En mi preadolescencia, cuando empecé a interesarme por algo más que jugar y discutir con mi hermana mayor, descubrí un periódico llamado El Caso, que cada vez que lo veía en el kiosko me hacía sentir auténtico pavor.

Lo combatía leyendo ávidamente a Lovecraft y EA Poe y viendo en la tele, única en esa época, las Historias para no dormir de D. Narciso Ibáñez Menta.

El Caso lo veía en el kiosko del Marqués, el hombre más admirado por mí del barrio porque tenía TODO lo que a mí más me gustaba del mundo: los libros de Los 5 de Miss Enid Blyton, que fueron mi aprendizaje de vida en todos los sentidos, lápices y pinturas de Staedtler y la maravilla de las maravillas, la pluma Parker.

Marqués tenía la costumbre de merendar cada tarde una sardina vieja que aplastaba en el papel de estraza y, como no debía de sentarle muy bien, tomaba en el cuenco de la mano una porción de bicarbonato. Un día me lo dio a probar, supongo que ante mi cara de "a qué sabrá", y comprendí que algo malo tenía que pasarle para insistir a diario.

El mayor éxito del Marqués eran sus cajones de madera llenos a rebosar de novelas de segunda mano de Marcial Lafuente Estefanía y Corín Tellado.

El cliente compraba una nueva y eso le daba derecho a poder cambiarla después por una pequeña cantidad. Era un negocio redondo.

Yo soñaba con relevarle en el negocio y me encantaba zascandilear por allí con su permiso. Esto venía a cuento de El Caso.

Era el periódico donde se publicaban con todo tipo de detalles los crímenes de este país entonces franquista y miserable y donde, por cierto, también se publicaban los asesinatos del régimen.

Con la democracia se hizo una serie excelente de TV sobre los criminales más "famosos". Estos días le doy vueltas al hecho de que procuro no ver las noticias y huyo de cualquier tipo de debates sobre el país y el mundo en general, con el gusto que he sentido siempre por la información.

Y caigo en la cuenta de que el mundo es un enorme El Caso para mí.

Apenas hay noticias que le hagan a una saltar de la cama contenta porque se avanza en derechos, se respeta el medio ambiente, a los seres humanos y tantas buenas noticias del pasado. Recuerdo la alegría que sentí cuando se decidió restringir los plásticos en los súper, cada cual tenemos nuestras fobias, y hoy el resultado es el pago de las bolsas de plástico si has olvidado llevar la tuya. Una genialidad.

Hoy las noticias se han convertido en un infierno en la tierra y no tienen visos de mejorar; al contrario, cada día peor.

¿Qué pasa con la gente? ¿Qué hace que estemos tan enfadados todos con todo?

¿Por qué nos caen mal el pobre de la esquina, el que hace malabares en el semáforo y las/los que cuidan y limpian a los viejos de este país y recogen las fresas que tanto les gusta desayunar a nuestros niños, y se pide que se vayan a su pueblo, nación o es igual a dónde? La pobreza asusta y nadie la quiere cerca.

Hemos olvidado que antes los pobres éramos nosotros.

Cuando olvidamos lo que es la SOLIDARIDAD, nos volvemos huraños y malpensados y queremos que nos pongan a toda costa una alarma VERISURE, léase VERISHIUR, y que nuestros nietos no vean Los SIMPSON porque es una familia problemática; en el trabajo rendimos más y no pedimos permisos, no nos vayan a despedir, y la vida no creo sinceramente que merezca mucho la pena.

Ser solidarios es sinónimo de buenas personas.

Querer el bien del otro como lo quieres para ti.

Luchar por el bien común como norma de vida da aire a los pulmones. ¿Por qué entonces parece que nos estamos ahogando en pura mierda?

________________________

M.Isabel Reboredo Castiñeiras es socia de infoLibre.

Se organizaron en cuanto la lucha de las víctimas logró rasgar el manto de silencio y olvido impuesto durante la Transición. Y avisaron de que harían todo lo posible para mantener intacto el mayor símbolo –y homenaje– de aquella sangrienta dictadura que robó casi cuatro décadas de libertad a los españoles. Lo han intentado de todas las maneras, con todo tipo de artimañas. Pero la ofensiva ultra no ha conseguido dinamitar la resignificación del Valle de Cuelgamuros. Aunque han provocado algunos retrasos, lo cierto es que las múltiples maniobras de este tipo de colectivos en los tribunales no han conseguido tumbar, al menos por el momento, ni las exhumaciones ni los trabajos en el complejo monumental. Y las presiones a la jerarquía eclesiástica para intentar que ponga pie en pared han caído en saco roto.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) alzó esta semana la paralización cautelar de los trabajos previos a las obras de resignificación del complejo monumental, que contará con un centro de interpretación. "El mantenimiento de la medida podría generar perjuicios a los intereses generales", apuntan los magistrados, que recuerdan que la Ley de Memoria Democrática recoge "expresamente" entre sus "fines" este proceso de democratización del mausoleo. La suspensión fue acordada a mediados de junio a petición de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. En su auto, compraban por error el relato a los recurrentes y sostenían que "el elemento arquitectónico" sobre el que se realizaban los trabajos goza de la "máxima protección" al tratarse de Bien de Interés Cultural (BIC).

Pero lo cierto es que el complejo no ostenta dicha distinción. Y así se lo ha hecho ver la Abogacía del Estado a los magistrados, que aún deben resolver sobre el fondo–si estos primeros trabajos, cuyas máquinas han sido vandalizadas, cuentan con las autorizaciones precisas–. Los movimientos de los ultras en busca de la máxima protección para el mausoleo han sido todo un fracaso. En 2022, el Gobierno rechazó declarar Bien de Interés Cultural el complejo monumental porque sus "aportaciones arquitectónicas" no tenían "suficiente relevancia". Tras esto, los colectivos antimemoria tocaron la puerta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. De nuevo, sin éxito. "La cuestión queda totalmente al margen de mis competencias", respondió la presidenta madrileña. Meses antes, su Administración había declarado "patrimonio inmaterial" la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Las entidades ultras –Fundación Nacional Francisco Franco, Abogados Cristianos, Asociación en Defensa del Valle de los Caídos o Asociación por la Recuperación y la Verdad Histórica– llevan años manteniendo el pulso en los tribunales. Primero, con la salida de los restos del dictador, primera piedra en el largo proceso de resignificación de un complejo monumental convertido en punto de peregrinación fascista. "No es un lugar de homenajes políticos, ni de exaltación de nada, sino un lugar de culto religioso y su traslado", llegaba a decir una de estas asociaciones en un escrito de alegaciones al Tribunal Supremo, que pocos meses después daría el visto bueno definitivo a la exhumación de Francisco Franco.

Tras esa primera derrota, la ofensiva se dirigió contra aquellas familias que trataban de recuperar los restos de sus seres queridos de las criptas de Cuelgamuros. A finales de 2022, un particular, representado por un abogado vinculado a la Fundación Franco y a la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, interpuso una demanda contra la nieta y sobrina nieta de Antonio Ramiro y Manuel Lapeña, los dos primeros represaliados por el franquismo cuya búsqueda y recuperación fue ordenada judicialmente. Se negaba a que los "restos mortales de sus antecesores", que se encontraban también allí enterrados, fueran manipulados. Y por ello pedía la paralización de las exhumaciones. El caso, al final, fue archivado por el fallecimiento del demandante. Una muerte que el abogado tardó siete meses en comunicar al juzgado.

No es el único caso en el que se han denunciado malas artes por parte de colectivos ultras. En diciembre de 2023, otra mujer, nieta de una persona inhumada en Cuelgamuros y representada por Abogados Cristianos, logró con su recurso que la Audiencia Nacional paralizase de manera cautelarísima las labores de exhumación. Una medida que, sin embargo, se levantó en cuanto el Gobierno informó a los magistrados que el lugar en el que se encontraban los restos de la abuela de la demandante era distinto a aquel en el que se estaban realizando los trabajos y de que no había "previsión" de ninguna "operación forense" en esa zona. En el auto de archivo, la Audiencia Nacional resaltó que al esconder esa información la mujer actuó con mala fe.

Tampoco las llamadas de auxilio a la cúpula de la Iglesia han resultado del todo efectivas. La jerarquía eclesiástica no se opuso en su día a la exhumación de los restos del dictador de la Basílica de Cuelgamuros. Y no lo ha hecho ahora con la resignificación del complejo monumental. El acuerdo entre el Gobierno y el Vaticano para democratizar el mausoleo se sustanció durante una reunión que mantuvieron en Roma en febrero de 2025 el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin. Y quedó sellado en un posterior encuentro con el cardenal José Cobo, quien trasladó por carta "el deseo de contribuir" en el proceso "con los valores del diálogo, el respeto, la cultura del encuentro, la convivencia y la paz".

Pese a su carácter descafeinado –no contempla ni la desacralización de la Basílica ni la expulsión de la comunidad benedictina, algo que defendió durante mucho tiempo el propio Gobierno–, lo cierto es que el acuerdo ha soliviantado a los sectores más ultras. Solo el hecho de la resignificación y del pacto no escrito para la salida de Santiago Cantera, el prior con pasado falangista que se opuso ferozmente a la exhumación de Franco, del complejo monumental es considerado una traición. Colectivos como Hazte Oír han organizado en los últimos meses concentraciones frente a la Conferencia Episcopal en las que se ha llegado a llamar "judas" y "profanadores" a los obispos. Protestas que también se trasladaron a las puertas de la Nunciatura Apostólica, embajada del Vaticano, durante la visita del papa León XIV a España.

Cuando hablé delante del papa, me permití ponerme en la americana un pequeño triángulo que además llevo habitualmente. Muy poca gente se fijó (alguno sí) porque realmente muy poca gente sabe lo que significa ese triángulo, y sobre todo ese color: el azul, que se aprecia bien en la foto que me hice con María. Normalmente se ven ese tipo de triángulos colocados en solapas, pero son de color rojo.

Ambos son símbolos. Representan los infames distintivos con los que se señalaba a los presos en los campos de concentración y exterminio nazis. Con el color rojo se señalaba a los prisioneros por motivos políticos. Comunistas, socialistas, liberales, demócratas…

Lo que mucha gente no sabe es que los prisioneros españoles no eran marcados con el triángulo rojo, sino el azul. Y una ´S´, de Spanier/Español. Porque no se les consideraba prisioneros por motivos políticos. Se les consideraba apátridas. Porque la dictadura retiró la nacionalidad española a los luchadores antifascistas. Al ser considerados apátridas y no estar protegidos por ningún Estado soberano, los nazis los clasificaron con ese triángulo azul. Muchos de estos españoles eran además considerados presos políticos (lo que implicaba portar el triángulo rojo). Sin embargo, el gobierno franquista y las autoridades alemanas acordaron el estatus apátrida para facilitar su deportación y evitar el amparo de la Convención de Ginebra.

El franquismo no fue solo un golpe de Estado y luego una guerra ante la resistencia a la usurpación del poder por parte de los traidores facciosos. Fue un intento de exterminio del pueblo democrático, de expulsión y extracción de la España republicana. Con muerte, fusilamiento, cunetas, represión, exilio y alejamiento.

¿A qué viene todo esto? Al profundo asco que me ha provocado el cuestionamiento de la llamada ley de nietos que permite a hijos/as y nietos/as de españoles, descendientes de quienes perdieron su nacionalidad por haber tenido que exiliarse durante la dictadura, argumentando que se pretende “modificar el censo electoral”. El censo electoral lo modificó no votar durante cuarenta años. El censo electoral lo modificaron los paseíllos al amanecer, las cunetas, el garrote vil, la tortura y el exilio. Si no se hubieran tenido que ir, no habría que reconocer la nacionalidad a su descendencia. Sinvergüenzas.

_________________

Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras.

El 2 de julio de 1976 se reúne por última vez el Consejo de Ministros de aquel gobierno, presidido ese día por el general De Santiago. Aunque los ministros no lo saben, el día anterior el presidente Arias ha acudido a la Zarzuela, respondiendo a la llamada del rey Juan Carlos I y, encontrándole agobiado, se adelanta al monarca y le dice, según contó luego a sus ministros, “que comprendía lo que quería y que ofrecía su dimisión inmediatamente y sin dificultad alguna”. Uno de ellos anota en su diario: “Sensación general de interinidad y suspicacia, nadie está seguro de nada. Fraga está excitado, verboso y mandón”.

Fin de ese primer gobierno de la monarquía franquista, que había jurado sus cargos el 13 de diciembre de 1975. 202 días. Pero estaba hundido desde finales de marzo, cuando apareció Coordinación Democrática (resultado de la fusión de la JD, Junta Democrática de España, y la PCD, Plataforma de Convergencia Democrática).

Tres preguntas: ¿qué pretendía aquel gobierno?, ¿quiénes y cómo lo hundieron?, ¿qué consecuencia tuvo su naufragio?

Miren la foto y los levitones de la primera línea.

Tercer vicepresidente: Villar Mir, un hombre de empresa, convencido de que la situación política y económica que dejaba Franco era pésima. Con otras palabras: el régimen estaba en descomposición. Seguidor de Fraga. 47 años después, con toda solemnidad, afirmaba que el posterior nombramiento de Suárez como presidente fue un error, un inmenso error.

Segundo vicepresidente: Fraga Iribarne. Detengámonos en su figura. Es el “liberalizador” por antonomasia del régimen desde 1962, despedido en 1968 y vuelto en este momento crítico. Se considera, y lo es, la mente política de este gobierno, el que ha de definir el proyecto a ejecutar. Tiene en su cabeza la reforma del régimen que van a hacer los que le han servido y siguen orgullosos de los servicios que le han prestado. Se ve como el Cánovas del siglo XX. Hará una nueva restauración de la monarquía borbónica. Tiene en su cabeza aquella historia y el Estado franquista, y cree que su diseño restaurativo puede ejecutarse como obra de ingeniería. Ha de contar con el pilar del Estado, su Ejército, cuyo generalato obedecerá la orden que les dio Franco: seguid a quien nombré mi sucesor. A su proyecto entonces se le podía llamar “recomposición del fascismo”. Con el lenguaje de hoy se podría decir que Fraga pensaba en llegar a un sistema de los calificados como “democracias iliberales”, producto de la degradación sistemática de las libertades públicas. Una de las desorientaciones que padeció fue no advertir que la restauración canovista fue precedida de un pronunciamiento militar ante fuerzas progresistas, en radical división y decadencia con fracaso de la Primera República. En la España de 1976, la situación evolucionaba en sentido inverso.

Primer vicepresidente: De Santiago, un teniente general tan contrario a las libertades que algunos pensaron que era el “elefante blanco” esperado en el Congreso el 23-F. Siguió luego como vicepresidente en el primer gobierno de Suárez. Duró muy poco, pues dimitió cuando vio que Martín Villa estaba dispuesto a abrir la puerta a la libertad sindical.

Presidente: Arias Navarro, ministro de Gobernación en el gobierno de Carrero Blanco, ascendido a presidente por Franco para dar sentido a su frase, referida al magnicidio: “No hay mal que por bien no venga”. Puede explicarse así: me habéis dado el pretexto para reprimir sin límites a cuantos se alcen contra mí, e incluso a sangre cuando quiera; lo que se tradujo pronto en los juicios farsa de las condenas y ejecuciones a muerte a finales de septiembre de 1975. La experiencia política de este presidente apodado “carnicerito de Málaga”, era “esencialmente policiaca y represiva”, como anotó uno de sus ministros.

Lo hundimos cuantos creíamos que solo la creciente lucha contra la dictadura era la forma de acabar con ella. Los comunistas en primer lugar. Incluyan en esas filas no solo al PCE, sino también especialmente a los que el catedrático de Historia Contemporánea Julio Pérez Serrano denomina partidos del “segundo maoísmo”: ORT, Partido del Trabajo, MC. Es más, incluyan a lo que quedaba de Bandera Roja, ahora llamada OICE, PUC canario (también maoístas) y LCR. Esos partidos del segundo maoísmo le habían arrebatado al PCE su autoatribuido monopolio de la representación política de la clase obrera movilizada. Habían crecido hasta el punto de que todavía en el primer semestre de 1977 eran los únicos, además por supuesto del PCE, que tenían una militancia organizada de unos cuantos miles de activistas. Los de la “oposición democrática” de derechas cabían en un minibús; los más, en un ómnibus. El PSP de Tierno empezó a crecer en ámbitos profesionales, solo tras su ingreso en la JDE en 1974. El PSOE lo haría desde su iniciativa de constituir la PCD en 1975.

No había solo que creer en la movilización, sino estimularla; y solo podían hacerlo quienes tenían los pies en la tierra sólida del asociacionismo obrero, popular, vecinal. La oleada de movilizaciones que se produjeron en enero del 76 y la que a comienzo de marzo dio lugar a la matanza de Vitoria abrieron un boquete fatal a aquel gobierno. Más grave aún porque el PCE, desde enero de 1976, tenía el pie tanto en el acelerador como en el freno. Y aún así crecía la movilización. Quienes invocan que esta era fundamentalmente por motivos económicos, y que por tanto su influencia como factor político solo podía ser escaso, obvian por completo la implosión del despertar de la conciencia cívica política cuando confluye con una crisis de naturaleza política. Se activa un espontaneísmo que hace germinar semillas plantadas con anticipación y esfuerzo.

Para documentar lo que aquí he dicho invoco la obra El mito de la transición, del catedrático de Historia Contemporánea y militante del PSUC Ferrán Gallego, que destaca la participación de ORT y del PTE en las huelgas obreras de enero de 1976 y el manejo del freno por PCE y PSUC. Y sobre las acciones de marzo en Vitoria y el papel destacado de ORT y MC y otros y la cuasi ausencia del PCE y del PSOE, baste leer el artículo Memoria de una matanza de hace 50 años, de Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea, publicado en El País el 3 de marzo de 2026.

Para ese hundimiento también fue necesaria la fusión de JDE y PCD en CD (la Platajunta), que se produjo el 26 de marzo y que ha de considerarse una consecuencia y no solo un hecho posterior a la crisis de Vitoria. Con CD entraba en la escena una posible alternativa a la reforma, la liberalización, o como quisieran llamarle, del régimen; ya sin dictador, pero con dictadura coronada, cuya fuerza fundamental estaba en la obediencia de la cúpula militar al rey. Formalmente, con todos los poderes que las leyes fundamentales del régimen establecían para el jefe del Estado y único pivote, aunque poco firme, en torno al que hacer girar y agrupar a los beneficiarios políticos y económicos de una larga dictadura.

Esta potencial alternativa de ruptura con el régimen dictatorial, declaradamente pacífica, era aún débil, poco organizada, llegaba impuesta por las circunstancias (aunque algunos, entre ellos ORT, veníamos clamando por esa fusión). Y esa debilidad la marcaba no su potencialidad para ampliar sus apoyos sociales, sino la propensión de bastantes de sus integrantes a llegar a acuerdos con los detentadores del poder y a darle oportunidades a Juan Carlos I de “borbonear”, aunque fuera poco a poco.

Dicho de otra forma: había costado mucho hacerla aparecer y podía costar muy poco dividirla y anularla como alternativa; aunque no podía evitarse que desde su misma constitución fue un factor político clave, fuente de presión, de influencia variable en intensidad, según las circunstancias cambiantes.

Miren la foto. Verán a un joven Adolfo Suárez, avispado para el ascenso, atrevido para escalar, luego audaz hasta la temeridad cuando las circunstancias se lo exigieron; el político que arrebataría la iniciativa política a la izquierda y al que la inmensa mayoría de la derecha no le agradecería que consiguiera la hegemonía electoral en 1977 y la conservara en 1979 porque había llevado la Transición más allá de donde la había proyectado su mentor Torcuato Fernández Miranda; y lo hizo porque fue más sagaz e inteligente que este y que Fraga juntos.

En una palabra, aquel hundimiento dio lugar a la presidencia de Suárez, iniciándose el tiempo y el proceso complejo, no lineal, de la Transición, culminado en la aprobación de la Constitución Española en diciembre de 1978, que supuso una ruptura con el régimen franquista, derogando todas sus Leyes Fundamentales. Dejémoslo aquí porque esta es otra historia.

Termino pidiéndoles que dirijan su mirada de nuevo a la fotografía. Descubran al conde consorte de Motrico, José María de Areilza, elegido como ministro de Exteriores por Juan Carlos I para que vendiera en el mundo (léase aquí: Comunidad Económica Europea y al primo de Zumosol, EEUU) la idea de que la monarquía iba a traer la democracia.

Recomiendo a los interesados que lean su Diario de un ministro de la Monarquía (Planeta, septiembre de 1977). Describe desde dentro la naturaleza y los avatares de aquel trayecto.

Para quien no disponga de la ocasión, y a costa de extender este artículo, traigo aquí alguna de sus anotaciones.

9 de diciembre de 1975. Me cita Arias en la Presidencia y me dice que, pese a sus deseos de abandonar, el rey le había pedido que no lo abandonase en estos momentos. Me habló de los planes subversivos de la izquierda, refiriéndose a los proyectos de huelgas y desórdenes planificados por la Junta Democrática y el Partido Comunista para los próximos días, y me dice: “Si no unimos nuestro esfuerzo en estas horas difíciles, la monarquía se puede hundir en pocos meses”.

13 de diciembre. Jura del Gobierno. La izquierda, respetuosamente expectante todavía.

12 de enero de 1976. Las huelgas se desmelenan sobre Madrid. Cientos de hombres y mujeres en paro y servicios públicos afectados: metro, correos, teléfonos... Es un plan metódicamente trazado que oí de labios de uno de los dirigentes izquierdistas. Habría que enfrentar esa estrategia con un plan de división del adversario.

13 de enero. Despacho con el presidente Arias. Habla de represión, de hacer frente, de dureza contra el enemigo.

26 de enero. El cardenal primado Marcelo González, en un aparte (cuando no le oye el cardenal Tarancón), pide que el Gobierno le ayude en el tema económico y me dice: “Son 20.000 curas rurales que malviven con un sueldo de hambre… y son el clero más sano de España frente a los mil curas enloquecidos que andan por ahí predicando la revolución en las ciudades”.

28 de enero. Me viene a ver Gutiérrez Mellado y me dice que se utiliza contra él el argumento de que mantuvo —y mantiene— una actitud racional y moderada en el delicado tema del procesamiento de los oficiales de la UMD. Teme que la condena de los oficiales producirá una notable fisura en la unidad de las Fuerzas Armadas, con imprevisibles consecuencias. Lo menos 500 oficiales se harán republicanos activos ese mismo día.

11 de febrero. Arias Navarro, en la comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional, dice: “Se me acusa de querer simplemente continuar el franquismo con un retoque de fachada, pero sin cambiar nada esencial... pues bien sí, es cierto, yo lo que deseo es continuar el franquismo”. Fraga, colorado de ira. Mal empieza la reforma.

5 de marzo. Los sucesos de Vitoria ocupan el tema del día. Todos pendientes de lo que allí ocurre. El presidente, crispado, echa la culpa a los jueces que ponen en libertad a los detenidos cuando no encuentran motivos de procesamiento... Han acuartelado las tropas y el capitán general pregunta si tiene que declarar el estado de guerra en la ciudad. [Marcho] destrozado por la gripe, pero en realidad por la participación directa en un equipo insólito e insoluble a corto plazo que se llama el primer gobierno de la monarquía.

9 de marzo. Encuentro al monarca con mala cara, se queja del presidente y de los medios de comunicación.

27 de marzo. Me llama Fraga, desbordado: que si he leído el borrador final del acuerdo de la Platajunta que sale el lunes, que es intolerable que después de ofrecerles un campo de juego, con unas reglas fijadas con generosidad, salgan ahora con el Frente Popular. ¡Se acabó la tolerancia, se acabó el autorizar reuniones y congresos!

1 de abril. Reunión preparatoria en Presidencia. Hay signos de evidente tensión. Fraga plantea a diestra y siniestra el problema de Coordinación Democrática, su manifiesto y las detenciones, en términos rotundos, implacables. Cuando yo planteo a Fraga determinadas autorizaciones, se opone a uno de los aspectos y lo hace en tono agresivo y violento, casi amenazador.

3 de abril. Viene Fraga a comer a casa. Venimos al tema de la Coordinación Democrática. Insinúa que el Ejército no se moverá ni intentará nada en tanto que se le garantice orden público, antiterrorismo y exclusión del Partido Comunista y [dice]: necesito sacudir de vez en cuando al partido y meter en la cárcel a sus dirigentes; ayer a Montero, hoy a Camacho. Es un planteamiento realista y brutal. Tengo la impresión de que lo que Fraga ha pactado a su manera es, en realidad, el apoyo militar a su candidatura en el caso probable de que Arias renuncie.

8 de abril. La monarquía está retrocediendo a marchas forzadas hacia el franquismo en sus peores acepciones. Encuentro al rey con el espíritu ausente, preocupado, pero sin darse bien cuenta de la urgencia de la situación.

10 de abril. Reunión informal en Presidencia. Fraga trae dos propuestas... Hace una larga explicación de que no habrá nunca riesgo de que las izquierdas manden en España con esta reforma, es decir, que no hay alternativa real de poder abierta para ellos, debido al gran número de cerrojos que el resto de las leyes fundamentales dejan en pie para evitarlo. Se dirige al teniente general De Santiago para tranquilizarlo. El general no dice nada, es un trance revelador.

Jueves Santo. Visito a Torcuato... El Gobierno navega a la deriva... Carlos Arias no puede seguir... El rey tiene que asumir la responsabilidad del cambio.

23 de abril. El Gobierno está prisionero del búnker y de los servicios de información, y quizá Fraga ha sido involuntariamente el autor de ese basculamiento. ¿Vamos derechos al enfrentamiento y a la revolución? Aquí no hay posibilidad, ni propósitos, ni deseo de dialogar con nadie. El franquismo sin Franco —que era su moderador— se prepara otra vez a gobernar con los peores métodos de su larga y triste historia. ¿Será posible?

25 de abril. Veo a Gil Robles. Tiene la autorización de toda la izquierda responsable para visitar al rey y dialogar con él. Quiere verle pronto, antes del discurso de Arias. En el fondo, toda la oposición, incluido el PC, quiere negociar o pactar; no quiere líos ni violencias. Es un momento increíblemente oportuno para jugar a fondo la carta de la monarquía.

27 de abril. Pérez de Bricio cree que no hay solución con Arias en el poder. Piensa que el rey no se atreve a quitarlo. Me sorprende cuando afirma que hay cintas magnetofónicas en que se registran conversaciones del monarca cuando era príncipe de España.

28 de abril. Me llama el rey para decirme que recibirá a Gil Robles. Está indignado con Carlos Arias porque no le ha comunicado el texto del discurso.

30 de abril. Ningún ministro felicita al presidente por su discurso. El tema de la reunión es aprobar la versión definitiva de reforma constitucional. Fraga es el encargado de la operación. El objetivo sigue siendo el mismo: que nunca salga el poder de manos de la actual derecha.

19 de junio. Almuerzo con Robles y Fraga. Sulzberger ha publicado en The New York Times y en Herald Tribune un artículo que contiene declaraciones de Fraga que, en esencia, confirman que el PC será legalizado en un futuro no muy lejano... No de momento.

1de julio. El rey me dice: “Esto no puede seguir, so pena de perderlo todo. El oficio de rey es a veces incómodo. Yo tenía que tomar una decisión difícil pero la he tomado. La pondré en ejecución de golpe, sorprendiendo a todos. Ya estás advertido y te callas y esperas. Antes de lo que se piensa. No hay más remedio”.

Llamo a De Santiago y le pregunto si va a declarar el estado de guerra. Me dice que no. Hablo con Villar Mir y me contesta que no va a devaluar. Me dice Fraga que no se va al estado de excepción. Luego no hay más que una explicación: la dimisión de Arias.

En el libro de Areilza hay mucho más. En particular, lo que cuenta de sus varias entrevistas con Kissinger, que le transmite que no hagan mucho caso a los europeos aunque les pidan la inmediata legalización de los partidos, porque sus democracias no funcionan; que no tengan prisa; que solo convoquen elecciones cuando tengan asegurado el triunfo del partido gubernamental, etc., etc. Pero esta es otra historia.

En el Ateneo de Madrid se hizo un despliegue a propósito del aniversario de la muerte de Franco y el comienzo del reinado de Juan Carlos I. Allí no empezó ni la democracia ni la Transición. Muchos actos. Pocos debates de verdad. Porque estos requieren versiones distintas y aún contrapuestas, con participantes capaces de dar una visión general coherente, después de mirar al microscopio.

A pesar de la ingente y continuada producción académica y memorialística sobre aquel período trascendental, la cultura política democrática de los españoles necesita enriquecerse con sus enseñanzas. Deseo que el Ateneo, en su afán de ilustrar desde el pluralismo, la ensanche y le dé continuidad. Es una necesidad vital.

_________________

José Sanroma Aldea es abogado y ex secretario general de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT).

Las cosas no pintan bien. O como ustedes prefieran: las cosas pintan mal. Hace medio siglo que este país dejó demasiados deberes sin cumplir. No progresó adecuadamente, como suele decirse —si no estoy equivocado— en el lenguaje de las aulas. A partir de la muerte de Franco íbamos a atar los perros con longanizas. La República estaba a la vuelta de la esquina. Los golpistas que se habían tirado 40 años haciendo de Drácula con la gente de la derrota iban a saber lo que valía el peine de la represión. No en plan venganza, claro que no: la Justicia de la democracia recién estrenada ya se ocuparía de hacer bien su trabajo. Nada de juicios ilegales como los de la dictadura, que condenaron a cárcel y muerte a tantísima inocencia. Se celebrarían juicios con todas las garantías para los jerifaltes del franquismo. La historia sin embustes sería contada en las escuelas, en las casas que habían vivido tantos años con el miedo en las tripas, en las mesas de los bares, porque la conversación pública ocuparía el lugar del monólogo o el silencio impuesto por los vencedores. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso se pensaba. Pero resulta que, antes de que se enfriara el fiambre de la tromboflebitis, llegó la Transición y a la lechera se le hizo añicos el cántaro antes de llegar a la plaza para vender la leche.

Poner en entredicho la Transición estuvo proscrito la tira de años. Era como mentar a la bicha franquista si la criticabas. Ojo con despertar a la bestia. El acuerdo de las élites estaba claro: que no vuelva el desorden, que nadie quiere otra guerra, que la reconciliación no sería posible si cada cual no cedía al otro su parte de razón. Mucha gente nos preguntábamos qué parte de razón les tocaba a los franquistas. A los franquistas les tocaba la razón de la Justicia. Eso creíamos. Y punto. ¿O es que la democracia iba a ser un poco más de lo mismo que lo que hubo antes? Porque si el perro ha muerto, pero sigue la rabia, qué hemos adelantado con la muerte del perro. Y así durante muchos años. Criticar la Transición, su demasiada complacencia con los verdugos y una incomprensible vocación imperativa de olvidar a las víctimas, se convirtió casi en un delito. Así que nos dedicamos a exportar nuestro modelo de Transición a medio mundo. Éramos la hostia, el no va más de los ejemplos transicionales de las dictaduras a las democracias. De repente, todos íbamos a ser amigos de todos, a olvidar viejas rencillas de hermanos agrietados por una herencia maldita, a celebrar la gran fiesta de la reconciliación —como en aquella aventura de Corto Maltés— en los pedruscos mágicos de Stonehenge. Muchos años después leí lo que escribió Avishai Margalit en Ética del recuerdo: antes de la palabra reconciliación hay que colocar la palabra verdad. Y aquí hicimos lo contrario. Todos amigos de todos, aunque el nexo de unión siguieran siendo las mentiras del franquismo.

Las raíces de la Transición fueron saliendo a la superficie y levantando espacios de sombra que impidieron cada vez más dar algo de luz a la historia. Las leyes de memoria —o mejor: de olvido— llegaron muy pronto: la de la Reforma Política, la de Amnistía, la Constitución… El 23F sellaría el triunfo del miedo a la democracia de verdad. Luego llegaría Felipe González para que la chaqueta de pana se convirtiera en traje principesco, como en los cuentos de hadas, y después Aznar le haría la ola al franquismo ya sin complejos de ninguna clase. Ni verdad, ni justicia, ni reparación, como algunos exigíamos y seguimos exigiendo desde que empezamos a pensar que los tiempos podrían ser otros y tan distintos. Y ahora resulta que esos tiempos vuelven a ser los de cuando el perro no se había muerto y se pasaba el rato torturando a quienes defendían la libertad por las calles de un país sombrío hasta las cachas.

La famosa reconciliación que propugnaban los consensos de la Transición está hecha unos zorros. Que se lo pregunten a Aznar, a Feijóo, a Abascal, a Díaz Ayuso, a los militares fascistas a los que les gustaría fusilar "a 26 millones de hijos de puta", a los "imparciales" miembros del Tribunal Supremo. O a ese juez, carne de patología clínica obsesiva, Juan Carlos Peinado... Sí, que se lo pregunten a ese franquismo togado que está dinamitando la confianza en las instituciones y, en una despiadada connivencia con el PP y Vox, la misma democracia. No olvido, faltaría más, a esa gentuza que, desde su criminal manera de entender la política, orilla el bien común en beneficio de sus bolsillos.

La Justicia se está convirtiendo en un pozo ciego lleno de mierda. Muchos miembros de la judicatura aplican las leyes desde una parcialidad que da miedo. Sus instrucciones y sentencias se parecen cada vez más a lo que fueron los juicios ilegales de la dictadura. Hay muchos jueces y juezas que destrozan las garantías de defensa, que filtran detalles de la instrucción para que sus medios afines sentencien antes de tiempo lo que ni siquiera sabemos si es delito, que convierten un oficio noble, como lo es el de la tercera pata de un Estado de derecho, en un estercolero.

No sé qué esperamos para salir a las calles exigiendo que las togas no sean las que gobiernen un país demasiado anclado en los miedos del pasado. Que los jueces no se critiquen entre ellos es una cosa: ya se sabe que existe eso que se suele llamar cultura de la tribu. Además, también sabemos que no todos los jueces son lo mismo y que, dentro de sus posibilidades, algunos aportan una miaja de luz entre tanta oscuridad. Eso es cierto, pero que permanezcamos impasibles ante la impunidad de quienes se aprovechan de su poder casi intocable para convertir la Justicia en el cervantino patio de Monipodio es otra cosa bien distinta.

Las cosas no pintan bien. O, si ustedes lo prefieren: pintan mal. Pero precisamente por eso hemos de plantarle cara al infortunio. No vale quejarnos y dejar que ese infortunio siga como si nada. Podemos ganarle la batalla a esa tropa que desde la política, la judicatura y los medios instalados sin tregua en la mentira no va a parar de boicotear como sea los avances democráticos. El 23 de julio de 2023 le salió a esa Brunete acorazada el tiro por la culata. Y eso lo vamos a repetir sean cuando sean las próximas elecciones. Digo sean cuando sean. Pero antes y hasta entonces seguiremos dando caña al fascismo de las togas. Y al otro. Yo propongo que en las calles. Aunque cada cual puede plantarle cara —desde donde y cuando le sea posible— a ese franquismo que, con toga o sin toga, se ha puesto como nunca a cumplir los deberes puestos por el jefe Aznar: el que pueda hacer, que haga. Pues yo me apunto a esa sugerencia desde mi humilde trinchera en esta columna de infoLibre: quienes podamos hacer algo para pararles los pies a los fascistas, que lo hagamos. Ahí nos vemos, pues, ¿vale? Ahí nos vemos.

______________

Alfons Cervera es escritor. Su último libro, recién publicado, es 'Singapur', editado por Piel de Zapa.

“Eres más pobre que un maestro de escuela”. Este refrán, aún popular entre quienes peinan más de una cana, describió durante buena parte del siglo XX español la precaria situación laboral y económica de los profesionales de la educación. El descontento del profesorado público, maltratado especialmente durante el franquismo, cristalizó en los últimos estertores del régimen dictatorial en una movilización sin precedentes. Entre enero y febrero de 1973, dos años antes de la muerte de Francisco Franco, los maestros convocaron una histórica huelga cuyo eco aún pervive en las protestas actuales, como las vividas en Valencia en el último mes.

En 1973, el rápido crecimiento de la economía española tocó techo. Si bien el PIB alcanzó su máximo hasta la fecha fruto de la política desarrollista aplicada desde los 60, la realidad en las calles y, más aún, en las aulas, no era precisamente próspera. Un cóctel de precariedad laboral, represión política y abandono institucional mantenía al profesorado público en una situación mísera.

Desde la guerra civil, el régimen franquista había despreciado la educación pública en favor de la escuela privada, donde las órdenes religiosas tenían carta blanca. Tras la cruenta depuración de los maestros en los años 40 y 50, el régimen se esmeró en controlar al gremio: todos los profesionales de la enseñanza pública estaban obligados a pertenecer a las estructuras del sindicato vertical franquista. Lejos de defender sus intereses como trabajadores, sindicatos como el SEM (Sindicato Español del Magisterio) servían como herramienta de control ideológico del aparato franquista.

Mientras el cepo político ahogaba la libertad de los maestros, su salario hundía sus condiciones materiales. Historiadores como Francisco Morente Valero señalan que a principios de los años 70 aún seguía viva la "vieja imagen del maestro que sólo con enormes apuros llega a final de mes". Para 1973, un maestro cobraba un salario de 2.400 pesetas al mes, una cifra irrisoria en comparación con sus colegas de Bachillerato, que percibían 12.000 pesetas mensuales, y con los catedráticos universitarios, que alcanzaban las 16.500 pesetas mensuales. Una brecha insalvable que figuraba entre las principales reivindicaciones del gremio.

Esa precariedad salarial se sumaba a la falta de inversión del Estado en las escuelas, cuya deficiencia era notoria en los centros escolares: aulas abarrotadas, material escaso y desfasado, mínima construcción de nuevos centros… El abandono institucional en favor de la educación religiosa privada condujo a unos niveles de alfabetización ínfimos en comparación con los países del entorno.

Con estos ingredientes, la receta del descontento estaba servida. El aderezo final lo puso la Ley General de Educación (LGE) de 1970, que fijó la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 14 años: la célebre Educación General Básica o EGB. La norma, cuyo objetivo era adaptar la educación franquista a las demandas del desarrollismo económico y el capitalismo internacional, logró aumentar rápidamente las plazas escolares. No obstante, este aumento vino de la mano de ratios muy elevados en las aulas y de la contratación masiva de profesorado interino, cuyas condiciones y derechos eran muy inferiores a las de los funcionarios. Además, la nueva ley fijaba un coeficiente para el complemento salarial de los maestros que no se llegó a aplicar en su totalidad.

Así las cosas, en enero de 1973 el Ministerio de Educación publicó las nuevas retribuciones complementarias del profesorado. La subida contemplada en la ley no se aplicaba. Y se encendió la mecha. Los maestros, hartos de agravios, se organizaron en asambleas y coordinadoras a nivel local y provincial al margen de la estructura sindical del régimen. El llamado “movimiento de enseñantes” llamó a la huelga, que comenzó oficialmente el 25 de enero de 1973.

Si bien no hay cifras exactas del seguimiento, expertos como Aida Terrón Bañuelos calculan que más de 100.000 maestros secundaron el paro. La coordinación y disciplina del movimiento asambleario puso en jaque al régimen: la huelga paralizó la educación en prácticamente todas las provincias españolas. Nunca se había visto una movilización de esta magnitud entre los profesores.

Desbordado, el SEM trató de canalizar las protestas a través de la estructura sindical franquista e incluso dinamitarlas desde dentro, pero la magnitud del movimiento huelguístico desarboló su reacción. Su inutilidad era el reflejo de cómo las anquilosadas estructuras franquistas se resquebrajaban ante las crecientes demandas populares de derechos políticos y laborales de los trabajadores.

Tras cinco días de movilizaciones, el Gobierno franquista se vio obligado a ceder: el 30 de enero, el Ministerio de Educación anunció una subida de sueldos inmediata. Poco después, el salario de los maestros ascendió a 18.020 pesetas mensuales, un incremento de casi el 50% con respecto a su situación anterior. Las autoridades del SEM presionaron a los huelguistas para volver al trabajo, bajo amenazas de sanción. Así, la huelga fue perdiendo fuerza gradualmente hasta que quedó desactivada el 6 de febrero.

Esta lucha fue una chispa dentro del polvorín del sector. Al calor de esta huelga, el profesorado de la enseñanza secundaria y de las universidades también se movilizó. Los profesores interinos (conocidos como “no numerarios” o “penenes”, por sus siglas, PNN) reclamaron también sus correspondientes mejoras salariales. En los meses posteriores, otras dos huelgas más sacudieron al sistema educativo franquista. Las ansias de libertad y de derechos laborales eran ya imparables.

La huelga de Magisterio de 1973 ayudó a los maestros a tomar conciencia de su capacidad de presión y de la necesidad de organizarse al margen de las estructuras oficiales como el SEM. Su modelo asambleario sentó las bases de las futuras movilizaciones, que se radicalizaron en sus reivindicaciones políticas, más allá de lo económico. De esta semilla nacieron los sindicatos de clase que protagonizaron durante la Transición huelgas masivas como la de abril y mayo de 1978. Un hito en la lucha democrática que le ganó el pulso al franquismo desde las aulas.

Parece que Trump y muchos más pusieron de moda el neofascismo, que es lo mismo que el viejo fascismo, pero sin llamar a las cosas por su nombre. Sin embargo, quien está feliz con ello no debe ocultar sus objetivos. Por eso, como yo viví el fascismo desde niño, luego como adolescente y hasta que cumplí 34 años, puedo presumir de haberlo visto muy bien en casa y en la calle. Mi padre era falangista y me ilustró sobre lo que suponía aquello, aunque a mí no me llamaba mucho la atención. Pero explico lo que vi.

De niño recuerdo una cartilla de racionamiento que, al parecer, estaba presente en muchas casas, porque la victoria sobre el comunismo no trajo grandes beneficios en aquella guerra entre hermanos. Curiosamente, en el matrimonio de mis padres no existía ese mismo acuerdo: mi madre mantenía una actitud amable con todo el mundo, incluso con quienes eran considerados rojos, como pude comprobar en mi propia casa. Yo vivía entre mi abuela y mi madre, que me cuidaron y me mimaron durante la infancia, aunque con las carencias que ya he mencionado. En la adolescencia ocurrió algo parecido, pero yo me sentía más próximo a mi madre que a mi padre, cuyas ideas me resultaban difíciles de aceptar. No hablar a la señora que venía a ayudar en casa porque su marido estaba en la cárcel por rojo no me sonaba bien, cuando mi madre y ella se trataban como hermanas. Para mí era una excelente persona, de la cual hoy guardo un mal recuerdo porque mi padre no permitía que comiera con nosotros y tenía que hacerlo sola en la cocina. Quizá aquello me provocó lo que hoy es mi pensamiento social.

Ya de mayor me enteré de que hubo dos millones de españoles que habían huido de España porque no eran queridos por el franquismo. Siempre recuerdo, ya trabajando en la aviación, a varios españoles limpiando las letrinas de los WC del hangar de LH en Frankfurt. Recuerdo también españoles en Toulouse, donde acudí al curso de aviación, que me contaban sus penas por vivir fuera del país que creían de ellos. Recuerdo siempre que España no era nada en deporte ni en logros de cualquier tipo, pues ser campeón en algo que no fuera fútbol era difícil de alcanzar por la dificultad del sacrificio con una alimentación no muy cuidada. Además de los fusilamientos sin juicio y los asesinados sin saber hoy en dónde están. Hablo de la posguerra únicamente.

Ahora, cuando Pedro Sánchez ha querido poner este país al nivel de lo que es desde siempre, una nación con catalanes, vascos, rojos, homosexuales y demás personas rechazadas por el fascismo, este se le ha echado en tromba para recuperar aquello que la mayoría detestábamos. Incluso miembros “socialistas” que solo eran contratados para disimular. Lo hemos comprobado ahora. Estas cositas sin importancia, parece ser, las deben conocer muchos jóvenes a los que se les ha ocultado la historia franquista.

___________________

César Moya Villasante es socio de infoLibre.

La Administración General del Estado (AGE) ha indemnizado a 113.095 familiares de fallecidos o desaparecidos durante la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Este reconocimiento ha supuesto  4.059.067.415 euros, según los datos acumulados desde la Transición hasta diciembre de 2024. 

Esta cifra figura en uno de los tres informes elaborados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a los que ha tenido acceso infoLibre, y que forman parte de las comisiones de estudio y técnicas previstas por la Ley 20/2022, de Memoria Democrática. Estos escritos no sirven para crear derechos o leyes, sino que tienen el objetivo de estudiar, evaluar y recomendar sobre temas como las víctimas del franquismo o el papel del pueblo gitano en la sociedad española.

El informe sobre indemnizaciones recoge también que entre los beneficiarios se encuentran 3.055 de los denominados niños y niñas de la guerra, 59.271 civiles mutilados y 116 presos y presas por su condición de homosexual. En total, incluyendo los familiares anteriormente mencionados, 611.828 personas han recibido indemnizaciones por parte de la AGE, para las que se han aportado 22.160.848.148 euros.

“No obstante, este importe agregado no refleja la totalidad del esfuerzo reparador efectivamente realizado, al no disponerse de datos plenamente actualizados y consolidados para determinados colectivos, en particular el de las personas funcionarias civiles”, añaden desde el ministerio, que estiman que la AGE habría repartido más de 25.000 millones de euros.

En el caso de las comunidades autónomas, se ha indemnizado a un total de 26.231 personas con un reparto de 69.722.446 euros. Sin embargo, los datos son parciales, ya que los territorios gobernados por el PP, salvo Andalucía, no han compartido su información con el ministerio. En Galicia “no se ha facilitado ni ha sido posible recopilar información” y en el caso de Extremadura “se redactó un borrador de decreto en 2021, pero no ha habido avances administrativos desde entonces”.

En el resto de comunidades donde gobierna el PP (Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Comunidad Valenciana) la conclusión en todas es la misma: “se desconoce el alcance cuantitativo por no haber sido facilitado por la comunidad autónoma”. Del País Vasco, tampoco se tiene información, pero, según describe el informe, se debe a que “la comunidad autónoma ha explicado que se encuentra consolidando esta información”. 

Entre las comunidades que sí han facilitado datos, Cataluña se encuentra en el primer puesto con 22.512 personas beneficiarias reconocidas y 52.700.950 euros repartidos. Le siguen Andalucía, con 2.522 personas y 9.487.378 euros; Asturias, con 983 personas y 3.455.879,78 euros; Castilla-La Mancha, que no tiene datos de personas, pero si la cantidad de 3.258.600 euros; Navarra (153 personas y 495.032,90 euros); y las Islas Canarias (61 personas y 324.605,4 euros).

“A pesar de este extenso desarrollo normativo y reparador, el análisis realizado por esta comisión permite identificar ámbitos donde persisten vacíos de información, o la ausencia de mecanismos específicos de reparación”, concluyen en el informe.

Otro de los avances que se ha conseguido con la publicación de estos informes es el reconocimiento oficial de 63 víctimas mortales por excesos policiales o violencia de extrema derecha durante la Transición, concretamente entre el 29 de diciembre de 1978, momento en el que entró en vigor de la Constitución española, y el 31 de diciembre de 1983.

Entre las 30 personas muertas a manos de agentes de la autoridad se encuentran Vicente Vadillo Santamaría, transexual de 32 años que fue disparado en la cara por un policía nacional de paisano en el interior de una discoteca. O Julio Martínez Navarro, de 29 años, que recibió un disparo de un guardia civil que le paró en la carretera con la justificación de que había hecho un “movimiento extraño”.

El informe describe que, en el contexto de la Transición, “algunos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado intervinieron de diversas formas y relación con éste (desde el Estado, desde ámbitos del Estado en los aledaños del Estado) llevando a cabo graves violaciones de derechos humanos. Aproximadamente una cuarta parte de las víctimas mortales de este periodo se produjeron por la actuación represiva del Estado al excederse esos empleados públicos en el uso de la violencia de que disponía como tales”.

“La fórmula legal de ese cambio supuso la ruptura con la dictadura franquista, pero no conllevó la conveniente adecuación de los cuerpos policiales o de otros como la judicatura a la nueva situación política democrática”, describen.

A estas víctimas se suman otras 33 a manos de grupos de extrema derecha, que tuvieron como autores a “elementos terroristas o incontrolados que contaban con su aquiescencia e impunidad”. Casos como el de José Ramón Ansa Echeverría, joven de 17 años que fue secuestrado mientras regresaba a su casa de madrugada y posteriormente asesinado, o el de Salomé Alonso Varela, que con 28 años fue asesinada por una bomba que se encontraba dentro de un contenedor cercano a su coche, están incluidos en esta lista.

El ministerio, “propone el reconocimiento institucional, moral y simbólico de las personas que perdieron la vida en el periodo de 1978-1983 como consecuencia de violaciones de derechos humanos en el contexto de violencia política analizado” y “se recomienda la creación de un canal institucional permanente, accesible, seguro y transparente, que permita a familiares, personas allegadas y organizaciones de derechos humanos presentar solicitudes documentadas para la revisión y eventual incorporación de nuevos casos al listado de víctimas reconocidas”.

El último de los tres informes pone su foco en el pueblo gitano, con el objetivo “de resaltar sus contribuciones, visibilizar las trayectorias de resistencias, supervivencia y compromiso cívico del pueblo gitano y situarlas en el lugar que les corresponde dentro de la Memoria Democrática colectiva”. Tras describir la persecución que ha sufrido este pueblo desde la época de los Reyes Católicos hasta el franquismo, que describe como “una de las etapas más duras de represión cultural”, concluye que con la llegada de la democracia se han conseguido avances, pero con todavía mucho camino por recorrer.

Según los últimos datos recogidos por la Estrategia Nacional 2021-2030 y de otros estudios, el 85,9% de la población gitana está en riesgo de pobreza, el 76,8% en carencia material y el 36,2% tiene baja intensidad laboral. En conjunto, el 92% cumple al menos una de estas dimensiones, frente al 29,3% de la población general.

Esto, sumado a la exclusión social que aún hoy padecen, ha llevado a la Comisión de trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España –que ha realizado este tercer informe– a proponer una serie de medidas que pueden ayudar con su integración. “Las administraciones públicas deberán promover mecanismos eficaces de prevención detección y actuación frente al antigitanismo institucional, aplicables a los ámbitos educativo, policial, judicial, sanitario, social y administrativo”, comienza.

En cuanto a la educación, se insta a incorporar “contenidos específicos sobre prevención del antigitanismo, enfoque intercultural y conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano”. En el ámbito cultural se pide la eliminación de la acepción “trapacero” asociada a la definición de “gitano” en el Diccionario de la Lengua Española, “por su carácter profundamente estigmatizante y por los efectos de violencia simbólica que genera, especialmente en el ámbito educativo”.

También se pide la apertura del debate en cuanto a la “revisión del espacio público y de las denominaciones institucionales”, centrándose en “la eliminación de denominaciones como ‘Marqués de la Ensenada’ [el organizador de la Gran Redada de 1749, que tuvo el objetivo de arrestar a todos los gitanos y separar a hombres y mujeres para conseguir la extinción de la etnia] en sedes institucionales, garantizando que la memoria compartida refleje valores democráticos de respeto, convivencia y justicia histórica”.

Sin embargo, una de las medidas más destacables es el planteamiento de realizar un “reconocimiento formal del pueblo gitano como minoría étnica históricamente asentada en España” con el objetivo de “corregir la invisibilidad histórica que ha condicionado el ejercicio de sus derechos y el acceso efectivo a los recursos del Estado”.

La Real Casa de Correos, en plena Puerta del Sol, seguirá de momento sin ser reconocida oficialmente como Lugar de Memoria Democrática. La Audiencia Nacional ha suspendido cautelarmente el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, aprobado el 20 de octubre de 2025, que declaraba como tal la antigua Dirección General de Seguridad franquista, uno de los principales espacios de represión política durante la dictadura y edificio que hoy ocupa la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Esta decisión no significa que el tribunal haya anulado definitivamente el acuerdo, sino que paraliza sus efectos mientras se resuelve el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz que solicitó suspender el acuerdo con el argumento de que puede provocar un perjuicio a la imagen institucional de la sede del Ejecutivo autonómico.

La Audiencia Nacional ha decidido suspender, de momento, el acuerdo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que declaraba Lugar de Memoria Democrática la antigua Dirección General de Seguridad franquista, ubicada en la actual sede de la Comunidad de Madrid.

Pero esta medida es cautelar, es decir, una decisión provisional mientras se estudia el fondo del recurso. La Sala de lo Contencioso-Administrativo todavía no entra a resolver si la declaración es legal o no: lo que hace es frenar sus efectos hasta que exista una resolución definitiva.

Significa que el Estado reconocía ese espacio como un lugar vinculado a hechos relevantes de la memoria democrática. En este caso, por su relación con la represión franquista.

En cualquier caso, la declaración no obliga a cambiar el uso actual del edificio, por lo que la Comunidad de Madrid podría seguir teniendo allí su sede. Lo que sí preveía el acuerdo eran medidas de explicación y señalización, como placas, paneles, distintivos memoriales, recursos audiovisuales, geolocalización, investigaciones sobre la Dirección General de Seguridad (DGS) y un censo de personas represaliadas detenidas en sus dependencias.

El Gobierno de Ayuso recurrió porque sostenía que la declaración podía afectar a la imagen institucional de su sede. Es decir, el Ejecutivo autonómico no puso el foco en el reconocimiento histórico de lo ocurrido en la antigua DGS, sino que lo puso en el posible impacto que esa señalización podía tener sobre el edificio que hoy ocupa la Presidencia regional.

La Sala recoge este argumento y recuerda que la legislación autonómica obliga a los poderes públicos madrileños a proteger y preservar la imagen institucional, el significado y el uso actual de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. A partir de ahí, el tribunal considera que la ejecución del acuerdo podría incidir negativamente en esa imagen, aunque no da por probado que ese daño se haya producido ni que vaya a producirse con seguridad.

No exactamente. La Sala reconoce que no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede vaya a sufrir un daño irreversible. Pero también sostiene que no puede descartarse que esa incidencia negativa exista.

Esta es una de las claves del auto, ya que la Audiencia Nacional no afirma que el daño ya se haya producido, sino que considera suficiente la posibilidad de que pueda producirse para suspender cautelarmente el acuerdo.

La Audiencia Nacional habla de dos intereses enfrentados. Por un lado, está el de la Comunidad de Madrid en proteger la imagen y el uso actual de su sede institucional. Por otro, el interés del Estado en desarrollar políticas de memoria democrática.

La Sala considera que, en esta fase provisional, tiene más peso el interés de la Comunidad de Madrid porque la ejecución del acuerdo podría causar un perjuicio “irreversible, o intenso”. Pero también entiende que retrasar la declaración no provoca un daño grave al interés general ni impide que el asunto se resuelva más adelante.

No. El auto cuenta con el voto particular del magistrado Luis Helmuth Moya Meyer, que discrepa de la decisión de suspender la declaración.

El magistrado sostiene que no se explica de forma suficiente por qué recordar la historia represiva del edificio puede dañar la imagen de la Comunidad de Madrid. Recuerda, además, que los hechos que motivan la declaración ocurrieron cuando la institución autonómica no existía “ni se podía siquiera imaginar” que llegara a existir.

A su juicio, tendría que concretarse qué daño real puede producirse y cómo afectaría al ejercicio de las competencias de la Comunidad de Madrid. Para el magistrado, recordar hechos negativos de la historia de España no supone desmerecer otros valores del edificio ni hacer un juicio negativo sobre el actual Gobierno autonómico.

El voto particular sostiene que la Sala no ha valorado suficientemente el daño que puede provocar la suspensión de las políticas de memoria democrática.

El magistrado recuerda que estas medidas están vinculadas a la reparación de las víctimas de la dictadura y a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Según su criterio, retrasar la declaración sí perjudica la finalidad del acuerdo y puede transmitir a las víctimas “sensaciones de desazón e incredulidad”.

Por ahora, la declaración queda suspendida mientras continúa el procedimiento judicial. Más adelante, la Audiencia Nacional tendrá que resolver el fondo del asunto, es decir, si el acuerdo de Memoria Democrática debe mantenerse o no.

Hasta entonces, la antigua DGS franquista no desplegará los efectos previstos como Lugar de Memoria Democrática. En la práctica, esto supone que el edificio seguirá funcionando únicamente como sede institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin que se active por ahora la señalización pública de su pasado como espacio de represión durante la dictadura.

El debate, sin embargo, sigue abierto: por un lado, está el reconocimiento y la reparación de las víctimas del franquismo; por otro, la decisión del Gobierno madrileño de priorizar la protección de la imagen institucional de la actual sede de la Presidencia autonómica. La resolución definitiva tendrá que aclarar si ese argumento pesa más que la obligación de identificar y explicar públicamente un lugar clave de la represión franquista.

La guerra civil española no se dio solo dentro de nuestras fronteras. Muchos más sufrieron las consecuencias. Los españoles que estaban fuera tuvieron que ver como sus familias pasaban por una guerra que perdió la mayoría de la población. Pero, de los alejados de su tierra, solo unos pocos vivieron la fractura en carne propia: el cuerpo diplomático español. Las embajadas y consulados tuvieron que luchar por la legitimidad internacional de la República, mientras que Franco avanzaba en la península. Ahora, el historiador y columnista de infoLibre Ángel Viñas reconstruye las trayectorias de aquellos diplomáticos que permanecieron leales al Gobierno constitucional, en su nuevo libro Al servicio de la democracia: Los diplomáticos de la República y la factura de la lealtad, que salió a la venta este martes 29.

infoLibre ofrece un fragmento del octavo episodio del libro, que salió a la venta este martes 29, a través de la Editorial Crítica. El autor del mismo es el también historiador y experto en la guerra civil Enrique Moradiellos.

_______________________________

En vísperas de la guerra civil española, las representaciones diplomáticas y consulares de España en Gran Bretaña eran de las más importantes de todas las mantenidas en Europa y en el extranjero (un conjunto de 42 diplomáticas y 152 consulares). Las razones para ello eran evidentes y obedecían a dos factores correlativos e incontestables. Por un lado, un factor de política internacional: durante los años treinta del siglo xx, al igual que desde hacía más de un siglo, el Reino Unido era una gran potencia económica y militar, constituía la metrópoli de un vasto imperio colonial expandido por los cinco continentes y gozaba de una relativa estabilidad social y política en medio de un mundo todavía convulsionado por la Gran Depresión de 1929. Por otro lado, un factor de política interna española: en 1935, un año antes del inicio de la contienda, en términos económicos Gran Bretaña seguía siendo, como casi siempre desde mediados del siglo xix, el primer país importador de productos españoles, uno de los principales proveedores del mercado hispano y la nación con mayores inversiones directas en España.

Además, en el ámbito geoestratégico, era un país fronterizo en virtud del dominio británico del peñón de Gibraltar, base naval principal en la ruta mediterránea desde la metrópoli al canal de Suez y la India y el Extremo Oriente. Y, por último, el Reino Unido era también, junto con Francia, uno de los principales referentes diplomáticos de España desde los lejanos tiempos de la Cuádruple Alianza de 1834 y de los más cercanos de los Acuerdos de Cartagena de 1907. En definitiva, la plaza de Londres, a muy poca distancia de la de París, era uno de los principales centros neurálgicos de la diplomacia española contemporánea y así se demostraría durante toda la guerra civil.

En gran medida por ese carácter central y decisivo, los avatares de la representación española en Gran Bretaña tras la sublevación militar de julio de 1936 fueron un nítido reflejo de lo sucedido en el conjunto del Cuerpo Diplomático y Consular encargado de la representación de los intereses españoles en el exterior. Ante todo, como resultado del estallido de la guerra civil, esa representación sufrió una profunda e irreversible fractura, al igual que todos los órdenes de la administración estatal española y tal y como sucedió en casi todas las embajadas y consulados del exterior. Además, lo sucedido en el Reino Unido no se diferenció básicamente de la tendencia general dominante en esos círculos, puesto que, si bien el bando insurgente ganó la batalla en cuanto a las adhesiones mayoritarias del personal de plantilla, fue sin embargo el bando republicano el que mantuvo la titularidad jurídica de las representaciones, procediendo a sustituir las vacantes causadas por los desafectos con nuevos nombramientos de emergencia. Como recordaría el periodista socialista Julio Álvarez del Vayo, convertido en septiembre de 1936 en ministro de Estado del nuevo gobierno republicano, para entonces «el 90 % del Cuerpo Diplomático había desertado». No era una exageración impostada, como demuestran los estudios básicamente concurrentes de José Luis Pérez Ruiz y Ángel Viñas.

Entre el 18 de julio y el 27 de agosto de 1936, casi todos los diplomáticos de la embajada española en Londres (incluyendo al propio embajador, Julio López Oliván, recién incorporado hacía pocos meses) presentaron la dimisión de sus cargos y, la gran mayoría, pasaron a actuar abiertamente a favor de las autoridades insurgentes. La representación de estas en Gran Bretaña estaba en manos de una Junta Nacionalista dirigida por dos notables exponentes del monarquismo alfonsino: el ingeniero aeronáutico Juan de la Cierva y Codorníu, hijo mayor del político conservador homónimo, y Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, el duque de Alba, muy apreciado en los círculos oficiales y conservadores británicos por su supuesta doble condición de duque de Berwick y par de Inglaterra. Ambos habían participado de manera activa en la trama civil de la conjura antirrepublicana puesta en marcha por el general Mola desde la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936.

Desde el inicio de la sublevación militar, esa Junta Nacionalista estuvo en contacto directo y confidencial con el embajador, Julio López Oliván, y con sus principales colaboradores: Pedro García-Conde Menéndez, consejero; Fernando Valdés Ybargüen, primer secretario; José Fernández-Villaverde y Roca de Togores, segundo secretario; capitán Manuel Medina Morris, agregado naval; comandante Emilio Velo, adjunto al agregado naval; y Antonio Vidal Tolosana, adjunto al agregado comercial. También establecieron contacto con los representantes insurgentes en Gran Bretaña cuatro de los seis cónsules acreditados en el país: José Gimeno Aznar (Cardiff), Eduardo María Danís Maranges (Glasgow), Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena (Liverpool) y Álvaro Seminario Martínez (Newcastle). Por el contrario, el cónsul general en Londres, Vicente Álvarez-Buylla y Lozana, así como el agregado comercial, Daniel Fernández-Shaw Iturralde, y el cónsul en Southampton, Roger de Fuentes Bustillo y Cueto, se mantuvieron en sus respectivos cargos con plena lealtad al gobierno republicano. También permaneció en el consulado de Liverpool Tomás Bordallo Cañizal, pero jugando «a dos bandas» hasta su cese en julio de 1937.3 El expediente informativo y depurador incoado por las autoridades franquistas con posterioridad reconocería la importancia de las gestiones hostiles de López Oliván y sus ayudantes haciendo constar «la poca actividad, si así puede llamarse, de la embajada en ese período comprendido entre el 18 de julio y el 28 de agosto, que contrasta con la desplegada con posterioridad».

Así pues, en Gran Bretaña, como en tantas otras partes, la defección de la mayoría del personal diplomático y consular acreditado supuso un duro revés para el gobierno republicano y un abierto triunfo para las autoridades insurgentes. No en vano, ese fracaso republicano reduplicaba otras penalidades aún más importantes puesto que, desde el inicio de la guerra, la suerte de las armas en el interior y la búsqueda de apoyos en el exterior se habían decantado decisivamente a favor de los militares insurgentes y en contra de las autoridades republicanas.

En vista de la debilidad gubernamental francesa y de la apenas encubierta simpatía británica por los insurrectos, tanto Hitler como Mussolini habían accedido a prestar un apoyo militar que podría reportarles indudables ventajas político‑estratégicas en el área mediterránea occidental a bajo riesgo y pequeño coste. En esas circunstancias, la adhesión a fines de agosto de 1936 de todos los gobiernos europeos al Acuerdo de No Intervención en España, patrocinado tenazmente por Francia y Gran Bretaña, sentenció la derrota diplomática de la República por un doble motivo. Primeramente, porque supuso su equiparación de facto a los insurgentes en términos operativos y en una cuestión crucial (la posibilidad de adquirir armas y municiones en los mercados continentales, facultad hasta entonces reservada al gobierno legal reconocido internacionalmente). En segundo orden, porque, desde el principio, la forma de aplicación de dicho acuerdo acentuó esa derrota jurídica dando origen a un sistema asimétrico de ayudas e inhibiciones: mientras los restantes gobiernos europeos cumplían estrictamente el compromiso de embargo e impedían el abastecimiento de la República en sus fuentes de suministros bélicos tradicionales (sobre todo los mercados francés y británico), Alemania e Italia (y en menor medida Portugal) continuaron sus envíos encubiertos de armamento para Franco a pesar de las prescripciones del acuerdo.

Precisamente la magnitud de ese descalabro diplomático sufrido, junto con la conciencia de la importancia de Gran Bretaña en el contexto internacional, motivaron a finales de agosto de 1936 una decisión crucial del gobierno de la República: el 29 de agosto solicitó formalmente el plácet de las autoridades británicas para un nuevo titular de su embajada en Londres: Pablo de Azcárate y Flórez (Madrid, 1890 – Ginebra, 1971).

La aceptación por parte de Azcárate de su nombramiento supuso una gran sorpresa en los círculos diplomáticos continentales porque el recién designado embajador era uno de los más notables funcionarios internacionales españoles en Ginebra y ejercía desde 1934 el influyente cargo de secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones (segundo puesto ejecutivo de importancia en el organismo internacional, al que hubo de renunciar de inmediato). Sin embargo, la decisión de los gobernantes españoles respondía a una indudable coherencia política y diplomática: el nuevo y reputado representante de la República en Gran Bretaña iba a ser un genuino exponente de la tradición liberal krausista que había servido a los ideales políticos del republicanismo democrático. Así lo acreditaban los antecedentes familiares del embajador (sobrino de Gumersindo de Azcárate), su formación académica (discípulo de Francisco Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza), su categoría intelectual (catedrático de Derecho Administrativo desde los veintitrés años) y su doble y dilatada experiencia política (diputado por el Partido Reformista en 1918) y administrativa (funcionario de la Sociedad de Naciones desde 1922).

Por supuesto, la decisión del gobierno republicano al nombrar a Pablo de Azcárate como nuevo embajador en Londres, tomada en una coyuntura realmente crítica y dramática, estaba basada en un certero cálculo político y diplomático: la esperanza de que su reconocido prestigio y talante liberal podrían contribuir a paliar el efecto dañino de las deserciones y dimisiones producidas, a la par que reforzaría la imagen democrática de la España republicana y evitaría el supuesto deseo oficial británico de negar el plácet a un nuevo embajador (para reducir así la representación republicana en el país y amortiguar la ausencia de representación formal insurgente). El 31 de agosto de 1936, López Oliván prestó su último servicio encubierto a los insurgentes advirtiendo al Foreign Office que su sucesor en el cargo era «una personalidad destacada y sincera con bastante tendencia hacia el comunismo teorético». Pocos días después, para ayudar a Azcárate en su labor, fueron nombrados los restantes cargos diplomáticos vacantes: Antonio de la Cruz Marín (ministro‑consejero), el comandante Fernando Navarro Capdevila (agregado naval) y el escritor Antonio Ramos Oliveira (agregado de prensa y propaganda). De este modo, tras la llegada del embajador y su nuevo equipo a mediados de septiembre de 1936, la República comenzó a desarrollar una intensa actividad política y diplomática en Gran Bretaña, de la que había carecido en las transcendentales semanas previas.

En sus memorias publicadas póstumamente en 1976, Azcárate describió con precisión los dos objetivos prioritarios de su misión diplomática en Gran Bretaña durante toda la guerra civil: «ganar para la república el mayor apoyo y comprensión posible entre las clases conservadoras inglesas que eran las que en aquel momento gobernaban el país»; y a la par, «extender todo lo posible, dentro del mundo político y social de Inglaterra, y particularmente de Londres, la simpatía y el apoyo moral hacia la causa de la república». Para alcanzar ambos fines, la actuación política y diplomática del embajador se concentró en «dos puntos fundamentales» que recapitularía casi al final del conflicto con las siguientes palabras:

a) Hacer patente la realidad y extensión de la intervención italiana y alemana en favor de los rebeldes; mostrar que lo que está ocurriendo en España es resultado del designio de esas dos potencias de dominar políticamente a España; subrayar los inmensos peligros que esto representa para Inglaterra en el caso de un triunfo de los rebeldes.

b) Destruir la idea de que la república era el comunismo y el bolchevismo en acción; demostrar la inexistencia del influjo decisivo y preponderante de la URSS en la política republicana; sacar el máximo partido de los inmensos progresos realizados por la república, no solo en el orden militar, sino en la reconstitución de toda su vida civil.

Ciertamente, la labor de Azcárate se atuvo a esas directrices con notable constancia y coherencia durante toda la guerra, tratando de lograr el «apoyo y comprensión» de las autoridades conservadoras británicas y la simpatía y solidaridad de las restantes fuerzas políticas y sociales del Reino Unido. Sin embargo, si bien sus éxitos serían considerables en la realización de este segundo objetivo, no puede decirse lo mismo respecto del primero. Hasta el mismo final de la contienda, los círculos gubernamentales británicos preservaron intacto su compromiso de no intervención incondicional y rechazaron con mayor o menor frialdad las tentativas republicanas de aproximación y búsqueda de un apoyo moral o material. De hecho, la pretensión de Azcárate representaba un ideal de muy difícil realización, una misión casi imposible habida cuenta de los fundamentos y propósitos de la política exterior  británica frente a la crítica coyuntura de los años treinta en Europa y el mundo.

La política neutralista del gobierno conservador británico ante el conflicto español estuvo determinada desde el primer momento por dos motivos esenciales y complementarios que se reforzaban mutuamente. En primer lugar, los gobernantes del Reino Unido abrigaban la convicción de que España, desde las elecciones de febrero de 1936, estaba inmersa en una crisis similar a la de Rusia en 1917 y creían que dicha crisis había desembocado en un choque frontal entre un Ejército meramente contrarrevolucionario y unas milicias obreras revolucionarias a las que servía de pantalla legitimadora un impotente gobierno reformista. Así lo habían advertido los diplomáticos británicos residentes en el país desde los primeros días de la sublevación: «La verdad sobre España era que hoy no existía ningún Gobierno. De un lado estaban actuando las fuerzas militares y de otro se les oponía un Soviet virtual» (21 de julio). Esa naturaleza subversiva real —ya que no formal— del bando republicano vedaba de facto cualquier ayuda directa o indirecta británica al gobierno español y hacía preferible la victoria, cuanto primero mejor, de las fuerzas militares insurgentes para salvaguardar el orden y la propiedad en España (incluyendo las cuantiosas inversiones británicas en el país y la seguridad de la base naval de Gibraltar).

El segundo motivo de esa neutralidad absoluta e incondicional radicaba en la política general de apaciguamiento (Appeasement Policy) en Europa practicada por Gran Bretaña desde el inicio de la grave crisis económica de 1929. El objetivo esencial de dicha política consistía en evitar cualquier nuevo conflicto entre el extenso y disperso Imperio británico y las tres potencias revisionistas del statu quo que amenazaban su seguridad: Japón en el Extremo Oriente, la Alemania nazi en Europa central e Italia en el Mediterráneo. Aterrados por la sangría humana y económica de la primera guerra mundial, los gobernantes británicos pretendían negociar con esas potencias reajustes en el statu quo como mal menor siempre preferible a una nueva confrontación general. La aguda conciencia de vulnerabilidad estratégica, debilidad económica y desventaja diplomática respecto a 1914‑1918 (ya no cabía contar con la ayuda de Estados Unidos, replegados en el aislacionismo, ni de Rusia, convertida en una amenazante Unión Soviética) aconsejaba transitar la vía del apaciguamiento de Italia (la potencia más débil) y Alemania (la más cercana y poderosa) para evitar así su potencial confluencia hostil. No en vano, los dirigentes británicos creían que incluso si esa guerra pudiera ser librada y ganada (con ayuda de una debilitada Francia), también provocaría irreversibles pérdidas para la posición económica, militar e imperial del Reino Unido. Sin excluir, además, las posibilidades que se abrirían con el conflicto bélico a la expansión del comunismo y la revolución por todo el mundo (propósito atribuido en Londres a los dirigentes soviéticos a pesar de su reciente política de cooperación con las democracias iniciada en 1934).

Habida cuenta de las sólidas razones de esa política de apaciguamiento y de la interpretación oficial sobre la crisis española, no resulta sorprendente que las esforzadas tentativas de Azcárate apenas lograran modificar la actitud gubernamental británica. Entre otras cosas, porque la política de no intervención británica en la guerra española constituía en realidad la aplicación regional y específica de su política general de apaciguamiento en Europa y se acoplaría sistemáticamente a los parámetros establecidos por dicha política hasta su mismo desplome en vísperas de la segunda guerra mundial. Por eso, de nada servían frente a ese fundamento las reiteradas denuncias de Azcárate sobre los peligros de la intervención italogermana o las repetidas garantías de contención del comunismo y voluntad de independencia de la República respecto a la URSS (cuyo crucial apoyo militar comenzó a llegar en octubre de 1936). En esencia, los gobernantes británicos consideraron que esa intervención de Italia y Alemania, aparte de favorecer el deseable triunfo de un bando contrarrevolucionario, no pondría en cuestión a largo plazo los intereses políticos, estratégicos y económicos del Reino Unido en España. No en vano, los hipotéticos riesgos al respecto siempre podrían contrarrestarse por los abrumadores recursos disponibles en caso de emergencia: el poder de atracción de la libra esterlina para encabezar (o frustrar) la necesaria reconstrucción económica posbélica española; y el poder de disuasión de la flamante Royal Navy, con capacidad dual para bloquear y estrangular las costas y archipiélagos españoles o para protegerlas y garantizar sus comunicaciones internas y externas. Mientras llegaba el momento de poner en práctica ambos recursos (el clásico dúo conocido como the carrot and the stick: el palo y la zanahoria), el Acuerdo de No Intervención y su Comité correspondiente establecido en Londres permitían salvaguardar los principales objetivos diplomáticos británicos en el conflicto: confinar la lucha dentro de España y, a la par, refrenar la intervención del aliado francés en apoyo a la República, evitar el alineamiento con la Unión Soviética y eludir el enfrentamiento con Italia y Alemania por su apoyo a Franco. Así lo había definido muy tempranamente el anciano primer ministro, Stanley Baldwin, en su única directriz política a su joven secretario del Foreign Office, Anthony Eden: «De ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país [léase: Italia o Alemania], debe meternos en la lucha al lado de los rusos».

La llegada de Azcárate a Londres como embajador (tomó posesión de su cargo el 13 de septiembre de 1936) coincidió con la primera protesta del gobierno republicano ante su homólogo británico contra los dañinos efectos que el Acuerdo de No Intervención estaba causando a su esfuerzo bélico. El gabinete de Giral había aceptado a regañadientes las cláusulas de dicho acuerdo plegándose al requerimiento de las autoridades francesas y como supuesto mal menor para atajar el apoyo italogermano a los insurgentes. Sin embargo, desde principios de septiembre de 1936, en vista de su fracaso para lograr ese fin primordial, el nuevo gobierno frentepopulista presidido por Francisco Largo Caballero comenzó a exigir su anulación y la restitución de su derecho exclusivo a comprar armas en los mercados continentales. Pero la fuerza de su argumentación legal no lograría modificar la actitud oficial británica ya cristalizada. El funcionario encargado de los asuntos españoles en el Foreign Office reconoció en privado el 10 de septiembre:

... las consecuencias políticas de conceder al gobierno legal las facilidades que indudablemente le corresponden habrían sido demasiado graves para exponerse a ellas. Varios gobiernos de países pequeños han apreciado que «No Intervención», de hecho, significa denegar al gobierno legítimo los medios para combatir una rebelión.

Corroborando ese juicio, sir George Mounsey, subsecretario adjunto encargado de Europa occidental, apuntó igualmente los motivos que habían dictado el desahucio del gobierno republicano y la preferencia furtiva por la victoria insurgente:

Aunque es verdad que desde un punto de vista legal el gobierno español tiene razón, es innegable que, de hecho, si bien no en teoría, se trata de un gobierno que había dejado de gobernar desde mucho antes del inicio de esta rebelión. Lo único que hacían era ceder constantemente a las demandas extremistas de una clase obrera desenfrenada, y eran incapaces de mantener el orden a menos que satisficieran esas demandas. Además, no fue un estímulo para que las potencias civilizadas ayudasen al gobierno español el hecho de que este, cuando estalló la rebelión, procediese inmediatamente a armar a todos los obreros y chusma, incluyendo a jóvenes irresponsables, con las consecuencias que estamos viendo: brutalidades salvajes y contrarrepresalias.

Azcárate pudo comprobar pronto las insuperables dificultades con que se enfrentaba en los ámbitos oficiales británicos. El 21 de septiembre tuvo su primer contacto formal de envergadura. En aquella ocasión, expuso ante lord Cranborne, subsecretario parlamentario del Foreign Office, los fines de su misión en Londres:

... eliminar los malentendidos con respecto al carácter del gobierno español y, si es posible, inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención y ejercer su influencia contra los rebeldes.

El juicio reservado anotado en el Foreign Office sobre esa declaración de intenciones refleja la honda desconfianza británica hacia la causa de la República y la naturaleza casi imposible del objetivo diplomático del embajador:

El señor Azcárate pronto se dará cuenta de que no hay ninguna esperanza de que pueda inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención para tomar partido por el gobierno español.

El embajador reiteró infructuosamente sus argumentos ante el propio Anthony Eden, titular del Foreign Office, el 15 de octubre, en su primera entrevista oficial. Para entonces, la decisión soviética de apoyar militarmente a la República había acentuado las prevenciones británicas respecto a la naturaleza revolucionaria del bando gubernamental. De igual modo, había hecho más urgente para Londres la preservación del confinamiento del conflicto logrado por la no intervención, a fin de evitar todo alineamiento con la URSS, atajar cualquier posible enfrentamiento con Italia y Alemania, y posibilitar así la ejecución inalterada de la política de apaciguamiento en curso. Azcárate trató de apaciguar esos temores y modificar esa neutralidad incondicional. Durante los meses de octubre y noviembre de 1936 repitió en varias ocasiones a Eden y Cranborne que la República luchaba por preservar un régimen democrático sin veleidades revolucionarias ni dependencia de la URSS. También insistió en que el recurso de la República a la ayuda soviética era «su última carta» para evitar la inminente derrota militar y estaba motivado por la ausencia de apoyo directo anglo‑francés. Sir Robert Vansittart, subsecretario permanente del Foreign Office, anotaría la siguiente impresión sobre las reiteradas gestiones del embajador negando el carácter revolucionario de la causa republicana:

Es inútil que el señor Azcárate recolecte información para desmentir la acusación de actividades de la Comintern en España antes de la insurrección. Las hubo en abundancia y a gran escala.

Significativamente, los contactos del embajador con las autoridades británicas quedaron reducidos durante la guerra a aquellos cargos oficiales a los que tenía acceso potencial en virtud de su condición de legítimo representante diplomático acreditado. Azcárate señala en sus memorias que nunca tuvo oportunidad, ocasión o invitación para entrevistarse con el premier del Reino Unido:

Ni con Stanley Baldwin, primer ministro durante los primeros meses de mi misión, ni con su sucesor, Neville Chamberlain (primer ministro desde mayo de 1937), tuve ninguna clase de contacto, ni relación oficial ni personal.

El embajador también subraya que esa falta de relaciones no era privativa de los medios oficiales no estrictamente diplomáticos, sino que se extendió en gran medida por todo el ámbito político conservador británico. Al respecto, es ilustrativa una anécdota relatada en sus memorias y relativa a uno de los más prestigiosos parlamentarios y exministros del Partido Conservador, Winston Churchill:

Un signo inequívoco de esto lo tuve en el incidente que se produjo a los pocos días de mi llegada a Londres, cuando, al final de uno de los innumerables banquetes a que tiene que asistir un embajador en Inglaterra, lord Cecil of Chelwood, a quien me unían lazos de respetuosa amistad creados en la Sociedad de Naciones, intentó presentarme a Winston Churchill; al oír que se trataba del embajador de España, rojo de ira y sin estrechar la mano que yo instintivamente le tendía, Churchill declaró que no quería tener relación alguna conmigo y se alejó murmurando entre dientes: «sangre, sangre...».

Ambos hechos no pueden ser más reveladores de la deliberada voluntad oficial británica de marcar distancias con el representante de un gobierno sospechoso y perturbador. Así lo demuestra, por otra parte, la facilidad con la que paralelamente el duque de Alba logró acceso a las más altas instancias políticas y oficiales de Gran Bretaña, a pesar de su condición de representante informal de las autoridades insurgentes (estatuto oficializado en noviembre de 1937). Entre otros interlocutores de Alba en distintas reuniones privadas o fiestas sociales de la aristocracia cabe mencionar al propio rey Jorge VI, a Neville Chamberlain y a un amplio abanico de ministros, exministros, diputados y lores del mundo político y social del conservadurismo británico de la época.

30.000. Una cifra política. Un símbolo. Un número que miles de argentinos han adoptado como una forma de medir lo inconmensurable, de preservar la memoria y de combatir el silencio. Una cifra que no es comprobable. La dictadura argentina (1976-1983) se encargó de ello. Sin embargo, desde que fue adoptada por organismos de Derechos Humanos se ha convertido en un grito colectivo, una protesta y un reclamo para recordar para siempre aquello de: “Señores jueces, nunca más”. 

La represión militar dejó miles y miles de desaparecidos. 30.000. Y, entre ellos, también hubo españoles. De los casos que se han podido comprobar surge otra cifra: 307. Para recordarlos 50 años después de aquel 24 de marzo, el Instituto Cervantes ha acogido un acto este jueves presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, bajo el nombre 307, ¿Dónde están?. 

El acto ha arrancado con una actuación de Pedro Pastor. El cantautor ha dedicado su tema Los olvidados a aquellos que han sido olvidados por la historia. Esa que han escrito los ganadores. Una canción para los 307 españoles que tuvieron que sufrir dos dictaduras.

Luego ha subido al escenario un emocionado Xavier Fortes, quien ha conducido el acto. El periodista ha recordado que, siendo aún niño, vio cómo Pinochet se alzaba en Chile para “vampirizar” a su pueblo. Como Videla. Como Franco. “Videla era la cara del mal absoluto, del terror y del odio”, ha remarcado. Después, ha pedido un minuto de silencio por los desaparecidos en la dictadura. Toda la sala se ha unido al homenaje y se ha sumido en un silencio absoluto, roto solo por los aplausos de los asistentes. 

“Las palabras definen nuestro pasado, pero también nuestro futuro”, ha comenzado el discurso de Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes, que ha subido al escenario después del emotivo momento. “Para una persona como yo, que empezó a escribir a finales de los años setenta, el golpe de Estado argentino dialogaba con lo que había sido el régimen de Franco. Lo vivimos como si fuera nuestro”, ha recordado el también columnista de infoLibre. 

García Montero ha dado paso al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha defendido la forma en la que se tiene que trabajar la memoria democrática para no volver a cometer los mismos errores, aunque, ha remarcado, haya algunos que quieran volver a ellos. “Estamos aquí para arrojar luz sobre esta sombra, para recordar a los ausentes, a quienes quisieron condenar al olvido, para que su memoria no desaparezca nunca. Todos los desaparecidos eran personas que tenían un proyecto de vida que sus asesinos no querían que se cumpliera”, ha indicado Albares. 

Entre las formas de terror al que fue sometido el pueblo argentino estaban los secuestros, los asesinatos, las violaciones, la censura, el robo de niños y, por supuesto, las desapariciones. No se sabe cuántas personas tuvieron que pasar por ello. Tampoco en ese momento las familias sabían lo que había pasado con sus seres queridos. Simplemente, desparecían. 

Para poder concretar una cifra, organismos de Derechos Humanos estimaron que al menos cerca de 30.000 personas fueron desaparecidas, al comprobar que, tras ser secuestradas por los militares, nunca aparecieron. 

Tomás Labrador, argentino afincado en España, ha contado la historia de su familia. Su padre fue asesinado el 10 de noviembre de 1976. Esa misma noche, los militares se presentaron en las casas de sus familiares para comunicarles el crimen y advertirles de que ellos podían ser los siguientes. Ante la amenaza, su familia partió a España en menos de 24 horas. Todos tuvieron que rehacer de nuevo sus vidas aquí. Pero su abuela Esperanza, madre de su padre, solo aguantó tres meses. Tenía que ir a Argentina a buscar a su hijo. 

“La memoria es un territorio en disputa constante”, ha recalcado Labrador. Una afirmación que luego ha reiterado una voz muy conocida en España: la del actor Juan Diego Botto. “Cuando no damos esa disputa es un día que perdemos. A veces te sitúa en una confrontación que uno quiere evitar, pero no hacerlo explica que hoy tengamos a gente como Javier Milei [el presidente argentino] o a personas en España cantando el Cara al Sol”, ha señalado. 

La suya y la de Labrador son dos historias que parecen reflejarse la una en la otra. El padre del actor, Juan Fernando Botto, también fue desaparecido. Su madre, la actriz Cristina Rota, trató de buscarlo, pero al hacerlo comprobó que ella corría peligro. Partió hacia Madrid con sus dos hijos y con otra en camino, y ya en España siguió buscándolo. 

Tampoco de sus hijos –recién nacidos cuando desaparecieron– se sabe nada. Se estima que al menos 510 bebés fueron robados durante la dictadura. Y muchos de sus familiares todavía no saben nada de ellos. La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que trabaja desde finales de 1977 para intentar encontrar a sus nietos, ha logrado restituir y reconocer la identidad de 140 de ellos. 

La cantante Ana Belén ha sido la encargada de poner voz a una de las cientos de historias de niños y niñas que crecieron junto a quienes habían participado en un régimen que asesinó a sus padres, con la lectura del texto Carta abierta a mi nieto. El relato cuenta cómo los militares quitaban los hijos a las mujeres secuestradas para dárselos a familias de policías o militares. 

Franco y Videla. Videla y Franco. Ambas dictaduras se reflejan la una en la otra. Como también ambos países. Casi 10.000 españoles y españolas huyeron hacia Argentina entre los años 40 y 60, sin contar con la ayuda del Gobierno argentino que no facilitó la acogida de los exiliados. 

Como han remarcado Botto y el ministro Torres, España y Argentina también se parecen hoy en la nostalgia por el fascismo. Pero, para el ministro, hay un antídoto: “la democracia y la memoria”, para que no se dé nunca más la impunidad del olvido. Torres también ha sido el encargado de entregar la Declaración de Reconocimiento y Reparación a la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina. 

El acto lo ha cerrado el cantante Miguel Ríos, que ha puesto voz a un poema de Luis García Montero contra la guerra, repartido en 2003 por las facultades mientras España gritaba “No a la Guerra”. Con ese clamor ha acabado Ríos, al que se ha sumado toda la sala. 

La activista independentista Blanca Serra, que interpuso la primera denuncia por torturas durante el franquismo que llegó a los tribunales, ha fallecido en Barcelona a los 83 años, han informado este sábado fuentes de su entorno.

En 1977, Serra (Barcelona, 1943) fue torturada durante tres días por miembros de la Brigada Político Social de la policía franquista en la comisaría de Via Laietana junto a su hermana, la también activista Eva Serra, fallecida en 2018.

Blanca Serra, fundadora de la Assemblea de Catalunya (1971), la Plataforma pel Dret de Decidir (2005), la Assemblea Nacional Catalana (2012), Poble Lliure (2014) y el Consell per la República (2018), entre otros movimientos independentistas, denunció en 2024 ante la Fiscalía las torturas a las que fue sometida.

Amparada en la ley de memoria democrática de 2022, la Fiscalía de Barcelona presentó esa denuncia, la primera por crímenes del franquismo, en la que reconocía un delito de torturas durante la detención de Serra, aunque al mismo tiempo pedía su archivo al no haber podido identificar a los autores de los hechos.

Con ese caso, la Fiscalía sentó las bases para que las víctimas del franquismo puedan ser reconocidas en los tribunales, un proceso limitado por la propia ley de memoria, que no prevé indemnizaciones, y la amnistía del 77, que impide juzgar crímenes de la dictadura.

Las torturas que la policía franquista infligió a Serra dieron pie a la primera investigación penal de la Fiscalía sobre los crímenes de la dictadura, después de que los tribunales hayan dictaminado repetidamente que lo sucedido antes de 1977 no se puede enjuiciar.

Lo hizo invocando la ley de memoria democrática de 2022, que, según el ministerio público, no solo permite, sino que obliga al Estado a llevar a cabo una "investigación efectiva" con el fin de satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas del crímenes del franquismo, que al tratarse de delitos de lesa humanidad no prescriben.

Con esa denuncia por torturas, la Fiscalía se desmarcó de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Constitucional, que han impedido hasta ahora que prosperaran las investigaciones judiciales sobre los crímenes del franquismo al considerar que la ley de amnistía de 77 lo impide.

Poble Lliure, Llibertat.cat y Edicions del 1979 han recordado este sábado "el compromiso infatigable con la independencia y el socialismo" de Blanca Serra, que era licenciada en lenguas clásicas por la Universidad de Barcelona (UB) y había sido profesora en el Instituto Narcís Monturiol de Barcelona.

Ángeles Domínguez López sabía leer y escribir porque creció en una “casa de señoritos”. Aprendió al mismo tiempo que los niños de esa familia pudiente a la que su madre, “soltera”, servía.

Esa educación le permitió después ayudar a los demás. Solía acudir a la Casa del Pueblo para enseñar a otros. Y esa educación también valió de excusa para ser detenida ilegalmente, asesinada y arrojada a una fosa común. Aún sigue desaparecida.

Ocurrió el 20 de septiembre de 1936 en Fuentes de León, un municipio en el sur de Badajoz, la segunda provincia más represaliada (después de Sevilla) durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Justo este mes de julio se cumplirán 90 años del golpe de Estado y sus consecuencias.

La historia de Ángeles la cuenta su bisnieta Lucía Expósito Cívico, 28 años, profesora en la Universidad de Granada e investigadora sobre memoria histórica. “Nos preguntábamos mucho cómo podía tener esa cultura en aquella época”, expresa. “Madre soltera decían… —añade sobre su tatarabuela— Se habla poco de la violencia sexual que han vivido las mujeres. Si ahora hay silencio, imagínate antes”.

Ángeles Domínguez López a veces leía la prensa en voz alta. Era una mujer adelantada a su tiempo, también en la forma de vestir, con ropa más llama­tiva.

¿Dónde empieza la búsqueda? Una fotografía en el salón familiar de una chica todavía joven que sonríe. Mirada profunda, inquieta, curiosa. Y un silencio inevitable que envuelve a esa imagen. “No se hablaba por dolor. A mi abuela se le removía todo con su madre. Lo que tenía de ella eran las pocas cosas que le contaron y esa foto”. A Lucía Expósito se le despertó la necesidad de conocer la historia de su familia cuando todavía estaba en el instituto. Ahí empezaron las primeras conversaciones y obtuvo las primeras pistas.

Los retazos que le han llegado es que su abuela, Dolores Cárdeno Domínguez, apenas había cumplido un año de vida cuando se quedó sin madre; iba en sus brazos cuando la detuvieron en mitad de la calle delante de una vecina, a quien le pidió que se llevara a la niña a casa. Los días que aguantó en la cárcel se la acercaban para que le diera de mamar. Hasta que desapareció. Fue asesinada en el cementerio junto con una decena de mujeres. Con 33 años.

Dolores y sus tres hermanas, la mayor de nueve años, ya estaba señaladas. “Las cuatro fueron separadas y forzadas a servir desde pequeñas en casas de señoritos”. Fue su herencia.

“No nos podemos quedar solo en la superficie de conocer los nombres de las represaliadas, tenemos que saber la historia que hubo detrás para entender las violencias que sufrieron las mujeres”, resalta Lucía Expósito. Ella creció en el municipio sevillano de La Puebla de Cazalla. Desde el verano de 2019 colabora con el proyecto de exhumación de las fosas comunes de Fuentes de León. Los restos de su bisabuela no han aparecido, pero sabe que están ahí.

Su abuela Dolores falleció el año pasado con 89 años. Nunca se separó de la fotografía de su madre.

En su búsqueda por la verdad, Expósito contactó con Candela Chaves, investigadora, doctora en Historia por la Universidad de Extremadura y un referente en Memoria Histórica en Extremadura. Además, sus investigaciones son innovadores porque se abordan con perspectiva de género.

El papel de Chaves (Montijo, 1982) fue crucial en la citada exhumación en Fuentes de León. Así describe en una sus publicaciones lo que ocurrió en este municipio pacense que ahora ronda los 2.100 habitantes: “La ma­ñana del 14 de septiembre de 1936, un grupo formado por falangistas y guardias civiles […] entró en la localidad tras un breve, casi anec­dótico, enfrentamiento con algunos vecinos armados, entre ellos dos guardias municipa­les, a las puertas del municipio. […] La localidad quedó bajo control de los suble­vados inmediatamente. Y la primera medida tomada por el capitán de la Benemérita fue constituir una nueva gestora municipal, afín a la sublevación. Conformada por grandes pro­pietarios y políticos derechistas locales, a las 11.00 horas se firmaba en el libro de Actas la destitu­ción de la anterior corporación, electa en fe­brero de 1936, y la formación de la nueva. Veinte minutos duró la eliminación de la democracia y la instauración de un régimen de terror y sometimiento”.

El trabajo de esta investigadora ha permitido sacar a la luz las historias que permanecían enterradas, entre ellas la de Ángeles Domínguez López. Siempre con el empeño de evidenciar la doble represión que ellas sufrieron: por ser mujer y vencida.

En este sentido, destaca: “El testimonio oral es parte esencial en la búsqueda, porque el rastro de ellas en los documentos suele ser mucho menor que el de los hombres. Por eso los relatos son imprescindibles”.

Chaves ha recibido este año uno de los premios de Igualdad de la Diputación de Badajoz precisamente por su acción “pionera, valiente y profundamente transformadora en el ámbito de la memoria histórica, con un proyecto que rescata del olvido a miles de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, realizado desde una perspectiva de género rigurosa y con un fuerte impacto social”. Así lo recoge la Institución provincial pacense.

Hay violencias que no dejan huella en los documentos, que pertenecen a la esfera más íntima. Más el estigma social. Para ellas y su entorno. “En la represión franquista, sobre las mujeres se practicarán los mismos métodos represivos que sobre los hombres. Ellas serán detenidas, encarceladas, asesinadas de forma extrajudicial, sentenciadas, exiliadas, sus bienes serán incautados, serán inhabilitadas de sus em­pleos, apartadas de sus hijos, recluidas en centros correccionales... Y, al mismo tiempo, habrá una especificidad, pues ellas sufrirán violaciones, rapados de cabello, purgas con aceite de rici­no y la exposición pública bajo los efectos de este purgante, obligando a sus vecinos a verlas, paseándolas por las calles para la humillación”, explica Chaves.

También fueron castigadas, agrega, en sustitución de sus maridos o hijos “que no pudieron ser detenidos cuando llegaron las tropas a las localidades”.

Pero además de ser sujeto de esas violencias, serán también objeto, “porque servirán para dar ejemplo del ideal de mujer que quiere imponer el régimen ultraconservador, machista y católico”.

Para el franquismo, las mujeres “servían para estar en casa y cuidar a la familia”. “Una mujer sumisa y subyugada”. “La brutal represión extrajudi­cial, esos asesinatos sin juicio previo prosigue Chaves- perseguían el castigo con la muerte de quienes fueron reivindicativas y avanzadas”.

Destaca Chaves, también, “la búsqueda de la erradicación de su derecho a estar en el espacio público y en el imaginario colectivo como refe­rencias, penalizar esa trasgresión de la esfera privada a la pública”.

Asimismo, a las mujeres republicanas se les acusó de ser “individuas de dudosa moral dominadas por sus bajas pasiones, tal y como lo definió Antonio Vallejo-Nájera, el psiquiatra del régimen”, recuerda.

Básicamente, se eliminaron todas las conquistas sociales y políticas logradas, “con mecanismos de control y reeducación ejercidos desde la Iglesia”.

“Hacían con las mujeres lo que les daba la gana”, así lo resume Carmen Díaz Sánchez, 68 años, que ha sido administrativa y celadora en un hospital. Lleva tres décadas viviendo en Granada pero su familia paterna tiene raíces en Bodonal de la Sierra (no llega a mil habitantes, también en el sur de la provincia de Badajoz). Allí, su abuela, fue otra mujer represaliada.

Se llamaba Asunción Arias Catela. La mataron con 36 años. “Era viuda y se dedicaba a vender cosas, tenía una especie de tiendecilla. También hacía rifas. Se buscaba la vida. Y apuntaba en una libreta el dinero que le debían. Por lo que me han ido contando, alguien con una deuda que no quería pagar, quizá por envidia, la acusó de hacer cosas no propias de una mujer, y fueron a por ella”. La metieron en un camión y en el camino al cementerio ella saltó; los que conducían le dispararon. Ocurrió en septiembre de 1936.

“Tenía una hija y tres hijos, uno de ellos mi padre, de solo ocho años. Luego mataron a más miembros de la familia”.

El contexto se repite de nuevo. Dolor y silencio. Una fotografía en la mesilla de noche de su padre de la que no se habla. Pero de la que no se separa nunca. “Él era incapaz de mantener una conversación. A mi madre tampoco le gustaba hablar de la guerra, lo pasó muy mal”. El luto, silencioso y clandestino. Un duelo constante que no se cierra.

A Carmen Díaz le gusta contar que su padre, Antonio Díaz Arias, a pesar de haberse quedado huérfano, supo salir adelante y ganó un premio de platos regionales con el cocido madrileño. Falleció en 2019, con 90 años.

Y es, a partir de ahí, cuando su hija se decide a iniciar la búsqueda. Contactó también con la investigadora Candela Chaves y empezó a descubrir la verdad. Sabe que los restos de su abuela están en la fosa común de Bodonal, aunque siguen bajo tierra. En esa única imagen que conserva de ella, aparece con unos pendientes. “Pienso que aún pueden encontrarse”.

¿Qué por qué lo hace? “Por rendirle homenaje a mi abuela y a mi padre, yo lo quería mucho, y lo que él no pudo conseguir, quiero intentarlo yo”. Se emociona al otro lado del teléfono. La herida se hereda, pasa de generación en generación.

Este camino que emprendió hace años le ha regalado familia en Bodonal de la Sierra que no conocía. Ahora mantiene relación con una prima que vive en el municipio pacense que también ayuda a recomponer el relato. “Cuando la conocí le dije: tienes la misma cara que la abuela en la foto, fue muy emocionante”.

Las historias de Asunción Arias Catela y Ángeles Domínguez López son solo dos más de los miles de casos de mujeres represaliadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. “Hay que recuperar sus nombres para tenerlas también como referentes. Es una cuestión de derechos humanos”, defiende Chaves.

19 de septiembre de 1983. Una joven cae desde una ventana de la tercera planta de un reformatorio femenino de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Tenía 15 años y se llamaba Inmaculada Valderrama. Ese mismo día miles de personas salen a la calle para protestar por su muerte. Un crimen que la ciudadanía atribuye a las encargadas del reformatorio en el que se encontraba Inmaculada, todas de las Cruzadas Evangélicas. 

Su muerte se produjo en el seno del Patronato de la Mujer, una institución franquista que, con las protestas por su fallecimiento, acabó en 1985, dos años más tarde. Casi 43 años después, el gobierno reconoce el Patronato de Protección a la Mujer como Lugar de Memoria Histórica. Verdad, justicia y reparación. Tres peticiones que ahora el Gobierno escucha. 

Su manifestación se ha hecho clara en un acto organizado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Igualdad, y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con la Cortes, junto a la Comisionada para la celebración de los 50 años de “España en Libertad” en el Auditorio Nacional de Madrid. 

En este encuentro, al fin 53 mujeres que pasaron por el Patronato han sido reconocidas. Una a una, varias de ellas o sus familiares han subido al escenario emocionadas por un reconocimiento que llevan muchos años esperando. “Nosotros no somos víctimas, somos supervivientes”, han declarado. Como símbolo han recibido un certificado de manos de Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática; Manuel Olmedo Palacios, secretario de Estado de Justicia; y María Guijarro Ceballos, secretaria de Estado de Igualdad. 

Las supervivientes también han recibido las disculpas del Ministerio de Justicia, del que dependía el Patronato. “No podemos hacer desaparecer lo sucedido pero os podemos trasladar nuestra vergüenza y solicitaros vuestro perdón para dar nuevos pasos para la reparación. Esto tiene que ser visible, para que nunca más suceda”, ha declarado el ministro Félix Bolaños en una intervención telemática. 

Precisamente para que sea visible, se instalará una placa en un lugar de honor del Ministerio de Justicia para que no sigan existiendo los silencios ni las desmemorias. Además, desde el Ministerio de Memoria Democrática han anunciado que se creará una comisión de investigación y que se incorporarán líneas específicas sobre el Patronato a las investigaciones ya existentes. 

A las supervivientes les han puesto voz tres de ellas: Consuelo, Paca y Pilar. Ante la mirada atenta de sus compañeras y el aplauso atronador del patio de butacas, las tres han reclamado su espacio en la memoria de todos y han pedido que se investigue lo que les ocurrió.

Investigar para reparar. Algo complicado cuando los que deben reparar buscan por todos los medios evitarlo. Las mujeres han contado cómo la Iglesia, que tendría que haber facilitado los expedientes de todas ellas, no solo no lo ha hecho, sino que ha justificado que no lo hacen “por protección de las internas”. 

“No es por protegernos, es por protegeros a vosotros”, han recalcado. La Iglesia se aprovechó de la situación de estas mujeres para así poder beneficiarse, han denunciado. No era solo una cuestión del franquismo, sino que el entramado de la Iglesia también estaba detrás. Las obligaban a trabajar bajo condiciones extremas y, en la maternidad Nuestra Señora de la Almudena de Peña Grande, les robaban a sus niños. “Los reformatorios se sostuvieron por el trabajo forzado nuestro, se vulneraron nuestros derechos humanos. Ahora esas mismas congregaciones se comportan como si fueran ONG y viven del dinero público”, han denunciado. 

El patronato se creó en 1941, con el objetivo de llevar por el buen camino a las mujeres “descarriadas”.  El criterio para entrar era tan ambiguo como peligroso. Buscaban “redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer”. Caer, claro, fuera de los cánones del franquismo. Esto iba desde ser lesbiana hasta contestar mal a tu padre a la hora de poner la mesa. Durante más de cuarenta años fue así para las chicas desde los 16 hasta los 25 años. 

La institución estaba a cargo de Carmen Polo y tenía el firme propósito de "velar por la moralidad pública, muy especialmente la de la mujer". Eran condenadas sin ningún delito, sin juicios y las denuncias llegaban desde cualquier parte. Un vecino, un conocido y, sobre todo, los padres. “Si no te portas bien te llevamos con las monjas”, es una frase que la mayoría de las víctimas han escuchado. 

Fue el caso de Consuelo. Un día se despertó ante la fija mirada de su madre y un médico que la acompañaba, con lo que, según le dijeron, era una jeringuilla para ponerle una vacuna. Lo siguiente que sabe es que se despertó en una habitación con una cama, una maleta y una ventana con barrotes. Ya no estaba en Barcelona. Estaba en Madrid. 

Su madre se había quedado viuda muy joven y no aprobaba el pensamiento político de su hija, que participaba en manifestaciones en defensa del comunismo. La solución estaba clara para ella. "A mí me machacaron viva porque estaba allí por pensar", narró Consuelo a infoLibre. 

La mujer contó a este medio las condiciones en las que vivían y evocó una imagen de aquel primer día en el centro de Adoratrices, en Padre Damián 52. "Era una fila de chicas con batas de rayas verdes, más ojeras que ojos y una cara de profunda tristeza. Ese retrato lo tengo grabado: era el gesto del abandono y la desesperanza pura". 

Cuando llegaban allí (por comunistas, lesbianas, rebeldes, pobres o embarazadas) las clasificaban. En distintos centros de observación, les realizaban evaluaciones médicas, psicológicas y morales para luego destinarlas dentro de una red de instituciones como reformatorios, colegios, hogares-taller y maternidades. La mayoría controlados por la Iglesia. 

La primera fase tenía lugar en lo que se llamó Centro de Observación y Clasificación (COC). Allí, las niñas permanecían seis días aisladas. Para la clasificación las examinaban con un examen de virginidad. Completa o incompleta, ese era el criterio. Las mujeres vírgenes estaban “limpias”, el resto no.

La reparación ha llegado tarde. No fue hasta octubre de 2025, cuando se concedió el primer certificado de víctima del fascismo a una mujer represaliada por el patronato. Fue a la sevillana Eva García de la Torre. Ella ingresó ya en tiempos de democracia por ser lesbiana. La juzgaron en Andalucía en 1978, cuando todavía era menor, y estuvo internada hasta 1985 en entidades católicas del Patronato en Galicia. 

Eva falleció en 2022 y no pudo ver cómo se conseguía lo que muchas de sus compañeras pedían: reparación y reconocimiento. Fue a recogerlo su viuda, Silvia Fernández Quinteiro. Precisamente fue ella quien averiguó lo que había pasado tras el fallecimiento de la que fue su pareja. Nunca le pusieron nombre, pero cuando leyó la historia en el periódico supo que Eva tuvo que haber estado ahí. 

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, lo ha recordado como un acto necesario de “salud democrática”, para reparar a las supervivientes de un patronato que fue “una herramienta política para cortar cualquier atisbo de libertad en niñas que empezaban a vivir”. Ahora otras 53 serán recordadas, no como víctimas, sino como supervivientes, para que nunca más vuelva a ganar el silencio. Verdad, justicia y reparación. 

La Fiscalía de Barcelona ha concluido la investigación iniciada como consecuencia de la primera denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por una víctima de torturas durante el franquismo.

Durante la investigación, que se ha llevado a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se han practicado todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas testificales, periciales y documentales.

Tras analizar el resultado de las mismas, el Decreto realiza un relato de los hechos, que considera constitutivos de delito de torturas perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad. Según dicho relato, agentes de la llamada Brigada Político Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático.

Considera, además, que los hechos se perpetraron en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada, y atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática.

Pese a ello, las diligencias practicadas no han podido revelar la identidad de los autores materiales del delito, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido.

Todo ello sin perjuicio del ejercicio de otras acciones judiciales previstas en la ley, como los expedientes de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil.

Las asociaciones proderechos humanos Irídia y Òmnium Cultural, que representan a Serra, consideran “insuficiente” la investigación de la Fiscalía, por lo que estudian recurrir el archivo de la causa.

La Fiscalía de Barcelona plantea el archivo del caso al no haber podido identificar a los autores de los hechos. “Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.

En el caso de España, los museos de la memoria son un elemento primordial contra el silencio, el olvido y la desmemoria. Después de una cruel represión ejercida por la dictadura franquista durante cerca de cuarenta años, conquistada la democracia se echa en falta la creación de centros de la memoria y los derechos humanos que, a través de documentos, testimonios orales y escritos, fotografías, cartas, grabaciones de la época, material de prensa escrita, documentales, panfletos, producción literaria, archivos en diferentes soportes y formatos, visuales y auditivos, reflejen nuestro pasado traumático reciente y el sufrimiento de las víctimas que lo fueron por su compromiso por traer la libertad y la democracia a este país. Todo ello, testimonio de un tiempo y una lucha por poder ejercer derechos y libertades cimentados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Terminada la guerra de España, desde el Gobierno del dictador Franco se ejerció una terrible represión sobre cualquier tipo de disidencia. También sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión, fueron relegadas al ámbito doméstico y bajo la tutela masculina. España se había convertido en una inmensa cárcel. A las decenas de miles de fusilados, habría que añadir a aquellos que murieron en las cárceles, campos de concentración, campos de trabajo, como consecuencia de las malas condiciones de vida. Sin olvidar las condiciones en las que se desarrolló el exilio.

Durante las décadas de los años 60 y 70, miles de personas, jóvenes en su mayoría, se jugaron la vida y la libertad en las manifestaciones y en la lucha clandestina enfrentándose a la dictadura en la batalla por instaurar la democracia, el cambio social y elevar el bienestar del pueblo. Esta situación derivó en decenas de miles de personas encausadas por delitos que hoy, ya en democracia, no lo serían. La práctica de la tortura era común en las comisarías de policía, ejerciéndose la violencia fundamentalmente contra la sociedad civil. El conocimiento de los testimonios de los protagonistas de las luchas sociales, culturales, políticas, del movimiento obrero, universitario y vecinal de la época nos obliga a preservarlo para las futuras generaciones como antídoto contra las proclamas neofascistas de la extrema derecha.

La democracia no se puede construir desde el olvido y el silenciamiento de las víctimas. Una democracia que se precie de su calidad debe mantener vivos los recuerdos del trágico pasado, con el fin de honrar y dignificar la memoria de las víctimas y de que no se vuelvan a repetir estos hechos. Los espacios y los museos de la memoria son una contribución necesaria para que las nuevas generaciones sepan lo que supuso la dictadura franquista en este país y el costo en sufrimiento y en vidas para conquistar la democracia. Permiten rescatar del olvido y la desmemoria el carácter masivo y sistemático de la represión ejercida sobre aquellos ciudadanos que, en su lucha por devolver al pueblo la democracia y las   libertades que nunca debió perder, sufrieron todo tipo de atropellos y desmanes, incluso perdieron la vida. Estos luchadores por la libertad, la democracia y contra la opresión en sus diversas manifestaciones, sufrieron una doble violencia, la de los verdugos y la de ser borrados de la memoria colectiva.

Vivimos unos momentos de blanqueamiento y banalización de la dictadura franquista por parte de la derecha y extrema derecha, que ponen todo tipo de trabas al desarrollo y mantenimiento de los lugares de la memoria en homenaje a los luchadores por la libertad y los derechos humanos. Sólo una derecha realmente democrática haría de la denuncia de la represión sufrida una política de Estado. Se hace imprescindible combatir la distorsión y el revisionismo histórico. Y es que mientras que otras democracias en Europa se fundaron sobre el antifascismo y el anticomunismo en los países de la órbita de la desaparecida Unión Soviética, la democracia española lo hizo sobre la desmemoria y olvido del pasado.

Como dice el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la Unión Europea hablando sobre el siglo XX europeo marcado por crímenes horribles como el Holocausto y los crímenes cometidos por regímenes autoritarios y totalitarios: “Es necesario que se comparta y se recuerde continuamente el legado de estos crímenes, así como que se realicen investigaciones parar frenar su distorsión. Hay que capacitar a los jóvenes para que se conviertan en embajadores de esta memoria, para que se conciencien sobre su tragedia y conecten con los lugares conmemorativos y los museos. Los testimonios de los testigos de estos crímenes son especialmente valiosos para educar a los jóvenes, sobre todo porque cada vez quedan menos testigos con vida”.

Los museos de la memoria, también llamados en algunos sitios de la resistencia, deben ser espacios públicos, simbólicos en muchos casos, como cárceles, centros de tortura y en otros centros específicos construidos para este fin, que inviten al conocimiento del pasado durante la dictadura y a la reflexión; que permitan a las nuevas generaciones y a los indiferentes tomar conciencia de los hechos ocurridos para que no vuelvan a repetirse. Deben ser también centros culturales donde se puedan llevar a efecto conferencias, debates, exposiciones, proyecciones y espectáculos que permitan traer al presente el pasado traumático; que actúen como vacuna o dique de contención contra aquellos decididos a acabar con las libertades y la democracia. De ahí también la importancia de la visitas guiadas para los centros educativos.

Desde 2009, el 23 de agosto se declara día de recuerdo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios. Al respecto, el Parlamento Europeo ha aprobado resoluciones clave, como la de 05-11-2019, sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa, y la de 17-01-2024, sobre la conciencia histórica, abordando la necesidad de investigar estos crímenes.

Sirvan las palabras inscritas en el hall del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile como reflexión: “No podemos cambiar nuestro pasado; sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro desafío”.

_________________

Pedro Olivares Martínez es socio de infoLibre.

El Supremo confirma que el Pazo de Meirás es un bien público, pero también que el Estado debe indemnizar a los Franco. La Sala Primera del tribunal desestimó todos los recursos interpuestos contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial hace cinco años respecto de la propiedad del inmueble y que “confirma en todos sus términos”.

Así, el Tribunal Supremo, en una sentencia emitida este pasado miércoles 11 de marzo, acaba de confirmar que el Pazo de Meirás pertenece al Estado, ratificando así la histórica sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña que en septiembre de 2020, hace más de un lustro, ordenó a los Franco devolverlo. La titularidad pública del inmueble había sido también confirmada cinco meses después por la Audiencia Provincial que, no obstante, había ordenado indemnizar a la familia del dictador en una polémica decisión.

Ahora, el Supremo ratifica aquel dictamen de la Audiencia Provincial, en el que se determinaba que el Pazo era propiedad del Estado, que los hermanos Martínez-Bordiú debían devolverlo pero también que tenían derecho a ser indemnizados por los “gastos necesarios y útiles realizados en el inmueble durante el tiempo de su posesión”, tal y como resume el gabinete técnico del alto tribunal.

Ese derecho a indemnización o liquidación del estado posesorio se les permitía a los Franco “como poseedores de buena fe” del Pazo, en una resolución que había sido aceptada en un primer momento por el Gobierno de España, que acabó recurriendo para evitar pagar tras la presión de varias asociaciones por la memoria histórica. Pero el Supremo reconoce el derecho de los herederos del dictador a ser compensados.

Aquella sentencia de la Audiencia Provincial había condenado a la familia del general fascista a desalojar las propiedades de Meirás, “dejándolas libres y a disposición del Estado español, con liquidación de los gastos útiles y necesarios”, pero añadió un matiz relevante: les reconoció el derecho a ser resarcidos por los gastos en que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio, algo que no se había aceptado en la sentencia de 2020.

El controvertido dictamen de la Audiencia, que le dio la razón al Estado en lo fundamental pero que reforzó algunas tesis de los Franco, dejaba claro también que fueron la inacción y la dejadez del Estado —en plena democracia y durante más de 40 años— en todo lo que tuvo que ver con el Pazo de Meirás lo que provocaba que los herederos del dictador pudiesen ser indemnizados por la administración después de ver cómo era aceptada parte de su recurso.

“La reivindicación de la propiedad [del Pazo de Meirás] es un evento totalmente nuevo que se produce ahora por vez primera”, advirtieran los jueces de la Audiencia Provincial para justificar que los Franco no tuviesen por qué considerar de “mala fe” su adquisición —como destacaba la sentencia de primera instancia— o ni siquiera creer que hubiese algo irregular en ella. ¿Por qué iban a hacerlo si gozaron de la propiedad del inmueble sin impedimento ni obstáculo alguno durante casi 45 años tras la muerte del dictador? He ahí la cuestión.

En esta sentencia, conocida este jueves, el Supremo aclara que “en la demanda” original sobre el Pazo “se indicó expresamente que no se discutía que los herederos de Franco fuesen poseedores de buena fe y que, por lo tanto, una vez devuelta la posesión del pazo, deberían ser indemnizados en los términos previstos para estos casos en el Código Civil”. “Es perfectamente congruente con lo sostenido en el informe jurídico que se incorporó al informe de la comisión de expertos creada en el Parlamento de Galicia para estudiar la viabilidad de la reclamación de la propiedad del Pazo, que se pronunció expresa y taxativamente en esos términos”, aclara la Sala en la explicación técnica del dictamen.

Así, el Supremo considera que si en la demanda se mantuvo esta postura, “no se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos”. “Los demandados contestaron a la demanda confiados en esas afirmaciones y un improcedente cambio posterior de las pretensiones de los demandantes les causaba una indefensión constitucionalmente proscrita”, añade.

El Supremo da ahora la que es la última palabra sobre las Torres, que pasaron a manos del Estado tras un proceso judicial impulsado por la Abogacía del Estado en Galicia con la demanda presentada en el verano de 2019 contra la familia Franco y que contó con un importante apoyo social y de las entidades de memoria, así como de la Xunta y la Diputación de A Coruña, además de los ayuntamientos de A Coruña y Sada.

Entregadas las llaves al Estado en un acto histórico en diciembre de 2020, la titularidad pública del Pazo de Meirás —hasta ahora provisional— se vuelve definitiva este viernes. Ahora, y ante los recursos de la familia Franco para recuperar las Torres, el Supremo “confirma la propiedad del Estado” y concluye que “desde 1938 el Pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura del Estado, como una dependencia similar al Palacio de El Pardo, por lo que sus moradores no pudieron poseer el predio en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los años 90 del siglo XX, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración”.

En definitiva, ante la intención de los herederos del dictador de adquirir por usucapión el inmueble, aclara que “no transcurrió el plazo legal de treinta años para poder adquirir la propiedad por esta vía” ya que antes fue, en realidad, residencia del jefe del Estado.

Además, el Supremo aclara también que en los recursos interpuestos por el Estado y la familia del dictador “ya no se discutía que los títulos jurídicos en los que se fundara la propiedad de Francisco Franco Bahamonde (donación y compraventa) eran nulos”, sino si la propiedad era del Estado y si los herederos del dictador debían ser indemnizados.

Por lo tanto, lo que sí volvió a confirmar el Supremo, como hizo la primera de las sentencias sobre la titularidad de Meirás, es la nulidad de la donación efectuada en 1938 de las Torres, al demostrar los documentos que la Xunta Pro Pazo —constituida por élites franquistas para sufragar el regalo— regaló el inmueble al jefe del Estado, no a Francisco Franco a título personal.

También ratifica que la compraventa del 24 de mayo de 1941 fue una “simulación”, lo que determina la nulidad de la misma. Se trata del título esgrimido por los demandados y por el que Franco, a título particular, logra la inscripción del predio en el Registro de la Propiedad.

La memoria. Ese músculo aparentemente atrofiado que condena a nuestro país a ignorar su pasado y que con tanta fuerza se intenta reanimar. Desde infoLibre,  y con la colaboración de 50 años de Libertad, los esfuerzos para prevenir que la historia se repita se materializan en actos como el de este 12 de marzo, titulado Del acero a la palabra: trabajo, dignidad y memoria en Euskadi. El evento, enmarcado en una gira de charlas por toda España llamada La memoria que somos, ha analizado con diferentes expertos la huella que el franquismo y su represión ha dejado en la sociedad española, y especialmente la vasca.

La charla se ha celebrado en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao. El lugar elegido no es casualidad. El Museo se levanta en la zona vinculada a los astilleros euskalduna, y cuenta el recorrido de la lucha de los trabajadores de este sector, una zona históricamente obrera y sindicalista.

El silencio en la sala, amplia y con un gran espacio para el público asistente, se ha visto interrumpido por música. Se trataba de dos intérpretes de txalaparta, un instrumento tradicional de Euskadi. El sonido profundo y la pasional interpretación de los músicos ha marcado el tono de un evento con todo el peso de la memoria histórica presente. 

Tras ellos, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, ha dado la bienvenida al evento. El periodista ha asegurado que estas charlas surgen de “la necesidad de reflexionar sobre las formas en las que una comunidad puede reconocerse a sí misma”. Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, ha sido invitada posteriormente a subir al escenario, y ha explicado que tanto para ella como para el proyecto se cumplen “50 años del principio de la salida de la dictadura”, pero no de una democracia directa.

Esta "falsa" Transición y las consecuencias de la represión sufrida han sido debatidas en la posterior mesa de debate, pero antes, Gustrán no podía dejar de declarar: “Memoria histórica también es hablar con tu abuela”.

La mesa redonda ha sido moderadas por la directora general de este periódico, Marta Gesto. Como expertas y expertos, un plantel de lujo con Afra Blanco, sindicalista y tertuliana; Carlos Entenza, politólogo, jurista, codirector de Ideas en Guerra y sindicalista; Iñigo Ugedo Vicario, presidente Consejo de Estudiantes de la EHU; y Eztizen Miranda Bernabé, antropóloga especializada en comunicación y memoria histórica.

Gesto, introducía así: “Euskadi, y Bilbo en particular, representan este vínculo tan especial entre trabajo, organización colectiva y democracia”. El conversatorio, muy rico en aportaciones, ha debatido sobre la construcción colectiva de la identidad a través del trabajo, cómo se encuentra esa cultura obrera en la actualidad y cómo podemos hacerla llegar a los jóvenes, entre otros asuntos. 

Bernabé, la primera en hablar, respondía a la pregunta de qué era hablar de trabajo para Euskadi en el pasado. “Cuando hablaban de trabajo, hablaban de unión”, asegura Bernabé. Sobre el sindicalismo, “todos tenían muy claro que eso era lo que tenían que hacer”. “Sabían que serían represaliados, pero estaban dispuestos a hacerlo por el bien de los demás”, cuenta la experta en memoria. Añade, además, que no sabe si esos valores se están transmitiendo de forma correcta al presente.

Entenza, politólogo, apunta que antes “se aprendía la participación política por el hecho”. “El trabajo tenía un componente fundamental de colectividad, y eso tenía una serie de implicaciones. Ahora el trabajo está más precarizado y más individualizado, y eso dificulta generar comunidad”. Entenza continuaba: “Lo que se tiene que hacer es intentar readaptarnos a los tiempos”. “Puede que cambien muchas cosas. Se pueden inventar mil códigos y la IA, pero la idea de que unidos somos más fuertes, esa no va a cambiar”, afirmaba el experto.

Las claves de los ponentes respecto a la política actual nacían de forma natural al hablar del pasado. La necesidad social de cambio estaba presente en la conversación. Para Bernabé: “Había unos objetivos claros. Sabían contra qué luchaban. Y cuando todos luchan contra lo mismo, es más fácil”. “La fórmula es matemática: ¿Dónde hay mejores condiciones laborales? Donde hay lucha obrera.”, aseguraba Entenza.

La pregunta de “¿Cómo hacemos llegar todo esto a los jóvenes?” también ha revoloteado durante toda la charla. Uno de los ponentes de menor edad, en este caso, Vicario, decía: “Antes estaba todo por conquistar. Ahora vivimos en una sociedad cada vez más individualista". "Vivimos nuevas formas de subordinación que a lo mejor se escapan un poco de lo que era antes. La crisis de la vivienda, la especulación…”.

Sobre la cultura del esfuerzo, Entenza plantea la paradoja de las nuevas generaciones: “Si el trabajo no me garantiza unos mínimos aspiracionales que sí que garantizaba a las generaciones anteriores, entonces quiero que el trabajo no ocupe un rol central, como tenía antes. Esto ha sido caricaturizado como falta de cultura del esfuerzo”. Vicario afirma estas declaraciones: “Somos la generación más preparada, pero no aspiras a tener una casa. Las aspiraciones son distintas”.

Muchas preguntas y respuestas fueron lanzadas durante la hora que duró el conversatorio, y pese a la generalizada sensación de que se había quedado corto, todo se puede resumir con una frase lanzada por el representante de estudiantes, Vicario: “Faltan espacios intergeneracionales para poder hablar de esto”. “Por eso son muy importantes espacios como este”, añadía, refiriéndose a este evento organizado por infoLibre que viajará también a otras ciudades para hablar, incansablemente y sin parar, sobre la lucha democrática.

Volver al pasado para comprenderlo todo. Es el objetivo que persigue el acto Del acero a la palabra: trabajo, dignidad y memoria en Euskadi, organizado por infoLibre junto con la celebración de los 50 años de España en libertad. Tendrá lugar el 12 de marzo a las 18:00 horas en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao. Si te apetece venir puedes reservar tus entradas aquí.

Los años de represión del franquismo han dejado una huella que todavía atraviesa a España y que se siente en todos los rincones del territorio. En Euskadi, la resistencia al régimen estuvo marcada por los sindicatos y los obreros que –al contrario de lo que les ordenaba el régimen– se unieron y organizaron para poder resistir. 

Allí, el movimiento obrero resistió y salió a la calle. En abril de 1951, miles de vascos y vascas paralizaron Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra. Pedían lo más básico: mejoras salariales ante el alto coste de vida. Después de varias semanas, consiguieron lo que parecía imposible. Lograron que se aceptaran sus peticiones. 

El lugar en el que se celebrará el acto no es ninguna casualidad. Este territorio concentra la memoria del esfuerzo industrial y de las luchas obreras y sindicales que fueron decisivas para conquistar derechos laborales y libertades políticas. Ese lugar es un símbolo de la capacidad de transformación de la sociedad vasca.

El evento dará comienzo con una actuación liderada por una txalaparta, un instrumento de percusión idiófono tradicional en Euskadi. Tras la actuación, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, estará a cargo de dar la bienvenida al evento. Después, Maraña conversará con Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, para explicar el proyecto. 

El plato fuerte llegará con una mesa redonda moderada por Marta Gesto, directora general de infoLibre, sobre cómo el trabajo, la organización sindical y la memoria obrera fueron claves en la construcción democrática. El cómo esto ha llegado hasta hoy también será una de las grandes preguntas de la tarde. 

En la mesa redonda participarán Afra Blanco, sindicalista y tertuliana; Carlos Entenza, politólogo, jurista, codirector de Ideas en Guerra y sindicalista; Eztizen Miranda Bernabé, antropóloga especializada en comunicación y memoria histórica; e Iñigo Ugedo Vicario, presidente Consejo de Estudiantes de la EHU. 

Con ellos, debatirán sobre cómo fue el tránsito del conflicto industrial al pacto democrático y cómo éste es recordado en la sociedad vasca; el papel que jugaron los sindicatos; cómo las nuevas generaciones entienden el trabajo; qué significa la dignidad en el trabajo y la memoria obrera frente a la precariedad y la desafección democrática.

Resistir, pero con silencio y miedo. “De esto no se habla” es una frase que todos los españoles han escuchado demasiadas veces. En casa, pero también en el trabajo. La represión a los trabajadores durante el franquismo tuvo un grandísimo impacto en lugares como Euskadi en los que los obreros de las fábricas tuvieron que ver cómo se quedaban sin la mitad de sus compañeros por la represión en contra de quien estuviera mínimamente en contra de Franco.

Para que estas historias no se olviden, infoLibre ha puesto en marcha la iniciativa La Memoria que Somos, una serie de charlas que pretenden acercar a personalidades de la cultura o la información con las nuevas generaciones para debatir sobre cómo han trascendido hasta hoy los años de Franco en España, 50 años después de conseguir la tan ansiada democracia. 

En ella se guarda bajo llave el legado de reconocidos artistas. Y desde este miércoles, la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid ya atesora el de las pioneras Clara Campoamor, Victoria Kent y Elena Fortún por el Día Internacional de las Mujeres. Resulta un hecho incontestable: la historia de España la han escrito hombres. Y en la de la lucha por la igualdad, en mayor o menor medida, también han intervenido. Campoamor y Kent fueron dos mujeres que abrieron paso, que representaron los ideales del feminismo y que constituyeron una parte esencial de la historia política de España y del mundo. Sin embargo, cuando sus nombres se ponen uno al lado del otro de lo que se habla es de su enfrentamiento de ideas. Una quería el voto, la otra lo impedía.

Es cierto, pero solo en parte. Campoamor consiguió el voto, pero Victoria Kent no era antisufragista, ni mucho menos. No pedía que las mujeres no votaran sino que fuera más tarde, cuando la recién nacida República gozara de mejor salud. Para ella, las mujeres de España se convertirían en republicanas y de izquierdas en cuanto pudieran vivir los derechos conquistados con la nueva política. Era cuestión de tiempo.

Otras que también abrieron paso, que vivieron esa República y su posterior caída, también han sido olvidadas o simplificadas por la historia. La escritora Elena Fortún cambió la literatura infantil y defendió el feminismo desde antes de convertirse en la madre y escritora de Celia, una colección de novelas sobre una niña de siete años que vivía con su familia en Madrid. 

Las encargadas de poner en palabras la historia de estas mujeres en el evento organizado por el Cervantes han sido Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; la doctora en Historia, Maria Dolores Ramos Palomo; la editora de Editorial Renacimiento, Christina Linares; las sobrinas nietas de Kent, Ana María y Concepción O’Kean; y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha clausurado el acto. 

El acto también ha homenajeado el Lyceum Club Femenino, una asociación que buscaba el desarrollo social y cultural de las mujeres entre 1926 y 1939. Ser socia significaba haber realizado trabajos literarios, artísticos o científicos, participado en causas sociales o tener títulos académicos. Victoria Kent llegó a ser vicepresidenta de la entidad y Campoamor y Fortún también formaron parte de ella. 

El evento ha arrancado con la intervención de Carmen Calvo, que ha reclamado la figura política de Clara Campoamor como una mujer más allá del voto o más allá de ser una pionera. “El machismo quiere que hablemos de ella como una política que hizo algo en un apartado, el de pelear por el sufragio, pero ella es el personaje político, hombres y mujeres incluidos, que más ha sabido comprender lo que es la democracia. No se la entendía por muchos flancos y de una manera cruel las Cortes decidieron enfrentar a las dos únicas mujeres que había en la Cámara”, ha relatado Calvo. “El machismo nos quiere como pioneras o como víctimas pero tenemos que reaccionar contra esto. Cuando somos pioneras somos frágiles porque estamos solas, pero nos podemos hacer fuertes formando parte de un grupo, formando parte del feminismo”, ha añadido. 

Tras su discurso, ha acompañado a Luis García Montero, director del Instituto y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hacia la Caja de Letras para guardar parte del inmenso legado que ha dejado la política. Entre los obsequios, el Congreso ha cedido un tomo del Diario de Sesiones que recoge varias de las intervenciones de Campoamor, entre ellas, ese famoso reclamo por el derecho de la mujer del 1 de octubre de 1931, para que el Instituto pueda ser su nueva casa durante unos meses. 

Tras el emocionante momento, Christina Linares se ha subido al escenario para rendir tributo a la escritora Elena Fortún –o Encarnación Aragoneses de Urquijo, su verdadero nombre–. Ella también tuvo un papel decisivo en la lucha de las mujeres. Como escritora, creó el personaje de Celia, una niña de siete años que vivía con su familia en Madrid. En su obra, aunque era para los más pequeños, siempre se podía apreciar su lucha por las mujeres y, en un tiempo marcado por el franquismo y el exilio, por la democracia. “A través de la mirada de una niña, era capaz de criticar el mundo de los mayores”, ha destacado Linares. 

Ya en su momento, reflejaban los ideales de la Institución Libre de Enseñanza. Se acabaron editando los manuscritos de Celia en la revolución (1987), sobre Guerra Civil, y las novelas de temática lésbica Oculto sendero (que firmó como Rosa María Castaños y que no se publicó hasta 2016) y El pensionado de Santa Casilda (2022, con Matilde Ras).

Poco se sabía de ella como escritora. Por ello, Linares ha querido reclamar el papel de expertas e historiadoras que han conseguido desempolvar la historia que muchos querían que fuera olvidada. “Fortún transformó el panorama de la literatura infantil pero antes ya escribía artículos sobre feminismo. Fue vegetariana, sabía leer las cartas, se refugió en el espiritismo para superar la muerte de su hijo y era lesbiana. Todo esto lo sabemos gracias a las expertas”, ha recalcado. 

Como con Campoamor, se han dirigido a la Caja de las Letras para poder entregar varias primeras ediciones de la obra de Fortún. Junto con la hija de Carmen Laforet, Cristina Cerezales, han hecho entrega de los libros, que según la escritora ha conseguido gracias a la “amistad de su madre con Fortún”. 

Victoria Kent también ha recibido su propio homenaje. Faltaría más, en la fecha del evento, el 4 de marzo, nació la política en 1898. Ha pasado a la historia de muchos como la mujer que se opuso al voto femenino. No fue así. Abogó por los derechos de las mujeres durante toda su vida y abrió las puertas de todas las que vinieron después. 

Ella fue la primera mujer que formó parte del Colegio de Abogados de Madrid. Allí, también se convirtió en la primera mujer defensora en el mundo ante un tribunal militar en 1931. Además, Consiguió que se cerraran 114 centros penitenciarios, mandó construir la Cárcel de mujeres de Ventas en Madrid –sin celdas de castigo–, y creó el Instituto de Estudios Penales. 

La historiadora María Dolores Ramos Palomo ha relatado la forma en que tuvieron que volver a reconstruir, como si de un puzle se tratase, la vida de todas estas mujeres, de las que no había prácticamente nada ya descubierto. Solo fue cuando se abrieron las hemerotecas y las bibliotecas cuando las investigadoras descubrieron la aventura que fue la vida de todas ellas. 

El legado de Kent se ha representado con la lectura por parte de sus sobrinas nietas, Ana María y Concepción O'Kean, de varias cartas de la política en su tiempo en Nueva York. Los objetos también han incluido varios de sus escritos y una foto con Louise Crane, quien fue su pareja hasta que falleció en 1987. Precisamente la compañía de teatro Arte por el Arte Producciones ha realizado una lectura dramatizada de un extracto de la obra Victoria Kent o la verdadera identidad de Madame Duval sobre la relación entre ambas. 

La presidenta de las Cortes, Francina Armengol, ha puesto el broche final al acto: “Cuando vemos sus biografías podemos ver cuánto empeño se puso en silenciarlas. El orden mundial ahora se tambalea, en muchos lugares del mundo se ve la barbarie, que también se asienta en las grietas de una sociedad polarizada”, ha apuntado. 

“Comprometernos por la lucha es saber que las democracias que con tanto esfuerzo se han levantado, se pueden destruir de un mazazo. Nuestra responsabilidad con estas mujeres y las nuevas generaciones es proteger estos valores sobre los que hemos construido la sociedad que somos”, ha zanjado.