgencia para que se pronuncie el Tribunal de Casación. Se entra en un procedimiento normal de casación”, opinó el alcalde de Perpiñán y vicepresidente de RN, Louis Aliot, en BFMTV-RMC. “El caso que se plantea hoy no entra dentro de los procedimientos acelerados”, coincidió el abogado de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselut, en France Inter.

“Tiene un pie en el acelerador para las presidenciales, quiere llegar lo antes posible, y otro en el freno en lo judicial”, dijo a modo de ilustración Ludovic Friat en BFMTV-RMC. “Es probable que sus abogados presenten múltiples solicitudes en el marco de este recurso de casación.”

Para ralentizar el proceso, la candidata de RN podría, entre otras cosas, presentar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que tendría como efecto retrasar el examen de los recursos.

“No estoy jugando una contrarreloj, soy una ciudadana que ejerce sus derechos”, dijo Marine Le Pen el miércoles por la mañana en La Flèche (Sarthe), durante un acto destinado a demostrar la unidad del “binomio” que forma con su posible primer ministro, Jordan Bardella.

La líder ultra está hoy dispuesta a enzarzarse en un pulso con la justicia, aun a riesgo de ejercer presión sobre las instituciones en plena campaña para las elecciones presidenciales. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme en 2027”, afirmó el martes por la noche en TF1.

Para el mundo RN, “Marine Le Pen es la más indicada para saber si es inocente o culpable”, tal y como afirmó el diputado Jean-Philippe Tanguy en France Inter, al día siguiente de la condena en apelación de su jefa.

La que fuera número uno del partido, que en el pasado había hecho de su supuesta probidad un argumento de campaña, no considera en absoluto que una condena en apelación por malversación de fondos públicos la inhabilite para 2027. Enfrentando a los magistrados con el pueblo en una retórica trumpista, llega incluso a considerar que “los franceses” serían los únicos “jueces” si esta resolución judicial fuera confirmada como definitiva por el Tribunal de Casación antes de las presidenciales. Todo ello mientras se esfuerza por evitar la etiqueta de “candidata presidencial con antecedentes penales”.

Si Marine Le Pen quiere ganar tiempo, puede presentar en primer lugar una cuestión prioritaria de constitucionalidad (QPC), lo que retrasaría el examen de los recursos de casación. Si el Tribunal de Casación la considera admisible, la QPC se remite al Consejo Constitucional para su examen, lo que lleva varios meses. Los abogados de RN también pueden tomarse su tiempo para presentar sus escritos ante el Tribunal de Casación una vez interpuestos los recursos de casación. En ambos casos, se trata de una forma hábil de posponer una resolución judicial definitiva hasta después de las elecciones presidenciales y de eludir una posible condena penal.

Con o sin QPC, una vez que se le haya sometido el fondo del asunto, la Sala Penal del Tribunal de Casación puede dictar varios tipos de resoluciones. Si los recursos son admisibles, puede examinarlos y, a continuación, desestimarlos sin más. En tal caso, la resolución del Tribunal de Apelación se aplicaría de inmediato, lo que supondría que Marine Le Pen, definitivamente condenada, tendría que llevar una pulsera electrónica durante un período de varios meses a un año. Podría impugnar la ejecución de su pena, pero con posibilidades inciertas de éxito.

En caso contrario, aún quedan varias posibilidades. En caso de casación total con devolución, el expediente de los asistentes parlamentarios europeos de RN sería juzgado de nuevo por otro tribunal de apelación (o por el tribunal de apelación de París con una composición diferente), y todos los acusados gozarían de la presunción de inocencia (contrariamente a lo que se haya podido decir aquí o allá, no se volvería a la sentencia de primera instancia).

En su defecto, la Sala de lo Penal podría dictar una casación parcial, con o sin remisión a otro tribunal de apelación. En teoría, podría, por ejemplo, anular únicamente una disposición relativa a las penas impuestas si considera que carece de fundamento jurídico.

Dado que el Tribunal de Apelación de París se ha esmerado en redactar meticulosamente su sentencia, el escenario de una casación total o parcial no es el más probable. De hecho, el Tribunal de Casación solo juzga el derecho.

Traducción de Miguel López