El Grupo UDEF II de la Policía Nacional en A Coruña entregó el 13 de octubre de 2022 al Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela un informe de 67 páginas sobre la financiación pública que la Xunta de Galicia canalizó hacia el diario El Correo Gallego a través de Xesgalicia, la gestora de capital riesgo de la propia Xunta, en el que queda claro que la concesión de 2,5 millones al periódico, que ya estaba en quiebra, nunca debió haberse realizado. 

El documento se incorporó a las diligencias previas 185/2022 abiertas contra los responsables del periódico mediante una providencia de la magistrada Ana López-Suevos, que se limitó a unir el escrito a la causa y darle traslado a las partes personadas, sin adoptar ninguna medida contra la Xunta.

No obstante, el informe policial reconstruye, con las actas originales del consejo de administración de Xesgalicia, cómo se aprobaron 2.500.000 euros para Editorial Compostela SA , la empresa que entonces editaba El Correo Gallego —hoy en manos del grupo editorial Prensa Ibérica—, en plena crisis financiera de la cabecera. Y documenta que, semanas antes de esa aprobación, un informe de riesgo ya incorporado al expediente de Xesgalicia advertía de que la empresa tenía casi un 63% de probabilidades de no devolver el dinero.

Editorial Compostela cerró 2017 con una cifra de negocio de 5,95 millones de euros, un resultado neto de solo 87.000 euros y un activo total de 28,5 millones. La plantilla había pasado de 156 empleados en 2016 a 91 en 2017, tras una renegociación de la deuda financiera que en 2016 ya había supuesto quitas de 4,6 millones de euros.

Pese a ese ajuste, el grupo arrastraba una deuda financiera de 17,2 millones de euros, con Abanca como principal acreedor, con préstamos por 11,8 millones y pólizas de crédito por 1,2 millones. El grupo tenía siete nóminas pendientes de pago a sus trabajadores, una deuda con antiguos empleados de 4,4 millones y una deuda con administraciones públicas de 2,2 millones. El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) –un organismo público de la Xunta diseñado para servir de cauce a la concesión de ayudas, préstamos, avales e instrumentos de financiación a las empresas gallegas– avalaba, además, el 40% de un préstamo de 3 millones.

La dirección del Igape encargó a Deloitte una revisión independiente del plan de negocio, entregada el 23 de abril de 2018. El informe hablaba de una “grave crisis de liquidez” y advertía de que, sin una inyección de dinero fresco, la empresa entraría en concurso de acreedores. Esa inyección dependía, sobre todo, del apoyo institucional de la Xunta a través de Xesgalicia, por 2,5 millones de euros.

Xesgalicia no dijo que sí a la primera. El informe de la UDEF recoge que la gestora pública trasladó inicialmente un rechazo a la propuesta de reestructuración, porque en un escenario de caída de ingresos publicitarios la empresa no podría devolver la deuda.

Para reforzar su solicitud, la dirección de Editorial Compostela aportó contratos de arrendamiento y convenios que, según constató la UDEF a partir de datos de Hacienda, no tuvieron ninguna facturación real entre 2018 y 2022. Los investigadores concluyen que esos documentos, con la Universidad Liberquaré, con Farma Soluciones, con Besteiro Servicios Audiovisuales y con el Grupo Quatrium, se aportaron para inflar los ingresos futuros del grupo y facilitar la entrega del préstamo.

El 17 de septiembre de 2018, mientras Xesgalicia tramitaba la operación, quedó incorporado a su propio expediente un informe de la agencia de calificación Axesor sobre Editorial Compostela. Es el documento que la UDEF describe como determinante para entender lo que sucedió después.

El informe concluye que la sociedad tenía “una situación muy próxima a la insolvencia”, con una posibilidad de incumplimiento de sus obligaciones de pago del 62,86%. Le asigna una puntuación de un punto sobre diez y la declara de “máximo riesgo de impago”.

Axesor detalla los motivos. Editorial Compostela mostraba un comportamiento irregular en ficheros de morosidad, no atendía puntualmente sus obligaciones, y sus fondos propios representaban solo el 3,71% del total de sus fuentes de financiación. El nivel de efectivo y activos líquidos era reducido, y la empresa tenía difícil acceso a nueva financiación para el corto plazo.

La recomendación del informe era muy simple: “No se aconseja realizar operaciones con esta entidad”. Axesor fijaba la cantidad de crédito comercial recomendada en 0 euros, frente a una media sectorial de 719.430 euros para empresas de tamaño similar.

El propio informe de la UDEF, al reconstruir esta parte del expediente, lo resume sin rodeos: “Era obvio que la situación financiera de la empresa no aconsejaba la concesión de un préstamo por el alto nivel de impago que existía, como así resultó”, escribe el inspector jefe del grupo policial que lo redactó.

El análisis de riesgo incluía también un mapa de las empresas vinculadas a Editorial Compostela. Xeogal Publicacións SL recibía la calificación de riesgo máximo, Código Televisión SL y Anova Multiconsulting SA quedaban en riesgo moderado, y solo CTVSA se libraba con un riesgo mínimo.

Pese a ese informe, el proceso interno de Xesgalicia siguió adelante. El comité de dirección informó favorablemente el 24 de septiembre de 2018 elevar la propuesta al consejo de administración. Al día siguiente, el 25 de septiembre, el propio comité de dirección aprobó por unanimidad someter la operación al consejo, en una reunión a la que asistió Francisco Conde López, entonces conselleiro de Economía de la Xunta y presidente del consejo de administración de Xesgalicia, que más tarde asumiría también la vicepresidencia de la Xunta.

Pero la aprobación definitiva no llegó en una sesión del consejo. Llegó por escrito. El acta número 217 del consejo de administración de Xesgalicia, fechada el 23 de noviembre de 2018, recoge que la concesión del préstamo se decidió “mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión”. 

Ninguno de los consejeros citados, entre ellos el propio Francisco Conde, un representante del Igape y varios vocales de la Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, expresó su oposición.

Dos días antes, el 21 de noviembre de 2018, un documento interno titulado Procedimiento de adopción de acuerdos por escrito y sin sesión del consejo de administración de Xesgalicia explica por qué se optó por esa vía. El texto señalaba que, “siguiendo instrucciones del presidente del consejo de administración del Xesgalicia —el propio Conde— y por razones de urgencia, se ha decidido proponer la adopción del acuerdo de concesión” del préstamo mediante votación escrita, sin convocar una sesión presencial del órgano.

El préstamo, de hasta 2.500.000 euros, se concedió con garantías, un vencimiento fijado en el 31 de diciembre de 2022, una carencia de amortización hasta el 31 de diciembre de 2020 y un interés del Euribor trimestral más cuatro puntos porcentuales.

El Correo Gallego es una cabecera fundada en 1878, de tirada modesta y línea editorial afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga hasta la de Feijóo. Lo llamativo de la ayuda millonaria del Gobierno que entonces presidía el hoy líder del PP no es solo que tuviera como destinatario a un diario afín en quiebra, sino que, antes de recibir el dinero, el hombre que controlaba el periódico, José Manuel Rey Novoa, presumía ante su consejo de administración de que la Xunta tenía “voluntad” para aliviar lo que él mismo llamaba “la mochila financiera” del diario.

En esas mismas actas, que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación por tráfico de influencias, Rey Novoa aseguraba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para conseguir el préstamo. Lo hacía mientras negociaba con una Xunta entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, que acabó concediéndole el dinero.

Al revisar toda la documentación entregada por Xesgalicia, la UDEF hizo una observación adicional sobre el estado del expediente. Los investigadores constataron que Xesgalicia “no disponía de un expediente escrito unificado y aparentemente completo”, y que se encontraron más documentos en el contenido informático facilitado que en la documentación en papel entregada inicialmente.

Esa falta de un expediente único es, según el propio informe, la razón por la que hubo que cruzar el material en papel con las carpetas digitales para reconstruir el proceso completo de aprobación del préstamo, incluida la fecha exacta en la que se incorporó el informe de riesgo de Axesor.

El expediente policial recoge otro indicio que apuntaba en la misma dirección que el informe de Axesor. En el informe de auditoría de las cuentas de 2019, la firma ACR Auditors Group se negó a emitir una opinión sobre las cuentas anuales de Editorial Compostela, “debido al efecto muy significativo” de las cuestiones que describía en su informe.

Un año después, el 31 de agosto de 2020, el auditor independiente Crowe llegó a la misma conclusión sobre las cuentas de 2019. La denegación de opinión se basaba en saldos de 2.681.483 euros que la auditora consideraba de dudoso cobro, una cifra que, de eliminarse, dejaría el activo y el patrimonio neto de la empresa sobrevalorados. La propia nota de la auditoría advertía de que la sociedad se encontraba en causa de disolución.

El deterioro no se detuvo con el préstamo. La UDEF recoge que, en octubre de 2020, la deuda de Editorial Compostela con su plantilla ya ascendía a 4,7 millones de euros, “el talón de Aquiles” de la empresa, según la expresión que el propio administrador, José Manuel Rey Novoa, empleaba para describir la situación.

Los hechos posteriores confirman la advertencia de Axesor. Según consta en el informe, Editorial Compostela nunca atendió ninguna de las amortizaciones del préstamo, la primera de las cuales vencía el 31 de diciembre de 2020. Solo pagó intereses hasta el devengo del 31 de diciembre de 2019, por un total de 88.104,97 euros.

Desde diciembre de 2019, poco después de cumplirse un año de la concesión del crédito, la empresa dejó de pagar. Xesgalicia envió una primera carta reclamando el impago el 3 de diciembre de 2020, por 20.416,44 euros. Una segunda carta, del 17 de junio de 2021, elevaba la deuda reclamada a 264.434,56 euros. Ante la falta de respuesta, el 7 de febrero de 2022 el expediente pasó a los servicios jurídicos de Xesgalicia para iniciar la reclamación judicial.

El 21 de marzo de 2022, el departamento financiero de Xesgalicia reclamó formalmente 1.130.715,17 euros, de los cuales 950.000 euros correspondían a amortizaciones de capital no atendidas desde diciembre de 2020, y el resto a intereses devengados y no pagados.

Editorial Compostela entró después en concurso de acreedores. En ese procedimiento, según el informe de la UDEF, Xesgalicia reclamó la totalidad del préstamo concedido más los intereses pendientes, por un importe total de 2.712.245,22 euros. Pero nunca se personó en la causa penal que se sigue contra Rey Novoa en un juzgado de Santiago.

En las últimas semanas, las acusaciones de “ingeniería electoral” lanzadas por el PP contra el Gobierno de España por la concesión de la nacionalidad a descendientes de personas exiliadas —contemplada desde hace un cuatrienio en la Ley de Memoria Democrática— devolvieron el foco sobre el mal llamado voto emigrante. Esto es, sobre el Censo de Residentes Ausentes (CERA), cuyo apoyo electoral los populares siempre procuraron con intensidad, muy especialmente en Galicia, donde ya supera el medio millón de inscripciones.

Mientras, en su calidad de actual líder estatal del PP, el expresidente Alberto Núñez Feijóo alimenta esa controversia, su sucesor en la Xunta daba el visto bueno definitivo a una significativa operación en el núcleo central de ese CERA para Galicia, en Argentina (casi 180.000 inscripciones correspondientes a las circunscripciones gallegas a 1 de junio de 2026), en cuya capital el Gobierno gallego va a estrenar nueva sede. Lo hará tras comprar un céntrico local por casi un millón y medio de euros.

El Consello de la Xunta del pasado 15 de junio trató el informe de una compra que dotó de fondos ya el pasado mayo. Fue entonces cuando transfirió 1,42 millones desde el programa de imprevistos de los Presupuestos Generales de 2026 a la Consellería de Emprego e Emigración “para hacer frente a los gastos de adquisición y adecuación” de un local situado en el número 990 de la avenida Belgrano de Buenos Aires, donde hasta finales de 2024 funcionó una sucursal del Banco Galicia.

Con una superficie de 730 metros cuadrados distribuidos en tres niveles —subsuelo, bajo y primera planta—, el Ejecutivo gallego dice comprarlo con la intención de “ampliar la capacidad de servicio a la ciudadanía” y “reforzar la visibilidad institucional”. Incluso antes del inicio de las reformas, la Xunta instaló ya un gran letrero corporativo en el exterior de un espacio para el que contempla funciones administrativas y también la celebración de eventos culturales, “encuentros institucionales y reuniones empresariales”, así como finalidades de promoción turística.

Indica la Consellería que las nuevas instalaciones prevén contener, asimismo, una “oficina de retorno y atracción de talento” al amparo de la Estrategia Galicia Retorna. Todo, bajo el principio político general del “compromiso de la Xunta con la comunidad gallega en el exterior, con especial atención a Argentina” y a Buenos Aires, que ensalza con la “tradicional” consideración de “quinta provincia gallega”.

En este contexto, la Secretaría Xeral da Emigración acaba de organizar una presentación de la nueva sede para “representantes de los centros gallegos y miembros de la colectividad gallega”, acto presidido por su titular, Antonio Rodríguez Miranda, y por el delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro. Ambos cargos fueron integrados en 2022 por Feijóo en la dirección estatal del PP como “secretario en el exterior” y “representante en Iberoamérica”, respectivamente.

Indica Emigración que en ese encuentro “se explicaron las características de la nueva sede”, que “nace con la vocación de convertirse en la casa de todos los gallegos en Argentina y en un escaparate permanente de la Galicia actual”. “Será mucho más que una oficina administrativa”, aseguran.

La Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo concedió en 2018 un préstamo de dinero público de 2,5 millones de euros a la empresa editora del diario El Correo Gallego, en un momento en que el propio consejo de administración del periódico reconocía por escrito una situación financiera de quiebra. Lo recoge un auto judicial dictado el pasado 20 de mayo por un juzgado de Santiago y al que ha tenido acceso infoLibre.

El crédito fue concedido a través de Xesgalicia (Xestión de Capital Risco de Galicia), la sociedad pública de capital riesgo de la Xunta, y el Igape (Instituto Galego de Promoción Económica), el organismo autonómico de fomento económico. Ambos dependen del Gobierno a través de la Consellería de Economía, en ese momento dirigida por Francisco Conde, mano derecha y amigo personal de Feijóo, hasta el punto de formar parte del selecto grupo de dirigentes del partido que le han acompañado desde Galicia en su etapa en Madrid. 

En teoría, el dinero se concedió dentro de una reestructuración financiera que Editorial Compostela, la sociedad propietaria de la cabecera, negoció ese año con sus acreedores. Abanca, el principal de todos ellos, perdonó entonces al periódico más de 5,5 millones de euros de deuda.

Lo llamativo de la ayuda millonaria del Gobierno de Feijóo no es solo que tuviera como destinatario a un diario afín en quiebra, sino que, antes de recibir el dinero, el hombre que controlaba el periódico, José Manuel Rey Novoa, presumía ante su consejo de administración de que la Xunta tenía “voluntad” para aliviar lo que él mismo llamaba “la mochila financiera” del medio.

En esas mismas actas, citadas en el auto pero que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación por tráfico de influencias, Rey Novoa aseguraba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para conseguir el préstamo. Lo hacía mientras negociaba con una Xunta entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, que acabó concediéndole el dinero.

El Correo Gallego es una cabecera fundada en 1878, de tirada modesta y línea editorial afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga hasta la de Feijóo. El periódico dejó de pertenecer a Rey Novoa y su entorno en noviembre de 2022. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña adjudicó entonces Editorial Compostela, dentro del concurso de acreedores, al grupo Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll, que ya edita en Galicia Faro de Vigo y La Opinión A Coruña. La operación se cerró por 1,6 millones de euros, con una deuda acumulada de 20 millones. Prensa Ibérica asumió entonces 32 de los 46 contratos laborales que quedaban en la plantilla.

El auto que ha sacado a la luz un posible caso de tráfico de influencias para conseguir un crédito de 2,5 millones está firmado por la magistrada Ana López-Suevos. Se dirige contra los anteriores responsables del periódico y ordena continuar el procedimiento penal contra Rey Novoa y otras diez personas físicas y jurídicas por un presunto delito de alzamiento de bienes, previsto en el artículo 257 del Código Penal.

El alzamiento de bienes consiste en ocultar o sacar patrimonio de una empresa para impedir que los acreedores puedan cobrar sus deudas. La resolución añade un cargo de apropiación indebida, del artículo 253 del Código Penal, contra Rey Novoa y contra Ángel María Remesar Zabaleta, histórico directivo del diario. 

La causa se inició por la denuncia de varios antiguos empleados de El Correo Gallego que pasaron meses sin cobrar sus salarios, aunque a ella se sumaron el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Ministerio Fiscal. Ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado en los juzgados para tratar de recuperar el dinero público prestado y que el periódico nunca devolvió.

El juicio oral no tendrá lugar hasta 2027, cinco años después de la presentación de la primera denuncia, según las previsiones de Francisco Méndez, el abogado que lleva la acusación en nombre de nueve extrabajadores del diario. Pero las primeras reclamaciones por impagos se remontan a 2018.

El Correo Gallego arrastraba problemas financieros desde antes de la pandemia, algo que ya aparecía en sus cuentas anuales. La crisis del covid-19 aceleró un deterioro que el consejo de administración admitía por escrito en 2018, según consta en el auto de la jueza.

Fue en ese contexto cuando Rey Novoa negoció el préstamo de Xesgalicia e Igape. El auto cita también campañas publicitarias de la Xunta y convenios institucionales como fórmulas a corto plazo con las que el máximo responsable del periódico, con la ayuda indispensable de la administración dirigida por Feijóo, trataba de mantener el diario en marcha.

Gracias al dinero del préstamo, Editorial Compostela saldó deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Eso garantizó, a su vez, según recoge el auto, el cobro de convenios como el firmado con la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), otra de las vías habituales a través de las cuales la Xunta ha financiado durante décadas a los diarios gallegos para asegurarse líneas editoriales complacientes.

Pese a ese alivio contable, la deuda con la plantilla siguió creciendo. En octubre de 2020 alcanzaba ya los 4,7 millones de euros, según los cálculos incorporados a la causa.

En febrero de 2022, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña admitió a trámite el preconcurso de Editorial Compostela. La empresa terminó solicitando el concurso voluntario, declarado el 22 de junio de ese mismo año.

El grueso del auto se apoya en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ratificado por un inspector del grupo en su declaración del 9 de abril de 2025 ante el juzgado.

Según ese informe, Editorial Compostela, Código Televisión, Anova Multiconsulting, Think First y la Agrupación Deportiva El Correo Gallego funcionaban como un único grupo empresarial con “unidad de caja”. Los ingresos de unas se usaban para pagar gastos de otras, de modo que el dinero no se acumulaba en las cuentas embargables de la editora para así eludir los compromisos con los acreedores, entre ellos los trabajadores.

El informe detalla movimientos concretos. De los más de 11,1 millones de euros ingresados en una sola cuenta de Editorial Compostela, 8,94 millones acabaron en la Agrupación Deportiva El Correo Gallego, una asociación sin apenas actividad real más allá de organizar una carrera popular, según reconoció el propio Remesar Zabaleta ante los investigadores.

La Inspección de Trabajo llegó a conclusiones similares en un informe propio. Detectó que la publicidad del periódico se facturaba indistintamente desde varias de esas sociedades y que unas avalaban las pólizas de crédito de las otras.

Junto al préstamo autonómico, el auto documenta decenas de préstamos privados que entraron en las cuentas del grupo a lo largo de los años, buena parte de ellos sin que conste su devolución. Entre los prestamistas aparecen empresas y particulares gallegos, así como sociedades vinculadas a personas con antecedentes por estafa.

La resolución judicial recoge también operaciones de vaciamiento patrimonial. En junio de 2021, Rey Novoa vendió sus acciones de Editorial Compostela, valoradas en más de 1,19 millones de euros, y su participación en Think First por un precio simbólico de 1 euro a Open Knowledge Consulting, sociedad de Arsenio Olmo Chaos.

La operación se revirtió meses después mediante un pacto de retroventa, también por 1 euro. El auto señala que Olmo Chaos y su socio Romualdo Soriano Medina acumulan varias causas judiciales por presuntas estafas a empresarios que buscaban financiación.

Entre las vías de ingreso del grupo figuran también contratos con la CRTVG, una compañía controlada también por la Xunta de Feijóo. Código Televisión ofreció como garantía a favor de la financiera privada Visualiza Business el derecho de cobro de dos producciones para la televisión pública gallega, SoanCampás y 48 horas para o sí, por las que la CRTVG llegó a pagar 494.000 y 400.000 euros respectivamente.

De ese segundo contrato, según el auto, solo 48.400 euros llegaron a Visualiza Business pese al importe total pactado. Think First dio en garantía de forma similar el cobro de otro contrato con la CRTVG, por 1,1 millones de euros, a favor de la sociedad CTV.

Mientras el grupo empresarial garantizaba el pago a la Seguridad Social y a Hacienda, las nóminas se abonaban de forma irregular, según constata el auto. Varios extrabajadores obtuvieron sentencias favorables en la jurisdicción social que no pudieron ejecutar por la insolvencia declarada de las empresas.

El Fogasa tuvo que abonar 1.839.069,70 euros a los extrabajadores dentro del concurso de acreedores. De esa cantidad, la administración concursal solo ha devuelto al fondo 138.231,36 euros, por lo que restan pendientes 1.700.838,34 euros.

Los trabajadores personados en la causa reclaman además una responsabilidad civil que suma, entre los distintos grupos representados por sus procuradores, más de 1,02 millones de euros.

El abogado de los trabajadores, que está a punto de conseguir sentar en el banquillo a Rey Novoa, recuerda ejemplos sangrantes para los empleados. Entre las prácticas irregulares del hombre que controlaba el periódico y que muestran hasta dónde desviaba el dinero que recibía, en su mayor parte de una Xunta en la que, según sus propias palabras, tenía gran influencia, destaca la compra de un piso de 400.000 euros a nombre de su mujer. O el pago de un salario mensual a su hija cuando vivía en Miami (Estados Unidos), ajena al periódico, mientras los empleados estaban sin cobrar.

infoLibre ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a través de la dirección de comunicación del partido, por qué Xesgalicia, presidida por Francisco Conde y empresa de la Xunta, concedió 2,5 millones a El Correo Gallego cuando ya estaba en quiebra. También si ejerció algún tipo de influencia José Manuel Rey Novoa para conseguir que la Xunta le concediese ese préstamo, como él mismo afirmó ante su consejo de administración, echando mano de sus contactos con Conde o con él mismo. Y también por qué ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado para tratar de recuperar judicialmente el dinero público prestado, que nunca fue reintegrado.

Feijóo, a través de su servicio de prensa, ha declinado responder estas preguntas y ha señalado que las cuestiones debían dirigirse al actual Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda. La respuesta del Ejecutivo autonómico, después de calificar este asunto, que se está ventilando ahora en los tribunales, de “tema antiguo”, ha sido de defensa de la concesión del crédito.

“Las líneas de financiación que se le concedieron a esta empresa, como todas las que proceden de fondos públicos, cuentan con la necesaria justificación económica y jurídica”. Las decisiones que se adoptaron, añade la respuesta oficial del actual Gobierno gallego, “tenían el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto empresarial y el mantenimiento del empleo”. “Ni las decisiones adoptadas por la empresa ni las declaraciones de sus entonces responsables competen a la Xunta”. El Ejecutivo de Rueda no aclara en su respuesta si Rey Novoa intentó ejercer influencia para obtener el crédito o el motivo por el que la Xunta no reclamó judicialmente por vía penal la devolución del dinero.

El alboroto volvió a tener, como de costumbre, el mismo epicentro. La aprobación en la Comunidad de Madrid de una ley para “otorgar al concebido no nacido la condición de miembro de la unidad familiar” para supuestos como la “concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta” o expedir títulos de familias numerosas, en la línea de lo que el PP madrileño había prometido hace siete años, desencadenó el debate sobre un posible giro de los populares más a la derecha o su seguimiento de medidas en boga en territorios como los EE UU. Incluso una promesa de Alberto Núñez Feijóo de extender tal medida a todo el Estado si llega al Gobierno de España.

Una parte relevante del alboroto obvia que la esencia de estas medidas y promesas puede tener muchas implicaciones, pero ninguna de ellas es una completa novedad. No en vano, se trata de una política que cumple estos días quince años, los que ya han transcurrido desde la aprobación por el PP gallego en el Parlamento de la ley de apoyo a la familia y a la convivencia, que junto a diversos aspectos de la política social estableció “asimilar a descendiente el hijo o hija concebido o concebida” para obtener la consideración de familia numerosa o monoparental en el acceso a ayudas públicas.

Para acogerse a esa ley es necesario obtener el llamado “certificado de niño/a concebido no nacido” a través de la Consellería de Política Social. En 2019, el departamento que dirige Fabiola García explicó, a preguntas de Praza.gal, que ya llevaba expedidos “algo más de 400 certificados” para que los “concebidos no nacidos” fuesen “asimilados a la categoría de descendientes”. Este diario trasladó a la Consellería la misma pregunta respecto a los datos acumulados hasta este 2026. En el momento de la publicación de esta información aún no había obtenido respuesta.

En la actualidad, Política Social sigue destacando en su información pública al respecto que “Galicia fue la primera comunidad autónoma de España en permitir a la familia con hijos concebidos, pero aún no nacidos, beneficiarse de lo que les corresponderá tan pronto nazcan”. Este reconocimiento, no obstante, no es admisible en todos los ámbitos de la propia Consellería, caso por ejemplo de la reserva de plazas en escuelas infantiles, tal y como acaba de acreditar una reciente recomendación de la Valedora do Pobo que este departamento del Ejecutivo gallego decidió no admitir. Las órdenes de matrícula prohíben expresamente tramitar la solicitud de plaza mientras el menor no nace.

[Sin escuela infantil por nacer a mitad de año: la Xunta rechaza la petición de la Valedora de “evitar la discriminación”]

Aquella ley de 2011 encabezaba su capítulo de “políticas públicas de apoyo a la maternidad” fijando como uno de sus “principios rectores” la “protección institucional del derecho a la vida”. Y señalaba como uno de sus ámbitos de actuación la “promoción” de “campañas de sensibilización” destinadas, entre otros aspectos, “a la protección del derecho a la vida en formación”.

Estas líneas de actuación seguían un camino político asumido por el PPdeG apenas dos años antes, en 2009. Fue entonces cuando, tras obtener la mayoría absoluta que les permitió retornar a la Xunta con Feijóo al frente, aceleraron en el Parlamento la aprobación de la “ley por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada”. Fue la traducción normativa de una iniciativa legislativa popular promovida desde la llamada Red Madre, una organización impulsada desde el antiabortista Foro Español de la Familia que consiguió así introducir en la legislación gallega la protección del “derecho a la vida en formación desde la concepción” y el cómputo de “miembros adicionales” de la familia para acceder a ayudas “desde el momento de la fecundación”.

Sobre estas bases, los gobiernos presididos por Feijóo aprobaron otras normas y planes. Fue el caso del Plan integral de apoyo a la mujer embarazada 2012-2014. En desarrollo de la ley de la Red Madre, contemplaba la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de las ayudas previstas en materia social, familia y vivienda”.

En una línea prácticamente idéntica, el VII Plan Estratégico de Galicia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2017-2020 anexó a las medidas para “potenciar los recursos de atención y apoyo para garantizar una asistencia integral a las mujeres embarazadas” la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de acceso a ayudas y otros recursos públicos”.

La siguiente edición del plan de igualdad, vigente desde 2022 y hasta el próximo 2027, no incluye esa mención. En cualquier caso, el cómputo de hijas o hijos “concebidos y no nacidos” como miembros de la unidad familiar sigue figurando en órdenes de ayudas y otras medidas, caso por ejemplo de los nuevos umbrales de renta para el acceso a viviendas protegidas, aprobados por el Consello de la Xunta el pasado mayo, o de las subvenciones para hacer obras de “habitabilidad” en “infraviviendas”, convocadas a principios de año.

Aunque con matices, este pasado lunes el propio Feijóo se refería a estas medidas de sus propios gobiernos al afirmar, durante una entrevista en Antena 3, que si logra “responsabilidad de Gobierno” en el Estado, “haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”. “Lo hice en el año 2011 en Galicia” y ahora “la presidenta de la Comunidad de Madrid lo reiteró y lo amplió”, especificó.

Preguntado al respecto, el actual presidente de la Xunta evidenciaba este lunes que lo que señala como “ventajas importantes” para “muchas mujeres, incluso antes del nacimiento” ya “existen en Galicia desde hace muchos años”. “Todas estas medidas vienen del anterior presidente de la Xunta y nosotros, por supuesto, las mantuvimos”, señala Alfonso Rueda, quien matiza que se le “escapa” si existen “condicionantes que a nivel estatal pueden llevar a hacerlo por ley”, como sugiere ahora Feijóo.

¿Cuatro mil viviendas son muchas o pocas? Como prácticamente toda cifra: depende. En cifras redondas son las que continúan en manos de los bancos y otras entidades financieras y están vacías en Galicia, según los datos del censo oficial de la Xunta a los que Praza.gal pudo acceder al amparo de la Ley de Transparencia tras evitar el Gobierno gallego entregarlos al Parlamento. Y supone un volumen prácticamente idéntico al de pisos de promoción pública que la Xunta asegura estar en condiciones de construir en esta legislatura.

Concretamente, las cifras del censo indican un total de 4.081 viviendas vacías propiedad de bancos en 130 ayuntamientos. Y la Consellería de Vivenda asegura que las promociones de pisos públicos que ya tiene “en ejecución” —término que engloba desde los trámites previos hasta la construcción propiamente dicha— son ya algo “más de 4.000”. Con las obvias diferencias en cuanto a las localidades en que se encuentran unas y otras.

Como muestra el gráfico interactivo sobre estas líneas, más de la mitad de esas 4.081 viviendas vacías en manos de la banca son titularidad de la Sareb, el banco malo constituido por el Gobierno de España en colaboración con el sector financiero durante la gran recesión para absorber activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, 5.000 millones en bienes procedentes de Caixa Galicia y Caixanova—. Por tanto, a priori, serían susceptibles, por las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública y favorecer promociones de alquiler protegido.

Por detrás de la Sareb destaca como segundo gran banco propietario de viviendas vacías en Galicia el Santander, con 600. El resto se distribuyen en volúmenes muy inferiores entre más de una treintena de empresas, de bancos a fondos de inversión inmobiliaria. La presencia de Abanca entre ellos es residual (24 viviendas a nombre de Abanca Corporación Bancaria y 49 en manos de su división inmobiliaria) precisamente porque el grueso de los activos tóxicos pasaron a la Sareb antes de la compra de Novagalicia Banco por el venezolano Banesco.

Pero, de vuelta a la pregunta inicial: ¿son muchas o pocas? En comparación con las viviendas protegidas en general —y de promoción pública en particular— en las últimas legislaturas, son un volumen muy considerable. Así, por ejemplo, en la pasada legislatura gallega —la de la dimisión de Alberto Núñez Feijóo como presidente— quedaron terminadas en Galicia apenas 281 viviendas. En la anterior (la salida de las elecciones de 2016) habían sido pocas más, 337. Y en la previa, la iniciada con los comicios de 2012, quedaron en 622.

Hay que remontarse a la primera legislatura con Feijóo en la Xunta para encontrar una cifra de viviendas protegidas más abultada. Fundamentalmente por proyectos heredados del Gobierno de coalición PSdeG-BNG, en aquel período de 2009 a 2012 se finalizaron algo más de 6.000 pisos protegidos. En el mandato de socialistas y nacionalistas, entre proyectos propios y provenientes del fraguismo, fueron más de 12.000. Durante todas las legislaturas de los años 90, con Fraga en la Xunta, también se superaron las 10.000 por mandato.

El grueso de las viviendas protegidas levantadas a lo largo de la autonomía irá perdiendo paulatinamente esa condición, dado que —en función de la normativa vigente en cada momento— van quedando sin restricciones para ser compradas y vendidas sin precio tasado ni tener que dirigirse a población inscrita en el Registro de Demandantes de la Xunta. Como informó Praza.gal a partir de una amplia investigación de Civio, de aquí a 2030 Galicia va a perder algo más de 35.000 viviendas protegidas, por lo que tanto las vacías en manos de los bancos como las de promoción pública proyectadas por la Xunta no compensarían, ni de lejos, esa pérdida.

Cuatro mil viviendas tampoco son muchas en comparación con otro indicador clave: la demanda de vivienda protegida. Alimentado por los anuncios de esas cuatro mil viviendas de promoción pública —y del desarrollo de suelo residencial en diversas localidades para otras 20.000 protegidas—, el Registro de Demandantes viene batiendo sucesivos récords y, en el momento de la redacción de esta información, el 2 de julio de 2026, ya tenía inscritas casi 34.400 peticiones.

Hace apenas un año eran poco más de 22.000, lo que sitúa por encima del 50% el crecimiento interanual de una demanda que 4.000 viviendas apenas cubrirían. No en vano, 4.000 viviendas equivalen a apenas el 12% de las inscripciones en el registro de demandantes de vivienda protegida.

Las olas de calor y los episodios de altas temperaturas son cada vez más frecuentes y su intensidad es cada vez mayor a causa del cambio climático. También en Galicia. En mayo y junio sufrimos ya varias semanas con récords de temperatura en muchas localidades. El fenómeno se repetirá este fin de semana en la mayor parte del país, anticipando un verano y un futuro inmediato en el que el calor (y sus consecuencias para la salud) serán noticia y exigirán actuaciones a las administraciones. Por ejemplo, con la creación de refugios climáticos, de momento inexistentes en Galicia. El pasado mes de enero se anunció la creación en Ourense del primer espacio de este tipo.

Los refugios climáticos son espacios en edificios públicos (bibliotecas, centros culturales, escuelas, centros cívicos, iglesias...) o en el exterior (parques, jardines...) que ofrecen confort térmico durante los períodos de altas temperaturas, bien porque están climatizados o porque permiten estar a una temperatura inferior gracias a contener árboles o espacios de sombra. Están pensados sobre todo para la infancia y para las personas de mayor edad, que son quienes más sufren los efectos de las temperaturas elevadas.

Greenpeace ha publicado el informe Ciudades al rojo vivo, en el que analiza la existencia de estos espacios en las 50 capitales de provincia del Estado. En el documento destaca la carencia de refugios climáticos públicos en las cuatro capitales provinciales gallegas, en contraste con lo que sucede en otras comunidades autónomas. Los refugios climáticos son más habituales en ciudades de territorios meridionales o mediterráneos que sufren altas temperaturas, como Barcelona, Murcia, Málaga o Lleida. Pero, ojo, también son numerosos en zonas del norte, como el País Vasco (cerca de 300 en sus tres capitales provinciales) o La Rioja.

La organización ecologista destaca que solo 1 de cada 3 capitales de provincia en el Estado cuenta en la actualidad con esta medida, con redes más numerosas en Euskadi y Catalunya y su total ausencia en Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares.

“El verano que conocíamos ya no existe. El calor es un problema de salud pública que cada año mata en España a miles de personas y no estamos respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone, ni para frenarlo ni para adaptarnos a sus impactos”, alerta Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace, que señala que “los refugios climáticos son una medida efectiva a corto plazo para proteger a las personas del calor extremo”.

Sin embargo, estos son aún muy escasos, su número no ha crecido lo suficiente en el último año y, además, en algunas ciudades “existen refugios aislados o en número insuficiente, que no se consideran en el análisis al no constituir una red que permita a la población tener acceso a protección de forma equitativa”.

El documento destaca que “el norte ya no es un destino para escapar del calor”, pues “durante los momentos de altas temperaturas de mayo y la ola de calor de junio, sus ciudades destacaron por las constantes alertas rojas sanitarias” y, a pesar de ello, “Oviedo, Santander, Lugo y Santiago no cuentan con ningún refugio climático”.

Greenpeace destaca que “horarios, espacios inadecuados y no tener en cuenta a la ciudadanía son las tres principales barreras que lastran la efectividad de los refugios climáticos”. La organización subraya que estos espacios deben abrir todos los días de la semana y durante todo el día (especialmente durante el mediodía y las tardes).

En el caso de los espacios, critica la existencia de refugios sin zonas de descanso, agua o, en el caso de exteriores, sombra suficiente. También existen espacios cuya catalogación como refugios “resulta cuestionable”, como sucede con las estaciones de transporte, o sin gratuidad clara como mercados, museos y espacios comerciales.

En cuanto a los ejemplos positivos, destacan, sobre todo en Cataluña, los microrrefugios, espacios donde el pequeño comercio de barrio participa en la protección de la ciudadanía de forma gratuita. Otra buena práctica es la apertura de patios escolares a la comunidad para su uso como refugios, una medida que, a pesar de las limitaciones de horario, “refuerza la necesidad de adaptar los centros educativos para transformarlos en verdaderos refugios climáticos por su potencial de proteger a todo un barrio más allá de las horas lectivas”.

Alberto Núñez Feijóo se proyecta como un gestor austero, pero sus propias declaraciones de bienes muestran otra realidad. Su trayectoria se presenta como la del servidor público de carrera. Pero su declaración de bienes dibuja otro relato: el de un político que pasa, en muy pocos años, de un patrimonio relativamente modesto a casi un millón de euros en depósitos y acciones, varias viviendas en propiedad y cero deudas bancarias. No tiene ni hipotecas, ni créditos bancarios de ningún tipo.

Un político que, viviendo exclusivamente de salarios públicos durante décadas, ha acumulado más de 600.000 € en productos financieros de ABANCA, tres viviendas en propiedad, dos garajes, una finca rústica y miles de acciones de Inditex. Y todo ello sin haber ejercido nunca en la empresa privada. La pregunta es incómoda y legítima: ¿cómo puede un político enriquecerse así sin ofrecer una explicación detallada y cronológica de cada salto patrimonial?

En torno a 2012, cuando llevaba tres años como presidente de la Xunta, Feijóo presentaba un patrimonio elevado para un alto cargo público: unos 120.000 euros en cuentas, cerca de 90.000 euros en planes de pensiones y varias propiedades inmobiliarias: Un ático de 121 metros cuadrados más 15 de terraza en Madrid, otro en Vigo con garaje, y una finca rústica en Ames. Estas propiedades figuran en sus primeras declaraciones conocidas y reflejan una posición acomodada. El ático con terraza en Madrid y el piso con garaje en Vigo los compró el mismo año, en 2001, cuando era presidente de Correos y todavía mantenía contacto con su ‘célebre’ amigo, el narco Marcial Dorado. 

Entre 2012 y 2020, la foto patrimonial parece avanzar de forma gradual: sueldos altos (más de 80.000 € brutos anuales como presidente de la Xunta) y algún ingreso por alquiler y depósitos que rondan los 140.000 €. También declara unos 176.000 € en planes de pensiones. Hasta aquí, aunque alto, el patrimonio podría explicarse por el “ahorro constante” de un político con buen salario.

El gran salto llega entre 2020 y 2021. Pero nadie sabía nada hasta que tuvo que presentar obligatoriamente una declaración ante el Senado al llegar a Madrid como líder del PP, y muestra que Feijóo pasa de inversiones modestas en productos financieros a declarar un fondo de inversión de ABANCA por 481.500 euros, más 190.547 euros en un plan de pensiones también gestionado por ABANCA, y más de 200.000 euros en cuentas y depósitos. Es decir, hasta cerca de un millón de euros en activos financieros. Sin actividad privada conocida y sin un negocio familiar que justifique esa capacidad de inversión.

A este salto financiero se añaden sus participaciones en grandes empresas: 2.500 acciones de Inditex y casi un centenar de acciones de Telefónica. Pero lo más relevante sigue siendo la súbita capacidad de inversión: ¿de dónde procede el capital inicial necesario para constituir un fondo de medio millón de euros? ¿Por qué no existe una trazabilidad pública sobre ampliaciones patrimoniales tan importantes? Las declaraciones, tal como están diseñadas, solo permiten ver fotos sueltas, no la secuencia completa.

También en 2021 vendió su chalé en A Fanequeira, en Moaña, en una venta opaca y llena de interrogantes, como todo lo relacionado con su patrimonio.

La oposición en Galicia exigió a Feijóo comparecer para dar cuenta de las constantes ocasiones en las que el expresidente de la Xunta no le dijo al Parlamento cuánto valían sus propiedades ni informó de los cambios en su patrimonio cuando estos se produjeron. El PSdeG y el BNG plantearon su citación en la Comisión de Transparencia, pero la mayoría absoluta del PP gallego bloqueó la petición. El argumento oficial fue que la operación era privada y ya estaba incluida en su declaración pública. Esta negativa a dar explicaciones, como en otras tantas ocasiones, alimentó la sospecha sobre un posible conflicto de intereses y falta de transparencia. De hecho, algunos medios hablaron de un gran empresario español como comprador, y que hasta hace un mes dirigía una multinacional española líder en ingeniería, tecnología y defensa.

En 2022, ya como candidato nacional del PP, compra una nueva vivienda en A Coruña al contado —su tercera propiedad inmobiliaria en España— mientras reorganiza sus ahorros: 403.425 euros en un fondo de ABANCA, lo que quiere decir que pudo retirar una parte para comprar más acciones de Inditex, ya que pasó de 2.500 acciones valoradas en unos 51.050 € en 2022 a 4.000 acciones valoradas en 133.200 € en 2023.

También cerca de 195.000 euros en el plan de pensiones y un patrimonio financiero total que supera los 630.000 euros. Sus inmuebles ahora son: ático con terraza en Madrid, piso en Vigo con garaje, la vivienda recién adquirida en A Coruña, también con garaje y la finca en Ames.

Pero aquí surge un elemento especialmente turbio: el ático de Madrid, situado en una zona de muy alto valor, no es su residencia. Feijóo lo tiene alquilado a un precio irrisorio. Él vive en una vivienda del barrio de lujo de El Viso, una de las zonas más caras de Madrid, pero cuyo titular no es él. ¿Quién paga esa vivienda? ¿Quién es el propietario? ¿Por qué Feijóo, teniendo piso propio en Madrid, prefiere vivir en otra propiedad ajena situada en uno de los enclaves más elitistas de España? Ninguna de estas preguntas tiene respuesta pública. Su declaración no identifica al propietario, ni las condiciones económicas del acuerdo, ni la naturaleza exacta del uso de esa vivienda. Una opacidad que contrasta con el volumen patrimonial declarado.

Hasta el pasado miércoles en el Congreso, que declaró visiblemente enfadado ante una pregunta del presidente Sánchez que el alquiler de la vivienda de El Viso lo pagan él y su pareja. Sin embargo, no ha hecho público el importe del alquiler ni las condiciones económicas del contrato, pese a que se le ha solicitado en sede parlamentaria. ¿Miente entonces? ¿Por qué tanto misterio?

En su declaración de bienes en el Congreso (agosto de 2023), Feijóo cifra su patrimonio financiero en 769.779,09 euros. Pero de nuevo falta lo fundamental: el detalle. No se exige declarar plusvalías específicas, ni fechas de compra o traspaso, ni movimientos de fondos. El resultado es que un político puede acumular cientos de miles de euros sin que la ciudadanía pueda saber cómo se ha generado ese incremento ni cuándo se han producido las grandes operaciones.

Uno de los aspectos más polémicos es la concentración del patrimonio de Feijóo en ABANCA, banco heredero de las cajas gallegas rescatadas con más de 9.000 millones de euros de dinero público y vendidas a precio de saldo al grupo de Juan Carlos Escotet, amigo íntimo de Feijóo. 

Durante sus gobiernos, la Xunta convirtió a ABANCA en intermediario casi exclusivo de servicios públicos: Tarxeta Benvida, Xente Nova, TMG, Tarifa +65… Y al mismo tiempo, Feijóo deposita cientos de miles de euros de su patrimonio personal en fondos y planes gestionados por ese mismo banco.

No hay pruebas de trato de favor directo, pero el conflicto ético es evidente. Las decisiones políticas de Feijóo consolidaron a ABANCA como actor central del ecosistema público gallego y, una vez consolidado ese poder financiero, Feijóo deposita allí buena parte de su dinero. En una democracia madura, esta coincidencia exigiría explicaciones detalladas, no solo un PDF cada varios años con cifras globales imposibles de auditar.

Finalmente, el caso Feijóo abre una cuestión general: ¿qué nivel de enriquecimiento es compatible con el servicio público? Los sueldos de un presidente autonómico o de un senador permiten vivir muy bien, sí, pero ¿permiten acumular cerca de un millón de euros en activos financieros, tres viviendas, una finca y presencia bursátil, todo ello sin deudas y sin actividad privada conocida? ¿Cómo se controla que el uso del cargo no genere ventajas implícitas —acceso a oportunidades financieras, información privilegiada no punible, relaciones de poder— que alimenten ese patrimonio? El sistema de transparencia actual no tiene mecanismos para responder a estas preguntas.

¿Ha presentado Alberto Núñez Feijóo alguna actualización de su declaración de bienes desde la publicada al inicio de la XV Legislatura? Si la ha presentado, ¿por qué no está disponible públicamente con el mismo nivel de detalle?

Aunque la ley no obligue a hacer público el contrato de alquiler, si es que realmente existe, un líder de la oposición que aspira a presidir el Gobierno debería someterse a un estándar de transparencia superior al mínimo legal. Si el origen o las condiciones de una vivienda generan un debate público, publicar el contrato y acreditar quién paga el alquiler contribuiría a disipar cualquier duda. Ya que exige tanto a los demás contrincantes políticos, quizá Feijoo debería empezar por él mismo.

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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.

Hace una década, después de que el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo permitiese empezar a dejar atrás la gran recesión, la Xunta, entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, anunció un giro social. Tras perder el PP importantes cuotas de poder en las elecciones municipales de 2015, las de la emergencia de las mareas, el Gobierno gallego había lanzado promesas como ayudas para paliar los efectos de los desahucios o un mayor control sobre las viviendas que seguían en manos de los bancos —procedentes del rescate de las cajas o de los propios desalojos, por ejemplo—, mientras sectores de la población buscaban techo.

Fue así como la Xunta lanzó su censo de viviendas vacías para "conocer la situación real de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras". Existía una "acumulación de viviendas en manos de las entidades de crédito" sobre la que convenía "disponer de una información fiable", justificó en el decreto que lo reguló, que hizo obligatorio para los bancos inscribir todas sus viviendas vacías en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.

Como informó Praza.gal, la pasada primavera la Xunta se negó a dar al Parlamento los datos de este censo justificando que la normativa que lo regula no obliga a publicarlos. Este diario los reclamó al amparo de la Ley de Transparencia y acaba de obtenerlos: según la información manejada por la Xunta a junio de 2026, los bancos y otras entidades financieras conservan en Galicia 4.081 viviendas vacías en 130 ayuntamientos.

Los datos obtenidos por Praza.gal y ahora liberados muestran que el Gobierno gallego dispone de información incluso más allá de la estrictamente requerida por el censo, toda vez que los ayuntamientos que superan los 10.000 habitantes son poco más de medio centenar. Como muestra el mapa sobre estas líneas, el municipio que cuenta con un mayor número de estas viviendas vacías en manos de la banca es la ciudad de A Coruña, con 307. La siguen Vigo, con 227, y Narón, con 209. También superan las 150 los ayuntamientos de Lalín, Cee, O Porriño y Ferrol.

En un contexto en el que, en respuesta al requerimiento de Praza.gal, el Instituto Galego da Vivenda e Solo especifica que "estos datos están en fase de revisión", ya que el organismo dependiente de la Consellería de Vivenda "requirió a las entidades su actualización a fecha real", la foto fija de las cifras obtenidas permite extraer más conclusiones, además de la distribución por ayuntamientos. Entre ellas, que un número muy relevante de estas viviendas estarían en disposición de salir al mercado de alquiler accesible bajo control estatal.

La razón de esta posibilidad es que la entidad financiera con más pisos y casas inscritas en el registro de viviendas vacías de la Xunta es la Sareb, esto es, el banco malo constituido en plena crisis financiera para quedarse con los activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, unos 5.000 millones en propiedades de Novacaixagalicia—. Son algo más de 2.000 pisos que, en virtud de las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, estarían en condiciones de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública. En los últimos años, además, la Xunta compró algunas de las viviendas de la Sareb.

Como refleja el gráfico interactivo sobre estas líneas, la Sareb es la gran protagonista de las viviendas vacías inscritas en los ayuntamientos con mayor concentración de estos pisos, con más de un centenar en A Coruña y Vigo y también en villas como Cee, Narón, Ares, Ribeira o Lalín, siempre según los datos del censo de la Xunta obtenidos por Praza.gal. Por detrás del banco malo son también significativas las cifras del Banco Santander, con 600 viviendas inscritas a su propio nombre y casi 200 más a través de sus filiales Luri 6 y Altamira —esta última es su antigua inmobiliaria y sigue manejando partes relevantes de su cartera, pese a no ser ya propiedad suya—.

Frente a estos nombres principales y otros de fondos de inversión como Global Pantelaria resulta significativa, en comparación, la escasa cifra de viviendas vacías inscritas en el registro por Abanca, ya sea a nombre de Abanca Corporación Bancaria, con un total de 24, o de su división inmobiliaria, que tiene inscritas 49 en el censo. La razón es que el grueso de los activos inmobiliarios tóxicos —por ejemplo, promociones inmobiliarias fracasadas tras el estallido de la burbuja o procedentes de hipotecas impagadas— de las antiguas Caixa Galicia y Caixanova ya no estaban en la entidad resultante de su fusión y rescate, Novagalicia Banco, cuando fue adjudicada al venezolano Banesco, subasta de la que nació Abanca.

En lo que atañe a las principales ciudades, foco de la pregunta que la Xunta se negó a responder al Parlamento, las viviendas vacías propiedad de entidades financieras inscritas en el registro oficial son algo menos de un millar. Son 909, de las que más de la mitad se distribuyen entre Vigo y A Coruña, en ambos casos con la Sareb y el Banco Santander como principales propietarias.

Más allá de las dos ciudades más pobladas, Ferrol es la tercera entre las siete principales urbes con más pisos vacíos en manos de los bancos. La suma es de 160, según el censo de la Xunta.

A mayor distancia están las cifras de Lugo, con 69. En Ourense y Pontevedra también superan el medio centenar, y en ninguna de las dos la Sareb es la principal propietaria: en la capital ourensana es la inmobiliaria Altamira y en la ciudad del Lérez, el Banco Santander. Santiago cierra el registro entre las ciudades, con solo 23 pisos vacíos propiedad de entidades financieras.

El Ministerio de Educación presentó la pasada semana a los sindicatos más representativos del sector —entre ellos, la CIG-Ensino, mayoritario entre el personal docente público gallego— su propuesta para la bajada de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil. En el caso gallego, implicaría una notabilísima reducción con respecto a la normativa vigente, un decreto aprobado hace más de veinte años, en los días finales del fraguismo.

La iniciativa del Gobierno de España consiste en que en las aulas de 0 a 1 años cada docente tendría que estar a cargo de un máximo de cuatro bebés, cuando en Galicia actualmente son más. En las de 1 a 2 años el límite estaría en 8 frente a los 13 menores actuales y en las de 2 a 3 años, actualmente con hasta 20 niñas y niños por docente, la relación no podría pasar de 8 plazas de alumnado por cada plaza de personal educador.

Frente a la buena acogida entre las centrales sindicales, la Xunta recibió la iniciativa estatal con abierta hostilidad. La conselleira de Política Social, Fabiola García, lo interpretó como “un intento del Gobierno central de boicotear” el “modelo de gratuidad pionero puesto en marcha por Galicia”, esto es, la extensión de la escolarización de 0 a 3 años sin pago directo por parte de las familias mediante subvenciones a escuelas privadas y no con la ampliación de las plazas públicas.

“No aportó ni un euro”, censuraba García la pasada semana en una reunión con representantes de empresas del sector. “El presidente Sánchez dijo que iba a implicarse en la financiación de las escuelas infantiles, en la gratuidad, pasaron tres años y no hizo nada”, ahondaba en la misma línea este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Ambas consideraciones obvian que el Gobierno de España llegó a remitir al Ejecutivo gallego 34,9 millones de euros para crear hasta 3.417 nuevas plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años, de los cuales la Xunta devolvió la mayoría: 22 millones de euros.

Como informó Praza.gal, a finales de 2024 el departamento que dirige Fabiola García tramitó ante el Estado la devolución de 22,3 millones de fondos europeos de recuperación al Ministerio de Educación. Lo hizo cuando aún quedaba un año para gastarlos en la creación de las citadas más de tres mil nuevas plazas de educación infantil.

Política Social justificó el retorno del dinero en que los fondos “habían sido diseñados para aumentar la tasa neta de escolarización” en 0-3 años y Galicia ya lideraba este indicador. Pero también —y sobre todo— lamentó que el Gobierno de España “no permitiese utilizarlos para financiar el programa de gratuidad que tiene Galicia”.

Esta segunda razón fue la clave del conflicto. La Xunta reclamaba poder destinar los fondos indistintamente tanto a crear plazas públicas como a financiarlas en centros privados y el Estado los enfocó únicamente a la red pública. De esta manera, en Galicia se gastaron 12,54 millones —fundamentalmente, en transferencias a ayuntamientos para escuelas infantiles municipales— y los otros 22 se devolvieron.

Más de un año después de esa devolución, Rueda esgrime esa queja de falta de financiación estatal para advertir de que la bajada de ratios que promueve el Gobierno de España “compromete muy seriamente la gratuidad de las escuelas infantiles” porque sería una “obligación sin ningún tipo de financiación”. “Habría que doblar el número de plazas o bajar a la mitad el número de matriculados”, sostiene el presidente, en cuya opinión el sistema en Galicia “estaba funcionando”, hasta el punto de ser “modélico”.

Hace más de una década que la Xunta viene reconociendo derechos y prestaciones a bebés aún no nacidos. Pero no para obtener plaza en una escuela infantil. Para acceder al centro que más convenga a cada familia es mejor nacer antes de que se abra en primavera, entre marzo y abril, el plazo ordinario de solicitud, porque los que nacen después quedan condicionados a que quede alguna plaza libre aunque las necesidades de conciliación sean mayores que las de los nacidos antes. La Valedora do Pobo ha pedido a la Xunta "evitar la discriminación derivada del mes de nacimiento", que se mantiene incluso en cursos sucesivos, y ahora acaba de dejar constancia de que la Consellería de Política Social "no acepta" su recomendación.

La normativa de adjudicación de plazas en las escuelas infantiles de la Xunta establece que para cada curso que comienza en septiembre las solicitudes deben realizarse en un período ordinario que se abre cada año en primavera, entre marzo y abril. Las peticiones formuladas en ese momento se bareman según distintos criterios, como si trabajan uno o dos progenitores, la renta familiar o si ya hay hermanos en el centro. Pero no se puede pedir plaza para un hijo aún no nacido, y el que nace después de ese plazo debe formular una petición extraordinaria condicionada a que aún queden plazas.

La Valedora do Pobo viene recibiendo diversas quejas sobre esta cuestión, y así lo reflejó en su último informe anual, en el que constató que "la consecuencia práctica es que la fecha de nacimiento es determinante en la posibilidad de obtener plaza de nuevo acceso, pasando a un segundo plano las necesidades reales de conciliación de los progenitores". Además, añadía, "penaliza a los niños nacidos fuera del período ordinario de solicitud en sus expectativas de acceso el siguiente curso, ya que en las aulas 1-2 [el segundo curso de las escuelas infantiles tras el 0-1] se da prioridad a las renovaciones de matrícula de los niños que ya están escolarizados y a sus hermanos".

Es decir, nacer en mayo no solo dificulta tener escuela infantil cuando comience el siguiente curso en el mes de septiembre, sino que también condiciona para obtener plaza en cursos posteriores, porque tendrán preferencia los niños que ya hayan entrado en esa escuela aunque las necesidades de conciliación fuesen menores. Además, como la edad mínima para comenzar en la escuela infantil es de 3 meses, quien naciendo después de primavera consigue plaza de forma extraordinaria se ve instado a ocuparla cuanto antes para no perderla, lo que lleva a tener que llevar al niño al centro siendo muy pequeño aunque los actuales permisos de paternidad duren más meses.

Tras recoger la preocupación de las familias en su último informe anual, ahora la Valedora do Pobo acaba de hacer pública una recomendación expresa que formuló a la Consellería de Política Social tras recibir quejas de varias familias sobre esa cuestión. Y deja constancia de que su recomendación fue "no aceptada".

La resolución de la Valedora detalla que, tras recibir las quejas, requirió información a la consellería, que explicó que "esta es una cuestión singular de esta etapa educativa no obligatoria, que no se produce en el resto del sistema educativo pero en la que no hay margen de previsión". Según la Xunta, "si se reservasen plazas para solicitudes de niños no nacidos se estaría perjudicando a otras familias que ya cumplen los requisitos, lo que sería una gestión inadecuada de un recurso público".

En cuanto al hecho de que el mes de nacimiento condicione también obtener plazas en siguientes cursos, la resolución de la Valedora recoge el argumento de la Xunta de que "en las aulas 1-2, lógicamente se da prioridad a las renovaciones de matrícula" y que "lo contrario supondría dejar fuera de una escuela infantil a una familia que ya está escolarizada en la misma".

Esas explicaciones de la Xunta no acabaron de convencer a la Valedora, que considera que "esta garantía de permanencia" de los niños que ya están en un centro para años posteriores, aunque queden fuera otros con más necesidades, "es específica de la educación en los niveles obligatorios pero debería revisarse su conveniencia en la normativa de las escuelas infantiles 0-3".

La Valedora recoge que "la justificación de no admitir las solicitudes de personas gestantes para los bebés no nacidos en el período ordinario radica en optimizar el recurso y conceder las plazas a las personas solicitantes que cumplen los requisitos". "Sin embargo", añade, "resulta preciso que la Administración adopte las medidas necesarias para evitar esta diferencia de trato en los casos de nuevo acceso en los que la fecha de nacimiento del bebé determina una exclusión" de los recursos de conciliación.

"Las posibilidades son varias y deben ser analizadas en el contexto del funcionamiento de las escuelas partiendo de la base de que el hecho de nacer en un determinado período del año no puede suponer ventajas o desventajas para acceder el segundo año a la escuela infantil en el nivel 1-2", concluye la resolución de la Valedora.

La recomendación final emitida tras todas las quejas recibidas fue que Política Social "adopte todas las medidas necesarias para evitar la discriminación de los niños en el acceso a las escuelas infantiles 0-3 derivada del mes de su nacimiento, eliminando cualquier circunstancia ajena a los aspectos que son tenidos en cuenta en la baremación para acceder a este recurso público" y "que se estudie eliminar la garantía de permanencia en esta etapa volviendo a baremar en la etapa 1-2 todas las solicitudes para garantizar el acceso preferente de los niños en las familias en que ambos progenitores trabajen". Tras esa resolución, ahora la Valedora deja constancia de que la Xunta "no acepta" su recomendación.

Una reformulación como la que pide la Valedora implicaría cambios complejos en el sistema público de escuelas infantiles cuando la política de la Xunta para ese ámbito es la de potenciar los centros concertados, con la gratuidad de los privados vía subvención. Una política de apuesta por las plazas privadas subvencionadas que se ratificó con la renuncia de la Xunta a 22 millones de euros del Estado para crear nuevas plazas públicas.

Frente a esta recomendación no aceptada, la Xunta sí aceptó, y ya aplica, otra recomendación de la Valedora referente a la baremación de familias con incapacidad de uno de los progenitores. Como las escuelas infantiles están pensadas para la conciliación, la Xunta puntúa más a las familias en las que los dos progenitores trabajan. Pero no tenía en cuenta que uno de los progenitores tuviese una discapacidad y, por lo tanto, no pudiese cuidar del menor. En ese caso lo que contaba era que uno de los dos, el discapacitado, no trabajaba, aunque no pudiese cuidar del niño, y la puntuación recibida era menor.

La Valedora recomendó a la Xunta que "se otorgue la misma puntuación que a los progenitores que estén trabajando a aquellas situaciones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, en todos los casos". Esa recomendación sí fue aceptada por la Xunta y ya fue aplicada en la convocatoria de plazas de este año.

El último día de 2024, al límite de un plazo prorrogado, la Xunta puso en servicio cinco centros de crisis para mujeres víctimas de violencia sexual. El proyecto, impulsado por el Gobierno de España mediante fondos europeos transferidos a las autonomías, requería la apertura de, como mínimo, uno de estos centros por provincia. El Ejecutivo gallego optó por instalar cinco en otras tantas ciudades: Vigo, Ourense, Lugo, Santiago y Ferrol.

Más allá de la demora —que afectó a múltiples comunidades autónomas—, estos centros echaron a andar en nuestro país acompañados por varias controversias. Por la decisión de la Consellería de Política Social de encomendar su gestión a empresas privadas —los contratos los ganaron los gigantes multiservicios OHL y Eulen—, por el silencio impuesto sobre su funcionamiento en los primeros meses de andadura. Y por la exclusión de las ciudades de A Coruña y Pontevedra del servicio una vez decidido ir más allá del modelo estrictamente provincial.

Tras el primer año completo de funcionamiento de los centros, el PSdeG volvió a cuestionar al Gobierno gallego sobre la posibilidad de extender los centros de crisis a las dos ciudades que no disponen de ellos. Y Política Social, como ya hiciera meses atrás, vuelve a esquivar esta posibilidad.

En una pregunta parlamentaria registrada el pasado abril por las diputadas Paloma Castro y Silvia Longueira y el diputado Julio Torrado, los socialistas resaltan que fue la propia Xunta la que, en su balance de los primeros doce meses de los centros, concluyó “que se trata de un recurso público imprescindible para dar una respuesta eficaz, integral y basada en los derechos de las víctimas de violencia sexual”. “Sin embargo, a pesar de la relevancia y de los resultados positivos, dos de las principales áreas urbanas de Galicia carecen de estos centros, lo que supone una desigualdad territorial en el acceso a un servicio fundamental”.

Por eso cuestionaron al Ejecutivo si, dado que “los califica como un recurso público imprescindible”, “tiene previsto proceder a la creación y puesta en funcionamiento de centros de crisis 24 horas en A Coruña y Pontevedra”. En su respuesta, registrada el pasado mayo, Política Social e Igualdad evita el compromiso.

Concretamente, el departamento que dirige Fabiola García centra la contestación en describir los centros que sí existen: “Tiene en funcionamiento cinco centros de crisis para la atención a víctimas de violencia sexual, uno más de los que exige la normativa: uno por provincia”, constata. “Están integrados en las respectivas áreas hospitalarias y prestan atención presencial y telefónica las 24 horas del día, basta”.

“Como no podía ser de otra manera”, agrega, “el Gobierno gallego analiza los datos con detalle de sus centros de crisis y, en función de las necesidades, no descarta la apertura de nuevos puntos de atención”, dicen sin ofrecer más detalles. Las primeras cifras de uso de los centros aportadas al Parlamento indican que durante 2025 los cinco centros atendieron a 381 víctimas, algo más de una al día, y que el 57% llegó derivada de otros recursos como centros de información a la mujer o servicios sociales, mientras que el 40% fue por iniciativa propia o de familiares o personas cercanas.

En cuanto a la distribución territorial, la información facilitada al legislativo indica que el 31% de las mujeres atendidas lo fueron en el centro de Vigo. A continuación estuvieron los de Ferrol y Santiago, en el entorno del 20%, y los de Lugo y Ourense, alrededor del 15%.

Por razones obvias, no existen datos de A Coruña y Pontevedra —cuando menos, no en la información divulgada por Política Social—, ciudades en las que durante ese mismo año 2025 los delitos de agresión sexual con penetración fueron 24 y 5, respectivamente —en ambas urbes, con tendencia al alza—; y el resto de delitos contra la libertad sexual, 78 y 22 —incremento interanual en A Coruña, ligero descenso en Pontevedra—, según la información disponible en el Ministerio del Interior.

Este martes, 16 de junio, a las nueve y cuarto de la mañana, la Consellería de la Presidencia ha celebrado la segunda sesión de la mesa encargada del contrato para comprar 250 chalecos "antibalas, anticuchillo y antipunzón" para la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Xunta, la conocida como policía autonómica. Se trata de la reunión en la que los seis miembros de la mesa han comenzado a analizar las ofertas de las empresas que optan al contrato. Una de ellas es Guardian Homeland Security, el "representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar", en palabras de la propia compañía.

Apenas un año después de tener que dejar desierto el concurso por ausencia de ofertas, el departamento que dirige Diego Calvo reinició el procedimiento a mediados del pasado mayo por un importe prácticamente idéntico (227.498,15 euros, IVA incluido) y esta vez recibió tres candidaturas. Lo constató el pasado día 4, cuando abrió el apartado de documentación general de las ofertas, concedió tres días a una de ellas (la catalana Usis Guirao) para completar un formulario incompleto y admitió las otras dos sin necesidad de subsanaciones por cumplir todos los requisitos formales: Dotación y Equipamiento, S.L. y la citada Guardian Homeland Security.

En su portfolio empresarial, Guardian se promociona como "proveedor principal de productos de seguridad y defensa de fabricación israelí". En sus presentaciones públicas subraya que fue "fundada por antiguos miembros de los servicios especiales de seguridad del Estado de Israel", cuyo Ministerio de Defensa le concedió licencia de exportación hace dos décadas. Está inscrita en el Ministerio de Defensa desde 2010, en la OTAN desde 2011 y habilitada por el Ministerio del Interior desde 2018. El presidente de su matriz, Guardian LTD Israel, es el teniente general retirado de las fuerzas armadas israelíes Yom Tov Samia, según consta en el catálogo 26-27.

Especializada en "productos militares y policiales", pero también en la "impartición de cursos de seguridad en Israel y en España" y en formación y servicios en materia de "seguridad e inteligencia", Guardian no oculta su alineamiento político con las acciones militares de las actuales autoridades israelíes en el asedio a Gaza, incluso difundiendo propaganda al respecto a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, sus vínculos con el Ejército israelí son también obvios por ser representante de IMI Systems, antigua empresa pública israelí comprada en 2018 por la privada Elbit, cuyos productos son "intensamente usados por el ejército y unidades militares israelíes", promocionan.

Más allá de las connotaciones políticas o incluso éticas de las relaciones comerciales con esta compañía en el actual contexto internacional, en el caso de que Guardian resultase ganadora del concurso abierto por la Xunta, el contrato rozaría el terreno acotado desde finales de 2025 por el Gobierno de España en el Real Decreto "de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina". Como informó Civio, uno de los preceptos de esa norma prohíbe importar de Israel material de defensa que incluye chalecos y, según Guardian, sus "productos de protección balística" son "made in Israel". Cabrían matices, como aclarar si los materiales suministrados están almacenados en territorio español antes de la entrada en vigor de la norma.

La propia Guardian Homeland Security subraya también en sus materiales promocionales, además de esa fabricación israelí, que "en los últimos años" ha suministrado "miles de chalecos antibalas a la Guardia Civil, Policía Nacional, Ejército Español y policías locales y autonómicas", lo que la llevó a mantener "una línea exclusiva y adaptada a las necesidades del mercado español" de la marca Rabintex, cuyo uso por el ejército de Israel también explicita. Entre esas adjudicaciones hay al menos tres ayuntamientos gallegos: A Coruña (2021), Vigo (al menos, 2019 y 2023) y Ourense (2025).

Los chalecos de la Policía Local de Vigo son, precisamente, unos de los que la empresa emplea como muestra en su sitio web. En él también presenta media docena de empresas en Galicia (en A Coruña, Bergondo, Pontevedra, Redondela y Caldas de Reis) como parte de su amplia red de distribuidores.

Esos contratos municipales, que recibieron críticas de entidades defensoras del pueblo palestino, fueron anteriores al citado veto estatal. La medida fue aprobada por el Gobierno del PSOE y Sumar tras una amplia controversia pública por una millonaria contratación a IMI Systems para el suministro de munición al Ministerio del Interior, finalmente anulada.

Como recogió el Centre Delàs de Estudios por la Paz en un informe de 2019 recuperado en 2025 por El Periódico de Catalunya, durante años Guardian presentó como aval para sus productos contar entre su clientela con varios ministerios del Gobierno de España, la Agencia Tributaria, el Ejército o la Casa Real. También destacaba entonces a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías catalana, vasca y navarra, así como la Embajada de Israel en España.

A la espera del nuevo y demorado Plan Eólico, comprometido en 2009 y que no estará terminado hasta 2028, el Gobierno viene rechazando proyectos por la “masificación” ya existente en algunos lugares, ahora entre Baleira y Castroverde.

La Consellería de Medio Ambiente publicó este jueves en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la declaración de impacto ambiental desfavorable de un parque eólico de cuatro aerogeneradores que Enel Green Power quería instalar entre los ayuntamientos lucenses de Castroverde y Baralla. En esa zona, dice la Xunta, en las sierras de Vacariza y Punago, entre los ayuntamientos de Baleira y Castroverde, ya hay un “alto nivel de ocupación” y los nuevos aerogeneradores “formarían un denso conglomerado” y ensancharían la “barrera eólica”.

Con palabras similares, incluso hablando de “masificación” o de zonas que ya tienen “superada la capacidad de carga”, Medio Ambiente viene denegando nuevos proyectos, incluso de un único aerogenerador, en diversos lugares de Galicia. En al menos siete casos lo hizo señalando de manera explícita que la negativa no se debe a cuestiones técnicas corregibles de cada proyecto concreto, sino al exceso de aerogeneradores que supondría para esa zona. Mientras, el nuevo Plan Sectorial Eólico llamado a identificar las zonas en que se pueden seguir instalando parques, comprometido por Feijóo en 2009, no estará terminado hasta 2028.

Fue en enero de 2023, cuando Xunta y Estado autorizaron decenas de parques eólicos por toda Galicia, cuando la propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, puso nombre a las primeras zonas identificadas con exceso de aerogeneradores. Vázquez admitió entonces que “hay una masificación” de parques en varias zonas de Galicia e identificó expresamente “Vimianzo, la sierra de O Suído o la zona de O Barbanza”.

Ese mismo enero de 2023 la Xunta concretaba algo las palabras de la conselleira en declaraciones de impacto ambiental desfavorables de varios parques en las que decía que “ya existe una larga alineación de aerogeneradores, de más de 30 kilómetros, desde Vimianzo hasta la ría de Noia, formando una barrera que obliga a las aves a realizar grandes cambios de rutas”.

En esa misma zona de la Costa da Morte, en mayo de 2024 llegaba otra declaración de impacto desfavorable para un único aerogenerador entre Coristanco y Santa Comba en la que se indicaba que “el conjunto de aerogeneradores ya instalados puede estar generando un impacto significativo, particularmente sobre las rapaces”. El documento subrayaba que era un área “con un alto nivel de ocupación” con “19 parques eólicos y 116 aerogeneradores”.

Algo similar ocurrió unos meses después, en octubre de 2024, con otra de las zonas identificadas por la conselleira. Si ella hablaba en general de O Barbanza, otra declaración de impacto negativa rechazaba entonces un único aerogenerador nuevo en Porto do Son porque solo con él “el aumento de densidad de aerogeneradores generará probablemente un efecto sinérgico” que llevaba a Medio Ambiente a identificar un “impacto negativo que debe calificarse como crítico”.

Otro de los lugares identificados por la conselleira, la sierra de O Suído, entre Pontevedra y Ourense, ya había registrado varias declaraciones de impacto negativas por parte de la Xunta y el pasado febrero también el Estado denegó un parque por verlo incompatible “con la capacidad de carga del territorio”. En la zona, decía el documento estatal, que hacía suyas las consideraciones negativas trasladadas por la Xunta, hay ya “más de 500 aerogeneradores en un radio de 25 kilómetros”.

Más allá de las valoraciones generales de la conselleira ratificadas por declaraciones de impacto concretas, estos documentos vienen señalando problemas similares en otras zonas. En mayo de 2024 se rechazaba un nuevo parque entre Muras y Ourol porque ya “existe un alto nivel de ocupación y las especies están sometidas permanentemente a un elevado riesgo de colisión”. Y en agosto de 2024 se decía que el sur de la sierra de O Faro “ya tiene superada la capacidad de carga”. Esto es, no es que los nuevos parques propuestos y denegados fuesen a suponer un peligro, sino que los ya instalados están siendo un peligro.

Y ahora llega la declaración de impacto ambiental hecha pública este jueves que dice que entre Baleira y Castroverde, en las sierras de Punago y Vacariza, ya hay “un alto nivel de ocupación” con la “consiguiente acumulación de los riesgos de colisión” de aves “que se vería agravada con la instalación de este nuevo parque eólico”. “Entre todos estos aerogeneradores formarían un denso conglomerado que produciría efecto vacío y que contribuye al ensanche de la barrera eólica” ya existente.

Ante este agotamiento de varias de las Áreas de Desarrollo Eólico (ADE) contempladas en el actual Plan Eólico de Galicia, de 2002, la Xunta está elaborando un nuevo plan. Una nueva planificación que ya aparecía comprometida en la ley eólica impulsada por Feijóo en 2009, pero que la Xunta aparcó hasta que Rueda decidió retomarla anunciando en octubre de 2024 que iniciaría su elaboración. Pero eso no ocurrió hasta año y medio más tarde, hace unas semanas, cuando comenzaron unos trabajos de estudio y redacción que no terminarán hasta 2028. Será en ese momento cuando se tenga más claro dónde caben más eólicos.

En el año 2015 el programa de compra de deuda pública aprobado por el Banco Central Europeo se convirtió en un hito para empezar a dejar atrás los años de la gran recesión. Aquel colapso económico general, en el caso español, tuvo entre sus múltiples vertientes el estallido de la burbuja crediticia e inmobiliaria y la consiguiente crisis de vivienda, con las cifras de desahucios disparadas en un fenómeno más profundo que llega hasta nuestros días.

En la Galicia de hace una década estos acontecimientos llegaron marcados por la quiebra y rescate de las antiguas grandes cajas de ahorro. Y, en lo político, por la emergencia de las mareas municipales, formaciones que contribuyeron a situar en el primer plano del debate público la cuestión de la vivienda vinculada, precisamente, al papel de la banca.

Con este telón de fondo y entre temores del PP a la erosión electoral, la Xunta entonces dirigida por Alberto Núñez Feijóo anunció un giro social. Incluyó, entre otras, promesas de ayudas para paliar los efectos de los desalojos o un mayor control sobre las viviendas que seguían vacías y en manos de los bancos mientras capas de la población buscaban techo. Fue en este punto cuando lanzó un censo de viviendas vacías llamado a "conocer la situación real de las viviendas vacías propiedad de las entidades financieras". Una década después, ese censo sigue existiendo —cuando menos, sobre el papel—, pero el Gobierno gallego se resiste a divulgar sus datos incluso al Parlamento.

El censo de viviendas vacías fue regulado por un decreto que continúa en vigor. Reconocía una "acumulación de viviendas en manos de las entidades de crédito" sobre la que convenía "disponer de una información fiable" referida a los ayuntamientos de "más de 10.000 habitantes". Es decir, en las principales ciudades y villas, un total de 56 ayuntamientos según los datos del padrón a 1 de enero de 2025.

Se trataba de saber cuántos de esos pisos estaban "en situación de ser habitadas" para "de ser el caso, incentivar la incorporación al mercado inmobiliario" en los ayuntamientos con mayor demanda de vivienda. Más aún en unos años en los que las nuevas promociones de vivienda protegida en general y pública en particular habían menguado hasta casi desaparecer.

En virtud de esa norma, pasó a ser obligatorio inscribir en el censo "todas las viviendas vacías que formen parte de edificios de tipología residencial colectiva o de complejos inmobiliarios situados en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes" —según las cifras oficiales de cada año— "siempre que sean propiedad de entidades de crédito, de sus filiales inmobiliarias o de las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria, con independencia de dónde esté el domicilio social de sus titulares". El resto de viviendas vacías pueden inscribirse en el censo si las personas propietarias lo desean, pero no es obligatorio.

La Xunta responde al PSdeG que el decreto que regula el censo "no establece la publicación" de los datos "por ningún medio" para evitar aportarlos al Parlamento

Transcurridos ya diez años desde la aprobación del censo, el pasado abril el PSdeG dirigió una pregunta escrita al Gobierno gallego a través del Parlamento resaltando que "no existe una publicación transparente, sistemática y accesible de los datos que se obtienen a través de este censo ni se conoce su distribución territorial". "Esta falta de información pública impide evaluar la eficacia de las políticas desarrolladas", consideran los socialistas, que preguntan a la Xunta si "tiene previsto remitir al Parlamento un informe anual completo sobre los resultados del censo de viviendas vacías y las medidas adoptadas para su movilización".

La Consellería de Vivenda respondió a la pregunta en los primeros días de junio ratificando que no tiene intención de revelar los datos. Lo justifica señalando que el decreto que creó el censo indica que su finalidad es "proporcionar al órgano competente en materia de vivienda", es decir, en este momento a la propia Consellería y a los entes que dependen de ella, "información adecuada sobre el estado de ocupación del parque residencial gallego" para "facilitar la planificación de las políticas públicas de vivienda".

"No se establece en ningún artículo la publicación del censo por ningún medio ni la elaboración de un informe anual con los datos recogidos", agrega el Gobierno para cerrar la puerta a divulgar los datos. Que el decreto no obligue a esa publicación no implica que esté prohibida; la divulgación de los datos depende únicamente de la voluntad política de la Xunta. Si fuese favorable, permitiría saber cuántos pisos vacíos están todavía en manos de la banca en las principales ciudades y, al tiempo, conocer el impacto de medidas como la compra de viviendas al banco malo o su traspaso a la nueva sociedad estatal Casa 47, entre otras.

Los datos más recientes sobre viviendas vacías proceden del censo del INE en 2021. Se basan en el consumo eléctrico y ofrecen una panorámica general, pero sin detalles sobre el estado de los pisos o su disponibilidad

Dada la negativa de la Xunta a divulgar los datos reales de los que dispone, las únicas cifras oficiales sobre el número de viviendas vacías en el país siguen siendo las derivadas del Censo actualizado por el INE en 2021. Entonces, a través del análisis de datos del consumo eléctrico, la oficina estadística estatal concluyó que en Galicia el número de viviendas vacías rondaba el medio millón. Una parte de ellas, previsiblemente pequeña —dadas las características generales del parque inmobiliario, como su antigüedad—, correspondería a las controladas por las entidades financieras.

Algo más de 231.000 de esas viviendas vacías se situaban en ayuntamientos que en la actualidad —según el padrón municipal de 2025— superan los diez mil habitantes y están afectados, por tanto, por el censo de viviendas vacías de la Xunta. No obstante, los datos del INE tienen múltiples limitaciones, desde el estado de las viviendas hasta su disponibilidad o titularidad. Obstáculos que, precisamente, estaban llamados a superarse con instrumentos como el censo de la Xunta.

La petición formal de la empresa china SAIC Motor de instalarse en Ferrol y As Pontes para crear un gran polo logístico de montaje y distribución de sus coches en Europa, y la declaración de la iniciativa como proyecto industrial estratégico (PIA) por parte de la Xunta, abre nuevas expectativas industriales en Ferrolterra y en todo el norte gallego, castigado desde hace años por la desindustrialización, unas comunicaciones precarias, el abandono o una importante crisis demográfica.

La apuesta del gigante asiático de la automoción consolida el camino de la recuperación que emprendió el naval tras los duros efectos de la crisis de 2008 y la frustración por el fracaso de Pemex, y abre otra vía para la comarca vecina del Eume, donde el inexorable fin del carbón vació de empleo y actividad las antiguas instalaciones de la central térmica de Endesa.

La llegada del gigante asiático a Galicia profundiza en la apuesta por la diversificación, la economía verde, la menor dependencia de combustibles fósiles y la movilidad sostenible que impulsa la UE. Una fábrica de coches eléctricos con base principal en el puerto exterior de Ferrol que podría abastecerse en parte con la instalación solar fotovoltaica para autoconsumo prevista, a la que la Xunta acaba de dar su visto bueno ambiental.

Será en el mismo lugar donde hasta hace poco Endesa recibía, a través de enormes buques, miles de toneladas de carbón que se almacenaban en el muelle para luego ser quemadas en la central térmica de As Pontes. Una instalación que fue la industria de mayor impacto climático de Galicia, la más contaminante del Estado durante años y una de las que más contribuyó al calentamiento global en Europa. Uno de los mayores focos emisores de dióxido de carbono (CO2), el principal gas de efecto invernadero.

El cierre de la térmica levantó un abanico de ideas, promesas y proyectos. Algunos de ellos, como la bioplanta de fibra reciclada que lidera Ence, tiene previsto comenzar a operar el próximo año, mientras que Endesa propuso también la instalación de varios nuevos parques eólicos o de instalaciones fotovoltaicas. La idea es que As Pontes sea ahora también base del centro industrial y logístico de SAIC y punto clave de la infraestructura del gigante chino en Galicia, una iniciativa que parece encarrilada salvo sorpresa.

El otro, el principal, estará en Ferrol, donde MG —una de las principales marcas del grupo de automoción— prevé una planta “que integrará investigación y desarrollo de vehículos, fabricación avanzada, suministro de componentes clave y operaciones logísticas inteligentes, configurando un ecosistema industrial totalmente conectado de principio a fin”.

La ciudad departamental y su entorno —y por extensión todo el norte gallego— reciben así un nuevo impulso después de que los astilleros de Navantia se recuperasen de la crisis que trajo la sufrida en 2008. Los nuevos y abundantes encargos llegaron por la vía de la especialización en buques militares de alta tecnología, con importante carga de trabajo por la construcción de las nuevas fragatas F-110 y otros buques, tanto del Estado como de otros países.

La buena salud en los astilleros contrasta con la situación de crisis que vivían cuando en 2012 la Xunta anunciaba y apadrinaba la firma de los contratos con la petrolera mexicana Pemex para la construcción de dos floteles: uno con Navantia y otro con Barreras. Unos contratos que la empresa mexicana acabaría negando para luego reconocer un acuerdo con el Gobierno gallego que, según el entonces presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, supondrían la salvación del naval gallego.

A aquellos floteles les seguirían, según la Xunta, la construcción en Galicia de quimiqueros, tres buques tanque, un atunero, un barco de apoyo a plataformas petrolíferas, varios remolcadores, la renovación de parte de la flota azteca, entre otros proyectos.

Las más de veinte embarcaciones de la cuenta quedaron en la polémica adjudicación y construcción de dos floteles y en la compra por parte de la petrolera mexicana de Barreras, histórico astillero que acabó quebrado.

Para el flotel construido en Navantia, entregado en febrero de 2017, Feijóo habló de “3.000 empleos para dos años” y el astillero rebajó a unos 2.000, una previsión que luego quedaría en 900. Finalmente, fueron unos 500 operarios.

Casi una década después, Navantia rebosa trabajo. Además, la planta de Fene continúa manteniendo una ingente fabricación de estructuras para la eólica marina, además de la reparación y modernización de diferentes tipologías de buques.

Precisamente, y en el mismo ámbito, el proyecto conjunto de los puertos de A Coruña y Ferrol (Golfo Ártabro-Offshore Wind) recibirá casi 100 millones de euros del Ministerio para la Transición Ecológica para la habilitación de punta Langosteira y Caneliñas con el objetivo de ser referencia en fabricación y montaje de aerogeneradores marinos.

Con la esperanza de la iniciativa de SAIC encima de la mesa, el alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, celebró este lunes que la ciudad esté “en el mapa de las grandes decisiones”. “Este proyecto es una oportunidad para la diversificación de la que llevábamos hablando tantos años”, dijo en redes sociales sobre lo que la empresa china califica de “hito histórico”.

La planta, según MG, “traerá a Europa tecnologías líderes a nivel mundial mediante la fabricación localizada y la I+D, apoyando la transición hacia un futuro de movilidad más sostenible en línea con los objetivos de cero emisiones de la UE para 2035”, añade la empresa, que recuerda su estrategia “en Europa, para Europa”, que esconde también la importancia de evitar el pago de aranceles que supone la exportación desde Asia de sus productos.

La Consellería de Educación venía negándose a aplicar a su personal docente el protocolo general de la Xunta contra el acoso laboral, lo que viene motivando sucesivas condenas judiciales obligándola a hacerlo, porque nada en ese documento decía que el personal de la enseñanza quedase al margen. Ante esta situación, ahora la Xunta acaba de modificar el texto del protocolo para reflejar expresamente que es de aplicación solo al personal de la administración general, quedando el de Educación a la espera de un protocolo propio.

Mientras, frente al protocolo general que contempla que tras una denuncia debe intervenir un comité con representantes sindicales, Educación viene resolviendo denuncias a través de su Inspección Educativa, con diversas condenas por archivar casos sin tomar siquiera declaración a las personas denunciantes.

El protocolo general contra el acoso laboral de la Xunta, aprobado por primera vez ya en 2016 y con posteriores versiones, la última de 2023, establece que las denuncias tienen que ser analizadas por un Comité de Intervención con representación sindical. Pero el Gobierno gallego va a restringir su aplicación solo a la administración general a través de una modificación ya aprobada que prevé publicar en el DOG en la primera quincena de julio, cuando entrará en vigor.

En otros ámbitos, como el del personal de la administración de Justicia, se aprobó en 2023 un protocolo específico, que también contempla un comité con representación sindical. Y en el Sergas existen desde hace décadas diversos protocolos, planes de acción y documentos contra la violencia laboral de todo tipo. Pero en Educación aún está pendiente de aprobarse, con su negociación con los sindicatos muy avanzada, un protocolo específico que tenga en cuenta las características concretas del sector.

A falta de un protocolo para Educación, las denuncias presentadas por personal de ese ámbito, incluso las que expresamente reclaman la aplicación del protocolo general de la Xunta y de su Comité de Intervención, vienen siendo tramitadas por la Inspección Educativa, lo que limita su independencia. Ante esas decisiones reiteradas de la consellería, las personas afectadas se ven obligadas a recurrir a la justicia y son varias las sentencias que en los últimos tiempos han anulado actuaciones de esa Inspección por diversas deficiencias, como resolver casos sin tomar siquiera declaración a víctimas o testigos, como sí se exige expresamente en el protocolo general.

En este contexto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de hacer pública una sentencia en la que fue más allá de un caso concreto de supuesto acoso laboral denunciado en Educación y analizó en profundidad el protocolo general de la Xunta para concluir que nada en su texto decía que no fuese de aplicación a la enseñanza o al resto del personal de la Xunta más allá de su administración general.

Según la argumentación de la Xunta ante el TSXG, el protocolo general estaría ligado a su I Plan de Igualdad, que a su entender no afectaría a los sectores de educación, sanidad y justicia, que tendrían sus documentos específicos. Sin embargo, el TSXG analiza las resoluciones de 27 de octubre de 2023 que aprobaron respectivamente el plan de igualdad y el protocolo de lucha contra el acoso laboral supuestamente ligado a él y niega esa conexión entre ambos documentos.

El tribunal subrayó que el plan de igualdad, dirigido al personal de la administración general, analiza la discriminación o violencia sexual, pero que el protocolo va más allá y "también extiende su ámbito al acoso moral o psicológico" al margen del sexo. "No se establece limitación alguna al personal de la Xunta de Galicia, sin que se ciña al personal dentro del ámbito de gestión de la Dirección Xeral de Función Pública", concluyó el TSXG. Así que ahora el Gobierno gallego acaba de modificar la cláusula tercera de ese protocolo general, en la que establece el ámbito de aplicación, para dejar expresamente fuera al "personal docente", además del que trabaja en el Sergas y en la administración de justicia.

Pese a ese pronunciamiento del TSXG, la Consellería de Facenda, responsable del funcionariado, consultada por Praza.gal, insiste en que el protocolo general de acoso "se enmarca dentro del I Plan de Igualdad, que va dirigido únicamente al personal funcionario y laboral de la Administración general", incluido el personal no docente de Educación.

El Gobierno gallego se empeña en su interpretación incluso después de que ya se haya pronunciado la justicia e insiste en que "la lectura aislada del ámbito de aplicación del protocolo puede inducir a error, dado que no reproduce exactamente el ámbito de aplicación del I Plan de Igualdad, lo que podría interpretarse en el sentido de que el protocolo sea también de aplicación al personal docente". Esa interpretación es exactamente la que hace la justicia, así que, como la justicia dice que su protocolo no ponía lo que la Xunta decía que ponía, la Xunta modifica ahora el protocolo para que lo ponga más claramente.

La medida desprotegerá al personal docente de Educación mientras no se termine la negociación de su protocolo específico con los sindicatos. Desde la CIG señalan que en el caso del personal de Educación existen distintos riesgos que deben ser atendidos por un protocolo específico, ya que no es lo mismo el trabajo de un docente que el del personal de servicios. Pero, a la espera de ese protocolo específico, lamentan la decisión de "desproteger" temporalmente al personal docente dejándolo al margen del protocolo general. También lamentan que se haya modificado el protocolo general sin convocar a la propia comisión de seguimiento de acoso laboral, sino llevando la propuesta a la Mesa General de la función pública, donde fue apoyada por otros sindicatos, y reclaman que se convoque en todo caso esa comisión específica para mejorar deficiencias en la aplicación del protocolo.

El proyecto de Altri para instalar una fábrica en Palas de Rei se resiste a morir mientras permanecen ocultas algunas de las gestiones que facilitaron la llegada de la empresa a Galicia. La compañía acaba de alegar contra el archivo de su proyecto por parte de la Xunta al no facilitarle el Estado una conexión eléctrica y, al tiempo, el Gobierno gallego insiste en mantener oculto su acuerdo con la empresa e incluso considera “abusivo” preguntarle por él al presidente Rueda.

Hace unos meses, tras una petición formal de transparencia de Praza.gal, la Consellería de Economía argumentó que “desconoce” el pacto secreto firmado en octubre de 2021 para la llegada de Altri a Galicia porque no lo firmó la Xunta sino una empresa impulsada por ella. Tras esa respuesta, y preguntado directamente por ese pacto, el presidente Rueda admitió en febrero que él sí conoce ese acuerdo, por lo que este diario formuló una nueva petición de transparencia dirigida expresamente a la Presidencia de la Xunta. Sin embargo, el Gobierno gallego derivó esa solicitud nuevamente a Economía, que ahora acaba de denegarla obviando la petición dirigida a Presidencia y argumentando que, tras las solicitudes previas, considera que esta última tiene “un carácter abusivo”.

La Xunta viene amparándose para denegar el acceso al pacto secreto con Altri en que no fue firmado por la Administración sino por una empresa creada y controlada por ella, Impulsa Galicia, pero en la que el capital público no era mayoritario sino solo del 48,02%. Eso la dejaría al margen de la Ley de Transparencia, y para incidir en ese argumento la Xunta llegó a responder oficialmente que “desconoce” el pacto y que el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmó el acuerdo como parte de un “negocio jurídico privado” y no como conselleiro.

Praza.gal viene defendiendo otra interpretación de la Ley de Transparencia: que, al margen de quién firmase el acuerdo, este obra en poder de la Xunta en el ejercicio de sus funciones de Administración pública, tanto por su firma por parte del conselleiro Conde como por el control de su participación en sociedades como Impulsa Galicia.

También habría sido en el ejercicio de sus funciones como presidente, y no como ciudadano particular, como Rueda conoció el pacto, según él mismo declaró a través de “representantes de la Xunta”. Por eso, dado que la Ley de Transparencia “entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder” de las Administraciones, este diario reclamó a la Presidencia de la Xunta ese acuerdo después de que el propio Rueda declarase que él sí lo conocía y por “representantes de la Xunta”, esto es, en el ejercicio de su función como presidente.

Pero Presidencia de la Xunta remitió la petición a ella dirigida nuevamente a la Consellería de Economía y esta, en su nueva respuesta, reitera textualmente los argumentos de anteriores denegaciones y añade ahora que la ley le permite inadmitir “las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo”. “La reiteración de una solicitud sobre la misma materia constituye motivo suficiente para su inadmisión”, añade Economía, sin tener en cuenta que la anterior petición fue realizada a Economía, que respondió que desconocía el pacto, y la ahora rechazada iba dirigida a la Presidencia de la Xunta después de admitir Rueda que él sí lo conoce.

Ante esta nueva negativa, el largo proceso desarrollado por Praza.gal para conocer el acuerdo con Altri vuelve ahora a estar en manos de la Comisión de la Transparencia de Galicia, que en un análisis anterior sobre otro paso previo del caso registró el mayor cisma interno en sus 10 años de historia al discrepar los representantes de los consellos de Contas y Consultivo sobre cómo la Xunta argumentaba que no conoce el pacto.

Hace, como mínimo, unas dos décadas que el Gobierno gallego se mostró por primera vez favorable a reclamar al Estado el traspaso de las competencias sobre la autopista AP-9. Fue a finales de 2005, cuando, apenas tres meses después de llegar al cargo, el presidente Emilio Pérez Touriño expresó el “deseo” de lograr esa transferencia tras analizar un informe con las prioridades del nuevo Gobierno de PSdeG y BNG en materia de autogobierno.

21 años después de aquel desiderátum, el Congreso de los Diputados acaba de aprobar el dictamen de una ley orgánica para conceder a la Xunta la “titularidad y competencias” de la autopista del Atlántico. Lo hizo con los votos a favor de los grupos que la redactaron, PSOE, BNG y Sumar, y también con el “sí” de todos los demás salvo dos, PP y Vox. Tan cierto es que este paso es un indudable avance como que a la ley, que nunca había llegado tan lejos, aún le resta un amplio camino por recorrer. Y, sobre todo, que llega tras innumerables bloqueos y obstáculos, atribuibles a más de una fuerza política, en un proceso que formalmente se lanzó tres veces y políticamente, muchas más.

En aquella legislatura con socialistas y nacionalistas en el Ejecutivo gallego, quien entonces era nuevo líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ser partidario de la transferencia e incluso la incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones de 2009. Encontró reticencias en el Gobierno de España, el del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, con el que en 2010 anunció el inicio de negociaciones al respecto, sin mayor resultado.

En 2012, el PPdeG de Feijóo logra su segunda mayoría absoluta consecutiva y lo hace con un programa electoral en el que apuesta por una “reformulación” de la gestión de la AP-9 sin prometer abiertamente el traspaso. A lo largo de la legislatura gallega, no obstante, los populares gallegos darán apoyo político a una reclamación que el Gobierno de España, ya en manos del PP de Mariano Rajoy, rechaza por considerarla ilegal, en palabras de la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor.

Fue en este punto cuando llegó el primer intento de lograr el traspaso por la vía que ahora avanza: la de una proposición de ley aprobada por el Parlamento de Galicia para su debate en el Congreso. Sucedió en octubre de 2015, cuando, en un giro que causó sorpresa en el legislativo gallego, el PP decidió votar “sí” a la proposición de ley formulada por el BNG. Pero al llegar al Congreso, la petición unánime gallega se topó dos veces con el veto del Gobierno de España aún en manos del PP.

En octubre de 2016, aun estando en funciones tras no lograr mayoría para una segunda investidura, el gabinete de Rajoy hizo uso de la prerrogativa gubernamental de frenar leyes en el Congreso para, con una interpretación forzada del artículo 134.6 de la Constitución, impedir que la propuesta gallega llegase siquiera a debatirse. En mayo de 2017 el Parlamento volvió a pedir el traspaso por unanimidad y en junio del mismo año el Gobierno de Rajoy volvió a vetarlo con un informe jurídico más elaborado, pero con el mismo resultado. Por el camino, también habían frenado una iniciativa de En Marea en el Congreso en el mismo sentido.

Estos tres bloqueos formales, basados en cálculos económicos erróneos o falsos, finalizaron en 2018. Poco después de la moción de censura que desalojó a Rajoy, el Ejecutivo del PSOE de Pedro Sánchez cumplió la promesa de levantar el veto a la primera de las peticiones gallegas, la de 2015, y en el propio 2018 una amplia mayoría absoluta permitió el inicio de una tramitación que quedó interrumpida por el adelanto de las elecciones generales a abril de 2019.

Tras el paso por las urnas, el Parlamento reiteró la petición unánime y, en 2021, el Congreso aprobó de nuevo el inicio del trámite. Y fue aquí donde llegaron los bloqueos de otro signo. La Mesa del Congreso, donde los socios del gobierno PSOE-Unidas Podemos tenían mayoría junto con otras fuerzas, aprobaron sucesivas ampliaciones de los plazos para presentar enmiendas para dilatar un proceso que acabó caducando por otro adelanto, el de las generales de 2023, después de que las adiciones del Grupo Socialista al texto original desnaturalizasen en gran medida su contenido.

Fue así como se llegó a la ley que ahora, por fin, avanza. En junio de 2024 el Congreso inició por tercera vez el trámite con el único “no” de Vox, pero acto seguido volvió la demora por la vía de las prórrogas de los plazos para enmendar, aprobada sistemáticamente por la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría gubernamental. Cuando finalizó esa dilación, el PSOE volvió a presentar enmiendas para acotar el traspaso a que la Xunta pudiese proponer mejoras en la gestión de la autopista. Ese escenario de traspaso recortado quedó superado esta semana: el pacto de los socialistas con el Bloque y Sumar da el visto bueno esencial a la transferencia y deja las condiciones concretas para un momento posterior, el de la concreción del traspaso en la Comisión Mixta de Transferencias Xunta-Estado.

En el primer test en forma de votación deja dos posibles lecturas. Una, la posibilidad de una mayoría absoluta en el pleno del Congreso —imprescindible en una ley orgánica— pese al “no” de Vox y también de un PP que dice oponerse porque el texto deja fuera parte de lo incluido en la ley aprobada en Galicia. Tanto el BNG como el PSdeG exigen al PPdeG explicaciones por su “no”. Otra, que este avance no sea más que el pórtico de un cuarto bloqueo.

Cualquiera de las dos lecturas va acompañada de una inevitable derivada: el modo en que el gobierno que finalmente acabe siendo responsable cotidiano de la AP-9, el español o el gallego, aborde la gran cuestión relativa a esta infraestructura. Se trata del futuro de su explotación mediante concesión privada a Audasa, prorrogada sin concurso hasta 2048 por el Gobierno de Aznar en lo que la Comisión Europea considera una ilegalidad en un procedimiento que sigue abierto mientras continúan subiendo las tarifas de unos peajes que, en los últimos años y a partir de acuerdos PSOE-BNG, el Gobierno de España viene paliando con planes de descuentos para los que comprometió más de 2.000 millones de euros.

Durante años, la historia de El Correo Gallego pudo explicarse como una más entre las múltiples crisis de la prensa tradicional: caída de ingresos publicitarios, transformación digital y dificultades para adaptar un modelo económico que había funcionado, supuestamente, durante décadas. Pero el auto judicial dictado el pasado 20 de mayo cambia el foco y sitúa una pregunta distinta en el centro del debate: qué ocurrió con el dinero público que continuó llegando mientras la situación económica del periódico se deterioraba.

Con una trayectoria de línea editorial conservadora, El Correo Gallego ha funcionado durante décadas como uno de los principales respaldos mediáticos a las políticas del Partido Popular en Galicia, primero bajo Manuel Fraga y después bajo Alberto Núñez Feijóo.

Mientras la deuda con Hacienda y los trabajadores crecía, y los problemas financieros se acumulaban, seguían entrando recursos destinados a sostener la actividad del grupo editor. De hecho, a los agentes que investigaron el caso, le llamó poderosamente la atención la facilidad del empresario para conseguir dinero público, y así lo reflejaron en sus informes.

Además de un crédito de la Xunta, también está bajo el foco un acuerdo por medio del cual la Televisión de Galicia era cómplice de los regates que Rey Novoa le hacía a Hacienda.

La magistrada Ana López‑Suevos considera en su auto que existen “indicios de criminalidad de bastante solidez” y sitúa a la antigua cúpula de Editorial Compostela a un paso de la apertura de juicio oral. La causa gira alrededor de un presunto alzamiento de bienes y de una operativa que habría dificultado el cobro por parte de acreedores y trabajadores.

El elemento que más atención ha generado en los investigadores es el préstamo de 2,5 millones de euros concedido por XesGalicia, una sociedad mercantil pública de la Xunta de Galicia, adscrita a la Consellería de Economía e Industria. El debate no se centra simplemente en si existió financiación pública; la cuestión es el contexto en el que se produjo y cuál era el diagnóstico real de la empresa en ese momento.

Según el auto y las referencias a la documentación interna, las propias actas del consejo de administración reflejaban una situación económica delicada y la necesidad de buscar soluciones inmediatas para mantener ingresos. La resolución judicial reproduce expresiones atribuidas a José Manuel Rey Novoa como la necesidad de “movilizar influencia” y contar con “voluntad política” para determinadas operaciones financieras.

Pero si hubo un actor decisivo en la supervivencia artificial del entramado dirigido por Rey Novoa fue la Televisión de Galicia (CRTVG). Según la investigación policial, la TVG garantizaba a El Correo Gallego una “cuota fija” de producción externa cercana a los dos millones de euros anuales, un sistema de reparto interno que asignaba a cada grupo mediático un trozo del pastel de contratos pagados con dinero público.

Esa cuota, que debía servir para financiar programas y contenidos, se convirtió, en manos del empresario, en una vía para obtener liquidez fuera del alcance de Hacienda, de los trabajadores y de los embargos judiciales. Con las cuentas de Editorial Compostela embargadas, Rey Novoa procedió a ceder a sociedades intermediarias los derechos de cobro que tenía frente a la TVG, convirtiendo esos pagos públicos en dinero rápido fuera del alcance de los embargos. Vendía anticipadamente esos pagos a productoras “intermediarias” por apenas una fracción de su valor real, y estas, posteriormente, cobraban íntegramente de la cadena pública.

La CRTVG no puso ninguna objeción a ese tipo de operaciones hasta que la UDEF descubrió el juego.

Existe otra importante pieza en la historia, y es el papel de ABANCA como uno de los principales actores de la reestructuración, con una quita superior a 5,5 millones de euros. La dimensión de esas cifras obliga a formular una pregunta incómoda: ¿Qué expectativas reales existían sobre la recuperación de la empresa?

El auto judicial desplaza la atención desde la mera supervivencia empresarial hacia el recorrido posterior de los fondos. La hipótesis investigada sostiene que determinados ingresos que debían llegar a Editorial Compostela habrían circulado por otras sociedades o estructuras vinculadas antes de terminar fuera del alcance directo de acreedores.

Los trabajadores aparecen como una de las partes más afectadas por ese proceso. Mientras se intentaba mantener la actividad y asegurar determinadas vías de ingresos, las deudas laborales continuaban aumentando. Más allá de la dimensión financiera, la investigación devuelve una realidad que a menudo queda relegada a un segundo plano: detrás de balances y préstamos hay salarios pendientes y trayectorias personales afectadas.

Incluso delimitando cuidadosamente el ámbito penal y el político, persiste una cuestión de interés público. Si la situación económica era tan delicada como reflejaban las actas internas y las posteriores conclusiones judiciales, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió con el dinero. También es qué mecanismos de seguimiento acompañaron unas operaciones diseñadas para prolongar la actividad de una empresa cuya situación parecía deteriorarse cada vez más. Era un pozo sin fondo.

El auto de mayo de 2026 no cierra una historia; probablemente abre otra. Durante meses, el foco estuvo colocado sobre la presunta operativa societaria descrita por la jueza Ana López-Suevos: movimientos de fondos, una supuesta unidad de caja entre empresas y una estructura societaria que habría dificultado el cobro a acreedores y trabajadores. Pero entre las páginas de la resolución aparecen otros elementos que merecen una segunda lectura.

Uno de ellos es el préstamo público de 2,5 millones concedido por XesGalicia en 2018. Nunca devolvieron el dinero.

¿Cómo es posible que El Correo Gallego continuase recibiendo subvenciones públicas cuando mantenía deudas con Hacienda y uno de los requisitos que deben cumplir todos los ciudadanos para recibir dinero público es, precisamente, estar al día con el fisco? La editorial esquivó el embargo de dinero público usando, paradójicamente, ¡más dinero público!

En octubre de 2018, el mismo año del préstamo de XesGalicia, El Correo Gallego concedió a José Manuel Romay Beccaria, mentor de Alberto Núñez Feijóo, el reconocimiento de “Gallego del Año 2018” en su gala anual, ¡qué casualidad!

En el acto estuvo presente Feijóo, que además intervino públicamente. De hecho, mantuvo una presencia institucional continuada en los actos de El Correo Gallego durante toda su etapa como presidente de la Xunta, participando en numerosas galas y pronunciando discursos institucionales.

La pregunta no es si existió el préstamo. Existió. La pregunta es qué evaluación se realizó antes de aprobarlo. ¿Qué informes económicos manejaba XesGalicia? ¿Qué previsiones de recuperación existían? ¿Qué garantías se aportaron? ¿Quién participó en los comités de decisión? ¿Hubo informes externos? ¿Hubo advertencias técnicas?

Gracias a la investigación de la UDEF sabemos que la cúpula de XesGalica desaconsejaba la operación, pero finalmente fructificó porque hubo insistentes y reiteradas llamadas telefónicas al conselleiro de Economía, Francisco Conde, un hombre de la máxima confianza de Feijóo, para que se concediese.

¿Quién llamó reiteradas veces con tanta insistencia? ¿Van a pedir los teléfonos móviles para poder conocer quién y por qué pidió conceder un crédito, a todas luces irregular, a Rey Novoa? ¿Y los expedientes administrativos? Las actas de los comités de inversión, los informes de viabilidad y los documentos internos pueden contar una historia muy distinta de la que ofrecen los comunicados públicos. Resulta llamativa la opacidad sobre la concesión del crédito.

La segunda pieza del rompecabezas conduce a la banca. La quita superior a 5,5 millones de euros asumida por ABANCA dentro del proceso de reestructuración. Escotet asume que perderá más de cinco millones de euros. Así, sin más. ¡Qué generoso! Su banco perdona una deuda millonaria al amigo de Feijóo. Y ahí aparece otro conjunto de preguntas: ¿Qué expectativas reales existían sobre la viabilidad del grupo cuando se adoptaron esas decisiones? Cuando concedieron el crédito, ¿ya contemplaban la posibilidad de una quita millonaria? ¿Esa quita fue completa o es una parte del crédito concedido?

Escotet aparece aquí por una razón objetiva: ABANCA era uno de los actores financieros relevantes en la operación y es, además, íntimo amigo del ex presidente de la Xunta de Galicia. ¿Llamó Feijóo a su amigo, Juan Carlos Escotet, para conceder el crédito y posteriormente para la quita de más de cinco millones de euros?

Recordemos que el empresario venezolano se hizo con el control de ABANCA a través de una operación de dudosa legitimidad, como ya he contado en este artículo.

Feijóo tiene un fondo de inversión de casi medio millón de euros en esa entidad bancaria. ABANCA es el soporte financiero de la Xunta de Galicia. Además, Escotet ahora dirige el club de fútbol Deportivo de A Coruña. Cuando ascendieron a segunda división, en 2024, el empresario venezolano prohibió a los jugadores celebrar el ascenso en el Ayuntamiento de la ciudad herculina porque gobiernan los socialistas. Fueron a Santiago de Compostela a celebrarlo con el presidente de la Xunta, y, como todos sabemos, del PP. Cuando menos, llama poderosamente la atención que Escotet se defina políticamente.

La tercera capa conduce inevitablemente a Feijóo, que presidía la Xunta cuando se aprobó la operación pública. ¿Qué grado de conocimiento tenía el Gobierno gallego sobre la situación económica real de la empresa? ¿Quién informó favorablemente? ¿Qué informes existían? ¿Qué advertencias aparecían? ¿Quién se reunió con quién?

Porque quizá el gran recorrido de esta historia no esté ya en el presunto alzamiento de bienes que investiga la jueza. Tal vez esté en otra pregunta más silenciosa: quién decidió seguir apostando recursos públicos y confianza institucional por una estructura que, según reflejan las propias actas internas, ya mostraba señales de ruina absoluta. QUIÉN.

La secuencia resulta difícil de ignorar. Rey Novoa habla, según recoge el auto, de "movilizar influencia" y de una necesaria "voluntad política" para sacar adelante una operación financiera. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo concede un préstamo público de 2,5 millones de euros. ABANCA participa en la reestructuración financiera del grupo con una quita de 5,5 millones de euros. Y años después, el dinero público acaba perdido mientras la empresa se hunde y las deudas con el fisco y los trabajadores, se disparan.

Es irregular a todas luces. Esperemos que la Fiscalía no se quede en el presunto delito de alzamiento de bienes que se le imputa a Rey Novoa y a su socio. Es deseable que quieran investigar por qué la Xunta de Galicia, presidida por Feijóo, subvencionó y prestó dinero público cuando ya las deudas eran un agujero negro insalvable.

Por qué un banco le perdonó una deuda de millones de euros. ¿Feijóo y Escotet van a ser llamados a declarar en el juicio para dar explicaciones? Dentro de unos días tendremos la repuesta.

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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.

Francisco José Garzón, maquinista del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 descarriló en Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, presentó el pasado lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. La que en enero lo consideró único culpable del siniestro, absolviendo a un cargo de Adif que había sido condenado en primera instancia al mismo nivel.

El maquinista, que de forma paralela acaba de solicitar un indulto de la condena que recibió de dos años y medio de cárcel —con un perdón de medio año ya evitaría entrar en prisión—, alega diversas vulneraciones de derechos constitucionales durante el proceso judicial.

La primera sentencia sobre el accidente de Angrois, emitida en 2024 por la jueza de lo Penal que juzgó el caso entre 2022 y 2023, condenó al mismo nivel al maquinista por distraerse al recibir una llamada del interventor y no frenar a tiempo antes de la curva, y al director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no habilitar medidas que paliaran ese previsible error humano. Sin embargo, en enero la Audiencia de A Coruña corrigió esa sentencia y, sin cambiar nada de los hechos probados, absolvió a Cortabitarte, una decisión respaldada por dos de las tres juezas del tribunal pero de la que discrepó la tercera jueza.

Ahora el abogado del maquinista argumenta ante el Tribunal Constitucional la vulneración en el proceso judicial de varios derechos constitucionales. Por una parte, considera que, frente a la presunción de inocencia, "existió una presunción de culpabilidad del recurrente desde el inicio del procedimiento, en base al resultado final de su error [distraerse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois], sin tener en cuenta, como recoge la sentencia de instancia, que el máximo garante de la seguridad en la explotación ferroviaria es Adif".

"Al recurrente se le condena como si las condiciones de seguridad de la instalación ferroviaria fueran impolutas, cuando las condiciones reales en las que tuvo que desarrollar su trabajo (sin análisis, sin evaluación de riesgos previa, sin sistema de protección, sin señalización en vía de reducción de velocidad) no garantizaban su seguridad, ni la de los viajeros", añade, y argumenta que no fue desvirtuada "la presunción de inocencia" que garantiza la Constitución.

El recurso también señala que se vulneró su derecho constitucional a la igualdad de trato y a la tutela judicial efectiva al no tener en cuenta la sentencia diversas atenuantes como la dilación excesiva de la causa durante más de una década, que pidió perdón y las víctimas fueron reparadas económicamente, o que les prestó auxilio desde el primer momento.

El recurso argumenta, para que sea admitido a trámite por el Constitucional, que "el asunto suscitado trasciende el caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social" de la que considera conveniente sentar jurisprudencia para otros posibles casos de "accidentes catastróficos de un medio de transporte masivo, como el ferroviario". "Hay que aclarar si para enervar la presunción de inocencia es aceptable o no exigir a un trabajador que tenga que suplir la carencia de medidas de seguridad en la infraestructura ferroviaria", concluye el recurso.

El escrito también pide como medida cautelar que se suspenda la entrada en prisión del maquinista mientras el Constitucional tramita el recurso de amparo "al ser irreparable el daño causado al recurrente en caso de que se estimara cualquiera de las vulneraciones de derechos constitucionales denunciadas, no suponer una perturbación grave para los intereses generales ni generar ningún daño a los derechos y libertades de terceros".

Unos días antes de presentar este recurso de amparo constitucional, y de forma paralela, el abogado del maquinista pidió también oficialmente al Gobierno de España el indulto para su defendido. Condenado a dos años y medio de cárcel, un indulto parcial de solo medio año, como ya se concedió en el pasado a otros maquinistas con condenas similares y como defienden maquinistas y parte de las víctimas, evitaría que entrara en prisión.

Por su parte, la Plataforma de Víctimas también prevé recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, disconforme con la absolución del cargo de Adif. Para ello, presentaron un incidente de nulidad contra la sentencia de la Audiencia de A Coruña, que acaba de ser inadmitido por ese tribunal y que supone un paso imprescindible para formular ahora un recurso ante el Constitucional.