La Fiscalía de Barcelona ha concluido la investigación iniciada como consecuencia de la primera denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por una víctima de torturas durante el franquismo.

Durante la investigación, que se ha llevado a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, se han practicado todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas testificales, periciales y documentales.

Tras analizar el resultado de las mismas, el Decreto realiza un relato de los hechos, que considera constitutivos de delito de torturas perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad. Según dicho relato, agentes de la llamada Brigada Político Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático.

Considera, además, que los hechos se perpetraron en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada, y atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática.

Pese a ello, las diligencias practicadas no han podido revelar la identidad de los autores materiales del delito, por lo que la Fiscalía ha procedido a presentar denuncia ante el órgano judicial solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido.

Todo ello sin perjuicio del ejercicio de otras acciones judiciales previstas en la ley, como los expedientes de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil.

Las asociaciones proderechos humanos Irídia y Òmnium Cultural, que representan a Serra, consideran “insuficiente” la investigación de la Fiscalía, por lo que estudian recurrir el archivo de la causa.

La Fiscalía de Barcelona plantea el archivo del caso al no haber podido identificar a los autores de los hechos. “Esta investigación es absolutamente insuficiente. Ha habido una falta de voluntad política más que evidente por parte de la Fiscalía de Memoria Democrática de ir hasta el fondo. No se han recabado informes judiciales, ni se ha hecho ni una sola diligencia para identificar a los autores, saber si están vivos o muertos ni citarlos a declarar, aunque la información estaba en los expedientes”, ha denunciado este la coordinadora de litigios de Irídia, Sònia Olivella.

En el caso de España, los museos de la memoria son un elemento primordial contra el silencio, el olvido y la desmemoria. Después de una cruel represión ejercida por la dictadura franquista durante cerca de cuarenta años, conquistada la democracia se echa en falta la creación de centros de la memoria y los derechos humanos que, a través de documentos, testimonios orales y escritos, fotografías, cartas, grabaciones de la época, material de prensa escrita, documentales, panfletos, producción literaria, archivos en diferentes soportes y formatos, visuales y auditivos, reflejen nuestro pasado traumático reciente y el sufrimiento de las víctimas que lo fueron por su compromiso por traer la libertad y la democracia a este país. Todo ello, testimonio de un tiempo y una lucha por poder ejercer derechos y libertades cimentados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Terminada la guerra de España, desde el Gobierno del dictador Franco se ejerció una terrible represión sobre cualquier tipo de disidencia. También sobre la mujer por el mero hecho de serlo. Carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión, fueron relegadas al ámbito doméstico y bajo la tutela masculina. España se había convertido en una inmensa cárcel. A las decenas de miles de fusilados, habría que añadir a aquellos que murieron en las cárceles, campos de concentración, campos de trabajo, como consecuencia de las malas condiciones de vida. Sin olvidar las condiciones en las que se desarrolló el exilio.

Durante las décadas de los años 60 y 70, miles de personas, jóvenes en su mayoría, se jugaron la vida y la libertad en las manifestaciones y en la lucha clandestina enfrentándose a la dictadura en la batalla por instaurar la democracia, el cambio social y elevar el bienestar del pueblo. Esta situación derivó en decenas de miles de personas encausadas por delitos que hoy, ya en democracia, no lo serían. La práctica de la tortura era común en las comisarías de policía, ejerciéndose la violencia fundamentalmente contra la sociedad civil. El conocimiento de los testimonios de los protagonistas de las luchas sociales, culturales, políticas, del movimiento obrero, universitario y vecinal de la época nos obliga a preservarlo para las futuras generaciones como antídoto contra las proclamas neofascistas de la extrema derecha.

La democracia no se puede construir desde el olvido y el silenciamiento de las víctimas. Una democracia que se precie de su calidad debe mantener vivos los recuerdos del trágico pasado, con el fin de honrar y dignificar la memoria de las víctimas y de que no se vuelvan a repetir estos hechos. Los espacios y los museos de la memoria son una contribución necesaria para que las nuevas generaciones sepan lo que supuso la dictadura franquista en este país y el costo en sufrimiento y en vidas para conquistar la democracia. Permiten rescatar del olvido y la desmemoria el carácter masivo y sistemático de la represión ejercida sobre aquellos ciudadanos que, en su lucha por devolver al pueblo la democracia y las   libertades que nunca debió perder, sufrieron todo tipo de atropellos y desmanes, incluso perdieron la vida. Estos luchadores por la libertad, la democracia y contra la opresión en sus diversas manifestaciones, sufrieron una doble violencia, la de los verdugos y la de ser borrados de la memoria colectiva.

Vivimos unos momentos de blanqueamiento y banalización de la dictadura franquista por parte de la derecha y extrema derecha, que ponen todo tipo de trabas al desarrollo y mantenimiento de los lugares de la memoria en homenaje a los luchadores por la libertad y los derechos humanos. Sólo una derecha realmente democrática haría de la denuncia de la represión sufrida una política de Estado. Se hace imprescindible combatir la distorsión y el revisionismo histórico. Y es que mientras que otras democracias en Europa se fundaron sobre el antifascismo y el anticomunismo en los países de la órbita de la desaparecida Unión Soviética, la democracia española lo hizo sobre la desmemoria y olvido del pasado.

Como dice el Programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la Unión Europea hablando sobre el siglo XX europeo marcado por crímenes horribles como el Holocausto y los crímenes cometidos por regímenes autoritarios y totalitarios: “Es necesario que se comparta y se recuerde continuamente el legado de estos crímenes, así como que se realicen investigaciones parar frenar su distorsión. Hay que capacitar a los jóvenes para que se conviertan en embajadores de esta memoria, para que se conciencien sobre su tragedia y conecten con los lugares conmemorativos y los museos. Los testimonios de los testigos de estos crímenes son especialmente valiosos para educar a los jóvenes, sobre todo porque cada vez quedan menos testigos con vida”.

Los museos de la memoria, también llamados en algunos sitios de la resistencia, deben ser espacios públicos, simbólicos en muchos casos, como cárceles, centros de tortura y en otros centros específicos construidos para este fin, que inviten al conocimiento del pasado durante la dictadura y a la reflexión; que permitan a las nuevas generaciones y a los indiferentes tomar conciencia de los hechos ocurridos para que no vuelvan a repetirse. Deben ser también centros culturales donde se puedan llevar a efecto conferencias, debates, exposiciones, proyecciones y espectáculos que permitan traer al presente el pasado traumático; que actúen como vacuna o dique de contención contra aquellos decididos a acabar con las libertades y la democracia. De ahí también la importancia de la visitas guiadas para los centros educativos.

Desde 2009, el 23 de agosto se declara día de recuerdo de las víctimas de todos los regímenes totalitarios y autoritarios. Al respecto, el Parlamento Europeo ha aprobado resoluciones clave, como la de 05-11-2019, sobre la importancia de la memoria histórica para el futuro de Europa, y la de 17-01-2024, sobre la conciencia histórica, abordando la necesidad de investigar estos crímenes.

Sirvan las palabras inscritas en el hall del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile como reflexión: “No podemos cambiar nuestro pasado; sólo nos queda aprender de lo vivido. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro desafío”.

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Pedro Olivares Martínez es socio de infoLibre.

Volver al pasado para comprenderlo todo. Es el objetivo que persigue el acto Del acero a la palabra: trabajo, dignidad y memoria en Euskadi, organizado por infoLibre junto con la celebración de los 50 años de España en libertad. Tendrá lugar el 12 de marzo a las 18:00 horas en el Auditorio del Museo Marítimo de Bilbao. Si te apetece venir puedes reservar tus entradas aquí.

Los años de represión del franquismo han dejado una huella que todavía atraviesa a España y que se siente en todos los rincones del territorio. En Euskadi, la resistencia al régimen estuvo marcada por los sindicatos y los obreros que –al contrario de lo que les ordenaba el régimen– se unieron y organizaron para poder resistir. 

Allí, el movimiento obrero resistió y salió a la calle. En abril de 1951, miles de vascos y vascas paralizaron Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Navarra. Pedían lo más básico: mejoras salariales ante el alto coste de vida. Después de varias semanas, consiguieron lo que parecía imposible. Lograron que se aceptaran sus peticiones. 

El lugar en el que se celebrará el acto no es ninguna casualidad. Este territorio concentra la memoria del esfuerzo industrial y de las luchas obreras y sindicales que fueron decisivas para conquistar derechos laborales y libertades políticas. Ese lugar es un símbolo de la capacidad de transformación de la sociedad vasca.

El evento dará comienzo con una actuación liderada por una txalaparta, un instrumento de percusión idiófono tradicional en Euskadi. Tras la actuación, Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, estará a cargo de dar la bienvenida al evento. Después, Maraña conversará con Carmina Gustrán Loscos, comisionada para la celebración de los 50 años de España en Libertad, para explicar el proyecto. 

El plato fuerte llegará con una mesa redonda moderada por Marta Gesto, directora general de infoLibre, sobre cómo el trabajo, la organización sindical y la memoria obrera fueron claves en la construcción democrática. El cómo esto ha llegado hasta hoy también será una de las grandes preguntas de la tarde. 

En la mesa redonda participarán Afra Blanco, sindicalista y tertuliana; Carlos Entenza, politólogo, jurista, codirector de Ideas en Guerra y sindicalista; Eztizen Miranda Bernabé, antropóloga especializada en comunicación y memoria histórica; e Iñigo Ugedo Vicario, presidente Consejo de Estudiantes de la EHU. 

Con ellos, debatirán sobre cómo fue el tránsito del conflicto industrial al pacto democrático y cómo éste es recordado en la sociedad vasca; el papel que jugaron los sindicatos; cómo las nuevas generaciones entienden el trabajo; qué significa la dignidad en el trabajo y la memoria obrera frente a la precariedad y la desafección democrática.

Resistir, pero con silencio y miedo. “De esto no se habla” es una frase que todos los españoles han escuchado demasiadas veces. En casa, pero también en el trabajo. La represión a los trabajadores durante el franquismo tuvo un grandísimo impacto en lugares como Euskadi en los que los obreros de las fábricas tuvieron que ver cómo se quedaban sin la mitad de sus compañeros por la represión en contra de quien estuviera mínimamente en contra de Franco.

Para que estas historias no se olviden, infoLibre ha puesto en marcha la iniciativa La Memoria que Somos, una serie de charlas que pretenden acercar a personalidades de la cultura o la información con las nuevas generaciones para debatir sobre cómo han trascendido hasta hoy los años de Franco en España, 50 años después de conseguir la tan ansiada democracia. 

Cincuenta años después de la muerte de Franco, el periodismo vuelve la vista atrás para interrogar no solo el pasado, sino el relato con el que la democracia española se ha explicado a sí misma. La conversación Periodismo y memoria, organizada por infoLibre con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en libertad y enmarcada dentro del ciclo La Memoria que Somos, reunió a Nativel Preciado e Isabel Cadenas Cañón bajo la moderación de Virginia Pérez Alonso, directora de infoLibre, en un diálogo intergeneracional atravesado por una pregunta incómoda: ¿qué hemos contado y qué hemos preferido no contar en estos 50 años?

Nativel Preciado, que tenía 27 años cuando murió Franco y cubrió la capilla ardiente del dictador, resumió medio siglo con un titular tan sobrio como crítico: “La democracia imperfecta mereció la pena o merece la pena”. Pero también añadió otro lema que, a su juicio, define la Transición: “Hemos vivido un periodo de paz a cualquier precio”.

Su relato no fue nostálgico, sino descarnado. Recordó la impresión de aquel día ante el féretro de Franco y la mezcla de emociones de quienes desfilaban ante el cadáver: “Pensé en ese momento que muerto Franco se acabó la rabia y me he dado cuenta de que no”. La dictadura, explicó, no fue solo la ausencia de derechos políticos, sino una maquinaria cotidiana de arbitrariedad: “Las leyes de una dictadura son arbitrarias. Las leyes de una dictadura se hacen a la medida del momento”. No poder reunirse, leer, escuchar música o expresarse libremente formaba parte de una represión que caló en los cuerpos y en las familias.

Frente a quienes hoy banalizan el término censura, Preciado fue tajante: “Censura era que te cerraban el periódico o que metían en la cárcel a un señor por publicar determinada historia”. Recordó cómo la llamada ley Fraga sustituyó la censura previa por una posterior, donde el castigo llegaba después de publicar, pero con efectos igualmente disuasorios. Y reivindicó el papel de periodistas que, incluso en democracia, se jugaron el puesto por investigar los abusos del poder. “Me duele que no se reconozca el valor de algunos periodistas que se han jugado el tipo y se han jugado la carrera y se han jugado el puesto de trabajo por contar algo de eso”, lamentó.

En este sentido, Preciado reivindicó el papel del buen periodismo incluso en escenarios de presión, silencios interesados y poderes intocables. Recordó a “mucha gente dignísima en la profesión que ha tratado de investigar”, citando expresamente a compañeros como José Antonio Martínez de Soler, Pepe García Abad o Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, como ejemplo de periodistas que han sostenido la exigencia profesional frente a la autocensura y las complicidades del poder. 

Para Isabel Cadenas, nacida siete años después de la muerte de Franco, el titular es otro, uno muy relacionado con el podcast que la llevó a ganar un Premio Ondas recientemente: De eso no se habla. ¿Por qué definir este medio siglo de democracia con esa frase? La periodista explicó que para ella la herencia recibida del franquismo a través de la familia y la sociedad es como un “ruido blanco”: “No destacar, no llamar la atención, por supuesto, no hablar de política”. Esa pedagogía del silencio —“no te signifiques, no te metas en política”— marcó a una generación que creció creyendo que su familia era “rara” hasta descubrir que el silencio era sistémico.

Cadenas cuestionó no tanto la Transición como su relato épico. “No puede haber reconciliación si no hay justicia”, sostuvo, en referencia a las fosas comunes y a la ausencia de una reparación plena. Para ella, los cuerpos sin exhumar son una realidad material y también una metáfora de un país que dejó asuntos sin resolver. “Si no hay de verdad justicia y reparación, ¿cómo te vas a reconciliar?”, preguntó.

El debate sobre las “heridas reabiertas” sobrevoló la conversación. Preciado recordó que el pacto de la Transición priorizó evitar la violencia y que “los políticos decidieron hacer borrón y cuenta nueva”. Pero también admitió que esa reconciliación “por arriba” no siempre correspondió a una reconciliación “por abajo”. Cadenas, por su parte, rechazó la idea de que hablar de memoria sea un ejercicio de revancha: transformar el silencio exige no solo nombrarlo, sino actuar sobre él.

Ambas coincidieron en que el presente plantea nuevos desafíos. Si antes el enemigo era visible, hoy el poder es difuso. “Antes era mucho más fácil porque había un enemigo único”, apuntó Preciado. Cadenas alertó del papel de las plataformas digitales y los algoritmos en la configuración de lo visible: no es la censura clásica, pero “es algo parecido” cuando determinadas palabras o posiciones quedan invisibilizadas.

Ante un público joven que preguntó por el miedo —si se perdió o si está volviendo—, Preciado reconoció que el miedo nunca desaparece del todo y que incluso hoy observa con “estupor” cómo antiguos compañeros, que incluso se definían como socialistas, han girado hacia posiciones reaccionarias. “Yo ya no tengo miedo a nada, pero sí tengo miedo por las futuras generaciones”, confesó.

En este contexto, Nativel Preciado subrayó una idea clave que atraviesa su trayectoria y que para ella resume su concepción democrática del oficio: “El periodismo es la mayor inversión contra la tiranía y es verdad, es un pilar contra la tiranía de todo tipo”. Frente a la censura explícita del pasado y las formas más sutiles de presión del presente, Preciado dibujó así una línea roja ética: investigar, probar y publicar, incluso cuando no todos quieran escuchar. Porque, sostiene, el periodismo no se trata de insinuar, sino de probar. “Lo que no se puede hacer es hablar de cosas que no se pueden demostrar”, afirmó, defendiendo un periodismo riguroso que publica cuando hay pruebas, aunque eso suponga incomodidad o aislamiento. Para ella, la esencia del oficio sigue siendo clara: “Contar lo que pasa, denunciar lo que pasa”. Para Cadenas, hoy se trata también de “resistir”: resistir a la concentración mediática, a la precariedad, al ruido y al acoso.

La conversación dejó una conclusión compartida: la democracia no es un punto de llegada, sino una cultura que debe ser defendida cada día. La memoria no es un ejercicio melancólico, sino una herramienta para comprender el presente y evitar retrocesos. Como recordó Virginia Pérez Alonso al cerrar el acto, los derechos no pueden darse por sentados. Y el periodismo, cuando está a la altura de su responsabilidad democrática, es uno de los diques más firmes frente al olvido y frente al miedo.

En noviembre de 1975, apenas unos días después de la muerte del dictador, centenares de mujeres celebraron en Madrid las primeras Jornadas de Liberación de la Mujer en semiclandestinidad. Medio siglo después, esa memoria volvió a ocupar el centro del debate en la conversación “Igualdad de género y derechos conquistados”, organizada por infoLibre dentro del proyecto La Memoria que Somos, con el apoyo de la Celebración de los 50 años de España en libertad.

El encuentro estuvo moderado por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, y reunió a la activista, feminista y experta en políticas de género, Justa Montero, y a Daniel Valero 'Tigrillo', creador de contenido, escritor, periodista y columnista de infoLibre, en un diálogo intergeneracional con la participación de estudiantes y jóvenes desde el público.

La intervención de Justa Montero desmontó uno de los mitos más extendidos sobre la Transición: el de un proceso pacífico y ordenado, casi providencial. Franco murió “matando”, recordó, con fusilamientos apenas dos meses antes de su fallecimiento. Y tras su muerte, el aparato del Estado permaneció intacto: represión policial, violencia de la ultraderecha, asesinatos como los de Atocha o la matanza de Vitoria en 1976.

Montero reivindicó el papel del movimiento feminista en aquel contexto de incertidumbre y riesgo. “Nada nos ha venido concedido por la gracia de no se sabe quién ”, subrayó. Cada derecho, desde la despenalización de la homosexualidad hasta el acceso al aborto, fue fruto de una lucha sostenida.

La memoria feminista, explicó, no es un apéndice del relato general sobre la dictadura, es una parte central. Miles de mujeres fueron internadas en cárceles, psiquiátricos o en centros del Patronato de Protección a la Mujer por romper el modelo de “buena esposa” impuesto por el régimen. Instituciones que, recordó, sobrevivieron hasta 1985. La represión no fue anecdótica: fue estructural.

Y, sin embargo, medio siglo después, el desconocimiento persiste incluso entre quienes han nacido en democracia. Los jóvenes presentes en el acto reconocían conocer poco o muy poco lo que era el Patronato de la Mujer u otro lugar de memoria como es el Pasaje Begoña, en Torremolinos, cuna de los derechos y libertades LGTBIQ+ en España.

Por ello, desde la otra orilla generacional, Daniel Valero puso el foco en el déficit educativo. La historia del franquismo, y en particular la represión contra mujeres y personas LGTBIQ+, apenas ocupa espacio en los currículos escolares. Muchos jóvenes, reflexionó Valero, desconocen hitos fundamentales de esa memoria, como el ya nombrado Pasaje Begoña en Torremolinos, uno de los primeros espacios de libertad para el colectivo LGTBIQ+ durante el franquismo, desmantelado por redadas policiales.

El también creador de contenido denunció que mientras el Stonewall estadounidense forma parte del imaginario colectivo, la historia LGTBIQ+ española sigue borrada. Y advirtió de las consecuencias: sin memoria, los derechos parecen naturales; y lo que parece natural, puede perderse sin resistencia. “Toda esa parte está borrada, entonces todo ese dolor ni siquiera está reparado. Si no está reparado, ¿cómo podemos mirar hacia un futuro en el que genuinamente tengamos una libertad que no está ser heredada de todo ese tiempo?”, reflexionó, pero añadiendo al mismo tiempo: “Tenemos muchísima historia que honrar y tenemos hitos históricos maravillosos en los que inspirarnos para decir, ‘Oye, la lucha no hay que abandonarla’”.

En este punto, el debate derivó hacia la educación sexual. Una estudiante de 18 años reconoció no haber recibido nunca formación en este ámbito. Para los participantes en la mesa, esa carencia no es neutra: deja espacio a discursos reaccionarios que promueven modelos rígidos de masculinidad y feminidad, hoy reciclados por la extrema derecha en clave digital.

Tanto Montero como Valero coincidieron en que los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ se han convertido en moneda de cambio en pactos políticos y en objetivo prioritario de la ofensiva ultraconservadora.

El aborto es un ejemplo paradigmático. Montero recordó cómo el movimiento feminista logró frenar en 2014 la reforma restrictiva impulsada por el entonces ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Pero alertó de que el derecho sigue siendo frágil: no todas las mujeres pueden ejercerlo en igualdad de condiciones, especialmente las que se encuentran en situación administrativa irregular.

Valero amplió el foco: las personas trans, migrantes o racializadas son hoy chivos expiatorios en una estrategia que busca desviar la atención de las desigualdades económicas estructurales. Se trata, dijo, de una importación de guiones internacionales, desde Estados Unidos hasta Hungría, donde la ultraderecha necesita enemigos simbólicos para cohesionar a su base social.

Una de las preguntas más sugerentes del público planteó si el feminismo tiene una meta alcanzable o si está condenado a ser una lucha activa indefinida, y si esa ausencia de “final” puede resultar desesperanzadora.

Justa Montero respondió que el feminismo “tiene un horizonte, efectivamente”, pero que ese horizonte “va mucho más allá de lo que este sistema puede conceder”. No se trata de una meta cerrada ni de una fotografía fija del futuro, sino de un proceso colectivo de transformación profunda. Habló de que “el feminismo es una lucha contra el patriarcado que es también antirracista, anticapitalista, transinclusiva” y defendió que no puede reducirse a una apuesta individual —que agota—, sino que debe entenderse como un movimiento social plural. El horizonte, insistió, es “muy esperanzador”, aunque su forma concreta esté aún por construirse.

En esa misma línea, Daniel Valero coincidió en la necesidad de mantener una mirada esperanzadora. Admitió que no sabemos cuál será la “photo finish”, pero subrayó que el movimiento feminista y el LGTBIQ+ forman parte “de raíz” de esa transformación social más amplia. Para él, el avance no se mide en una meta cerrada, sino en algo más tangible: en que cada vez haya “un poquito más de confianza y de comodidad en un mundo que a mucha gente nos había dicho que no era para nosotras”. Ese desplazamiento —del miedo a la pertenencia— es ya, en sí mismo, una conquista política: “Creo que solo con eso, merece la pena seguir peleando para ver hasta dónde nos lleva”.

El título del proyecto, La Memoria que Somos, no es casual. La memoria no es un ejercicio conmemorativo, sino una herramienta política. Recordar que hubo mujeres encarceladas por besarse en un cine o por abortar es entender que los derechos no son un punto de partida, sino una conquista.

En un contexto de polarización y repliegue identitario, el mensaje que dejó la conversación fue inequívoco: la igualdad no está garantizada. Se construye, se defiende y se amplía. Y la única forma de hacerlo es desde lo colectivo, tejiendo alianzas entre feminismo, movimiento LGTBIQ+, antirracismo y defensa de los derechos sociales. Como señalaba Valero en una de sus intervenciones: “La ciudadanía no tenemos un poder enorme de manera individual, pero igual tampoco hace falta porque tenemos que buscarlo en el comunitario”.

Es en ese camino colectivo en el que hay que mirar hacia atrás, hacer memoria, porque tal y como recordó Marta Jaenes al cerrar el acto, la memoria no solo explica de dónde venimos. También marca hacia dónde queremos ir.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que convocará al Consejo Territorial de Memoria Democrática para aprobar otra partida de tres millones de euros con la que espera completar las 10.000 exhumaciones pendientes de la Guerra Civil y la dictadura, según informa EFE.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha dicho que espera contar con el respaldo de las comunidades autónomas para aprobar estos tres millones de euros y que "nadie vote en contra", aunque se produzcan abstenciones para poder recuperar "los cuerpos que quedan del lado vencido por defender la democracia y la República".

Torres ha dicho que esta nueva partida permitirá seguir con estos trabajos que se llevan a cabo en las comunidades autónomas con los cabildos y los ayuntamientos para que cualquier persona que pueda ser sacada de una fosa o un pozo o cuneta tras perder la vida de manera violenta pueda ser devuelta a sus familiares.

El ministro además ha anunciado que el próximo día 27 de febrero se va a designar como primer lugar de Memoria en Canarias a la antigua colonia penitenciaria de Tefía, que fue centro de reclusión y trabajos forzados por ser homosexuales durante la dictadura franquista. Será un homenaje a todo el colectivo LGTBIQ+, por lo que será un día "muy importante en defensa de la libertad y de la orientación sexual". Torres ha recalcado que los jóvenes deben saber que a los homosexuales se les sometía a trabajos forzados durante la dictadura de Franco. 

El acto de Fuerteventura contará con la presencia de todas las administraciones canarias, el Gobierno de España y los colectivos LGTBIQ+.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a la exposición El viaje de Celia en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde se aborda el auge de la literatura infantil durante la República y su transformación tras la llegada de la dictadura franquista.

El PP ha apoyado este martes por segunda vez a Vox en el Parlament balear —la primera fue en octubre del año pasado— para derogar la Ley de Memoria Democrática, uno de los objetivos políticos del partido de Santiago Abascal, que lo reclamó a cambio de su voto favorable a los presupuestos de 2025.

Los votos de ambas formaciones han servido para rechazar las enmiendas a la totalidad defendidas por los partidos de izquierda (PSIB, Més e IU) contra la proposición de ley de Vox para derogar la norma autonómica de reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

En octubre pasado, el PP de Marga Prohens, que gobierna la comunidad autónoma con Vox como socio político puntual, respaldó la toma en consideración de la derogación de esta norma, aprobada en 2018 cuando tenían mayoría los partidos de izquierda y que contó con el apoyo parcial de los populares.

Vox, que condicionó su apoyo a los presupuestos de 2025 a la eliminación de la Ley de Memoria, no respaldó sin embargo el proyecto presupuestario del Govern de Prohens para 2026, pero el PP necesita sus votos para sacar adelante sus iniciativas políticas más relevantes hasta final de legislatura, como la ley agraria.

Por orden de intervención en el debate de este martes, el diputado socialista Omar Lamin, que ha leído una lista de 50 asesinados y desaparecidos en el franquismo, ha advertido de que el PP está derogando "su propia ley", porque en su día contribuyó a su aprobación. "Ahora nos abocan a esta situación, diciendo a las víctimas del fascismo y a sus familiares que su dolor y sus asesinatos ya no importan”, ha criticado Lamin, para quien "Prohens solo cumple sus compromisos con la extrema derecha".

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha recordado que esta ley se aprobó con el consenso de todos los partidos (Vox no tenía representación parlamentaria) para "unir, no para dividir", en favor de las miles de personas represaliadas que fueron "condenadas al olvido: una democracia madura no puede nacer sobre el silencio de las víctimas", ha sentenciado.

En el turno de Vox, el diputado Sergio Rodríguez ha defendido que los "torturados" de uno y otro bando merecen el mismo reconocimiento público, lo que no prevén "sus leyes de memoria", que son "leyes revanchistas", ha calificado. "Ustedes pretenden ganar el relato de una guerra que perdieron, porque ustedes se sienten los herederos del bando perdedor de la guerra civil, yo no defiendo al bando ganador", ha sostenido Rodríguez, quien considera muy importante derogar una ley "heredera del sanchismo y del zapaterismo", cuyo único propósito es "enfrentar a los españoles".

La diputada del PP Salomé Cabrera ha defendido a "todas las víctimas" y la reconcilición, evitando las divisiones en la sociedad, y que la memoria no sea un "arma política para manipular, imponer y utilizar a los muertos" con intención de dividir. Cabrera ha rechazado el "relato de parte" que plantea la izquierda y ha propuesto una memoria en favor de un reconciliación nacional "efectiva", al tiempo que ha propuesto los valores democráticos de la "generosa" transición política española tras la muerte de Franco.

A las puertas del Parlament, la Plataforma per la Memòria Democràtica ha vuelto a manifestarse y a reprochar al PP que esté “jugando a las cartas” con los derechos humanos.

Lagos consideraba lamentable que Boric fuera el primer presidente en hablar con esa contundencia y mencionaba la “derrota cultural” al afirmar que ninguno de los seis jefes de gobierno anteriores había retratado al dictador como el asesino que era, lo que supuso una forma de blanquear el pinochetismo. Esta benevolencia con los dictadores explica en parte el crecimiento de los autoritarismos que ahora vemos en tantos lugares. En España pasa algo parecido. Ningún gobierno ha hecho gran cosa por sacar de las cunetas a las víctimas del franquismo. Me parece dramático que estemos divididos por conflictos que tuvieron lugar hace 80 años, principalmente porque nuestros abuelos decidieron abrir un nuevo tiempo durante la Transición. Pero lo que tal vez nos cuesta decir es que ese período se cimentó sobre el silencio de las víctimas, que no pudieron elegir. En cualquier caso, a nadie se le puede decir que no es legítimo recuperar los restos de sus familiares. Esto constituye una obligación moral para la izquierda y la derecha, aunque para el PP no será jamás una prioridad porque es un partido esencialmente cainita cuando se habla de la Guerra Civil. Negarse a hacer pedagogía es lo que hace pervivir la imagen de los dictadores buenos. Ocurre algo parecido en la Rusia actual con la imagen de Stalin, al que las nuevas generaciones consideran más un padre de la patria que lo que realmente fue: un sanguinario genocida de indescriptible maldad. Si no se enseña historia en las escuelas, se podrá mentir acerca de cualquier hecho histórico, y ese es el sueño de los Trump, Bolsonaro, Milei o Putin. 

El periodismo no puede bailar al son que marca la ultraderecha y está obligado a decir la verdad, especialmente en materia histórica. No me gusta mencionar la Guerra Civil española porque ya tenemos demasiados elementos de división, pero si lo hacemos, estamos obligados a ser rigurosos. La derecha y la ultraderecha han sido incapaces durante cincuenta años de llegar a la conclusión a la que llega cualquier demócrata con dos dedos de frente: que en una guerra los dos bandos cometen atrocidades que nadie tiene la capacidad de frenar porque están dirigidas por grupos incontrolables, pero esta circunstancia en ningún caso puede compararse con la utilización de todo el aparato del Estado para reprimir, torturar y asesinar a los disidentes políticos, que es lo que sucedió tras la Guerra Civil. 

Lo que dicen algunos líderes del PP cuando hablan sobre la posguerra está amparado por la libertad de expresión, pero no significa que sea verdad. Más bien al contrario: tratan de dulcificar la imagen de Franco precisamente con el fin de estigmatizar a la izquierda, dando a entender que el franquismo fue una suerte de reacción de defensa contra los excesos de la Segunda República, y no un movimiento particularmente brutal con el fin de restituir el poder de clase de las élites mediante la fuerza de las armas. Es una falacia extremadamente ofensiva decir que “todos perdimos la guerra”. La guerra y sobre todo la posguerra no afectaron por igual a todos los españoles. Existe una diferencia abismal entre sufrir las penurias de una conflagración bélica  y perder la vida o la identidad en las cunetas o el exilio después de 1939. No se puede reordenar un relato para transformar un golpe de Estado en una tragedia colectiva sin culpables, con el fin de convertir a los vencedores incluso en víctimas retrospectivas, para después olvidar a los fusilados, torturados, encarcelados, exiliados, depurados, las mujeres rapadas y humilladas y los niños robados. Esto no es un debate sobre la libertad de expresión, sino la vieja pugna entre la verdad histórica y los franquistas empeñados en disfrazar la barbarie de lucha por la libertad y el orden. En el siglo XXI, la mentira como herramienta política de la ultraderecha se ha convertido en un problema estructural.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Diciembre del 75. Siglo pasado. Franco ha muerto entre espantosos dolores agónicos. El franquismo sigue vivo. El rey de Marruecos ya ha perpetrado el robo del Sahara ante una España atenazada por el miedo a que el futuro se decante hacia una nueva confrontación, una guerra, de nuevo civil.

Los trabajadores y trabajadoras llevan años agrupándose en Comisiones de Obreras y Obreros que intentan conseguir convenios colectivos más justos que respeten salarios y condiciones de trabajo, pero cada vez que levantan la cabeza el régimen franquista los persigue y encarcela a sus dirigentes. 

Las CCOO han sido descabezadas a mediados de 1972 y los Diez de Carabanchel acaban condenados a decenas de años de prisión en el Proceso 1001, en diciembre de 1973. Son juzgados el mismo día que ETA hace volar por los aires el coche del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno, discípulo, admirador y mano derecha del dictador. 

–No hay mal que por bien lo venga, cuentan que dijo Franco.

–Si de mí dependiera, los fusilaría a todos, afirmó Francisco Mateu, el juez franquista, rígido y extremadamente duro, del Tribunal de Orden Público, que luego sería asesinado en un atentado de ETA, cuando ya era magistrado del Tribunal Supremo. Que los jueces franquistas no perdieron sus puestos y forjaron y modelaron a la mayoría de los que vendrían después, como bien sabemos y sufrimos. 

Sin democracia, sin libertad, sin sindicatos libres, de nada valía que Franco hubiera muerto en la cama, porque el franquismo seguía reprimiendo, persiguiendo y matando en las calles. Por eso, pese a todo, pese al desmantelamiento de su dirección, CCOO impulsó un proceso de movilizaciones que se convirtió en un encadenamiento de huelgas en todos los sectores.

Es verdad que muchos convenios estaban a punto de renovarse, pero también es cierto que el malestar era muy intenso en tiempos de crisis del petróleo, alta subida de los precios y férrea contención del crecimiento de los salarios. Muerto el dictador muchos trabajadores consideraban que era la hora de la amnistía de los encarcelados y despedidos, la libertad sindical y la mejora generalizada de las condiciones de trabajo.

Tras el fallecimiento de Franco comienzan algunos procesos de movilización que terminan generalizándose hasta que en enero el Metro, las empresas metalúrgicas, la construcción, la Telefónica, banca, artes gráficas, Correos, seguros, Renfe y otras muchas empresas se encuentran en huelga.

Pronto las huelgas trajeron manifestaciones, saltos, concentraciones en las calles exigiendo amnistía y libertad. De nada valían las porras de la policía, los disparos, las balas de goma, los gases lacrimógenos, las detenciones, los despidos o los cierres patronales. En los tres primeros meses del 76 se produjeron 18.000 huelgas y se perdieron 150 millones de horas de trabajo.

El 3 de marzo la huelga se ha extendido a Vitoria. Numerosos trabajadores se concentran en asamblea en la iglesia de San Francisco. La policía lanza botes de humo y cuando los trabajadores salen, los ejecutan a balazos. Cinco trabajadores mueren y otros 150 resultan heridos. El franquismo perdía la sociedad y perdía la calle. 

El rey designado por Franco y su presidente del Gobierno, el sucesor de Carrero Blanco, Arias Navarro –al que apodaban el Carnicerito de Málaga por su papel en las crueles ejecuciones franquistas tras la ocupación de Málaga durante la Guerra Civil–, llegaban al fin de una etapa y estaban a punto de separar sus caminos. 

Resistió el tal Arias hasta julio y cayó. El rey, los poderes económicos, el franquismo político tenían que buscar una salida para que todo cambiase sin que nada cambiara en lo referente a su poder, a su dinero, a su papel en la sociedad. Ya se lo había dejado bien claro el generalísimo:

–Alteza, la única cosa que le pido es que mantenga la unidad de España.

En su lecho de muerte ya no estaba para mucho más aquel al que León Felipe llamaba Sapo Iscariote y ladrón. Y añadió, a sabiendas de lo que se le venía encima:

–Usted tendrá que hacerlo, yo no puedo hacerlo.

Pasados los años, creo que el de Abu Dabi cumplió con creces su palabra dada, su juramento a los principios generales del Movimiento Nacional y su afectuoso cariño hacia Franco, al que considera cercano y paternal y del que destaca su inteligencia y sentido político. Así lo cuenta en sus recientes memorias.

De aquella Galerna de huelgas salió la Transición, con la caída de Arias, el ascenso de Suárez, las negociaciones con la oposición, la Reforma Política, el asesinato de los Abogados de Atocha, la legalización del PCE y de los sindicatos, los padres de la Constitución y la Constitución misma. 

Le gusta decir a Nicolás Sartorius que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en las calles. No le falta razón. Sin la Galerna de huelgas de 1976 nada hubiera sido igual. Probablemente, nada hubiera sido tan pacífico, tan aparentemente sencillo, tan tremendamente complejo ni tan plagado de aciertos y también de errores. 

No son ellos, los que protagonizaron y vivieron aquellas huelgas. Somos nosotros quienes decidimos si aprovechamos lo bueno y corregimos lo malo. Si damos un paso adelante o hacia atrás. Ellos hicieron lo que pudieron y lo que creyeron que tenían que hacer. La cuestión es si nosotros sabremos hacerlo también. 

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

Se han cumplido 50 años desde que los españoles encendieron la televisión para descubrir la imagen de un Carlos Arias Navarro solo, visiblemente afectado y sentado frente a un micrófono. El entonces presidente del Gobierno fue el encargado de dar la noticia: "Españoles, Franco ha muerto". Ha pasado medio siglo de aquello y, sin embargo, todavía hay muchos que siguen ensalzando al dictador. Los que más, la Fundación Francisco Franco que, por el aniversario, decidió celebrar un acto en el colegio privado concertado San Vicente de Paúl de Zaragoza.

El lugar no fue el elegido en un primer momento. Tuvieron que cambiar de un hotel, primera opción, al colegio después de que la Coordinadora Antifascista de Zaragoza denunciara mediante sus redes sociales que el sábado 29 de noviembre estaba previsto un acto de exaltación al fascismo en el Hotel Centro Coso, S.L. La presión social dio sus frutos y el hotel acabó por desprogramar el evento, aunque esto no impidió que se celebrara.

El medio digital Arainfo pudo comprobar, a través de distintas fuentes, que el acto fascista sucedió en el colegio San Vicente de Paúl. Además, medios como Crónica Global publicaron varias fotografías. En las propias redes sociales de la Fundación Francisco Franco se puede apreciar el interior de la escuela.

En diciembre, Arainfo contactó con el centro concertado para conocer su versión de los hechos. En un primer momento, no obtuvieron respuesta. Después de insistir, el centro negó rotundamente que el acto se hubiera celebrado en sus instalaciones. Cuando el medio les mostró las pruebas que habían recabado, finalmente admitieron lo que había sucedido y argumentaron que se trataba de un "favor entre dos personas particulares, dada la premura que manifestó una de ellas". Además argumentaron que su celebración no figuraba en el registro oficial debido a que se trataba de un "día festivo".

Ahora mismo, la Fundación Francisco Franco está sumida en un proceso judicial que podría acabar con la disolución del grupo, como pide el Gobierno alegando que hace apología del franquismo, humilla a las víctimas de Franco y que no busca un "interés general". El colegio concertado ha insistido en que “no consentiría la comisión de delitos en el seno de sus instalaciones”.

Este episodio se enmarca, además, en un contexto de creciente desvío de recursos públicos desde la educación pública hacia la privada concertada en Aragón. Recientemente, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha destinado más de 20 millones de euros procedentes de la educación pública a empresas educativas privadas. Siete de los millones se destinaron a la concertación del bachillerato y 13,2 a subvencionar en empresas privadas la enseñanza de 2 a 3 años.

Son las once de un miércoles a mitad de enero y en el bar Florida de Víznar está desayunando en un descanso rápido el equipo científico de la Universidad de Granada que sigue trabajando en las fosas del barranco. De la última que abrieron emergieron los restos de veintiocho personas. Es la más numerosa de todas las que ya ha exhumado este grupo, un comando joven y resistente al frío, al calor y a otros envites, dirigidos por el profesor Francisco Carrión, profesor de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. En total, la cifra de individuos exhumados se acerca ya a las 200 personas en los años que han durado las varias campañas de los trabajos. 

No debe ser fácil manejar, a la vez, la ciencia, lo que es tu trabajo diario y el saber, con las emociones que revuelven estas revelaciones de la tierra. Tratar con la violencia, aunque sea cada vez más alejada en el tiempo, pasa factura. Algo así nos dice Carrión. Y cómo no. El momento más emocionante del proceso llega con la entrega de los restos identificados a los familiares: cuesta hablar, cuesta tragar y decir algo que pueda condensar todo ese espacio de tiempo, la estrecha relación que el equipo establece con los restos encontrados, ya son sus muertos también, y ocho décadas de silencio bajo tierra y de silencio en todas partes. 

En el laboratorio, que han situado en el antiguo molino del pueblo, limpian y clasifican los restos. En una pila de cajas de plástico están reunidos los huesos de cada uno de los individuos que han encontrado, agrupados estos dentro de las cajas en bolsas de plástico por partes del cuerpo: acierto a leer en una de las bolsas la palabra “costillas”. En la planta de arriba, dos mujeres jóvenes se encargan de limpiar con extrema delicadeza y uno a uno los restos en unos barreños. Están sentadas una frente a la otra, abrigadas con forros polares de la universidad, con guantes de látex y en silencio. Otra revisa las fotografías y el trabajo de campo. Hablo con una de ellas sobre si es consciente todo el tiempo de lo que tiene entre manos. 

En la planta baja del molino, otras dos mujeres ordenan los objetos que han salido de la fosa: botones, restos de un cinturón, un broche con un pequeño timón o un montón de suelas de zapatos identificadas en bandejas blancas que parecen fósiles de barro, pero que una vez fueron las pisadas de alguien. Alguien que fue arrastrado hasta allí, que fue ejecutado de uno o varios tiros en la cabeza. Personas asesinadas. 

Álvaro es bombero forestal de la Sierra de Víznar, es parte del retén que vigila esos barrancos. Les advierte sobre el estado de algunos de los árboles, que tengan cuidado, les dice, pueden caer. Han creado un grupo de WhatsApp en el pueblo para contarse los avances y compartir las noticias sobre los trabajos. Más arriba, desde las trincheras nacionales de la guerra civil que defendían el frente de Granada, se ve la reforestación de toda la zona. Todos esos valles fueron replantados con pinos durante la dictadura, camuflando los crímenes que esconden los pozos del camino que va de Víznar a Alfacar. 

Allí nos encontramos también con Luis, que fue el alcalde que se empeñó en la dignificación del barranco. Imagino que, cuando miras hacia atrás –le digo–, es bonito haber llevado a cabo esa resignificación. Dice que sí, por supuesto. Fue entonces cuando se hizo el graderío del barranco y la piedra que dice: Lorca eran todos. Porque fue ahí, en el camino de algo más de un kilómetro que va de La Colonia al barranco, donde asesinaron al poeta un mes después de que empezara la guerra. 

No deja de ser bonito y también esperanzador, a pesar de la naturaleza de lo que tienen entre las manos, el empeño en hacer comunidad que tienen todas estas personas, la vocación por resolver, por desenterrar, por devolver, por poder pasear por esos montes sin sentir que estás pisando ecos de muerte y de violencia.

Esa tarde, Francisco Carrión hijo, quien se encarga de las relaciones del equipo con las familias, me envía algunas fotografías que ha tomado de los trabajos. Las ha hecho con una lente antigua, una óptica de entonces, en blanco y negro, y son impresionantes. La sensibilidad con la que están tomadas es enorme. Son duras, pero en ellas se hace visible, sin necesidad de palabras, la historia del terror y de la represión, a la vez que se intuye el trabajo invisible que realizan en las exhumaciones ellos y otros equipos como el suyo en otras zonas del país. 

Todos sabemos que, si la derecha gana las siguientes elecciones –sean cuando sean–, los presupuestos para las exhumaciones podrían vaciarse. Todos sabemos que estos trabajos pudieron hacerse mucho tiempo antes. Pero la memoria no es sólo políticas o ideas, es conocimiento. Es nuestro derecho a saber y relacionarnos con el pasado de forma sana y no abstracta. La memoria no debe ser un lugar para la intuición. No es una palabra manipulada por unos y por otros. Va más allá. La memoria es ciencia y, a veces, la ciencia también está llena de historias y de emociones. De personas que se manchan de tierra las manos. De familias represaliadas que son hoy –y muy poco a poco– reparadas. La memoria son silencios que se van llenando de palabras.

Lo acaba de decir un concejal en el Ayuntamiento de València. Se llama José Gosálbez y es de Vox. En un debate sobre el empleo, se agarró la muleta y el estoque y soltó esta joya de la poesía falangista que hará babear a los profesionales o infiltrados de la equidistancia: «la izquierda trae ruina y paro o, como dice el refrán español: en tiempo de rojos, hambre y piojos». Ahí estamos cuando hace medio siglo que la espichó el dictador. Quién lo diría, ¿no? Aquí andamos repitiendo lo que mucha gente pensamos desde que Boabdil, entre lloriqueos que habrían indignado a la Triple A (Aznar, Abascal y Ayuso), entregó Granada a los Reyes Católicos. 

Y es que en este país –lo hemos dicho hasta la ronquera– el franquismo nunca se murió ni en la cama ni en ningún otro sitio, sino que ha vivido y sigue viviendo a cuerpo de rey (nunca mejor dicho, aunque el propio rey renunciara a la monarquía la última Nochebuena) y sin necesidad de exiliarse para que la justicia no le ajustara las cuentas. Aquí nadie le ha ajustado las cuentas a la dictadura franquista. Nadie y nunca. Ningún gobierno se ha atrevido a plantarle cara de verdad a ese tiempo de la devastación que fue el franquismo. La Ley de Amnistía de 1977 fue un coladero para los fascistas con crímenes a sus espaldas. La Constitución lo acabó de cuadrar todo para que franquistas y demócratas se juntaran a comer –ahora sí, a cuerpo de rey– con una monarquía que nos había endilgado el dictador para que su herencia no cayera en saco roto. Y no cayó. La Ley de Memoria de 2007 apenas fue un apunte borroso que nadie recuerda y la de 2022 avanzó bastante pero las derechas se la pasan por el forro y no pasa nada. El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida (¿de verdad a ese chico no le falta un regón, como decimos en mi tierra?) decidió borrar los tres mil nombres del Memorial de la Guerra Civil en el cementerio de la Almudena y no pasó nada. De paso se cargó el nombre de Miguel Hernández y tampoco pasó nada. Hace cuatro días –¡cuatro!– la alcaldesa de Santander tuvo que sacar de sus calles la tira de símbolos franquistas porque ya estaba cansada de recibir requerimientos amparados en la Ley de Memoria de 2022. En Godella, un pueblo cerca de València donde gobierna el PP, había una placa con versos de uno de los más grandes poetas contemporáneos: Vicent Andrés Estellés, fallecido en 1993. Una concejala se mostraba orgullosa por lo que su partido había decidido: «Hemos machacado los paneles de Vicent Andrés Estellés y los hemos utilizado para rellenar los socavones del pueblo». Tronío castizo el de la señora concejala, sí señor.

Lo que pasa es que eso de la memoria democrática les suena a chino. La única memoria que les interesa es la suya. Ahí nunca fallan. Por eso, donde pueden, PP y Vox acaban con lo que queda de la otra España en nuestra memoria. En mi tierra Mazón ya no está de presidente y el nuevo, Juan Francisco Pérez Llorca, seguirá rendido a los pies de Vox para lo que queda de legislatura. Lo mismo hará María Guardiola en Extremadura. No sé por qué sigue siendo noticia periodística que el PP tenga que asumir su dependencia de Vox sea donde sea. A lo mejor, dentro de nada será el PP quien tenga que apoyar los gobiernos de Vox. Uno de los grandes problemas que ahora sufrimos, cuando hablamos sorprendidos de esa relación de dependencia, es que hemos estado blanqueando al PP desde que Franco era cabo y ya tenía en mente fundar ese partido con algunos de sus ministros y unos cuantos falangistas emboscados en la democracia. Si ahora mismo pusiéramos en una columna lo que es el PP y en otra lo que es Vox: ¿serían ustedes capaces de sacar –como se hacía antes con aquellas viñetas casi idénticas– las diferencias entre los unos y los otros? ¿De verdad que las encontrarían? Pues, por favor, si es así pásenme la lista y la guardaré para quitarme de encima la sensación de aguafiestas cuando hablamos de eso que a veces con demasiado engolamiento llamamos Memoria Democrática.

Sigue siendo el nuestro un país miedoso a encontrar lo que un pasado traumático ha dejado en nuestras vidas. Hemos preferido callar antes que contar la historia de esa España ocupada por los vencedores de la guerra, unos vencedores que a pesar de convertir a su querida patria en un charco de sangre no la conseguirían «ni única, ni grande, ni libre», como acertadamente escribe el historiador Nicolás Sesma en un libro que, a pesar de la juventud del libro y de su autor, podemos considerar ya memorable. Sin embargo, es como si todo el país fuera suyo, como si sólo existieran los del PP y Vox y la demás gente fuéramos como unos mindundis que no levantamos un gato del rabo, como si la guerra siguiera siendo aquel cuento chino de un enfrentamiento entre abuelitos y no la que llegó después de un golpe de Estado fascista para acabar con los avances de la Segunda República. ¿Son también un cuento chino la dictadura franquista, los cuerpos que llenan las fosas comunes en las cunetas y los cementerios, las amenazas de la extrema derecha que vuelan por las redes, el desprecio que ese fascismo al alimón del PP y Vox demuestran por la democracia? Hemos preferido callar hasta casi ahora mismo y así nos va. Lo que escribía Natalia Ginzburg: «El silencio es una enfermedad mortal». Pues qué bien hemos llevado esa enfermedad, ¿no? Cincuenta años que se murió el dictador y seguimos moviéndonos como podemos en el terreno pantanoso de una memoria machacada. Precisamente estos días inicia infoLibre la serie La memoria que somos: 50 años de democracia. Ojalá sirva para levantar los ánimos memorialistas contra el silencio y el olvido que hemos cultivado durante medio siglo. 

Acabo de ver un excelente documental de Patricio Guzmán: Nostalgia de la luz. De una parte, la astronomía que mira hacia arriba, hacia las galaxias más lejanas en el universo, del otro, cómo la gente escarba en la tierra buscando restos de vida de tiempos anteriores. Entre esos restos de vida están también los de quienes fueron asesinados o desaparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet. Lo que dice uno de los científicos entrevistados: «Es imposible olvidar a nuestros muertos… Hemos de vivir en estado de búsqueda». ¿Apuntamos la cita? Pues vale, la apuntamos, y de paso anotamos otra de la misma fuente: «Los que tienen memoria son capaces de vivir en el frágil tiempo presente. Los que no la tienen no viven en ninguna parte». En Chile ha ganado las elecciones un admirador de Pinochet, con hermano ministro de la dictadura y un padre nazi huido cuando la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan aquella portada en negro de la revista Triunfo y en el centro la palabra CHILE? ¡Qué poco ha salido en la prensa –incluso en la progresista– la vuelta de la dictadura más o menos enmascarada a Chile! 

No sé cuándo serán aquí las elecciones generales. Lo que sé es que si nos olvidamos de dónde venimos, de qué dignidad y con qué derrotas llenamos nuestra memoria, de dónde fue a parar la voz de quienes lucharon por aquella República que duró lo que un sueño hermoso interrumpido por los tiros, si nos olvidamos de todo eso qué nos espera. Como dice Patricio Guzmán al final de su película: lo que nos espera es vivir en ninguna parte. O sea, en ese territorio que PP y Vox han acotado para los rojos piojosos. Y no hablo del miedo a ese fascismo que ya tenemos aquí y esos dos partidos representan a la perfección. Esos han venido para quedarse. Lo que digo es que en la lucha por la memoria de la dignidad y de los nombres que nos la legaron no valen medias tintas, silencios ostentosos o equidistancias infiltradas. Y que si hay que decir bien a las claras que la monarquía es una anomalía democrática, una herencia franquista y que queremos una República si es posible mejor que la de 1931, pues adelante con los faroles, ¿no? Aquí la primera firma… 

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Alfons Cervera es escritor. Su último libro es 'El boxeador', editado por Piel de Zapa.

Escucho la risa luminosa de Claudia al otro lado de WhatsApp. Está con Alessandra y Alejandro, compartiendo una tarde creativa: tres estudiantes crecidos en la universidad pública, que ya pisan con fuerza el camino del periodismo. Gente joven, crítica, comprometida, con la rabia y ternura justas. Artistas, además, que van a poner cuerpo y voz al acto dedicado a Emilio y José Luis, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 

Yo, al teléfono, emocionada e impaciente, contagiada por sus edades, escucho la preciosa voz y melodía que proyecta, cual máquina del tiempo, el poema de José Luis Montañés Gil, escrito el 7 de julio de 1979, aquel verano, su último verano: En este magnífico juguete volaremos y nos iremos pensando en un mundo de maravilla ideal. 

Mauricio Gallego, que en el 79 corría entre la multitud estudiantil y que hoy sigue en las resistencias de leyes y sentencias, me advierte legalmente: “no podemos decir asesinados”. Seguimos sin poder nombrarlo por exigencia de quienes aún buscan arruinarnos la vida y silenciar la memoria. Yo, profesora de nombrar a las violencias por su nombre, me descubro defraudándome, buscando los eufemismos que en clase corrijo sin contemplaciones. Y al final, en colectivo, acordamos la fórmula más sensata aunque menos rigurosa: “En homenaje a José Luis Montañés Gil (22 años) y Emilio Martínez Menéndez (20 años), estudiantes muertos por disparos de la policía durante las movilizaciones contra la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), el 13 de diciembre de 1979. Cuarenta y seis años después, el 13 de diciembre de 2025, reivindicamos con este mural memoria, justicia y reparación”. Seguimos discutiendo por el chat “muertos por disparos de la policía” y nos duele no poder nombrar, pero nos tragamos, como quien se traga un ansiolítico, la palabra prohibida. 

En aquellos días, 300.000 estudiantes, docentes y trabajadores –repito: trescientos mil– salieron a las calles de Madrid para plantar cara a la Ley de Autonomía Universitaria (LAU), al Estatuto de Centros Docentes no Universitarios, al proyecto de Ley de Financiación de Enseñanza Obligatoria, al proyecto de Ley de acceso al funcionariado docente, y contra el Estatuto del Trabajador. Durante la investigación de archivo creí que esas cifras eran un error. Volví sobre mi duda para contrastar la información y me percaté de que eran certeras, que eran las cifras de una dignidad social que a mi generación, nacida bajo aquellas movilizaciones, le parece extraña, desconocida, un objeto no identificado. 

La LAU era una ley hecha desde los despachos posfranquistas de la UCD, al margen de la comunidad universitaria; una ley que negaba la autonomía de la universidad y que perpetuaba las estructuras antidemocráticas de gestión y que, sobre todo, abría la puerta a la privatización de la universidad pública y la creación de universidades privadas. Ese mal que hoy recorre, más que nunca, la educación superior y la pone en riesgo.

Emilio y José Luis no perdieron la vida porque sí. No murieron por salir a manifestarse, por ser provocadores, agitadores a sueldo, malos estudiantes, o pertenecer a grupos organizados o terroristas, como publicó sin pudor la prensa reaccionaria y servil. Fueron eliminados por ráfagas de disparos lanzados indiscriminadamente contra la ciudadanía por un sistema que mantenía vivos los métodos del franquismo, mientras proclamaba la “democracia”. 

No existen cifras oficiales. Las estadísticas de víctimas de la transición a manos de la violencia policial, parapolicial y grupos de extrema derecha, aún es incierta y la lista no puede darse por cerrada, aunque en investigaciones como la de David Ballester se documentan al menos 134 muertes. A esta labor de recuperación de la memoria se suma el COT (Colectivo de Olvidados por la Transición), que acompaña a familias para sacar a la luz lo que la arquitectura política de la Transición prefirió ocultar. 

En el curso académico de Emilio y José Luis –estudiantes de ingeniería técnica industrial y sociología–, más de cinco mil jóvenes se agolpaban en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Información. Allí, en una facultad con más turnos que las horas de un reloj, la solidaridad estudiantil escribió en la pared de uno de los pasillos de la quinta planta: “Emilio José Luis, no os olvidamos”. Dos estudiantes de periodismo rodaron una cinta documental titulada 13 de diciembre, que proyectaron por todas las facultades hasta que la policía la incautó. Hoy cinta y autores siguen en paradero desconocido. La Coordinadora de Estudiantes de las Universidades de Madrid emitió entonces un comunicado dirigido al pueblo y organizó un homenaje multitudinario en el pabellón de agricultura de la Casa de Campo. Tenían 20 años y ya eran de una generación que no estaba dispuesta a seguir callando. 

Cuando, en 1976, Emilio, poeta social también, dejó escrito a máquina su testamento poético revolucionario: Si me he de morir venga, que sea pronto, y que sirva mi hiel para abonar tu huerto, pudo intuir ya los costes de transformar un mundo roto. 

El silencio social sobre las víctimas de la “modélica transición” ha durado casi medio siglo. El mismo tiempo que las élites posfranquistas llevan diseñando, paso a paso y para su beneficio, la progresiva privatización de las universidades públicas.  

Queremos una universidad pública despierta, combativa, consciente de su pasado y de su responsabilidad social; que defienda la memoria histórica no como un expediente, sino como un tejido vivo de nuestras aulas. Y lo queremos de manera urgente, ahora que los discursos fascistas vuelven a caminar por los pasillos. Que el homenaje a Emilio y José Luis sirva de reparación a sus familias, a sus amistades y al movimiento estudiantil del 79. Y que nos recuerde, de paso, qué tipo de universidad y qué tipo de país queremos para hoy y para el futuro. 

Emilio, José Luis, no os olvidamos.

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Cristina Mateos Casado es profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y codirectora de la revista "Historia y Comunicación Social".

En realidad, como ya ha sido probado por innumerables estudios históricos, se trataba de sembrar el terror en las zonas ocupadas dentro de una estrategia sistemática de tierra quemada de la que la población civil fue la principal víctima. El autor de estas líneas estaba más que harto de ese revisionismo imperante en la mayoría de medios de comunicación, que equiparaba el horror en las acciones de los dos bandos de esta guerra. ¡No, no y no! Los asesinatos del bando republicano fueron llevados a cabo, mayormente y de manera temporal, por elementos incontrolados y sin la participación de las legítimas autoridades republicanas; mientras que los del bando sublevado fueron planificados por los propios dirigentes en el marco de una estrategia premeditada. Prueba de ello son los numerosos asesinatos-fusilamientos que tuvieron lugar en la posguerra: un dato escalofriante es que la tasa de mortalidad no bajó en España hasta cuatro años después del final de la guerra. Recientemente, un exministro franquista todavía afirmaba con vehemencia en un congreso del partido conservador, y en presencia de su secretario general, que la sublevación no había sido un golpe de Estado, que fue en legítima defensa.

Nada más lejos de la realidad: algunos historiadores afirman que los golpistas usaron las mismas tácticas y las mismas artes que las utilizadas por los ejércitos invasores en las guerras coloniales, en las que se toma como rehén a la población civil que apoya a la resistencia a esa invasión: bombardeos criminales de las principales ciudades, fusilamientos, confiscación de bienes…  “A decir de algunos informantes, los rebeldes intentaron que todas y cada una de las familias del pueblo sufrieran al menos la muerte de uno de los suyos” reza el texto dedicado a la fosa común que nos ocupa en la página web que el gobierno regional ha dedicado a las fosas de la Guerra Civil. Todas y cada una de las familias exceptuando las de los “adeptos al Movimiento”, evidentemente.

Pero lo que más sorprendió a nuestro protagonista fue lo que le contaron años después: en un primer momento, los 31 asesinados fueron enterrados en una fosa común en el mismo lugar en el que fueron fusilados, a unos kilómetros del pueblo. Fue en septiembre de 1939, recién acabada la guerra, cuando al enterarse de dónde estaba situada la fosa común, los familiares desenterraron con sus propias manos a sus hijos, esposos y padres y los trasladaron en cajas de pino y en carros al cementerio del pueblo. Cuentan que ese día, los vecinos del pueblo salieron a recibirlos y las campanas de la iglesia tocaban a muerto, no por voluntad del cura, sino por las amenazas de familiares y vecinos. Siempre le sorprendió el arrojo de estos familiares entre los que se encontraban sus abuelos paternos. ¿Cómo fue posible llevar a cabo semejante acción recién acabada la guerra y cuando todavía se seguía fusilando a la población civil? Parece ser que una persona influyente y de orden tuvo algo que ver y permitió que este hecho tan singular se produjera: todavía hoy, cuando nuestro aprendiz escribe estas líneas, unas 100.000 personas asesinadas están enterradas en fosas comunes en campos, cunetas y montes.

Algunas de ellas ya no se podrán recuperar pues yacen bajo carreteras, puentes, edificios… Esto ocurre por voluntad y cobardía de la clase política en general, pero también por el empeño y la oposición de los vencedores a través de sus representantes políticos, la mayoría católicos declarados, a que los familiares de los vencidos den digna sepultura a sus familiares. ¿Qué puede explicar tanta crueldad? Ellos aducen que se remueve un pasado ya superado y se abren viejas heridas ya cerradas. ¿No será más bien que lo que se remueven son sus conciencias y que lo que intentan es ocultar un pasado que hoy sería tachado de genocidio y crímenes de lesa humanidad? La verdadera motivación es mucho menos benévola: las clases dirigentes del país, bajo la influencia de la iglesia, se acostumbraron a considerar delito toda discrepancia a lo largo de la historia. A este respecto, el anteriormente citado secretario general del partido de derechas hizo unas declaraciones sobre la guerra civil y las fosas comunes, refiriéndose a ello con estas palabras: “¡Si es que en pleno siglo XXI no puede estar de moda ser de izquierdas, pero si son unos carcas! Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica”. Precisamente, la situación actual del país es, aunque parezca muy lejana, la continuación de la guerra del abuelo, de 40 años de dictadura y de la fallida transición en la que el aparato burocrático del Estado quedó visiblemente inalterado: los vencedores han logrado perpetuar e infiltrar su discurso, no sólo en todas las estructuras del Estado, sino también en las mentalidades: el franquismo sociológico campa, todavía hoy, a sus anchas y el déficit democrático es patente.

La Guerra Civil española fue una guerra de clases que, todavía hoy, siguen perdiendo los mismos: producto de todo ello, España es uno de los países con más desigualdades de la Unión Europea: cerca del 30 por ciento de la población española vive hoy bajo el umbral de la pobreza o en riesgo de caer en ella, parte de esta población tiene un empleo con uno de los salarios mínimos más bajos de Europa; nuestro sistema fiscal es de los más regresivos de Europa y las clases dirigentes son las que menos contribuyen a la Hacienda pública; nuestras grandes empresas y bancos obtienen mayores beneficios que sus homólogos europeos a costa de los ciudadanos: tenemos la gasolina más cara de Europa antes de impuestos (las empresas petrolíferas españolas ganan más dinero que las europeas). Ocurre algo similar con la electricidad, las tarifas telefónicas, las tasas de interés y las comisiones que aplican nuestros bancos. Así mismo, todo el espectro político está muy escorado a la derecha: partidos, iniciativas y programas políticos que en Europa son socialdemócratas, son tachados en nuestro país, sin ningún rubor, de comunistas. Antes del trumpismo, nuestra derecha ya era la más retrógrada de todas las derechas europeas. Nuestro poder judicial tampoco es ajeno a este fenómeno.

Eso sí,  el mito de una guerra fratricida en la que se enfrentaron hermanos contra hermanos y el mito de las dos Españas siguen arraigados en el imaginario popular: pareciera que uno pertenece a una u otra España como si fuera lo mismo que ser del Barça o del Madrid, como si no implicara que una España era, y es, dueña de prácticamente toda la riqueza del país y la otra sufriera la pobreza y la privación (el hambre endémica de las clases populares ha sido una constante en muchos períodos de nuestra historia). Pertenecer a una u otra España significa para mucha gente no llegar a fin de mes a pesar de tener un empleo; ser desahuciado por no poder pagar la hipoteca o el alquiler por bancos rescatados con el dinero público; acudir a bancos, esta vez de alimentos, para poder cubrir sus necesidades; no poder calentarse en invierno y refrescarse en verano a causa de la pobreza energética; soportar listas de espera en un sistema público de salud cada vez más deteriorado; no tener muchas posibilidades de ascender socialmente a través de un sistema educativo público maltrecho porque se utilizan los fondos para subvencionar una enseñanza concertada católica que segrega (la ONU ha realizado varios informes en los que denuncia esta segregación en dos sistemas de enseñanza); no poder facilitar a sus hijos actividades de ocio… 

Un ejemplo muy gráfico. La fiesta nacional del 12 de octubre, a día de hoy, sigue consistiendo en el ensalzamiento de los símbolos de una parte minoritaria de España, aquélla que ganó la guerra: la presencia estelar de la Corona, una Jefatura del Estado cuyo origen es la designación por el dictador Francisco Franco; una bandera también impuesta por él, un ejército en el que una parte no despreciable de sus miembros no condenan la dictadura y una parte minoritaria de la sociedad civil, el público, que no para de insultar exclusivamente a los sucesivos Presidentes del Gobierno de “izquierdas”, estos sí elegidos democráticamente en las urnas. Mientras tanto, año tras año, la mayoría del pueblo español asiste silencioso, ajeno, como si no fuera nuestro país e insultado a través de sus representantes, a un agresivo espectáculo reivindicativo de una idea de país por parte de una pequeña parte de él que se cree su totalidad, si no dueño y señor de éste.

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Pedro Canero es socio de infoLibre.

La magistrada Carmen López Moure, titular del juzgado de Primera Instancia número 6 de Ferrol, ha emitido este miércoles las resoluciones por las que se anulan, por primera vez en Galicia, sendas condenas que datan del régimen franquista, como solicitaron semanas atrás familias de víctimas de la dictadura.

La Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática ha celebrado la finalización de estos procesos, tramitados por la fiscala de Memoria Democrática y Derechos Humanos María Encarnación Mayán.

La primera demanda partió de Carmen Mendiguchía, nieta de Miguel Mendiguchía, capitán de Infantería de Marina retirado y vinculado a Izquierda Republicana, que fue "condenado, por no secundar el golpe militar, a prisión perpetua en agosto de 1936 y asesinado por la fuerza pública días después" en el barrio ferrolano de Canido.

Mientras, la segunda fue cursada por los hermanos José y Francisco Varela por la condena a su padre, José Varela, en 1942 "por recibir un discurso impreso del socialista Indalecio Prieto", hecho por el que permaneció "dos años preso en el castillo de San Felipe y perdió su empleo de funcionario de Telégrafos".

Memoria Histórica Democrática ha subrayado que, una vez "acreditados los hechos y declarada la nulidad de las condenas", se incluirá el fallo judicial en los archivos procedentes, además de sumarse ambos casos al Censo Estatal de Víctimas de la Represión.

La entidad ha mostrado su satisfacción por estas "resoluciones de anulación de condenas de la dictadura, pioneras en Galicia", y ha trasladado su agradecimiento a los familiares, a la propia jueza y a la Fiscalía encargada del proceso, además de al abogado Jesús Porta, que colaboró en el mismo.

Cuando se quiere poner en duda la pertinencia de una memoria histórica o se pretende rebajar la importancia política de la muerte de un dictador, aparecen expresiones como no remover heridas y palabras como reconciliación. El pensamiento democrático necesita tomarse en serio el sentido de estas expresiones y palabras para no falsear el pasado y para no agrietar la legitimidad de su futuro.

El golpe de Estado de 1936 fue una agresión inaceptable a la convivencia democrática. Y reconciliarse con un golpe de Estado y sus consecuencias es inaceptable para cualquier interpretación decente de la palabra democracia. Puede aceptarse que haya situaciones crispadas, circunstancias de tensión, contextos que hagan difícil la convivencia, pero no puede asumirse de ningún modo que se pretenda solucionar las tensiones y las dificultades con un golpe de Estado. Y es mucho más inasumible pedir que se olvide lo que ocurrió, o pedir la reconciliación con la barbarie, porque los militares golpistas, al fracasar su golpe de Estado, vendieron España al fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler para hacerse con el poder. Las consecuencias fueron una larga experiencia agresiva y dolorosa de destrucción, represión y maldad. Así que nadie puede pedir la reconciliación con esos recuerdos.

Y tampoco vale la equidistancia de decir que los dos bandos enfrentados en una guerra cometieron injusticias. La violencia y las guerras sacan lo peor de los seres humanos llamados a destruirse. Que se cometieran injusticias en los dos bandos no equilibra responsabilidades, porque el máximo culpable es siempre quien desencadena la violencia, quien le da el protagonismo a la barbarie, quien le da oportunidades a Caín, quien asume un golpe de Estado o una alianza con ejércitos genocidas que no dudan en enviar aviones desde Alemania o Italia para hacer pruebas de tiro y bombardear las ciudades españolas.

Así que no parece razonable en una cultura democrática, partidaria de la convivencia, el civismo y el respeto a los derechos humanos, defender el olvido o la reconciliación. ¿De verdad se debe olvidar que el autoritarismo militar o judicial, cuando se separa de la voluntad popular y decide ser autosuficiente, puede acabar con la dignidad humana? ¿De verdad hay que olvidar los bombardeos, las sentencias a muerte y las tapias de los cementerios? No creo que recordar el daño de un golpe de Estado, la barbarie de una cámara de gas, un bombardeo sobre Hiroshima o una invasión de Madrid con los fusilamientos del ejército napoleónico, sea remover heridas. La memoria sirve para entender las causas y las consecuencias de las cosas que no pueden volver a repetirse.

Y hay muchas cosas del pasado que no se llevan bien con la palabra reconciliación. Uno puede reconciliarse con un amor, un amigo, un adversario, pero nunca con un golpista criminal, un dictador o un genocida. Que los rencores desaparezcan con el tiempo no debe confundirse con la reconciliación. Puede pensarse que se trata de sucesos que pertenecen al pasado, pero no de algo con lo que una democracia pueda reconciliarse.

Y no creo que la Transición española fuese un ejemplo de reconciliación. Buscar acuerdos necesarios no es lo mismo que celebrar reconciliaciones. Se dieron acuerdos necesarios para abrirle las puertas a una democracia, pero las necesidades históricas no fueron las mismas para todos. Cuando la España oficial franquista había dejado de representar a la España real conformada en los años 60 y 70, los representantes del Régimen necesitaron con la muerte de Franco asumir una dinámica de adaptación a la realidad. Por otro lado, los exiliados republicanos y los representantes de los partidos que habían combatido al franquismo en la clandestinidad necesitaron adaptar sus exigencias a unas estrategias que permitiesen, lo antes posible, la llegada a España de la democracia y las libertades políticas. Y creo que los resultados fueron buenos.

Por eso no estoy de acuerdo con los que repiten que los vientos antidemocráticos que ahora sufrimos se deban a los errores de la Transición. Después de casi 50 años, conviene comprender que los argumentos que animan a la extrema derecha actual tienen más que ver con las carencias de la democracia que con la permanencia de la dictadura franquista. Se trata de un fenómeno que se vive también en las democracias de EE.UU, Europa y Latinoamérica. Los nuevos reaccionarios españoles pueden jugar con la nostalgia del franquismo, pero sus raíces pertenecen de lleno al siglo XXI y proponen una manera de definir nuestro futuro.

En esta situación, resulta muy peligroso pedirle a la memoria que olvide o argumentar que las democracias pueden reconciliarse con los dictadores. Las heridas del pasado sirven para entender lo que la dignidad humana no puede asumir. No podemos reconciliarnos con actuaciones que no deben volver a repetirse.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, está convencido de que la justicia acabará extinguiendo la Fundación Nacional Francisco Franco y terminará "dando la razón" al Gobierno, informa EFE.

En una entrevista en elDiario.es publicada este sábado, Torres explica que el Ejecutivo ha elaborado un documento "riguroso" para describir, a través de la Ley de Memoria Democrática, la humillación que sufrieron las víctimas del franquismo y que es una exigencia legal para la extinción de la Fundación Francisco Franco.

"Hemos hecho un buen trabajo desde Memoria Democrática con el informe preceptivo en el que se describen todas estas humillaciones, con testimonios de las víctimas. Por eso, ha exigido más tiempo del que, quizá, hubiéramos querido, porque es un documento riguroso. Estamos convencidos de que la Justicia terminará dándonos la razón", asegura.

El Ministerio de Cultura comunicó recientemente a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la justicia al concluir que hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general.

Sin embargo, el pasado jueves la Fundación franquista envió las alegaciones al Ministerio de Cultura defendiendo que no hay ninguna causa legal que justifique este proceso y subrayando que su actividad está amparada por la libertad de expresión que protege la Constitución.

Torres reitera en la entrevista que el Ejecutivo intenta implementar la Ley de Memoria "al mayor ritmo posible" y recalca que la voluntad del Gobierno también es que la obra para resignificar el Valle de Cuelgamuros (Valle de los Caídos) empiece en esta legislatura.

Un proyecto que, con el lema 'La base y la cruz', eliminará la escalinata de acceso a la basílica y creará un centro de interpretación, lo que ha recibido duras críticas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (APRMH) al considerar que es un gasto millonario "innecesario" cuando bastaría con explicar el Valle a través de paneles informativos.

"El proyecto de resignificación puede admitir sugerencias y aportaciones, no está absolutamente cerrado. Hay características intocables de la propuesta, pero sí caben mejoras desde el punto de vista memorialista", precisa Torres.

El programa Memoria, escuela y democracia, de la Fundación CIVES en convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, tiene como objetivo fundamental incidir en el papel de la educación en la construcción de la democracia y su memoria. Democracia entendida como modo de vida y de gobierno que se sustenta en valores propios de un avance de civilización. Y también es preciso subrayar de qué manera dictaduras, sistemas autoritarios y totalitarios, como fue el franquista, utilizaron la educación para destruir la democracia, para oponerse abiertamente a ella y crear un marco sistematizado sobre el que se fundó en España un régimen propuesto, diseñado y desarrollado como antidemocrático en todos sus aspectos y a todos los efectos. 

Apenas 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco, el avance de la banalización del franquismo y el auge de los discursos ultras entre la juventud vuelven a colocarnos en una disyuntiva sobre la que debemos reflexionar: educar en dictadura o educar en democracia; o bien, educar para la dictadura o para la democracia; educar para ser súbditos subordinados a los requerimientos de la autocracia y la tiranía o educar para ser ciudadanos libres e iguales y dueños de nuestro destino; educar para ser sujetos pasivos en un Estado de confesión y doctrina política únicas o para ser ciudadanos capacitados para ejercer la libertad de elección confesional e ideológica en un régimen de respeto y garantía del pluralismo y la libre elección dentro de la diversidad. 

Pensar sobre el pasado dictatorial desde el presente democrático constituye una propuesta de reflexión que intenta señalar el peligro de volver a reproducir ideologías y caudillismos que en el pasado existieron en España y en otros países, y que hoy estamos en el deber de conjurar, evitando que puedan volver. Porque, como dice Umberto Eco en su breve opúsculo titulado Contra el fascismo. Las catorce claves para reconocer el fascismo (Lumen, 2018), sí, “el fascismo eterno”, o lo que él llama “ur-fascismos”, existe, aunque no se debe esperar que se manifieste en la misma forma de los gobiernos totalitarios que dominaron a Europa antes de la II Guerra Mundial, “sería difícil verlos volver de la misma manera en circunstancias históricas diferentes”. 

Por eso, Umberto Eco elaboró el listado de las catorce características típicas de ese fascismo históricamente subyacente y persistente que se expresaría mediante la combinación de los caracteres que él menciona: culto a la tradición como un pasado ideal que se propone como modelo de futuro; rechazo de la modernidad, del mundo moderno que surge y se desarrolla desde la Ilustración, la trilogía ideológica de la Revolución Francesa y el culto a la razón y al progreso; rechazo a todo espíritu crítico y a la cultura como objeto de sospecha, y consideración de la universidad como “guarida de comunistas”; explotación exacerbada del miedo al diferente y a la diferencia; nacionalismo xenófobo y racista que transforma en falso privilegio el mero hecho de pertenecer identitariamente a la nación; el culto al caudillismo, a los hombres fuertes y autócratas providenciales; el machismo como expresión de voluntad de poder masculino sobre la mujer; la persecución de la homosexualidad, el matrimonio igualitario, el libre derecho de la mujer a disponer sobre su cuerpo. Y, finalmente, el populismo sustentado en una idea mítica y superficial de un pueblo, no constituido por una comunidad de ciudadanos libres e iguales, sino por una suma y yuxtaposición atomizada de individuos; en suma, una deconstrucción de las conquistas y del concepto mismo de ciudadanía democrática. 

Umberto Eco concluye: “El ur-fascismo puede volver todavía con las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice a cada una de sus formas nuevas, todos los días, en todos los rincones del mundo”. 

Es fácil comprobar de qué manera las características de ese ur-fascismo que describe Umberto Eco estuvieron presentes en las dictaduras de Mussolini, Salazar, Franco y otros similares que inspiraron las bases doctrinales sobre las que construyeron la educación como regímenes de partido único y Estados confesionales de religión única con exclusión de toda libertad ideológica, intelectual, investigadora y docente. Pero, es aún más preocupante lo que hoy mismo conforma ya una realidad en algunos de los países más importantes del mundo occidental y constituye una amenaza latente para el nuestro.

Recientemente hemos tenido el testimonio del profesor de la Universidad de Yale y filósofo Jason Stanley, norteamericano descendiente de supervivientes alemanes del Holocausto que ha decidido refugiarse en España huyendo de posibles represalias en su país. “Huyo de Estados Unidos –ha dicho– para que mis hijos no crezcan bajo el fascismo”. Huye del desmantelamiento y control ideológico de la educación superior que ha iniciado el presidente Trump en su campaña para prohibir los programas de inclusión, equidad y respeto a la diversidad, asestando un golpe demoledor a las libertades de enseñanza y de investigación de las universidades estadounidenses. Jason Stanley, autor de libros como Facha. Cómo funciona el fascismo y cómo ha entrado en tu vida (Blackie Books, 2019) y el más reciente, titulado Borrar la historia: cómo el fascismo busca reescribir el pasado para controlar el futuro (Blackie Books, 2025):  “Reescribir el pasado, algo que el presidente Trump trata de imponer en la cultura, la historia y la educación de los Estados Unidos. Suprimiendo el departamento federal de educación, controlando al profesorado en función a su ideología, introduciendo la educación patriótica y el adoctrinamiento, el racismo y el poder los blancos, la familia tradicional, la exclusión y persecución de los inmigrantes y la eliminación de la  ideología de género”. 

Esto y más está en el programa del mandatario de la Casa Blanca y en los programas de sus seguidores y admiradores de Europa y América. También en el de sus seguidores y admiradores españoles, en términos idénticos a los que denuncia el exiliado profesor Jason Stanley y describió en su día Umberto Eco como “fascismo eterno”. Ideología que desaparece y aparece en momentos de la historia en los que los demócratas desatienden sus deberes y olvidan la necesidad de que cada generación de jóvenes que llega a nuestros centros escolares necesita que la educación que van a recibir actúe como comadrona y les suministre la memoria que necesitan para desempeñar su vida adulta como ciudadanos de una democracia. 

Es fácil comprobar lo que realmente está en juego: la ciudadanía, la conquista básica y el elemento sustancial de la democracia, en cuya ausencia ésta se esfuma. La ciudadanía, el factor central históricamente construido mediante conquistas graduales y difíciles de derechos y libertades, pero cuya existencia han querido siempre limitar o abolir los autócratas, los dictadores y sus más recientes discípulos e imitadores, que hoy se presentan cubiertos con nuevas apariencias y encubrimientos, como el falaz uso del principio de la libertad en procesos autoritarios anarco-neoliberales que han emprendido para acabar con elementos sustanciales de la ciudadanía social, civil o política.  

Somos ciudadanos gracias a que allá, en el 26 de agosto de 1789, una Asamblea Nacional francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue un inicio fundamental, pero incompleto, pues se olvidó de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Luego, ampliamente superado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En España, las garantías y derechos de ciudadanía fueron posibles gracias a la desaparición del régimen de dictadura franquista y a la formulación solemne y vinculante de nuestros derechos y libertades en la Constitución de 1978 aprobada por referéndum popular.  

Pero, sobre todo, somos ciudadanos gracias a quienes lucharon y se sacrificaron en tiempos difíciles; gracias a quienes fueron víctimas depuradas, exiliadas, censuradas, encarceladas o fusiladas, causadas por los designios y aparatos represores de la peor y más larga y sanguinaria dictadura que jamás existió en la historia de España. Esto lo deben saber todos los jóvenes, todos los escolares de nuestros centros educativos.

Se debe acabar con el enorme disparate que hasta ahora ha significado la generalizada salida de generaciones enteras de alumnos y alumnas de nuestro sistema educativo sin apenas conocimientos de la historia de nuestra democracia, ni de los fundamentos del sistema democrático por el que debemos regirnos. Carece de sentido que muchos jóvenes tengan un sólido conocimiento de los horrores del Holocausto causado por Hitler y los nazis, y que ignoren casi todo sobre quién fue Franco y su dictadura y de las decenas de miles de víctimas que causaron en España. A su vez, el profesorado debe rechazar cualquier postura de equidistancia o elusión ante los valores de convivencia en que se sustenta una democracia y su destrucción y normalización de la violencia, que sostienen el imperio de las dictaduras y autocracias. La memoria democrática ya está en el currículum escolar oficial de nuestra democracia.

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Victorino Mayoral Cortés es presidente de la Fundación Educativa y Asistencial CIVES.

El impulso humano de enterrar, nombrar y despedir explica por qué la memoria es un campo de batalla. Y explica también por qué, cincuenta años después de la muerte de Francisco Franco, miles de familias continúan esperando poder dar un entierro digno a los suyos.

Se cumple medio siglo de la muerte del dictador que dio un golpe militar a la democracia, que provocó una guerra civil sangrienta y que convirtió España en una inmensa cárcel durante cuatro décadas. Cuarenta años de exilio, persecución, torturas, desapariciones y asesinatos. No son cifras abstractas: son familias enteras cuyas vidas han sido convertidas en tabú. Es la historia de la mitad del país silenciada junto con sus muertos.

En 1975 Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. La democracia no cayó del cielo. Si España avanzó hacia un marco democrático, aunque limitado, fue gracias a la lucha social: en las huelgas, manifestaciones y movilizaciones masivas durante una transición marcada por la violencia política. Se derrotó el intento del franquismo de maquillarse y continuar, y se abrió la puerta a un proceso constituyente.

Lo que vino después tampoco fue sencillo. Mucho de lo que hemos conquistado no llegó por iniciativa institucional, sino por el empuje de las víctimas y de la sociedad civil: familiares que buscan a sus desaparecidos, asociaciones que rastrean fosas comunes, historiadores que reconstruyen la verdad frente al silencio oficial. La Ley de Memoria y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales no son gestos simbólicos: son herramientas para recuperar cuerpos, dignidad e historia. No son debates del pasado. Son pilares democráticos.

Las víctimas y sus familias han pasado una vida esperando. Primero cuarenta años esperando que muriera el dictador; después casi otros cuarenta esperando poder devolver la dignidad a sus muertos. Ha sido una espera demasiado larga.

Por eso inquieta la normalización del revisionismo. Vox –y lamentablemente también el Partido Popular– dan pasos atrás: hace apenas dos semanas, se negaron a asistir al homenaje a los últimos asesinados por la dictadura, repitiendo el insulto franquista de llamarlos “terroristas”. A esto se suman muchas otras afrentas a la memoria: la destrucción del memorial de La Almudena, las “leyes de concordia” que ensalzan el régimen, la humillación de las víctimas como Aurora Picornell, y un largo etcétera.

Es una revictimización de las víctimas, y una amenaza para las libertades presentes. Ya estamos viendo las consecuencias, pues una reciente encuesta del CIS indica que más del 41% de los votantes del PP considera que la dictadura fue “buena” o “muy buena” y, por primera vez en la historia de la democracia española, también lo considera así el 19% de los jóvenes españoles (de 18 a 24). Porque quien normaliza el franquismo, normaliza la deriva autoritaria que avanza en Europa. Y sin memoria, la democracia se debilita.

La memoria es un deber colectivo. Es el único camino hacia una democracia plena, con verdad, reparación y justicia.

Quizá uno de los países que comprende mejor el valor de honrar a quienes ya no están es México, donde la ritualidad del paso de la vida a la muerte es una celebración pública, popular y profundamente humana. Un país que demostró una inmensa solidaridad con el pueblo español en los momentos más difíciles: primero apoyando a la causa republicana cuando las potencias europeas miraban hacia otro lado; y después, acogiendo a miles de españoles y españolas que huían de la persecución franquista y del fascismo europeo.

Tuve la oportunidad de estar allí coincidiendo con el Día de Muertos. En el Muro de Honor del Congreso mexicano pude leer una dedicatoria sencilla y conmovedora: “Al exilio republicano español”. Aquellas palabras, grabadas en piedra, demuestran que la memoria también existe fuera de nuestras fronteras. Que otros no olvidaron lo que aquí se quiso esconder.

Miles llegaron en barcos como el Sinaia, el Ipanema, el Mexique o el Flandra. Más de 20.000 compatriotas que desembarcaron en Veracruz tras pasar por los campos de concentración franceses. España fue un país de exilio. Y gracias a la solidaridad de otros pueblos, muchos pudieron volver a empezar.

Ocho décadas después, aquel recuerdo es también una llamada.

Hoy vemos a miles de personas huyendo de la guerra, del hambre o de la persecución. A veces se olvida demasiado rápido. Pero un día fuimos nosotros y nosotras. Y ahora es nuestro turno de acoger. Porque la memoria no se honra solo con homenajes o discursos: se honra con solidaridad, con humanidad y con justicia.

A 86 años del exilio español, a 50 años de la muerte de Franco, la memoria sigue siendo el mayor antídoto contra el autoritarismo. La democracia se defiende mirando de frente a nuestra historia, no escondiéndola.

Porque un país que no recuerda, repite.

Y un país que recuerda, construye democracia.

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Estrella Galán es eurodiputada por Sumar.

- Me acuerdo de la mañana en la que unos militares detuvieron a mi padre, de la voz nerviosa de mi madre hablando por teléfono y de las lágrimas de mi abuela.

-Me acuerdo de las llamadas de madrugada y de que nadie contestaba al otro lado del teléfono.

-Me acuerdo de la mañana del 20 de noviembre del 75. 'Morreu Franco', me dijo mi abuela entre susurros. 

-Me acuerdo de la broma que me gastó mi hermano Alberto: ¿Sabes por qué a las islas Canarias le llaman Las Afortunadas? Porque Franco murió una hora antes." Recuerdo las risas de todos. 

-Me acuerdo de mi hermana mayor, Susana, abriendo de par en par las ventanas del salón y poniendo en el tocadiscos a todo volumen Canto a la libertad de Labordeta.

-Me acuerdo de haber oído que los adultos brindaron con champán y de que nosotros lo hicimos con sidra El Gaitero. 

-Me acuerdo de ver el entierro de Franco en televisión y de cómo su ataúd se parecía mucho a uno que había visto días antes en una película de Bela Lugosi.

-Me acuerdo de escoger, semanas después, un bloc de anillas de color rojo como premio por un trabajo de religión y las palabras enfadadas de la monja que nos daba clase. "Las hay de todos los colores, pero yo ya sabía que Fortes iba a coger la roja”.

-Me acuerdo de los primeros 6 meses sin ver a mi padre y de abrazarlo por fin el día de Navidad del 75 en la prisión militar de Hoyo de Manzanares. 

-Me acuerdo del viaje en tren a Madrid, que era más grande y tenía más cines que Pontevedra. Me acuerdo de ver por fuera el Santiago Bernabéu, que era también más grande que el estadio de Pasarón.

-Me acuerdo de la cena de Nochebuena en la calle Altamirano 34, la casa de los Valero, cuyo padre también estaba encarcelado junto al mío por ser militar y demócrata en aquellos años. 

-Me acuerdo de que nos ganaron todas las partidas al Scalextric, pero también de la alegría que nos llevamos cuando nos dijeron que en Madrid no había playa. Pontevedra superaba en algo a Madrid.

-Me acuerdo de mi abuela esperando el primer mensaje de Navidad del Rey por si decía algo de la libertad de nuestro padre. No hubo suerte.

-Me acuerdo de la hostia que le dio mi madre a un militar que le faltó al respeto y al honor.

-Me acuerdo de un envío con ropa que nos llegó de Alemania por medio de una red europea de apoyo a las familias de presos políticos españoles. 

-Me acuerdo de que en el reparto me tocaron unos calzoncillos largos de franela, hasta los tobillos, como en las películas de Terence Hill y Bud Spencer, y de que por supuesto nunca me los puse.

-Me acuerdo de una tarta medio comida por los ratones que llegó de Holanda y a la que no hicimos ascos.

-Me acuerdo de una foto de Olof Palme pidiendo en una calle de Estocolmo con una hucha en la que se leía “para las familias de presos españoles”.

-Me acuerdo de contar las onzas de chocolate Dolca en los bocadillos de la merienda.

-Me acuerdo de las visitas al castillo de La Palma de Ferrol, frente a la ría, donde mi padre cumplió los últimos meses de su condena. Me acuerdo del foso y del puente levadizo, pero no de los cocodrilos. 

-Me acuerdo del accidente del petrolero Urkiola que asfaltó toda la ría y acabó con nuestras jornadas de pesca desde las alturas del castillo.

-Y por supuesto me acuerdo del día en que por fin liberaron a mi padre, pronto hará medio siglo, y de aquel año en el que lloramos y reímos tanto.

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Xabier Fortes es periodista, director y presentador de 'La Noche en 24 Horas' de TVE.