El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno prorrogará un año más la modificación legislativa que permitió el reparto de menores no acompañados en diferentes comunidades autónomas y que este jueves ha cumplido un año desde su entrada en vigor.

En rueda de prensa tras la reunión de coordinación y balance de la aplicación de la Ley de Extranjería y la reubicación de menores que se ha celebrado en Melilla, el ministro ha informado de que el Consejo de Ministros aprobará antes del 30 de agosto un real decreto para hacer efectiva esta prórroga, que llegará hasta agosto de 2027.

El próximo martes se reunirá la Comisión Interministerial de Inmigración, que preside Torres, para valorar esta modificación legislativa una vez que ha pasado un año.

Según ha informado el ministro, Canarias, Ceuta y Melilla mantienen la contingencia migratoria, pero “de facto ya han salido del hacinamiento” en el que se encontraban, por lo que “la situación es otra, no tiene nada que ver con la que había hace un año” y es “infinitamente mejor”.

De acuerdo con los datos del Gobierno, 1.143 menores han sido reubicados, entre los que se incluyen los menores solicitantes de asilo y a los que se derivan a otras comunidades con un procedimiento exprés de máximo 15 días por haber llegado tras la declaración de la contingencia migratoria (30 de agosto de 2025), en virtud del artículo 35 de la norma.

De los menores a los que se ha aplicado este artículo, 437 estaban acogidos en Ceuta (casi el 80 %), 64 en Melilla (91 %) y 202 en Canarias (19,9 %), según los datos de los que dispone el Gobierno, si bien el ministro ha apuntado a unas declaraciones de la consejera canaria que añade otros 600 que han podido ser reubicados, lo que elevaría la cifra a 800.

Además, otros 440 menores acogidos en Canarias que eran solicitantes de asilo también se encuentran ya en territorio peninsular y solo quedan 103 en el archipiélago.

“Es decir, estamos hablando de unos 2.000 menores, aproximadamente, entre los que ya tenemos certificados, los que añade el Gobierno de Canarias, y los que han sido trasladados en asilo en el conjunto del territorio español”, ha subrayado Torres.

Tras la prórroga del real decreto ley, con el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, el ministro ha advertido de que “este sistema solidario de acogida dependerá de las mayorías que se conformen en las Cortes”.

Por ello, ha preguntado cuál será la postura de la oposición al respecto y ha señalado directamente a PP y Vox, los partidos que votaron en contra de esta medida que ha permitido “un hito histórico”, que “ha demostrado que funciona” y que ha impedido que los 6.000 que había en Canarias, Ceuta y Melilla se hayan convertido en más de 10.000 un año después.

Actualmente quedan por reubicar unos 3.800 menores acogidos en estos territorios frontera, ha informado Torres, en cuya opinión “el reto está encauzado” y “España ha pasado de una situación de colapso a un modelo ordenado, solidario, sostenible y eficaz”.

Asimismo, ha agradecido el trabajo y la implicación de los gobiernos autónomos de Ceuta, Melilla y Canarias porque “se ha logrado efectuar reubicaciones sin ningún problema relevante” y “eso ha sido porque se ha antepuesto el interés del menor, la lealtad y ha primado la cooperación institucional”.

El de este jueves en Melilla ha sido el tercer encuentro de estas características presidido por el ministro, tras el celebrado en Canarias el pasado 23 de enero y en Ceuta el 25 de febrero.

Han asistido, además de Torres, los secretarios de Estado de Política Territorial, Migraciones y Juventud e Infancia, Arcadi España, Pilar Cancela y Rubén Pérez, respectivamente; y los delegados del Gobierno en Melilla, Canarias y Ceuta, Sabrina Moh, Anselmo Pestana y Miguel Ángel Pérez, respectivamente.

El número de nacimientos en 2025 creció por primera vez en una década aunque apenas un 1%, hubo 321.164, y van acompañados de un retraso de la edad de maternidad; mientras que las defunciones aumentaron el 2,5%, por lo que el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) sigue en negativo, según informa EFE.

Son datos de la Estadística publicada este miércoles por el INE de la estimación mensual de nacimientos y defunciones al cierre de 2025, por lo que advierte de que son provisionales y se podrían revisar en los próximos meses.

Respecto a las defunciones, se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior. El crecimiento vegetativo presentó un saldo negativo de 122.167 personas. Por meses, hubo más nacimientos en octubre y septiembre, mientras que nacieron menos niños en febrero y junio. Respecto a las muertes, se registraron más en enero y diciembre, mientras que fue septiembre el mes con menos fallecimientos.

Aunque en la última década el número de nacimientos ha sufrido una tendencia a la baja, en 2025 ha experimentado un ligero ascenso, son 3.159 más, rompiendo así la tendencia de la última década, aunque incide en que los datos son provisionales. Así, los nacimientos han ido registrando descensos año a año desde los 420.290 en 2015, hasta 318.005 en 2024 y comienza el ligero aumento en 2025 con 321.164 bebés.

Respecto al retraso en la edad de maternidad, mientras que en 2015 el 7,8% de los nacimientos fueron de madres de 40 años o más, en 2025 ese porcentaje se elevó hasta el 10,4%, en términos relativos. En octubre (28.711) y septiembre (28.256) hubo más nacimientos, mientras que los meses con menos fueron febrero (24.316) y junio (25.804).

Durante 2025 se estima que fallecieron en España 446.982 personas, un 2,5% más que en el año anterior (10.864 personas).

Los mayores porcentajes de descensos de fallecidos fueron entre los menores de 0 a 4 años (el 8,2% menos que en 2024), y es incluso mayor la reducción en el caso de los varones de esa franja (el 12,9%). En cambio, aumentaron en mayor medida las muertes entre las personas de 80 a 84 años (el 6%) y el mayor aumento de la tabla se observó en los varones de 5 a 29 años (6,6 %). 

El saldo vegetativo de la población (la diferencia entre nacimientos y defunciones de residentes ocurridos en España) fue negativo en 122.167 personas, según los datos provisionales del año 2025. 

Los mayores incrementos en el número de nacimientos se registraron en la Comunidad de Madrid (3,3%) y País Vasco (3%); los mayores descensos en las ciudades autónomas de Melilla (10,1%) y Ceuta (6,6%), y Baleares (2,6%).

En cuanto a las defunciones, los mayores aumentos respecto a 2024 se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (16,5%) y Melilla (15,2%), y Canarias (5,9%). El mayor descenso se registró en La Rioja (3,7%).

El crecimiento vegetativo fue negativo en 2025 en todas las comunidades, excepto en la Comunidad de Madrid (que tuvo un saldo positivo de 2.134 personas), Región de Murcia (509) y las ciudades autónomas de Melilla (215) y Ceuta (32). Por el contrario, los saldos vegetativos más negativos se registraron en Galicia (19.894), Castilla y León (16.318) y Andalucía (15.509).

Uno de los seis muertos en el ataque a tiros este lunes en una parada de autobús de Jerusalén es Yaakov Pinto, un joven español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, confirmaron a EFE fuentes consulares y familiares.

Pinto, que se acababa de casar, murió en el lugar junto con otros dos jóvenes de unos 30 años. Según informó el servicio de emergencias israelí MDA, tres de los muertos en el mismo sitio del ataque, entre ellos Pinto, eran hombres de unos 30 años y otro era un hombre de unos 50. A ellos hay que sumar una mujer de unos 50 años que fue trasladada en estado crítico al hospital y otro fallecido en otro centro hospitalario.

Según el MDA, doce personas más fueron trasladadas a hospitales, de ellas siete en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Las dos personas que abrieron fuego este lunes contra civiles de una parada de autobús de Jerusalén son dos ciudadanos palestinos, informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, "para combatir el terrorismo".

Un total de 57.738 migrantes han llegado en cayuco o patera a España este 2024, cifra que supone un nuevo récord histórico en el número de personas que han accedido por vía marítima a las costas españolas de forma irregular, al superar las 57.498 entradas de este tipo registradas en 2018.

Las 57.738 personas que han alcanzado el país por vía marítima desde que comenzó el año hasta ayer, 15 de diciembre, lo han hecho en 1.719 embarcaciones y la gran mayoría (43.737) ha llegado a Canarias, según el último balance al respecto publicado este lunes por el Ministerio del Interior y recogido por la Agencia EFE.

En los primeros quince días de diciembre han accedido al archipiélago 2.312 personas tras superar la que es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo después de un noviembre que concentró, en un solo mes, 7.338 entradas a las islas.

Las cifras conocidas este lunes no suponen un récord en el número total de llegadas a España, ya que si se tienen en cuenta también los accesos por vía terrestre a Ceuta y Melilla (que incluyen las entradas a nado) en 2024 el cómputo total asciende a 60.216 y en 2018 hubo 64.298, con muchas más llegadas por vía terrestre a las ciudades autónomas. Otra diferencia respecto a 2018 es que en aquel año la inmensa mayoría de las llegadas por mar fueron a la península y a las Islas Baleares (54.703) y este año el grueso de los accesos ha sido por Canarias (43.737).

Respecto al año pasado, el total de llegadas irregulares por cualquier vía al país ha aumentado un 14,5 % de los 52.591 migrantes que llegaron entonces a los 60.216 actuales.

A diferencia de lo ocurrido en Canarias, el número de personas que han llegado por mar al resto de España ha descendido respecto a 2023: un -2,2 % en el caso de las entradas a la península y las Islas Baleares (de 14.259 a 13.952) y, en mayor medida, en Ceuta (de 60 a 28 migrantes) y Melilla (de 180 a 21).

En cuanto a las llegadas por vía terrestre, han aumentado en la ciudad autónoma de Ceuta de las 1.044 que se habían contabilizado a estas alturas en 2023 a las 2.386 registradas este año, mientras que en Melilla han bajado de 160 a 92. 

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una partida presupuestaria de 35 millones para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en 2024, de los que 15 millones son para Canarias, Ceuta y Melilla y otros 20 para los traslados entre comunidades autónomas.

El Gobierno indica en una nota de prensa que se trata de una primera ayuda y está orientada a dar un respaldo económico a los principales territorios de llegada tensionados.

En este primer bloque de ayudas, Canarias recibirá seis millones de euros y cada ciudad autónoma 4,5 millones.

Según el Gobierno, con estas cantidades, los respectivos gobiernos podrán hacer frente a gastos derivados de la atención inmediata y la acogida de los menores no acompañados.

Además esta partida también incluye la cobertura para acciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida la escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social (bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar) la representación legal y la orientación y asistencia jurídica en los procedimientos de extranjería y asilo.

Este primer bloque presupuestario también dará cobertura a gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema, los gastos estructurales y los derivados de la atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que las comunidades autónomas atienden desde que se puso en marcha el sistema de reubicación interterritorial.

La segunda partida, de 20 millones, irá destinada al conjunto de comunidades autónomas de destino (excepto el País Vasco y Navarra, que asumen plazas de reparto pero que reciben la financiación a través de sus propios sistemas de concierto) y a la ciudad autónoma de Ceuta.

El objetivo es atender a 400 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados (300 de Canarias y 100 de Ceuta) y, conforme a lo acordado en Comisión Sectorial, en 2024 se procederá al traslado de 347 de estas personas menores de edad migrantes no acompañadas.

Las 53 restantes permanecerán en Canarias (40) y en Ceuta (13), y estos territorios, según el Gobierno, recibirán la financiación correspondiente a las plazas para cubrir los gastos generados.

Esta partida también se destinará a la atención inmediata y la acogida de los menores así como a su apoyo, escolarización, inserción sociolaboral y la inclusión social, entre otros aspectos.

El Gobierno informa de que dentro de la partida destinada a los traslados, hay una segunda parte orientada al esfuerzo de acogida realizado por cada comunidad autónoma y esta asignación mide de manera proporcional y progresiva dicho esfuerzo estructural, y financiará los posibles gastos adicionales derivados de la ampliación de plazas del sistema y los gastos estructurales.

Sergio Illescas llegó a Melilla en 2022 con la intención de especializarse como periodista en temas de migración. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Poco antes de su llegada, ocurrió la masacre.

El 24 de junio, alrededor de 2.000 personas intentaron cruzar la frontera entre España y Marruecos. La mayoría de estos migrantes, provenientes de Sudán y Chad, habían viajado durante meses o incluso años para llegar a ese punto. La respuesta de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes terminó con 23 de ellos muertos, de acuerdo con los datos de las autoridades de Marruecos, cifra que la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) eleva a 27. Por su parte, Amnistía Internacional sugiere que el número real de fallecidos podría superar los 100, incluyendo aquellos que murieron tras ser trasladados sin recibir asistencia sanitaria. A estos se suman las aproximadamente 70 personas que siguen desaparecidas y los al menos 470 que fueron devueltos sin ninguna garantía.

Esta tragedia es la inspiración detrás de Los Nadie, la nueva novela gráfica de Illescas y su socio y editor artístico, Mario Paul Martínez, que se ha puesto en marcha de la mano de la editorial Dolmen. Con esta obra, ambos buscan honrar y reivindicar las vidas de los migrantes que se perdieron aquel día.

“A menudo hablamos con frialdad de las cifras, pero detrás de cada número hay personas, seres humanos con una historia”, comenta Illescas. Los Nadie nace de la necesidad de contar lop ocurrido, de darle un rostro y una voz a los fallecidos. La novela sigue a cinco de ellos —Myasar, Abdul Rahim, Abdelaziz, Mohamed y Bishara Ibrahim—, cuyas historias han reconstruido a través de conversaciones con los que sí consiguieron cruzar. 

Su primer intento de acercarse a los supervivientes fue en la plaza del Ayuntamiento de Melilla, donde conoció a dos de ellos. Con la ayuda de una activista que hablaba árabe, se acercaron a preguntar si conocían a alguno de los fallecidos. Uno, cuyo hermano murió en la masacre, rompió a llorar. “Se me cayó el mundo a los pies”, recuerda Illescas.

La oportunidad de contar estas historias surgió cuando uno de los que salieron con vida, un joven del Chad que se encontraba en el CETI —Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla—, decidió ayudarle. Su primo había muerto en la masacre y decidió compartir su historia él. A partir de ahí, otros supervivientes se unieron, compartiendo relatos de amigos, familiares y compañeros de viaje. “Se generó una comunión, todos juntos, contándonos las historias”, asegura Illescas.

El buscaba los detalles para reconstruir a cada persona. “¿Estaba enamorado?, ¿qué música le gustaba?”, preguntaba. Los supervivientes no siempre sabían cómo responder. “La idea era reivindicar su alma, su condición de persona y que al menos muertos se les ponga nombre y apellidos”. Toda esta investigación derivó en diferentes piezas y reportajes, “pero a mí se me quedaba corto”, asegura. Fue entonces cuando surgió la idea de la novela gráfica.

Los Nadie cuenta con la participación de cinco artistas e ilustradores afrodescendientes: Eusebio Nsue, Gabriel Castillo, Aurélia Durand, Alaa Satir y Frank Zarate. Cada uno encargado de llevar al papel una de las cinco historias principales de la novela. “Era una manera de tener a gente que entiende la situación de estos países y el porqué la gente se va de allí”, comenta Illescas. La realidad es que “nos faltan muchas referencias visuales” de África y a través del arte buscan “recrear ese imaginario”. 

El proyecto está siendo financiado mediante un crowdfunding impulsado en la plataforma Verkami y ya ha recaudado 5.200 de los 5.500 euros necesarios, principalmente para pagar a los artistas que participan en él. “Cuando le pones mucho amor a algo, las cosas funcionan”, concluye Illescas, que regresará este verano a Melilla junto a Martínez para recopilar los últimos detalles de la novela, que llegará a manos de los lectores en diciembre de 2024.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha ordenado a última hora de este martes el ingreso en prisión de los cuatro detenidos de CPM de los seis arrestados durante esa jornada en la ciudad española del norte de África —los otros dos fueron detenidos en la península—por su presunta implicación en varias irregularidades cuando esta formación ostentó el Gobierno de la Ciudad en coalición con PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos) entre 2019 y 2023, según informa Europa Press.

Los exconsejeros Dunia Almansouri, Rachid Bussián y Hassán Mohatar y la exviceconsejera Yonaida Sel-lam fueron conducidos durante la noche hasta el Centro Penitenciario de Melilla, esta última con la posibilidad de salir en libertad con cargos si abona la fianza que se le ha impuesto. El actual vicepresidente segundo de la Asamblea de Melilla y exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes, Rachid Bussián, y la diputada de la oposición y exconsejera de Hacienda, Empleo y Comercio Dunia Almansouri, fueron puestos la tarde de esta martes a disposición judicial tras haber sido detenidos a primeras horas del día, dentro una operación contra el anterior principal partido del Gobierno de Melilla entre los años 2019 y 2023, Coalición por Melilla (CPM) por presuntos delitos de fraude en la contratación pública y malversación.

También fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla el exconsejero de Medio Ambiente Hassán Mohatar y la exviceconsejera de la Vivienda, Yonaida Se-lam, también exdiputados de CPM en la pasada la legislatura y que no fueron incluidos en las listas electorales de su formación en los comicios de mayo de 2023.

Estos cuatro cargos del Ejecutivo de coalición que gobernó Melilla desde junio de 2019 a mayo de 2023, conformado por CPM, PSOE y el presidente de la Ciudad Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos en abril de 2021 acusado por su partido de no comunicar su imputación en un presunto caso de corrupción), forman parte de las seis detenciones realizadas este miércoles por la Policía Nacional en Granada y fundamentalmente en Melilla.

El quinto detenido es el presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, que, según informó la Cadena Ser, fue arrestado en Santander, ciudad a la que acudió para una acción formativa en su condición de médico. El sexto detenido sería Mohamed Ahmed, ex consejero de Distritos, cuyo arresto se produjo en su actual lugar de residencia, Granada.

Según fuentes policiales, los delitos investigados son pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según informan fuentes policiales.

La Policía Nacional ha lanzado este martes una operación que afecta a la formación política Coalición por Melilla (CpM) y deja seis detenidos, así como siete entradas y registros en la ciudad española del norte de África y en Granada por delitos de fraude en la contratación pública y malversación, según han informado fuentes policiales y recoge Europa Press. Se trata de la Operación Santiago-Rusadir desarrollada bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla, que ha decretado el secreto de las actuaciones.

Afecta al partido liderado por Mustafá Aberchán, que es uno de los detenidos este martes, según fuentes de la investigación. La formación, que ya fue investigada hace un año por presunto fraude con el voto por correo en las elecciones municipales de 2023, formó parte del gobierno local con el PSOE bajo la presidencia de Eduardo Castro.

Los delitos investigados son pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos, según informan fuentes policiales.

La operación guarda relación con la detención en la última semana de campaña de los comicios municipales de 2023 de una decena de personas por presunto fraude electoral, entre ellas Mohamed Al-Lal, el número 3 de las listas de Coalición por Melilla y consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del gobierno melillense hasta que fue cesado por el entonces presidente de Melilla, Eduardo de Castro.

Otro de los detenidos hace un año fue el yerno de Mustafá Aberchán, quien ya fue condenado con anterioridad por delito electoral. La operación se inició con la desarticulación de una presunta trama de captación de voto por correo a cambio de dinero, lo que, de no detectarse, podría haber puesto en riesgo la limpieza de las elecciones. Los arrestados quedaron en libertad el 23 de mayo, a la espera de nuevas diligencias de investigación.

La intervención policial de este martes tiene relación con la decisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de encargar el 26 de mayo de 2023 a Anticorrupción que asumiera el caso de la presunta trama de compra de voto "a gran escala" en Melilla debido a "su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular" en las elecciones municipales y autonómicas.

El decreto detallaba que las pesquisas realizadas por la Policía Nacional -que dieron lugar a la apertura de una investigación judicial en Melilla- habían puesto de manifiesto la "existencia de una operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo".

Precisaba que "esta operación delictiva dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla". "Dichos individuos conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma", indicaba.

El ex consejero de Distritos y Juventud de Melilla Mohamed Ahmed, detenido en mayo de 2023 por la presunta comisión de dos delitos, uno electoral y otro de pertenencia a grupo criminal relacionados con la supuesta compra de sufragios mediante el voto por correo, presentó a mediados de este enero de 2024 su dimisión como diputado de CpM "por razones personales y profesionales".

La renuncia llegaba después de las duras críticas realizadas por PP y Vox por su constante ausencia a plenos, comisiones y demás órganos de la Asamblea desde que comenzara la legislatura, a pesar de cobrar como diputado, dado que había trasladado su residencia a Granada.

Coalición por Melilla, con ocho diputados, formó parte del Gobierno de Melilla, presidido por Eduardo Castro en coalición con el PSOE (4) desde junio de 2019 a mayo de 2023. Eduardo de Castro fue el único diputado logrado por Ciudadanos, formación de la que fue expulsado en abril de 2021, acusado por su partido de ocultar su imputación en un presunto caso de corrupción, expulsión que recurrió ante la justicia y que ha sido ratificada por Audiencia Provincial.

El Palacio Real, el Museo del Prado, la Granja de San Ildefonso. Joe Biden, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Mario Draghi. Son el 29 y el 30 de junio de 2022 y todo el mundo mira a España por aglutinar en tan poco espacio a tantos grandes líderes mundiales al albergar una de las Cumbres de la OTAN más importantes del siglo. Marcada por la Guerra de Ucrania y por la riqueza cultural de nuestro país, los titulares de la prensa internacional y las fotografías de los reportajes fueron escaparate de la gran organización del evento llevada a cabo por España. Sin embargo, esas fotos de líderes mundiales caminando entre los cuadros del Prado no mostraban toda la realidad. Escondían que, tan solo cinco días antes, había ocurrido en Melilla una tragedia que inundó los medios con imágenes de migrantes hacinados, fallecidos y tirados en el suelo sin asistencia médica después de sufrir una respuesta violenta y desproporcionada de la policía española y marroquí cuando intentaban cruzar la frontera en busca de un futuro mejor. Fueron 2.000 personas, según cifras de Amnistía Internacional, las que intentaron cruzar la frontera, de las cuales al menos 37 fallecieron y 76 desaparecieron.

El infierno para los migrantes no terminó con la intervención policial. Según señala la investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo, hasta 470 personas fueron devueltas sin garantías y de forma sumaria por parte de la policía española a Marruecos, abandonándolos a su suerte. Además, los heridos estuvieron durante horas esperando una ayuda sanitaria que no llegaba. Las autoridades ni siquiera permitieron a una ambulancia de Cruz Roja situada en las inmediaciones asistir a los migrantes, y en el lado marroquí no llegaron hasta dos horas después de los hechos. Algunos de ellos estuvieron esperando atención médica hasta 10 horas.

Un año después de la tragedia, Amnistía Internacional ha querido volver a denunciar los hechos que tuvieron lugar en el puesto fronterizo del Barrio Chino de Melilla. La organización pone de manifiesto la impunidad y el oscurantismo por parte del Gobierno español alrededor de los hechos, el desamparo de los migrantes supervivientes y la imposibilidad de solicitar asilo por parte de migrantes subsaharianos. Además, la ONG sostiene, en base a testimonios de testigos, que el número verdadero de fallecidos podría ascender a más de 100 personas. “Estamos ante una cifra descomunal que habla por sí sola del sufrimiento padecido por esas personas en la frontera”, afirma la organización.

Las revelaciones de los supervivientes que comparte Amnistía Internacional describen hechos que vulneran ampliamente los derechos humanos. En ellos se ofrecen descripciones de cómo varios heridos de gravedad fueron trasladados en autobuses sin recibir ningún tipo de asistencia médica, lo cual hizo que muchos de ellos murieran durante el viaje. Otros supervivientes fueron trasladados al sur de Marruecos y fueron también abandonados a su suerte. Además, a día de hoy, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), 87 migrantes todavía continúan detenidos en Nador y en cárceles repartidas por todo el territorio del país africano. No existe ningún tipo de información pública sobre esos juicios y, tal y como denuncia Amnistía Internacional, tampoco sobre el resto de personas trasladadas.

Por otra parte, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) afirma que algunos de los migrantes que intentaron cruzar la frontera hace un año y fueron rechazados han conseguido hacerlo posteriormente en Ceuta, cambiando de ruta. Estos migrantes, que relataban los hechos acaecidos el 24 de junio una vez pasaban la frontera, están, a día de hoy, esperando finalizar el trámite para la solicitud de protección internacional. 

En cuanto a los fallecidos, sus cuerpos continúan, un año después, en la morgue de Nador, muchos de ellos sin identificar, denuncia Amnistía Internacional. Las autoridades de Marruecos han reiterado en varias ocasiones que no procederán a enterrar los cadáveres sin una correcta identificación, pero en todo este tiempo no han facilitado en ningún momento la realización de tareas forenses en los cuerpos. Una situación de desamparo acrecentada por la negativa del Gobierno marroquí de entregar visados a las familias que creen tener a algún ser querido entre los fallecidos y por la imposibilidad de estas de comprar billetes para trasladarse al país africano. La única posibilidad de las familias para avanzar en la identificación fue hace tres meses, cuando el Ministerio de Exteriores de Sudán permitió el envío de muestras de ADN a Marruecos para compararlas con las de los cadáveres, sin embargo, a día de hoy los resultados aún no han sido publicados. 

“Reclamamos verdad, justicia y reparación para las víctimas y los familiares, que todavía un año después no saben exactamente dónde están muchos de sus familiares. Además, de no conocer el paradero de las personas desaparecidas, de no saber si los muertos están enterrados ni en qué lugar, tampoco se ha reparado ese daño a las víctimas devueltas y golpeadas”, afirma Elena Muñoz, coordinadora del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

Pese a la gravedad de los hechos acaecidos hace un año, las responsabilidades han sido prácticamente inexistentes, favoreciendo, según Amnistía Internacional, un clima de absoluta impunidad. En el lado marroquí, las autoridades han estado durante todo este tiempo obstaculizando iniciativas de búsqueda de las personas desaparecidas y fallecidas y, además, no han realizado ningún operativo para esclarecer la violencia empleada por sus fuerzas de seguridad en la valla de Melilla. 

Por la parte española, la Fiscalía archivó la causa en diciembre del año pasado, tan solo recomendando al Ministerio del Interior la apertura de un expediente administrativo contra algunos guardias civiles que tiraron piedras contra los migrantes. Más allá de esa recomendación, las vulneraciones de derechos humanos denunciadas por Amnistía Internacional han quedado completamente impunes, ya que no se han abierto “investigaciones adecuadas sobre las denuncias de crímenes de derecho internacional que se cometieron a ambos lados de la frontera”. Para la organización, esta actitud de la Fiscalía parece “aprobar” la respuesta de las fuerzas de seguridad española, no entrando a investigar a fondo la actuación policial española, ni la marroquí en territorio español.

Las responsabilidades políticas tampoco han existido. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, máximo responsable a nivel político de la tragedia de Melilla, fue reprobado por el Congreso de los Diputados en una iniciativa del PP que contó con 173 síes (Vox, CS, ERC, Junts y la CUP), 160 votos en contra (PSOE, Unidas Podemos, PdeCat, Más País y Teruel Existe) y la abstención de PNV y EH Bildu. La reprobación del ministro fue la primera en esta legislatura que salió adelante, pero este procedimiento tan solo es simbólico y no implica ninguna consecuencia vinculante sobre él. 

Otro de los problemas que persiste un año después de la tragedia es la falta de cambios legislativos o internos en España para evitar la repetición de una situación similar en el futuro. “Desde CEAR llevamos tiempo exigiendo la derogación de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería que regula el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla”, explica Muñoz. Este texto solo se aplica en las dos ciudades autónomas y el Tribunal Constitucional estableció que solo sería constitucional si se cumplen una serie de condiciones concretas: un control judicial de la actividad, un pleno respeto a los derechos humanos y una detección de personas vulnerables como víctimas de trata, menores de edad no acompañados, personas con protección internacional.

“Esto, lo vimos hace un año en Melilla, no se lleva a cabo. Por lo que sabemos y hemos visto, muchas de las personas rechazadas eran personas solicitantes de protección internacional y que huían de conflictos tan cruentos como el de Sudán”, afirma la coordinadora del Servicio Jurídico del CEAR, añadiendo que los hechos fácticos demuestran como ese “rechazo en frontera” no se aplica según esos criterios del Tribunal Constitucional.

Otra de las tareas pendientes es el establecimiento de un mecanismo de monitoreo de derechos humanos en las vallas de Ceuta y Melilla para vigilar las actuaciones llevadas a cabo en unas fronteras que también son las de Europa. Por ese motivo, la propia comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, en un informe publicado en abril de 2023, a raíz de una visita realizada en noviembre de 2022, recomendaba a España romper o paralizar cualquier acuerdo con Marruecos que no respete los derechos humanos. Esa revisión de los acuerdos bilaterales con el país gobernado por Mohammed VI, además de su suspensión, sería otra de las tareas pendientes un año después de la tragedia de Melilla. 

Pese al olvido de las autoridades españolas y marroquíes hacia las víctimas, las organizaciones internacionales siguen reclamando justicia sobre la tragedia de Melilla. Las reclamaciones del Consejo de Europa sobre nuestro país no son nuevas y sus informes sobre las actuaciones de las autoridades y fuerzas de seguridad son algo recurrente en los últimos años. “La comisaria está bastante enfocada en esta zona porque es frontera europea, por lo cual no creo que vaya a olvidar la tragedia”, afirma Muñoz, explicando igualmente cómo varias entidades, entre ellas CEAR, han solicitado a la ONU una investigación en profundidad y una petición de información tanto a España como a Marruecos sobre los hechos. Los trámites continúan gestionándose a día de hoy, y en las próximas fechas podrían llegar los primeros informes o conclusiones de lo ocurrido en la frontera.

Las ONG Coordinadora de Barrios, Colectivo Ca-Minando Fronteras, Asociación de Extranjeristas en Red, Asociación Pro Derechos Humanos de España y Associació Lab 38 han presentado este viernes una querella en el juzgado de instrucción de Melilla con el objetivo de solocoyar la apertura de una "investigación exhaustiva y pormenorizada" sobre lo ocurrido en el salto a la valla en dicha ciudad autónoma en junio de 2022, informa Europa Press.

Según han informado las organizaciones, a través de un comunicado, el objetivo es que esta investigación se produzca "al amparo del derecho internacional y de los derechos humanos".

Estas ONG rechazan, así, las conclusiones alcanzadas por la Fiscalía General del Estado sobre este caso ya que, a su juicio, ha realizado una investigación "insuficiente para conocer la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas aquel día". A su juicio, la Fiscalía "no ha cumplido con los estándares de justicia, verdad y reparación a los que tienen derecho las víctimas y sus familias".

Se refieren a los hechos que cumplen próximamente un año, ocurridos el 24 de junio de 2022, cuando unas 2.000 personas intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla. En el suceso, fallecieron 40 personas, 77 personas están desaparecidas y 470 fueron devueltas ilegalmente, según han denunciado estas entidades.

"Esta querella es la única opción que les queda a los sobrevivientes, a las víctimas y a sus familiares para conocer la verdad, para obtener justicia y reparación y para que sus voces y testimonios sean escuchados, siguiendo los estándares de protección y seguridad adecuados a su situación, ante las graves vulneraciones de derechos cometidas", ha asegurado la activista de los derechos humanos y fundadora del Colectivo Ca-Minando Fronteras, Helena Maleno.

La portavoz de la asociación Lab 38, Sonia Ros, por su parte, ha mostrado su confianza en que la justicia vaya a realizar "una investigación independiente e imparcial por los hechos denunciados en la querella, en la que se identifiquen los responsables de las actuaciones que produjeron tan graves consecuencias y se depuren responsabilidades".

"Como organizaciones de la sociedad civil esperamos que la justicia colabore en garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos", ha concluido Ros.

El Gobierno ha enviado una nota verbal a Marruecos para trasladar su queja por la carta en la que el Gobierno del país vecino afirmaba que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas.

En ella, el Gobierno ha rechazado "categóricamente" el lenguaje utilizado para referirse a las ciudades españolas en la misiva enviada a Bruselas para criticar las declaraciones sobre la españolidad de ambas ciudades autónomas realizadas por el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la Promoción del Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas.

Asimismo, según han precisado las fuentes, se ha dejado "muy claro" a Rabat que "las fronteras españolas, incluidas Ceuta y Melilla, están internacionalmente reconocidas".

En la misiva, que adelantó el pasado domingo el diario El País, Marruecos recogió una decena de "declaraciones hostiles" de Schinas sobre Marruecos y "las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla".

España ya hizo llegar en octubre una nota verbal al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que recalcó la españolidad de Ceuta y Melilla después de que el Gobierno de Marruecos hubiera puesto en tela de juicio este extremo en una misiva remitida a este mismo organismo. "La soberanía de Ceuta y Melilla es indiscutible", recalcó la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, Ángeles Moreno.

Técnicamente no es un pucherazo, porque no se altera el resultado de las elecciones falseando el recuento, pero el resultado que se busca es el mismo: cambiar la voluntad de los electores. El escándalo de la compra de voto por correo que, de momento, afecta a las elecciones en Melilla y Mojácar (Almería) y salpica al PSOE, al PP y al partido local Coalición por Melilla ha hecho visible en la recta final de las elecciones del 28M que el procedimiento electoral en España tiene un grave agujero. La credibilidad del proceso, al menos en las circunscripciones más pequeñas y más disputadas, está en entredicho y sirve ya de munición a formaciones interesadas en cuestionar la limpieza de las elecciones. 

El PP se ha apresurado a exigir responsabilidades al PSOE, que no ha tardado en expulsar a los implicados. Pero en el momento de redactar esta información los de Feijóo no se habían dado por aludidos ante las informaciones que también señalan a su partido.

¿Qué ha pasado? Los promotores del fraude lo habrían intentado por dos procedimientos. El primero consistió en robar la documentación electoral a los carteros antes de que llegara a las manos de quienes habían pedido votar por correo. Ocurrió en Melilla hasta en cinco ocasiones, lo que ha obligado a escoltar a los funcionarios de correos, pero ha resultado ser completamente inútil porque las autoridades han anulado las solicitudes de voto robadas y ya nunca llegarán a las urnas. 

El segundo es más complejo. Consiste en pagar a un número suficiente de personas, normalmente habitantes de barrios marginales con bajo poder adquisitivo que no tienen por costumbre acudir a las urnas, para que pidan el voto por correo y entreguen a los promotores del tongo electoral su documentación. Los compradores del voto seleccionarían a continuación la papeleta deseada y consumarían el fraude llevándola a Correos. Se ignora cuántos votos se han tramitado por esta vía.

El agujero que facilita esta práctica está en la fase de entrega del voto en Correos, porque es el único paso de los tres previstos en el que no se pide el DNI. Quien quiere votar por correo tiene que identificarse cuando lo solicita y cuando recibe las papeletas, pero no cuando entrega el sobre con el voto en una oficina de Correos. Y es ahí donde los compradores de votos entran, entre el segundo y el tercer paso.

Una vez que el votante acepta vender su voto, el procedimiento es sencillo. Recibe de la Oficina del Censo Electoral las papeletas, un sobre para cada proceso (en este caso municipales y autonómicas allí donde se celebran), el certificado de inscripción en el censo, un sobre con la información de la mesa electoral y una hoja explicativa. A continuación, se lo entrega al comprador a cambio de dinero —erntre 50 y 200 euros, según los investigadores— para que este lleve a Correos la papeleta fraudulenta.

Vender el voto no es una práctica legal en España, algo que no sabe todo el mundo. La Ley Electoral castiga “con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quienes, por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención”.

Este sistema para tratar de alterar el resultado electoral comprando voto por correo no es viable en circunscripciones grandes, pero sí en pequeños municipios o en aquellos en los que la participación es baja, porque con unos miles de votos se puede cambiar el sentido de una elección. A veces bastan unos pocos centenares de sufragios. Pero cuanto más grande es una circunscripción, más electores hay que convencer para consumar el fraude y, por tanto, mayor es el riesgo de que la trampa salga a la luz. Y más caro resulta consumar el fraude.

En total, en toda España, en estas elecciones se han solicitado 1.077.082 votos por correo (3.027 desde el extranjero). Las mayores cifras corresponden a Madrid (186.087), Sevilla (55.254), Barcelona (59.095) y València (48.650). La Oficina del Censo Electoral no ha facilitado todavía datos acerca de los votos solicitados a través de los consulados.

No es esta la primera vez que se ven ensombrecidos determinados aspectos del sistema de votación. Cuando estaba en vigor el sistema de voto rogado, antes de que fuese eliminado y de la reciente reforma que lo ha recuperado, en Galicia era bien conocido cómo llegaban a las urnas votos de personas fallecidas que seguían inscritas en el censo de residentes ausentes. Y contaban como papeletas válidas. También es relativamente frecuente la práctica de ofrecer autobuses a electores de zonas rurales, en su mayor parte de avanzada edad, a los que se les entrega una sola papeleta para que la depositen en las urnas.

La solución al fraude detectado en Melilla y Mojácar es tan sencilla como imposible de implementar a estas alturas del proceso electoral: reformar el sistema para que también se exija el DNI en el momento de entregar el voto en las oficinas de Correos. 

¿Impedirá eso, si llega a incluirse como norma, que alguien venda su derecho a elegir al mejor postor? No, pero hará más difícil la compra, y por tanto el delito, porque el promotor del fraude tendrá más complicado asegurarse de que la papeleta que llega a Correos es la que a él le interesa. Y si no puede comprar suficientes papeletas, el fraude pierde su principal incentivo, que es modificar el resultado de la elección.

Hasta este miércoles, Correos había validado 2.572 votos por correo en Melilla para las elecciones del 28M, lo que representa el 22% de las 11.707 solicitudes tramitadas. En cuanto se tuvo noticia del fraude, las autoridades ordenaron la obligación de presentar el DNI para entregar el voto en las oficinas de Correos, pero quedaba por saber qué pasaba con los que ya se habían tramitado. Finalmente, la Junta Electoral Central (JEC) acordó aceptar alrededor de 700 votos por correo que se emitieron antes de la obligación de identificarse con el DNI para poder votar porque no se puede saber cuáles fueron objeto de compraventa y cuáles no.

La trama desarticulada por la Guardia Civil en Mojácar (Almería) con siete detenidos, dos de ellos candidatos del PSOE, trataba de captar votos por correo entre ciudadanos de origen latinoamericano, según fuentes de la investigación. Entre los siete detenidos y tres investigados en esta operación hay seis personas de nacionalidad española, entre ellos el número dos y cinco de la lista del PSOE, que han sido inmediatamente expulsados del partido. También hay ciudadanos nacidos en Paraguay, Colombia y Ecuador.

En Melilla se han practicado hasta el momento diez detenciones por delito electoral y pertenencia a organización criminal y el presidente de la ciudad autónoma, Eduardo de Castro, ha cesado a su consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal, del CPM, uno de los arrestados por su presunta implicación en la trama.

Los detenidos por la Policía Nacional por presunta pertenencia a una trama de compra de votos para las elecciones del 28 de mayo en Melilla han quedado en libertad este martes, a disposición del juzgado, que les atribuye delito electoral y pertenencia a grupo criminal, han informado fuentes policiales y ha trasladado Europa Press.

Los arrestados están vinculados a CPM (Coalición por Melilla), según estas fuentes. La Delegación del Gobierno en Melilla informó por la mañana de que eran nueve los detenidos, tres el lunes y seis este martes, si bien fuentes policiales elevan a diez el número total de arrestados en esta operación.

Según han informado a Europa Press fuentes del caso, entre las personas arrestadas están el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal (CPM), y un familiar del presidente de CPM, Mustafa Aberchán.

Este partido es el mayoritario en el Gobierno de Melilla desde junio de 2019, en coalición con el PSOE y un ex diputado de Ciudadanos, Eduardo de Castro, una unión de los diputados de los tres partidos que permitió desbancar hace cuatro años a Juan José Imbroda (PP) de la Presidencia de Melilla tras 19 años ininterrumpidos al frente del Ejecutivo melillense.

 Las detenciones se han producido en el marco de una operación en distintos puntos de Melilla, dentro de la investigación judicial que se ha abierto ante la sospecha de un intento de fraude electoral tras dispararse el voto por correo desde 4.200 de las elecciones de 2019 a los actuales 11.700, casi el triple.

Además de las detenciones y posterior puesta en libertad para ser citados próximamente por la juez que lleva el caso, efectivos de la Policía Nacional —tanto de uniforme como de paisano— han realizado registros en una decena de locales, entre viviendas y oficinas, entre ellos el inmueble que usa CPM como centro de datos y gabinete de prensa y comunicación que habría cedido a la formación un simpatizante de la misma.

El caso está bajo secreto de sumario y en el mismo se investiga si existe una trama que haya podido pretendido usar el voto por correo para comprar el sufragio con cantidades que oscila entre los 50 y los 200 euros por voto. 

Sin embargo, el espectacular incremento en el número de votos por correo llevó el pasado día 18 de mayo a la Junta Electoral a exigir que la entrega en la Oficina de Correos sea individualizada, personal y presentando el DNI, pasaporte o carné conducir, prohibiendo de este modo que una única persona pudiera llevar sacas de votos por correo de otros electores como se podía hacer hasta ese momento.

Esta medida acabó en esa misma jornada con las enormes colas que se producían en las oficinas de Correos desde que se abrió el proceso del voto por correo.

Según datos del Ministerio del Interior, hasta este martes Correos ha validado el 16% del voto por correo en Melilla para las elecciones del 28-M. En las últimos 24 horas ha subido la cifra de 1.302 a 1.882 votos presentados, del total de 11.707 solicitudes.

La Policía Nacional ha detenido a un total de nueve personas y realizado diez registros, entre ellos en el centro de datos y gabinete de prensa de Coalición por Melilla (CPM), situado en un local cedido por un simpatizante en la carretera de Farhana, en la operación que continúa abierta por el presunto fraude electoral con la compra de votos, ha recogido Europa Press.

Según ha informado un portavoz de la Delegación, en la operación policial llevada a cabo por la Jefatura Superior de Policía abierta en Melilla, en el marco de la investigación judicial por el caso de votos por correo, se ha procedido al registro de 10 puntos de la ciudad y se confirma que hay, al menos, seis detenidos este martes.

Asimismo, ha detallado que a estos seis detenidos hay que sumarle tres detenidos más el lunes, relacionados con este caso.

Entre los registros, según otras fuentes, se ha realizado uno en un local situado en la carretera Farhana cedido a CPM por un simpatizante del partido y que la formación que preside Mustafá Aberchán está usando durante esta campaña electoral como centro de datos y gabinete de prensa del mismo.

La operación policial continúa abierta y no se descartan más detenciones y registros, en una operación policial y judicial emprendida para intentar evitar un intento de fraude mediante la compra de votos, después de que en estos comicios para el 28 de mayo se haya multiplicado por tres las solicitudes del voto correo, al pasar de 4.200 en 2019 a 11.700 en estas de 2023.

Según datos del Ministerio del Interior, hasta este martes Correos ha validado el 16% del voto por correo en Melilla para las elecciones del 28M. En las últimas 24 horas ha subido la cifra de 1.302 a 1.882 votos presentados, del total de 11.707 solicitudes.

El procedimiento está abierto hasta el día 25, tres días antes de la jornada electoral, por lo que la cifra aún puede actualizarse al alza. El posible fraude electoral en Melilla llevó a la Junta Electoral de Zona a reclamar la identificación de cada votante por correo mediante DNI.

Las comunidades de Madrid, Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Murcia, así como la ciudad autónoma de Melilla, no resolvieron de manera favorable ninguna de las solicitudes presentadas del bono alquiler joven en 2022, creado hace algo más de un año para dar una ayuda de 250 euros al mes a ciudadanos menores de 35 años, según informa EuropaPress.

Según se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno a varios diputados del PP, en dichas comunidades autónomas el número de solicitudes ascendió hasta 84.813 en diciembre de 2022, pero el número de resoluciones favorables fue de cero.

Esta ayuda estatal que gestionan las comunidades se concede por un plazo de dos años con un importe máximo de 6.000 euros repartidos en 24 mensualidades. Para poder acceder a la subvención, la renta del alquiler deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales. En el caso de alquilar una habitación el precio tendrá que ser igual o inferior a 300 euros mensuales.

En la comunidad donde se presentaron más solicitudes hasta esa fecha fue Madrid, con un total de 31.755; seguido de Andalucía, con 17.280; Castilla y León, con 17.624; Castilla-La Mancha, con 6.880; Aragón, con 6.835; Cantabria, con 2.798; Murcia, con 1.546 y Melilla, con 95.

Pese al retraso del año pasado, comunidades como Madrid ya han dado a conocer los primeros beneficiarios de la medida en 2023, mientras que Andalucía dijo en marzo que empezaría resolver ese mismo mes las solicitudes de la convocatoria.

En el lado opuesto está Cataluña, donde se resolvieron de manera favorable 9.753 de las 39.347 solicitudes presentadas, lo que equivale a un porcentaje de resolución del 24,7%. La siguiente en número de solicitudes resuelta fue Valencia, con 650 de un total de 20.244 solicitudes presentadas.

En total, el Gobierno cifra a finales de año pasado un total de 12.425 solicitudes resueltas de manera favorable de un total de 182.026 solicitudes presentadas. Es decir, menos de un 7% de las solicitudes presentadas consiguieron acceder a la ayuda.

El Ejecutivo presupuestó este plan con un total de 400 millones de euros, la mitad en 2022 y la otra mitad este año. En su respuesta parlamentaria el Gobierno ha desglosado también las cantidades destinadas a cada comunidad autónoma para esta ayuda del alquiler. Así, se desprende que Madrid y Andalucía, regiones en las que no se concedió ninguna ayuda, fueron las más beneficiadas, con 31,8 y 34,2 millones de euros, respectivamente.

A estas le siguió Cataluña, con 29 millones de euros y Valencia, con 22,8 millones. En total, el presupuesto destinado en 2022 para esta medida alcanzó los 200 millones de euros.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha admitido "diferencias de criterio" con el Ministerio del Interior en relación al salto de la valla de Melilla en junio de 2022 que se saldó con una veintena de muertes y ha urgido a regular la figura del rechazo en frontera para evitar algunas de las situaciones como las vividas en aquel momento, ha informado Europa Press.

Durante la rueda de prensa que ha celebrado este lunes en el Congreso, tras entregar el Informe Anual de la institución, correspondiente a 2022, a las presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, Gabilondo ha reconocido que las actuaciones que se habían abierto con el Ministerio del Interior sobre este suceso "se han dado por concluidas" porque, antes las "diferencias de criterio", especialmente, en materia de rechazo en frontera "ya no se puede hacer otra cosa".

Sin embargo ha precisado que las recomendaciones y recordatorios realizados al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska se mantienen. Y más, según ha indicado, cuando su equipo está preocupado por que en España "se impida el acceso a la petición de asilo internacional y se evite violencia física".

"No somos jueces ni fiscales, ni personas q tienen dictar sentencias de lo ocurrido, hemos hecho lo que nos corresponde, hicimos serie de recomendaciones sobre lo sucedido, a vista de lo que nos parecía fundamental", ha señalado el Defensor del Pueblo, antes de relatar que la respuesta dada por la Secretaría de Estado de Seguridad ante sus recomednaciones no acababa satisfacerle.

Según ha señalado, estas recomendaciones a Interior tenían que ver "con derechos y libertades" de los extranjeros en España, con el rechazo en frontera, con el control judicial o el cumplimiento obligaciones internacionales suscritas por España, entre otras, y que, según ha precisado, se refieren a las directivas del Parlamento Europeo para protección o retirada de protección internacional.

Y es que, tal y como denuncia la institución en su Informe Anual de 2022, su posición es que "la Administración tiene que ser capaz de actuar en situaciones críticas de manera acorde con los derechos humanos".

En el documento, recogido por Europa Press, el equipo de Ángel Gabilondo ha recordado que el Tribunal Constitucional estableció la constitucionalidad de la figura del rechazo en frontera y reconoce que, por tanto, esta no es una cuestión que proceda discutir. Sin embargo, señala que transcurridos más de dos años desde la publicación de la instrucción del tribunal, el Gobierno "ha de desarrollar, sin más demora y por disposición reglamentaria, el procedimiento que regule esta figura, de conformidad con la interpretación realizada por el propio tribunal.

Esto es, según se recoge en el informe, que "el rechazo en frontera ha de permitir su aplicación a las entradas individualizadas, un pleno control judicial y el cumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por España".

"El rechazo en frontera ha de hacerse de forma individualizada, no que hay que sacarlos uno a uno, sino hablar con cada uno, conocer de donde viene, de qué huye, su situación familiar o si tiene personas a su cargo", ha apuntado el Defensor del Pueblo en su intervención.

Además, según ha señalado, este proceso debe realizarse "con asistencia jurídica" y "tiene que haber alguien que asesore" al solicitante de protección. Del mismo modo, considera "fundamental" que el rechazo en frontera se realice "de acuerdo a las normas derecho internacional". "El Ministerio de Interior debe velar por hacer eso así", ha apuntado, para señalar que lo que ocurre es que Interir da por hecho que el Ministerio Fiscal cumple estas funciones.

Para la institución, según recoge en el informe, la actual situación es que, cuando se produce un asalto a los perímetros fronterizos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se centra en intentar "que todos o la mayor parte de quienes participan en el intento no lleguen a superar la valla, así como en su devolución" por lo que, a su juicio, "no resulta posible detectar a menores de edad, con necesidades de protección internacional, o a personas con discapacidad.

En este sentido, el Defensor recomienda que, "cuando se lleve a cabo un rechazo en frontera, se prevea la forma de facilitar siempre información sobre protección internacional y de verificar su situación y necesidades de protección. Esto requiere examinar, mediante un mecanismo adecuado y ágil de identificación y derivación, que no es menor de edad, que no desea pedir protección internacional en España o que no concurran indicios de que pudiera ser víctima de trata de seres humanos, dejando constancia escrita de todo ello", recoge el informe.

Del mismo modo, y basándose en las quejas recibidas por la institución de personas que han conseguido acceder a territorio nacional saltando las vallas de Ceuta y Melilla, o tras duras travesías marítimas, el Defensor advierte de que "las vías de entrada regulares y seguras a la Unión Europea son, en la práctica, inaccesibles para muchos que huyen de sus países y buscan refugio en Europa".

También en relación a la protección internacional, el equipo de Gabilondo se hace eco en su informe del "colapso" del sistema para ofrecer resolución a estas peticiones. El Defensor advierte que, las consecuencias de esta situación de demora es que "muchos de quienes buscan protección en España se encuentran en situación de calle o de gran precariedad" y la negativa de la Policía Nacional a facilitar el Número de Identidad de Extranjero (NIE), una vez que se ha manifestado la voluntad de solicitar protección internacional y se ha hecho entrega al interesado del correspondiente documento que así lo acredita.

"Esta situación causa perjuicios de variada índole, tales como la imposibilidad de realizar trámites administrativos, laborales o de abrir una cuenta bancaria", apunta el Defensor que, en este caso, dirige sus recordatorios y recomendaciones sobre el tema al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En concreto les pide que el "sistema responda con más agilidad a las personas o a los grupos especialmente vulnerables".

La institución recuerda que esta cuestión ha sido objeto de una regulación específica para la situación de las personas solicitantes de protección internacional como consecuencia del conflicto en Ucrania y señala que la Dirección General de la Policía "está obligada a proceder de la misma forma para todas las personas que solicitan protección internacional".

En el documento recuerda que ya se realizaron en 2020 recomendaciones sobre este tema, que no fueron aceptadas. El Defensor señala que, el argumento utilizado por el Ministerio del Interior para no aceptar la recomendación, que se basaba en un eventual mal uso del NIE. Para el equipo de Gabilondo, este argumento carece de respaldo jurídico.

El Defensor ha señalado que es obligación de la Administración es "denegar las solicitudes de protección internacional fraudulentas o que no cumplan los requisitos para la obtención del derecho de asilo o de la protección subsidiaria en el plazo legalmente establecido". Así, cree que "la demora en la obtención de las citas no es imputable a los solicitantes y, en consecuencia, no puede justificar que se incumplan sus derechos, sino que es la Administración la que debe arbitrar los medios necesarios para atender sus obligaciones en tiempo y forma".

El Pleno del Congreso ha reprobado este jueves al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por sus "mentiras" en la gestión de la tragedia de Melilla de junio de 2022, que dejó una veintena de inmigrantes muertos, según informa Europa Press.

La reprobación, impulsada por el PP, ha salido adelante con el voto de Vox y de Ciudadanos, pero también con el respaldo de partidos independentistas como Esquerra y Junts, mientras que otros socios del Gobierno como el PNV y Bildu han declinado salvar al ministro y se han quedado en la abstención.

En concreto, la moción ha sido aprobada con 173 votos a favor, 160 en contra y 15 abstenciones. Al PP se han unido Vox, Ciudadanos, ERC, Junts —que ya habían adelantado que apoyarían la iniciativa—, la CUP, el BNG, el PRC, Foro Asturias y los diputados expulsados de UPN, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, mientras que el PNV, Bildu, Coalición Canaria y Compromís se han abstenido. Más País-Equo y Teruel Existe ha votado en contra junto a Unidas Podemos y el PSOE.

El Congreso ha reprobado a Grande-Marlaska por su falta de sensibilidad, la ocultación de información, los datos falsos facilitados y sus mentiras vertidas en sede parlamentaria".

A ellos se ha añadido un segundo punto pidiendo trasladar desde Marruecos a un joven sudanés, Basir, uno de los que intentaron saltar a España aquel 24 de junio y que ha pedido asilo en el consulado alegando que en su país le pueden encarcelar por ser cristiano.

En la defensa de la moción, el diputado del PP Fernando Gutiérrez Díaz de Ortazu acusó al Gobierno de "no afrontar responsabilidades" y recriminó a Marlaska "la falta de recursos humanos y materiales a la que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", con el foco puesto en Melilla.

ERC, Junts y la CUP reprocharon al titular de la cartera sus "mentiras", no haber dado "ninguna explicación" y aseguraron que lo ocurrido en Melilla significaría "el cese inmediato" de un ministro del Interior "en un Estado de Derecho".

De su lado, Unidas Podemos recriminaron al PP no haber asumido responsabilidad alguna por la tragedia del Tarajal en 2014 y el PSOE tildó de "escándalo" el apoyo de los independentistas a los populares en su iniciativa. Lamentó, concretamente, que partidos "hayan comprado su bulo y su mentira" y se utilicen hechos trágicos, como lo acontencido en Melilla, "como elemento de desgaste del Gobierno".

El Gobierno de Pedro Sánchez cree haber dado con la fórmula capaz de poner fin a los desencuentros que de forma periódica sacuden las relaciones entre España y Marruecos. La Reunión de Alto Nivel (RAN) que se celebrará este jueves en Rabat, la primera que tiene lugar en ocho años, servirá, según fuentes gubernamentales, para “avanzar en el encaje definitivo” de las relaciones entre ambos países con el objetivo de “no estar abocados” a tener que afrontar una crisis tras otra.

Ese encaje, según las mismas fuentes, desarrolla el acuerdo suscrito el 7 de abril y se apoya en la voluntad de las dos partes de mantener cauces “de comunicación” constantes y en la generación de “confianza” a través del “diálogo” y la “transparencia”. Para conseguirlo, habrá por primera vez “un mecanismo de seguimiento” con el fin de comprobar “el cumplimiento de los acuerdos”.

Nadie en el Gobierno de España lo confirma, pero esos mecanismos de comunicación parecen estar en el origen de que contenciosos recientes, cono la masacre de migrantes subsaharianos en la frontera de Melilla o la condena del régimen marroquí que acaba de aprobar el Parlamento Europeo, no hayan derivado en nuevas crisis diplomáticas.

En el acuerdo del 7 de abril, suscrito por Pedro Sánchez y Mohamed VI, España se comprometió a resolver los termas “de interés común” con “espíritu de confianza, a través de la concertación, sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados”. Eso es exactamente lo que el Gobierno español ha aplicado en los casos de Melilla y de Estrasburgo y, en justa correspondencia, espera que Rabat actúe del mismo modo. 

La “nueva etapa“ de la relación bilateral entre los dos países debe basarse, según el mismo documento, en “los principios de transparencia, de diálogo permanente, de respeto mutuo y respeto e implementación de los compromisos y acuerdos suscritos por ambas partes”.

En esos mecanismos de comunicación para evitar nuevas crisis y en el supuesto reconocimiento implícito de Ceuta y Melilla como territorio español se basa el Gobierno para asegurar que la reunieron de esta semana tiene una dimensión “histórica”.

Con todo, será muy importante conocer la letra pequeña de los acuerdos de Rabat. El Ministerio de Exteriores trabajaba este lunes intensamente para aterrizar la declaración de abril en acuerdos concretos que ambos gobiernos puedan firmar el próximo jueves en presencia de Pedro Sánchez y de su homólogo marroquí, Aziz Ajanuch. Algunos de los más importantes, sin embargo, permanecían sin cerrar en las últimas horas.

El más importante, por las implicaciones que tiene para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero también por lo que supone en términos de reconocimiento mutuo, sigue siendo la apertura de las aduanas comerciales en la frontera entre ambas localidades y Marruecos. Este es un acuerdo suscrito en abril que sigue sin concretarse a pesar de que en varias ocasiones Exteriores ha llegado a ponerle fecha. Fuentes del Gobierno sostienen que se sigue hablando del “calendario” y de la apertura “ordenada” y “gradual”, los términos pactados en abril.

España cree que con este acuerdo ha logrado que implícitamente Marruecos reconozca la españolidad de ambas ciudades, pero Rabat dice lo contrario. “Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España”, señaló el Gobierno marroquí en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado octubre.

En todo caso, en el Gobierno no oculta su “satisfacción” porque la RAN se vaya a celebrar e insisten una y otra vez en comparar con la situación previa al cambio de postura sobre el Sáhara. Entonces Marruecos facilitaba la llegada de migrantes y “era imposible haber de ningún tema”. “Es muy importante tener eso en cuenta”, subrayan las citadas fuentes.

Sánchez viajará a Rabat acompañado por 12 de sus 22 ministros, todos del PSOE: las vicepresidentas de Asuntos Económicos y de Transición Ecológica los titulares de las carteras de exteriores, Justicia, Interior, Transportes, Educación, Industria, Agricultura, Cultura, Ciencia e Inclusión. No habrá nadie de Unidas Podemos, que se ha desmarcado públicamente de la cumbre, en especial la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros de Consumo, Alberto Garzón, y Asuntos Sociales, Ione Belarra.

La parte socialista del gobierno, acostumbrada a escuchar las discrepancias de sus socios, ha impuesto su criterio —las relaciones exteriores cayeron de su lado en el acuerdo de coalición que firmaron con Unidas Podemos al comienzo de la legislatura— y ni se ha molestado en darles réplica. Los acuerdos ue tengan que ver con sus respectivos departamentos —era especial lo relativos al mundo del empleo, responsabilidad de Yolanda Díaz— serán asumidos, si se producen, por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Está por ver si la declaración final incluirá una referencia al Sáhara y, sobre todo, a la nueva postura de España en este contencioso, que se ha convertido en la principal conquista de Marruecos en la relación bilateral a lo largo de las últimas décadas y en la piedra angular de la “nueva relación” suscrita por Sánchez y el monarca alauita. 

Así consta en la declaración de abril: ”España reconoce la importancia de la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos, así como los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este diferendo”.

El contenido de la nueva declaración, que el Gobierno español describe como de “una profundidad y calado sin precedentes”, estaba siendo todavía negociada a última hora del lunes, por lo que el Gobierno español no pudo precisar si incluirá alguna referencia al respeto a los derechos humanos y a la mejora de las reglas del Estado de derecho en Marruecos. Son dos asuntos que tradicionalmente preocupan en España, especialmente entre las formaciones de izquierda, pero cuya incorporación a los documentos suscritos entre los dos países suscita siempre serias reservas por parte de Rabat.

Al menos 29.999 migrantes han llegado a España de forma irregular en 2022, según los datos provisionales hechos públicos por el Ministerio del Interior que abarcan entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de este año. Esta cifra, según el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, supone una reducción de las entradas de un 23% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado Europa Press.

En concreto, son 8.980 migrantes menos los que han cruzado la frontera del país por vías irregulares en 2022, con respecto a 2021 y, según Interior, esta caída es producto de la reducción de las llegadas por vía marítima. Especialmente al archipiélago canario, en donde las entradas han caído casi un 25%.

Los balances quinquenales que publica Interior sobre este tema recogen que las entradas de migrantes por vía irregular a Canarias han ido cayendo a lo largo del año y, en la última quincena del mes de septiembre, los valores se situaron por primera vez, por debajo de los recogidos en 2021.

A falta de los últimos 15 días del año, han sido 15.466 los migrantes que han arribado a las costas del archipiélago en 2022, frente a las más de 22.600 que lo hicieron un año antes.

También han bajado las entradas por mar a través de la costa peninsular y Baleares, que han pasado de las 16.001 en 2021, a 12.047 en 2022; y las registradas en la costa de Ceuta, que han pasado de las 600 del año pasado a las 124 contabilizadas de forma provisional este año.

En el lado opuesto se encuentran las llegadas de migrantes por vía marítima de forma irregular a Melilla, que ha crecido un 310% con respecto a 2021. Entonces fueron 37 las llegadas contabilizadas, mientras que en 2022 son 152.

Este balance provisional de Interior recoge el esquema de los últimos meses registrado en esta materia. Así, mientras bajan la mayoría de cifras relacionadas con las entradas por vía marítima, suben las llegadas de migrantes que cruzan de forma irregular las vallas de Ceuta y Melilla. En el primero de los casos aumenta un 52% (de 679 en 2021 a 1.037 y 2022) y en el segundo un 10,8% (de 1.059 en 2021 a 1.1273 en 2022).

En estas cifras se ha incluido la entrada de alrededor de 130 migrantes que lograron cruzar hasta Melilla durante el salto a la valla del pasado 24 de junio, que terminó con la muerte de, al menos, una veintena de personas, y numerosos heridos. Este suceso ha marcado la política migratoria del Gobierno de los últimos meses y el ministro del Interior ha tenido que comparecer en hasta tres ocasiones en el Congreso para explicar lo sucedido.

Tras los hechos, ONG que trabajan con migrantes en la zona denunciaron la abusiva actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el suceso, el traslado de cuerpos ya sin vida de migrantes de suelo española a territorio marroquí o la devolución en frontera de personas que podrían necesitar protección internacional.

Este caso también está siendo investigado por el Defensor del Pueblo, que también ha desmentido la defensa que Grande-Marlaska ha hecho de lo ocurrido en la frontera, asegurado que guardias civiles habían lanzado piedras contra los migrantes. Además, ponía en duda la asistencia sanitaria prestada a quienes cruzaron la frontera.

La actuación de la Guardia Civil también ha sido puesta en duda por los diputados de grupos parlamentarios, pertenecientes a la Comisión de Interior, que visitaron la zona donde se produjeron estos sucesos y que han podido visualizar —a puerta cerrada en la Cámara baja— las imágenes de las cámaras de seguridad que grabaron los hechos.

Ni "tierra de nadie" ni "zona operacional conjunta". La tragedia de Melilla ocurrió también en suelo nacional. Así lo ha confirmado este viernes la Fiscalía al dar carpetazo a la investigación abierta el pasado mes de junio sobre la muerte de más de dos decenas de migrantes en el paso fronterizo que separa Nador (Marruecos) y la ciudad autónoma. En un extenso decreto de archivo que supera la treintena de páginas, en el que también se ponen deberes al Gobierno, el Ministerio Público resalta que el amontonamiento de personas aquella fatídica mañana de verano se produjo "entre ambos recintos fronterizos". Y lo hace tras establecer, con informes sobre la mesa, que el pequeño patio que se encuentra tras la cancela que terminó cediendo aquella mañana de verano, justo antes de llegar a los famosos tornos, "constituye ya territorio español".

El lugar donde sucedieron los hechos era uno de los aspectos clave en el caso. Básicamente, porque de ello dependía la competencia para poder investigarlos. En este sentido, el Ministerio del Interior siempre ha tirado balones fuera. "Como resultado de estas actuaciones, señoras y señores diputados, una de las puertas de seguridad marroquíes se logra forzar con violencia, permitiendo el acceso a tierra de nadie de parte del grupo, pero actuando como peligroso embudo cuando cerca de un millar de personas intenta atravesarla y, por tanto, generando un embotellamiento que puso en riesgo la integridad de centenares de personas, hecho que se repite cuando el grupo logra forzar una segunda puerta anexa, también en el lado marroquí", decía en septiembre en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Luego, se empezó a utilizar en el departamento el término "zona operacional conjunta" o "zona de tránsito". Todo con la idea de sacar la tragedia de territorio nacional. "Cuando se ha constatado de forma evidente que la tragedia sucedió en otro país, hemos llegado a ver en algunos casos intentos de redefinir el derecho internacional y el ejercicio de la soberanía por parte de los Estados", insistía en la Cámara Baja a finales de noviembre. Una versión que rechazaron con contundencia los parlamentarios que se encargaron de visitar la zona cuando el Ministerio del Interior accedió a mostrarles las grabaciones tomadas aquella jornada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería, Beatriz Sánchez, lo niega. En su decreto de archivo, sostiene que "la delimitación" entre los territorios marroquí y español en el puesto fronterizo del Barrio Chino viene marcada "por el sistema de triple vallado y por las puertas que dan acceso" a un pequeño espacio "previo a la construcción donde están instaladas las garitas de control de documentación y los tornos". "Considerando, en consecuencia, que ese patio pequeño constituye ya territorio español", deja claro en su escrito. Una afirmación que apoya, entre otras cosas, sobre un croquis del puesto de control fronterizo facilitado por la Guardia Civil en el que se resalta que a partir de la cancela que cedió aquella mañana ya es "zona de control de España", mientras que el patio previo de dimensiones mayores pertenece a Marruecos.

El Ministerio Público, además, aporta más elementos para sostener esa tesis. Por un lado, que en ese "patio pequeño" está instalada la bandera de España. Además, que los cerrojos que bloquean las puertas metálicas que cedieron "están en el lado español" y sus llaves "custodiadas por la Guardia Civil", por lo que no pueden abrirse "desde el lado marroquí". Y que los agentes del Instituto Armado, salvo supuestos excepcionales, desarrollan sus "funciones" hasta "esas puertas". La fiscal, incluso, pone sobre la mesa el pliego de prescripciones técnicas de un contrato de 2021 para el mantenimiento en las instalaciones del perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla: "Incluye dentro de los espacios objeto de mantenimiento el paso fronterizo del Barrio Chino, describiendo el espacio español por él ocupado en los términos expuestos".

Con todo esto sobre la mesa, el Ministerio Público establece que si bien "los hechos que determinaron la avalancha sucedieron en territorio marroquí", el amontonamiento de personas "se produjo entre ambos recintos fronterizos". Por ello, y a la vista de que parte ocurrió en suelo español, pasa a analizar si se pudieron producir determinados delitos por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En concreto, pone el foco en el homicidio imprudente y la omisión del deber de socorro. Y, además, en la actuación de los agentes que participaron en el operativo. Al final, tras seis meses de investigación, la fiscal ha acordado el archivo de las diligencias al considerar que no existen "elementos que determinen" que el día de los hechos los agentes "incurriesen en infracción penal alguna".

Sobre el primero de los tipos, el Ministerio Público debía dilucidar si las fuerzas españolas pudieron haber evitado las muertes. La fiscal, en este sentido, cree que no. Principalmente, porque considera que quienes formaban aquel día parte del operativo "no eran conscientes, ni podían serlo" del "riesgo que se estaba generando en el interior del patio". "Ninguno de ellos se encontraba en el lugar donde se produjo la avalancha, no pudieron prever con anterioridad que la misma iba a producirse en los términos en los que finalmente resultó, al no tener visibilidad de la zona ni haber sido informados de los hechos que se estaban produciendo", resalta. En este sentido, explica que el equipo del helicóptero no alertó a los "operativos en tierra" al no "percatarse del riesgo que suponía la aglomeración de personas".

En la exhaustiva reconstrucción de los hechos, la fiscal resalta que la aeronave "no grabó el momento exacto de la avalancha como consecuencia de su posición". Además, explica que la docena de guardias civiles que se encontraban en el pequeño patio ubicado en la parte española abandonaron su posición antes de que se abrieran las puertas "ante la situación de riesgo para su integridad física por la alta agresividad de los migrantes". Y apunta que aquel grupo de guardias que se encontraban en el entrevallado próximo al lugar en el que se produjo el embotellamiento "tampoco tenía visión de la zona" por el "entramado de verjas existentes", por la distancia que les separaba del lugar de los hechos o por la propia posición que ocupaban, con un desnivel de cinco metros.

Pero es más, aunque los agentes hubieran podido prever la estampida la fiscal considera que poco podían haber hecho. Si hubieran abierto las puertas, dice en su decreto, "la avalancha y el embudo posterior se hubieran producido igualmente, dado el volumen y virulencia del grupo". "Además, ello habría puesto en peligro la integridad física y la vida de los agentes, que podrían haberse visto arrollados por la propia avalancha", señala.

Argumentos similares utiliza para descartar la omisión del deber de socorro. Tanto en el caso de los guardias civiles en tierra, que cuando volvieron a aquella ratonera los cuerpos ya habían sido retirados por las autoridades marroquíes, como en el de sus compañeros en el aire. "Aunque vieron el tumulto, la situación de crisis en la zona, el estrés y la deficiencia en la calidad de las imágenes que recibían hicieron que no se percataran de la gravedad de los hechos", sostiene la fiscal respecto a la tripulación del helicóptero, al tiempo que insiste en que "al dejar de enfocar a la zona" en los momentos posteriores a la avalancha "no apreciaron ni pudieron apreciar la existencia de heridos o fallecidos". Y, de nuevo, vuelve a insistir: "Pero aunque hubieran tenido conocimiento de la situación y de la existencia de heridos graves, no les hubieran podido prestar auxilio sin riesgo propio".

La representante del Ministerio Público, al mismo tiempo, considera proporcionada la actuación de los agentes y los medios utilizados aquella mañana: 270 salvas, 28 artefactos triple fumígeno, 86 artefactos lacrimógenos, 65 bolas de goma, 41 aerosoles RSG y una docena más MK46 –espráis antidisturbios–. "Mantuvieron en todo momento una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo, consistentes en el ataque masivo a una frontera española por un grupo de entre 700 y 800 personas, incontrolado, agresivo y armado con elementos contundentes", sostiene el Ministerio Público, que resalta, además, que "no existen elementos que permitan afirmar" que las lesiones de algunos migrantes "fueran producto de la actuación policial española".

Ahora bien, el decreto de archivo también pone el foco en la actuación de alguno de los agentes que se encontraban en la zona de la valla y que lanzaron piedras contra las personas que estaban "encaramados sobre los peines invertidos" de la verja. Como no consta que aquellas pedradas provocasen lesiones, no pueden ser perseguidas. Sin embargo, la fiscal de Sala Coordinadora de Extranjería ha acordado dar traslado de lo sucedido y del material videográfico que lo atestigua al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil "por si procediera la incoación de los correspondientes expedientes disciplinarios".

El Ministerio Público, asimismo, ha confirmado que en aquella jornada se produjeron 470 rechazos en frontera –las comúnmente conocidas como devoluciones en caliente–, cifras que coinciden con las ofrecidas en su día por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, considera que se hicieron atendiendo a la legalidad. En este sentido, recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley mordaza establecía que dichas expulsiones debían hacerse prestando "especial atención" a las "categorías de personas especialmente vulnerables". Y dice que, a la luz de lo declarado por agentes y del visionado de las grabaciones, no había una "especial vulnerabilidad" en los migrantes rechazados: ni mujeres, ni personas de avanzada edad, ni menores, ni personas con discapacidad.

La Fiscalía, no obstante, se detiene en este punto. Y lo hace, precisamente, para poner deberes al Gobierno. Recuerda que corresponde al Estado español y a los ministerios "implementar las medidas precisas" para garantizar que los migrantes "tengan posibilidades reales de solicitar visado, protección internacional o asilo" antes de lanzarse contra la valla. "Es en este punto donde debería realizarse un análisis pormenorizado de la situación (...) a fin de constatar dónde están las posibles fallas de un sistema que no impide que personas procedentes de países como El Chad o Sudán, quienes en la mayor parte de los casos son merecedores de protección internacional, pongan en riesgo su integridad física y sus vidas", resalta.

En este sentido, sostiene que si se promoviesen medidas que "mejorasen el acceso a estos canales" o "se posibilitara el acceso de una manera real a la oficina de asilo instalada en el puesto de Beni Enzar en Melilla" podrían reducirse tanto los saltos como el número de participantes en los mismos. Y señala que "son notorias las dificultades" que tienen las personas migrantes, especialmente si son subsaharianas, para acceder a la parte española de Beni Enzar. "Ello implica traspasar previamente el control migratorio de la policía marroquí que de facto mantiene a estas personas alejadas de la frontera, muchas de las cuales carecen de documentación que las permita acceder a territorio español", apunta.

La fiscal resalta que aún no se ha llevado a cabo el "desarrollo reglamentario" de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo –que considera obsoleta–, algo que "aclararía los trámites a seguir y facilitaría la utilización de este mecanismo". Y pide seriedad en materia migratoria, "un problema global que previsiblemente se verá incrementado". "El drama que sufren miles de personas en situación de pobreza y riesgo en sus países de origen, especialmente en el África subsahariana, conlleva inevitablemente su huida hacia Europa en busca de un proyecto de vida próspero para ellos y los suyos, lo que hace necesario habilitar políticas migratorias públicas flexibles y coherentes con la situación de cada momento, acordes con el respeto a los derechos humanos de los migrantes y de los tratados y convenios", concluye.

Durante seis meses, la Fiscalía ha realizado multitud de diligencias de investigación. Primero, llevó a cabo una inspección ocular sobre el terreno. Luego, tomó declaración Sánchez comenzó con una inspección ocular sobre el terreno. Primero, llevó a cabo una inspección ocular sobre el terreno. Luego, tomó declaración a casi una veintena de policías y guardias civiles, así como a los migrantes que participaron en los hechos y que estaban en el CETI de Melilla –de más de un centenar, solo cuatro quisieron dar su versión–. Y por último analizó los informes y documentación remitida por la Jefatura Superior de Policía de Melilla y la Jefatura de Información de la Guardia Civil, así como todo el material videográfico y audios de las conversaciones del Instituto Armado mantenidas aquella mañana.

Y en cuanto a las autoridades marroquíes, la única información de la que dispuso la fiscal fue un informe emitido por las mismas a requerimiento del Alto Comisionado de la ONU (OHCR) para los Derechos Humanos. Lo contenido en aquel documento, resalta, son "los únicos datos oficiales" que se poseen "en relación con las muertes acaecidas", pues es el país vecino el que tiene "la totalidad de los elementos probatorios" al haber sido sus agentes los que se llevaron a los migrantes lesionados y fallecidos. En este sentido, el informe mencionado recoge que 23 personas murieron por "asfixia mecánica compatible con una presión torácica externa", lo que a ojos de la fiscal es "coherente con la estampida". Y que en los cadáveres "no había trazas de equimosis o hemorragias externas", según las autopsias realizadas en Marruecos.