Lo primero que uno se pregunta al leer los escritos de Peinado es si no tendrá el juez un sobrino o alguien que haya aprobado el Bachillerato y que pudiera revisarle la sintaxis y la ortografía. Y eso no es poca cosa, porque la claridad en el lenguaje jurídico, por respeto a nuestra lengua y a las partes implicadas en el proceso, es una norma básica que deben cumplir jueces y fiscales por igual. Con esta redacción, el juez no habría aprobado el examen escrito no digo ya de unas oposiciones a Judicatura, sino siquiera el requerido para puestos de menor enjundia. Entendemos las prisas por comunicar a la esposa del presidente del Gobierno sus cuatro presuntos delitos, coincidiendo con sus viajes oficiales, como ha hecho en otras ocasiones, pero, por dios, media hora para una revisión mínima previa…

Entrando en cuestiones de fondo, la impresión que yo tengo observando esa obsesiva y larga búsqueda de ilegalidades en el comportamiento de la esposa del presidente del Gobierno es similar a la que me provocan sus deficiencias gramaticales: también en la instrucción misma Peinado es propenso al error. 

Ha atendido una querella procedente de recortes de prensa repletos de conjeturas y falsedades, formulada por organizaciones de extrema derecha que se dedican precisamente a llenar los juzgados de basura. Ha citado a decenas de testigos y ha pretendido imputar luego a alguno de ellos, ilegalidad por la que el juez merecería no la reprimenda de sus superiores, que la tuvo, sino la inmediata inhabilitación. Ha querido multar a periodistas por publicar información sobre sus decisiones. Ha tomado declaración al mismísimo ministro de Presidencia en un interrogatorio surrealista. Según se ha publicado, se hizo poner una tarima para ubicarse físicamente por encima del testigo. Sabiendo que obviamente no declararía en contra de su esposa, se plantó sin embargo en el Palacio de la Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno, armando un revuelo extraordinario, que abrió ediciones en medio mundo.

Todo para concluir que Begoña Gómez ha usado sus contactos para montar un curso de responsabilidad social de las empresas en la Universidad Complutense de Madrid, con ayuda gratuita de compañías como La Caixa, Reale, Google, Indra, Telefónica y otras, y que lo ha hecho con la colaboración de la asistente personal que desde tiempo inmemorial ayuda a las esposas de los presidentes del Gobierno en su vida diaria. Eso es todo. ¿Se ha hecho millonaria en el proceso Begoña Gómez? Por ejemplo, ¿se ha embolsado dos millones de euros en comisiones por la compraventa de mascarillas a un proveedor relevante del Estado, tras una decisión del Consejo de Ministros que presidía su pareja, como hizo González Amador con el grupo Quirón en la Comunidad de Madrid? ¿Obtuvo Begoña Gómez pingües ganancias por poner a disposición una aplicación y una página web gratuita que ayudaba a las empresas a adoptar objetivos de desarrollo sostenible? ¿Se ha comprado la señora un cochazo o quizá un dúplex tras el pelotazo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué disparate es este?

Recordemos a las esposas de los presidentes del Gobierno desde Amparo Illana (Suárez) y Pilar Ibáñez (Calvo Sotelo) que no tuvieron actividad remunerada. Todas ellas tuvieron carreras profesionales sin duda meritorias, pero coincidiendo con la estancia de su esposo en la Presidencia del Gobierno, la sindicalista Carmen Romero (González) fue elegida diputada; la técnica de Administración Civil Ana Botella (Aznar), concejala de Madrid; la profesora de música y cantante Sonsoles Espinosa (Rodríguez Zapatero) fue reclutada en prestigiosas formaciones corales; la discreta empresaria Viri Fernández (Rajoy) fue contratada por Telefónica siendo su esposo ministro. Nadie discutió sus méritos ni cuestionó sus decisiones porque no hubo exceso alguno ni conducta reprobable.

Todas ellas tenían un o una asistente que ayudaba con las cosas de la casa, con la agenda institucional, con la familia y con los trabajos. El conductor las llevaba y las traía, al cine y de compras si era necesario. Los escoltas –probos guardias civiles y policías– vigilaban a las hijas y los hijos. Naturalmente, las señoras podrían recibir allí, en el Palacio, porque es su casa, a sus padres y hermanos y parientes lejanos, a los amiguitos de los niños, a los jefes y los colegas de trabajo. A quien les diera la santísima gana, solo faltaría. ¿O es que los cocineros y el jardinero debían abstenerse de prestar servicio al padre de Rajoy o a los de Zapatero? Si Begoña Gómez tenía que reunirse con el rector de la Universidad Complutense, ¿no podía hacerlo en su propia casa?

No quiero decir que no deban respetarse límites razonables en el uso de los recursos públicos, por supuesto. Ya digo que estaría muy feo que Begoña Gómez hiciera negocios y percibiera comisiones millonarias trabajando con algún importante proveedor del Estado, por ejemplo. Pero el comportamiento de Begoña Gómez, por lo que hemos sabido tras esta investigación prospectiva que Peinado ha promovido según muchos analistas, ha sido honrado, transparente y austero. Ha prestado servicios gratuitos, cobrando solo por sus clases como el resto de profesores. Es obvio que no ha habido un lucro desproporcionado ni robo ni desfalco ni daño a nadie. Registró a su nombre un software que no tiene utilidad comercial porque así lo pidió la propia Universidad. El juez fuerza los argumentos y hace conjeturas con aparente animadversión. Configura un juicio político bailándole el agua a los querellantes y dejándole la pelota en el punto de gol a Feijóo y a Abascal, que en el resto de asuntos no rematan ni un pase. 

El presidente, aunque se ha rechazado su querella contra el juez, proclama su confianza en la Justicia, que “pondrá todo y a todos en su sitio”. Ojalá. Lamentablemente, puede suceder demasiado tarde, o no ocurrir. Hemos visto cómo cinco magistrados del Tribunal Supremo, frente a dos discrepantes, han firmado la condena del fiscal general del Estado, un hombre honorable, sobre la base de puros indicios y en contra de las contundentes afirmaciones de los testigos en contrario. A partir de ahí, todo es posible en la Justicia de nuestro país, repleta de jueces conservadores fuertemente sindicados. 

Tanto en este caso como en el del hermano del presidente, que ha llevado una instrucción algo más discreta y ordenada pero también disparatada en las conclusiones, el resultado final es brutal. Meses y meses de investigaciones y filtraciones se acompasan con la acción política del PP y de Vox. El juzgado cita, toma declaraciones, se filtran autos y providencias, y al día siguiente Feijóo y Abascal preguntan en la sesión de control, o promueven con sus mayorías absolutas comisiones en el Senado o en la Asamblea de Madrid. Los medios conservadores se rasgan las vestiduras y multiplican el impacto… El propio proceso es la pena, porque se cuestiona de inmediato la honorabilidad del presidente y su limpieza. Entonces todo se mete en una coctelera en la que cabe un caso presuntamente cierto de corrupción –el único con visos de certeza, el que implica a Ábalos y Cerdán– que al agitarse compromete la credibilidad de todo el Partido Socialista y de su Gobierno.

Miles de horas de inevitable cobertura en los medios de comunicación terminan generando un clima nauseabundo de supuesta corrupción que opaca el buen funcionamiento de un país que puntúa bastante bien en los indicadores de estabilidad, institucionalidad y funcionamiento democrático. Un país, España, que además está en un buen momento económico, social e internacional. 

Tener que recurrir a la familia del presidente, a una profesional que ya lo era de antes y a un director de orquesta con exquisita formación cuyo legado en favor de la ópera en Extremadura y en Portugal puede comprobarse con una simple búsqueda en Internet, es una constatación de la bajeza de las derechas españolas. Pero también es un síntoma de que Feijóo no merece dirigir España. Es una lástima –o una suerte, según se mire– que el PP no lo vea y se aferre a un candidato tan flojo. Porque el juez se jubila pronto y no pasará a la historia judicial si no es por sus desafueros. Pero Feijóo, por el momento, sigue entre nosotros y se propone como presidente del Gobierno. Cada día que pasa el puesto le viene más grande.

El acrónimo TACO  –Trump Always Chickens Out, algo así como “Trump siempre se acobarda”– se está popularizando. Describe la pauta de comportamiento del siniestro personaje que Estados Unidos tiene como presidente y que sufre la humanidad entera. Anuncia altísimos aranceles para medio mundo y luego aplaza su imposición o directamente ni los aplica. Proclama su intención de hacerse con Groenlandia y se limita a enviar de visita a su vicepresidente. Anuncia literalmente la destrucción de la civilización persa pero luego se da dos semanas de supuesta negociación, como sucedió en la noche de este miércoles.

Según el propio Trump, se trata de una estrategia. Sería “el arte de la negociación” que dio título a su superventas de los años 80, del que el magnate no escribió en realidad ni una línea, según su editor y el escritor que lo redactó. De modo que cuando alguien le preguntó recientemente por qué amenazaba para luego retractarse, el inquirido soltó su típica bravata: “Se llama negociación. Fijas una cifra y, si bajas... Ya sabes, fijo una cifra ridículamente alta y bajo un poco”.  

Trump se pone de los nervios cuando le llaman gallina, tanto como cuando le dicen que pierde pelo, que sufre sobrepeso o que tiene las extremidades cortas (recuérdese la broma de Obama sobre la obsesión de Trump con el tamaño…). La cosa sería para reírse si no fuera trágica. Trump ha ordenado matar a cientos –o miles– de personas. Ha puesto patas arriba lo poco que había de institucionalidad en el orden internacional. Ha liquidado la credibilidad de su país y ha roto con sus propios aliados para alinearse con los sátrapas y los asesinos. Está perjudicando la economía del mundo entero subiendo precios y contrayendo el crecimiento no solo de sus propios compatriotas sino de todo el planeta. Es, por lo demás, un delincuente convicto, con mucha probabilidad pedófilo, y con total seguridad putero, machista, racista y mentiroso compulsivo. También un hortera engreído que está poniendo su nombre en el Centro Kennedy de las Artes Escénicas (que el otro día le abucheó en un estreno), su firma en los billetes de dólar por primera vez en la historia y sus obsesivos dorados en una estatua de estilo norcoreano o en un salón de baile grimoso en el ala Este de la Casa Blanca. De lo del Nobel de la paz recibido de manos de María Corina Machado ya ni hablamos.  

¿Para qué? ¿Por qué? La hipótesis predominante es que Donald Trump sufre problemas mentales. Se le atribuye demencia, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad en niveles graves y Personalidad Narcisista. Con ese supuesto diagnóstico –porque Donald Trump no ha entregado sus informes médicos desde hace una década–, este señor no podría presidir el país según sus propias normas. Entre sus seguidores hay ya preocupación por el comportamiento de su líder. Por unos motivos o por otros, el nivel de aprobación de Trump está en caída libre, en las peores cotas de la historia para un presidente en su segundo año del segundo mandato.  

En eso se distingue de otros autócratas del mundo. Por increíble que nos parezca, muchos israelíes y muchos rusos aprueban la gestión de sus respectivos jefes de gobierno en sus macabras aventuras expansionistas. En esos casos las decisiones, por muy criminales que sean, al menos obedecen a una estrategia: robarle las tierras al vecino. En el caso de Trump nadie entiende qué pretende hacer con Irán. Una investigación exclusiva del New York Times de esta misma semana constata que lo único que hizo el magnate naranja al decidir invadir Irán fue seguir las instrucciones de Netanyahu. El penúltimo disparate de Trump es poner a Estados Unidos al servicio del sionismo sin la más mínima contrapartida. Las elecciones intermedias de noviembre podrían cambiar la mayoría en el Congreso y en el Senado y quizá provocar un proceso de censura que le sacara de la Casa Blanca; pero la alternativa –el lunático converso ultracatólico J.D. Vance– también sería una tragedia. 

Sólo hay una lógica posible en el comportamiento de Trump, y es la económica. Podría suceder que su codicia fuera de tal tamaño que, estando bien de la cabeza, siendo en realidad un habilidosísimo empresario, un extraordinario negociador y un actor portentoso, estuviera dispuesto a hacerse pasar por un chalado para obtener ganancias económicas. No en vano se calcula que gracias a sus acuerdos con las dictaduras del Golfo Pérsico, al avión que le regaló Catar, los tejemanejes con las criptomonedas, las ventas de baratijas MAGA y otros chanchullos varios, los ingresos personales y familiares netos desde que Trump volvió a la presidencia, han sido de varios millones de dólares: unos mil cuatrocientos según la revista Forbes y tres mil cuatrocientos según The New Yorker. Cada día parece más probable que Trump morirá asesinado, encarcelado o como poco denostado como un borrón humillante en la historia de América. Pero mientras tanto se está haciendo aún más rico. Podría no ser tan idiota como parece.

Si este inminente domingo de Pascua, Jesucristo resucitara y escuchara la intervención del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, el pasado lunes con ocasión de la firma del acuerdo con el Estado para el resarcimiento de las víctimas de violaciones y abusos sexuales de la Iglesia Católica, se liaría a latigazos como hizo con los mercaderes del templo o directamente le daría un soponcio y volvería a su sepulcro.

La paciencia que han debido tener el ministro Bolaños y el Defensor del Pueblo, y las tragaderas de las víctimas con los jefes de la Iglesia son antológicas. Recordemos que esos señores jefes de la Iglesia católica han ocultado sistemáticamente la conducta asquerosa de los sacerdotes, empezando por los propios papas y terminando por los compañeros de parroquia de los criminales. Escondieron a los guarros. Les dieron cobijo a los pederastas. Negaron sus crímenes. “Solo son pequeños casos”, dijo el propio Argüello hace cinco años. Se negaron a entregar la documentación necesaria para esclarecer los casos conocidos. Dilataron los procesos o los obstaculizaron. Si el infierno existiera, los encubridores arderían eternamente en su fuego.

La respuesta al escándalo de los casos de abusos de niños por parte de miles de sacerdotes depravados de la Iglesia Católica es la constatación más siniestra de los desafueros de una institución reaccionaria, la Conferencia Episcopal. Basta con oír un cuarto de hora su emisora de radio, la COPE, o ver un rato alguno de los programas de su canal de televisión, 13TV. Sin embargo, la Conferencia Episcopal sobrevive sin sobresaltos notables. ¿Cómo es posible?

Los vestigios históricos de la existencia de Jesús son escasísimos y discutibles. A penas un par de anotaciones en escritos de la época. La versión más verosímil es que probablemente existiera un predicador judío rebelde que llamara a levantarse contra el poder romano. Y que a partir de ese momento, décadas después, fuera generándose el relato mítico de su vida y organizándose en la práctica la religión más exitosa del mundo: la más llevadera, la más adaptable, la que admite ocho y ochenta, la que ensalza la pobreza y justifica la riqueza, la que puede inspirar a los seguidores del Che Guevara tanto como a los de Trump.

Esa paradigmática plasticidad del cristianismo y su enorme descentralización, que admite liturgias y creencias tan heterogéneas como la de los coptos, los ortodoxos o los calvinistas, permite a la Iglesia Católica superar barbaridades como la de los curas violadores sin apenas sufrir rasguños. De ser una institución normal, centralizada, digamos que con un solo NIF y una única responsabilidad, la Iglesia Católica se habría disuelto o habría cambiado de nombre ante las aberraciones conocidas. Pongamos por caso que se supiera que miles de funcionarios de la ONU hubieran violado a menores en sus misiones por el mundo. No uno ni dos, sino miles. Reconocidos e identificados con nombres y apellidos, hay unos 1.500 casos, pero la encuesta promovida por el Defensor del Pueblo calculó que son unos 440.000 los españoles que han sufrido algún tipo de abuso de sacerdotes. Ni la ONU ni ninguna otra organización que tuviera los reaños de la Iglesia Católica aguantaría tamaño escándalo.

Pero con la Iglesia hemos dado. Ahí en las pantallas puede aparecer ufano Argüello con su alzacuellos, posando junto a las autoridades y a un representante de las víctimas, para pedir perdón y anunciar la penitencia, y ponerse a los pocos días en la cabecera de las procesiones de la Semana Santa, delante del Cristo clavado en la cruz. Y sin que se les caiga la cara de vergüenza.

El mundo está en manos de un genuino idiota. Y criminal. Violó a su propia esposa, quien luego retiró la acusación a cambio de unos millones de dólares en la negociación del divorcio. Le condenaron por coaccionar y chantajear a una actriz porno con la que se acostó. Ha sido condenado también en otras causas diversas y de muchas ha escapado con dinero y trampas. Se ha reído en la mismísima cara de Zelenski, de Macron, de los haitianos, los mexicanos y los senegaleses, así en general. Miente con desparpajo en cada intervención. Ha sido cómplice de la destrucción de Gaza para dejar a su yerno el proyecto de construcción de un complejo de sol y playa sobre los cadáveres de no menos de 80.000 seres humanos, la mayoría niños y mujeres. Fuentes bien informadas calculan que su patrimonio personal se ha incrementado en unos 4.000 millones de dólares desde que llegó a la Casa Blanca en este su segundo mandato.

A las tropelías de este individuo incatalogable se añaden los signos de un nivel de horterada y megalomanía nunca vistos desde Luis XIV de Francia. No solo se pone celoso porque no le conceden el premio Nobel de la paz, sino también porque alguien, por ejemplo Maduro, presume de bailar “mejor” que él. Ha ordenado poner su nombre al mismísimo Centro Kennedy de las Artes, ahora denominado The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Meses después, cuando algunos artistas cancelaron sus programas ante semejante estupidez, el presidente anunció el cierre temporal del Centro. Está presta para inaugurarse, seguramente en Florida, la monumental escultura llamada Don Colossus (algo así como “Donald, el coloso”), una representación del presidente a cuerpo completo de dos pisos de altura, proporcional en tamaño y mal gusto al arco triunfal que quiere inaugurar en la ciudad de Washington para emular a Roma o París, o del esperpéntico salón de baile que se está construyendo en el ala Este de la Casa Blanca, rebosante de dorados y terciopelos, que son las señas estéticas de identidad del magnate neoyorquino.

Este cretino es el que ha iniciado una guerra de incierto desenlace despreciando por completo las mínimas normas del derecho internacional y que tiene al mundo patas arriba con sus caóticas, brutales y absurdas decisiones. 

Pues bien, solo un líder internacional le ha plantado sistemáticamente cara al lunático presidente de Estados Unidos. Solo uno de entre los líderes de las grandes naciones de Occidente ha osado levantarse ante el mafioso americano. Resulta que es Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España. En la visión de Trump, esto convierte a España en una “perdedora” (“loser” es una palabra muy estadounidense, que afortunadamente aquí no adquiere el mismo sentido).

Sánchez, por el contrario, sabe que tiene mucho que ganar identificándose con el “no a la guerra” de hace 23 años, que fue el origen de la decadencia del PP de Aznar. No solo por motivos electorales, sino por fundamentos morales. Los españoles están en contra de esta guerra y desprecian a Trump –lo veremos en la primera encuesta que se nos presente–, y en torno a Pedro Sánchez puede generarse hoy, como hace dos décadas alrededor de Zapatero, ese patriotismo reforzado de los grandes conflictos internacionales. Han tardado muy poco los diputados y diputadas socialistas de la Asamblea de Madrid en fabricarse unas pegatinas con un “No a la guerra” impreso sobre la bandera de España. Esas insignias repatearán al PP, acostumbrado como está a apropiarse de los colores nacionales. Y es una ocasión feliz para los socialistas y la izquierda, porque es evidente, por mucho disparate que pronuncien Tellado, Ayuso, Feijóo o Abascal, que en este momento el patriotismo consiste en apostar por la paz, situarse del lado de los países hermanos de Europa y plantar cara al matón de Mar-a-Lago. Se le van a hacer largos los días a las derechas mientras dure esta guerra cruel.

Hay palabras que provocan el efecto que definen y una de ellas fue la elegida por el lenguaraz Miguel Tellado el miércoles dirigiéndose al ministro Marlaska, apenas 12 horas después de que se conociera la grave acusación por agresión sexual y otros delitos formulada por una agente de la Policía Nacional contra el número dos del Cuerpo. No hay ni una palabra de desperdicio: “Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Tapando una presunta agresión sexual, una violación. Vaya feminismo asqueroso el de esta izquierda en contra de prohibir el burka pero a favor de encubrir violaciones de un mando policial”.

Náusea es lo que provocó la escena en la que los diputados del PP aporreaban como adolescentes consentidos las nobles maderas de sus escaños, al ritmo de la cantinela “¡di-mi-sión!”, tras la intervención de Tellado y de la diputada Mirian Guardiola (“mezquino”, “miserable”, “cobarde”, le llamó la señora al ministro). Los socialistas con sus aplausos lograron callar el griterío de la bancada de los conservadores al cabo de un minuto y cincuenta segundos de algarada.

La náusea no es ya solo porque el PP haya defendido a sus alcaldes de Móstoles y de Algeciras frente a acusaciones similares de subordinadas, a las que los directivos del PP han desacreditado sin pudor para mantener a los machotes en sus puestos, sino que pueda acusarse a Marlaska de un delito tan grave como encubrir una violación. Esos diputados y diputadas emulando a los primates con sus golpes saben de sobra que Marlaska jamás encubriría una violación y menos aún la de un subordinado. ¿Qué sentido habría de tener? En un honesto y arriesgado compromiso, antes de la bronca macarra de los populares, el ministro se había comprometido a dimitir si la víctima de la presunta agresión se hubiera sentido desprotegida en algún momento. A los del PP les da igual. Náusea es lo que se siente al ver ese comportamiento de quienes gobernaron España quince años y no tomaron ni una sola iniciativa, ni una, para reforzar la protección de las mujeres contra la violencia de género, ni para fomentar la igualdad ni para luchar contra el machismo. Abruma la comparación de la hoja de servicios de esta gente con la del ministro Marlaska, un histórico luchador por los derechos de las mujeres y las minorías, como político y como juez.

Pero no son idiotas estos señores y señoras del PP. Aunque solo haya sido por seguidismo de Vox, aciertan al tratar de meter a la izquierda en la trampa del velo. Es este un asunto, la prohibición del burka, en el que la derecha europea ha jugado con maestría con sus principios morales y que nos permite observar el juego no siempre claro y unívoco, sino a menudo contradictorio, de nuestros valores y nuestras emociones. La prohibición del velo integral suscita el apoyo cerrado de los conservadores y de hecho han sido ellos quienes han liderado las iniciativas restrictivas.

Hemos de sentirnos comprensivos con nuestros compatriotas de derechas. Entre los que utilizamos los trenes ellos sufren más cancelaciones, retrasos y averías que nosotros (entre 10 y 20 puntos porcentuales más, para ser exactos). Pobrecitos.

Hasta ese punto llega la plasticidad de nuestro cerebro para percibir la realidad en función de nuestros prejuicios. Lo saben los sociólogos y los psicólogos y hay toda una corriente pluridisciplinar que lo estudia en la Academia, bajo el rótulo “ciencias del comportamiento”. Nuestra ideología es un atajo cognitivo que nos permite ordenar el mundo ahorrando energía, objetivo esencial de las especies en la lucha por su supervivencia. Por supuesto, subyace en los datos el absurdo: los retrasos son los mismos para los usuarios de la derecha y la izquierda, del norte, del sur y del centro. Nuestra percepción está sin embargo muy condicionada por la atribución de responsabilidades que hacemos de los actores implicados.

Yo mismo, este pasado miércoles, no sabía si cagarme en los muertos de los agricultores o aplaudir solidariamente sus justas reivindicaciones, cuando aguantaba en mi moto y bajo la lluvia los cortes de las calles de Madrid provocados por varios miles de tractores que protestaban por el tratado Mercosur. Me confundía que algunos de ellos llevaran carteles “contra la Agenda 2030”, banderitas de España con el escudo preconstitucional o rótulos que les identificaban con la extrema derecha.

Por eso puedo entender las palabras de Felipe González cuando el martes en el Ateneo de Madrid afirmó dos veces que “España no funciona”. A mí me parece que funciona muy bien. Pero si no somos capaces de ponernos de acuerdo en hechos concretos como las cancelaciones de Renfe, qué podemos esperar de nuestra evaluación del funcionamiento de España…

La extrema derecha lleva más de una década entendiendo mejor que la izquierda este fenómeno incuestionable. Lo ha denominado “hechos alternativos”, una curiosa definición. Cualquier cosa puede replantearse y el consenso científico puede fácilmente ser sustituido por la superstición y la superchería. El cambio climático, que cuenta con toneladas de pruebas y con el consenso casi pleno de los científicos, se convierte en “fanatismo”. La Agenda 2030, un impresionante listado de objetivos aprobados por la inmensa mayoría de las naciones, en el origen de nuestros males. Y así, paso a paso, terminamos por describir a Sánchez como el mismísimo demonio, al que es perentorio enviar a prisión.

Naturalmente, los beneficiarios de esos disparates son los guarros que contaminan el planeta, las oligarquías que se hacen con sus recursos, las élites a las que perjudica el avance de la igualdad y la libertad, y los meapilas cuyos dogmas cuestiona la Razón desde hace algo más de dos siglos.

Les funciona relativamente. Es cierto que con esas argucias han logrado la presidencia de los Estados Unidos o, con más modestia, la de Argentina o la de la Comunidad de Madrid. Pero no les demos más crédito del que merecen. El idiota de Trump está en los peores niveles de popularidad de un presidente desde que se mide, en el último siglo. La economía argentina está asfixiando a millones de ciudadanos que están reaccionando con virulencia creciente. Y aquí en Madrid, el rechazo al estilo desabrido y pintoresco de la presidenta es cada vez mayor. Todos ellos y sus envalentonados colegas, líderes del neofascismo patrio y mundial, en sus diversas tonalidades, se saldrán de la curva por pisar con tanta violencia los aceleradores de sus maquinarias. Esperemos que no se lleven a demasiada gente por delante.

Adamuz ha quedado incorporado a la lista de pequeños municipios (Palomares, Biescas, Aznalcóllar…) cuyo nombre evoca un trágico accidente en la memoria colectiva. Cuando viajen, los adamuceños tendrán que acostumbrarse a la pregunta: “¿Del sitio del accidente de tren?”. Eso no nos pasa a los de las grandes ciudades en las que pasan muchas cosas.

Por lo demás el horroroso accidente ha reproducido las mismas pautas comunicativas de cualquier otra crisis similar. En el oficio de la comunicación pública en las catástrofes no hay reglas inmutables, pero sí recurrencias previsibles.

La primera es el efecto de cierre de filas colectivo en torno a quien lidera la respuesta. Al principio la única exigencia es estar. El desastre no puede pillarte encerrado en un restaurante, o disfrutando de un fin de semana en un hotel de Portugal. Por las razones que sean el presidente del Gobierno renunció a liderar la comunicación desde el domingo, delegándola en el ministro responsable, Óscar Puente, y dejando un espacio destacadísimo al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla. Ambos “disfrutan” de ese plus de reconocimiento que otorga la presencia del capitán del barco cuando hay tormenta. Deben saber, sin embargo, que ese efecto que los sociólogos han detectado desde hace siglos, denominado “cierre de filas” (o “concentración en torno a la bandera”, dirían los anglosajones) es pasajero.

En una segunda fase, cuando dejan de hacerse informativos especiales, termina el luto, la tristeza va disipándose y se recupera la normalidad, las filas dejan de estar prietas y la unidad se pervierte. Ahí estamos nosotros ahora, casi una semana después del accidente. Se extienden los cuestionamientos, los sindicatos recuerdan las carencias y exigen mejores medios y salarios, se señalan la debilidades, se busca a los responsables, intervienen los fiscales y los jueces. Y los políticos. Es inevitable.

Conviene recurrir a los técnicos como guía. Esos científicos pausados y sabios hasta ahora anónimos que nos explican lo que ha pasado sin los arrebatos de la política. Si quieres verdades universales, están las ciencias duras o la religión. Para lo demás está la política. Y el líder que quiere recuperar la normalidad querrá huir de la política. Sus adversarios recurrirán a ella. Nos alegra ver y escuchar a Puente y a Moreno Bonilla como repentinos expertos en ingeniería ferroviaria, pero ahora ya dudamos en realidad de su pericia y preferimos seguir las explicaciones de los verdaderos sabios. Las emociones del primer impacto ceden ante los términos científicos que de pronto hemos vulgarizado (ahora los “bogies” y la “catenaria”, en otros momentos “el chapapote” o “el coronavirus”).

La fase de perversión puede durar mucho tiempo si genera controversias políticas y si quien está interesado en ellas –la oposición– sabe cómo destacar las suspicacias y alargar la incertidumbre. Se exigirán comisiones de investigación, se revisarán decisiones y documentos, se buscarán aliados entre los trabajadores e incluso entre las víctimas. El PP en España tiene amplia experiencia en esto. Es tan torpe gestionando crisis como hábil boicoteando la gestión de los gobiernos socialistas. Recuerdo con genuina sensación de asco la pérfida táctica de Esperanza Aguirre montando una muy minoritaria asociación alternativa de víctimas del atentado del 11M en Madrid, para compensar el apoyo de la asociación abrumadoramente mayoritaria al nuevo gobierno de Zapatero. Fue el inicio de la aún hoy vigente división de las víctimas del terrorismo en España. Mérito genuino de la derecha montaraz que sufrimos desde hace 50 años. 

Si a estas pautas universales y previsibles le sumamos la reciente incorporación al discurso público de las argucias del neofascismo que se alimenta del miedo, no nos quedará ninguna duda: vamos a asistir en los próximos días, quién sabe si meses, a un ataque despiadado por parte del PP y de Vox. Ya están de hecho disparatando con lo del absurdo funeral en la Almudena, metiendo miedo a los viajeros o afirmando sin rubor que “la corrupción mata”. Preparémonos, porque se anuncia suplicio.

Es evidente que la izquierda mundial tiene por delante el desafío de mantener el territorio ganado con enorme sacrificio en las llamadas "guerras culturales": el feminismo, el internacionalismo, los derechos de las minorías, la inmigración como oportunidad, el reconocimiento del desastre climático, la defensa de la paz y los derechos humanos... Todos y cada uno de esos hitos, que costó décadas conquistar, se ven amenazados hoy en día por la rampante extrema derecha mundial, cruel, corrupta y envalentonada. Con todo, queremos pensar que esos avances de la civilización no serán revertidos por los plutócratas que se reparten el mundo sin rubor: los señores feudales de la tecnología, las grandes energéticas, los megapromotores inmobiliarios, los invisibles e irresponsables fondos de inversión... y, por supuesto, las marionetas políticas que manejan para garantizarse impunidad y libertad de movimientos. 

Quisiéramos pensar que los gays podrán seguir adoptando niños, que nadie destruirá las Naciones Unidas o el proyecto europeo, que mantendremos nuestro sistema público de salud, o que este retorno de la superstición religiosa es en realidad solo una moda pasajera de la música pop contemporánea.  

Pero nuestra resistencia en las batallas culturales estará muy condicionada a que la izquierda sea capaz de ganar también la batalla económica, proporcionando soluciones con las cosas del comer y no solo con las del alma. Con los instrumentos y no sólo los símbolos, por importantes que estos últimos sean. Se trataría de garantizar la "asequibilidad" (affordability en su original inglés). Es un concepto nuevo para la más poderosa idea progresista de todos los tiempos, de evidente origen marxista: la verdadera justicia social solo llega a través de la economía. "Asequibilidad" es el título del capítulo central del manual progresista contemporáneo. Mamdani, por ejemplo, el flamante alcalde de Nueva York, esperanza de los demócratas estadounidenses, ha ganado la ciudad con la promesa de convertir Nueva York en un municipio asequible, y él no ha hecho sino seguir la pauta de la agenda socialista mundial que estaba aún recluida en las recomendaciones de los think-tanks. 

La mayoría de la ciudadanía, y sobre todo las generaciones comenzando o creciendo en su desarrollo profesional (digamos que las que aún no han pasado los 50 años de edad) reclaman una vivienda asequible, una guardería asequible para sus hijos, una bolsa de la compra asequible, un transporte asequible... Si a final de mes la ciudadana anónima ve que las cuentas no le llegan, de poco le servirá que el Gobierno certifique un crecimiento estratosférico de nuestro producto interior bruto nacional. Puede que incluso busque también culpables de su precariedad en los inmigrantes que se encuentra en el ambulatorio o en los políticos acomodados y sus "mamandurrias". 

A partir del reconocimiento de la necesidad de dotar a la gente de un techo y unos servicios y unos bienes asequibles, la tentación de la derecha es conocida: dejar que el mercado actúe con la supuesta magia de su mano invisible. Allá ellos. La propuesta de la izquierda no puede ser otra que la intervención decidida de los poderes públicos para limitar los efectos de la codicia humana. No digo yo que debamos perseguir la abolición de la propiedad privada ni de las clases sociales, pero quizá no sea una locura pedir que impidamos que un señor mexicano (al que un día le regalamos la nacionalidad española por su generosidad inversora) se compre veinte edificios en Madrid para ponerlos en manos de Airbnb y facturar desde Delaware. Quizá no sea mala idea, como se propone en Nueva York, dejar el transporte público gratuito para los habitantes de la ciudad y que paguen los que vienen de visita o los que se empeñan en meter el coche particular en los centros históricos. Si el Estado es capaz de proveer buenos servicios de transporte en tren o autobús, por ejemplo, o también de servicios de salud y educación o de una eficacísima administración tributaria, nada impediría que los poderes públicos pudieran gestionar bien una excelente y atractiva red de mercados públicos de barrio, o un buen banco de inversión (el ICO ya lo es de hecho, aunque casi nadie lo sabe) o una agencia de alquiler que pueda competir con las privadas. 

Si la ciudad aún más políticamente vanguardista del mundo estrena un alcalde socialista (y migrante y musulmán) que propone una contundente intervención del poder público para hacerle la vida asequible a la gente, quizá no todo esté perdido. Feliz año nuevo.

España es un país maravilloso y algo excéntrico. Las largas navidades comienzan con un sorteo que solemniza el juego de azar como si fuera patrimonio nacional. Es como si se nos invitara a todos a ir al bingo una tarde con la familia y los compañeros de trabajo. Y terminan con una gran conspiración colectiva, única en el mundo, para que todos los niños crean en un milagro. Como ningún compatriota se atreve a denunciar la alabanza a la ludopatía del primer día, tampoco hay quien rompa la mentira –llamémoslo “magia”– del último día dedicado a los críos. Ambos acontecimientos, por lo demás, tienen un sentido material un poco vergonzante: el dinero que buscan los adultos el 22 de diciembre y la cantidad de paquetes que esperan los niños el 6 de enero.

La Lotería y los Reyes –y el resto de las liturgias, como los muchos almuerzos, lo de poner el belén, las uvas de la suerte, el cotillón, el matasuegras, el villancico o incluso el discurso nocturno del rey– son posibles por la gran densidad de los lazos familiares y sociales que caracterizan a los pueblos mediterráneos y a España en particular.  

Si además de contar con esos tupidos vínculos sociales, las circunstancias acompañaran, entonces España sería un lugar inigualable para vivirlo y disfrutarlo. El mejor país del mundo. Supongamos que la economía funcionara correctamente, que no hubiera grandísimos problemas. Que las cifras del paro tendieran a bajar del diez por ciento. Imaginemos un país en el que los conflictos sociales y políticos se resolvieran pacíficamente. Un lugar en el que convivieran los nacionales y los extranjeros sin muchos sobresaltos. Una nación en la que convivieran pueblos históricos distintos sin que unos y otros se sintieran fuera de sitio. Imaginemos que tuviéramos un Gobierno que promoviera las energías limpias y la protección del planeta, que le plantara cara al sátrapa que dirige Estados Unidos. Un Gobierno europeísta y pacífico.  

Qué lástima que a pesar de lo abundante que es la buena gente que habita España estemos ya en una dictadura, liderada por unos mafiosos que están destruyendo el país. Al menos tenemos la esperanza de contar con demócratas indiscutibles y gestores de solvencia contrastada, como Feijóo o Ayuso, o como ese portentoso alcalde de Badalona, de tanta altura física como moral. Xavier García Albiol, ese prohombre de la convivencia, que ha permitido que estos días en su pueblo la gente pueda cenar tranquila en familia, sin esos negros molestos metidos en un edificio abandonado. Es cierto que durante unos días los violentos subsaharianos, delincuentes y traficantes, han sufrido las inclemencias del tiempo y han tenido que guarecerse debajo de un puente, y que han generado un poquito de jaleo en las calles del pueblo… Pero para resolver esas inconveniencias, siempre contaremos una vez más con la España solidaria: la de Cáritas, la de la Cruz Roja… y un poco también con la de Salvador Illa, pero ya se sabe que Illa no es en realidad ni socialista ni mucho menos aún sanchista.  

Confiemos en que el año que viene nos tomemos las uvas con un hombre como Albiol en el Ministerio del Interior. Ese sí sería el Gobierno que merece un país maravilloso como España.

Hay que volver una y otra vez al origen porque la estrategia, descrita en los manuales de la ultraderecha, es confundir con gilipolleces, generar el caos, desviar una y otra vez la deficitaria atención del público como con esos ratoncitos de laboratorio a los que se desquicia ofreciéndoles alternativa y aleatoriamente comida o descargas eléctricas.

No nos distraigamos, pues: la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lidera la extrema derecha española con Santiago Abascal (observen los últimos datos de encuesta), vive en un dúplex con ático que acaba de comprar su pareja, un “paisano” que, suponemos, tomó la decisión de compra tras descartar la fuga, el exilio a un país que no sea una dictadura como este, o el suicidio, según confesó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que el PP dijo que controlaría por la puerta de atrás.

Perdón, que pierdo la atención… Decía que ese “técnico sanitario” al que conocimos gracias a la revista Semana cuando surgió su amor por la presidenta (no hubo problemas de revelación de datos privados entonces), se ha comprado un dúplex luminoso y exterior. Lo ha hecho gracias a lo bien que le va en los negocios como comisionista, suponemos. Porque que sepamos se embolsó dos millones en comisiones por la compraventa de mascarillas para el grupo Quirón, el mastodonte de la sanidad privada para la que trabaja. Hizo lo mismo que antes había hecho su cuñado, el hermano de la presidenta: hacer negocio con mascarillas en lo peor de la pandemia. En su caso con el principal cliente/proveedor/socio de su novia. Entonces pagó por denunciar el chanchullo el mismísimo Pablo Casado, al que sus compañeros echaron a la calle como se expulsa de un bar a un borracho molesto.

¿Ven como no hay manera? Me enredan de nuevo los detalles… En el momento en que Alberto “Quirón”, como constaba en el teléfono móvil del jefe de Gabinete de Ayuso, el genial Miguel Ángel Rodríguez —MAR— trata de defraudar con facturas falsas 350.000 euros y Hacienda le pilla y el fraude se publica, el propio MAR tira de nuevo de manual del superhumano de Nietzsche: jamás pedir perdón, nunca retractarse, hacia atrás ni para coger impulso, culpar al adversario… Escapar de la moral convencional para crear un sistema propio de valores. Y así se monta el bulo que hoy cree la mitad de la población española: que la pobre Ayuso y su novio defraudador confeso son víctimas de la insidia del sanchismo. Por si había alguna duda, lo acaban de sentenciar cinco magistrados (contra dos) del Tribunal Supremo, tirando de un sonrojante manojo de vaguedades tomadas como indicios. No fue mala pieza de caza la de Pablo Casado, pero es mejor aún esta que se han cobrado los tortolitos del dúplex: el mismísimo fiscal general del Estado, cuyo único “delito” constatado es que trató de desmontar el grandísimo bulo del jefe de gabinete, funcionario que no es notario pero peina canas y lleva mucho en esto…

Carajo, qué fácil es distraerse… Vuelvo. ¿A quién tenemos de consejera de Sanidad en la Comunidad de Madrid? ¿A quién nombró la novia de Alberto “Quirón” hace dos años como responsable de los servicios sanitarios de los madrileños? A Fátima Matute. La declaración responsable de la consejera solo hace referencia a sus orígenes en el hospital público San Carlos. No dice que trabajó 17 años para el Grupo Quirón. Mira tú por dónde. Esa señora es la responsable ahora de dirimir si el otro grupo sanitario privado (La Ribera, en realidad un competidor menor) hizo algo ilegal al recomendar extender las listas de espera y derivar clientes/pacientes menos rentables, para mejorar el beneficio en unos tres o cuatro millones en el hospital de Torrejón.

Y llegamos a lo esencial: en algún lugar de Frankfurt, de París o de Nueva York, unos anónimos señores se están haciendo de oro con la salud de usted y con la mía. Son los fondos propietarios de esos hospitales y pagadores últimos de nuestras doctoras y nuestros enfermeros. Que cada día encuentran mejores condiciones en la privada, porque la pública se está deteriorando a pasos agigantados y silenciosos. Nada dice que no podemos terminar en España teniendo la misma basura de sanidad que en Estados Unidos, en la que solo los ricos pueden tener una atención digna.

Alberto Burnet González, o Alberto Quirón, es solo un peón de ese entramado. MAR es un personaje secundario bufonesco en la trama. Y la consejera y Ayuso son meros instrumentos. Les regalan a todos algo, antes o después: coche y dúplex, buenas mordidas, quizá mañana un consejo de administración bien pagado… Migajas al lado del negocio inmenso que se está haciendo detrayendo dinero de la ciudadanía para trasvasarlo a las corporaciones de sanidad privada.

Al final, la tragedia esencial es la de siempre. Que no nos confundan. Los muchos contra los pocos. La mayoría frente a la élite codiciosa. Hay que parar a esa gente mala que malbaratando la palabra "libertad" se vende por un puñetero dúplex para hacerle el servicio a los señoritos de siempre.   

El Gobierno Vasco, en su rama PNV, ha decidido publicar la procedencia geográfica de los detenidos y los investigados por la Ertzaintza. No la nacionalidad, no, que se dice que ésta estigmatiza, sino solo la procedencia: básicamente, “magrebí, latinoamericana, europea, asiática o subsahariana”. Es la primera policía autonómica que decide hacerlo: a ver lo que tardan otras policías locales. La asociación ultraderechista de la Policía Nacional, JUPOL, ya está pidiendo que Marlaska también lo haga, posibilidad que el ministro de Interior ha despejado.

Los nacionalistas vascos sucumben, así lo ha afirmado explícitamente el consejero de Interior, a las presiones de Vox y del PP, que llevan solicitando ese dato desde hace años. Ya sea por los motivos alegados por la versión oficial –que se pretende plena transparencia para combatir precisamente los bulos de las derechas– o la versión más suspicaz –que el PNV quiere hacer un guiño a su electorado más miedoso y conservador–, lo cierto es que la Ertzaintza va a romper el consenso según el cual ofrecer la procedencia de los presuntos delincuentes no aporta nada a la lucha contra el crimen, sino más bien al incremento de la xenofobia. El hecho de que sea la ultraderecha racista quien más reclame el dato debería poner en alerta a quienes desean que España siga siendo un país (relativamente) tolerante y abierto.

Pero vayamos más allá. Desde hace décadas, y de manera muy intensa y violenta desde que en 2020 un grupo de policías estadounidenses asfixió a George Floyd dando vuelo al movimiento Black Lives Matter, se ha constatado el sesgo racista de la policía al ejercer su trabajo. Si esto sucede en Estados Unidos, que tiene policías estatales y federales muy diversos en su origen étnico y muy curtidos en lidiar con comunidades multiculturales, imaginemos España. El otro día vi aquí, en Madrid, un agente de policía nacional negro y casi me da un infarto… 

Por supuesto, las estadísticas europeas van en la misma dirección que las americanas. Son las cifras que intuyen por su propia experiencia diaria los negros, los mulatos, los magrebíes, los rumanos, los gitanos, y en menor medida los latinos. Los sociólogos vienen explicándolo desde la universidad, desde las organizaciones contra el racismo y desde los Gobiernos decentes. En España, ser gitano, magrebí o negro eleva sobremanera la probabilidad de que la policía te detenga, te pida la documentación, te lleve a comisaría y te investigue. No hace falta recurrir a las verdaderas variables determinantes: la pobreza, la falta de formación, el desempleo… Basta lucir piel oscura para que la sociedad española, y sus agentes del orden, aumenten la sospecha. 

No es porque esos agentes sean peores personas que los demás, no. Más bien es lo contrario: comparten con el resto de la humanidad –si acaso con mayor mesura por su formación y sus protocolos antirracismo– un sesgo inevitable y constatado desde antiguo: nuestro cerebro no es una máquina neutral y minuciosa, sino un cóctel de prejuicios. 

La publicación de ese origen sigue un criterio arbitrario y engañoso, porque, a fin de cuentas, ¿qué es el Magreb?, ¿incluye Ceuta y Melilla?; ¿un venezolano rico de Donosti realmente es un “latino”?; ¿y un blanco sudafricano, no será subsahariano?; ¿usted y yo somos “caucásicos” o “hispanos” en la nomenclatura de Estados Unidos? Esa clasificación, o cualquier otra que refleje criterios étnicos, solo logrará reproducir en un círculo vicioso arquetipos y sesgos.

Ya la primera publicación agregada de cifras ha constatado que los detenidos por robo con fuerza son de desproporcionada mayoría magrebí. Tal cifra, reitero, está agrandada por el sesgo racial, pero, además, extiende el círculo nefasto del racismo y la desigualdad. Al viralizarse oficialmente la idea de que los magrebíes son violentos, los propios agentes buscarán más entre ellos, incrementarán las cifras, y así sucesivamente. Justo lo contrario de lo que necesitamos como sociedades solidarias y decentes.

Esta mala idea de publicar el origen de los detenidos en Euskadi me ha recordado al histórico presidente del PNV, el ex sacerdote Xabier Arzalluz, cuando se enorgullecía del RH negativo del viejo pueblo vasco, justificando así su nacionalismo. Damos por superados algunos debates, pero la historia reciente nos demuestra lo fácil que es dar pasos atrás en el camino del progreso humano.

En un irónico giro de los acontecimientos, el fiscal general del Estado tendrá que abonar diez mil euros al paisano Alberto González Amador. Con esos eurillos, Alberto “Quirón” podría pagar, es un decir, algunas de las cuotas de la hipoteca de 600.000 que acaba de firmar para comprarse el ático dúplex en el que vive con la presidenta de la Comunidad de Madrid, gracias a las envidiables ganancias, todo presunto, que ha obtenido como técnico sanitario, y en concreto gracias a las comisiones que obtiene de sus mediaciones con el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, el grupo empresarial que le da el alias en el listín telefónico de Miguel Ángel Rodríguez.

Porque quien se convirtiera, en sus propias palabras, en el “defraudador confeso del Reino de España”, en lugar de suicidarse o marcharse del país, decidió más bien comprarse un piso, a pesar de lo mucho que el fiscal general le había destrozado la vida. Las vueltas de esta historia son muy disparatadas, pero no menos ciertas.

Estamos a la espera de la sentencia que firmarán los cinco magistrados conservadores del Tribunal Supremo y del voto particular que se espera que firmen las dos magistradas progresistas. Yo estoy ansioso por leerla: ¿qué argumentos nos darán esos cuatro señores –Martínez Arrieta, Marchena, del Moral y Berdugo– y la señora Lamena, que contradigan a los periodistas que afirmaron tener el maldito correo del abogado del técnico sanitario antes que el fiscal? ¿Alguien les condenará por falso testimonio? ¿Qué sortilegios utilizarán para probar lo indemostrable? ¿Habrá algún atisbo de vergüenza en el texto? ¿Será la sentencia un homenaje a Cantinflas o más bien al Diablo Cojuelo?

Podemos tomarlo a broma, pero de broma solo tiene la apariencia de sainete. Esta sentencia cuyo fallo se ha publicado de manera tan sorprendente como inédita ha sido toda la causa, será un auténtico golpe de Estado difuso. La afrenta de unos jueces conservadores al servicio de su visión política del país y de lo que parece que consideran su misión constitucional. Esos magistrados solo pueden firmar esa sentencia todavía no nacida, desde los mismos presupuestos que informan el comportamiento del juez Peinado, aunque este último resulte mucho más chusquero.

Ya digo que leeremos la sentencia con avidez, pero ese fallo solo puede entenderse, visto lo visto durante el juicio y en el año y medio que llevamos conociendo detalles, por una misión política: los jueces que condenan al fiscal quieren proteger a los suyos, siendo los suyos Ayuso, su novio procesado, el jefe de gabinete que justificó la mentira sin ningún complejo, porque él no es notario, y, por supuesto, Feijóo y el Partido Popular, casa común de todas esas almas. Lo hacen porque lo creen, no lo dudemos. Se creen en la misión de proteger a un ciudadano particular de una operación política liderada como mínimo por el fiscal general, muy probablemente por el propio presidente del Gobierno. Si no, la condena no tendría sentido alguno.

Esto que nos sucede con los jueces últimamente, en este asunto que acaso es el más grave por la absoluta ausencia de pruebas y por la altura del Tribunal que juzga, es la palmaria constatación de una lucha brutal de la derecha más montaraz contra la verdad y contra lo que considera un Gobierno ilegítimo. Ha sucedido en otros momentos de la reciente historia española y solo cabe una respuesta: la resistencia democrática. Si el fiscal general, un hombre honorable y bueno, no se rindió, nadie debe rendirse. Fue ese funcionario bravucón y cínico quien con una gran mentira puso este dislate en marcha y quien acostumbra a amenazar con su vergonzante y macarra advertencia: “pa’lante”, dice. Con la verdad por bandera, nosotros debemos responderles a él y los suyos con otra frase popular: no pasarán.  

Pues ya está la farsa lista para sentencia. Un hombre bueno y justo, la autoridad que dirige el Ministerio Público, es decir, quien en el ámbito de la Justicia representa al pueblo, a usted y a mí, queda a la espera de una sentencia que dicen que estará lista antes de enero. Desde el golpe de Estado de 1981, en aquel otro escenario del Congreso, también decimonónico, aterciopelado y repleto de naftalina, no habíamos asistido a un esperpento mayor, de sabor tan valleinclanesco.

Empezó todo, no nos cansemos de recordarlo –que la memoria es frágil y traicionera– cuando para desmentir un bulo promovido por Miguel Ángel Rodríguez, el locuaz director de Gabinete de la presidenta Ayuso, se filtró un correo electrónico con el nombre de un paisano o ciudadano particular llamado Alberto González Amador. Usted y yo no conocimos a Alberto “Quirón” por ese misterioso correo electrónico, ni supimos por ese email del presunto fraude fiscal reconocido por su abogado, ni tampoco nos llegó por culpa de ese correo la suculenta cifra de dos millones y pico de euros que facturó por la venta de mascarillas y que cobró del dinero de usted y del mío en plena pandemia.

Usted y yo nos enteramos de esa historia, que probablemente habría quedado recluida en algunos medios de comunicación, porque el brillante MAR y la líder indiscutida del PP se empeñaron en darlo a conocer y presentarlo como víctima de una operación de Estado, de un ataque de la Fiscalía hacia un ciudadano que afirmaban era objeto de una inspección de Hacienda como otra cualquiera y que, sin embargo, por ser quien era, pareja de la presidenta de Madrid, es víctima de una operación de Estado con órdenes “desde arriba”.

Esta gente tan lista, Isabel Díaz Ayuso, Alberto “Quirón” y MAR, se la jugó. Aunque en un principio la idea era que todo aquello fuera rápido y silencioso, montaron un espectáculo de resultado conocido: todo el mundo sabe lo que se embolsó el susodicho, lo que defraudó e incluso lo que aparentemente compró con las ganancias. Puede que fuera un ático o un dúplex en Chamberí, para que luego digan que no hay protección oficial en la compra de vivienda.

Y no tuvieron ni ellos ni sus cómplices el más mínimo escrúpulo en llevarse por delante la reputación del fiscal general del Estado. Claro que quizá pensaron que, con unos cuantos pellizcos, Álvaro García Ortiz dimitiría. No lo hizo antes de que le imputaran, sin embargo, a pesar de que lo dudó y mucho. Tampoco lo hizo cuando le llegó la imputación por un voto (dos a uno, con un voto particular que merece la pena leer) ni cuando le abrieron el juicio oral que acaba de terminar.

Leamos cómo contó la historia el instructor Ángel Luis Hurtado, el mismo magistrado obsequioso con Rajoy durante el juicio de la Gürtel (“esa pregunta no es pertinente”, decía una y otra vez a los atónitos letrados de la Acusación durante el interrogatorio al presidente), y que se desmarcó de los otros dos magistrados que sentenciaron contra el PP. Lo que sigue es el primer punto del apartado HECHOS (así, tal cual), del auto de instrucción firmado a principios de junio.  

A nivel indiciario, propio del momento procesal en que se encuentra la causa, a juicio de este Instructor, cabe presumir que: A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo. 

Ahí está todo: indicios, suposiciones, que el juicio oral no ha hecho sino desmentir. Todo ha ido en la misma dirección, incluso cuando hablaron el propio MAR y el “defraudador confeso del Reino de España”, como él mismo se calificó con ironía: quedó meridianamente claro que el email no lo filtró él, puesto que se constató que una decena de medios ya lo tenían antes. En contrario solo escuchamos unas risibles declaraciones de los agentes de la UCO que dieron por hecho que solo el fiscal general pudo publicar el correo, aunque hubiera cientos de personas que podrían haber accedido al email de marras (a las que no investigaron porque ellos “no hacen investigaciones prospectivas”, según afirmaron entre las risas y los rumores del público presente).

¿Y ahora qué? El sainete ha sido tan largo y vergonzoso que cuesta pensar que la Sala, compuesta por tres magistradas y cuatro magistrados de sensibilidad mayoritariamente conservadora, vaya a rectificar y conceder la total inocencia del fiscal general. Cinco de esos jueces decidieron hace un año que se le investigara, de modo que es improbable que asuman el error y el daño brutal que han hecho a la institución: a la suya y a la de la Fiscalía. El desequilibrio de posiciones es de tal dimensión que, si el presidente del Gobierno dice que el fiscal es inocente, está ofendiendo la independencia judicial. Por el contrario es meritorio que se dé ya por culpable y corrupto al fiscal si quien lo hace es el PP en masa, sus medios afines, sus corifeos e incluso la mayoría de los españoles según encuesta publicada en primera página de un diario nacional.

Si no tuvieran más remedio que absolver al fiscal por la clamorosa ausencia de pruebas, veremos sin duda frases autoexculpatorias, del tipo “aun existiendo sólidos indicios…”, o “aunque no pueda descartarse…”. El Tribunal –posibles votos particulares aparte– podrá darnos una lección sobre la magnanimidad de la Justicia, sobre su generosidad, sobre su garantismo. Vamos a tener al final que darles las gracias a esos magistrados, e incluso a MAR, a Ayuso y su novio, al Colegio de Abogados de Madrid, a Vox, a Manos Limpias, a la APIF, a Hazte Oír, a la Fundación Foro Libertad y Alternativa de Vidal Quadras, Mayor Oreja y algunos ricos venezolanos… Tendremos que rendirnos ante Feijóo y el PP, tan demócratas, porque aunque es evidente que Sánchez y el fiscal fueron a por un pobre técnico sanitario por salir con la presidenta de la Comunidad, como no ha dejado pruebas y la Justicia es muy grande, hay que exculparle. Eso si no le condenan directamente, que a día de hoy es, visto lo visto, muy probable. Qué bueno es dios, que pone en el mundo a los verdaderos adalides de la libertad y la división de poderes.

Lo del presidente del Gobierno en la Comisión Koldo del jueves fue como una partida simultánea de ajedrez; una de esas en las que el maestro juega al tiempo con una o dos decenas de oponentes.

Claro que nadie convoca una partida simultánea de ajedrez si no es para que el maestro se luzca y los jugadores se entrenen. Fue por eso una torpeza del PP aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para permitir que Pedro Sánchez saliera completamente indemne, ganándole la partida a todos y cada uno de senadores y senadoras preguntantes, unas señoras y señores por lo demás desconocidos para el gran público. ¿A quién se le ocurrió? ¿A Feijóo?

Cinco horas de comparecencia sirvieron para que Sánchez constatara lo que ya sabemos: que el caso Koldo llega en sus efectos a dos altísimos cargos del PSOE, Ábalos y Cerdán, cuyas conversaciones y presuntas tropelías producen vergüenza a los socialistas, pero que no da para más. Que no hay financiación ilegal en el PSOE. Que no estamos ante una Gürtel del PSOE ni ante un P punto Sánchez. Que se tomaron las medidas oportunas para alejar a los dos ex secretarios de Organización. Que cobrar por gastos en metálico es legal. La partida sirvió también para que Sánchez pudiera compararse con el PP y para recordarnos que Feijóo y los suyos habitan una sede pagada con dinero negro.

También pudimos comprobar que Sánchez está en forma, que como los maestros de ajedrez mantiene su fuerza mental y física, que el humor y el sarcasmo funcionan para desmontar la estrategia del ruido y el caos, y que el PP no acaba de encontrar su tono. Los jugadores principiantes, también como en el ajedrez, cayeron pronto. Como la senadora de Unión del Pueblo Navarro, cuando le preguntó al presidente cuántos iban en el Peugeot y Sánchez dijo que “dependiendo del día…”

Pero lo que es realmente sorprendente es que el PP, una vez montado el circo de esta Comisión eterna que solo sirve para que PP y Vox disparaten contra el Gobierno, dejara los malabares al senador Alejo Miranda de Larra, el ideólogo y ejecutor del Zendal como director general de infraestructuras sanitarias con Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia. Sánchez lo hizo notar en sus respuestas. La intervención del popular quedó ridícula. Para la posteridad el momento de oro: “¿Conoció usted al señor Aldama?”, “en absoluto”, “¿cuándo se conocieron?”, “Pero si acabo de decirle…” Sánchez mantuvo el tipo, aprovechó para asestar unos cuantos golpes y se fue por donde había venido, sin resentirse de un solo rasguño.

Una vez más, el PP se ha equivocado citando a Sánchez a esta Comisión infame que ninguna información adicional está proporcionando, en un caso por lo demás políticamente amortizado. El presidente del Gobierno les ha dado un buen repaso tanto al PP como a Vox. No es bueno para los socialistas que se ocupe tanto tiempo hablando de Koldo, por supuesto, pero es muy negativo para el PP que se hable tantísimo del asunto sin poder demostrar que el PSOE se ha financiado ilegalmente. Será una decepción, una frustración de las expectativas, que seguirá beneficiando a la ultraderecha y, a la postre, a la izquierda. Porque los progresistas, ante el espectáculo lamentable de esos senadores ruidosos y agresivos, podrían movilizarse. Ya se sabe que la espada de Damocles de la izquierda es que se deprime cuando le afecta la corrupción y tiende entonces a abstenerse. Pero cuidado, señoras y señores del PP, que la izquierda también tiene por virtud reaccionar con fuerza si se le tocan demasiado las narices.

La excusa de una sublevación siempre será el restablecimiento del orden frente al caos. Los narradores oficiales de la Dictadura franquista inocularon en las conciencias de la ciudadanía, durante 40 años y sin relatos alternativos a los que recurrir, la idea de que la Segunda República había traído la anarquía y la destrucción. Aún hoy se afirma, contra toda evidencia histórica, que la Guerra Civil comenzó en realidad en 1934 con la llamada Revolución de Asturias y que gracias al “levantamiento” militar de 1936, Franco salvó a España de ser una dictadura comunista. Esto no lo creen solo cuatro cretinos desinformados, no: esta es la idea que proclama Vox y también la que sostiene buena parte de la dirección del PP (los halcones como Aguirre o Ayuso, por ejemplo). Por increíble que parezca, esa ofensa a cualquier estudiante de primero de Historia Contemporánea es hegemónica en las redes sociales de la ultraderecha y en el acerbo memético de los numerosísimos cachorros que adoran a Vito Quiles, a Alvise y sus envalentonados amigos.

En esa tarea –salvar a España del caos– estaba también Antonio Tejero, el golpista más castizo de cuantos han existido en España, y el más cómico. El hombre de panza y bigote franquistas que con sus hombres trató de derribar, sin conseguirlo, al anciano general vicepresidente del Gobierno Gutiérrez Mellado y que, por no saber, ni siquiera supo apagar los motores de las cámaras de televisión aquel infame 23 de febrero de 1981. Ese guardia civil que se está despidiendo el jueves cumplió solo la mitad de los treinta años de prisión que le cayeron y vivió el resto, sin arrepentimiento alguno, plácidamente acomodado entre Madrid y la Costa del Sol, dando muestras de su patriotismo inveterado a propósito del Estatut de Catalunya, del procés y de la reinhumación de los restos de Franco en Mingorrubio. Por si alguien quiere poner en duda la generosidad, o las tragaderas, de los españoles con sus bandidos, casi nadie le prestó atención alguna.

Recordemos: cuando Tejero organiza en falso el primer golpe en la Operación Galaxia y cuando da el segundo, para las derechas España estaba en peligro por la aprobación de leyes contrarias a la tradición católica del país, como el divorcio, la laicidad del Estado o la legalización del Partido Comunista y por la desintegración de la unidad nacional generada por el régimen de las Comunidades Autónomas, con su tolerancia por las culturas periféricas disgregadoras. Añádase a eso la violencia terrorista y el ansia de poder de los legitimistas franquistas (Alianza Popular, luego reconvertida en PP) y de los socialistas y los nacionalistas, y el caldo de cultivo estaba preparado para que hasta el rey Juan Carlos pudiera pensar que quizá no era mala idea posibilitar un gobierno de concentración que sucediera al del recién dimitido Adolfo Suárez. Sus dudas tuvo, como ya sabemos.

¿Ha exorcizado España la posibilidad de otro tejero? En absoluto. El clima que las derechas tratan de imponer es, salvando las diferencias, muy similar. Esta idea de que estamos en un país dominado por el relativismo moral, en el que unos pocos enemigos de España imponen su voluntad maligna sobre una ciudadanía virtuosa y sufriente… Esta idea de que nos gobierna un hijo de puta (sic), corrupto y sin escrúpulos ni principios (también es literal), en una falsa democracia dominada por los boomers, las charos y los burócratas de estómagos agradecidos, paguitas y mamandurrias… Estas trompetas del Apocalipsis advirtiendo cada día del advenimiento del conflicto civil… Esta identificación de España con el caos… Tienen todos estos relatos, sostenidos cada día, la intención de llamar a un cambio imprescindible, si es necesario por vías heterodoxas. 

No es de temer, por fortuna, que el cambio vaya a venir por intervención del Ejército ni de la Policía ni de la Guardia Civil (en este último cuerpo no habría problema en encontrar a una minoría dispuesta…), porque en nuestro tiempo ya no se llevan las asonadas, ni los golpes armados como los de otras épocas. Pero sí asistimos en el mundo entero, y España no es diferente, a una efervescencia de otro tipo de levantamientos mucho más sutiles, que promueven supuestamente el orden ante la falta de normas, la anomia, el caos. Ahí están las derechas patrias. El que pueda hacer, que haga. Los tejeros de hoy son más sutiles que el pistolero del “se sienten, coño”. Pero están aquí cerca, bajo algunas togas, en algunos consejos de administración, generando vídeos cachondos con la IA, en algunos templos religiosos y tras las siglas de algunos partidos políticos. En el fondo, el agonizante no es más que una sátira burlesca de la agónica lucha ancestral: el cambio frente a la parálisis, la evolución frente a la involución, la esperanza frente a la angustia. Lo llaman honor, pero quieren decir miedo.

Samuel Vázquez es el portavoz de Vox para asuntos de Seguridad, Inmigración e Interior y preside una asociación que se llama Una policía para el siglo XXI. Es un agente de policía de la Comunidad de Madrid en servicios especiales, que se dio a conocer por sus afilados comentarios en redes sociales. Yo hablé de él en un programa que, bajo el título “Daniel Esteve (el señor de Desokupa) y el negocio del miedo”, ofreció La Sexta hace ya meses. 

Afirmé en el programa, entre otras cosas, que el agente “tuvo seis expedientes por incitación al odio”. Samuel me amenaza con una querella criminal por delitos de injurias y/o calumnias por esa afirmación específica. Como paso previo me llama a conciliación y para conciliar solicita que yo rectifique en un medio de comunicación, que pida disculpas y que pague 50.000 euros. Lo del dinero aún lo estoy pensando, porque aunque me parece una cifra modesta por todo el daño que aparentemente le he causado, la verdad es que se me hace un poco cuesta arriba dar la orden de transferencia. Pero la rectificación y la petición de disculpas, aquí están: 

Es cierto que a Vázquez se le abrieron seis expedientes disciplinarios, sí. Casi todos por meterse en campaña electoral estando en activo, cosa que prohíbe la ley. Algunos de esos expedientes fueron anulados, recurridos y, en fin, están resultando controvertidos. Existen pero no están cerrados. 

Pero no, yo no dije la verdad: esos expedientes no son “por odio”. Rectifico. Y confío en que si finalmente Vázquez no queda satisfecho con mi rectificación y decide interponer querella, el Juzgado dé por válida esta corrección mía.

Y añado además que Samuel Vázquez es, por lo que he podido observar, una buena persona. En sus vídeos, muy numerosos, se ve a un ser humano preocupado por la humanidad toda, con especial énfasis en la cristiana y máxima prioridad por la española de toda la vida.

El directivo de Vox está muy concernido por los madrileños, por ejemplo, porque “casi salimos a machetazo diario”, pero también por sus compatriotas vascos y catalanes, porque allí en concreto “los políticos lideran experimentos sociológicos que pretenden cambiar la realidad demográfica rechazando todo lo que sea hispano”. El agente Vázquez dice que todo eso se arreglará cuando aparezca en la política “un hombre fuerte” (no contempla la posibilidad de una mujer en este caso). Ese hombre, naturalmente, es Santiago Abascal.  

Podría parecer a veces que Samuel no le desea ningún bien a los migrantes, porque con su partido propone “deportaciones masivas” y procesos de “reemigración”, o porque afirma que “hay que deportar a los ilegales, a los delincuentes y a los que no se integren”. Pensar que reside ahí algún odio hacia los migrantes es ruin. Vázquez solo desea su bien: proteger a esos individuos de las mafias que trafican con ellos. Propone por eso “externalizar los puertos”, es decir, enviar a otros países, como Mauritania, a quienes se recoja en el mar cuando intentan llegar a nuestras costas. ¿Se puede tener mejor intención? Por si hay alguna duda, propone usar la Armada, pero “no se trata de tirar bombas y hundir cayucos con gente dentro” – aunque Abascal propuso lo contrario para el Open Arms - sino de “tener capacidad intimidatoria y de bloqueo”.

Vázquez se preocupa también de nuestras mujeres, o al menos de las nacionales. Añora que puedan volver a tomar café en las terrazas de Barcelona, porque hay muchos sitios en los que ya no pueden por la presencia musulmana que se lo impide. 

Esas pobres mujeres españolas a las que el portavoz de Vox quiere ayudar están, por otro lado, sometidas al “consenso progre” que las minusvalora como “víctimas de violencia de género”, ese invento de la progresía globalista. Hay unas 70 mujeres en España que mueren a manos de sus parejas o exparejas cada año, pero habría que defender su igualdad y no tratarlas como seres inferiores. Samuel se preocupa por ellas igual que por los hombres, que también sufren violencia y denuncias falsas, no como afirman los feministas y los blandengues y la derechita cobarde. Esto lo deduzco yo.

Qué bueno que España tenga a gente como Samuel Vázquez y cómo me arrepiento yo de haber dicho que los expedientes que le abrieron en la Policía son por odio, que no lo eran. Para odio el de la izquierda cómplice del terrorismo y de la destrucción de nuestra cultura, no el de esos patriotas dispuestos a dar la vida por España. Hombres dispuestos a defender la nación con fuerza y honor. Como en otros tiempos. Amantes de la España de verdad, la de los Reyes Católicos, la de Don Pelayo y el Cid, la de José Antonio y la de Franco. La España católica que se hunde cada día víctima del buenismo, de la Agenda 2030 y de las mamandurrias de socialistas y comunistas.

Yo me imagino a los dos agentes que firman el informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, volcados ambos sobre sus viejas mesas metálicas, el calendario colgado detrás en la pared junto a la foto del rey, la pesada estancia iluminada por esos fluorescentes omnipresentes en las dependencias policiales.

"Jefe, me vas a perdonar pero aquí no sale nada que implique al PSOE".

"Hombre, según se mire, Manolo, aquí hay unos descuadres y unas cantidades no justificadas".

"Pero jefe…, que hemos revisado miles de documentos, llevamos aquí todo el día rematando y solo salen 500 euros por aquí y mil por allá en casi diez años".

"Manolo, coño, no te pongas tan exquisito, que pareces de izquierdas: ¿Hay o no hay “cantidades sin soporte documental”? –pregunta con énfasis el subcomisario–. ¿Hay o no hay sobres? Por Dios Bendito… Pues si hay cantidades sin justificar, un euro o un millón, y si hay unos sobres con dinero, se ponen ahí y punto…".

El agente Manolo empieza a arrugarse ante la insistencia de su superior. El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán está en la cárcel y se ha montado la mundial antes del verano rebuscando hasta debajo de las piedras para tratar de implicar a los socialistas en financiación ilegal. Y ahora resulta que, de lo que se trata –como mucho–, tras decenas de horas de análisis, es de las supuestas tropelías de Koldo y Abalos, por lo demás bastante cutres.

Ya se sabe que los magistrados, los jueces y fiscales, los policías y los guardias civiles, todos ellos son gente exquisitamente neutral e imparcial y no se dejan llevar por sus querencias ideológicas… Pero podríamos suponer que el fiscal anticorrupción y los magistrados del Tribunal Supremo promovidos por el PP, y también algunos agentes, quizá con un ligero sesgo hacia la derecha (ya digo, es solo un suponer….) podrían estar salivando por encontrar entre los papeles la prueba inequívoca de estar delante de “la Gürtel del PSOE”, y con suerte un “P punto Sánchez” en unas cuentas de dinero B del Partido Socialista.

"Jefe, yo no puedo inventarme nada y menos aún ponerlo aquí. Está claro que las cifras que da el PSOE cuadran con los gastos de Koldo y Ábalos. Lo de las chistorras y los soles y las lechugas y tal, vale, pero lo de los gastos también está claro y no podemos inferir nada ilegal".

"Oye, Manolo, no me toques las pelotas. Que no te estoy diciendo que pongas que hay indicios de financiación ilegal. Basta con que pongamos que hay algunos pagos sin ‘respaldo documental’. ¿Vale? Y pon las fotos de los sobres con el post it".

"Lo que usted diga, jefe".

Se diluye así la frontera entre la ausencia de pruebas de financiación ilegal y la difusa hipótesis de que pudiera haberla. Es la fuerza de una imagen. Cuántas veces no habremos visto esos bodegones policiales: el material en una mesa, los billetes ordenados por montones, quizá unas cajas fuertes pequeñas, unas libretas, añadamos unos destornilladores y unos cuchillos jamoneros, unas llaves y unos mecheros. Puede ser el ajuar doméstico de cualquiera de nosotros, pero así, colocadito en la mesa con un cartel de la Policía o de la Guardia Civil, pasará por ser el peligroso arsenal de una banda de delincuentes.

Esa es la miserable eficacia de esos sobres timbrados, con su sello policial: aunque el informe diga taxativamente que los euros que contienen se corresponden con gastos habituales justificados, su mera exhibición evoca la corrupción. Es ridículo, irracional, absurdo. Pero ¿quién dijo que sobre lo ridículo, lo irracional y lo absurdo no puede construirse una victoria electoral?

La extrema derecha lo aplica desde hace una década en el mundo entero, y Feijóo y los suyos están aprendiéndolo como alumnos aventajados. Una vez entendida la misión, ya se sabe, el que pueda hacer que haga.

No, no es informar, sino mentir. El llamado “síndrome postaborto” no existe. Es un invento de las organizaciones contrarias al derecho de las mujeres a decidir cuándo ser madres. Y, como si se tratara del creacionismo frente a la teoría de la evolución, no hay simetría científica en la controversia. La ciencia no da lugar a dudas: los posibles efectos psicológicos de interrumpir voluntariamente un embarazo son los mismos que pueden producirse por llevar un embarazo no deseado a término.

Esto es una batalla contra el fanatismo religioso. El supuesto síndrome no es una invención española, sino de los extremistas cristianos del mundo entero, liderados por los estadounidenses. No hay otro motivo para no permitir a una mujer interrumpir un embarazo no deseado, dentro de un plazo razonable, puesto que todo el mundo entiende que un feto de ocho meses ya es un bebé, que la creencia religiosa –compartida por casi todas las religiones, por cierto– según la cual desde el momento de la concepción ya hay un niño… Es tan disparatado como cualquier otra creencia religiosa, pero mucha gente lo cree. Sin embargo, solo los más fanáticos –los Opus Dei, los Legionarios de Cristo, los del CEU, los Kikos, y sus terminales, como HazteOir o los Abogados Cristianos– van de vez en cuando más allá para presionar a las mujeres.

No es informar, sino coaccionar. Es obligar a las mujeres a ser madres en contra de su voluntad. Así de claro. Y así, en virtud de una creencia religiosa, se justifica plantarse delante de una clínica para presionar a las pacientes, o ahora, coaccionarla para que escuche el supuesto corazoncito del imaginario bebé, o bien lo que le espera –alcoholismo, suicidio– si no cumple con la Ley de Dios, escondida en pseudociencia. 

Si impedir un embarazo es una tragedia para la mujer, entonces es normal que exista un síndrome posterior. Alguna izquierda bienintencionada ha estado defendiendo desde hace décadas que ya es suficiente para una mujer tener que pasar por la desgracia de interrumpir un embarazo como para que se le impida hacerlo en paz, es decir, que el aborto es una tragedia personal. Siguiendo esa lógica, lo normal sería que la buena mujer luego se diera a la bebida o le dieran ganas de morirse. Visitar el quirófano no es agradable nunca, pero la interrupción de un embarazo no puede plantearse como una tragedia para quien la decide, porque no lo es.  

El PP no es un actor secundario. No nos dejemos engañar. El Partido Popular no pasaba por ahí y se la ha colado Vox. El PP ha estado siempre –sin excepción, absolutamente siempre– a favor de forzar a las mujeres a ser madres en contra de su voluntad. Desde los años 80 hasta hoy se ha opuesto a todas las iniciativas relativas al derecho de las mujeres a decidir. Ha recurrido iniciativas de la izquierda y cada cierto tiempo dispara con alguna iniciativa como la de esta semana, la filfa de ese síndrome postaborto, para recordarnos con más o menos rubor, dónde está y lo que piensa. Tampoco debe sorprendernos lo sucedido estos días, puesto que el alcalde de Madrid se confiesa católico practicante, ha sido educado por el Opus Dei y su tradición familiar no es lo que se dice progresista. Lo que se ve es lo que es, y los demás ya sabemos a qué atenernos. Otra cosa es que esté pensando qué necesidad había de meterse justo ahora en este berenjenal.  

Hay no tanto un instante como un espacio de tiempo en que la opinión pública cristaliza y se hace inapelable, irreversible, apabullante. Lo vimos con entre 1993 y 1996, cuando España entera compartía el “paro, despilfarro y corrupción” asociado a Felipe González. Ante la inesperada victoria electoral socialista del 93, las terminales conservadoras reaccionaron con inusitada hostilidad en lo que luego fue descrito como una genuina conspiración.

Lo vimos más tarde con la crisis financiera de 2008. Por más que Zapatero tratara de mantener el timón, evitando la intervención de la economía por las autoridades europeas, la imposición de medidas de “austeridad” y sus terribles efectos en la población española, con millones de ciudadanos repentinamente en paro y con penosas pérdidas patrimoniales, generó la sensación abrumadora de que el presidente Zapatero no controlaba la situación ni podía hacerlo. 

Y lo vimos también antes, en 2003, cuando el Gobierno de Bush hijo decidió que en su “Guerra contra el terror” había que invadir Irak, vértice del “eje del mal” enemigo de Occidente. Aznar, queriendo sacar a España, dijo “del rincón de la historia”, se situó del lado del presidente de Estados Unidos apoyando aquella invasión infame. El momento quedó plasmado en la foto de las islas Azores en la que el americano y el español sonreían junto con el británico Blair días antes de la invasión. El clima de opinión español, con un noventa por ciento de la población contra la guerra, cristalizó de tal modo que al año siguiente, días después de que Madrid recibiera el diabólico castigo de los yihadistas, el PP fue desalojado del Gobierno.

La situación hoy es muy distinta. No hay una guerra sino un genocidio ejecutado con tanques, drones y aviones destruyendo entero el precario hogar de dos millones de palestinos, y enterrando vivos y matando de hambre a sus niños. Y quien apoya la agresión en España –el PP y ahora también Vox– no está como en 2003 en el Gobierno, sino en la oposición.

Pero hay similitudes importantes. El adversario es despreciable para una gran mayoría de las españolas y los españoles, más aún de lo que lo fuera Bush. Esa mayoría siente repugnancia sin matices por los excesos de Netanyahu y de Trump; un asco compatible con el que les generan por los terroristas (de Al Qaeda entonces, de Hamas ahora). De modo que igual que los españoles entendimos que la invasión de Irak tenía como objetivo hacerse con su petróleo y no vencer a los terroristas, también sabemos que este genocidio televisado obedece al expansionismo de Israel y no a su autodefensa. 

Finalmente, tras dos años de pereza, aprovechando la ocasión que ha proporcionado un equipo ciclista propiedad de un propagandista sionista, ese momento de cristalización de la opinión pública ha llegado a España, generando un sólido movimiento de solidaridad con Palestina. El 82 por ciento de las españolas y los españoles consideran que lo que ven es un genocidio que debería parar de inmediato. Lo creen dos de cada tres votantes del PP.

Resulta sorprendente que la falta de autoridad de Feijóo llegue al punto de asumir el extremismo inhumano de Ayuso y de sus padres políticos, Aznar y Aguirre, despreciando así el estado de ánimo de la ciudadanía. Esta semana le hemos visto balbucear un poco de solidaridad con “la población civil” (le cuesta nombrar a las niñas y los niños famélicos y ensangrentados que ve cada). Ha afirmado, qué gran descubrimiento, que los civiles palestinos “no son terroristas”. Y en el argumentario del PP han escrito “masacre” en lugar de “genocidio”. Esas ridículas concesiones semánticas se producen al tiempo que la verdadera líder del PP, la presidenta de Madrid, se fotografía con los ciclistas del equipo israelí o afirma –cada día un disparate más grande– que en Israel los hombres, las mujeres y los homosexuales (sic) pueden votar, o que a la izquierda no le importan las mujeres muertas en Gaza cuando son judías…  

Es interesante observar cómo la narrativa promovida durante años por tierra, mar y aire, por el PP y sus aliados, que afirma que estamos en un país disfuncional gobernado por el capo de una mafia corrupta y traidora de la patria, palidece en solo unos días a favor de otra en la que aparece un país movilizado, solidario y pacifista, al que los conservadores insultan o dan la espalda. Y es alucinante que Feijóo caiga en el mismo error que el Rajoy de las Azores: que, incapaz por naturaleza de liderar él mismo a sus seguidores con una posición moderada, se deje llevar por las posiciones extremistas y violentas de los halcones de su partido, que resultan tan antipáticos a la gran mayoría de los españoles. En nuestro tiempo, además, mientras Vox come palomitas esperando el momento del asalto.  

Recordemos los inicios del sainete: 

El novio de la presidenta Díaz Ayuso factura en plena pandemia unos dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas al principal proveedor sanitario de la Comunidad de Madrid, el grupo empresarial Quirón. Solo este hecho suscitaría a cualquiera sospechas de compadreo como mínimo, si no de genuina corrupción.

El novio de la presidenta defrauda unos 350 mil euros de esos dos millones, según confiesa su abogado en un correo electrónico a través del cual negocia con la Fiscalía que le persigue por el fraude que la inspección de Hacienda ha detectado (de la declaración de la inspectora ante el tribunal que acabamos de conocer podría hacerse una novela). Ese mensaje de correo, apenas unas líneas, es el ridículo pero crucial objeto sagrado de nuestra disparatada historia.

Un día nos enteramos de la existencia de este señor y de sus problemas fiscales porque se publica el susodicho correo en diversos medios y porque hablan de él el jefe de Gabinete de Ayuso y la propia novia-presidenta. Lo hacen sin sordina y con toda solemnidad, para afirmar lo contrario de lo que es. En una contradicción casi infantil, la presidenta habla de “un particular”, para a continuación afirmar que se le persigue por ser su pareja, y afirma que en realidad todo no es más que una inspección como la que sufren miles de españoles cada año y que en realidad es al particular al que se le debe dinero. El “particular”, un desconocido hasta entonces, se convierte en un personaje público gracias a la intervención de la novia, del jefe de Gabinete y de decenas de portavoces oficiales que salen a defenderle.

Un presunto/confeso defraudador –tengo que tener cuidado con lo que escribo, porque a mí me ha caído una querella por llamarle defraudador confeso sin matices…–, con la ayuda del jefe de Gabinete, de la novia presidenta, de algún medio afín y del Partido Popular en bloque, se pretende hacer pasar por una víctima de la dictadura bolivariana sanchista, arrasando de paso con la credibilidad de los funcionarios de Hacienda y de la Fiscalía que persigue el supuesto delito.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre cuyas obligaciones está la información pública de los procedimientos judiciales, emite una nota de prensa destruyendo el bulo: aquí hay un caso de posible delito fiscal, no una mera regularización fiscal a un particular y menos aún la persecución política de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se discute inicialmente la validez de esa nota de prensa, pero pronto se fija que esa publicación no tiene nada de ilegal.

Y entonces empiezan los afectados a acusar al fiscal general del Estado de haber filtrado el famoso correo electrónico, lo que sería un delito de revelación de secretos. No hay ni una sola prueba. Al contrario: una decena de periodistas afirman que tenían ese correo antes que García Ortiz. Pero da igual. Se monta un circo político en el que se busca el origen de la filtración con algunos personajes secundarios que salsean la narración. Lo de siempre: los listillos ingenieros del caos (MARodríguez es el decano español de la disciplina) logran con una sucesión abigarrada de acontecimientos que se olvide el verdadero origen del asunto. La carga de la prueba pasa a estar no contra Ayuso sino contra el fiscal general. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado y otro compañero de un total de tres instruyen para que se juzgue al fiscal, con un abrumador voto en contra del otro magistrado.

Y entonces, una vez más aplicando el manual, el debate se desplaza de manera tramposa hacia la dimisión de García Ortiz. Como aquel marido infiel al que la esposa sorprende en la cama con su amante y trata de fijar el debate en la obligación de llamar a la puerta antes de entrar. Ridículo pero eventualmente eficaz.

La dimisión del fiscal general sería una auténtica claudicación colectiva. La ciudadanía renunciaría a la verdad, a la limpieza y a su propia soberanía frente a los poderosos. El fiscal general es el representante del “ministerio público”: encarna el interés general y es el garante mayor de los derechos de la ciudadanía. El juez juzga pero los fiscales defienden el interés colectivo.

MAR y Ayuso se empeñaron en hacer del delito fiscal confesado por el particular novio de la presidenta una víctima del voraz Gobierno de Pedro Sánchez, implicando falazmente al fiscal. Elevaron de paso al empresario al olimpo de los famosos. El PP les siguió enardecido y también lo hicieron los magistrados, jueces y fiscales conservadores, constatando la enorme influencia de la ideología cuando se imparte justicia. Metieron incluso al rey en el lío. Lograron parcialmente su objetivo, desviaron la atención y convirtieron en delincuente al fiscal. Va a servir de poco, porque todo indica que el novio va a ser condenado, pero la fachosfera habrá logrado generar el suficiente lío como para que la indemostrable filtración de un correo electrónico humille a fiscal, sentándole en un banquillo.

Pues bien, que el fiscal general se mantenga en su cargo no es un mal menor ni una circunstancia desagradable. Frente al brutal ataque al fiscal por motivos espurios, su permanencia es una victoria de la democracia. Es la ciudadanía orgullosa manteniéndole el desafío a los señoritos. Plantándoles cara. Torciéndoles el pulso. Su renuncia sería una renuncia del pueblo, señor fiscal. No se rinda, por favor.