Tarde de teatro con la sala llena de un público expectante. Comienza la función y el actor principal sale a escena, ataviado como un personaje del Siglo de Oro. Al arrancarse a declamar sus líneas, se da cuenta de la incomodidad que surge de la sala, en penumbra pero llena de murmullos. Alguien ha cambiado, sin previo aviso, el telón de fondo y en vez de una corrala del siglo XVI se observa un decorado contemporáneo. Ni la figura más versada sobre las tablas puede aguantar, a pesar de todo su oficio, algo así.

Esto es lo que nos ha pasado a todos en Europa, desde al ciudadano anónimo hasta al dirigente político más relevante, desde el tendero de la esquina hasta el directivo de una gran empresa. Estábamos a nuestras cosas y, sin que nos lo quisiéramos creer del todo, Donald Trump ha cambiado el escenario, dejándonos con una sensación entre la estupefacción y la vulnerabilidad.

Nadie podría, eso sí, decir que no estábamos avisados. Hace aproximadamente un año, cuando Mario Draghi presentó el adelanto de su informe, ya señaló que “el mundo está cambiando rápidamente y nos ha cogido por sorpresa”, tanto como que existían países que habían dejado de seguir “las reglas del juego”, citando expresamente a Estados Unidos. Que alguien como el anterior gobernador del BCE, un antiguo hombre de Goldman Sachs, hablara en estos términos, quizá debería habernos advertido de algo.

Trump es la causa del sismo actual, pero a su vez es la consecuencia de otros muchos acontecimientos que rompieron el periodo neoliberal en 2008, el año que dio inicio la Gran Recesión. Ya me han leído otras veces, en estas páginas, referirme a cómo aquel terremoto económico fue mutando hasta convertirse en una crisis de legitimidad que alumbró acontecimientos tan dispares como el Brexit, el procés o la irrupción de la extrema derecha en media Europa.

La pandemia vino para acabar de desbaratarlo todo porque, aun tratándose de un virus imprevisible, puso de manifiesto los peligros de cederlo todo al sector privado, de no contar con servicios públicos resistentes, de habernos quedado sin apenas tejido industrial. También demostró una nueva manera de hacer las cosas y, ahí, nuestro país marcó la diferencia con un escudo social que evitó otra crisis económica de dimensiones mayores. La ideología importa, se puede gobernar para la mayoría social o predicar el sálvese quién pueda.

Todo está conectado y esta sucesión de inestabilidades nos llevó a presenciar en Estados Unidos un golpe de Estado, que es de lo que se trató aquel asalto en Washington mientras tenía lugar la sesión de investidura en el Capitolio. Si hubiéramos tenido claro este hecho, si no hubiéramos dado a Trump por finiquitado pensando que se trataba de un paréntesis, hoy no estaríamos donde estamos.

Sin ese asalto al Capitolio de el 6 de enero de 2021, no se entiende el 24 de febrero de 2022, es decir, el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Las debilidades se pagan caras: Vladimir Putin quiso demostrar que Rusia era algo muy diferente a aquel país quebrado por Boris Yeltsin. Las administraciones norteamericanas, desde Bush a Biden, con Europa detrás, nunca debieron haber empujado a Ucrania a las puertas de la OTAN como un cebo para una guerra que pensaron, erróneamente, que volvería a poner de rodillas al gigante euroasiático.

Esa guerra, con la crisis inflacionaria y energética que trajo aparejada, ha empujado a la ultraderecha en países como Alemania o Francia a ser la segunda fuerza política y a gobernar en Italia. También –dejemos de fingir que nunca ha ocurrido– una década larga de atentados islamistas y crisis migratorias que proceden del desastre de Afganistán, Irak, Siria y Libia. Nada es casual: la desestabilización nunca es controlable.

Y en estas, Trump, en su segunda encarnación, mucho más peligroso, mucho más versado, tutelado e impulsado por unos multimillonarios de Silicon Valley en complot contra la democracia, nos ha cambiado el telón de fondo. Podemos creer que esto será un paréntesis que se solucionará en cuatro años o asumir, de una vez por todas, que si todo se altera no vale de nada enterrar nuestra cabeza en la arena.

La ampliación del gasto público en defensa es el ejemplo perfecto de cómo adaptarse o perecer ante esta dramática transformación. Este no es un debate sobre el que cabe una simple negación o afirmación, sino una nueva disposición de las piezas en la partida que favorezcan tanto a nuestro país como a su mayoría social.

La fórmula “cañones o mantequilla” o “tanques u hospitales” no es cierta. La fórmula correcta es defensa, servicios públicos y tejido industrial, todo a la vez, producto de una mutualización de la deuda europea, del fin de un obsoleto e injusto corsé fiscal que lleva ahogando las posibilidades de la Unión Europea desde el austericidio. La fórmula no es sólo anunciar un multimillonario gasto, sino adecuar la inversión en defensa a la producción continental y no a engrandecer el complejo militar estadounidense.

Una correcta movilización de recursos públicos, financiados de manera común por los 27, puede servir para fortalecer una red de industrias europeas estratégicas, no sólo en el campo de la defensa, sino también orientarse hacia el resto de la economía productiva, la inversión en tecnología de alto nivel y en una fuentes de energías renovables que aseguren, en conjunto, nuestra soberanía del resto de bloques.

Es aquí donde, especialmente la izquierda, tiene que jugar la partida. La otra opción, llamar a Sánchez “señor de la guerra”, es volver a las pancartas mientras que la derecha maneja los presupuestos. La política es transformar la realidad, enfrentar unos problemas a unas soluciones mediante una guía ideológica, unos principios. Si sólo nos quedamos con los principios y renunciamos a transformar la realidad no hacemos política, hacemos poesía y de la mala.

Sin pensarlo, estamos en una situación donde el atlantismo, que no es más que la dependencia europea de Estados Unidos, se resquebraja. Donde el Estado vuelve a tomar la delantera para ordenar la vida pública tras años de recortes. Donde se puede poner en cuestión el artículo 135, ese por el que, si no me falla la memoria, tanta gente se movilizó la década pasada. Hay que saber señalar los riesgos, hay que mantener los principios, pero también ver la oportunidades.

Y esta es histórica. La oportunidad de repensarlo todo.

Un mes y ocho días. Ese es, tan sólo, el tiempo que ha pasado entre la toma de posesión de Donald Trump y la encerrona a Volodímir Zelensky en la Casa Blanca. Cuando los tiempos se aceleran, es mejor tener un calendario a mano para no perderse entre la sucesión de sorpresas, espectáculos y sobresaltos en que se ha convertido la actualidad.

Entre las injerencias de los millonarios tecnológicos en las elecciones de terceros países, los anuncios de anexiones territoriales, la escalada arancelaria, las deportaciones de inmigrantes, los grotescos planes para Gaza y el resquebrajamiento del atlantismo, ese mes y ocho días parece una eternidad.

Esta estrategia de la tensión sostenida pretende que no sepamos distinguir entre la puesta en escena y las amenazas reales, además de buscar la paralización que provoca la sensación de no saber por dónde va a llegar el siguiente golpe. La capacidad para dominar la atención, en manos de gente como Trump, suele ser un camino de migas envenenadas.

De este mes largo quédense, como les adelantamos por aquí el último día de 2024, con dos cuestiones. La primera es la ofensiva interna contra la arquitectura institucional estadounidense llevada a cabo por Elon Musk a través de DOGE, un organismo que bajo la excusa de la eficiencia busca parasitar a su huésped y destruir las resistencias a la implantación progresiva del nuevo régimen.

La segunda, en la esfera internacional, es la destrucción de las condiciones que han propiciado en el siglo XXI el ascenso de China a primera potencia mundial en muchos aspectos. En los años 90, deslocalizar la fuerza industrial occidental en Asia pareció una gran idea para los inversores bursátiles. China aprovechó la contingencia y en cuatro planes quinquenales se comió por los pies a Estados Unidos.

La pretensión de Trump es provocar un electrochoque a esas condiciones de la economía y el comercio, provocando que la ventaja china en la producción se transforme en una sobrecapacidad que ahogue al gran país oriental que primero puso la mano de obra, después copió y más tarde mejoró, pero siempre con la convicción de que habría unos mercados occidentales en los que colocar sus productos.

Esta semana darán comienzo las conocidas como las dos sesiones, el acontecimiento político anual más importante de China, que comprenden el inicio de la Asamblea Popular Nacional, su órgano legislativo, el miércoles 5, y del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, órgano de asesoramiento político, el martes 4.

Lo que China quiere contarse y contar al mundo saldrá de estas dos sesiones, donde se prestará atención a un nuevo impulso expansivo de su economía, pero también a su gasto en defensa y su posición internacional en este convulso momento. Lin Jian, portavoz de Exteriores, ha afirmado que Trump está “utilizando los aranceles para presionar y chantajear” lo que es devolver “enemistad por amabilidad”.

Por su parte, Lou Qinjian, portavoz del Legislativo, se ha referido al viejo continente de la siguiente forma: “China y Europa son fuerzas constructivas para la paz”. Lou ha expresado que ambos bloques deben fortalecer sus relaciones comerciales para “hacer frente de forma conjunta a desafíos globales y oponerse al unilateralismo y al proteccionismo”.

China no es un país que utilice la mentira en su discurso político, más bien presenta sus posturas de una forma cordial, poco conflictiva, lo que supone que hay que leer estos mensajes por capas: aquella que aparece de manera obvia y aquella que se le opone aunque no se refleje de manera explícita. Cuando China habla de paz y desarrollo se está refiriendo a esos dos conceptos y la manera de conseguirlos, pero también indicando su reverso.

Trump es, por contra, un consumado maestro en el arte de la mentira y la confusión, algo que en España no nos debería sorprender tratándose de un hombre que hizo su fortuna con la especulación inmobiliaria. Por eso, en lo que respecta a Ucrania, su pretensión de simplificar la paz como un acuerdo comercial, tan ventajoso como moralmente vergonzoso, hay que leerlo como lo que es: una coartada.

Las anteriores administraciones estadounidenses utilizaban determinados países para provocar conflictos a sus enemigos. A Ucrania se le empujó a las puertas de la OTAN, pese a saber que eso podría desencadenar una respuesta armada rusa que, a su vez, rompería las relaciones comerciales de Moscú con Berlín. 

Para Trump lo único importante es China. Acercándose a Putin pretende sembrar la semilla de la desconfianza entre el líder ruso y Xi Jinping, pero, sobre todo, crear una situación inaceptable para la seguridad europea que provoque que la UE gaste más en armas que en desarrollo tecnológico, industrial y comercial.

Este martes, Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha anunciado el plan Rearmar Europa que “podría movilizar cerca de 800.000 millones de euros de gastos en defensa”. Curiosamente una cifra exorbitante muy similar a la propuesta por el Informe Draghi, salvo que esta iba a ir enfocada a los campos económicos anteriormente citados.

La pregunta no es si la Unión Europea necesita aumentar sus capacidades militares, algo que parece obvio vistos los últimos movimientos geopolíticos, sino si el modelo de integración de esa defensa va a suponer una afirmación de la soberanía del continente respecto a Washington o una nueva forma de enriquecer al complejo militar estadounidense.

La frase “todo es caos bajo las estrellas; la situación es excelente” se atribuye a Mao Zedong, el padre de la revolución comunista china. Algo similar, pero expresado de una forma mucho más tosca, sin duda menos poética, es lo que deben estar pensando Trump y sus secuaces tecnológicos. Dejemos que el mundo se conmocione, dejemos que el pavor se extienda y de las ruinas impongamos de nuevo nuestro orden.

La elefantenrunde es una curiosa tradición electoral alemana. La noche de las elecciones, los líderes de los partidos con representación se reúnen en la televisión pública para comentar los resultados. Mesa de los notables, de los pesos pesados, de los paquidermos más inteligentes. Las metáforas, normalmente obvias, pueden tener un reverso inesperado: los elefantes también se reúnen para perecer en su cementerio.

La CDU, junto a su equivalente en Baviera, la CSU, han ganado las elecciones, pero lo han hecho con su segundo peor resultado desde 1945, el primero fue en 2021. Les separan doce puntos de la mejor marca de Angela Merkel en 2013, cuatro de su suelo en 2017. Europa, no obstante, respira: el gobierno de la gran coalición volverá a ser posible.

Lo primero que conviene aceptar, de una vez por todas, es la ruptura de la normalidad en la política europea, fuera lo que fuese eso. Y la noche del domingo, en la elefantenrunde, Friedrich Merz, candidato de la CDU, próximo canciller, empezó a definir el escenario: “nunca hubiera pensado que tendría que decir algo así en un programa de televisión”.

¿Qué se vio obligado a decir Merz delante de varios millones de espectadores? Que las injerencias de Musk en la campaña, pero también del propio Gobierno estadounidense, no habían tenido precedentes, no habían sido “menos dramáticas, menos drásticas y menos escandalosas que las que hemos sufrido por parte de Moscú”. Sentencia dura, no admite interpretaciones.

Hace menos de un año, Mario Draghi, en su relevante informe de situación, ya hablaba de que algunos actores habían dejado de ser confiables. Este último mes ha permitido que ese sujeto inestable tuviera nombre propio. “Mi prioridad absoluta será crear la unidad en Europa”, dijo Merz, una con “capacidad de defensa autónoma”. Nuevo eje ascendente en la política continental, el de la independencia de los grandes bloques.

Quizá por eso, respecto a lo que nos toca, FAES emitió una nota en la mañana del lunes criticando la asistencia de Vox a la cumbre trumpista de este pasado fin de semana. Brazos en alto, se titulaba. Esa reunión “ha tenido de conservadora lo que el Palmar de Troya tuvo de católico”. La fundación cercana al PP se resitúa con urgencia tras las palabras de Merz. En Génova tienen que decidir no si van a volver a pactar con Vox, sino si lo van a hacer con la quinta columna de Musk en España.

En cierta medida, Musk no ha conseguido sus objetivos en estas elecciones. El AfD ha obtenido su mejor resultado hasta la fecha, por encima del 20%, doblando su anterior marca, uno que, sin embargo, no ha sido significativamente superior a las encuestas. El apoyo de Musk sólo parece haber valido para que las ventas de Tesla se desplomen en Alemania.

El AfD no es sólo la ultraderecha germana, es el partido más extremo del continente en un país que, por obvias resonancias históricas, debería huir de la descivilización. La clase media ha dejado de comprar los coches de Musk, eso lo sabemos. La clase trabajadora ha votado al AfD en un porcentaje del 29%. El dato es tan terrible como significativo.

El resultado del AfD también nos muestra algo: si hablamos de Alemania como un único país no estamos siendo sinceros. A 35 años de la reunificación, la brecha en múltiples indicadores socioeconómicos entre el este y el oeste sigue siendo flagrante. En lo electoral también. El AfD consigue alcanzar en algunas regiones de la antigua RDA porcentajes que superan el 46%, en la mayoría por encima del 40%.

En 1991 fue asesinado Detlev Rohwedder, el director de Treuhand, la agencia de privatización para la Alemania Oriental. En el documental de 2020 Un crimen perfecto, se analiza este magnicidio desde una visión poco usual: la humillación que supuso para los habitantes de la RDA el proceso de absorción por occidente. Hay heridas que se han infectado de la peor manera posible.

De la peor manera posible afrontaba el SPD estos comicios, obteniendo un 16%, su resultado más bajo desde 1933. El otro eje que ha marcado estas elecciones ha sido el de la guerra de Ucrania, de la que este lunes 24 de febrero se han cumplido tres años. Los alemanes han machacado a Scholz porque han entendido que el apoyo del Gobierno tricolor a Kiev ha sido perjudicial para su país.

Alemania ha pasado de ser la locomotora de Europa desde hace décadas a sufrir una recesión derivada del encarecimiento energético tras la escalada bélica en Ucrania. También tras un atentado al gasoducto Nord Stream que, según informó el Wall Street Journal este pasado verano, tuvo autoría ucraniana. Mezclar inflación con agravio nunca es recomendable, menos en Alemania.

¿Podría haber sucedido otra cosa? Puede que para el SPD el problema inmediato haya sido la guerra, pero el más profundo ha sido no contar con una política económica propia que se deshaga del obsoleto e injusto tope a la deuda pública impuesto desde hace quince años al resto de Europa. Hay que saber leer la coyuntura para no asfixiarte con tu propia ortodoxia ordoliberal.

Los Verdes, que en Alemania son señores de clase media con bicicletas, y los liberales, lo mismo pero sin bicicletas, formaban parte del anterior Gobierno Scholz y han seguido su misma y aciaga suerte, puede que merecida. No es que el centro no tenga sitio en la política europea, es que la ficción de la neutralidad no se sostiene cuando los tiempos se aceleran.

Por último, la izquierda. Die Linke prácticamente quedó fuera del Bundestag en el 2021. En estas elecciones las encuestas al inicio de la campaña no le otorgaban un resultado diferente. Sin embargo, la formación progresista ha conseguido alcanzar el 8,9%. En la noche electoral el entusiasmo era patente, quizá demasiado: hay que tener cuidado con las celebraciones al borde del precipicio.

Hoy la prensa destaca la acertada campaña en TikTok de esta formación, así como el papel de la influencer Heidi Reichineck, claves para quedar como primera fuerza entre los jóvenes de 18 a 29 años. Ines Schwerdtner, la recién elegida copresidenta de Die Linke, admitía en una entrevista en Jacobin que su partido se había distanciado de sus votantes tradicionales, por lo que tenían que “poner a la clase trabajadora y sus intereses en primer plano”.

Este fue uno de los motivos de la escisión de Die Linke protagonizada por Sahra Wagenknecht en septiembre de 2023 y de la creación del BSW, que en estas elecciones se ha quedado a 13.435 votos de alcanzar el 5% que le hubiera permitido entrar en el parlamento, obteniendo, no obstante, el mejor resultado para una formación de nueva creación en unas federales alemanas.

A Wagenknecht siempre le acompaña el calificativo de rojiparda, una etiqueta punitiva tan inútil como perezosa. Claro que el BSW aboga por la regulación de la inmigración, en la medida en que las otras formaciones de izquierdas han carecido de postura en este tema. Alemania no es el mismo país de antes de la crisis de los refugiados de 2015, y a ese hecho, junto a los atentados de caracter islamista que sacuden secuencialmente Europa central, no se puede responder con fórmulas falsas y desgastadas.

Decíamos al principio de este artículo que Europa respira tras la cita electoral alemana. La cuestión es que quien sólo se conforma con respirar, sin nadar en ninguna dirección, seguramente acabe ahogándose. A la UE le toca pasar la página de la austeridad por supervivencia. Pedro Sánchez y sus políticas expansivas siguen resistiendo en nuestra península, el único lugar del continente que aún no ha girado a la derecha.

No es sencillo que un país cuente con un buen sistema judicial. Para ello, en primer lugar, hace falta una inversión sostenida en recursos humanos y materiales que permita a la justicia actuar en un tiempo razonable con una capilaridad óptima por todo el territorio. También que todo el personal que interviene en el proceso cuente con una formación constante y adecuada.

Se debe garantizar la independencia de los jueces de presiones políticas, pero también de actores privados como el poder económico. Los propios jueces deben actuar de manera profesional, es decir, manteniendo imparcialidad en relación a los casos que juzgan. Lo mismo se espera de fiscales y abogados.

Por último es necesario que la justicia sea accesible para todos. Por un lado respecto a los recursos de los que disponga el ciudadano para afrontar un procedimiento, por otro respecto al acceso a la carrera judicial. La justicia cumplirá mejor su cometido si quien la imparte representa de manera equilibrada a la sociedad que le encarga esa misión.

En España la justicia tiene algunos problemas evidentes. No siempre cuenta con los recursos adecuados ni actúa en un tiempo idóneo. También, como en cualquier país capitalista y a pesar del turno de oficio, quien dispone de mayores recursos puede acceder, a priori, a una mejor defensa de sus intereses. Además existe un claro sesgo de clase en el acceso a las profesiones jurídicas.

Incluso teniendo en cuenta estas dificultades, en España contamos con un buen sistema de justicia. Desde luego en comparación con países en vías de desarrollo, pero también con otros países punteros, como por ejemplo Estados Unidos, donde los impedimentos económicos y de clase son mucho más marcados. 

Según el estudio Los españoles y la Justicia, encargado por el CGPJ a Metroscopia en 2021, el 68% de los consultados cree que “con todos sus defectos e imperfecciones, la Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades de los ciudadanos”.

Sin embargo, no son todas estas cuestiones las que han situado a la justicia española en el centro del debate en los últimos años, justo los que coinciden con el ejercicio del Gobierno progresista, sino una que podríamos calificar como profundamente ideológica: la creencia, por parte de algunos jueces, de que su papel es el de servir de freno a unos poderes legislativo y ejecutivo que, pese a haber surgido de las urnas, no consideran válidos.

Decíamos en esta misma publicación en octubre de 2022: “Si el poder judicial vela por el cumplimiento de la legalidad de las acciones de gobierno y parlamento, siendo su contrapeso, en esta legislatura se ha constituido en una suerte de tercera cámara de validación para impedir o ralentizar la aprobación de las leyes y, en todo caso, participar del clima prefabricado para tachar al actual Ejecutivo de ilegítimo”.

A finales del pasado año, el juez Eloy Velasco realizó unas declaraciones, en una conferencia sobre derecho y empresa, donde criticaba a la exministra Irene Montero, por haberles dado lecciones a raíz de la ley del sólo sí es sí “desde su cajero de Mercadona”, en referencia al antiguo empleo de la líder de Podemos. Tras la indignación despertada, el Poder Judicial abrió una investigación sobre estas palabras.

En la misma conferencia, Velasco, juez de la Audiencia Nacional, afirmó también que: “cuando eres el quinto partido político que ha perdido las elecciones, y tienes cuatro gatos, pero los necesita el segundo partido que ha perdido las elecciones [PSOE] para pasar en número de integrantes al primer partido que ha ganado las elecciones [PP], tu legitimidad es bastante menor que si hubieras ganado las elecciones”.

El pasado lunes 10 de febrero, el Partido Popular organizó unas jornadas con jueces y fiscales en el Congreso tituladas “Contra la impunidad”. En ellas, María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, declaró que “la aritmética parlamentaria es la que manda, las matemáticas son así, yo me fui a letras por eso, porque nunca traen nada bueno... nos llevan a un acuerdo de investidura”.

Tenemos así a dos jueces muy relevantes expresando una idea muy similar: la de que este Gobierno no es del todo legítimo e incluso, más allá, que la mayoría parlamentaria que nombró al presidente no es deseable. Este no es un análisis sobre la motivación de sus acciones, como el que realicé en octubre de 2022, sino que son dos magistrados de peso pronunciándose pública y libremente sobre el valor de dos poderes del Estado, de manera coincidente en un breve lapso de tiempo.

Está claro que la opinión de dos miembros de un colectivo, por muy importantes que sean, no implica la representación de su totalidad, pero, puesto que tampoco ha habido voces en contra desde la judicatura, como ciudadanos tenemos el derecho a preguntarnos si las opiniones de Velasco y Del Barco han hecho público lo que unos cuantos jueces piensan en privado: que la democracia pierde vigencia en función de su resultado.

Esta postura, que hace unos párrafos he calificado de profundamente ideológica, no es precisamente nueva, sino que lleva intentando frenar el desarrollo de la democracia desde hace 250 años. Este regresismo, por cierto, está extraordinariamente documentado en el ya clásico El eclipse de la fraternidad de Antoni Domènech, donde se repasan los numerosos intentos de las clases dirigentes por modular, cuando no amputar, la emancipación común frente a la servidumbre.

Desconozco si estos dos jueces son conscientes del significado profundo de sus palabras, pero lo que nos están viniendo a decir es que nuestra autonomía como ciudadanos para tomar decisiones políticas, expresadas mediante el voto, es inferior a la de las clases dirigentes, privadas e institucionales, que saben lo que nos conviene. Así de sencillo y así de triste.

El asunto no es sólo si los jueces actúan de acuerdo a la ley, algo que se les supone, sino si algunos de ellos piensan que además de togados desempeñan otro papel, más cercano al de guardianes de un determinado orden que permanece inalterable frente al tiempo, al progreso y al poder de las mayorías. 

Hay cosas que a los españoles se nos dan bien y otras que no. Entre las que sí podemos encontrar la tortilla de patatas, la pintura barroca y la tragedia. Entre las que no, realizar entregas de premios. Lo digo, claro, por la gala de los Goya que vi, como siempre desde hace años, este pasado sábado.

La fiesta de nuestro cine tuvo buenos momentos, en especial el Goya de Honor a Aitana Sánchez-Gijón, por la sincera complicidad con Maribel Verdú, por un discurso inteligente y elegante y por lo que supone destacar la carrera de una gran actriz mientras está en activo. “No hay que tener miedo a la cultura” dijo Sánchez-Gijón, “hay que tener miedo a los nuevos imperialismos y las limpiezas étnicas”.

Que a los Goya les faltara ritmo y les sobrara tiempo no es ninguna novedad. Sí la entrega ex aequo del galardón a la mejor película, en un final mal ejecutado que dejó vendidos a presentadores y premiados. Más allá de lo escenográfico, un reconocimiento doble significa admitir la fragilidad de las categorías por las que riges tu elección, restando valor tanto a la distinción que entregas como a las cintas seleccionadas.

Un premio compartido sólo está justificado ante la categoría excepcional de lo que se premia. Si la Academia de Cine fue capaz de decantarse entre Todo sobre mi madre y La lengua de las mariposas o entre Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto y El día de la bestia, debería haber sido capaz de decidir entre La infiltrada y El 47. 

El Goya a la mejor película de este año no será recordado como una distinción compartida, sino como una que quedó en el aire, sin atreverse a posarse sobre la elegida. Nada sorprendente, por otro lado, para unos tiempos donde la falta de definición, contrariamente a lo que prometen los modernos televisores, también atrapa al cine.

El 47 es una buena película pero, como su premio, está flotando en el vacío. Algunas de sus interpretaciones son notables, el argumento no está mal resuelto y se agradece que aborde una temática alejada del interiorismo emocional. El problema es que ofrece un contexto histórico tan vago que hurta al espectador detalles importantes del suceso real en el que se basa.

Como seguramente muchos de ustedes ya sepan, Manuel Vital, el protagonista, pertenecía al PSUC y Comisiones Obreras, algo que la cinta obvia. No son sólo las siglas. Como bien explicó el historiador Marc Andreu, la expropiación de aquel autobús “no fue un arrebato individual ni espontáneo, sino una acción colectiva y organizada”. 

No han sido pocos los que han escrito al respecto desde que la película se estrenó el pasado septiembre, todos desde una sensación agridulce pero desde el respeto a la película de Marcel Barrena. Su director, sin embargo, fue más tajante en una entrevista en El Periódico este pasado enero: “cuando una cosa va bien, hay mucha gente que tiene ganas de meter ahí su casito”.

Más que un tema de ego y oportunismo, como desliza Barrena, se trata de una cuestión de época. La nuestra sufre de un presentismo atroz, donde lo que sucede parece estar ausente de las causas y ajeno a las consecuencias, además de sufrir un sesgo que nos hace entender lo individual como única medida para todas las cosas. Cuarenta años de neoliberalismo no pasan en balde.

No se trata de quitar importancia a la figura de Manuel Vital, sino de afirmar que sin el sindicalismo y sin los partidos obreros, los años 70 en España no hubieran acontecido como conocemos. Fue la condición de trabajadores y trabajadoras organizados lo que permitió a estas personas enfrentar los conflictos laborales, vecinales y democráticos con éxito. No su origen, su lengua o su bondad. Algo que tendríamos más claro si, la pasada década, el adanismo progresista no hubiera deslegitimado el papel obrero en la Transición.

El 47 es una buena película porque es emocionante, como lo son, de otra manera, 1917 de Sam Mendes o Dunkerque de Christopher Nolan. Empatizamos con sus protagonistas, nos horrorizan los peligros que enfrentan y nos motiva el indudable heroísmo que muestran en pantalla. El asunto es que, al dejar al espectador huérfano de circunstancias, le impiden entender por qué pasa lo que pasa, más allá de apelar  a la voluntad del individuo y su suerte, algo que en la guerra, ciertamente, apenas importa.

El extraño final de la noche valió también para darnos a conocer un último discurso, aquel con el que se cerraría la ceremonia. Lo pronunció María Luisa Gutiérrez, productora de La Infiltrada, reclamando respeto a las víctimas del terrorismo de ETA, poniendo en valor el papel de la policía y recordando los problemas de los agricultores. El tono, más cercano a la recriminación que a la reivindicación, y el gesto, más próximo al enfado que a la celebración, contrastaron el aplauso unánime del auditorio.

La Infiltrada no había recibido una atención especial por parte de la prensa conservadora, pero su productora tocó el silbato y, al día siguiente, las cabeceras del lado derecho del kiosko entendieron este premio como la venganza contra los titiriteros que tantos años llevaban deseando. Leyendo algunas crónicas parecía que el premio, en vez de otorgado por la Academia con normalidad, había sido conquistado por Gutiérrez tras una cruenta escaramuza.

A veces, que casi todo flote en el vacío tiene sus ventajas, sobre todo a la hora de agitar el agravio. La productora de La Infiltrada deslizó también que la memoria histórica no se ocupaba de las víctimas de ETA, cuando la realidad es que no ha habido un colectivo en España más recordado que este y de una forma más consensuada: calles, plazas, monumentos, homenajes, documentales, ensayos, informativos, leyes y debates parlamentarios así lo atestiguan.

Cuando una demanda carece de contexto sirve como un excelente combustible para extender el sentimiento de ofensa entre tu público. Vivimos un tiempo ridículo donde los multimillonarios dicen rebelarse contra las élites, los charlatanes emitidos en prime time contra la censura y los delincuentes fiscales contra los impuestos. El populismo de derechas ha conseguido usurpar la rebeldía porque a las palabras nada les ata a su sentido. Volavérunt, como el Capricho de Goya, “cabezas tan llenas de gas inflamable, que no necesitan para volar ni globo, ni brujas”.

Miércoles 29 de enero de 2025. El vuelo 5342 de American Eagle parte de Wichita, Kansas, pasadas las seis y media de la tarde con destino al aeropuerto Ronald Reagan, en Washington. El trayecto, estimado en poco más de dos horas y media, se interrumpe bruscamente cuando un helicóptero militar blackhawk impacta contra el aparato a las 20:53h. Los restos de las dos aeronaves, tras fundirse en una gran bola de fuego, caen al río Potomac. Es el peor accidente aéreo en Estados Unidos en los últimos 25 años.

La pregunta parece obvia: ¿cómo puede suceder un siniestro de estas características en lo que se ha considerado el cielo más controlado del mundo? Washington, como capital de Estados Unidos, es la sede de las instituciones de su poder político y militar. Esto provoca un intenso tráfico que debe volar, además, evitando determinadas zonas restringidas. Si el control aéreo es imprescindible en cualquier aeropuerto, en este debe realizarse con tiralíneas.

Donald Trump comparece en la Casa Blanca el 30 de enero y culpa a la anterior administración Biden y a la Administración Federal de Aviación, FAA, de haber propiciado el accidente por su políticas inclusivas de contratación, al haber incorporado a personal con “discapacidad intelectual severa, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales” a sus plantillas. 

Cuando los periodistas preguntan a Trump por las pruebas de esta grave afirmación, el presidente les contesta que no le hacen falta: “Tengo sentido común, algo de lo que por desgracia mucha gente carece”. Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte, califica estas declaraciones de “despreciables”. Multitud de instituciones públicas y empresas privadas contratan a trabajadores con algún tipo de discapacidad, asignándoles puestos adaptados a sus posibilidades.

Además de lanzar un aldabonazo contra sus adversarios políticos, basado en mentiras, el presidente también se cuestiona en sus redes sociales, el mismo martes, por las causas de la colisión: “Era una NOCHE CLARA, las luces del avión estaban encendidas, ¿por qué el helicóptero no subió ni bajó, ni giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero qué hacer en lugar de preguntar si vieron el avión? Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. ¡¡¡NO ES BUENO!!!".

La labor de un cargo público, más si posee la importancia del que ocupa Trump, no es realizar especulaciones, sino ofrecer respuestas claras y fundamentadas a la ciudadanía. Si lo que busca es hacer su trabajo. Si lo que pretende es agitar el avispero conspirativo, uno de los abrevaderos preferidos por sus seguidores, basta que Trump coloque algunas mayúsculas y exclamaciones entre una sucesión de preguntas para que la pulsión de la suspicacia estalle.

Pero, ¿cuál es el interés de Trump en que sus votantes orbiten alrededor de las teorías conspirativas? El primero es instalar un sentimiento de desconfianza en el que Trump y sus secuaces se muestren como la única voz autorizada en cualquier tema. Cuando alguien desprecia los consensos más básicos siempre acaba cayendo en el culto a cualquier gurú que le reafirma en sus prejuicios.

El segundo objetivo busca ensombrecer las causas reales por las que suceden las cosas que, por lo general, tienen mayor relación con problemas económicos y estructurales que con las demenciales teorías de la ultraderecha. Cuando culpas a unas élites abstractas, eximes al sistema financiero. Cuando señalas a la agenda 2030, liberas de responsabilidad a quien recorta servicios públicos.

En el caso que nos ocupa deberá ser la FAA la que establezca las causas del accidente aéreo tras una investigación. Hasta entonces, ya conocemos algunos detalles que pueden ir despejando lo sucedido. Según los informes preliminares, el helicóptero fue advertido de que se aproximaba hacia el aeroplano. El transporte militar recibió la advertencia, pero pudo confundir el motivo de la misma, pensando que se le alertaba de otra aeronave que volaba tras el avión con el que finalmente impactó. 

Pero, ¿por qué el controlador no fue más tajante en su advertencia? Posiblemente porque, tras efectuarla, pasó a dirigir el resto de aeronaves estimando que su labor estaba realizada. Según el informe preliminar de la FAA, el número de operarios en la torre de control “no era normal para la hora del día y el volumen del tráfico”. Sólo había un controlador cubriendo a la vez el seguimiento de aviones y helicópteros, algo que deben realizar dos profesionales.

Desde la pandemia, el número de controladores aéreos en Estados Unidos está por debajo de su cantidad óptima. Aunque en 2024, último año de la administración Biden, se realizaron las contrataciones previstas, estos profesionales aún doblan turnos y soportan una carga de trabajo mayor de la indicada. El 20 de enero de este año, uno de los primeros decretos que firmó Trump, tras su toma de posesión, fue paralizar la contratación de nuevo personal en la administración federal, de la que también depende el control aéreo.

Ese mismo día dimitió Michael Whitaker, el presidente de la FAA, un cargo que cuenta con mayor duración que las legislaturas presidenciales para evitar cambios políticos y dar estabilidad a la agencia. Esta vez, sin embargo, Elon Musk forzó la salida de Whitaker, a quien había acosado desde su red social después de que la FAA le sancionara —con tan sólo seiscientos mil dólares— por la explosión de uno de sus cohetes hace un par de años.

Musk está al frente del recién creado departamento DOGE, que busca ejecutar recortes públicos bajo la coartada de la eficiencia. Algunos de estos despidos, como los que ya han sucedido con los agentes del departamento de Justicia que investigaron a Trump, tienen categoría de purga. Paradójicamente, Tesla y SpaceX, las empresas insignia de Musk, han recibido cuantiosas subvenciones federales. Sólo su compañía aeroespacial ha logrado contratos con la administración por un valor de 19800 millones de dólares desde 2008.

El 22 de enero, Trump despidió además al responsable de la Administración de Seguridad del Transporte, así como a todo el Comité Asesor de Seguridad de la Aviación, organismo creado por el Congreso en 1988 después del atentado al vuelo 103 de la PanAm. En estos momentos, las principales agencias de seguridad aérea de Estados Unidos están descabezadas y sus profesionales trabajando bajo mínimos ante la congelación de contrataciones.

El martes 28 de enero, el vuelo 4514 de Republic Airways tuvo que abortar su aterrizaje en el aeropuerto de Washington, debido a que a las 20:05h un helicóptero se aproximó peligrosamente a su trayectoria. Veinticuatro horas después, en el mismo escenario y bajo las mismas condiciones, sucedió el accidente que nos ocupa. No llamen fatalidad a lo que son recortes públicos. No busquen en la conspiración lo que es producto de la codicia y la irresponsabilidad.

Pedro Sánchez alertó el lunes 20 de enero sobre cómo “la tecnocasta de Silicon Valley está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental”. El presidente está en lo cierto y se agradece su claridad, una que contrasta con la tibieza de Ursula Von der Leyen, que, en Davos, este martes, tan sólo ha acertado a expresar que entramos en un tiempo de “divisiones crecientes” y “dura competencia geoestratégica”.

Las primeras horas del nuevo mandato de Donald Trump se pueden calificar de conmoción y pavor, táctica con la que se denominó a la operación que dio inicio a los bombardeos de Bagdad en 2003. Ahora las víctimas somos todos. Trump ha comenzado por retirar a Estados Unidos de los acuerdos climáticos de París y de la OMS, ha indultado a los asaltantes al Capitolio y ha renombrado el Golfo de México como Golfo de América.

El recién nombrado presidente norteamericano también ha tenido palabras para nuestro país. A la pregunta de un periodista por nuestra contribución presupuestaria a la OTAN, Trump, bien por pura ignorancia, bien por provocación, ha respondido colocando a España dentro de los BRICS, el grupo de países encabezado por Rusia y China, afirmando que iba a incrementar los aranceles en un 100%. 

Isabel Díaz Ayuso ha abundado en la confusión al afirmar que “se encargará personalmente” de que Trump sepa que en España “no todos somos parte de los BRICS”. Es oportunista, es ridículo, pero al menos nos demuestra varias cosas: que para vasallo, se nace; que el desbarajuste resulta una efectiva táctica comunicativa; que la más afinada adaptación del trumpismo en España es Ayuso, muy por encima de Vox. De Abascal, que estuvo de invitado en la toma de posesión, poco se ha sabido.

Elon Musk, por su parte, ha conseguido conquistar el protagonismo en estas primeras horas realizando el saludo fascista, por dos veces, en la fiesta posterior al nombramiento presidencial. No, no fue una confusión o un malentendido, un desafortunado gesto que un hábil fotógrafo descontextualiza. Fue una maniobra medida para demostrar que pueden romper todos los límites de lo tolerable y que, aun así, salen indemnes. Pero, ¿quiénes?

A no pocos les pasó desapercibido el lugar prominente que los líderes tecnológicos ocuparon en la rotonda del Capitolio, donde tuvo lugar la ceremonia de investidura. Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Meta, Sundar Pichai de Google o el propio Musk estaban situados inmediatamente detrás de Trump y su familia y delante del próximo gabinete presidencial. Una obvia representación de cómo el poder privado de unos millonarios se superpone a toda la arquitectura institucional republicana.

Pero, ¿cómo han pasado los simpáticos chicos de los ordenadores, aquellos que protagonizaban películas juveniles de los 80, a convertirse en una amenaza para la democracia? 

La primera respuesta es la que marca la diferencia entre un magnate y un oligarca. Si el magnate usa su fortuna para intentar influir en la política, buscando exenciones fiscales o eliminación de regulaciones que afecten a sus negocios, el oligarca se inmiscuye directamente en el gobierno, bien patrocinando a cargos de su total confianza, bien ocupando él mismo las instituciones. Es el paso que media entre manipular el sistema y apropiarse por completo del mismo.

El segundo elemento a tener en cuenta es la desmesura de sus propiedades. Musk vendió Paypal a eBay en 2002 por 1500 millones de dólares, obteniendo unas ganancias de 180 millones. Se calcula que Musk posee hoy un patrimonio de 415.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que alguien, en 20 años, se convierta en el hombre más rico del mundo con diferencia?

El motivo no es, como les gusta contar a sus propagandistas, su visión empresarial, su capacidad de innovación o una inteligencia sin competencia. Musk basa el incremento exponencial de su fortuna en las narraciones. En conseguir capitalizar sus compañías, Tesla y SpaceX, muy por encima de su valor real de negocio. Musk tiene peor producto y vende menos que sus competidores chinos, pero logra que los inversores tomen sus acciones como un valor de futuro asegurado.

Su acercamiento a la política también está motivado por esta fabulosa contraprestación. Musk aportó 200 millones de dólares en la campaña de Trump. En los días posteriores a la victoria de su patrocinado el 5 de noviembre, vio incrementadas sus ganancias en 26500 millones de dólares. Nunca una inversión fue tan rentable. 

Si la economía financiera ha crecido descontrolada desde la derogación de la ley Glass-Steagall por Bill Clinton en 1999, aquella que separaba la banca de depósito de la de inversión, en los últimos años los fondos de capital riesgo han tomado un especial protagonismo vinculados a la promoción especulativa de las empresas tecnológicas. Si a esto le sumamos el auge de las criptodivisas, con las que se pretende amortizar la inabarcable deuda estadounidense, tenemos el motor económico detrás del ascenso de estos oligarcas.

Musk y compañía han protagonizado en estas últimas dos décadas algo muy parecido a un asalto estratégico al poder. Han tomado importantes posiciones en la industria aeroespacial, en los mecanismos para producir hegemonía cultural, en el sector de la automoción, en la inversión, el comercio y las transacciones, en el análisis de datos y la defensa. Y por supuesto han multiplicado su influencia política.

Ya no es tanto el dinero que tengas sino los resortes que poseas en relación con el momento productivo. Quien controlaba el acero, el carbón y la fabricación de motores controló el primer tercio del siglo XX. Controlar se refiere a poner y quitar gobiernos: Alemania, 1933; Washington, 2025.

Falta un último elemento: el de las ideas, uno que requiere un artículo propio desglosando cuál es el caldo de cultivo en el que nadan los oligarcas y quién ha sido el muñidor de su radicalización. Apunten un nombre: Peter Thiel.

El objetivo va más allá de la Casa Blanca. Su pretensión es la fagocitación de las estructuras de la sociedad misma: superponerse al Estado y a su capacidad de organización social. Acabar con la vieja y buena máxima de igualdad, libertad y fraternidad y sustituirla por un nuevo modelo censitario. Tienen un plan y medios para conseguirlo. Esto no acabará dentro de cuatro años en unas elecciones convencionales.

El aplauso es un gesto cultural que tributamos para mostrar agradecimiento o rendir homenaje en público. Cuando posee una duración e intensidad especiales, el aplauso se transforma en ovación. Justo esto, ovacionar, es lo que el PP hizo con Carlos Mazón el pasado domingo.

Creo que hay cosas que conviene no dejar pasar y esta ovación es una de ellas. ¿Qué pretendía premiar el PP? Sabemos que Mazón y su equipo actuaron de la peor manera posible al gestionar la dana del 29 de octubre: con irresponsabilidad, opacidad y mentiras. Pero a pesar de las pruebas, a pesar de las masivas manifestaciones pidiendo su dimisión, siguen en el cargo como si nada. Por eso el PP tributó un homenaje a Mazón.

En la derecha no se valora el buen gobierno, la transparencia y la verdad, sino que, pase lo que pase, seas capaz de negarlo para salir indemne con descaro. Todo sienta precedentes. Que Ayuso ganara las autonómicas tras aprobar un protocolo que condenó a la muerte a más de siete mil ancianos en plena pandemia marcó el camino. También que despeñara de un quinto al líder de su partido, Pablo Casado, después de que este desvelara los negocios de su hermano en el tráfico de mascarillas.

Ayuso es la líder indiscutible de la derecha, por encima de Feijóo o Moreno Bonilla, porque tiene un sistema de medios que dependen de ella. Líder de la derecha hasta sus confines porque supera a Abascal en el manejo de un argumento populista tan extremo como desee. Administra una comunidad postrada al servicio de poderosos intereses empresariales. Además sirve de referencia al pujante movimiento reaccionario.

Pero, además de todo esto, Ayuso concita la admiración de la masa social de derecha, una que en Madrid empieza a confundirse con el sentido común, porque es capaz de eclipsar con su arrogancia a la realidad más cruda. De ahí que la respuesta de Nacho Cano —amigo, protegido, momia cultural con un singular manejo de lo hortera— responda amenazando al presidente del Gobierno ante el quebranto de la ley laboral por el que es investigado.

No es una anécdota, es el modelo. El modelo Ayuso marca que una minoría está exenta de cumplir las más elementales normas comunes. Si a nivel social esta minoría puede ser identificada como el conglomerado económico que la sustenta, a nivel individual es todo aquel que pueda esgrimir con éxito algún grado de cercanía con la presidenta madrileña. Mientras, el resto aplaude y baila el burrito sabanero.

Todo el mundo, incluso los damnificados, sabe cómo funciona esta aristocracia con olor a entresijos. El sistema clientelar, al menos, repartía dádivas, mientras que al modelo Ayuso le sobra con repartir ilusiones. Casi todos consienten porque aspiran a ser como ellos. A más desigualdad, más ganas de trepar a costa del de al lado. La celebrada emancipación de los sinvergüenzas.

Por todo esto, el mandarín de la corte de Sol, Miguel Ángel Rodríguez, se permite adelantar, desde hace meses, las decisiones judiciales sin que nadie parezca muy preocupado. Entre sus atribuciones está la de amenazar a periodistas, mentir en el Tribunal Supremo y fabricar bulos con los que proteger a su jefa y allegados. De momento, declarará antes el Fiscal General que el comisionista que vive con Ayuso en dos pisos de lujo pagados de manera opaca. 

Con lo de García Ortiz podemos perder el tiempo que quieran. Explicar que el juez Hurtado no ha tenido en cuenta el testimonio de dos periodistas de la SER y elDiario, que explicaron en sede judicial cómo consiguieron el correo sobre el que se centra la investigación por revelación de secretos horas antes de que lo pidiera por vía interna el fiscal general. O decir, simplemente, que ya sabemos lo que hay.

Ayuso ha anunciado una comparecencia, el miércoles 15, para deleitarnos con sus opiniones al respecto de que, para salvar a su pareja y por tanto a ella misma, su aparato de las tormentas haya puesto en funcionamiento una “auténtica caza de brujas” que está poniendo en “verdadero peligro” la “autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la justicia democrática”, según la Unión Progresista de Fiscales.

La investigación contra García Ortiz, una que como tantos otros casos últimamente se sustenta más en la zarzuela que en lo procesal, le valió a Ayuso para adelantar este martes, ante la corona de micrófonos que siempre la rodea, que todo se trata de una operación que “ha urdido el presidente del Gobierno” en su contra al estilo del "Watergate", “dinamitando el Estado de derecho”.

Y no, hay cosas que no deberíamos dejar pasar. A Alberto González Amador, que el mandarín de Miguel Ángel Rodríguez calificó de hombre honorable y brillante, se le está investigando no por orden de Pedro Sánchez, sino en dos piezas abiertas por la justicia, después de una investigación de la Agencia Tributaria, por fraude contra Hacienda, falsedad documental y corrupción en los negocios.

Fraude fiscal, facturas adulteradas y negocios turbios que no se dieron en el sector de la automoción o la remolacha azucarera, sino en el sector sanitario, en el que la pareja de Ayuso operaba como comisionista. Ese fraude tuvo lugar sobre unas ganancias de dos millones de euros, por una operación en la que estuvo implicado Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, compañía clave para entender el negocio de la privatización sanitaria en Madrid.

González Amador no sólo multiplicó por cuatro su facturación con Quirón desde que empezó a ser pareja de Ayuso, sino que, unos meses después de cerrar aquel fabuloso trato, compró una sociedad a la mujer de Camino por medio millón cuando su valor no llegaba a los tres mil euros. Esta manera de proceder se asemeja a la que repitieron en otros cambalaches, según la investigación de Hacienda, tomando como base acuerdos entre Quirón y las empresas de González Amador para la realización de análisis a plantillas, como ya les contamos con detalle en infoLibre.

La cuestión, y aquí viene lo esencial de todo este caso, no es sólo que la pareja de Ayuso esté investigado por estafar a Hacienda, sino que en esa estafa, tanto como en el resto de confusas relaciones societarias y movimientos de capitales, estaba presente, de una u otra forma, el presidente de Quirón Prevención, compañía que obtiene unos cuantiosos beneficios del modelo de privatización sanitaria bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso.

En otro tiempo, en otro lugar, los protagonistas de este esperpento primero lo hubieran negado todo. Después, tras conocerse las pruebas, hubieran fingido que ellos tan sólo pasaban por allí. Aquí y ahora, sin embargo, el modelo Ayuso logra no sólo que este caso no les afecte, sino que además les faculta para convertirlo en un arma arrojadiza contra Moncloa. Y lo más importante, les permite indignarse y manejar el agravio cuando alguien intenta someterlos a las reglas comunes. Esto, y no otra cosa, es lo que votan, es lo que aplauden, es lo que consienten.

Este miércoles 8 de enero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebrará en el museo Reina Sofía el acto inaugural de España en libertad, la conmemoración de los cincuenta años de democracia tras la muerte de Franco que se extenderá, a lo largo de 2025, con más de cien eventos.

En toda Europa, la consecución de las libertades democráticas forma parte del patrimonio de cada país, celebrándose actos oficiales que conmemoran la liberación o la victoria contra el fascismo, jornadas que constituyen un consenso para todas las tendencias políticas surgidas tras la II Guerra Mundial. En España, sin embargo, las críticas de la derecha no se han hecho esperar.

Las acusaciones de oportunismo contra Sánchez no son más que una coartada para tapar lo evidente: mientras que el PP se ha mostrado siempre esquivo e incómodo a la hora de condenar la dictadura, Vox la reivindica ya de manera abierta. ¿Cómo no va a hacer falta levantar la bandera del triunfo de las libertades cuando el tercer partido del parlamento hace apología del franquismo de manera abierta?

El pasado 26 de noviembre, Manuel Mariscal Zabala, diputado de Vox, dijo en sede parlamentaria que la dictadura había sido “una etapa de reconstrucción, de progreso y de reconciliación”. No es una excepción o una salida de tono, sino el resultado de un proceso donde los de Abascal han mostrado de quién son herederos, primero con tibieza, después sin bridas.

El problema es que no son sólo ellos. Multitud de encuestas muestran una tendencia en la que la forma de gobierno dictatorial empieza a resultar razonable para una parte de la población, especialmente la más joven. No hablamos sólo de dignificar el pasado, sino de evitar que el futuro inmediato caiga bajo el autoritarismo.

La narración sobre la Transición se ha realizado de manera sesgada con un objetivo que va más allá de privilegiar a unos protagonistas sobre otros. Lo que se nos ha contado durante años es el relato de una democracia otorgada, que los grandes hombres, encabezados por el rey Juan Carlos y Suárez, nos legaron gracias a su amplia visión histórica y su capacidad negociadora.

Para colmo, la lectura que la pasada década surgió en la izquierda como reacción crítica al relato oficial, positiva en cuanto a que recuperó del olvido la memoria sobre las torturas, asesinatos y terrorismo perpetrados por la dictadura, abundó, sin embargo, en la idea de que la Transición fue un pacto entre élites y su resultado una democracia continuista.

En estos últimos años, se ha abierto camino una tercera forma de contar lo sucedido, patrocinada por la pujante extrema derecha y sus terminales mediáticas, en la que nuestra democracia es ya directamente producto del franquismo, que supo transformarse de manera generosa en un Estado constitucional porque ese había sido su objetivo desde siempre. El engaño siempre puede escalar un peldaño más en la abyección.

El gran peligro de presentar a una democracia como otorgada es que adquiere categoría de  reversible: quien supuestamente te la ha dado te la puede volver a quitar. Si nuestro sistema constitucional pertenece tan sólo a la pericia, el ingenio o la magnificencia de un grupo de notables, los que sepan apropiarse de la herencia simbólica de ese episodio podrán certificar a su antojo cuándo esa democracia debe transformarse en otra cosa.

La realidad es que los que menos hicieron por traer la democracia a España, los que más palos en las ruedas pusieron para evitar la Constitución de 1978, son los que, a la larga, se han apropiado de conceptos como libertad, democracia o del significado de la Transición o la Constitución. En gran medida, además, por la impericia de la izquierda para reivindicar lo que también era suyo.

Nicolás Sartorius, el histórico dirigente de Comisiones Obreras, un hombre que conoció los setenta desde la mesa de negociación pero también desde Carabanchel, como preso político, dice a menudo que “Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle”, un aforismo que expresa que en España tuvimos una democracia conquistada por parte de la clase trabajadora organizada en sus partidos y sindicatos.

La realidad es que el franquismo agonizante careció de generosidad alguna. Es precisamente en sus últimos estertores cuando vuelve a recurrir a la represión y la violencia para evitar un cambio democrático. Los fusilamientos del Proceso de Burgos, el Proceso 1001 o el asesinato de decenas de obreros y estudiantes antes y después de 1975 demuestran que la dictadura, cuya principal divisa fueron el plomo y la sangre, operó de tan terrible modo hasta sus últimos días.

El Gobierno de Arias Navarro –1973-1976–, el último de Franco y el primero de Juan Carlos I, tenía como objetivo la perpetuación de los principios del Movimiento tras la muerte del dictador. Un continuismo a la turca que quedó desbaratado por la galerna de huelgas de 1976, más de 17000 conflictos en los que se perdieron tantas horas de trabajo como en todos los países de nuestro entorno de forma combinada.

Por arriba existían diferentes planes para el futuro de España, algunos trazados desde Washington y otros desde Bonn. Por abajo, la clase trabajadora de nuestro país se constituyó como un actor político fundamental para entender cuál fue el resultado final de aquel complicado juego de equilibrios. Nadie ha regalado nada nunca si el de enfrente no enseña los dientes antes de sentarse a negociar.

Ya con Suárez se valoró poner en marcha una democracia de carácter tutelado, donde el PCE estuviera ausente de la redacción constitucional y donde el rey tuviera capacidades de veto legislativo. Sabino Fernández Campo lo dejó por escrito pero reconoció, a finales de los noventa, que aquel proyecto no se pudo llevar a cabo porque las circunstancias “no eran propicias”.

Esas circunstancias poco propicias para permitir una democracia tutelada fueron los sectores populares en marcha, donde se hallaban los trabajadores organizados, el movimiento democrático de mujeres, los estudiantes, la iglesia de base e incluso los militares de la UMD. Españoles y españolas comunes que se negaron a ser los convidados de piedra de la Transición y que empujaron, jugándose su integridad, para traer la libertad a nuestro país, una verdadera democracia conquistada.

El punto de partida fue más que digno. España cuenta con una Constitución donde se recoge el carácter social del Estado, donde hubo espacio para las reivindicaciones territoriales, donde se reconoció la subordinación de la riqueza nacional al interés general o derechos básicos como educación, sanidad o vivienda. La democracia en España fue posible porque fue útil para la mayoría.

Fue en los años posteriores donde algunos de estos artículos nunca desplegaron sus posibilidades de la forma debida, precisamente porque ese equilibrio de fuerzas que los hizo factibles se fue escorando hacia el capital sobre el trabajo. No en vano, a la par que entraba en funcionamiento nuestro nuevo sistema político, Reagan y Thatcher llegaron al poder, alterando definitivamente las condiciones que habían posibilitado la Constitución.

España, que fue abandonada dos veces por las democracias liberales, en 1936 y 1945, tuvo que protagonizar su propia liberación en los años 70, una que sólo fue posible mediante el protagonismo de aquellos a los que la historia nunca recuerda con nombre propio. Todos ellos, todas ellas, son los que deberían ser recordados y tomados como ejemplo a lo largo de 2025.

En estos últimos quince años hemos visto demasiadas cosas ajenas a lo esperable, a lo convencional, a lo pautado. Hemos visto cómo se desarrolló una brutal crisis económica que valió como coartada para recortar nuestros derechos, también cómo la extrema derecha avanzó posiciones y llegó a gobernar en unos cuantos países de importancia. Vimos la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el ascenso del yihadismo en el mundo árabe y la consolidación de China como potencia internacional.

Fuimos víctimas de la pandemia, observamos el asalto al Capitolio y una nueva guerra en suelo europeo. En estos últimos meses hemos contemplado absortos cómo Israel perpetraba un genocido contra Gaza sin que nadie lo pudiera, o quisiera, detener. Hay crisis de ciclo largo y la que comenzó en 2008 por la inabarcable avaricia del mundo financiero ha ido tomando diferentes formas, golpeando estructuras lejanas como las ondas sísmicas de un terremoto. Todo está conectado.

Por todo esto, por habernos acostumbrado a que lo extraordinario se acabe adueñando de lo normal, que Trump se prepare para volver a la Casa Blanca a partir del próximo 20 de enero parece tan sólo un acontecimiento más en la larga cadena de lo convulso. Nada más lejos de la realidad. El segundo mandato de Trump, hombre excesivo, delincuente probado, agente naranja, abre un nuevo escenario o, mejor dicho, eclosiona definitivamente lo que se ha incubado este tiempo atrás.

En primer lugar porque Trump ya viene con la lección aprendida y lo primero que pondrá en marcha será su proceso habilitante contra la administración estadounidense. Uno que expulse todos los elementos no afines bajo la coartada de la eficiencia y vaya, sin prisa pero sin demora, eliminando los equilibrios, controles y contrapesos que todo sistema democrático dice tener. La manera en que ha devorado a su partido, sustituyéndolo por su propio movimiento, es una hoja de ruta a repetir.

En segundo lugar porque Trump ha dejado de ser la excepción para convertirse en la regla. El mandatario no está sólo. Tras él se esconde una compleja red donde se encuentran desde la Heritage Foundation hasta la élite tecnológica, desde las sectas pentecostales hasta el sector de las criptomonedas. Un conglomerado contradictorio y difícil de manejar, pero con el objetivo de llevar a cabo una involución que elimine el mundo surgido tras el fin, en 1945, de la Segunda Guerra Mundial.

En tercer lugar porque Trump, y lo que representa, ha dejado atrás su primera etapa disruptiva para pasar a su etapa expansiva y aceleracionista. Que antes de comenzar oficialmente su andadura, el mandatario ya haya hablado de anexionarse Groenlandia, absorber Canadá e intervenir en México y el Caribe, nos debería dar una pista de la magnitud de sus deseos. Que además planee una deportación masiva o el incremento de aranceles en un 60% nos informa de la reconfiguración de un imperio por la vía directa.

Trump sólo tendrá cuatro años para llevar sus planes adelante o, al menos, eso es lo que marca la Constitución estadounidense hasta el momento. Su vicepresidente, J.D. Vance, un inversor de capital riesgo, un charlatán hábil, un ultraconservador declarado, le fue impuesto en junio por los millonarios de Silicon Valley en una cena con cubierto de cinco ceros. Su principal valedor, Peter Thiel, ya declaró que, como en los años de Weimar, “la democracia está exhausta, por lo que hay que empezar a pensar más allá” de los límites actuales.

Thiel, alemán de nacimiento, comparte con Elon Musk haber fundado Paypal en 1998 y haber pasado su infancia en la Sudáfrica del apartheid. Los dos llaman libertarianismo a lo que no es más que una restauración reaccionaria del salvajismo de clase del siglo XIX. Uno es infinitamente más conocido que el otro, pero ambos tienen dinero, influencia y herramientas para condicionar no sólo el debate público sino para modificar el clima social de manera efectiva: veremos qué sucede en las elecciones germanas de febrero.

Es poco usual dedicar el primer artículo del año a algo que sucederá más allá de nuestras fronteras, lo es menos si ese algo tiene una importancia enorme para lo que pase dentro de ellas. La Unión Europea afronta unos meses cruciales para decidir cómo tratar con un actor que sobre el papel es un aliado, pero que en la práctica no tendrá reparos en condicionar por medios declarados, pero también soterrados, todo lo que suceda en Europa, incluido nuestro país.

Si los últimos quince años de nuestra vida han sido como ir a bordo de una montaña rusa desvencijada, en la que en cada curva y en cada pendiente, la vagoneta parecía estar a punto de salirse de los carriles, este nuevo año será el fin de esa sensación. Probaremos, por fin, lo que es volar hacia territorio desconocido donde cualquier cosa puede suceder. No es una predicción, es la constatación de que no se puede jugar indefinidamente con fuego y pretender no quemarse. Feliz 2025, el año en que el destino nos alcanza.

Que alguien venga, a finales de 2024, a contarnos que la Navidad ha perdido su significado religioso es para calificarlo de incauto. Si en vez de responsabilizar al capitalismo depredador se inventa que la culpa la tiene el fantasma de la corrección política es para señalarlo como lo que es: un decidido sinvergüenza.

Esto no va del análisis histórico de una festividad o de una mirada antropológica a cómo las personas viven los hitos del calendario, esos acontecimientos que nos dan anclaje al otorgar cierta circularidad a nuestra vida. Esto, lo de convertir la Navidad en arma arrojadiza contra la izquierda es, simplemente, la enésima guerra cultural de la derecha.

Cuando hace unos años Cayetana Álvarez de Toledo la emprendió contra los Reyes Magos de Carmena, "no te lo perdonaré jamás", la cosa se quedó en un meme y la gente se mofó de la furia conservadora de la que entonces había quedado relegada a FAES y hoy es portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados.

Todo cambia y lo que hace ocho años era motivo para un chiste pasajero, fiscalizar estas fiestas desde las esencias, hoy se utiliza como dispositivo para el combate en el vertedero ideológico. Ayuso, el 29 de noviembre, lanzó la primera piedra asegurando que la Navidad estaba en retroceso porque era motivo de censura.

Este mecanismo narrativo que, en su superficie parece una soberana gilipollez, encierra sin embargo un valioso fondo para entender cómo opera el populismo ultra contra nuestra sociedad. Valioso porque explica no sólo por qué la celebración de la Navidad se ha convertido en parte del conflicto político, sino cómo ha avanzado la derecha aprovechando la resaca de la Gran Recesión.

Primero el neoliberalismo desmiembra valores, tradiciones y comunidad para sustituirlos por un individualismo atroz y egoísta. Esto, que crea un páramo sin mayor sentido que el logro impúdico de beneficios, asusta a la gente. Las derechas, que han promocionado lo neoliberal hasta hartarse, dan respuesta a ese miedo señalando a los oscuros manejos del progresismo como el responsable del hundimiento de aquel añorado mundo viejo y bueno, que por otro lado no es más que una fantasía nostálgica.

No, la izquierda no tiene ningún plan ni ningún interés para acabar con la Navidad. Entre otras cosas porque aunque así fuera, como ya comprobaron en la Unión Soviética, no se puede acabar con las inercias culturales por decreto. La Iglesia, más hábil que el comunismo en estas lides, ya entendió diecisiete siglos antes que era más útil parasitar las celebraciones preexistentes antes que intentar eliminarlas.

Bien es cierto que, si la izquierda se hubiera dedicado en los años posteriores a la gran crisis de 2008 a lo imprescindible, la búsqueda de la igualdad mediante el cambio de los factores productivos, no sería hoy una falsa culpable tan propicia para la conspiranoia de esta derecha encanallada.

Que parte del progresismo respondiera al gran hundimiento financiero de la pasada década con batallas culturales, centradas además en los modos de vida de los individuos, sirvió, sobre todo, para dejar un lienzo en el que la derecha actual pintarrajea a placer sus caricaturas, con gran éxito para una parte, no pequeña, de la población.

No les voy a negar que el escenario, que se repite una y otra vez en temas tan dispares como la seguridad, la economía o las relaciones personales, empieza a resultar desesperante. Sobre todo porque diseccionar los engranajes del reloj no vale para que nadie caiga en la cuenta de que está dando la hora equivocada.

Por eso, más que análisis, quizá lo que nos haga falta para desarticular el relato de las derechas sea humor, ese que además corta como el filo de una navaja. Berlanga y Azcona ya retrataron el verdadero significado de la Navidad en Plácido. Corría 1961 y lo terrible sólo se podía conjurar desde el realismo grotesco.

Cuando la película llega a su fin, la letra está pagada y la viuda llora al muerto, a la familia protagonista le arrebatan el único golpe de suerte que les había deparado su agitada Nochebuena. El inmediatamente superior a ellos les grita: "¡golfos, que sois unos golfos! Todos estos desgraciaos son iguales". La cámara asciende y en primer plano se ve al motocarro, portando una estrella de Belén de cartón y purpurina. Y suena el villancico:

Madre, en la puerta hay un niño,

más hermoso que el sol bello,

tiritando está de frío,

porque viene casi en cueros.

Pues dile que entre y se calentará,

porque en esta tierra

ya no hay caridad,

ni nunca la ha habido,

ni nunca la habrá.

Últimamente, debe de ser que me estoy haciendo mayor, me apetece observar con cierta admiración lo más prosaico que me rodea. La semana pasada, por ejemplo, me tomé un par de días libres para visitar algunas ciudades del norte. Por un precio bastante módico, crucé media península en tres horas a bordo de un tren público.

Lo mismo conviene que me explique. Ese mismo viaje me hubiera tomado unas diez horas hace cincuenta años. Hace cien, al menos, un par de días. No son la velocidad, la técnica y la ingeniería lo que más me soprende, sino que cualquiera, independientemente de quién sea, de lo que tenga, pueda hacer ese viaje.

No es sólo lo del tren. Hace unos meses fui a dar una conferencia a un pequeño pueblo extremeño en la Sierra de Gredos. De camino al local municipal donde tendría lugar el acto, me crucé con un centro de día autonómico donde un par de auxiliares bajaban de una furgoneta a un abuelo en silla de ruedas. Encontré en la escena más civilización que en el Partenón de Atenas.

Cada jornada, casi siete millones de alumnos acuden a centros de enseñanza públicos. Diez millones de personas reciben prestaciones del sistema público de pensiones. Solamente los hospitales públicos atendieron 82 millones de consultas en 2023, tuvieron cuatro millones de pacientes ingresados y realizaron en torno a tres millones y medio de operaciones quirúrgicas.

Si se paran a pensarlo, que todo esto suceda cada día en un país como España me resulta algo asombroso. Por un lado por el complicado sistema de financiación que se requiere para sufragar estos servicios, una arquitectura tributaria que transforma aportaciones individuales de empresas y trabajadores en el combustible para un motor común.

Por el otro, porque en términos históricos, en muy poco tiempo hemos conseguido ser una excepción. Nunca, a lo largo de todo el devenir de la humanidad, se había conseguido articular un sistema que buscara, en algunos aspectos esenciales, la idea de igualdad. En Europa todo esto se empezó a poner en marcha a finales de los años 40 del siglo XX. 

En España partimos con algo de desventaja en esto del Estado del bienestar. Entre otras cosas porque, en esa misma época, el franquismo estaba ocupado ejecutando a 15000 españoles que se negaron a la imposición por las armas de una dictadura asesina, ladrona e ignorante.

Más allá de la excepción ibérica, no hablo de la electricidad, sino de cómo los aliados permitieron que el fascismo siguiera vivo por estas tierras tras el fin de la guerra, cuando nos pusimos a ello a finales de los setenta, a edificar un país civilizado, la cosa nos quedó razonablemente bien.

Sí, razonablemente bien. Esto no significa que todo haya sido un camino de rosas, tampoco que el resultado nos tenga que convencer por completo o que en la actualidad no existan flagrantes desigualdades que van a más. Significa que, teniendo en cuenta de dónde veníamos, conseguimos un punto de partida digno. Nicolás Sartorius lo resume en una frase: Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle.

Ahora, por lo visto, está mal recordar esto. El otro día leí a unos gilipollas, probablemente personas de clase media a medio hacer, que decían que El Corte Inglés era el último reducto de la España feliz. Que allí todo iba como tenía que ir, pero que fuera este país se consumía en una orgía de moros navajeros, homosexuales viciosos y rojos abyectos.

Personitas de esas que se ganan la vida escribiendo, sin duda mejor que yo, afirmaron hace poco, tras la riada de Valencia, que España era un Estado fallido. Después de mandar el artículo, supongo que saldrían a la calle, ese Mad Max castizo, para ir a tomar tortitas con nata a la cafetería que dicho centro comercial suele ubicar en su última planta. Y el resto a callar.

Supongo que con el progreso pasa lo mismo que con la aviación. Cuando los niños ven un cacharro volando se sorprenden y señalan con el dedo. Cómo no hacerlo. Luego nos acostumbramos y ya apenas levantamos la cabeza cuando vemos a un avión surcar los cielos. Pero, hostias, es que nos tiramos siete mil años soñando con ello.

Que suframos algo tan desmesurado como una pandemia y que lo primero que se nos ocurra —a los rojos— sea nacionalizar cuatro millones de sueldos para evitar que la paralización de la economía, un pausa literalmente a vida o muerte, arrase nuestro sistema productivo, a mí me parece, al menos, tan sorprendente como lo de volar.

Vivimos cada día algo sumamente excepcional en la historia, algo que por desgracia sólo ocurre en nuestro continente y en cuatro puntos más de este planeta, algo que es producto del esfuerzo organizado de la clase trabajadora en sus partidos y sindicatos para culminar la modernidad y darle a la ilustración un sentido plenamente social.

Algo que puede ser un paréntesis, un apunte a pie de página, un suspiro breve frente a la dilatada y terrible marca que han dejado la codicia, el egoísmo y la violencia en la piel de la humanidad. Hay gente muy poderosa que conspira a cada momento para borrar nuestras conquistas gloriosas, esas que no llevan nombre porque las conseguimos entre todos.

Si ustedes tienen hijos o nietos hagan el favor de contarles estas cosas. No hace tanto, cuando alguien de clase trabajadora se partía una pierna, solía acabar con el apelativo de inútil para el resto de su vida. Hoy le curamos entre todos, le pagamos su salario mientras se recupera para que, en cuatro meses, pueda seguir su camino. Es la medicina, pero sobre todo son las ideas.

Si ustedes tienen hijas o nietas hagan el favor de contarles de dónde venimos, lo que nos costó llegar hasta aquí. No contarlo como quien cuenta monedas sobre un mostrador, sino narrarlo con la emoción de las grandes gestas, de los episodios heroicos, de aquellas tradiciones que merece la pena recordar. Eso es todo lo que les pido para 2025.

El debate en torno a los medios de comunicación ha tenido especial relevancia en este año que se dispone a finalizar. El problema es que, como casi todos los debates de nuestro tiempo, ha tenido lugar de una manera superficial y fragmentaria, que apenas deja ver, incluso a las personas preocupadas sinceramente por el asunto, a qué nos enfrentamos.

Primero un ejemplo concreto. Pedro Sánchez visita Paiporta el domingo 3 de noviembre, junto con el Rey y Mazón. Se producen escenas de enorme tensión en las que participan elementos de la extrema derecha ajenos al municipio. Sánchez debe suspender la visita. Más tarde declara: “No nos vamos a desviar pese a actos absolutamente marginales”.

Voz Pópuli titula ese mismo día a las 17:04: “Sánchez tilda de ‘absolutamente marginales’ a los afectados de la DANA que se han indignado con su visita a Paiporta”. La manipulación, más que evidente, es grosera. El presidente afirma que continuará su trabajo pese a unos sucesos violentos que considera muy minoritarios. El digital transforma esta declaración en un insulto a todos los afectados por la riada. 

A día de hoy la pieza sigue en el digital sin mayor corrección. No es una apreciación, ni una opinión, es simplemente una vulgar mentira. Sánchez no dijo lo que el titular afirma que dijo. Pero en este caso, como en otros cientos, de lo que se trata no es de informar, sino de engañar al público para fomentar y dirigir su odio contra Sánchez o contra quien toque.

Un medio de comunicación tiene línea editorial, es decir, una manera de ver la sociedad. Tiene interés empresarial, es decir, la búsqueda de que su actividad sea viable económicamente. Y tiene voluntad de influencia. Estos puntos son legítimos siempre y cuando no se impongan sobre la principal misión del periodismo: afirmar lo cierto.

La cuestión es que para una parte creciente de las empresas que se dedican a la comunicación el periodismo ha dejado de ser necesario. Pueden tener capacidad de influencia, ganar dinero y expresar su visión del mundo, al modo de actores políticos, sin necesidad de utilizar un gramo de periodismo. ¿Cómo es esto posible?

Pues por un fenómeno productivo. Lo digital ha permitido, en un proceso que dio comienzo hace dos décadas, que el negocio se divorcie de la legitimidad profesional. Cuando todo era papel también existía prensa amarilla y prácticas, en la presuntamente serIa, poco fiables. Algo de lo que no podías abusar si no querías perder tu crédito.

La prensa amarilla vendía periódicos, pero anunciarte en ella te restaba prestigio. El negocio de la mentira, entonces, era secundario. Las cabeceras prestigiosas tenían que mantener el periodismo como guía, para obtener buen material con el que vender periódicos y así conseguir los mejores anunciantes. El modelo no era perfecto pero funcionaba.

¿Por qué lo digital dio al traste con este escenario? Al fin y al cabo tan sólo estamos hablando de un cambio en la vía por la que llega el producto, el salto de un contenedor físico de tinta y celulosa a una pantalla. Tras una primera década de ensayo, la llegada de las redes sociales y servicios de mensajería instantánea fue el factor que alteró todo.

Los lectores pasaron a ser usuarios de un entorno fraccionado y fugaz, donde importaba menos el contenido del artículo que el titular. De esta manera, las piezas que más se empezaron a compartir no eran aquellas que contaban con un buen desarrollo periodístico, sino aquellas más impactantes, llamativas y que apelaban a los sentimientos básicos.

Los lectores dejaron de ser relevantes porque sólo se buscaba acaudalar una legión de usuarios que pincharan enlaces. No es casual que noticias, análisis, columnas, reportajes y crónicas pasaran a conocerse como contenidos, ese relleno sin función más que como mancha bajo el encabezado. 

Este modelo de negocio, al que no le importa un carajo lo cierto pero sí las métricas de consumo, funcionó con especial éxito en el periodo 2010-2015 en las revistas digitales de tendencias enfocadas al, por entonces, joven público millennial. Sin embargo, proporcionó a la extrema derecha, que irrumpió con fuerza en la segunda parte de la década, el ecosistema propicio para sus campañas de intoxicación masiva.

Lo interesante es que este modelo tiene dos graves debilidades. La primera es que es completamente dependiente de las redes sociales. Cuando Facebook cambió su algoritmo en 2018, medios como Vice o PlayGround se hundieron en unos meses de manera estrepitosa. No tenían lectores, tenían gente que compartía sus contenidos sin tener en cuenta la marca editora.

A los medios de la ultraderecha les ocurre algo muy parecido, por eso cuentan con generosas sumas de dinero de las administraciones públicas a las que defienden, como la Comunidad de Madrid. De momento, además, el algoritmo premia sus contenidos escandalosos por encima del buen periodismo. De momento.

Este pasado 6 de noviembre, Elon Musk, señor feudal de los unos y los ceros, afirmó: “Las noticias deben venir de la gente. De los que realmente están en el lugar de los hechos y son expertos en la materia”. A partir de entonces, no hay día en que el propietario de X no haya cargado contra lo que denomina “medios tradicionales”.

De la cita de Musk se desprende un populismo atroz. Para el millonario, eso llamado gente no es más que aquellos individuos que su red social selecciona para adulterar el debate público, los que prescinden de los hechos y son expertos, únicamente, en el engaño. Musk ataca a los medios porque quiere quedarse en exclusiva con el negocio de la comunicación.

La guerra abierta por Musk tiene todo el sentido, ¿para qué comprar el Washington Post, como ha hecho Jeff Bezos, cuando puedes deslegitimar al sistema mediático entero, ya dañado, y sustituirlo con una red social de tu propiedad? Nos encaminamos hacia un mundo donde la censura no será necesaria porque sólo se escuchará a los que se expresen como los dueños de los algoritmos quieren.

Por eso, con sus errores, el periodismo es hoy más necesario que nunca. Hay un modelo alternativo al negocio comunicativo que depende de los caprichos de las redes, a la propia tiranía de Musk y sus secuaces. Uno que construye una comunidad firme de lectores en torno a un trabajo decididamente profesional.

Queda camino por recorrer, sobre todo porque el ciudadano medio no puede pagar una suscripción por cada buena pieza que necesite leer. Queda encontrar la manera de respetar la pluralidad y hacer viable el negocio ofreciendo una alternativa conjunta. Nunca sobraron tantos malos titulares, nunca nos hicieron falta tantas buenas noticias. 

La arquitectura efímera es la base de cualquier evento importante. Vale para distribuir de manera eficiente al público, para trasladar una imagen de marca o comunicar mensajes desde lo estético. En este 41 Congreso Federal del PSOE, además de unos pequeños olivos para recordarnos el lugar donde se celebra, Sevilla, lo que prima es el color rojo y una palabra, izquierda, que incluso conduce nuestros pasos a la hora de acceder a la nave principal, la más distendida por contar con dj y cafetería, lugar propicio para las conversaciones improvisadas. La arquitectura efímera se extingue una vez que el evento finaliza, las ideas tienen la obligación de perdurar.

No hace tanto tiempo, quizá menos de diez años, el PSOE hubiera tratado con precaución el concepto izquierda, mucho más la palabra rojo o roja, que ahora estampa bolsas, chapas y llaveros. Puede parecer un detalle superficial, pero explica todo un proceso en torno a la identidad del socialismo español que surge de la pasada década, aquella donde la protesta social dio no sólo posibilidad al primer Gobierno de coalición en ochenta años, sino a un cambio que permitió empezar a relegar el socioliberalismo para que algunos destellos socialdemócratas volvieran a brillar.

Esta identidad de izquierdas nos habla también de la ofensiva que la derecha lleva manteniendo desde 2020, cuando optó por la desestabilización en mitad de la pandemia. Para el inicio de esta legislatura, esa ofensiva se tornó declaradamente subversiva tras el “quien pueda hacer que haga” de Aznar. Estas últimas semanas, procesos judiciales de resultado escenográfico han cohesionado a la familia socialista en torno a su partido. Cuando te ves asediado, no es mala idea recordar de dónde vienes.

Este es el mecanismo que explica parte de la evolución del PSOE, uno que también ilustra el inquietante momento que vive España. El partido estructural del Estado surgido en 1978 se ve hostigado por una parte de ese Estado, el que ha decidido hacer política desde los tribunales. “Cómo expresamos esto… es que nos cuesta hasta decirlo”, me admite una dirigente de la ejecutiva. Una vez que la derecha deja de ser conservadora para volverse rupturista, las coordenadas que rigen la política convencional dejan de funcionar.

Por eso hablar de bipartidismo es hoy un ejercicio inútil o nostálgico, el “yo corrí delante de los grises” de los que aparecieron tras el 15M. Existen multitud de actores en la política española, muchos de ellos operando fuera del Parlamento, bien desde los consejos de administración, bien desde las escaletas televisivas, existen además diversos intereses que van desde lo nacionalista hasta lo territorial, pero la gravedad la marcan dos bloques: el que busca una involución y el que se resiste a retroceder.

Ahí se halla el problema, no ya para la izquierda, sino para la democracia: jugar a la contra nunca es buena idea. Esther Peña, portavoz socialista, me hace patente esta preocupación: “El PSOE tiene que saber transmitir a las clases medias y trabajadoras las medidas que se llevan a cabo desde la acción de gobierno”. Algo que se resume en que, pese a la mejora económica y laboral registrada en estos últimos años, muchos no conectan esas medidas con sus artífices. A otros, sencillamente, el incremento de precios, especialmente el del alquiler, les ha dejado fuera de juego.

El PSOE ha aprobado en esta cita federal consolidar el gasto público en protección social en cotas del 20% del PIB, que está creciendo cuatro veces la media europea y revalorizar el SMI para que esté siempre por encima del 60% del salario medio. Hace 20 años, por contra, la tendencia que primaba era que lo público debía retirarse para dejar paso a un difuso tercer sector y a un mercado que trataría de ocupar gran parte del espacio. Aquello pasó, esto también está pasando.

Santos Cerdán, defensa correoso al estilo de aquellos que se batían el cobre en campos de barro, se acordó en una de sus intervenciones del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, al rememorar: “Nuestro partido es político, seguramente el más político de todos”. María Jesús Montero situó los temas de “la socialdemocracia del siglo XXI” en aquellos que tienen que ver con “descarbonizar, fijar población al territorio y el desarrollo de la industria”. Ambos dirigentes, los más presentes en este Congreso, complementaron sus mensajes: a la antipolítica se le responde con democracia útil.

Esa antipolítica, de rostro variable pero de único objetivo reaccionario, fue descrita con dureza por Montero: “El de la derecha es un proyecto golpista, no es un proyecto democrático. No hay intención política más allá de debilitar las instituciones”. Un conocido periodista, de los que ya llevan varias de estas citas en la mochila, me da una idea de la situación: “Se nota la tensión y el nerviosismo por lo que está apretando el PP, algo inédito… pero, mira, en la medida en que la derecha aprieta, se va sacando lo importante en las Cortes. La amenaza de un Gobierno con Vox es algo que llega hasta Waterloo”.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, habló como invitado en el plenario del sábado, dejando unas palabras tan aplaudidas como comentadas. Parte de ellas fueron para tratar sobre esa amenaza: “Cuando Thatcher dijo que Tony Blair era su mejor legado, la izquierda no tenía problemas con el poder. Si se hacen políticas razonablemente de izquierdas el poder profundo se rebela. Y en esas estamos”. Sordo también trató “la disputa ideológica de época”, sobre en qué parámetros se ofrecen a los ciudadanos los espacios de seguridad perdidos tras las sucesivas crisis de estos últimos quince años.

Este sindicalista, hombre tranquilo en tiempos convulsos, una de las figuras que más peso ha ganado en estos últimos años en el debate público español, dejó una última reflexión, sobre la paradoja de época que supone que tras la aceptación de las políticas intervencionistas en el seno de la UE, como la mutualización de la deuda, o en España, con la excepción ibérica que nos permite competir sin recortar salarios, los ultras se hayan arraigado con fuerza. “No hay que ceder en lo público, se necesita articular la sociedad frente a la idea nihilista de que todo es un caos”. 

Frente a ese nihilismo, se ofreció algo de historicidad –la certeza de que siempre se parte de un punto para dirigirse a algún lugar– en un vídeo emitido que arrancaba con el muro franquista en blanco y negro para acabar en la dana de 2024. En ese viaje cosechó muchos más aplausos la victoria de Zapatero en 2004 que el histórico triunfo de 1982. González, de tanto insistir, ha dejado de ser Felipe.

Zapatero es quien se alza hoy como máxima autoridad moral en el PSOE, sobre todo tras su decisiva participación en la campaña de las generales del 2023, que no pocos dieron por perdidas. “Yo viví la mayor fake news hasta ahora”, dijo el expresidente, “que fue la conspiración tras el atentado del 11M. Estuvieron años. ¿Y qué ha quedado de eso? La perfidia, la maldad y la falsedad”. Aquella campaña de intoxicación sembró algo que eclosionó, tiempo después, en Ayuso, Vox y la vuelta a las calles del saludo romano.

Un par de concejales, de un pueblo y una ciudad de la Comunidad de Madrid, me narran ese ambiente irrespirable que está atrapando a parte de la sociedad española. Él me cuenta cómo vandalizaron la sede de su agrupación en varias ocasiones, también cómo los insultos que recibía a diario en las semanas previas a la última investidura acabaron afectando a su familia. Ella, profesora de música en un instituto, sufrió la hostilidad de algunos padres. 

Cuando dirigentes del PP como Tellado declaran que su obligación es “acabar con este Gobierno con todos los medios" a su alcance, cavan un abismo que se manifiesta en un acoso cotidiano que rara vez se relata. Para César Ramos, diputado socialista, “el problema es que la política sólo se asocia con una lucha confusa entre partidos, dejando la explicación de las cosas importantes a figuras de confianza, con apariencia de desinterés pero con una ideología ultra muy marcada”. Son los que tras el temporal valenciano han emponzoñado sin descanso a la ciudadanía.

Javi López, vicepresidente del Parlamento Europeo, del PSC, me habla con preocupación sobre la victoria de Trump: “El grupo de extrema derecha Patriotas (donde se encuentran Vox, Orban, Bardella o Lega Norte) tiene una fuerte conexión con la Heritage Foundation (lobby ultraconservador norteamericano). Esto responde a cómo Trump va a fomentar en este nuevo mandato sus sucursales para influir en Europa, a quien va a perjudicar también con su política arancelaria. Detrás, los millonarios tecnológicos, con un plan para emanciparse de las normas comunes del Estado”. 

Una pista por donde salir de este lóbrego sendero nos la ha dado Óscar Puente, al informar puntualmente sobre los trabajos de reconstrucción en Valencia que ha llevado a cabo su ministerio en este último mes. Hace falta que la política muestre lo que es capaz de hacer ejecutando presupuestariamente, más en un momento en que el Legislativo avanza con dificultades al depender de los votos de Junts. A juzgar por el número de cámaras que perseguían al ministro de Transportes por los pasillos del Fibes en Sevilla, hay algo que ha hecho bien.

Dos figuras en ascenso, las dos mujeres. La primera es Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia, que entra en la ejecutiva como secretaria de Igualdad tras su labor en el desastre climático de Valencia. La segunda es Enma López, viguesa, que accede a la dirección federal como secretaria de Economía tras bregar como concejal del Ayuntamiento de Madrid, el ecosistema mediático y digital. Quien se mueve sale en la foto.

Pedro Sánchez, reelegido secretario general sin sorpresas, apareció en el plenario pasado el mediodía del domingo, como Reed Richards entrando al edificio Baxter: mandíbula heroica de esas que valen tanto para sonreír como para encajar los golpes. El pabellón, con siete mil asistentes según los organizadores, le recibió con un entusiasmo que a veces roza la mitomanía. Es lo que tiene la política Marvel, que el protagonista moviliza emociones, de adhesión o rechazo, al margen incluso de la realidad.

“No perdonan que estemos gobernando mejor que ellos”, dijo el presidente, seguro de que las grandes cifras le dan la razón. Para esos datos que no, anunció la creación de una empresa pública “capaz de construir y de gestionar vivienda desde la Administración General del Estado”. Así mismo se comprometió “a prohibir la conversión de viviendas residenciales a viviendas turísticas en zonas de alta demanda". El objetivo, según el acuerdo de este Congreso Federal, es aumentar el parque público hasta el 6%, ahora roza el 2%, priorizando el régimen de alquiler. El anuncio fue acogido con escepticismo en las redes, con grandes aplausos entre los asistentes.

Sánchez citó a Fernando de los Ríos, histórico del PSOE, al decir que “el socialismo es ante todo un movimiento moral” que contrapuso “a aquellos conservadores que dejan caer los estandartes de la democracia frente a los ultras, una internacional que se apoya en un entramado de medios”. El recién confirmado secretario general se puso épico desde el realismo: “Les plantaremos cara con el BOE en la mano”.

Albert Camus explicó, en su discurso de aceptación del Nobel en 1957, que "cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga". A la nuestra le sucede algo muy parecido, incluso de manera más acuciante que cuando estas palabras fueron pronunciadas por primera vez. Son un buen epílogo a este Congreso, pero sobre todo un buen adelanto de las tareas que vienen.

No recuerdo bien qué organismo público se alojaba en aquel magnífico edificio racionalista, que se encontraba algo perdido entre sinagogas, mezquitas y catedrales en una ciudad del sur. Sí que en sus jardines había un estanque rectangular de esos donde el agua está casi a ras del suelo. Algunas tardes, mientras paseaba, los vi navegando con sus barcos.

Era un grupo de unos diez o doce hombres, más cerca de la jubilación que del instituto, aficionados al modelismo naval. Veleros, yates de recreo, pesqueros y alguna fragata surcaban aquel estanque guiados mediante radiocontrol. Aquellas maquetas, perfectamente funcionales, eran una delicia, incluso algunas contaban con iluminación. Imitaban a los navíos reales con todo detalle.

Reconozco que, tocado por la soledad como estaba en aquel entonces, me hubiera gustado formar parte de aquella peculiar cofradía. Los he visto más veces, en otros parques de otras ciudades. Me asombra la dedicación que puede despertar una afición: horas montando, pintando y reparando las embarcaciones a escala. Cada uno se entretiene como quiere y, salvo que alguno de ellos perdiera el norte y se pensara un marinero de verdad, todo tiempo que resulta agradable es tiempo bien empleado.

He recordado a estos aficionados al modelismo a raíz de la migración de usuarios de X, la antigua Twitter, a Bluesky. Tras la victoria de Donald Trump en las presidenciales norteamericanas, millones de personas han abandonado la red que compró Elon Musk por 44000 millones de dólares en 2022. Desde entonces ha servido para propagar el odio y las mentiras de la extrema derecha por todo el mundo, también en España.

No sorprende que, comprobada la toxicidad de la red de Musk, millones de personas hayan buscado una alternativa. Lo reseñable es que unos cuantos han leído el auge de Bluesky como un acto de resistencia, reduciendo la izquierda, un poco más si cabe, a un club de ocio y tiempo libre. El problema no es que haya gente adulta a la que le guste jugar con barquitos, el problema es que alguno piense que eso convalida para obtener un título de navegación.

Esta fascinación por las herramientas tecnológicas no es nueva. Ya a principios del siglo se escribieron libros sobre el dramático cambio que el SMS supondría para convocar manifestaciones. Más tarde llegaron los foros y, después, los grupos de Facebook. Es cierto que cada nuevo espacio digital abría nuevas posibilidades, tanto que con cada nueva teorización se obviaba el valor de la ideología, las organizaciones estables y la militancia.

El tecnofetichismo nunca fue inocente. Aquellas opciones progresistas que ardían en deseos de arrinconar a la izquierda tradicional fueron quienes con más ahínco lo propagaron. La comunicación por encima del contenido, la participación informal por encima de la democracia reglada, el espontaneísmo sobre el trabajo paciente y cotidiano. 

No es extraño, en aquellos años iconoclastas de lo nuevo contra lo viejo, que triunfara esta visión, sino que cuando sus apóstoles pillaron sitio, a partir de 2014, a todos se les olvidó la horizontalidad que, al parecer, nos iban a otorgar las redes sociales. De la acumulación de fuerzas pasamos a la acumulación de seguidores. De ahí, cuando bajó el soufflé de la indignación, a la irrelevancia social.

Utilizar las redes desde una óptica ideológica es perfectamente respetable. Informarse, expresarse y conocer otros puntos de vista es siempre positivo. El conflicto surge cuando reducimos la política a un mero ejercicio declarativo y pensamos que la transformación social equivale a tuitear con mucha insistencia. Nos quejamos de los partidos y los líderes políticos, pero preferimos las ocurrencias a los programas y las figuras con influencia a la acción colectiva.

Las redes sociales nunca han sido sociales, una plaza pública, sino un espacio privado creado por grandes corporaciones tecnológicas con la intención de utilizar los datos de los usuarios con intenciones comerciales. Ese fue el principio. Con esos datos se empezaron a analizar tendencias. De ahí se pasó a moldear la opinión pública alimentando los miedos con precisión de bisturí. 

Vivimos en un mundo donde cada uno puede expresarse como desea, pero donde sólo se va a escuchar a aquellos que se expresen como marcan los propietarios de los algoritmos. No hay mejor censura que la que se percibe como libertad de elección. No hay colaboracionismo más efectivo que el que se presta voluntariamente a cambio de interacciones.

Es cierto que desde que Musk compró Twitter se ha vuelto un espacio atroz. Tanto como que antes de esa compra ya era un lugar hostil y destructivo para el entendimiento entre iguales. Los linchamientos, las campañas de desprestigio y el acoso, acciones que buscan la muerte pública, fueron previos a X y llevados a cabo sin complejos también en el espacio de la izquierda.

El público en esta etapa digital se ha malogrado hasta límites insospechados. Lo de menos es que se comenten los artículos sin leerlos. Ya siento decírselo, pero eso de que el cliente siempre lleva la razón casi nunca es cierto. Y lo que veo, semana a semana, con especial fuerza tras la pandemia, es que por encima de las ideas, la reflexión y los argumentos, lo que se busca es asentar los prejuicios al precio que sea.

La profesión de escribir declina porque ustedes, con redes sociales o sin ellas, prefieren los agitadores con subtítulos. La red social de Musk está sesgada hasta la náusea a favor de los ultras. Bluesky no es la manera de combatirla, sino de construir un cómodo salón con chimenea para estar todos muy de acuerdo mientras el mundo arde. Hagan con su tiempo lo que les plazca pero, repito, no piensen que en el siglo XX el mundo cambió mediante clubs de debate.

Soy de los que creo que es un error atribuir una capacidad omnímoda de manipulación a las maniobras digitales de la ultraderecha. En España, al fin y al cabo, tras varios años de ofensiva, no han conseguido sus objetivos. Importan otras muchas cosas, entre ellas la verdadera resistencia de las redes presenciales: partidos, sindicatos, asociaciones vecinales, centros sociales y, en general, cualquier grupo de afinidad medianamente cívico. Es el contacto con otros lo que retrasa el emponzoñamiento.

Ustedes que pueden respiren de pantallitas. Otros, los que trabajamos de una u otra manera en comunicación, estamos atados por la necesidad de difundir lo que hacemos mientras, queramos o no, damos de comer al monstruo. La contradicción no me quita el sueño. Sé que eliminar mis cuentas de las redes sociales equivaldría a pasar al ostracismo en menos de lo que tarda un fundido a negro. Hoy el triunfo profesional, la verdadera libertad creativa, no es obtener una gran respuesta en las redes, sino al margen de ellas.

La primera consecuencia política de la gestión del desastre del 29 de octubre ha sido que el Partido Popular ha maniobrado en el seno de la Unión Europea para intentar perjudicar a Teresa Ribera, candidata a la vicepresidencia primera de la Comisión y la cartera de Competencia y transición energética. El movimiento ha provocado que la propia Ursula von der Leyen cancele su agenda y se implique en el trámite de elección de los comisarios, para así evitar que la mezquina actuación de la derecha española haga caer al nuevo Ejecutivo europeo.

Feijóo está siendo capaz de perjudicar los intereses de España, boicoteando a Ribera, que este martes ha sido elegida por la revista Time como una de las 100 líderes mundiales más influyentes en asuntos climáticos, para intentar imponer el relato de que la actual ministra actuó de manera “lamentable” durante la dana. Su objetivo no es salvar a una figura abrasada como Carlos Mazón, sino evitar que la ineptitud del mandatario valenciano le acabe salpicando a él mismo. ¿Por qué?

No hay que olvidar que Feijóo intoxicó a la población en la mañana del jueves 31 de octubre, cuando declaró que "un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe de los organismos estatales". Su objetivo fue culpar a los profesionales independientes de agencias públicas como la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar de la pésima actuación de su partido en Valencia. 

“Nadie puede tomar decisiones en función de una información que puede ser exacta, que puede ser inexacta o que puede ser mejorable”, deslizó Feijóo. Días después fuimos conociendo, por la secuencia de acontecimientos del martes 29, que la información proporcionada a Mazón fue precisa, puntual e insistente. Fueron otros los factores que llevaron a retrasar la alarma más allá de las ocho de la tarde, doce horas después de la primera alerta de la AEMET. Feijóo insinuó imprecisiones para no mentir abiertamente, en un terrible ejercicio de cinismo calculado.

Mazón debe dimitir. Ofrecer la cabeza de alguna de sus consejeras, algo que se espera que suceda este miércoles, no es suficiente. Génova ha tenido una actitud errática frente a Mazón, no así la ciudadanía valenciana, que se manifestó por centenares de miles en las principales ciudades de la comunidad pidiendo que Mazón renuncie a su cargo. Una protesta que el PP calificó de “politizada”, como si las razones detrás de la gestión ruinosa de la dana no fueran profundamente ideológicas.

La primera es la irresponsabilidad. Mazón pasó la tarde del día 29 de octubre comiendo con la periodista Maribel Vilaplana para, según la versión de los populares, ofrecerle la dirección de la televisión pública À Punt. Las evasivas, hasta que en la tarde del pasado viernes conocimos el lugar y el contenido de la cita, despertaron todo tipo de suspicacias, al pasar el encuentro de privado a la categoría de reunión de trabajo a pesar de no estar incluido en la agenda oficial de Mazón.

Todas las informaciones apuntan a que Mazón llegó al CECOPI, el centro de coordinación de emergencias, a las siete y media de la tarde, teniendo que recibir explicaciones de lo sucedido hasta el momento. Si el PP afirma que Mazón estuvo permanentemente localizado e informado, ¿por qué se le tuvo que poner al corriente de nuevo tras su llegada a la reunión? Lo cierto es que eso retrasó aún más el lanzamiento de la alerta vía móviles, que llegó, ya inútil, cuando muchos municipios estaban siendo arrasados por la riada.

El segundo punto es la incompetencia. La empresa subcontratada por la Generalitat Valenciana para operar el 112 fue informada a las 18:10h. de que se mandaría el mensaje a través del sistema ES-Alert. Algo que no sucedió hasta dos horas después. La consellera de Justicia, Salomé Pradas, responsable del operativo, fue incapaz de tomar la decisión en ausencia de Mazón. La actitud de Pradas fue errática, abandonando la reunión en varias ocasiones, según los asistentes.

El tercer aspecto son las mentiras. Tras el desastre, el Ejecutivo valenciano del PP ha dejado un reguero incontable de falsedades. Las más notorias la de Pradas, que negó conocer el sistema ES-Alert hasta las 20h. para luego desdecirse y afirmar que no estaba operativo, ambas cuestiones inciertas. Más grave resulta que la consellera negara que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le ofreciera enviar a la UME mediante tres llamadas la mañana del martes 29. No sólo esas llamadas existieron, sino que la propia Pradas fue pillada admitiendo esas comunicaciones en una grabación de TVE.

La cuarta razón es la preponderancia de los intereses privados por encima de los públicos. Carlos Mazón criticó el cierre de la Universidad de Valencia en una reunión con los agentes sociales en la mañana del martes. Fuentes de esas reuniones califican sus comentarios como desdeñosos. Además, el presidente valenciano afirmó en rueda de prensa ese mismo día que la dana estaba perdiendo intensidad y se estaba alejando de la zona. ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde sacó esa información? ¿Qué más le daba a Mazón que la universidad aplicara su protocolo ante eventos climáticos extremos?

No conocemos las respuestas porque Mazón ha sido incapaz de proporcionarnos una coherente. Sí sabemos, por contra, que se avecinaba un jugoso puente, clave para el poderoso sector turístico valenciano. Situar los intereses económicos por encima de la seguridad de todos. No es la primera vez que sucede. Ya vimos cómo actuó Ayuso en plena pandemia. Algo que, a la postre, le granjeó éxito electoral. 

El último motivo es la enorme lentitud para pedir y coordinar la ayuda del Gobierno central, otras comunidades e incluso los medios propios, que como los bomberos forestales, según denunció CCOO, fueron infrautilizados. El general Javier Marcos, jefe de la UME, tuvo que aclarar que sus unidades estaban listas desde primeras horas del martes, en un despliegue preventivo, incluso acuarteladas días antes, pero que no pudieron actuar hasta que la Generalitat controlada por el PP autorizó su uso.

La propia Teresa Ribera intentó contactar con Mazón infructuosamente en la tarde del martes. Sabemos que Mazón habló mediante mensaje con la vicepresidenta Maria Jesús Montero pasadas las nueve de la noche y con Pedro Sánchez, que estaba de vuelta de su viaje a la India, a las once menos diez. En ambos mensajes el presidente valenciano manifestó que la situación tenía “mala pinta”, solicitando recursos de Interior y Defensa.

Aunque el Gobierno central pensó en tomar el mando de la situación, consideró que un traslado de competencias en aquellos momentos, cambiar al jinete en plena carrera, podría haber resultado nocivo para la celeridad a la hora de rescatar a las víctimas. La cuestión es que el jinete dirigía a su montura en la dirección contraria a donde debería ir.

En las siguientes jornadas, la ayuda llegó con cuentagotas, no porque no existieran efectivos disponibles, sino porque la administración encargada de coordinarlos, la de Mazón, fue incapaz de hacerlo, como se vio con los voluntarios que acudieron de otros puntos a salvo de la propia Valencia. 

Nadie nos ha dado una explicación plausible para tal lentitud. Sí sabemos que los ultras aprovecharon esos días de estupefacción para lanzar sus campañas en contra del Estado y los impuestos y, más allá, contra el propio Gobierno central que, si ha pecado de algo en toda esta historia, ha sido de lealtad institucional con un dirigente autonómico irresponsable e incompetente y un líder del PP, Feijóo, que no ha dudado en utilizar la catástrofe para alimentar una inacabable campaña de acoso y derribo contra Sánchez.

Mazón debe dimitir y su sucesor convocar elecciones en cuanto la situación sobre el terreno las permita. Todo lo demás es estafar al pueblo valenciano, uno que ha sufrido doblemente, primero una catástrofe natural y luego una gestión catastrófica por parte de un Gobierno autonómico surgido al calor del “que te vote Txapote” y el bulo del pucherazo. En la dana del 2019, el Gobierno progresista del Botànic se anticipó 48 horas a aquel temporal. La diferencia no es sólo profesional, sino también aquella que marca creer en lo público para no dejar a nadie atrás.

Llevamos una semana dedicándonos a lo urgente, pero no a lo importante. Lo urgente ha sido rescatar a las personas afectadas por la dana, limpiar las calles, reparar las infraestructuras básicas. Una labor que tardó en ponerse en marcha no por falta de medios, sino porque el presidente valenciano, Carlos Mazón, decidió movilizar los recursos con cuentagotas en las primeras 72 horas. No sabemos por qué. Sí que esa demora ha provocado una indignación en la que ha arraigado la antipolítica. Sucio yo, sucios todos.

Lo urgente también ha sido contrarrestar la intoxicación a la que la extrema derecha ha vuelto a someter a este país. Su objetivo, tirar a este Gobierno, coincide con el del PP. Ya lo ensayaron en lo peor de la pandemia. Hasta donde recuerdo, en España quien quita y pone gobiernos es el Parlamento, elegido por los ciudadanos en las elecciones. Hace un año tocaron el cornetín e incendiaron Ferraz. Ahora es lo mismo pero entre el lodo.

Ese huracán de mentiras también tiene protagonistas, sórdidos y mezquinos, a los que se les intuye el gusto por la fama y la pasta debajo del hábito de propagandistas. Entre los más destacados, Iker Jiménez, cuentista del misterio reconvertido a mercader del miedo. Siguiendo sus pasos una cohorte de sinvergüenzas con ansias de saltar de YouTube a la tele. O la democracia mete mano a quien financia a estos cuatreros del disparate o estamos jodidos.

Jodidos porque algunos de los que ejercen de periodistas, no sé si envidiosos por tener que compartir público con los anteriores, han decidido perder definitivamente los papeles. Jorge Bustos, jefe de Opinión en El Mundo, decidió que la mejor forma de describir la agresión al presidente del Gobierno en Paiporta era decir que huyó “como una rata”. Tanto colegio del Opus para teclear como un columnista del Arriba a las cuatro de la tarde, tras haberse pasado con el anís.

De la encerrona a Sánchez la mañana del domingo alguien nos tendrá que explicar, algún día, por qué si cientos de vecinos y voluntarios no pudieron atravesar el cordón policial de las calles adyacentes, entre los que sí lo hicieron se encontraba una nutrida representación de fascistas y sus predicadores digitales. La suerte siempre acompaña a los audaces, debe de ser.

El presidente, tras la agresión, declaró: “No nos vamos a desviar pese a lo que pueda suceder con algunos violentos absolutamente marginales”. Vozpópuli tituló al rato: “Sánchez tilda de ‘absolutamente marginales’ a los afectados de la dana que se han indignado con su visita a Paiporta”. Sirva como muestra de cómo opera el aparato de las tormentas de la derecha, a cada momento, en cada rincón.

Parar este alud de basura, al menos contrarrestarlo desde unas redes completamente adulteradas por el jefe de campaña de Trump, ha sido urgente. Como la derecha logre acabar con la legislatura bruscamente, es decir, conseguir con la fuerza de la manipulación lo que no consiguió en las urnas, el perjudicado no será Sánchez, será la democracia. Siempre hay que saber distinguir un momento grave de la gravedad que ambiciona quedarse entre nosotros.

Tras lo urgente, tocará lo importante. En primer lugar, determinar por qué Mazón, sobre quien recae la competencia de protección civil en el territorio que preside, dio la alarma tan tarde, aun contando con información horas antes proporcionada por la AEMET y la confederación hidrográfica. Cuando sonaron los móviles había gente con el agua hasta la cintura. Otros, vecinos de poblaciones donde ni siquiera había llovido, bajaron a retirar sus coches viéndose sorprendidos por la riada.

El martes 29 de octubre deberá ser analizado con lupa. Mazón tendrá que explicar por qué tomó la decisión de retrasar tanto el aviso de emergencia. De momento, más allá de las mentiras, en las que Feijóo participó sin rubor alguno, nadie nos ha aclarado nada. Valencia es un destino turístico de primer orden y todos sabemos lo mal que el gremio de hosteleros se lleva con el de meteorólogos.

Multitud de trabajadores han denunciado cómo sus jefes les impidieron marcharse a casa cuando a las seis de la tarde ya estaban siendo avisados por sus familiares de la que se les venía encima. Imposición empresarial que conculcó la ley de Prevención de Riesgos Laborales, en concreto su artículo 21, que determina la actuación ante el riesgo grave e inminente.

Hay que dejar claro que es el propio trabajador el que puede ejercer el derecho que le asiste, para que en 24 horas la inspección de trabajo lo valore. Por otro lado, se legisló mediante real decreto, tras la ola de calor que le costó la vida a un barrendero en 2022, que las empresas debían contar con un protocolo específico ante fenómenos meteorológicos adversos.

Lo de siempre. En aquellas empresas donde existen sindicatos se vigila el cumplimiento de la legislación laboral. En aquellas en que no, parece quedar a la buena disposición del empresario, como si las leyes que afectan al trabajo fueran optativas. El trabajador como un recurso más a optimizar arriesgando, incluso, su propia vida.

El tiempo de desplazamiento, para acudir o abandonar el centro de trabajo, también es jornada laboral, como lo es el de aquellas profesiones cuya labor se realiza en la carretera, como los transportistas. Grandes superficies, como Mercadona, han sido señaladas por no paralizar sus repartos, algo que quedó registrado en fotos que mostraban furgonetas de esta compañía con el agua sobre las ruedas. Juan Roig se despachó con unos jóvenes que le pidieron explicaciones mandándoles a la mierda.

Entre lo importante está también la reconstrucción. El Gobierno ha anunciado un plan de 10600 millones de euros, que alcanzará, por diferentes vías, a ayuntamientos para las obras públicas, a comunidades de vecinos y hogares para las reparaciones, también a ciudadanos que hayan visto dañada su salud. Incluyendo compensaciones y exenciones fiscales para trabajadores, autónomos y empresas o indemnizaciones para reponer vehículos un 20% superiores a la tasación del automóvil.

Esto es lo público funcionando, como ya sucedió en la crisis del coronavirus o en el ciclo inflacionario por el encarecimiento de la energía. Este plan contempla un aspecto muy importante y que estos días apenas ha ocupado foco: el urbanismo. O cómo hemos aceptado como normal construir en zonas inundables, sin que casi nadie pusiera el grito en el cielo. Intereses privados. Esos seguirán aquí tras la dana. 

“Si hubieran aparecido por aquí los de Vox, a ver qué hacemos”. Quien habla es un sindicalista de una empresa de autobuses del norte de España. Este pasado lunes, 80000 trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera estaban llamados a la huelga, una que fue un éxito indiscutible, tanto por su seguimiento como por la asistencia a los piquetes. Reclamaban, entre otros aspectos, un adelanto de la edad de jubilación: "No se puede tener a una persona de 67 años conduciendo un autobús".

La huelga estaba convocada contra su patronal, a la que exigen consensuar un documento de peligrosidad laboral, para de esta forma exigir al Gobierno un coeficiente de reducción para la jubilación. A pesar de la importancia del conflicto, por su carácter de servicio público, este sindicalista se preguntaba: "¿Alguien tiene que decir algo en la izquierda? Hay un cortocircuito en su relación con la calle". De ahí su miedo a que Vox intentara rentabilizar la jornada.

A diferencia de Francia, los ultras nacionales no han tenido fortuna en su intento de acercarse al movimiento obrero. La puesta en marcha hace unos años de un sindicato amarillo bajo su tutela ha resultado un fracaso. Si para crear un partido político es esencial el apoyo de un sector mediático que te compre la agenda, para organizar a los trabajadores hace falta estructura, eficacia y tradición.

Puede que también pese el hecho de que la mayoría de los líderes de Vox tienen un sobrado conocimiento de monterías, clubs de campo e hipódromos, pero no han pisado una oficina de desempleo en su vida. Lo cual no implica que aunque los trabajadores sepan cuál es la manera más efectiva de defender sus derechos, los sindicatos de clase, algunos de ellos no tengan luego reparos en votar a la ultraderecha.

Para este tiro en el pie se pueden buscar explicaciones que apelan a la impericia individual. También se puede achacar a las intensas campañas que sitúan a asuntos residuales como la ocupación en el lugar de auténticos problemas de Estado. Pero sin duda hay algo más, que tiene que ver con un cambio profundo y sostenido en cómo se entiende la sociedad: de un proyecto de seguridad compartida, a un sálvese quien pueda aspiracional. Cuarenta años de neoliberalismo no pasan en balde.

Pero, ¿cuál es la responsabilidad de la izquierda?¿Sufre una desconexión de la calle como afirmaba el sindicalista?

Sería injusto no referirse a la primera legislatura del Gobierno progresista, una que estuvo marcada por un fuerte impulso legislativo en lo laboral. Tampoco conviene olvidar que la pandemia tuvo el efecto de situar en el centro todo aquello que aportaba estabilidad a los ciudadanos: el trabajo fue uno de aquellos hitos. Cuando la vida queda pelada hasta el hueso es sencillo percibir lo importante por encima de lo accesorio.

Aquel Gobierno acertó en sus medidas y hoy la buena marcha de la economía española es el producto de aquellas decisiones. Existen más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, lo que demuestra la robustez de nuestro empleo. Existe un sector energético con capacidad autónoma y los precios más bajos de la UE. España ha escalado hasta la sexta posición mundial de inversión extranjera directa y la tercera en Europa. Felipe González habla de un Gobierno sin proyecto de país; las cifras lo desmienten.

Sin embargo, esta legislatura está siendo muy diferente. Los escándalos de Ábalos y Errejón, especialmente este último, han conmocionado lo que había sido un espacio ajeno a estas crisis. A esto hay que añadir la persecución judicial contra Begoña Gómez y el intento de incapacitar la ley de amnistía, maniobras que son difíciles de separar del llamamiento impúdico de José María Aznar a que quien pudiera hacer, que hiciera. Los disturbios de Ferraz no consiguieron impedir el inicio de la legislatura, pero marcaron su naturaleza.

Además, hay una aritmética parlamentaria de difícil encaje, donde la recomposición del espacio independentista catalán, también la cerrazón de Puigdemont, hacen muy difícil sacar cualquier ley adelante. Las tormentas recientes, al menos, están permitiendo que la negociación de los presupuestos se lleve a cabo sin la presión de titulares, focos y tertulias.

A todo esto hay que sumarle la crisis del acceso a la vivienda, provocada por un desmesurado precio del alquiler, efecto último de la especulación con suelo urbano del sistema financiero internacional. Una crisis que, pese a que la mayoría de competencias en esta materia pertenecen a las administraciones local y autonómica, está recayendo casi por completo en el Gobierno.

Este escenario es tan cierto como preocupante, uno que mezcla errores propios con la hostilidad de la derecha, pero existe algo más. Si 80000 trabajadores se movilizan en una huelga, la naturaleza de un Gobierno de izquierdas debería ser, al menos, la declaración tajante de que sus reivindicaciones van a ser tenidas en cuenta de manera prioritaria. Sobre todo cuando el panorama informativo, aunque toma nota de la protesta, apenas le dedique espacio, uno que sí prestó a otras protestas espoleadas por la derecha.

Aunque el progresismo contemporáneo se niegue a verlo, el conflicto capital-trabajo sigue siendo esencial para entender las dinámicas de poder de nuestra sociedad. No es sólo esta huelga, es que aunque la economía carbure a buen ritmo, como decíamos hace unos párrafos, la redistribución no está siendo igual de profunda que los márgenes empresariales. Unos aportan su esfuerzo, otros recogen los beneficios.

Este Ejecutivo debe recuperar la iniciativa en medidas de carácter social y laboral. Si esas leyes se estrellan en el Congreso, cada uno habrá de retratarse luego ante la ciudadanía. El Gobierno no debe olvidar para qué está aquí. Deduzco que la mayoría de trabajadores que se movilizaron el lunes no tienen tiempo para redes sociales. Pero muchos de ellos votan o se abstienen. 

La película En los márgenes (2022), dirigida por Juan Diego Botto, refleja cómo el acceso a la vivienda se ha vuelto una lucha constante para millones de personas en España. Es una obra de ficción que se enfrenta a la realidad extrema de los desahucios, pero que anticipa la actual crisis de unos precios del alquiler que cada vez resultan más inaccesibles.

El problema para los inquilinos no proviene sólo de una situación económica personal, sino de una crisis sistémica que se ha agravado con el paso del tiempo. Detrás de las cifras hay historias personales, familias que enfrentan el miedo de perder su hogar. La crisis habitacional en España es una consecuencia directa de un mercado inmobiliario abandonado a los intereses especulativos, sin la intervención pública necesaria para garantizar precios justos.

En los últimos cuarenta años, las políticas de vivienda en España han fracasado en su objetivo de proporcionar hogares para toda la población. A pesar de una inversión superior a los 200.000 millones de euros, sobre todo en exenciones fiscales, no se ha logrado consolidar un parque público de vivienda que garantice unos precios razonables. Muchas de estas viviendas protegidas terminaron privatizándose, beneficiando a grandes inversores en lugar de a los ciudadanos que más las necesitaban.

La falta de una oferta pública estable ha permitido que el mercado inmobiliario caiga en manos de la especulación. Con el sector financiero y los grandes fondos inmobiliarios al mando, los precios de los alquileres han alcanzado niveles desorbitados. Entre 2015 y 2022, los alquileres se incrementaron en un 21%, afectando especialmente a grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde los alquileres ya suponen más del 40% de los ingresos de las familias trabajadoras.

Es necesario que se aplique la vigente ley de vivienda para establecer un control de precios en las zonas tensionadas y que de esta forma los alquileres no superen el 25-30% de los ingresos familiares. Esta medida aliviaría la presión económica sobre miles de hogares que destinan una parte desproporcionada de sus sueldos a pagar el alquiler. La negativa de las Comunidades gobernadas por el PP sólo es una declaración de principios de en qué lugar se sitúa la derecha. 

Otra medida necesaria es la regulación del alquiler turístico y los contratos de corta duración. El auge de las plataformas de alquiler vacacional ha contribuido al aumento de precios en las principales ciudades, desplazando a los residentes de los barrios céntricos. La intervención del Estado en este ámbito es clave para frenar la especulación que se genera en torno a este tipo de alquileres y que encarece los precios del alquiler convencional. Pero esto, por sí sólo, no es suficiente.

El sindicato Comisiones Obreras propone la creación del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA) como una solución estructural que permita aumentar la oferta de viviendas a precios razonables. Este fondo tiene como objetivo financiar la construcción de 50.000 viviendas anuales destinadas al alquiler. Se financiaría a través de una combinación de inversión estatal y aportaciones privadas, con la participación de pequeños inversores y fondos institucionales. Esta fórmula busca canalizar el ahorro de los ciudadanos y de grandes instituciones hacia un fin social: lograr el acceso a la vivienda para todos, como marca nuestra Constitución.

El FIVA no solo se centraría en la construcción de nuevas viviendas, sino también en la rehabilitación de viviendas vacías que actualmente están fuera del mercado. Estas viviendas rehabilitadas serían puestas a disposición en régimen de alquiler protegido, evitando así que caigan nuevamente en manos de especuladores o se destinen al mercado turístico. El objetivo final es crear un parque estable de viviendas protegidas que ofrezca alternativas reales a las familias que no pueden hacer frente a los alquileres del mercado privado.

Este modelo de fondo está inspirado en experiencias exitosas de países como Francia y Austria, donde se han utilizado fondos estatales para desarrollar parques de viviendas en suelos municipales. Este modelo ha sido clave para contener los precios del alquiler y garantizar un acceso real a la vivienda. En España, el FIVA podría replicar estos logros, proporcionando estabilidad y seguridad a medio plazo en el mercado inmobiliario, alejando la vivienda de las dinámicas especulativas que han prevalecido hasta ahora.

Los alquileres deberían establecerse a través de un sistema de fijación de precios basado en los costes de construcción pública, 1.560 euros por metro cuadrado. Este enfoque permitiría situar los alquileres entre 7 y 11 € por metro cuadrado mensual, lo que supondría una reducción mínima del 30% respecto a los precios actuales.

La crisis del alquiler en España es la consecuencia directa de décadas de políticas erradas, especulación inmobiliaria y falta de intervención. Las soluciones que propone CCOO —control de precios, regulación del alquiler turístico y la creación del FIVA— son pasos indispensables para frenar la espiral de precarización habitacional. No se trata solo de garantizar el acceso a la vivienda, sino de proteger un derecho fundamental que ha sido mercantilizado en beneficio de unos pocos.

Es imprescindible que el Gobierno actúe con rapidez y firmeza, priorizando el interés de la ciudadanía sobre los intereses especulativos. La creación de un parque nacional de vivienda mediante el FIVA, junto con la regulación del mercado, permitirá que el alquiler vuelva a ser una opción digna y con un precio ajustado. 

Solo un cambio de raíz y una voluntad política decidida podrán revertir la situación actual. La vivienda es una necesidad básica que no debe estar supeditada a los intereses del capital financiero. Llegados a este punto, la acción de los poderes públicos es más necesaria que nunca para proteger el bienestar de millones de personas en España.

La crisis de los alquileres es la demostración palpable de que el capitalismo financiero del siglo XXI funciona extraordinariamente bien para el propósito que ha sido desarrollado: multiplicar el beneficio de las inversiones en un mínimo espacio de tiempo, a costa, eso sí, de crear graves problemas sociales, inflar los precios, conculcar derechos, empobrecer a millones de personas, humillar al poder político y poner en riesgo la economía productiva. 

El sistema financiero es lo más parecido a un taxi desvencijado conducido por un mono borracho con los frenos rotos que presume de llevar a sus clientes antes que nadie a su destino. No miente. Pero oculta que, cuando tiene un accidente, a los pasajeros los tienen que sacar con pinzas de entre los hierros. Esto, si tienen ustedes algo de memoria, es lo que nos ocurrió hace década y media en aquello que se llamó Gran Recesión.

La crisis de los alquileres está íntimamente emparentada de dos formas con el destrozo ocurrido a partir de 2008. La primera es que es un producto técnico de aquello. Una vez que el ladrillo reventó, los bancos poseían miles de casas y suelo con un valor muy inferior al que figuraba en sus balances. Aquello, que antes de la Gran Recesión la prensa salmón consideraba la joya de la corona del milagro económico español, pasó de repente a ser conocido como “activos tóxicos”. 

El sistema financiero maneja con astucia la magia de las palabras, pero también es experto en chantajear desde lo material a la sociedad a la que exprime. “Nosotros o el caos”, dijeron circunspectos. Fue entonces cuando el Estado creo la Sareb, aquello que se llamó el banco malo, para “reestructurar” los “activos tóxicos”, es decir, para que el dinero público sirviera de analgésico a la fenomenal resaca que padecían las entidades.

¿Qué es lo que se hizo a continuación? ¿Utilizar aquella cantidad ingente de pisos y suelo para crear un parque público de vivienda? No, lo que se hizo fue agitar la campanilla para anunciar a los señores del dinero que era hora de volver a empezar con la orgía. Con especial insistencia, el Gobierno de Rajoy reformó las SICAV para que los inversores internacionales vinieran a España a comprar vivienda sin pagar apenas impuestos.

Este fue el germen de la actual crisis del alquiler, un síntoma de carácter muy español, que se resume en ese refrán que finaliza en lo de “poner la cama”. Pero como les decía, esta crisis de los alquileres tiene además otra conexión con la Gran Recesión que se manifestó con especial crudeza tras la pandemia y que tiene que ver con el mal global de nuestros tiempos: la desmesura y el descontrol del capital financiero.

Si lo recuerdan, el coronavirus nos enseñó algunas cosas. Una fue que era importante lavarnos las manos. La otra, que la economía real era imprescindible para la vida de la gente. Necesitábamos un tejido industrial fuerte, energía barata y limpia para hacer funcionar esta industria, tecnología propia para mejorar la producción, cadenas de suministros estables y crédito seguro para dinamizar la actividad. Y que todo esto estuviera mediado por el Estado para garantizar que este esfuerzo tuviera un retorno justo para todos los ciudadanos.

¿Qué fue lo que hizo el sistema financiero?¿Poner sus recursos al servicio de este necesario impulso a la economía productiva? Pues compró parte de los bonos de la UE, que esta vez mutualizó la emisión para evitar que determinados países sufrieran ataques a su deuda soberana por parte de las apuestas que los inversores hacían en su contra. 

Gracias a esta medida, en la que el Gobierno español tuvo mucho que ver, nuestro país salió con fuerza de la crisis pandémica. Y los inversores hicieron un buen negocio, pero no uno extraordinario. La deuda soberana y la economía real son capaces de dar grandes márgenes de beneficio, pero para un adicto nunca es suficiente.

El sobredimensionado tamaño de la economía financiera provocó que esa ingente montaña de dinero virtual buscara nuevos lugares donde reproducirse. De ahí viene el fastuoso crecimiento de las empresas digitales que, sin aportar nada realmente novedoso, han quintuplicado su valor. También operaciones tan apasionantes como la inversión en memes y monedas de chocolate, la naturaleza de lo crypto.

Hay tal cantidad de capital financiero que su tamaño está completamente desacoplado del valor real de la economía productiva, por lo que sus propietarios buscan nuevos y cada vez más absurdos epígrafes donde meterlo. En la década de los 2000 fue la construcción de viviendas, las hipotecas y todo un demente entramado de productos de casino asociados a este mercado. El problema es que cuando la burbuja estalla, cuando se descubre la mentira, quien sufre es la economía real.

¿Dónde ha ido a parar esta vez gran parte de ese dinero? Pues al suelo urbano. El año 2019 cerró con un incremento anual del 5,1%, lo que entonces fue la mayor subida desde 2006. Tras la pandemia, los alquileres bajaron de media un 3,8%, pero en las grandes ciudades, donde la especulación era más acusada, se desplomaron: un 10,7% en Madrid y un 14,3% en Barcelona. 

Esto, para los inversores, fue como agitar una bolsa de golosinas a la puerta de un colegio. A partir de ahí, lo que ustedes ya saben: incremento de los pisos turísticos, incremento del alquiler de temporada y una subida astronómica del alquiler convencional que se traduce en que entre el año 2015 y el 2022 su precio ha escalado un 21%.

Los inversores están ganando mucho dinero con las rentas, lo que supone extraer dinero del bolsillo de los ciudadanos y por tanto de la economía productiva, pero también por el mero hecho de poseer los inmuebles, que se paquetizan y se convierten en activos que cotizan como si fueran acciones de una empresa convencional. La diferencia es que no producen nada, más allá de toneladas de dinero de mentira, que busca de nuevo otro lugar donde replicarse: las residencias de ancianos, la sanidad, la formación profesional…

La dimensión desmesurada de la economía financiera está colonizando la vida cotidiana en un proceso que se conoce como financiarización, es decir, que cualquier cosa se convierta en un activo sobre el que crear incluso productos derivados. Ya se están, de hecho, tokenizando viviendas de manera completamente alegal, fraccionándolas en pequeñas porciones imaginarias para sacar aún más beneficio de las mismas.

Llegados a este punto de la narración si sienten mareos o náuseas es que aún son personas con dos dedos de frente. Todo es como parece: el sistema financiero es un gigantesco exceso basado en alterar artificialmente el precio de las cosas de una forma tan tiránica como peligrosa. Lo peor es el secuestro al que nos tienen sometidos. Si se hunden, como volverá a pasar, nos arrastran con ellos al fondo.

Desconozco por qué este Gobierno no ha actuado con contundencia para intervenir el mercado inmobiliario, como sí hizo con el mercado de la energía. Pero deduzco que la razón es que cuando Larry Fink –CEO de Blackrock– descuelga el teléfono, Pedro Sánchez, como cualquier otro presidente europeo, debe hablar con él y no contrariarle demasiado.

Hace unos días, el sindicato Comisiones Obreras publicó un interesante informe que explicaba cómo nuestro país se había gastado doscientos mil millones de euros, de 1982 a 2022, en exenciones fiscales en vivienda. Con ese dinero hoy podríamos tener dos millones de viviendas públicas, a las que habría que sumar otros 2,7 millones de casas protegidas, que sí se edificaron pero que acabaron privatizadas. 

Si el Estado tuviera ahora cinco millones de viviendas en propiedad, Pedro Sánchez tendría que seguir cogiéndole el teléfono a Larry Fink, pero quizá lo haría en igualdad de condiciones. Por lo visto, en esto consistía la democracia. En que el poder político, que expresa el mandato de los ciudadanos en las urnas, se impusiera a la minoría de los que más tienen. No es sólo un tema de precios, es, sobre todo, una cuestión civilizatoria.