Francisco José Garzón, maquinista del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 descarriló en Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, presentó el pasado lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. La que en enero lo consideró único culpable del siniestro, absolviendo a un cargo de Adif que había sido condenado en primera instancia al mismo nivel.

El maquinista, que de forma paralela acaba de solicitar un indulto de la condena que recibió de dos años y medio de cárcel —con un perdón de medio año ya evitaría entrar en prisión—, alega diversas vulneraciones de derechos constitucionales durante el proceso judicial.

La primera sentencia sobre el accidente de Angrois, emitida en 2024 por la jueza de lo Penal que juzgó el caso entre 2022 y 2023, condenó al mismo nivel al maquinista por distraerse al recibir una llamada del interventor y no frenar a tiempo antes de la curva, y al director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por no habilitar medidas que paliaran ese previsible error humano. Sin embargo, en enero la Audiencia de A Coruña corrigió esa sentencia y, sin cambiar nada de los hechos probados, absolvió a Cortabitarte, una decisión respaldada por dos de las tres juezas del tribunal pero de la que discrepó la tercera jueza.

Ahora el abogado del maquinista argumenta ante el Tribunal Constitucional la vulneración en el proceso judicial de varios derechos constitucionales. Por una parte, considera que, frente a la presunción de inocencia, "existió una presunción de culpabilidad del recurrente desde el inicio del procedimiento, en base al resultado final de su error [distraerse y no frenar a tiempo antes de la curva de Angrois], sin tener en cuenta, como recoge la sentencia de instancia, que el máximo garante de la seguridad en la explotación ferroviaria es Adif".

"Al recurrente se le condena como si las condiciones de seguridad de la instalación ferroviaria fueran impolutas, cuando las condiciones reales en las que tuvo que desarrollar su trabajo (sin análisis, sin evaluación de riesgos previa, sin sistema de protección, sin señalización en vía de reducción de velocidad) no garantizaban su seguridad, ni la de los viajeros", añade, y argumenta que no fue desvirtuada "la presunción de inocencia" que garantiza la Constitución.

El recurso también señala que se vulneró su derecho constitucional a la igualdad de trato y a la tutela judicial efectiva al no tener en cuenta la sentencia diversas atenuantes como la dilación excesiva de la causa durante más de una década, que pidió perdón y las víctimas fueron reparadas económicamente, o que les prestó auxilio desde el primer momento.

El recurso argumenta, para que sea admitido a trámite por el Constitucional, que "el asunto suscitado trasciende el caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante y de general repercusión social" de la que considera conveniente sentar jurisprudencia para otros posibles casos de "accidentes catastróficos de un medio de transporte masivo, como el ferroviario". "Hay que aclarar si para enervar la presunción de inocencia es aceptable o no exigir a un trabajador que tenga que suplir la carencia de medidas de seguridad en la infraestructura ferroviaria", concluye el recurso.

El escrito también pide como medida cautelar que se suspenda la entrada en prisión del maquinista mientras el Constitucional tramita el recurso de amparo "al ser irreparable el daño causado al recurrente en caso de que se estimara cualquiera de las vulneraciones de derechos constitucionales denunciadas, no suponer una perturbación grave para los intereses generales ni generar ningún daño a los derechos y libertades de terceros".

Unos días antes de presentar este recurso de amparo constitucional, y de forma paralela, el abogado del maquinista pidió también oficialmente al Gobierno de España el indulto para su defendido. Condenado a dos años y medio de cárcel, un indulto parcial de solo medio año, como ya se concedió en el pasado a otros maquinistas con condenas similares y como defienden maquinistas y parte de las víctimas, evitaría que entrara en prisión.

Por su parte, la Plataforma de Víctimas también prevé recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional, disconforme con la absolución del cargo de Adif. Para ello, presentaron un incidente de nulidad contra la sentencia de la Audiencia de A Coruña, que acaba de ser inadmitido por ese tribunal y que supone un paso imprescindible para formular ahora un recurso ante el Constitucional.

A las 13:39 de este pasado martes, la ahora alcaldesa de Lugo por el PP, Elena Candia, firmó el decreto de organización del Gobierno municipal. Es un trámite habitual tras la toma de posesión en una alcaldía y consiste, en esencia, en el reparto de competencias entre la regidora y, en este caso, los restantes 11 miembros del grupo del PP en el Concello. Pero al minuto siguiente firmó otro documento, un inédito decreto de "delimitación de la función" de María Reigosa, la tránsfuga exsocialista que, con su firma y voto, permitió que la moción de censura del PP desbancase al Gobierno local de PSdeG y BNG.

El documento, de siete páginas, busca dar blindaje legal al anuncio realizado por los populares lucenses horas después de la censura, que Reigosa ostentará responsabilidades de "supervisión política y programática de infraestructuras". Es decir, que participará del Gobierno de la ciudad. Pero que lo hará, intentan evidenciar, sin transgredir el artículo de la Ley de Bases de Régimen Local y las sentencias judiciales derivadas de ella que impiden dar a ediles no adscritos como la concejala tránsfuga de Lugo "derechos económicos y políticos superiores a los que les corresponderían si permaneciesen en el grupo de procedencia".

Con este telón de fondo, el decreto firmado por Candia dice buscar "hacer transparente y delimitar la participación de la concejala no adscrita en materia de infraestructuras, mediante una función de supervisión política y programática orientada al seguimiento, impulso, contraste y evaluación de los compromisos y actuaciones municipales en esta materia". Intenta, indica, "evitar" que su "participación política" pueda "ser interpretada como una delegación encubierta, una dirección material del área o un incremento de derechos económicos o políticos" respecto a los que tenía en el grupo de procedencia.

En ese grupo, el PSdeG, tuvo responsabilidad de gobierno hasta que renunció a ella para, acto seguido, pasar a ser no adscrita, condición desde la que se enroló en la operación de la censura. En ese momento, como es obvio, dejó de tener participación alguna en la acción del gobierno, la cual ahora le otorga el decreto de Candia, pero en términos de "supervisión".

El texto dedica la mayor parte de su extensión a especificar lo que, sobre el papel, Reigosa no hará. Por ejemplo, afirma que su "supervisión" no tiene "naturaleza técnica, administrativa, resolutoria, directiva ni jerárquica". Tampoco implica que sea concejala delegada de un área o teniente de alcaldía, ni "integración en el equipo de gobierno", ni "retribución, dedicación, asistencia, indemnización ni asignación de medios personales propios".

Quien "podrá ser denominada Supervisora de Infraestructuras" bajo la "dirección de la alcaldía", dice, va a hacer una "actividad de seguimiento, impulso político, contraste de prioridades, evaluación programática y traslado de propuestas o incidencias". Pero sus propuestas serán "no vinculantes" y acudirá a reuniones del gobierno "cuando sea convocada expresamente" por Candia. También "podrá participar en actos públicos, reuniones vecinales o comparecencias de carácter político o programático en materia de infraestructuras" pero "bajo dirección de la alcaldía" y sin "actuar como autoridad competente", dice en un contexto en el que viene a presentar que legalmente sus funciones serán como las de cualquier concejala rasa, caso en el cual no cumpliría decreto específico alguno.

Después de enumerar en un artículo hasta 14 tareas que "no podrá" ejercer y de reforzar en otros dos que no tendrá personal municipal a su cargo y que esta decisión no incumple el citado precepto legal, Candia dicta lo que parece el armazón para que Reigosa se siente junto al grupo del PP en el salón de plenos de ahora en adelante y que deje de hacerlo, como hasta ahora, al lado de PSdeG y BNG. Así, indica que "ocupará el asiento que determine la alcaldía [...] teniendo en cuenta las características físicas del salón y procurando facilitar la emisión y recuento del voto" y agrega que esa situación "tendrá carácter meramente organizativo y protocolario, sin efectos jurídicos sobre su estatuto de concejala no adscrita" ni "pertenencia al equipo de gobierno".

En esos plenos, en cualquier caso, el voto de la concejala tránsfuga será tan indispensable para el ahora gobierno del PP como lo era para el de PSdeG y BNG. No en vano, la suma de socialistas y nacionalistas, 12 ediles, es idéntica a la de la docena de concejales y concejalas oficialmente miembros del Grupo Popular, que al inicio del mandato tuvo que quedar en la oposición por sumar los grupos de la izquierda la mayoría absoluta ahora quebrada por el transfuguismo de Reigosa. El documento está editado en el formato oficial vigente en el Concello de Lugo, esto es, siguiendo el manual de imagen corporativa aprobado en 2008, cuya eliminación el PP limita por el momento a sus perfiles en las redes sociales, donde sustituyó el logotipo oficial por el escudo municipal.

El maquinista del tren Alvia que en 2013 descarriló en Angrois dejando 79 personas fallecidas y 144 heridas, único condenado por el siniestro tras la absolución en enero de un cargo de Adif, pidió hace unos días formalmente su indulto al Gobierno de España. Condenado a dos años y medio de cárcel por homicidios y lesiones por imprudencia grave profesional, un indulto parcial de solo medio año, como el que ya recibieron en 2009 otros dos maquinistas por otro accidente con 18 muertes en Navarra en 1997, le permitiría evitar la entrada en prisión al carecer de antecedentes penales previos.

La medida de gracia es una potestad discrecional del Consejo de Ministros, que viene reduciendo progresivamente las que concede, con 13 en la última década en Galicia, fundamentalmente a condenados por lesiones o robos tras ser las drogas o insumisiones al servicio militar las protagonistas en décadas anteriores.

Los indultos se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) indicando el tribunal que pronunció la condena que se perdona total o parcialmente, lo que permite conocer si esta tuvo origen en algún juzgado de las cuatro provincias gallegas. Una búsqueda directa en los indultos publicados, ratificada por un buscador que Civio mantiene desde hace unos años, permite comprobar que tanto en Galicia como en el resto del Estado las medidas de gracia cayeron notablemente en lo que va de siglo.

Los perdones de condenas por insumisión al servicio militar obligatorio que terminó en 2000 fueron seguidos en los primeros años de este siglo por numerosos indultos de casos menores de tráfico de drogas o de otros delitos vinculados con el consumo de las mismas, y en los últimos años por delitos de lesiones o robo. Pero en progresivo descenso. Si en lo que va de siglo se concedieron 335 indultos de penas emitidas por tribunales gallegos, el grueso, 253, se corresponden con la primera década, mientras que en los últimos diez años solo se concedieron 13 medidas de gracia.

El indulto de mayor relevancia de los concedidos en lo que va de siglo en Galicia fue en 2005 el de una mujer condenada a dos años y medio de cárcel por cada uno de los tres homicidios imprudentes de tres bebés de los que fue considerada culpable en el incendio de una escuela infantil en Vigo en 1997. Las penas le fueron conmutadas parcialmente por una única de dos años de cárcel.

En 2009 también fue indultado parcialmente un hombre condenado por tentativa de homicidio tras una discusión de tráfico. Sentenciado a dos años y medio, le fue igualmente rebajada la pena a dos años.

En la última década, con 13 indultos, seis fueron a personas condenadas por delitos de robo o hurto, uno de ellos con violencia e intimidación; cuatro por delitos de lesiones, uno de ellos con deformidad; dos por delitos contra los derechos de los trabajadores; y uno por deslealtad militar.

Las penas originales más altas eran en tres de esos casos de tres años de cárcel. En el caso de los dos indultos por delitos contra los derechos de los trabajadores, habían sido dos sindicalistas condenados a tres años de cárcel por participar en un piquete en una huelga en 2008 que vieron en 2019 conmutada la pena de prisión por otra de multa. También a tres años había sido condenado en 2017 el autor de un delito de lesiones con deformidad que en 2021 fue indultado parcialmente rebajándole la pena a dos años a condición de que pagase la indemnización establecida. Lo que no se encuentra en Galicia en las últimas décadas son indultos por delitos relacionados con la corrupción o la libertad sexual.

Fuera de Galicia, los indultos con más renombre de los últimos años fueron los concedidos en 2021 a los nueve líderes independentistas catalanes encarcelados desde 2017, a los que se les perdonaron las penas que aún tenían pendientes de cumplir, en varios casos con condenas a más de diez años de cárcel.

Pero el indulto con más similitudes con el que ahora se solicita para el maquinista de Angrois fue el que concedió en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a dos maquinistas condenados igualmente a dos años y medio de cárcel por 18 homicidios por imprudencia grave en un accidente ocurrido en 1997 en Navarra. Los dos maquinistas de aquel siniestro de Uharte Arakil habían sido sentenciados por entrar con exceso de velocidad en esa estación según ellos porque una señal errónea así lo permitía, cuestión que la justicia no consideró acreditada. El Gobierno les perdonó en 2009 medio año de cárcel a cada uno "a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años".

Ese matiz, el de que el delito por el que fue condenado el maquinista de Angrois no fue doloso o a propósito —se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva al recibir una llamada del interventor del tren—, es uno de los argumentos esgrimidos en su solicitud de indulto, junto con otros como el perdón reiterado que pidió a las víctimas, que está integrado y no es un peligro para la sociedad o que está enfermo y es el único cuidador de su madre de 93 años.

Ante la posibilidad de un indulto parcial al maquinista de Angrois, el presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, ya había declarado días después de la condena de la Audiencia de A Coruña que esa sería una valoración que debería hacer una asamblea de las víctimas y no él como presidente. A título personal Domínguez decía que para él "no tiene ningún sentido que el maquinista entre en la cárcel", pero destacaba que la Plataforma analizaría la cuestión en una próxima reunión.

Esa reunión ya se produjo y el resultado del debate desarrollado en ella fue que la Plataforma como tal sigue considerando más culpable del accidente al cargo de Adif ahora absuelto, y en esa línea sigue actuando ante la justicia, pero que no tiene una postura respecto al indulto del maquinista sino que esa es una cuestión personal de cada persona afectada o familia. Praza.gal pudo constatar, hablando con una decena de personas heridas o familiares de fallecidas, que cada persona consultada ofrece argumentos distintos que van desde el apoyo al indulto hasta el rechazo pasando por la indiferencia.

Los elevados precios de la vivienda —para su compra o alquiler— se han convertido en los últimos años en uno de los principales problemas para la ciudadanía. El encarecimiento de los inmuebles está dificultando el acceso a una vivienda digna para muchas personas e impide cambiar de casa a quienes desean hacerlo. El Instituto Nacional de Estadística publicó este lunes los datos de un módulo especial de la Encuesta de Condiciones de Vida centrado en las dificultades de acceso a la vivienda.

La encuesta revela que el 7,4% de la población gallega, unas 175.000 personas, buscó “activamente” vivienda durante el pasado año sin llegar a cambiar de residencia. El principal motivo (el 71%) fue su elevado precio, de modo que unas 125.000 personas que querían mudarse finalmente no lo hicieron por esta razón.

Los restantes motivos fueron determinantes en muchas menos ocasiones: alrededor del 4% de las personas que buscaban vivienda no se mudaron porque los inmuebles que encontraron no cumplían con los requisitos mínimos y un porcentaje similar no lo hizo por encontrar que ellas mismas no cumplían con las condiciones exigidas. Otro 21% alegó otras razones para no cambiar de casa.

En los datos publicados por el INE llama la atención que Galicia es la segunda comunidad en la que el precio elevado fue más determinante a la hora de impedir estos cambios de residencia, solo por detrás de Baleares (76%) y por delante de Madrid (70%) y por encima de la media española (67%).

Galicia no es uno de los territorios con la vivienda más cara, pero en esta estadística el indicador del precio gana peso al ser menos importantes otros motivos relacionados con las características de los inmuebles o con la falta de “condiciones necesarias” en las personas interesadas en ellos.

La mayor parte de los datos publicados por el INE no están segmentados por territorios, por lo que no es posible ofrecer información específica sobre Galicia. Sin embargo, los indicadores generales muestran que son las personas entre 30 y 44 años las que más buscan vivienda (el 14,9% intentó mudarse durante el pasado año), por delante de las más jóvenes de 16 a 29 años (9,6%) y de las que tienen entre 45 y 64 años (6%). Las y los mayores de 65 prácticamente no buscan vivienda (solo el 1% lo hizo el pasado año).

La dificultad en el acceso a la vivienda es más importante entre la juventud, que en muchos casos no tiene posibilidad de emanciparse y marcharse de la casa de sus padres y madres. La encuesta revela que en el conjunto del Estado el 67% de los jóvenes entre 18 y 34 años viven aún en el hogar familiar: el 93% entre los 18 y los 25 y el 44% entre los 26 y los 34. Más los varones que las mujeres.

Entre los 26 y los 34 años el principal motivo (35%) es el precio, pues las personas de estas edades no se pueden permitir alquilar o comprar una vivienda propia.

El Consello de Contas hizo públicos el jueves varios informes de fiscalización de la Xunta de Galicia, entre ellos uno específico sobre la atención primaria en el país, pero también los habituales informes anuales sobre las cuentas públicas, correspondientes en este caso al ejercicio 2024, en los que volvió a pedir más transparencia en la empresa con la que la Xunta pactó la llegada de Altri.

Ese 2024 una de las decisiones más significativas del Gobierno gallego fue el rescate de cuatro autovías con peaje en sombra planificadas por Feijóo en las que Contas había detectado que la Xunta estaba pagando más de lo que debía. Un rescate que supuso un desembolso inmediato para la Xunta de unos 300 millones de euros a cambio de ahorrar en futuros pagos comprometidos. Pese a esa reducción a instancias del Consello de Contas, el ente fiscalizador refleja que los compromisos de pagos futuros de la Xunta ascendían a finales de ese año a 19.916 millones de euros.

En esos compromisos futuros que tiene ya adquiridos la Xunta hasta 2073, gobierne quien gobierne, se incluyen los cerca de 12.000 millones de euros de deuda financiera de la administración general, a los que hay que añadir otros 4.500 millones de otro tipo de compromisos de la administración general y otros 3.500 millones de compromisos futuros de organismos autónomos (fundamentalmente el Sergas) y agencias públicas. Para contextualizar las cifras, el total de gasto no financiero en los presupuestos de la Xunta para este 2026 es de unos 14.000 millones de euros.

Los informes de Contas destacan cómo en la última década y media se fue reduciendo el número de entidades instrumentales de la Xunta, pero con un aumento del importe total de fondos públicos que gestionan, especialmente en las generalizadas agencias. Así, Contas señala que en 2024 las entidades instrumentales disponían "aproximadamente del 17% del presupuesto autonómico" y que "pese a la reducción considerable en el número de entidades desde 2011, el volumen de fondos del sector instrumental desde ese ejercicio y, en particular, las transferencias y subvenciones, crecieron por la generalización del modelo de agencia".

En 2024 esas entidades instrumentales gestionaron un total de 2.309 millones, cifra que aumentó por la transferencia de la Xunta a la Axencia de Infraestruturas de unos 300 millones para el rescate de las cuatro antedichas autovías de peaje en sombra: AG-11 Autovía do Barbanza, AG-41 Autovía do Salnés, AG-31 Autovía de Celanova y AG-56 Autovía Santiago-Brión. A cambio de esos 300 millones del rescate inmediato, la Xunta ahorrará unos 641 millones que se había comprometido a ir pagando en los próximos años por la construcción y mantenimiento de esas autovías. Por el contrario, ahora tendrá que ser la Xunta la que asuma el mantenimiento de esas infraestructuras con contratos ordinarios de conservación ordinaria.

Los informes de Contas divulgados el jueves también reiteran diversas deficiencias contables en toda la Xunta, especialmente en el Sergas, que sigue sin contar con un plan de contabilidad adecuado. En el ámbito sanitario, el ente fiscalizador insiste en criticar las reiteradas modificaciones y ampliaciones presupuestarias que se producen cada año por una incorrecta planificación de gastos que el Sergas ya debería dar por supuestos y estables. En general, toda la Xunta insiste en presentar como inversiones gastos que deberían ser corrientes. Igualmente, Contas vuelve a cuestionar la elevada temporalidad en el empleo público.

En el ámbito municipal, el ente fiscalizador señala que seis ayuntamientos no le rindieron cuentas del ejercicio 2024, entre ellos la ciudad de Ourense, además de Cambre, Culleredo, Narón, Verín y Rois. Contas también constata que en aquel ejercicio 81 entidades locales contaban con un presupuesto prorrogado de años anteriores, alguna desde hace muchos años, como Gondomar desde 2012 o Salvaterra de Miño desde 2017.

“Ya están en marcha las 4.000 viviendas públicas comprometidas en esta legislatura y este año se entregarán las primeras en Santiago de Compostela y Pontevedra”. La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, se expresaba de este modo hace pocos días en una comparecencia ante la prensa para detallar las modificaciones que va a aplicar su departamento en materia de vivienda protegida: subir los límites de renta a 4 veces el IPREM para poder acceder a una de ellas y reservar el 30% de las que salgan a la venta para familias de entre 36 y 45 años con menores a cargo.

Con “en marcha” la conselleira se refiere a que la Xunta tiene en diferentes puntos de tramitación —desde trámites de contratos para trabajos previos a las obras propiamente dichas— esa cifra redonda de 4.000 pisos (en realidad son algo más de 3.900, había indicado en fechas previas). Si llegase a cumplir el objetivo, incluso atendiendo solo a la vivienda de promoción pública, la actual sería la legislatura con más vivienda protegida desde hace una década y media, esto es, desde la legislatura en que el PP retornó al Gobierno con Alberto Núñez Feijóo y le correspondió rematar o entregar los últimos proyectos heredados del Ejecutivo de PSdeG y BNG, que a su vez habían tenido que hacer lo propio con algunos de los tiempos de Manuel Fraga.

Como muestra el gráfico sobre estas líneas, que compara el total de viviendas protegidas terminadas en Galicia en cada legislatura desde que hay datos comparables (la segunda de Fraga, la salida de las elecciones de 1993), 4.000 viviendas públicas están muy por encima de las cifras residuales del total de vivienda protegida atribuible íntegramente a la era Feijóo, esto es, desde su segundo mandato (2012-16) hasta su dimisión en 2022. Pero precisamente esa parálisis, inicialmente muy ligada a la gran recesión y después con más explicaciones políticas, implica un lastre que limita el impacto del giro del Gobierno gallego en la materia debido a una demanda que está disparada.

Esto sucederá incluso teniendo en cuenta la vivienda protegida que pueda llegar en un futuro más o menos próximo por la vía de la promoción privada. Atendiendo a los datos oficiales más recientes del Ministerio de Vivienda, también procesados por el IGE, entre 2024 y 2025 comenzó en Galicia la construcción de 654 viviendas protegidas. Entre ellas están 224 de promoción pública, promovidas directamente por la Xunta: 3 en 2024 y 221 en 2025. Las restantes 430 son viviendas protegidas de promoción privada.

Incluso sumando esas cifras de viviendas de protección pública y promoción privada a las totalmente públicas proyectadas por la Xunta para toda la legislatura, un virtual total de unas 5.000 viviendas protegidas nuevas en cuatro años supondría situarse en niveles más o menos próximos al primer mandato de Feijóo —el de la herencia del bipartito—. Pero muy lejos no solo de las más de 12.000 viviendas terminadas durante el mandato del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG, también de las más de 10.000 de cada legislatura de Fraga desde que hay datos comparables.

La intención del Gobierno gallego, matiza Vivienda, es seguir tapando este hueco por la vía del desarrollo de suelo residencial “para 25.000 viviendas, de las cuales 20.000 serán protegidas” —de promoción privada— en diferentes ayuntamientos de Galicia. Ese desarrollo lo está realizando a través de las figuras de los denominados proyectos de interés autonómico (PIA), que concretan una apuesta política similar a la del Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas. Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo, con Rueda como número dos, tras anunciar una reformulación que nunca llegó.

Esta semana, tras aprobar uno de estos PIA para desarrollar suelo que acoja hasta 3.609 viviendas en el barrio compostelano de Mallou, el 80% protegidas de promoción privada, la Xunta recordaba que tiene en tramitación estas figuras también en otros ayuntamientos. Son Pontevedra, Vigo, Ourense, Lugo, Arteixo, A Coruña y Vilagarcía y, en fases previas, trabaja en los de Marín, O Porriño y Ribadeo, indica Vivenda.

Mientras se desarrollan esos suelos residenciales para vivienda protegida de promoción privada en diferentes localidades, los nuevos pisos que parecen más tangibles a corto plazo, los alrededor de 4.000 que la Xunta dice tener ya “en marcha” para esta legislatura, cubren apenas el 13% de la demanda registrada. Esto es, de las más de 30.000 solicitudes anotadas en el Registro de Demandantes de la Consellería de Vivienda, requisito imprescindible para poder optar a alguna de estas viviendas.

Admite la propia Xunta que sus sucesivos anuncios, de cuyo cumplimiento en esta legislatura recelan tanto BNG como PSdeG, están estimulando las inscripciones en un registro que este 21 de abril —las estadísticas se actualizan continuamente y no existe una base histórica donde repasar su evolución— contaba con 31.256 solicitantes.

Incluso teniendo en cuenta los requisitos de caducidad de las solicitudes —las peticiones se desactivan a los tres años si no se renuevan en los tres meses previos—, el fuerte aumento en apenas dos años es buena muestra no solo de la fuerte demanda de vivienda protegida, sino de la crisis de vivienda en general. Y también de cómo los planes del Gobierno gallego en marcha tienen un impacto limitado, precisamente, por la parálisis anterior.

Así, las actuales más de 31.000 peticiones suponen, atendiendo a los datos que pudo recuperar Praza.gal, un 55% más que hace apenas un año. Con relación a los primeros meses de la actual legislatura, iniciada en febrero de 2024, se dispararon casi un 90%.

Se aceleran las operaciones en marcha en Lugo para que el PP local sume el voto tránsfuga de la exsocialista María Reigosa y desbanquen así al Gobierno local de PSdeG y BNG mediante una posible moción de censura. Más allá de una actividad casi frenética de rumores y contactos más o menos discretos, la aceleración de los últimos días llegó a golpe de entrevistas en los periódicos más leídos de la ciudad.

La última, la publicada este lunes por La Voz de Galicia, en la que la edil que llegó a serlo por la muerte de un compañero de candidatura admite las negociaciones y brinda su voto para hacer alcaldesa a la líder del PP local, Elena Candia. No obstante, escasas horas después, en declaraciones a El Progreso, matiza su postura para volver a admitir que “está hablando” con los de Candia, “pero no sé si me voy a atrever”. Previamente, en el mismo diario lucense, el número dos del PP en la provincia y jefe territorial de la Consellería de Presidencia, Javier Vázquez Nodal, alentaba la conversión de la no adscrita en tránsfuga para una moción de censura “más que justificada”.

Han pasado ya 31 años desde la última ocasión en que el PP obtuvo en las urnas mayoría para gobernar Lugo. Fue en las municipales de 1995 con Joaquín García Díez, que no repitió como candidato en 1999 por los enfrentamientos internos de un PP controlado entonces en la provincia por Francisco Cacharro Pardo. Veintisiete años después del primer gobierno de coalición PSdeG-BNG, entonces con Xosé López Orozco al frente, Reigosa valora entregarles el bastón de mando alegando razones más personales que políticas. Y lo hace en un contexto marcado por la fatalidad en el PSdeG local.

La ahora edil no adscrita fue la número 11 del PSdeG en las elecciones municipales de 2023, cuando la candidatura socialista obtuvo 8 ediles que, sumados a los 5 del BNG, compusieron un nuevo gobierno de la izquierda con mayoría absoluta (13 ediles de candidaturas que sumaron 23.451 votos) frente a los 12 ediles del ascendente PP (21.459 votos). A principios de 2024 Lara Méndez renunció a la alcaldía para concurrir a las elecciones gallegas y dio lugar al primer corrimiento de la lista. En 2025 el fallecimiento de la alcaldesa Paula Alvarellos y la posterior muerte del también concejal socialista Pablo Permuy propiciaron la entrada de Reigosa en una corporación a la que volvió el luto hace pocos días por el fallecimiento de otra concejala del PSdeG, Olga López Racamonde.

Quien ahora admite que valora la posibilidad del transfuguismo estuvo en el gobierno que dirige Miguel Fernández apenas dos meses tras los que renunció a las competencias de Zona Rural que le asignaran —por discrepancias en cuanto a organización y por no otorgarle dedicación exclusiva, alega—. Poco después se dio de baja en el PSdeG —lo hizo, asegura este lunes a La Voz, por la gestión de las acusaciones de acoso sexual contra José Tomé— y, a continuación, abandonó el Grupo Municipal Socialista para quedar como no adscrita.

Tras este último paso sostuvo durante semanas que su intención pasaba por defender los intereses de la vecindad con más libertad, pero sin apoyar una moción de censura que ahora adjetiva como “necesaria” porque la ciudad precisa “un cambio de ciclo”. Y, señala, existen diversos enfrentamientos entre los socialistas lucenses.

En el PSdeG, que este domingo hizo trascender una encuesta según la cual en un nuevo paso por las urnas el electorado reeditaría la mayoría de izquierdas, consideran que lo más probable es que la censura acabe saliendo adelante. “Mientras Lugo precisa soluciones, ellos solo buscan sillones”, criticaron este domingo en un mensaje a través de las redes sociales.

118.763,65 hectáreas quemadas en Galicia y al menos los dos mayores incendios forestales de la historia, los iniciados en Larouco y Oímbra. La Xunta acaba de hacer oficiales esos dos grandes datos del pasado año con la aprobación y publicación esta semana del Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales (Pladiga) para este 2026, que hace balance de lo ocurrido en 2025.

Un documento que constata que un tercio de la provincia de Ourense ardió a lo largo de la última década y que en ese mismo período resultó quemado entre el 32% y el 41% de la superficie protegida por distintas figuras de la Red Natura 2000 en toda Galicia.

El cálculo oficial de la Xunta de hectáreas quemadas (inferior a las 145.000 calculadas por satélite) sitúa el pasado año como el tercer peor de la serie histórica, apenas por debajo de las 119.633 hectáreas de 1978 y a distancia de las 198.998 hectáreas de 1989. En 2025 fueron unas 80.000 hectáreas de superficie rasa y unas 38.000 de superficie arbolada. Y el grueso de ellas, el 94%, unas 111.000, se concentraron en 18 grandes incendios forestales, que el plan define como aquellos que superan las 500 hectáreas.

Los grandes incendios del pasado año se cebaron especialmente con la provincia de Ourense y el sur de la de Lugo. Así, el documento refleja expresamente que "los incendios más grandes de la historia reciente se produjeron en 2025, el de Larouco que también afectó notablemente a la provincia de Lugo, y el de Oímbra".

El documento hace repaso también a lo sucedido en las últimas décadas y en el caso de la provincia de Ourense ofrece el dato de que entre 2016 y 2025 ardieron 196.308 hectáreas, lo que supone el 35% de las 727.000 hectáreas de superficie total de la provincia o el 27% de las 560.000 hectáreas de superficie forestal.

Tras los incendios del pasado año, Adega calculó que el fuego había afectado al 11% de la superficie protegida en toda Galicia bajo la Red Natura 2000. El Pladiga no hace el cálculo para el pasado año pero sí para toda la última década y señala que en ese período resultaron afectadas 120.000 hectáreas de zonas de especial conservación (ZEC), el 32% del total, y 41.000 hectáreas de zonas de especial protección para las aves (ZEPA), el 40,7% del total. Parte de la superficie afectada sería coincidente, porque existen zonas de la Red Natura protegidas por ambos tipos de figuras.

El Pladiga también fija objetivos para este 2026 y, como en años anteriores, se calculan a partir de las medias de la última década. Esto hace que las cifras disparadas del pasado año eleven esas medias, de modo que algunos de los objetivos para este año son no superar las 21.000 hectáreas totales quemadas o reducir los incendios de más de media hectárea por debajo de los 282.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajará la próxima semana a China. Un viaje que llega después de críticas directas del PP estatal y veladas de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez por la visita oficial que está realizando esta semana al mismo país. En Galicia también viene siendo habitual que cargos del PPdeG critiquen a PSOE o BNG por reuniones con cargos políticos chinos pese a que el propio Feijóo también las mantuvo tanto en el viaje que realizó como presidente de la Xunta a Pekín en 2017 como recibiéndolos en Galicia.

El viaje de Rueda de la próxima semana, a Pekín y Shanghái, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, tendría un contenido fundamentalmente económico para mejorar los intercambios comerciales gallegos. Y llega al tiempo que el PP retoma sus críticas a Sánchez por hacer lo mismo.

Este martes el propio Feijóo criticó de modo velado el “coqueteo con terceros países al margen de Europa” y dijo que Sánchez debe aclarar “si tiene previsto alterar las alianzas de España en el exterior”. Unas declaraciones que se producen pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tiene previsto realizar una visita oficial a China dentro de un mes.

Además, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, cuestionó que reunirse con China sea conciliable con la defensa “de la democracia y los derechos humanos”. El PP de Madrid, al tiempo, llamó a contrastar que “Sánchez se reúne con la dictadura china” mientras su líder, Díaz Ayuso, lo hace con la venezolana María Corina Machado.

Sin embargo, el propio Feijóo se reunió con cargos del Gobierno chino en su visita de 2017. También recibió a varios embajadores chinos en Santiago.

En el pasado Feijóo y el PP estatal también cargaron contra encuentros entre el Gobierno de Sánchez y otros estados como Cuba que el propio Feijóo visitó en dos ocasiones, incluso reuniéndose con Raúl Castro.

Desde el pasado 1 de abril, la Xunta permite de nuevo la pesca de la anguila en las rías de Arousa y Vigo pese al progresivo deterioro de esa especie en los ríos gallegos, al igual que ocurre con la lamprea o el salmón, que también deja capturar. Ese mismo día, el 1 de abril, el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, firmaba una respuesta oficial en la que advertía de que “no hay indicios de recuperación de la anguila” y que “es necesaria una mayor ambición para hacer frente a la mortalidad debida al medio ambiente y, al mismo tiempo, seguir adoptando medidas en materia de pesca”.

Sin embargo, el Gobierno gallego, pese a admitir su “declive”, viene rechazando elevar la protección de la especie. El año pasado se pescaron 37.000 kilos en Galicia.

Este año la anguila puede capturarse durante medio año, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, en las rías de Arousa y Vigo, y entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en la de Ferrol. Con todo, el comisario de Pesca, a preguntas del eurodiputado socialista César Luena, acaba de insistir, en una respuesta al Parlamento firmada ese mismo 1 de abril, en que la anguila está “en peligro crítico”. Así lo declaró la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La respuesta del comisario señala que “la conservación y la gestión de la anguila europea, una especie en peligro crítico, deben basarse en consideraciones en materia de pesca y medio ambiente para abordar la mortalidad provocada por el ser humano”. Según dice, sin identificar zonas geográficas, los planes de gestión de la especie “no se cumplieron en su mayoría” y “no hay indicios de recuperación de la anguila”. Por eso pide a los Estados que mejoren la protección de la anguila y revisen sus planes de gestión.

El comisario europeo de Pesca añade que “algunos Estados miembros adoptaron medidas más estrictas mediante la inclusión de la anguila europea en la lista de especies estrictamente protegidas o la prohibición de la pesca de la anguila durante todo el año”.

Eso es lo que quiere hacer el Gobierno de España, pero varias comunidades, entre ellas Galicia, lo rechazan. Hace dos meses la Xunta se jactó de “frenar” la intención del Estado de prohibir la pesca de la anguila al tiempo que subrayaba que el año pasado se pescaron 37.371 kilos. Según el Gobierno gallego, supusieron un volumen de negocio “próximo a los 800.000 euros” para 93 barcos, de los que no detalla si pescan también otras especies ni el porcentaje de negocio que supuso la anguila en relación con otras capturas.

La respuesta del comisario no solo pone el foco en la pesca, sino también en el deterioro ambiental como causa del declive de la especie. Un “declive” que admite la Consellería do Mar, pero para decir que “no está vinculado al tipo de captura, sino a causas estructurales ampliamente documentadas por la comunidad científica”. Causas que no cita, pero que podrían ser los embalses, la contaminación o el cambio climático.

Sin embargo, cuando se le pregunta por sus actuaciones para frenar el deterioro en los ríos gallegos de especies migratorias como la anguila, la lamprea o el salmón, la Consellería de Medio Ambiente, en respuesta a Praza.gal, se limita a hablar de cuotas de captura decrecientes en lugar de otras iniciativas de mejora ambiental. Esto es, al tiempo que el departamento con competencias en pesca dice que la pesca no es la única causa del declive de la anguila sino también otros problemas ambientales, el departamento con competencias en medio ambiente pone el foco solo en la pesca justificando que las cuotas de capturas son cada vez menores.

Mientras, cocineros y entidades ecologistas piden más protección en los ríos gallegos no solo para la anguila —para la que Adega insiste en pedir una veda total y su catalogación como especie en peligro crítico de extinción—, sino también para la lamprea y el salmón.

Ya venía siendo una tendencia habitual en los últimos años, pero ahora con un porcentaje mucho más elevado. Cuando el Gobierno de España no está en manos del PP, las propuestas de resolución populares en el debate de política general del Parlamento de Galicia, como el que se está celebrando esta semana, disparan el número de peticiones al Estado. En anteriores debates las reclamaciones al ejecutivo central solían situarse en alrededor de la mitad del total de las propuestas de resolución, pero en el debate de este año 27 de las 40 propuestas contienen peticiones expresas al Gobierno de Sánchez.

Por su parte, las peticiones de BNG y PSdeG se centran en reclamar actuaciones a la Xunta, sobre la que tiene las competencias de control e impulso el Parlamento gallego. Pero mientras las 40 propuestas del PP tienen garantizada su aprobación gracias a su mayoría absoluta, las formuladas por nacionalistas y socialistas deben ser negociadas con los populares para que estos acepten apoyar alguna en la votación final que se producirá este viernes.

En este documento puedes consultar las 160 propuestas, 40 por grupo, formuladas por PP, BNG, PSdeG y DO:

Las propuestas de resolución del PP piden actuaciones del Gobierno de Sánchez en cuestiones tan dispares y habituales en su discurso político como volver a rechazar el terrorismo de ETA, impulsar el Xacobeo o que el pazo de Meirás no solo recuerde la dictadura de Franco sino también a Pardo Bazán. Son resoluciones que reclaman al Estado mejores infraestructuras, le atribuyen responsabilidades en la situación de la sanidad gallega o le piden mayor implicación en el desarrollo industrial del país.

Las propuestas del PPdeG fueron presentadas por la número 2 del partido, Paula Prado, quien volvió a criticar a la oposición, como también hizo este miércoles en el debate su portavoz, Alberto Pazos, tirando de una supuesta "ouija bloqueira".

Por su parte, desde la oposición el BNG apuesta con sus propuestas de resolución por "quitarle el freno de mano" a la Xunta. Según la viceportavoz primera del BNG, Olalla Rodil, el presidente debe "una disculpa por criminalizar a las y los trabajadores tratándolos de vagos y defraudadores con las bajas". Los nacionalistas también ponen el foco en sus propuestas en reclamar más vivienda pública, el refuerzo de la atención primaria y la dependencia o una financiación autonómica justa.

Por el PSdeG fue su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, quien presentó sus propuestas de resolución destacando que "Galicia necesita un gobierno que actúe ya". Los socialistas ponen el foco en la vivienda, la sanidad o en una "implicación real de la Xunta en la candidatura de Vigo como sede del Mundial de fútbol".

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, centró sus propuestas de resolución en peticiones que reclaman un mejor reequilibrio territorial con el interior de Galicia.

A 6 de abril, Galicia ya había sufrido su primer Gran Incendio Forestal (GIF) del año, al superar el fuego iniciado en Ponteareas las 500 hectáreas, umbral a partir del cual se incluyen los focos en esta categoría. El año pasado, que fue el de los peores fuegos de la historia de Galicia, el primer GIF no llegó hasta inicios de agosto en Vilardevós. A partir de ahí, una veintena más de grandes incendios —varios de ellos uniéndose en un único frente—, cuatro por encima de las 24.000 hectáreas y un total de entre 120.000 y 144.000 arrasadas teniendo en cuenta los datos de la Xunta o los de las mediciones de los satélites Sentinel 2 del programa europeo Copernicus.

En lo que va de año, y solo en esta primavera, son más de 1.000 las hectáreas calcinadas en Galicia, más de 900 de ellas en unas pocas horas de este pasado lunes, en una jornada en la que coincidieron varias de las condiciones propicias para la expansión del fuego: altas temperaturas, viento fuerte y cálido y matorral denso y abundante favorecido por las elevadas precipitaciones del pasado invierno.

Los incendios en Ponteareas y en la zona de Carballo y A Laracha, en el primer día de temperaturas anormalmente altas del año en Galicia —rozando los 30 grados en muchas localidades y batiendo marcas para la época— suponen de nuevo un aviso del importante desafío que afronta Galicia con unos incendios cada vez más peligrosos, virulentos, incontrolables e imprevisibles por el impacto del cambio climático. Las lluvias ayudaron a apagar lo que antes habían contribuido a favorecer.

Porque en este caso, la crisis climática impacta de dos maneras: intensificando las lluvias torrenciales —tal y como confirmaron los primeros estudios científicos sobre este invierno— y, por lo tanto, facilitando el rápido crecimiento de combustible vegetal en primavera, y con un aumento de las temperaturas y de las épocas de sequía que provocan la situación más favorable para la extensión del fuego.

Este mismo martes, Meteogalicia hizo públicos los datos que indican que Galicia registró un mes de marzo muy cálido y muy seco, con una temperatura media nueve décimas por encima del valor habitual y un 65% menos de precipitaciones en comparación con lo habitual en este período. Fue el octavo mes de marzo más seco de la serie histórica. Lluvias intensas en invierno y calor y sequía justo en las semanas posteriores: la tormenta perfecta. Todo en un contexto en el que los últimos cuatro años fueron los más cálidos de siempre en Galicia.

Ya lo advertía un informe del Ministerio para la Transición Ecológica que sirve de base para las políticas de adaptación al calentamiento global. En él, alerta de que el “cambio de régimen de lluvias (mayor irregularidad) y el aumento de las temperaturas favorece las condiciones propicias para que los incendios forestales sean más virulentos y extensos”, pero también más difíciles de extinguir por “un mayor volumen de combustible expuesto a periodos de sequía cada vez más prolongados”. Y señala a Galicia por ser uno de los territorios más afectados y donde las temporadas de peligro por el fuego pasan a ser “más largas”.

El fuego, una vez más, confirmó las advertencias, esta vez muy pronto. En Ponteareas, como explican bomberos forestales de la zona, el incendio que calcinó más de 600 hectáreas y se extendió este pasado lunes a Mos y Pazos de Borbén “se desmandó” por las condiciones climáticas y puso en riesgo a varios brigadistas. En la misma zona donde las llamas ya habían arrasado cientos de hectáreas en agosto de 2005 y en octubre de 2017.

“Las abundantes lluvias del invierno hacen que ahora el matorral crezca mucho, pero los temporales provocaron también que haya mucho ramaje, ramas y árboles caídos que ahora se secan y son combustible para arder. Hay mucho ‘restroballo’ en muchos montes que en condiciones climáticas como las de este lunes suponen un peligro”, explica un brigadista del Baixo Miño, uno de los trabajadores del servicio contraincendios de la Xunta que empezó su trabajo durante nueve meses a principios del pasado marzo.

Pese a no ser la época de mayor riesgo, los meses de marzo y abril son históricamente un período con picos de mayor incidencia de fuego —tal y como se puede comprobar en los datos y en el gráfico que aporta el Pladiga 2025—, aunque atenuados en la última década y no comparables a los que se dan en verano. El millar de hectáreas ardidas en las últimas semanas pone a Galicia en alerta y vuelve a confirmar las advertencias, sobre todo de cara al próximo verano.

“Por desgracia, en Ourense buena parte del monte quedó arrasado y no queda mucho por arder; la franja atlántica es ahora la de mayor riesgo y el mayor o menor peligro dependerá de que las condiciones climáticas sean desfavorables y del tiempo que se mantengan”, explican bomberos forestales en conversación con Praza.gal, que advierten de servicios “a medio gas”, por las vacaciones o por procesos selectivos de estabilización pendientes estos días, y que echan en falta reuniones de evaluación que permitan “abordar y mejorar sobre los errores y los aciertos de la anterior campaña”.

En esta franja atlántica, pero especialmente en el sur de Galicia, el temor de los profesionales contra incendios es mayor por ser una zona más poblada, con una “pésima planificación urbanística y un gran desorden territorial” y plantaciones de pinos y eucaliptos “pegadas a muchas casas”. De nuevo, uno de los riesgos “clave” en Galicia sobre los que llevan años advirtiendo desde la ciencia.

El número de personas expuestas al fuego por su “proximidad a la interfaz urbano-forestal (IUF) y al tipo de urbanismo predominante” aumenta la peligrosidad, alerta el citado informe de Transición Ecológica. “En regiones como Galicia, donde existe una importante continuidad entre el bosque y los asentamientos urbanos, la IUF es extensa”, avisa. Una investigación de la Universidade de Santiago (USC) ya había alertado de que los incendios cada vez se inician más próximos a las viviendas.

Las consecuencias influyen también en la capacidad de extinción y control del fuego. “Cuando, lógicamente, la prioridad de los servicios de extinción es salvar vidas, hay que dejar incendios en el monte que acaban acelerándose y descontrolándose”, recuerdan brigadistas, que insisten en la dependencia de que las condiciones climatológicas que hicieron del verano de 2025 un infierno en Ourense no se repitan en otras zonas en riesgo en Galicia.

Porque todo cambió en 2017. Fueron los graves incendios de aquel año —los de junio en Portugal que provocaron la catástrofe de Pedrógão Grande y los de otoño que asolaron el país vecino y Galicia en un fin de semana— los que sirvieron de advertencia de lo que estaba por venir.

Los incendios más virulentos, incontrolables y peligrosos ya están asentados en Galicia, ayudados por el impacto de la crisis climática. Ante la llegada de esta tipología de fuego forestal, el informe técnico encargado por la Assembleia da República en Portugal sobre Pedrógão de 2017 concluyera que la política antiincendios debía ser modificada por el cambio climático. Y la propia Xunta reclamó lo mismo poco después en la comisión parlamentaria que analizó la oleada de fuego del mismo año en Galicia.

A la espera de que sea aprobado definitivamente, el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (Pladiga) de 2026 prevé el incremento del 30% en la red de videovigilancia, la implantación de una aplicación para alertar sobre incendios, la incorporación de 42 nuevas brigadas o el aumento del presupuesto del convenio para la gestión de la biomasa en las fajas secundarias, según anunció la Xunta.

En el Pladiga de 2025, un análisis completo apunta a diversos factores detrás del “complejo” problema de los incendios, desde políticas forestales perjudiciales hasta la estructura de la propiedad de la tierra en Galicia. Y, como antes otros documentos y estudios, ni siquiera menciona la tesis de las “tramas” o del supuesto “terrorismo” que se suelen resucitar en los argumentarios oficiales tras épocas más virulentas como la de este año.

Una aportación que completa el diagnóstico sobre un problema que afecta de lleno a Galicia, que ya está en el epicentro del área con mayor riesgo de incendio en Europa, como detalló un estudio de un equipo internacional liderado por el Grupo de Modelización Atmosférica Regional de la Universidad de Murcia, en el que participan otras entidades científicas como la Misión Biológica de Galicia-CSIC. Una problemática que, además, llega cada vez más pronto.

España acaba de comunicar a la Comisión Europea que retira una ayuda de cerca de 20,7 millones de euros que otorgó en 2017 a Stellantis, entonces aún Peugeot Citroën Automóviles España SA, para su fábrica de Vigo, tras no poder justificar su legalidad durante una investigación que ha durado cerca de siete años. La ayuda la otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy sin “ninguna obligación de nuevos puestos de trabajo” y la Comisión Europea dudó de que contribuyese al desarrollo de Galicia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez retira la ayuda y la UE cierra la investigación.

La ayuda de 20.660.434 euros fue otorgada en diciembre de 2017 al amparo de “incentivos regionales para la corrección de los desequilibrios económicos territoriales” y ya desde su concesión estaba condicionada a una posterior revisión por parte de la Unión Europea. En teoría la subvención debía ir dirigida a innovaciones en el proceso global de producción de automóviles, pero la Comisión Europea sospechó que en realidad iban destinadas a una mejora puntual de la técnica empleada en la fábrica viguesa de una gran empresa, lo que supondría afectar a la libre competencia dentro de la UE con una ayuda de Estado.

La Comisión Europea incoó un “procedimiento de investigación formal” el 1 de julio de 2019 y medio año después, en enero de 2020, desveló en qué se basaban sus objeciones, que fueron varias.

Por un lado, la Comisión Europea manifestó “sus dudas en cuanto a la contribución de los proyectos de inversión al desarrollo de la región en cuestión”, en referencia a Galicia. Puesto que eran unas ayudas estatales de finalidad regional, la UE analizó ese efecto regional y constató que la inversión prevista para Vigo se produciría en detrimento de otra fábrica de la misma empresa en la región eslovaca de Trnava.

“La ayuda pudo desviar la inversión a Trnava, donde, sin ninguna ayuda, a primera vista parece que la ejecución de la inversión habría sido más viable”, decía la Comisión, que añadía que “la inversión habría sido más rentable económicamente o más viable en esa otra localización, al menos igual de desfavorecida”.

Por otra parte, la Comisión Europea también puso el foco en la ausencia de creación de empleo con las inversiones que la empresa iba a realizar con la ayuda recibida. “No existe ninguna obligación de crear nuevos puestos de trabajo”, decía el ejecutivo comunitario, que incluso señalaba que “el número de empleos desciende después de la inversión” y dudaba de las “intenciones” de la empresa “sobre el número de empleos una vez transcurrido” el período de dos años tras la inversión en el que se comprometía “solamente” a mantener el empleo.

La investigación de la Comisión Europea se prolongó durante cerca de siete años sin que España fuera capaz de dar respuesta a todas las objeciones formuladas por la UE. Finalmente, el pasado 28 de enero el Estado “retiró su notificación” de la ayuda a la UE, es decir, la comunicación de la subvención para que fuera revisada por Bruselas antes de su otorgamiento efectivo. Y ahora, dado que España “no continuará con el proyecto de ayuda”, la Comisión decide “concluir el procedimiento de investigación formal”.

El pasado 6 de marzo María Azucena Recio tomó posesión como nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Menos de una semana después, el día 12, esta magistrada encuadrada convencionalmente en el sector conservador de la judicatura tomó una de sus primeras decisiones: trasladar a la fuerza a dos de los cuatro miembros de la Sección Tercera de la Sala, que trata sobre cuestiones como la legalidad de los parques eólicos o diversos contratos del Gobierno gallego: Luís Villares y Dolores López.

Estos traslados forzosos, que Praza.gal pudo confirmar a través de fuentes judiciales, están generando un notable revuelo en el seno del alto tribunal gallego por su celeridad y también por su justificación. Especialmente en el caso de Villares, que viene siendo cuestionado públicamente por el PP y por el Gobierno gallego en los últimos años a causa de decisiones de la Sala como paralizaciones cautelares de parques eólicos, que los populares atribuyen no a cuestiones legales, sino al pasado político del magistrado como portavoz de la desaparecida formación En Marea.

La resolución en la que Recio decide el traslado forzoso de Villares, a cuyo contenido pudo tener acceso este diario, lo justifica citando tres sentencias en las que el Tribunal Supremo anuló resoluciones previas del TSXG que obligaban a la empresa concesionaria del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a pagar el IBI al Ayuntamiento o que rechazaban las peticiones de la empresa para obtener diversas compensaciones por servicios prestados durante la apertura del centro. La causa de esas anulaciones fue que el Supremo observó riesgo de que Villares, uno de los tres magistrados que las adoptó, no fuese imparcial por las posiciones políticas de En Marea sobre el asunto cuando él la lideraba, con independencia de que fuesen “correctas”.

Según la nueva presidenta de la Sala, esos pronunciamientos del Supremo “motivan” el traslado forzoso de Villares fuera de la Sección Tercera y su recolocación en la Cuarta. Lo hace, justifica, para “salvaguardar la apariencia y la realidad de la imparcialidad con la que funciona esta Sala” y también para la “salvaguarda del magistrado cuya imparcialidad fue sometida a valoración judicial por el Supremo”. También apunta a “necesidades reorganizativas” y al “refuerzo” del “buen funcionamiento” de la Sala.

Entiende María Azucena Recio que el traslado forzoso va a implicar además para Villares un “crecimiento profesional” y “una oportunidad” al “abordar nuevas materias que también son competencia” de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. La resolución concluye con un agradecimiento al “apoyo y comprensión de todos/as”.

Las tres sentencias conocidas hasta el momento en las que el Supremo anuló resoluciones previas del TSXG porque Villares participó en ellas junto con otros jueces no dicen que aquellas fuesen incorrectas o parciales. El Supremo dijo que esas resoluciones no tenían “signos manifiestos que permitan levantar, por sí solos, sospechas sobre la ausencia de parcialidad”, pero aun así consideró que se había vulnerado el derecho de la empresa recurrente a un juez imparcial. En aquellos procesos la Xunta incluso defendió al magistrado diciendo que el supuesto “vicio de parcialidad” que le atribuían no se había producido porque “la sentencia es correcta en derecho en cuanto al fondo”.

Por otra parte, el Supremo ya ha avalado resoluciones del TSXG en las que participó Villares, en particular sobre el sector eólico. Y, al mismo tiempo, el PP incluso criticó a Villares por la anulación en firme por parte del Supremo de un parque eólico en cuyo proceso judicial no participó ese juez.

Ante los ataques del PP al TSXG por sus resoluciones sobre el sector eólico, participe o no Villares en ellas, el propio tribunal y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia se pronunciaron públicamente en defensa de la “independencia judicial”, subrayando que “su respeto por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones” y “sin perjuicio de que quien esté disconforme con las resoluciones judiciales utilice los medios que le garantiza la legislación procesal”.

Los traslados forzosos decididos por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, especialmente el de Villares, causan “preocupación” en la asociación Jueces y Juezas para la Democracia. El colectivo que agrupa el sector progresista de la judicatura, del que el magistrado ahora trasladado fue coordinador en Galicia, considera que la decisión “puede afectar a las garantías de inamovilidad e independencia judicial”.

Destaca la sección territorial gallega de XpD que este “desmantelamiento” de la Sección Tercera de la Sala, “no previsto en el programa de gobierno sometido a examen del Consejo General del Poder Judicial” con el que María Azucena Recio llegó al cargo, “supone de facto deshacer la composición de un órgano judicial que venía resolviendo asuntos de materias concretas”, ya que “afecta a la mitad de las personas que la componen”. Se trata, añaden, de un movimiento “inusual” tanto por su “envergadura” como por las “formas con las que se realiza”.

“El procedimiento habitual de cambio de magistrados entre secciones es el concurso interno voluntario cuando existen vacantes”, detallan, y “cuando la Presidencia propone una reorganización, lo normal es la consulta previa” con los afectados y aplicar los cambios “de modo individual” para no “perturbar” el trabajo. Pero en este caso los movimientos, entre los trasladados y los que llegan, “afectan a cuatro magistrados” de dos de las cuatro secciones de la Sala y “fue adoptado sin audiencia previa ni consultas informales” con los implicados.

En junio de 1996 el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Pontevedra publicó una nueva normativa urbanística del Ayuntamiento de Oia, una localidad sur de las Rías Baixas, que, entre otras cuestiones, pretendía facilitar un balneario de agua de mar en pleno cabo Silleiro, un emplazamiento de alto valor paisajístico. Pero alguien se olvidó de publicar la ordenanza concreta, la número 13, que regularía esa construcción, así que nunca entró en vigor. Eso no impidió al gobierno local del PP otorgar en 2000 la licencia al amparo de esa ordenanza fantasma de 1996. Y cuando la justicia estableció en 2009, a instancias de la Xunta de PSdeG y BNG, que había sido ilegal, el edificio ya llevaba seis años funcionando.

Treinta años después, aquella ordenanza fantasma es ahora una amenaza real de quiebra para el Ayuntamiento de Oia. Porque si el derribo se concreta, como vuelve a insistir la justicia, los propietarios podrían exigir una indemnización millonaria a las arcas municipales.

La sentencia que en 2009, a instancias de la Xunta de PSdeG y BNG, declaró ilegales las licencias del Ayuntamiento de Oia para construir el hotel y centro de talasoterapia de cabo Silleiro refleja así lo sucedido: “La Ordenanza nº 13, de equipamiento hotelero-balneario, de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Oia de 1996 no aparece en el texto que fue publicado en el BOP de Pontevedra de 18/6/96 y por lo tanto nunca entró en vigor”. Y concluía que “al no entrar en vigor dicha ordenanza ninguna licencia podía ser concedida a su amparo”.

Pero iba más allá e incluso decía que lo construido tampoco respetaría lo establecido en la ordenanza fantasma “en lo referente a altura y número de plantas de los edificios”.

Lo finalmente construido fueron varias plantas de altura, en teoría cinco sobre la rasante del terreno. Pero sobre un terreno en fuerte pendiente que hace que desde la carretera de acceso se puedan contar hasta ocho alturas distintas en el complejo. Todo ello a apenas cien metros del mar y a 500 metros del emblemático faro de cabo Silleiro, en un lugar de especial tranquilidad pero a tan solo 5 kilómetros de la muy turística Baiona.

Inaugurado en 2003, durante este tiempo el talaso de Oia, pese a su ilegalidad, recibió diversas ayudas públicas de la Xunta y del Estado e incluso albergó una conferencia internacional de ministros de Pesca en el marco de la World Fishing Exhibition celebrada en Vigo a los pocos meses de su apertura. Al tiempo, diversas administraciones le abrieron varios expedientes no solo por la ilegalidad de la construcción o por obras posteriores, sino también por vertidos al mismo mar del que obtiene el agua para el funcionamiento de sus piscinas de talasoterapia.

Con la sentencia firme de 2009 que estableció la ilegalidad de la licencia otorgada por el Ayuntamiento se instó el derribo del edificio, que también fue sentenciado por la justicia en 2012. Pero eso supondría que los propietarios del hotel podrían pedir una indemnización municipal, ya que ellos construyeron con una licencia en la mano que daban por válida. Con una población de apenas 3.000 habitantes y unos presupuestos municipales que apenas superan los 2 millones de euros, indemnizar el derribo de semejante complejo llevaría a las arcas municipales a la quiebra.

Para evitar la indemnización el Ayuntamiento lleva década y media intentando legalizar lo ilegal, de momento sin éxito. La justicia fue aplazando la ejecución del derribo ante la promesa de tramitación de un plan urbanístico específico para legalizar el hotel reduciendo su altura y reestructurando sus volúmenes para así adaptarlo supuestamente a lo que permite la legislación urbanística en ese entorno. Pero ese plan municipal sigue sin ser aprobado porque la Xunta no acaba de ver que la topografía del terreno vaya a quedar como estaba.

También consideró que el uso de talasoterapia está permitido en el tipo de suelo del litoral en el que se levanta el complejo, a apenas cien metros del mar, pero no así “los usos residenciales o terciarios asociados a estas instalaciones”. Esto es, el hotel.

A falta de un plan urbanístico que legalice el complejo, el juzgado de Pontevedra, que conoce del caso desde hace dos décadas, se cansó de esperar y acaba de emitir un nuevo auto en el que da al Ayuntamiento diez días para iniciar el proceso de derribo instando al propietario a que lo acometa. La amenaza surgida de la ordenanza fantasma de 1996 está más cerca de hacerse real.

La guerra de Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, ha provocado fuertes caídas en las bolsas e importantes incrementos en los precios del petróleo y del gas, incrementando casi de inmediato lo que los consumidores finales deben pagar por los combustibles de automoción, como la gasolina 95 o el gasóleo A, con subidas que esta semana ya superan el 17% en la gasolina y el 30% en el gasóleo.

Sin embargo, aún mayor es la subida que en los últimos 18 días experimentó el precio del gasóleo B, conocido popularmente como gasóleo agrícola, pues es el más empleado en la maquinaria del campo. Mientras que el 28 de febrero el litro se adquiría a un precio medio de 1,2 euros en Galicia, en la actualidad esa cifra ya se acerca a los 1,6 euros, un ascenso del 32%. El precio medio en Galicia se sitúa seis céntimos por litro por encima de la media española.

El precio del gasóleo B se sitúa ya cerca del máximo alcanzado en las semanas posteriores al inicio de la guerra de Ucrania (1,66 euros por litro) y el ritmo de encarecimiento es muy similar al que se produjo en ese momento.

Productores agrícolas y ganaderos, al igual que los sindicatos del sector, vienen alertando de estas subidas y exigiendo a las distintas administraciones medidas que ayuden a paliar este encarecimiento, que se suma a las subidas que en los últimos años vienen experimentando otros costes de producción, como los piensos, reduciendo así su margen de beneficios. Además, advierten de otro efecto derivado de la guerra en Irán que también puede tener graves consecuencias para el sector en los próximos meses: el encarecimiento de los fertilizantes. Cerca del 30% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados pasa cada año por el estrecho de Ormuz.

Uno de los sindicatos que viene denunciando esta situación es el Sindicato Labrego Galego, que alerta del componente “especulativo” que se añade a la subida de los precios del petróleo. Las personas agricultoras que llaman para encargar el gasóleo agrícola se encuentran “con enormes diferencias” y precios que cambian “de hora en hora o de lugar en lugar”, señalaba el sindicato hace unos días.

El SLG denuncia que “las subidas realizadas hasta este momento responden a una anticipación especulativa por parte de los distribuidores, realizando esas subidas sobre stocks comprados a bajo precio que ya tienen en los almacenes”.

En paralelo, denuncia el SLG, los productores gallegos ya están sufriendo un descenso en la nueva renovación de contratos en el precio al que les compran la leche. “En vísperas de renovaciones de contratos de la leche, pedimos que en los nuevos contratos que se renueven se tenga en cuenta esta crisis del gasóleo y lo que supone y va a suponer la subida de los costes en las granjas gallegas”, dice el sindicato.

Sobre la subida de los fertilizantes, el SLG denuncia igualmente que una parte del encarecimiento no tiene justificación. “Las importaciones de fertilizantes nitrogenados proceden esencialmente de Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia y ninguno de esos orígenes depende del estrecho de Ormuz”, explica el sindicato. “Estamos hablando de una amenaza para las personas agricultoras y ganaderas”, dice el SLG, que, al final, advierte, estas subidas también van a repercutir en el coste final de la alimentación para las personas consumidoras.

El SLG reclama la actuación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, del Gobierno del Estado y de los gobiernos autonómicos, entre ellos la Xunta, “en un momento de crisis excepcional como esta”. “Hay fondos financieros y capital especulativo comprando contratos de futuros para obtener ganancias millonarias”, denuncia el sindicato, que recuerda que “los carburantes y fertilizantes que se están distribuyendo en este momento llegaron al Estado español con contratos previos a la guerra de Irán”.

Este martes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, demandó al Gobierno de la Xunta ayudas directas al sector agroganadero para afrontar el aumento de los costes de combustibles, fertilizantes y alimentación animal. Lo hizo desde Mazaricos, en una visita a una de las granjas afectadas por la crisis inflacionista consecuencia de la guerra de Irán iniciada por Estados Unidos e Israel.

Pontón reclamó a Alfonso Rueda que deje de “arrastrar los pies” y comience a tomar medidas para hacer frente a la escalada de precios que sufre un “sector estratégico” para la economía de muchas comarcas. Galicia cuenta con un “enorme potencial” para producir alimentos y, sin embargo, tiene “un gobierno que no está a la altura y no está apoyando como debería al sector”, denunció la líder del BNG.

Desde la Granxa Pazos de Mazaricos, Pontón abogó también por la “estricta aplicación de la ley de cadena alimentaria” para garantizar un precio justo para que los productores “no tengan que producir a pérdidas” y apostó igualmente por que no entre en vigor “un acuerdo con Mercosur que va a afectar a una parte del sector gallego”.

También la portavoz de Industrias Alimentarias del BNG en el Parlamento, Ariadna Fernández, acusa a la Xunta de tener el sector ganadero “abandonado frente a la bajada que se prevé en el precio de la leche y el aumento de costes por la guerra”. Un escenario que, advierte, anticipa una bajada “drástica” en el margen de beneficios que hará que cierren aún más explotaciones ganaderas. “Pese al escenario que se avecina, la Consellería do Medio Rural sigue en posición de espectadora y no actúa con responsabilidad para defender al sector”, critica.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mostrado su disposición a seguir yendo "de la mano" con el Gobierno central para recurrir contra la indemnización a los herederos del dictador Francisco Franco por los gastos que les ocasionó el Pazo de Meirás.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha considerado que sería "positivo" este recurso desde el punto de vista político y solo queda que los expertos jurídicos de cada uno de los dos Gobiernos, el central y el autonómico, estudien los argumentos jurídicos.

Tras confirmar la semana pasada el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del pazo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzó que el Ejecutivo central "dará la batalla" contra la indemnización que el mismo tribunal reconoce para los herederos del dictador por los gastos realizados en el inmueble.

Una vez obtenida esta sentencia de devolución, por la que hay que "felicitarse", ha dicho Rueda, ahora "si podemos conseguir que no se pague indemnización, nosotros estamos dispuestos a colaborar si es jurídicamente viable", ha constatado.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la sentencia de la Audiencia provincial, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

Rueda ha destacado que para conseguir la titularidad pública del Pazo de Meirás, la Xunta y el Gobierno central fueron "de la mano" lo que demuestra que cuando hay voluntad de colaboración "se salda con éxito", así que este "es el camino" a seguir.

Ha recordado que la Abogacía del Estado utilizó documentación aportada por la Xunta y "salió bien" y ahora si el Gobierno se está planteando recurrir la indemnización y considera que "hay argumentos" el Ejecutivo autonómico tiene la intención de "seguir de la mano también".

Sobre el informe aportado por la Xunta y si fue un elemento clave para decidir la indemnización, en contra del voto particular del Ayuntamiento de Sada (A Coruña) —donde se sitúa el pazo— Rueda se ha limitado a argumentar que el Gobierno autonómico hizo la colaboración que se le solicitó y el documento "fue aprobado por el Parlamento gallego" y sus argumentaciones sirvieron para la "sentencia favorable" a la devolución.

Por eso, ha apuntado que "otras consideraciones" que fuera tenidas en cuenta por el tribunal quedan a la interpretación del mismo y a otras valoraciones jurídicas. 

Organizaciones memorialistas, formaciones políticas y administraciones celebraron este jueves la sentencia del Supremo que confirma la propiedad pública del Pazo de Meirás y pone fin a una lucha de años por la recuperación del inmueble.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña destacó la “victoria del memorialismo gallego y de la memoria histórica antifranquista”, así como de la “movilización social y ciudadana”.

“El dictamen del Supremo confirma la propiedad pública del Pazo y también las prácticas fraudulentas, ilícitas y coercitivas y de expulsión sobre la vecindad de Meirás que perpetraron el dictador Franco y los aparatos del Estado”, dice la entidad, que reprocha, no obstante, que los herederos del general fascista tengan que ser indemnizados por un “error procesal de la Abogacía del Estado” en la demanda, tal y como “ya se había advertido”. “Hay que acatarlo, guste o no”, dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

La CRMH insta a las administraciones a que en el trámite de ejecución de sentencia referido a la cuantificación de la liquidación posesoria “se opongan y combatan las pretensiones de los Franco”.

Para la entidad, con el dictamen del Supremo el Estado “ya no va a tener excusa ni motivo que impida proceder a la ejecución de las obras necesarias para poner la integridad del Pazo al uso y servicio público, incluyendo todas las dependencias”. “Es preciso con urgencia resignificar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria”, dice la CRMH, que reclama también la “cesión” de las Torres a la Xunta de Galicia, aunque la futura gestión recaiga en el Gobierno gallego, junto con el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de Sada.

Por otra parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que con la sentencia del Supremo la ciudadanía gallega “ganó una batalla muy importante” y confirmó que el Pazo “no era propiedad de la familia Franco, sino que es propiedad de los gallegos y de las gallegas”.

Pontón defendió la transferencia del Pazo a Galicia para su apertura al conjunto de la ciudadanía y para su “conversión en un espacio de memoria con el objetivo de no olvidar lo que pasó en este país”. “Creo que es la primera batalla de este calibre que se le gana a la familia Franco en el conjunto del Estado español y como gallega me siento tremendamente orgullosa”, dijo, tras aclarar que ni comparte ni entiende que la familia del dictador tenga que ser indemnizada.

Desde el PSdeG, su secretario general, José Ramón Besteiro, recuerda que “tuvo que llegar un gobierno socialista para que la recuperación del Pazo fuese posible”. El líder socialista asegura que la sentencia del Supremo “es para celebrar por parte de todas las personas e instituciones que lucharon durante años para que se hiciera justicia y, sobre todo, por parte de las víctimas de la represión”.

También el Ayuntamiento de Sada celebró que el Pazo de Meirás “es del pueblo” y pide que se proceda al “cambio de titularidad registral —que a día de hoy todavía figura a nombre de la familia Franco— para que el Estado pueda ejecutar las actuaciones necesarias que permitan la apertura completa del inmueble y su plena puesta al servicio de la ciudadanía”.

Además, la Diputación de A Coruña, a través de su presidente, Valentín González Formoso, valoró que el inmueble regrese “a las manos de las que no debería haber salido, las del pueblo gallego”, y mostró su satisfacción porque el Tribunal Supremo coincida con los informes jurídicos e históricos de la institución provincial, “que avalaron desde el primer minuto que el edificio era patrimonio público y no privado”.

También el Gobierno central celebró una “magnífica noticia”. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aplaudió la sentencia del Supremo por “instar” a los herederos del dictador a “devolver el Pazo a lo público”.

El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña y ordenar a la familia Franco la devolución al Estado del Pazo de Meirás.

La Sala Primera del Supremo ha desestimado todos los recursos interpuestos contra esa sentencia, tanto el de la familia del dictador, que aspiraba a que se le reconociera la propiedad de la finca, como el de las administraciones públicas, que pretendían no tener que indemnizar a los herederos por los gastos realizados en el inmueble.

El Pazo de Meirás (Sada, A Coruña), un edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX, fue residencia de verano de Franco durante toda la dictadura, tras un proceso que simuló regalárselo y a la vez vendérselo durante la guerra civil.

A partir de la muerte del dictador, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público, en una acción judicial que fue respaldada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

La sentencia, fechada el 11 de marzo y adoptada por unanimidad, hace hincapié en que, durante la dictadura, resultaba complicado distinguir entre los bienes personales de Franco y del Estado, al tratarse de una "autocracia personalista".

Realiza un relato extenso de lo ocurrido desde el inicio de la guerra civil y la adquisición del inmueble a la viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, Manuela Esteban Collantes, por parte de una junta de notables de la zona, para después regalárselo a Franco y posteriormente simular la venta directa desde la propietaria al dictador -este acto es nulo, pues realmente ya lo había vendido-, así como la falta de entrega del dinero fijado en la escritura.

El Supremo da la razón a los fallos previos al anular todo aquel proceso de regalo y venta, así como a descartar la posible propiedad de los Franco por usucapión o prescripción adquisitiva, pues considera que el pazo nunca dejó de ser un bien de dominio público y, sobre los plazos, defiende que como mínimo hasta la década de 1990 no poseyeron la finca como dueños, por lo que no transcurrió el plazo legal de treinta años.

De forma paralela, en otro proceso judicial el Estado logró la propiedad de 559 elementos que siguen en el edificio, pues la demanda sobre la propiedad del inmueble no incluía su contenido.

Las administraciones públicas recurrieron el hecho de que la Audiencia Provincial de A Coruña determinó en 2021 que los Franco debían ser indemnizados por los gastos que tuvieron en la propiedad, al considerarlos poseedores de "buena fe". Sin embargo, el Tribunal Supremo recuerda que en la demanda original no se discutía esta cuestión y no es posible añadirla en un momento procesal posterior.

"La demanda no contenía pretensión alguna sobre la liquidación del estado posesorio", resume el fallo, sobre el escrito presentado en su momento para abordar el proceso. Entiende que las administraciones "alteraron sustancialmente la demanda" al añadir ahora que los herederos de Franco deben ser considerados poseedores de "mala fe".

Menciona también el hecho de que las primeras propietarias del Pazo de Meirás, tras la muerte de Franco, fueron su viuda, Carmen Polo, y luego la hija de ambos, Carmen Franco, ambas ya fallecidas. "La buena o mala fe debe ser la de ellos, y no la de la viuda e hija de Franco, cuya posesión no fue discutida, ni por tanto, hubo de ser liquidada", continúa.

El Tribunal Supremo concluye, por tanto, que debe abordarse esta liquidación del estado posesorio y los Martínez-Bordiú Franco deben ser indemnizados.

El PPdeG ha rechazado la creación de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) que reclamaba la oposición, a la que ha instado a llevar al juzgado sus "mentiras" y "difamaciones" sobre la tramitación de este expediente, cuyo archivo ya anunció la Xunta, según recoge EFE.

Los votos del PPdeG han hecho que no saliera adelante este martes, en el pleno del Parlamento, la iniciativa presentada por el BNG, y apoyada por el PSdeG, para "conocer toda la verdad" sobre las "irregularidades" que creen que hay tras este proyecto de macrocelulosa y han pedido que se "desclasifiquen los papeles" del acuerdo firmado por la Xunta con la multinacional portuguesa.

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos, ha instado a la oposición a continuar en el juzgado con esta petición planteada por el BNG ante el Tribunal Superior de Galicia (TSXG), que la ha admitido a trámite, porque si la justicia dice que se puede hacer pública esta documentación que es confidencial, según la Xunta, quedaría acreditado "todo lo que lleva mentido" la oposición.

Pazos ha reprochado que acusan a la Xunta de "graves ilegalidades" y solicitan una comisión de investigación para "prolongar su campaña de difamaciones" en el Parlamento, pero no son capaces de "trasladarlas" al juzgado lo que evidencia su "enorme cobardía".

Para la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, está claro que el proyecto de Altri es un ejemplo de que la Xunta es "capaz de cometer todo tipo de irregularidades para favorecer intereses privados" y "tiene miedo de que se conozca la verdad" sobre esta "traición" que el pueblo gallego "no olvidará", ha advertido al PP.

Por su parte, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha llegado a hablar de "posible tráfico de influencias" en la tramitación del proyecto de Altri y ha asegurado que si la Xunta sigue negando información, también su partido valora "acudir a los tribunales" para conocer toda la documentación al respecto.

Aparte de pedir conocer el memorandum de entendimiento entre la sociedad público-privada Impulsa -con un 40% de participación de la Xunta- y Altri firmado en octubre de 2021, la oposición ha reiterado sus sospechas sobre la "rebaja de protección" de una zona en la Serra do Careón cercana a donde se iba a instalar el proyecto, sobre lo que ya hay una sentencia del TSXG tras una denuncia presentada por Adega.