La Consellería de Política Social e Igualdad acaba de comunicar al Parlamento que 50.000 euros que inicialmente preveía destinar este año a “reformas en los centros de servicios sociales para mejorar el bienestar” fueron empleados en mayo para pagar “el incremento de gasto derivado de los viajes institucionales inicialmente no programados”.

El departamento que dirige Fabiola García, que a finales de abril y comienzos de mayo realizó un viaje institucional de cinco días por Argentina y Uruguay, rechaza concretar cuáles fueron los viajes no previstos pagados con ese dinero.

La Xunta da cuenta cada mes al Parlamento de las modificaciones que se ve obligada a realizar en sus presupuestos por diversos motivos. En el documento de mayo, Política Social consigna que 100.000 euros que inicialmente estaban previstos para “reformas en los centros de servicios sociales para mejorar el bienestar” fueron recolocados en otras dos partidas presupuestarias distintas: 50.000 fueron para pagar “viajes institucionales inicialmente no programados” y otros 50.000 fueron “para el pago de intereses de demora consecuencia del incremento de sentencias condenatorias en materia de carrera profesional”.

Ante estas modificaciones, Praza.gal preguntó a Política Social cuáles fueron los viajes, en plural, y cuál es su justificación si inicialmente no estaban programados. Su respuesta no aclara ninguna de las dos cuestiones y se limita a decir que “el crédito para viajes corresponde a los gastos de pernoctación, dietas y desplazamientos de toda la Consellería”, pese a que el documento oficial dice expresamente “viajes institucionales”, que son los que corresponden a altos cargos y no a los otros desplazamientos de funcionariado.

Política Social rebaja la relevancia de lo ahora comunicado oficialmente al Parlamento señalando que “los presupuestos son una estimación de gasto, por lo que son habituales las modificaciones durante el año”.

Este diario también preguntó qué reformas en centros de servicios sociales eran las previstas, qué se va a hacer ahora con ellas y a qué se debe el “incremento de sentencias condenatorias” reflejado en el documento oficial y a las que van destinados los otros 50.000 euros. La consellería rechazó igualmente responder de manera concreta a esas preguntas y solo dice que “las obras previstas se están realizando con total normalidad, porque el presupuesto de obras también es una estimación”.

Coincidiendo en el tiempo con esta modificación presupuestaria, entre finales de abril y comienzos de mayo la conselleira de Política Social, Fabiola García, realizó un “viaje institucional de cinco días por América Latina”, según divulgó la propia Xunta, en el que visitó Uruguay y Argentina y se reunió con diversos colectivos de emigrantes. Allí anunció que la Xunta extenderá el denominado Carné +65 con descuentos para personas mayores “a los gallegos del exterior para que puedan disfrutar de sus ventajas cuando viajen a Galicia”.

La Xunta ha abierto expediente al bar de Arteixo (A Coruña) conocido por su apología franquista y el uso de simbología fascista tanto en su fachada principal como en su interior. El establecimiento se enfrenta ahora a hasta 9.000 euros de multa tras la denuncia realizada por la plataforma vecinal Arteixo Futuro, que reclama la intervención del Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Fue Turismo de Galicia quien realizó una inspección a este establecimiento hostelero de Chamín, en la carretera que une Arteixo con Caión, después de que fuese denunciado por una supuesta vulneración de la prohibición del derecho de acceso. Fue la fórmula utilizada para la denuncia de un bar que luce en su entrada la consigna “Rojos abstenerse” o lemas franquistas como “Una, grande y libre”.

Turismo de Galicia, a preguntas de Praza.gal, aclara que acordó iniciar “diligencias previas que se tradujeron en la realización de una visita inspectora”. El resultado de la visita fue el levantamiento de un acta de infracción que dará lugar a la “apertura del correspondiente expediente sancionador por la supuesta comisión de una infracción turística grave, que, en su caso, podrá ser objeto de sanción con multa por importe de 901 a 9.000 euros”. Una sanción máxima que ya le había sido impuesta por motivos semejantes a un establecimiento en Mera.

Antes de la apertura del expediente, Turismo de Galicia había recordado que no era “competente” en lo que tiene que ver con las posibles manifestaciones contra la dignidad de las víctimas del franquismo y que debía ser “el Gobierno central quien dictamine si es contrario a normativas como la Ley de Memoria Democrática”. Turismo de Galicia se limitará a actuar si considera que los mensajes y procederes del bar suponen vulnerar el derecho de acceso: si niega, restringe o condiciona de forma injusta o discriminatoria la entrada. Por eso, desde la plataforma Arteixo Futuro hacen ahora un llamamiento a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a su titular, Fernando Martínez. En una carta abierta piden una intervención contra el establecimiento por “ensalzar el franquismo y el periodo dictatorial” y mostrar un “evidente negacionismo de sus crímenes”.

En una carta abierta al secretario de Estado, la entidad advierte de la “necesaria intervención para determinar” si el establecimiento “cumple con el marco jurídico actual y con el respeto por las víctimas y familiares” de las personas represaliadas por la dictadura.

La polémica rodea este establecimiento desde hace muchos años por su reiterada apología fascista, que también incluyó una antigua placa de una calle dedicada a José Antonio Primo de Rivera. Una reivindicación sin complejos del fascismo que provoca aún más indignación durante el verano, cuando aumenta la afluencia a la zona, ya que el local está situado en una concurrida carretera que conecta varias playas y zonas de baño, como Barrañán y Caión.

En el perfil de su cuenta de X, inactiva desde hace años, su dueño utiliza una foto en la que aparece haciendo el símbolo fascista en la puerta de su bar, ante el lema “Una, grande y libre”, del que presume en su único mensaje, empleado para contestar a las críticas sobre su decoración. En sus últimas declaraciones, después de conocerse la denuncia, insistió en su intención de mantener las banderas y lemas franquistas en el establecimiento.

La apología franquista de este establecimiento, desde que la iniciara durante la pandemia del covid, ha sido denunciada públicamente en numerosas ocasiones por vecinos y visitantes de la zona. Sin embargo, el propietario del establecimiento se ha negado siempre a retirar la simbología y ha asegurado que exhibe banderas fascistas porque esas son sus ideas.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) acaba de hacer pública una resolución que sanciona a la Consellería de Medio Ambiente como responsable, por su baja seguridad informática, de la filtración de datos personales de unas 40.000 personas propietarias de animales de compañía. Además de datos como nombres, direcciones o teléfonos, la brecha de seguridad también facilitó el acceso a documentos escaneados como el DNI. Según Protección de Datos, la propia Xunta admitió que el acceso a esa documentación “podría dar lugar a que las personas físicas afectadas pudieran ser víctimas de usurpación de identidad”.

En octubre de 2023 la Xunta informó a través del Diario Oficial de Galicia (DOG) de que un “incidente de seguridad informática” había afectado “a los datos personales de las personas titulares de animales de compañía inscritos en el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía de Galicia (Rexiac)”, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Tras aquellos hechos, Protección de Datos abrió una investigación que ahora concluye con una resolución que establece la responsabilidad de la consellería.

Según la resolución, la brecha informática se inició el 8 de septiembre de 2023 y la consellería tuvo conocimiento de la misma a través de una alerta del Centro Criptológico Nacional los días 13 y 14. Pero la brecha no se dio por cerrada hasta el 22 de septiembre y la Xunta no informó a la ciudadanía a través del DOG hasta el 3 de octubre con la publicación de un anuncio que tenía fecha del 29 de septiembre.

El origen de la brecha fue “la usurpación de credenciales de acceso de 7 usuarios legítimos”, esto es, de las contraseñas de personas habilitadas para consultar el registro. Un registro que a su vez contaba con sistemas de consulta distintos para que los propietarios pudiesen conocer los datos de sus mascotas y para el acceso de otros usuarios no propietarios, como veterinarios, concellos o policía. Pero la consellería “carecía de un sistema de gestión y eliminación de perfiles inactivos” y tampoco contaba con doble factor de autenticación de los perfiles.

La Xunta alegó la “complejidad organizativa y heterogeneidad de usuarios”, pero Protección de Datos le respondió que eso “no elimina el deber jurídico de garantizar un nivel de seguridad adecuado”, sino que “al contrario, la existencia de distintos perfiles y entidades con acceso al nivel de usuario de la plataforma comprometida debían ser valoradas desde un inicio para asegurar la adopción de medidas técnicas y organizativas de todo tipo necesarias para asegurar un adecuado nivel de protección”.

Una vez producida la brecha, Protección de Datos también dice que “la ausencia de una monitorización avanzada dificultó la detección temprana de la brecha de datos personales, lo que revela una insuficiencia de las medidas técnicas y organizativas adecuadas y, por ende, el incumplimiento” del reglamento de protección de datos.

Protección de Datos recoge que la propia Xunta, como responsable de los datos, admitió que “se contabilizaron más de 40.000 consultas de información, por lo que se estima un número aproximado de 40.000 personas que podrían ver afectados sus datos personales”. Respecto de la documentación escaneada que también estaba disponible en el sistema, la consellería señaló que “dicha extracción podría dar lugar a que las personas físicas afectadas pudieran ser víctimas de usurpación de identidad, o de campañas de phishing/spamming o sufrieran la pérdida de control sobre sus datos personales”.

La resolución señala que el Centro Criptológico Nacional “no tiene constancia del uso, publicación o venta en internet de los datos robados”, pero no indica con qué fecha hizo esa valoración ni descarta que los datos robados puedan ser empleados en el futuro.

Ante las alegaciones de la Xunta de que no constan daños, Protección de Datos concluye que “no puede sostenerse en este punto la ausencia de culpa de la consellería que sufrió una brecha de datos personales como consecuencia de una usurpación de credenciales que carecía de medidas de todo tipo, como el doble factor de autenticación o una política de modificación periódica de contraseñas, entre otros”. Por eso, Protección de Datos concluye imponiendo una sanción a Medio Ambiente que en la práctica no es más que un apercibimiento, la declaración de que la consellería “infringió lo dispuesto” en el reglamento de protección de datos, ya que las administraciones públicas no tienen que pagar multa económica. Esta, en el caso de dirigirse a una empresa, podría ser de hasta 20 millones de euros o el 4% del volumen de negocio anual.

La decisión de la Xunta de excluir los campamentos municipales del programa Bono Concilia Familia, ayudas a las familias para sufragar recursos para la conciliación y la atención de sus pequeños, provocó el rechazo de padres y madres y también de la oposición parlamentaria. BNG y PSdeG coinciden en calificar como “privatizadora” y “clasista” esta medida del Gobierno gallego, al que señalan por “perjudicar” a miles de familias, especialmente a las trabajadoras y con menos recursos.

Desde el BNG, su portavoz de Infancia y Familia en el Parlamento, Ariadna Fernández, asegura que el “afán privatizador y excluyente” de la Xunta “no es un secreto para nadie porque hay muchos ejemplos”, pero advierte de que el caso del Bono Concilia Familia “es más indignante” por afectar a “cientos y cientos de familias que van a quedar fuera de las ayudas o quedaron fuera porque no tuvieron la información necesaria”.

Así, la diputada nacionalista acusa al Gobierno gallego de “falta de transparencia y falta de responsabilidad con la conciliación de las familias”. “Que tantas queden fuera de esta ayuda y sean perjudicadas al optar por campamentos municipales dice mucho de la actitud y del plan que tiene Alfonso Rueda para nuestro país”, insiste quien califica la decisión como una nueva muestra del “menosprecio a los servicios públicos frente a lo privado”. “Ya no sorprende pero, en casos como este, aún se agrava”, añade.

Desde el PSdeG, su portavoz de Educación en el Parlamento, Aitor Bouza, manifestó que la decisión de la Consellería de Política Social demuestra “una vez más” que el modelo del PP apuesta “por subvencionar el ámbito privado en detrimento del público” a través de una política “clasista” que va “contra la clase trabajadora”.

Además, advirtió de que la decisión —anunciada por sorpresa y pese a que los campamentos municipales habían sido siempre incluidos en las ayudas— supone un “ataque frontal” a las familias que quedan sin ayudas. Ante ello, Bouza adelantó que la portavoz socialista de Política Social, Silvia Longueira, presentará próximamente iniciativas parlamentarias contra el “modelo privatizador” del Gobierno de Rueda. “Rueda apuesta por la 'Galicia Caridad' para que los gallegos y las gallegas tengan que pedir limosna en vez de tener derechos”, criticó en referencia al modo en el que el PP está gestionando ayudas de carácter social, a base de bonos.

También Sumar Galicia pidió a la Xunta que “rectifique” e “incluya los campamentos y las ludotecas públicas en el Bono Concilia”. “Si la Xunta continúa incentivando únicamente la oferta privada, muchas familias se verán obligadas a abandonar los servicios municipales”, advirtió su secretario general, Paulo Carlos López.

Fue el pasado miércoles cuando la Consellería de Política Social anunció que había decidido excluir los campamentos municipales de estas ayudas, detallando una de las novedades que tendrán las bases del programa, aún no publicadas, y cuyo plazo para solicitar el bono no se abrirá hasta los primeros días de septiembre.

Coincidió, además, en la semana en la que muchos de los campamentos municipales envían a las familias los justificantes de pago y asistencia de sus hijos e hijas durante los meses de junio y julio, documentación necesaria para poder optar al bono. Pero también con publicaciones de muchos concellos que advertían a su vecindad de la posibilidad de acceder a las ayudas para sufragar las actividades organizadas por ellos pero que, en realidad, ya no están incluidas en el programa.

La Consellería de Política Social justifica el cambio en su intento de evitar una doble financiación porque, aclara, “los campamentos municipales también son financiados a través del Plan Corresponsables de la Xunta de Galicia”. Se refiere al plan de subvenciones para iniciativas de conciliación, sufragado en un 75% con fondos del Estado y en un 25% con fondos autonómicos. Además, este plan se centra en los concellos pero abarca también las ANPA y entidades sociales, cuyas actividades sí pueden acogerse a los descuentos del Bono Concilia Familia.

La Xunta destina 2,6 millones de euros a este programa y la cuantía de las aportaciones a las familias, que puede llegar a cubrir el 75% del coste, “puede ser de hasta 500 euros para las que contraten un servicio de cuidado a domicilio o de hasta 200 euros para aquellas que lleven a sus hijos a recursos y actividades de conciliación”. “Como campamentos o ludotecas, excluidos los financiados por administraciones públicas”, añade Política Social en un punto que es la clave.

Hasta ahora, tal y como se puede leer en la orden de las bases del programa Bono Concilia Familia del pasado año, la subvención cubría la “asistencia a campamentos u otros recursos de conciliación colectivos específicamente organizados por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, para la atención de los niños y niñas en los periodos de vacaciones escolares”. Y solo incluía una excepción: los campamentos de verano organizados por la Xunta, que abarcan juventud de entre 9 y 18 años con 12.000 plazas para actividades entre junio y septiembre.

La noticia llega, además, después de que las familias formalizasen ya hace muchas semanas la matriculación en estos campamentos de verano y muchos meses después de que contratasen los servicios de otras actividades municipales para la conciliación que también estaban incluidas hasta ahora en el Bono Concilia. Las destinadas a las vacaciones de Navidad, Semana Santa o a otros periodos sin actividad lectiva.

La Consellería, consultada por este diario sobre los plazos, se limita a recordar que “la fecha de la convocatoria para solicitar la ayuda del Bono Concilia Familia es la misma que el año pasado: septiembre”. Con la diferencia de que muchas familias que contaban con la posibilidad de la ayuda de otros años acaban de enterarse de que ya no la tendrán.

Porque con esta medida, el Gobierno gallego deja fuera de la subvención a miles de familias que optan por los campamentos municipales, que suelen ser mucho más económicos —e incluso en algún caso gratuitos— que los organizados por empresas, instituciones o colegios privados, pero que también pueden suponer un desembolso importante, especialmente en familias con varios hijos.

Basta el ejemplo de varias familias que suelen optar por las actividades que ofrecen sus concellos en una urbe gallega. Sumando los campamentos de Navidad y de verano, el coste por cada hijo o hija puede ascender a entre 130 y 200 euros dependiendo de las necesidades, a las que muchas veces hay que sumar otras alternativas para periodos lectivos sin actividades extraescolares, como el mes de septiembre.

El acceso a la ayuda permitía un ahorro a estos padres y madres de hasta un máximo de entre 97 y 150 euros en estos casos, una aportación con la que muchas contaban al optar por los campamentos municipales, bien por una mayor preferencia hacia estas actividades impulsadas desde lo público, bien por la imposibilidad de abonar de una vez cantidades que en otros campamentos son mucho mayores. De entre 75 euros y hasta 200 euros a la semana, tomando como ejemplo opciones en centros educativos concertados y entidades que ofrecen cursos de hípica o surf, todas ellas incluidas en el Bono Concilia Familia.

Así, como advierten varias familias, la concesión del bono permite que el coste de algunos campamentos para muchas familias pase de esos 75 o 200 euros semanales a algo menos de 20 o 50, cantidades menores que las de muchas opciones impulsadas por administraciones públicas.

La polémica, que se agudizó con esta nueva medida de la Xunta, viene de lejos. Ya el pasado mes de marzo, el PSdeG demandó un cambio en la adjudicación del Bono Concilia para “evitar las sospechas de fraude y de información privilegiada”. Silvia Longueira había denunciado que el programa de 2025 agotó los 2,6 millones de euros cinco días antes de que terminase el plazo de solicitud. “Funciona como un bingo de sobremesa, donde solo ganan los que llegan primero”, advertía.

Longueira defendió una proposición no de ley para reformular el sistema de concesión de estas ayudas instando a la Xunta a implantar, junto a los concellos, “un programa estable con baremos que garantice la concurrencia competitiva, frente al actual modelo donde el dinero se reparte por orden de llegada”.

A finales del pasado año un juzgado de Ferrol condenó a la empresa Samaín Servizos á Comunidade, del grupo ACS, y a uno de sus trabajadores por el acoso laboral y sexual de este último contra una compañera, limpiadora en la sede administrativa de la Xunta en Ferrol. El hombre realizaba comentarios como “qué rico hueles, ¿sabes igual?” o “aquí tenía que venir un Hitler o un Franco”, y la empresa tardó meses en actuar y no lo hizo hasta que supo que la víctima había denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

La mujer acabó recibiendo una baja médica por ansiedad, pero esta fue calificada inicialmente como enfermedad común, por lo que tuvo que recurrir también por ello ante la justicia, que tanto en un juzgado de lo Social de Ferrol como ahora en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le da la razón en que lo suyo debe ser considerado accidente laboral.

Según la sentencia, revelada por Praza.gal en enero, que analizó el fondo de su caso, la mujer ya trabajaba como limpiadora del edificio de la Xunta en Ferrol cuando a finales de 2022 se incorporó también como limpiador un compañero que “comenzó a realizar comentarios” como “qué rico hueles, ¿sabes igual?”, “¿no te da vergüenza venir tan pintarrajeada a trabajar?”, “los hombres deben estar trabajando y las mujeres en casita” o “aquí tenía que venir un Hitler o un Franco”. Unos comentarios que el compañero lanzó “durante meses, incluso delante del superior jerárquico de ambos”, el responsable de limpieza del edificio, “y de forma reiterada”.

La mujer pidió a un segundo superior, jefe del servicio, primero que actuase la mutua de la empresa, “que aquel le negó”, y después, el 31 de mayo de 2023, la activación del protocolo de acoso laboral. Además, su jefe inmediato “puso en conocimiento” del jefe del servicio lo que él mismo había presenciado. Sin embargo, la empresa tardó meses en actuar y no realizó un despido disciplinario del acosador hasta octubre de 2023, tras saber que la víctima había denunciado los hechos ante la Policía Nacional.

Al tiempo que la víctima pidió la activación del protocolo de acoso laboral, recibió una baja médica por “ansiedad generalizada”, pero la Seguridad Social decidió declararla “enfermedad común”. La mujer tuvo que recurrir a la Justicia y en mayo del pasado año un juzgado de lo Social de Ferrol le dio la razón y estableció que era “accidente de trabajo”. Pero Samaín recurrió ante el TSXG y este ahora reitera que lo sucedido debe ser calificado como accidente laboral.

Según la sentencia del TSXG, “antes de los episodios relacionados con la interacción del otro trabajador implicado, la situación de salud de la trabajadora era estable y permitía el desempeño del trabajo, resultando evidente que tras esa interacción se produce la alteración de salud que implica el impedimento para el trabajo constitutivo de la incapacidad temporal”.

La sentencia también dice que “la propia reacción de la empresa, activando el protocolo de acoso, que culminó en el despido del otro trabajador, ayuda a corroborar la trascendencia de dicho comportamiento en el empeoramiento del estado de salud de la trabajadora que motivó la baja por incapacidad temporal”. Un protocolo en el que la propia empresa admitió que “existen conductas verbales, constitutivas de acoso sexual y por razón de sexo —tras hacer comentarios o bromas sexuales obscenas y comentarios impropios— en el ámbito del trabajo”.

Así que el TSXG concluye que lo sucedido debe ser considerado accidente de trabajo y Samaín Servizos á Comunidade debe asumir también las costas judiciales.

El pasado abril, en el debate anual sobre política general, el presidente Rueda puso en el punto de mira al personal de baja laboral. Desde entonces, la Xunta, la patronal y en las últimas semanas también el PP estatal de Feijóo vienen presentando como “absentismo” la demora con la que las personas asalariadas obtienen un tratamiento por parte del sistema de salud y, con ella, el alta laboral. En esta lucha de clases entre el capital y el trabajo, responsables políticos y empresariales suelen poner ejemplos de supuestos empleados de baja que realizan actividades presuntamente incompatibles con su curación.

Pero en el otro lado la justicia gallega también viene anulando despidos de personas de baja a las que se acusó de excederse a partir de informes de detectives privados y a las que las sentencias reconocen su derecho a hacer “vida cotidiana”, recordando incluso que también las empresas incumplen en ocasiones sus obligaciones.

Una sentencia del pasado mayo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló el despido de un hombre con “lumbago con ciática” que fue despedido tras dos meses de baja amparándose la empresa en un informe de un detective privado. La empresa reprochó a su empleado que cortase el césped, levantase unas losas de 25 kilos, empujase una carretilla con leña o saliese de un establecimiento cargando seis botellas de agua de litro y medio.

La sentencia del TSXG comienza valorando que en este caso la dolencia no es simulada o fraudulenta, sino que “la realidad del lumbago con ciática no es discutida”. Pero también señala que la prescripción médica que tenía el trabajador era “la de no hacer esfuerzos, sin mayor concreción y sin que esté acreditada una indicación médica de reposo”. Y considera que “algunas de las conductas imputadas y acreditadas no tienen especial significación o relevancia”. Así, tras subrayar que habría que tener en cuenta la complexión del hombre para valorar el peso relativo de las cosas que levantó, la sentencia señala que cargó las losas antes de recibir la prescripción de no hacer esfuerzos o que no se tiene constancia del tipo de leña que llevaba en la carretilla.

Sí se pudo establecer el peso de las losas y de las botellas de agua, pero el tribunal señala que hay que tener en cuenta la “proporcionalidad, o no, de la decisión de despido”. “Estamos ante dos conductas puntuales y solo parcialmente objetivadas, y ello puesto que no se señalan en los hechos probados datos como, por ejemplo, la concreta distancia recorrida con las botellas”, dice la sentencia, que añade que “en este sentido conviene decir que tampoco otros incumplimientos de las personas trabajadoras o de las empresas, cuando son puntuales, constituyen una causa justificativa de la ruptura de la relación laboral”. Y pone como ejemplos “faltas de asistencia o de puntualidad de la persona trabajadora” o “retrasos en el abono de las nóminas o impagos por parte de la empresa”.

El TSXG valora también que el hombre tenía una antigüedad laboral de más de 30 años y nunca había sido sancionado, por lo que considera que “la sanción de despido no es proporcionada en atención a las circunstancias del caso concreto”. Así, la sentencia no solo anula el despido, sino que también indemniza al trabajador con 7.501 euros “por daños morales”.

También en las últimas semanas acaba de hacerse pública otra sentencia, en este caso de la sección de lo Social número 3 del Tribunal de Instancia de A Coruña, que anuló el despido de una mujer que había sufrido un ictus. Menos de cinco meses después fue despedida amparándose la empresa, igualmente, en un informe de un detective privado que la observó “llevando a cabo, con intensidad y de forma reiterada, actuaciones como permanecer sentada, caminar, pasear, subir y bajar escaleras y rampas, acudir a centros comerciales, ir de compras y portar bolsos o bolsas de tamaño generoso”. También mantenía “relaciones sociales con toda normalidad” y realizaba “trámites administrativos en oficinas públicas” o “actuaciones con su teléfono móvil”. Incluso se le reprochó que acompañaba a su hijo menor de edad hasta la parada del autobús.

Sin embargo, la sentencia hecha ahora pública considera que “las tareas que realiza la trabajadora no suponen ningún estrés, ni esfuerzo alguno, más allá de realizar funciones normales en la vida cotidiana de una madre”. “Son actividades que se pueden incluir dentro de la vida cotidiana de cualquier persona, incluida la conducción de un vehículo, y que se trata de actividades que no se acreditó que sean incompatibles con su enfermedad, ni tampoco con la curación de la misma”, subraya la sentencia.

Así, igual que en el caso anterior, la sentencia anula el despido y obliga a la empresa a indemnizar a la trabajadora con 5.000 euros por “daños y perjuicios por vulneración de derechos fundamentales”.

La sentencia cita diversa jurisprudencia y recuerda que “cuando el trabajador está en situación de incapacidad temporal, la realización de actividades incompatibles con la recuperación o que evidencian simulación pueden suponer un despido disciplinario” por “transgresión de la buena fe contractual”. Sin embargo, para que el despido por esa transgresión de la buena fe sea procedente debe cumplir varias exigencias: que el incumplimiento sea grave; que sea culpable y la persona actúe de manera consciente y no sea un error o descuido; que exista proporcionalidad entre la conducta y la sanción teniendo en cuenta la antigüedad y trayectoria anterior del empleado; y que la empresa no “guarde” los hechos indefinidamente, sino que actúe en un plazo razonable desde su conocimiento.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antigua CRTVG) acaba de ser condenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por imponer unilateralmente un protocolo para la conciliación laboral de su personal sin abrir una negociación colectiva con el comité de empresa.

En una sentencia emitida la pasada semana, el TSXG estima la demanda interpuesta por los sindicatos CUT, UGT y CCOO contra la CSAG sobre tutela de derechos fundamentales y declara nulo ese “protocolo para las gestiones de adaptaciones por conciliación de la vida personal, familiar y laboral”, que “viola el derecho fundamental a la libertad sindical” que ampara la Constitución en cuanto a la negociación colectiva.

El dictamen, sobre el que cabe recurso de casación ante el Supremo, condena también a los medios públicos a indemnizar a cada uno de los sindicatos con 7.501 euros por daños y perjuicios, casi 23.000 euros en total. En él, la Sala de lo Social del Superior considera que “no es legalmente posible que la CSAG imponga unilateralmente un protocolo de conciliación sin abrir una negociación colectiva con el comité intercentros”.

Aclaran las magistradas que cualquier documento de este tipo que afecte “de forma colectiva a las condiciones de trabajo” de la plantilla debe “pasar obligatoriamente por la mesa de negociación o el comité intercentros” en virtud del derecho a la negociación colectiva.

El TSXG explica que la CSAG estableció un protocolo de conciliación que no fue “fruto de un pacto o acuerdo en la negociación colectiva”, lo que provocó una “vulneración” de este derecho y del “derecho a la libertad sindical”.

Según relata la sentencia, la CSAG remitió en noviembre de 2025 un borrador del protocolo al comité intercentros, que formuló las alegaciones correspondientes, a las que la Corporación respondió asegurando que no negociaba y negando la apertura de negociaciones solicitada por la representación laboral. Poco antes de la Navidad de ese mismo año, la empresa comunica “de manera unilateral” al citado comité la aprobación del protocolo sin negociación previa.

El tribunal recuerda que ese protocolo de adaptación de jornada y teletrabajo forma parte del artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y que no debe ser impuesto unilateralmente por la empresa, como así hizo, ya que la ley “establece el marco a seguir y debe darse prioridad a la negociación colectiva para establecer los términos, criterios y procedimiento para el ejercicio de este derecho”. Y que estos deben establecerse, en primer lugar, “a través de la negociación colectiva y acudir después a la negociación individual” si fuese el caso.

“La empresa no puede unilateralmente aprobar el protocolo ya que eso vulnera el derecho a la negociación colectiva y la libertad sindical”, insiste la sentencia firmada por tres juezas.

Además, y en cuanto a la indemnización fijada para los sindicatos, el tribunal aclara que se aplica por el “daño moral” provocado y con función “resarcitoria”, pero que también tiene la de “prevención general”. Por último, enmarca la sanción dentro de las infracciones consideradas “muy graves” según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), la normativa estatal que establece qué conductas vulneran la legislación laboral y de Seguridad Social.

La Xunta acaba de archivar el proyecto de fábrica de Altri en Palas de Rei por no tener garantizada su conexión eléctrica después de años de fuerte contestación social. Sin embargo, casi un lustro después de firmar con la empresa en octubre de 2021 un acuerdo para su instalación en ese lugar, ese pacto sigue siendo secreto. Tras reiteradas peticiones del Consello de Contas o de BNG y PSdeG en el Parlamento, el Gobierno gallego viene escudándose para ocultarlo en que fue un acuerdo entre dos empresas privadas, pese a que una de ellas, Impulsa Galicia, estaba controlada por la Xunta.

Praza.gal viene formulando desde hace años varias solicitudes de acceso al documento a través de la Ley de Transparencia, la última tras asegurar el presidente Rueda en marzo que él conoció el acuerdo a través de “representantes de la Xunta”. Una petición de transparencia también denegada, ahora con el argumento de que Rueda no lo conoció “en el ejercicio de sus competencias”, pero sin que se aclare en calidad de qué lo conoció.

La Xunta viene amparándose para denegar el acceso al pacto secreto con Altri en que no fue firmado por la administración sino por una empresa creada y controlada por ella, Impulsa Galicia, pero en la que el capital público no era mayoritario sino solo del 48,02%. Eso la dejaría al margen de la Ley de Transparencia, y para incidir en ese argumento la Xunta llegó a responder oficialmente que “desconoce” el pacto y que el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, firmara el acuerdo como parte de un “negocio jurídico privado” y no como conselleiro.

Praza.gal viene defendiendo otra interpretación de la Ley de Transparencia, la de que al margen de quién firmase el acuerdo, este está en poder de la Xunta en el ejercicio de sus funciones de administración pública, tanto por su firma por parte del conselleiro Conde como por el control de su participación en sociedades como Impulsa Galicia.

Sería también en el ejercicio de sus funciones como presidente, y no como ciudadano particular, como Rueda conoció el pacto a través de “representantes de la Xunta”, según él mismo declaró en marzo. Por eso, dado que la Ley de Transparencia “entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder” de las administraciones, este diario reclamó ese acuerdo a la Presidencia de la Xunta.

Pero Presidencia de la Xunta remitió la petición dirigida a ella nuevamente a la Consellería de Economía y esta la rechazó de nuevo, esta vez con el argumento de que la ley le permite inadmitir “las solicitudes manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo”.

Ante esa negativa, Praza.gal recurrió ante la Comisión da Transparencia de Galicia, que como primera consideración acaba de decir que la petición de este diario no tuvo carácter repetitivo ya que el destinatario de la solicitud, la Presidencia de la Xunta, “no es el mismo al que el interesado solicitó la información con anterioridad”.

En su respuesta a la Comisión da Transparencia, contra la que Praza.gal no pudo alegar pese a solicitarlo expresamente, la Xunta introdujo un nuevo argumento. Esta vez, según refleja la resolución de Transparencia, Presidencia de la Xunta rechazó que el acuerdo fuese adquirido “en el ejercicio de sus competencias”, requisito establecido por la ley.

La Comisión da Transparencia subraya que “las meras declaraciones públicas de la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia indicando que es conocedora del documento, en ningún caso implican que el memorando sea información pública en poder de la Presidencia, pues esta circunstancia implicaría que el memorando fue adquirido en el ejercicio de sus competencias, lo que rechazó la Presidencia al remitir la solicitud a la Consellería de Economía e Industria”. Esto es, según la Comisión da Transparencia, al remitir Presidencia la nueva petición de Praza.gal a Economía ya estaba rechazando que Rueda conociese el acuerdo en el ejercicio de sus competencias como presidente. Queda en el aire en calidad de qué conoció Rueda el acuerdo con Altri.

Esta nueva resolución de la Comisión da Transparencia favorable a la Xunta llega después de que en un análisis anterior de otro paso previo del caso se registrase el mayor cisma interno en sus 10 años de historia al discrepar los representantes de los consellos de Contas y Consultivo sobre cómo la Xunta argumentaba que no conoce el pacto. Entonces esos dos representantes discreparon de que la Xunta introdujese un argumento nuevo en el proceso sin dar la posibilidad de que este diario alegase antes de pronunciarse la Comisión da Transparencia.

Esta vez Praza.gal pidió expresamente poder alegar a las consideraciones que formulase la Xunta. Pero la Comisión da Transparencia volvió a emitir su resolución sin dar esa posibilidad y sin pronunciarse sobre esa petición.

La Valedora do Pobo lleva años advirtiendo del problema “lamentablemente recurrente” del acoso laboral en la Xunta, con actuaciones incorrectas por parte de la administración ante una denuncia, más allá de que cada caso sea o no acoso laboral. Así lo vienen reflejando también sentencias judiciales que constatan que el Gobierno gallego no está aplicando sus protocolos como debería, provocando nuevas victimizaciones de las personas afectadas.

En esa línea, ahora la Valedora acaba de hacer públicas dos resoluciones que, sin entrar en el fondo de la cuestión sobre si hubo o no acoso laboral, constatan nuevas deficiencias en la tramitación de dos denuncias recibidas por la Xunta.

El primero de los casos ahora revelados por la Valedora es el de una trabajadora que presentó una denuncia ante el Comité de Intervención contra el acoso laboral de la Xunta, conformado por ocho personas, la mitad designadas por la Administración y la otra mitad representantes sindicales. El protocolo contra el acoso de la Xunta establece que ese comité debe dar audiencia a las personas implicadas en cada denuncia. Sin embargo, tras su denuncia quien entrevistó a la mujer fue el director territorial de la consellería implicada, en este caso la de Cultura.

Tras la entrevista, en la que la mujer se sintió interrogada y revictimizada, el director territorial emitió un informe que remitió al Comité de Intervención, con el que este “decidió por unanimidad archivar la denuncia por no entrar dentro del ámbito material competencial del protocolo”.

Tras analizar el caso, la Valedora subraya que “la entrevista realizada por el superior jerárquico de la persona interesada no figura dentro del procedimiento preestablecido ni puede sustituir a la audiencia prevista en el protocolo”. Sin embargo, la resolución subraya que “el procedimiento establecido, como marco formal de actuación de la administración, se configura como una garantía fundamental para la ciudadanía [...] evitando arbitrariedades y garantizando el cumplimiento de los principios de legalidad, seguridad jurídica y transparencia y, en el presente caso, de los principios informadores del protocolo a aplicar”.

La resolución de la Valedora considera que “la entrevista realizada por una persona superior jerárquica de la denunciante puede ser percibida por esta como revictimización al no tener amparo en el procedimiento establecido y, consecuentemente, dar lugar al incumplimiento de los principios informadores del propio protocolo”. Así, termina recordando a la Xunta que el protocolo contra el acoso laboral “obliga a todas las partes implicadas en la tramitación de denuncias, no procediendo la realización de trámites no contemplados que suponen una vulneración del procedimiento establecido como garantía de los derechos para personas afectadas”.

La otra resolución que acaba de hacer pública la Valedora do Pobo analiza una denuncia presentada contra una trabajadora del Sergas en situación administrativa de servicios especiales para dar clase en una universidad, puesto en el que supuestamente habría acosado laboralmente a una compañera. La denuncia se presentó ante la Consellería de Sanidade, pero esta la remitió a la Consellería de Educación e Universidades y llegó también a la universidad implicada. Pasados cinco meses, la denunciante preguntó formalmente a Sanidade sobre el estado de la tramitación “y dicha solicitud no fue contestada”.

Según respondió Sanidade a la Valedora cuando esta le pidió explicaciones, esa consellería considera que “los hechos que se describen son ajenos a la vinculación profesional [de la denunciada] con el Servizo Galego de Saúde”, ya que actuaba como profesora y no como sanitaria.

Sin embargo, la Valedora subraya que Sanidade nada dice de la petición de información que le hizo la denunciante cinco meses después de formular la denuncia. “Ante la no contestación de esta solicitud presentada, debemos recordarle que el marco jurídico vigente configura un sistema de garantías de la ciudadanía en su relación con la Administración”, dice la Valedora, que subraya que “la solicitud presentada por la persona interesada debería haber sido contestada”.

Como viene contando Praza.gal desde hace años, la Xunta no se dotó de su primer protocolo de lucha contra el acoso laboral hasta 2016, pero solo para la administración general, dejando fuera entre otros al personal de Educación o al de Xustiza, este último con un procedimiento específico solo desde abril de 2023. En Sanidade hay diversos protocolos, planes de acción y documentos contra la violencia laboral de todo tipo, pero son varios los casos en los que la justicia o la Valedora do Pobo vienen constatando deficiencias, principalmente por no actuar ante las denuncias. Y en Educación se está terminando la negociación con los sindicatos de un protocolo específico para ese ámbito, pero sin que esté aún aprobado la Xunta acaba de restringir expresamente su protocolo general para dejar fuera de él al personal docente tras varias sentencias que consideraron que sí les era de aplicación.

Los expertos y la Valedora do Pobo vienen reiterando que en muchos casos el hecho de que la administración inicie algún tipo de actuación ante una denuncia, aunque no se pueda acabar confirmando una situación de acoso, supone que el ambiente laboral mejore. Sin embargo, son reiterados los casos en que Educación —y la Xunta en general— demora “meses o años” sus actuaciones frente al acoso laboral o, cuando las inicia, no aplica como debe los procedimientos normativos. Una situación que se reproduce también en el acoso escolar, como acaba de subrayar el último informe anual de la Valedora do Pobo. [Sin confidencialidad, sin hablar con la víctima y obviando a médicos: deficiencias en la lucha contra el acoso escolar].

La nueva ley de los medios públicos de Galicia, vigente desde abril de 2025, aclara que una de las misiones de estos —y por tanto de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antigua CRTVG)— es la de "promover, difundir e impulsar la lengua gallega y dar a conocer la identidad cultural y lingüística de Galicia". Como pilares fundamentales que fueron y deberían ser para el fomento de la lengua propia, la propuesta de nuevo Plan Xeral de Normalización (PXNLG) presentada este pasado miércoles pone deberes a la TVG y a la Radio Galega. Considera que su papel como "espacios de liderazgo lingüístico y referentes de ejemplaridad social de la lengua" debe ser "reforzado" y advierte de las "muchas posibilidades" que ofrecen para mejorar la actitud hacia el gallego y que no son aprovechadas plenamente.

El PXNLG deja clara en varias de sus páginas la importancia que los medios públicos tienen y tuvieron en el fomento y promoción del gallego, pero también la enorme diferencia en el contexto en el que fue aprobado el anterior y primer Plan General en 2004. Desde entonces, recuerda el documento, la oferta de medios "se incrementó de manera muy notable", provocando que creciese "en mayor medida la oferta mediática en lengua castellana que en lengua gallega". Como ejemplo, destaca que en la TDT solo se ofrecen dos canales de ámbito autonómico en gallego frente a una treintena de opciones en castellano, una proporción que aún es peor en la radio, en las plataformas de streaming y, por supuesto, en el mundo digital.

Además, el plan señala también el descenso en televidentes y oyentes provocado por un “contexto global de cambio del mercado audiovisual, fundamentalmente por la aparición de las plataformas”, que “modificó la cuota de pantalla y audiencia de la CSAG en los últimos años”.

Con todo, el documento advierte que la CSAG "constituye un medio con muchas posibilidades para —a partir de sus múltiples canales y plataformas— poder divulgar contenidos y mejorar actitudes hacia la lengua gallega", sobre todo entre la gente joven. Pero alerta de que "el cambio en los hábitos de consumo de los productos audiovisuales" en los últimos años "dificulta que conecte suficientemente a través de la programación lineal con la juventud, de manera que pueda contribuir en mayor medida a funcionar como agente galleguizador natural en línea con el trabajo que realiza en otros formatos de consumo audiovisual".

Así, el nuevo PXNLG señala a la CSAG como uno de los órganos "ejecutores" para llevar a cabo medidas que aumenten la presencia de la lengua en edades tempranas e incrementen la oferta para la gente más joven, pero también —incide— para derribar prejuicios y aumentar la autoestima de los gallegohablantes en cuanto a su lengua. Por eso pide "continuar desarrollando más formatos adecuados, contenidos específicos y estrategias de difusión efectivas en la oferta televisiva dirigidos al público infantil y juvenil".

Se debe, dice el texto, "incrementar" el papel de la Corporación y de los medios "como actores de difusión de la lengua gallega y de su uso desprejuiciado en el entorno familiar"; y su programación "ha de incluir programas, series y concursos que valoren y fomenten la autoestima de los gallegohablantes y atraigan el interés de los no gallegohablantes con contenidos de aprendizaje lingüístico pasivo y modelos positivos".

En definitiva, el PXNLG pone deberes, pide "reforzar el papel de los medios públicos como espacios de liderazgo lingüístico y como referentes de ejemplaridad social de la lengua" y reclama medidas específicas. Entre ellas, la creación en la TVG de "series de ficción juvenil atractivas para adolescentes", llevar a cabo colaboraciones con creadores de contenido, educadores y divulgadores gallegos en YouTube y redes sociales "para crear contenido familiar atractivo", "aumentar la oferta en gallego de programas destinados a la infancia, atendiendo a criterios de atracción y popularidad" o "doblar y localizar productos audiovisuales de entretenimiento infantil".

Entre las demandas, el documento reclama también que se "incremente la visibilización de la programación específica destinada a infancia y juventud por parte de la CSAG", desarrollar programas culturales "capaces de competir en audiencia y en todos los soportes" o "impulsar una mayor presencia de música en gallego en emisiones musicales, programas y canales musicales en los medios públicos". También que TVG y Radio Galega "refuercen la presencia de colaboradores, invitados y testimonios que se expresen en lengua gallega" o que se prioricen los anuncios en la lengua propia, tras señalar como "debilidad" el "aumento de la publicidad en castellano en los medios dependientes de la Corporación".

El documento incluso llama a "impulsar con la CSAG" la transmisión de la misa en gallego los domingos "desde parroquias distintas, para que se vean diferentes comunidades viviendo la fe en gallego y se produzca la emulación", una forma de poder "obtener un mayor rendimiento de los espacios que ofrece la Corporación", en este caso en el ámbito religioso.

En cuanto a las posibilidades de difusión fuera de Galicia o en territorios gallegohablantes más allá de las fronteras gallegas, el PXNLG pide "promocionar" la oferta audiovisual de la CSAG en el extranjero y un acuerdo con los medios públicos de Portugal "para poner en marcha programas mixtos", tras advertir que la Lei Paz Andrade ya legisla con el fin de impulsar y permitir "la reciprocidad de las emisiones televisivas y radiofónicas" entre la comunidad autónoma y el país vecino.

También reclama el texto que se haga algo para "favorecer la visualización de la TVG en abierto sin tener que recurrir a las ediciones internacionales" en los territorios limítrofes. La televisión pública, "que puede hacer una labor de expansión del gallego", recuerda, "no llega a toda la comunidad gallegohablante fuera de las fronteras" del país.

Todas ellas son una serie de medidas de un PXNLG que es claro al expresar el mandato de "consolidar los medios públicos gallegos como motores de normalización lingüística y cultural, garantizando una oferta diversa y atractiva en gallego que refleje la pluralidad social y territorial".

Por otra parte, y en cuanto al uso de la lengua, el plan pide "un plan de formación continua en gallego para personal de redacción, técnico y directivo de los medios de comunicación" y ofrecerles "servicios de asesoramiento lingüístico para garantizar la correcta utilización de los diferentes registros, estilos y variedades", así como "implementar herramientas tecnológicas gratuitas a los medios públicos y privados que faciliten el buen uso del gallego".

El PXNLG cree que "falta una evaluación sistemática sobre la formación lingüística de los profesionales que garantice y dote de un dominio sólido del gallego y que facilite herramientas efectivas para producir contenidos de calidad adaptados a los retos actuales". Además, denuncia la "ausencia de una definición clara de modelos lingüísticos que garanticen la corrección y, al mismo tiempo, transmitan credibilidad, reconocimiento e identidad en la comunicación con el público". Y también advierte de la "relajación de la supervisión en el control de la calidad lingüística de las programaciones, incluso de las que presentan un alto nivel técnico y profesional".

La arquitectura del poder en Galicia no se sostiene únicamente sobre los pilares del Parlamento o de la sede administrativa de San Caetano, en Santiago de Compostela, sino sobre una red invisible y capilar que ha logrado, a lo largo de casi 40 años, domesticar el cuarto poder hasta convertirlo en una extensión de la comunicación institucional.

Lo que en ciencia política se denomina captura mediática ha dejado de ser en esta comunidad una anomalía para transformarse en un sistema perfeccionado de supervivencia mutua entre la clase política y los grandes grupos editoriales. Un fenómeno que hunde sus raíces en la era de Manuel Fraga y que ha demostrado una resistencia asombrosa a los cambios de signo político. Ni siquiera el breve paréntesis de cuatro años del gobierno de coalición entre el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) y el BNG logró desmantelar este engranaje; por el contrario, los datos de aquel periodo revelan que se mantuvo el uso masivo de figuras jurídicas discrecionales para seguir regando con dinero público las redacciones de los medios dominantes.

Esta estructura de sometimiento no se apoya en un solo mecanismo, sino que despliega un abanico de vías de financiación que van desde la publicidad institucional directa hasta convenios de colaboración discrecionales, los patrocinios y también los contratos para la realización de programas a través de la televisión pública, conformando un círculo cerrado de retroalimentación financiera que pervierte las reglas del libre mercado y vulnera de forma sistemática el espíritu y la letra del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, por sus siglas en inglés), en vigor desde hace casi un año.

El pilar fundamental de este modelo de control es la arbitrariedad en el reparto de los fondos. Una práctica que ha permitido a la Xunta de Galicia actuar como el principal anunciante y financiador de facto de la prensa privada.

No existen datos cerrados, completos y sistemáticos año a año, porque el Ejecutivo autonómico oculta cuidadosamente las cantidades y solo afloran, de manera parcial, cuando medios independientes lo solicitan aplicando la legislación sobre transparencia.

Durante la última etapa de la Presidencia de Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, la administración gallega llegó a distribuir al menos 12 millones de euros solo a través de la figura del convenio de colaboración bilateral, un camino rápido que permite otorgar dinero público a dedo eludiendo las exigencias de competencia, publicidad y libre concurrencia que marca la Ley de Contratos del Sector Público.

Estos acuerdos, cuyos textos completos a menudo permanecen ocultos al escrutinio ciudadano, se justifican bajo conceptos tan vagos como el interés general o la promoción de la identidad cultural, pero su objeto real es la inserción de campañas que, por ley, deberían haber sido licitadas de forma transparente y abierta. La asimetría en este reparto histórico es escandalosa: la Corporación Voz de Galicia lideró la recepción de estos fondos con 2,6 millones de euros, seguida por el grupo Editorial Prensa Ibérica y la propia Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) —antes conocida como CRTVG y titular de la radio y la televisión autonómicas—, que a pesar de ser pública compite con los medios privados por estas inyecciones de liquidez. Es un sistema de dopaje financiero donde las empresas beneficiarias rara vez aportan recursos propios, desnaturalizando la figura de la colaboración no lucrativa para convertirla en un contrato de servicios encubierto.

La llegada de Alfonso Rueda a la Presidencia no solo no ha supuesto una moderación en estas prácticas, sino que ha intensificado el flujo de dinero directo a las empresas de comunicación a través de los llamados contratos menores.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, la Xunta de Rueda adjudicó más de 14.300 euros al día en publicidad y suscripciones mediante más de mil licitaciones sin concurso, una fórmula que permite fragmentar el gasto para evitar los controles parlamentarios y asegurar un riego constante de liquidez a los medios afines.

Bajo su mandato, el gasto diario en contratos menores ha crecido un 35% en comparación con la era Feijóo, consolidando un modelo donde el presupuesto público funciona como una línea de vida para cabeceras que el mercado privado, por su cuenta, no sostendría.

Además, Rueda ha expandido este radio de influencia hacia Madrid, para dar soporte a Feijóo, destinando cerca de 600.000 euros en poco más de un año a diarios, radios y portales digitales de línea editorial conservadora o ultraconservadora con nula o escasa implantación en Galicia, lo que sugiere una estrategia de compra de imagen a nivel nacional con fondos de los contribuyentes gallegos.

Otro de los mecanismos más sutiles y eficaces para este control es el dopaje de las cifras de difusión. Dado que el reparto de las subvenciones ordinarias y la publicidad institucional se rige técnicamente por criterios objetivos de audiencia, la Xunta interviene directamente en el mercado comprando masivamente ejemplares de los principales periódicos.

Estas miles de copias se distribuyen gratuitamente en colegios, institutos y dependencias administrativas, permitiendo a las empresas editoras inflar artificialmente sus números de venta y lectores. Este círculo vicioso garantiza que los mismos grupos mediáticos que reciben el favor gubernamental puedan justificar legalmente la percepción de mayores ayudas en el ejercicio siguiente, bloqueando la entrada de nuevos actores y asfixiando a los medios que optan por la independencia o por el uso exclusivo de la lengua gallega, los cuales reciben apenas una fracción marginal del presupuesto total.

Gracias a este flujo constante de dinero, en Galicia sobreviven en la actualidad una docena larga de cabeceras de papel —una cifra desproporcionada para el tamaño de la comunidad—, la mayoría de ellas con tiradas minúsculas.

La captura mediática en Galicia no se limita a la prensa escrita; tiene en la CSAG su mayor buque insignia de propaganda y un canal indirecto de financiación para el sector privado afín. La televisión pública ha sido denunciada reiteradamente por su utilización obscena como instrumento de partido, llegando al extremo de reproducir textualmente en sus informativos el argumentario del Partido Popular y ocultar sistemáticamente cualquier noticia que pueda perjudicar al gobierno.

La dependencia económica de los medios privados tiene consecuencias directas sobre la formación de una opinión pública libre y el derecho fundamental a recibir información veraz. Los convenios que firma la Xunta con los grandes medios comprometen seriamente la independencia editorial. Bajo la cobertura de contenidos de interés general, se cuelan reportajes patrocinados que promueven una percepción favorable de la situación económica o avalan proyectos industriales controvertidos, como la minería o las macroinstalaciones energéticas, convirtiendo a los periódicos en meros altavoces de la administración. 

Este sistema de compraventa de información genera un efecto anestesiante sobre la sociedad gallega, donde los grandes escándalos son desenfocados o directamente ocultados para proteger al poder político.

El ejemplo más paradigmático de este silenciamiento mediático se produjo tras la publicación, en las páginas de El País, de las fotografías de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. La respuesta del engranaje de la Xunta fue inmediata: una inyección masiva de fondos a través de subvenciones que sirvió para acallar definitivamente el asunto en la prensa autonómica, garantizando que un escándalo de dimensiones nacionales tuviera un impacto limitado en el electorado gallego.

Este tipo de intervenciones demuestra que el dinero público no se utiliza para fomentar el pluralismo, sino para construir un blindaje mediático que permite a los dirigentes sestear en el poder al margen del control social. El resultado es una democracia dopada, donde el partido en el gobierno acude a las elecciones con una ventaja injusta proporcionada por los medios que él mismo sostiene con el dinero de todos.

La situación de Galicia es especialmente grave si se compara con otros territorios con lenguas propias en España y con los estándares europeos. Mientras que comunidades como Cataluña o el País Vasco destinan presupuestos millonarios específicamente para proteger la prensa en su idioma, en Galicia los medios escritos íntegramente en gallego sobreviven con migajas, obligados a competir en igualdad de condiciones de audiencia con los grandes emporios escritos en castellano que cuentan con el respaldo incondicional de la administración.

Esta asimetría ha llevado a organismos internacionales como la Asociación Europea de Diarios en Lenguas Minorizadas (Midas) a calificar la situación gallega como la peor de toda Europa en materia de protección de la prensa en lenguas minorizadas.

En la actualidad, este modelo de gestión opaca choca frontalmente con la normativa europea. El Reglamento Europeo de Libertad de Medios exige que las administraciones publiquen con absoluta transparencia todas las transferencias financieras a las corporaciones editoriales y que el reparto se base en criterios científicos y no discrecionales.

Galicia, sin embargo, carece de una ley autonómica de publicidad institucional que regule de manera transparente este reparto, después de múltiples promesas incumplidas de los sucesivos presidentes de la Xunta. La ausencia de un registro de medios independiente y la falta de datos detallados sobre cuánto dinero recibe exactamente cada cabecera y por qué conceptos sitúan a Galicia en una posición de rebeldía frente a las directrices comunitarias destinadas a proteger la independencia de la prensa frente a la injerencia estatal.

La captura de los medios en Galicia, que nació con Manuel Fraga en la Presidencia y se consolidó después con Feijóo al frente de la Xunta, se ha convertido, a lo largo de 40 años, en un sistema de corrupción legalizada que ha pervertido las reglas del mercado y ha erosionado la calidad democrática de la comunidad. Al convertir a los periódicos en dependientes de la subvención y del contrato menor, se ha destruido el incentivo para el periodismo de investigación y la fiscalización del poder.

El texto llamado a convertirse en el nuevo Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (PXNLG), presentado este pasado miércoles, consta de más de 300 páginas y unas 700 medidas en busca de "reconducir unas tendencias claramente dañinas para el gallego". Con la mirada lógica puesta en la enseñanza y en la puerta abierta que deja a introducir cambios en el polémico decreto del plurilingüismo, el documento propone cientos de actuaciones en diferentes sectores —más o menos concretas— para mejorar la situación del idioma.

El refuerzo y recuperación de la transmisión intergeneracional de la lengua, el impulso y promoción del gallego entre la juventud y en el ocio, y el fomento de la lengua entre la población inmigrante son algunas de las claves de este nuevo PXNLG. El documento, además, cita en varias ocasiones la necesidad de "derribar los prejuicios sobre el gallego", los mismos que, tal y como advirtieron diferentes estudios de la Real Academia Galega (RAG) o del Consello da Cultura Galega (CCG), impulsó la política lingüística llevada a cabo por la Xunta desde la llegada de Núñez Feijóo al poder en 2009, especialmente entre la juventud, en la que incluso caló el mito de la "imposición". Una enmienda a toda una época y a un discurso que impulsó el retroceso del idioma.

En la necesidad de recuperar esa transmisión intergeneracional del gallego, el PXNLG asegura que "es necesario superar los prejuicios y los estereotipos negativos susceptibles de generar discriminación, exclusión social y minorización sobre el gallego y empoderar socialmente la lengua propia de Galicia". Y habla de "derribar" esos prejuicios y de "educar sobre la utilidad" del idioma.

De hecho, entre las medidas concretas propone campañas de comunicación dirigidas a distintos tipos de familia, "con el foco en aquellos prejuicios concretos que es necesario derribar". Y pone ejemplos: el de no hablar gallego con los niños y niñas o con figuras de autoridad, vincular el idioma con lo rural o con el nivel socioeconómico bajo.

También insta a la CSAG —antigua CRTVG— y a los medios de comunicación a incrementar su papel "como actores de difusión de la lengua gallega y de su uso desprejuiciado en el entorno familiar". Incluso reclama "programas, series y concursos que valoren y fomenten la autoestima de los gallegohablantes y atraigan el interés de los no gallegohablantes con contenidos de aprendizaje lingüístico pasivo y modelos positivos". Y pone como posibles opciones la de establecer colaboraciones con youtubers, influencers, educadores y divulgadores gallegos "para crear contenido familiar atractivo".

El documento recomienda "sensibilizar a las familias sobre las ventajas de que sus descendientes conozcan la lengua gallega, así como de la conveniencia de que la adquieran de forma temprana, como mejor garantía para que se instalen en ella de manera adecuada y puedan después acceder a otros idiomas" y reclama que se "garantice" que todos los servicios públicos prestados a las familias "se ofrezcan" en el idioma del país.

Entre el conjunto de medidas que propone a las diferentes administraciones para "dinamizar la lengua gallega en el ámbito familiar" está la creación de un observatorio que haga un "seguimiento" de la evolución del uso del gallego en las familias o incluir en las contrataciones y subvenciones públicas para prestaciones "cláusulas de disponibilidad lingüística". También "promover la competencia y uso activo" de la lengua en el personal de los servicios públicos a las familias.

Además, y más allá de lo que tenga que ver con los centros educativos, el PXNLG pide "aumentar la presencia del gallego en la infancia", con acciones "para los contextos de la vida escolar fuera del aula" como campañas de sensibilización y formación lingüística para las ANPAS para el fomento del gallego en las actividades extraescolares o en el comedor.

Relacionado, en el ámbito asociativo y deportivo, el documento propone crear "un distintivo que reconozca a las entidades asociativas que empleen el gallego en su funcionamiento y proyección social" y "ofrecerles un modelo lingüístico en el que desarrollar su actividad" en la lengua propia. Además, también se apuesta por la “presencia del gallego en las convocatorias de subvenciones, aportaciones o ayudas públicas” dirigidas a estos colectivos.

Además, el considerable aumento de la población inmigrante en Galicia lleva también a que el PXNLG dedique un amplio espacio a las recomendaciones y medidas propuestas para este colectivo. El objetivo, aclara, es que el gallego sea visto "como elemento de integración" y que la población llegada de fuera aprecie la lengua y la cultura gallegas también "por la importancia que tiene formar parte de un grupo cultural y de una nueva identidad cultural para vivir en comunidad".

Entre las medidas propuestas destaca la creación de "programas de bienvenida y acogida lingüística en el ámbito municipal para familias, adaptándolos a las casuísticas de origen, idioma, edades, perfil socioeconómico", facilitando así que "incorporen el gallego como lengua de comunicación", acercándoles actividades, recursos didácticos y actividades alrededor del idioma.

En este aspecto, y en el ámbito educativo, se prevé "la creación también de aulas de acogida destinadas a la integración social, educativa y laboral de la juventud inmigrante en centros de enseñanza, ayuntamientos y entidades asociativas", así como acciones de formación lingüística y cultural para la adquisición de competencia comunicativa.

El PXNLG llama a "aprovechar el amplio y espontáneo uso del gallego en los distintos sectores laborales donde participan las personas inmigrantes" y su "actitud favorable" o la "facilidad que las personas de determinadas procedencias tienen para los idiomas".

Entre las iniciativas a implantar, se propone crear un "premio anual a la integración lingüística, que distinga al inmigrante neohablante que alcance mayor nivel en el dominio de la lengua o que más destaque en su uso" o constituir una "comunidad de intermediadores lingüísticos para trabajar con la población inmigrante, y proporcionarles la formación necesaria para abordar temas no solo educativos, sino también laborales y sociales".

Se debe, recomienda el plan, "aprovechar la preocupación de la persona inmigrante por no perder sus raíces para que comprenda la importancia de conocer las costumbres y tradiciones de aquí a la hora de integrarse en nuestra cultura".

Por otra parte, los espacios de ocio y entretenimiento de la infancia y de la juventud son otros ámbitos donde el plan anima a intensificar las medidas. Así, apuesta por "aumentar la oferta, doblar y localizar productos audiovisuales de entretenimiento infantil" y "crear productos de consumo masivo para niños y niñas en gallego, como álbumes de cromos o barajas de dibujos de moda". También recomienda colaborar con empresas de marcas infantiles para "incluir el gallego en los juguetes convencionales de distribución en los grandes mercados y acompañarlos de campañas de visibilidad".

Entre las propuestas se incluye la de establecer para las actividades de ocio y tiempo libre "un vínculo directo entre el uso del gallego y la calidad de la actividad", y pone como ejemplos aquellas que tengan "valor ecológico, contenido no sexista, respeto a la diversidad o conciencia democrática". También la creación de un "voluntariado lingüístico" para programas de intercambio y convivencia entre gente joven con el gallego como lengua vehicular.

En cuanto a la juventud, el plan pide acciones ambiciosas en el ocio, especialmente en ámbitos urbanos para evitar su "desgalleguización", y llega a concretar algunas medidas con mucho detalle, como "un programa de actividades nocturnas en locales hosteleros mediante juegos grupales de cultura popular, de preguntas y respuestas (a semejanza de las Quiz Night del Reino Unido)" u "organizar rutas de ocio con artistas locales en lengua gallega" y "darles peso" a aquellos que usen el gallego en la programación de los festivales.

Incluso las "verbenas y fiestas populares" tienen un apartado propio, en el que el PXNLG propone "organizar foliadas y otras actividades gastronómicas y artísticas de carácter popular, promoviendo la presencia del gallego en su desarrollo", “promover la producción musical en gallego”, crear una "feria de las fiestas gallegas" con un festival de orquestas, pero también llegar a "acuerdos con los agentes artísticos de orquestas y espectáculos para fomentar la presencia del gallego en los contratos, en la publicidad y en la relación con el público".

El texto llega a instar a que se promueva "la versión al gallego de los éxitos musicales más representativos del año para incorporarlos al repertorio de las fiestas". Todo con el objetivo de que el idioma propio “sea percibido como lo natural” en estos ámbitos.

Además, también se piden "contratos estables con estudios de doblaje" para producir versiones en gallego de contenidos de entretenimiento de éxito, así como establecer una "línea de financiación y apoyo para un número de proyectos de alto impacto por año, referidos a ámbitos como: series de televisión o en línea, grupos musicales, juegos y creadores de contenido (streamers) con potencial masivo".

Los creadores de contenido e influencers son también objetivo del plan, que pide que se apoye el trabajo de aquellos "que tengan el gallego como lengua habitual", ya sea "abriéndoles puertas, organizándoles eventos" o promocionándolos en medios y festivales. Una forma más de "facilitar referentes gallegohablantes para la juventud", uno de los objetivos claros que marca el documento.

Entre las medidas, el plan también insta a los medios públicos gallegos a "incrementar la visibilización de la programación específica destinada a infancia y juventud" y pide en la TVG "series de ficción juvenil atractivas para adolescentes" o "contenidos en gallego en clave de humor para acercarse a la juventud".

Entre principios de 2019 y comienzos de 2024 la Xunta convocó casi una treintena de procesos selectivos en su plantilla en diferentes modalidades, desde el acceso libre a la promoción interna y la funcionarización, en especialidades muy diversas. Afectaron a personal de muy diversas categorías y especialidades, como enfermería, fisioterapia, educación social, psicología, terapia ocupacional o gestión, entre otras.

Mientras esto sucedía, a finales de 2022 el Tribunal Constitucional estableció que el personal que adquiere la condición de funcionario debe obtener un destino definitivo y no provisional, como sucedía hasta ese momento. La aplicación de esa doctrina cogió a la Xunta con los deberes sin hacer. Tenía a cientos de personas que habían obtenido plaza en los citados procesos selectivos sin asignar destino definitivo por una demora que venía reprochando el personal afectado, sindicatos de la función pública e incluso el Consello de Contas.

Esa tardanza acaba de llevarla a convocar a ese proceso de elección a casi una docena de personas que tienen imposible participar en él. Nueve porque en el tiempo transcurrido ya les llegó la edad de jubilación y dos porque fallecieron en este período.

El pasado 7 de julio, la Consellería de Facenda e Administración Pública publicó en el Diario Oficial de Galicia la resolución por la que emplazaba a todo este personal a la elección de destino definitivo mientras, al mismo tiempo, desarrollaba también otras tareas pendientes como concursos de traslados aplazados durante lustros. En múltiples centros de trabajo comenzaron a advertir inexactitudes o carencias que apenas una semana más tarde el propio Gobierno gallego se vio obligado a admitir en el propio DOG para enmendarlas. Entre ellas, la convocatoria de personal jubilado y fallecido.

En una nueva resolución emitida este pasado lunes 13 y publicada este martes, Emprego Público introduce varios cambios en la orden de principios de mes. Entre ellos, "eliminar" a las dos personas fallecidas (ambas auxiliares de clínica que habían aprobado las oposiciones de 2019). También a las nueve personas jubiladas: dos auxiliares de clínica que habían superado el proceso de funcionarización, cinco médicos y médicas que habían entrado en el turno de acceso libre en 2019 y dos educadoras sociales que realizaron las oposiciones del mismo año.

La misma resolución resuelve eliminar de la elección de destino definitivo a varias personas más por causas diversas. Desde media decena de funcionarias que ya están ocupando puestos definitivos hasta cumplir una sentencia judicial o evitar tener que cumplir otras inminentes, ya que son múltiples las funcionarias y funcionarios que pidieron formalmente ante el Tribunal Superior de Xustiza acogerse al criterio dictado por el Tribunal Constitucional. En muchos de estos procesos el TSXG paralizó su decisión hasta que el Tribunal Supremo dictase sentencia al respecto en casos de personal de la Xunta que habían llegado a esa instancia. En fechas recientes el Supremo está emitiendo sentencias favorables a convertir, como pedía el funcionariado, los puestos provisionales en definitivos.

A la luz de este cruce de resoluciones y correcciones, el Sindicato de Enfermería SATSE apuntaba este martes a la "demora de más de cinco años por parte de la Xunta en resolver los concursos oposición" como causa de que incluso personas fallecidas llegasen a ser convocadas. "El retraso en la adjudicación es enorme" y además "las plazas ofertadas desde 2019 y hasta 2024 no son las reales que tenemos en 2026, lo que coloca a los profesionales en una situación de indefensión", toda vez que no pueden optar a plazas que se crearon de 2024 en adelante.

"El malestar es enorme y todo debido" a que la Xunta "alargó los plazos de manera imprudente y no tuvo en cuenta la situación real", lamentan en un contexto en el que además, advierten, la indignación del personal crece por los "plazos para la adjudicación de plazas". SATSE ve "insultante" que lo tengan que hacer "en dos o tres días", impidiendo "que puedan valorar con tiempo qué destino es más favorable a sus intereses" por las características del puesto de trabajo, la localidad en la que se desempeña, los horarios u otros condicionantes personales y profesionales.

Como ya había hecho a finales de 2025, la Consellería de Facenda vuelve a atribuir la lentitud en culminar procesos selectivos de su personal desde 2019, con consecuencias como convocar para elegir destino definitivo a personas jubiladas e incluso fallecidas, a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. Preguntada por estos hechos y por las críticas del sindicato SATSE al respecto, la Consellería con competencias en empleo público vuelve a incidir en este argumento.

En respuesta a praza.gal, Facenda resalta que el proceso de enfermería que ahora culmina fue convocado en noviembre de 2019 —a las puertas de la pandemia— y que, "junto con otros 27, se vio afectado por la declaración de emergencia derivada de la COVID y sus restricciones, por lo que no fue posible realizar los exámenes hasta pasado más de un año de su convocatoria". Concretamente, los de Enfermería no pudieron organizarse hasta marzo de 2021.

La propia Xunta evidencia que transcurrieron dos años desde los exámenes hasta que, en abril de 2023, las personas que aprobaron recibieron destino provisional. "Ahora, una vez resuelto el correspondiente concurso de traslados, convocamos a las personas que superaron este proceso selectivo para la elección de primer destino definitivo", evidencia en la misma respuesta a este diario.

Francisco Conde preside desde octubre de 2025 la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, una de las más apacibles de la Cámara baja. Y ocupa un escaño discreto en el hemiciclo, en las filas del grupo parlamentario del PP. Pero antes de aterrizar en Madrid como cabeza de lista del PP por Lugo, pasó casi once años al frente de la Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, primero como conselleiro y después como vicepresidente. En ese cargo firmó algunas de las operaciones más costosas y menos transparentes del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Conde, nacido en Monforte de Lemos (Lugo) en 1968, no encaja en el perfil de político de partido. Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, llegó a la Xunta en 2009 como asesor económico de Feijóo, a quien conocía de sus años compartidos en Madrid. No tuvo carné del PP hasta bien entrada su etapa como conselleiro, en 2012. Su vínculo con el partido empieza y acaba en el propio Feijóo, al que ha estado unido por una estrecha amistad que durante mucho tiempo incluyó incluso vacaciones familiares compartidas.

El suyo es un perfil antitético, por ejemplo, del de Miguel Tellado, otro peso pesado del PP gallego que también dio el salto a Madrid. Tellado es un hombre de aparato, negociador duro, experto en exabruptos y encargado habitual de las tareas orgánicas más delicadas del partido, primero en Galicia y ahora en toda España. Conde, en cambio, es un economista de despacho, discreto, que rehúye la confrontación pública y al que nadie recuerda subiendo el tono en una intervención pública.

Esa discreción, sin embargo, no ha impedido que su nombre haya acabado en el centro de varias de las decisiones económicas más discutidas de la etapa de Feijóo al frente de la Xunta.

En 2018, la Consellería de Economía dirigida por Conde autorizó, a través de Xesgalicia y el Igape, dos organismos públicos que dependen de esa consellería y que él mismo presidía, un préstamo de 2,5 millones de euros a la editora de El Correo Gallego, diario afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga. El consejo de administración del periódico reconocía entonces por escrito una situación de quiebra.

Un auto judicial firmado el pasado 20 de mayo por la magistrada Ana López-Suevos, al que ha tenido acceso infoLibre, recoge que José Manuel Rey Novoa, entonces máximo responsable del periódico, presumía ante su propio Consejo de Administración de que la Xunta tenía “voluntad” de “aliviar la mochila financiera” del diario. En esas mismas actas, quedó registrado cómo Rey Novoa afirmaba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para lograr el crédito. Rey Novoa es, como Conde, natural de Monforte de Lemos, una población de menos de 20.000 habitantes que hace las veces de centro económico y social del sur de la provincia de Lugo.

El dinero concedido por la Xunta de Feijóo, con la firma de Conde, permitió a Editorial Compostela saldar deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Pero la deuda con la plantilla siguió creciendo hasta los 4,7 millones de euros en el año 2020. El periódico entró en concurso de acreedores en 2022 y acabó en manos del grupo Prensa Ibérica por 1,6 millones de euros, con una deuda acumulada de 20 millones.

En la actualidad, está en marcha un procedimiento judicial contra Rey Novoa y otras diez personas físicas y jurídicas por un presunto delito de alzamiento de bienes y otro de apropiación indebida, pero no por tráfico de influencias. El juicio no se celebrará hasta 2027. El Fondo de Garantía Salarial tuvo que adelantar 1,8 millones de euros a los extrabajadores del diario, de los que solo ha recuperado 138.231 euros.

Conde fue también el hombre de la Xunta en la negociación con la petrolera estatal mexicana Pemex, presentada en 2012, justo antes de las elecciones de aquel año, como una “alianza estratégica” para la industria naval gallega. El acuerdo preveía la construcción de dos floteles y catorce remolcadores en los astilleros Barreras de Vigo, además de una terminal de hidrocarburos en el puerto exterior de A Coruña.

Solo se construyeron dos barcos. Barreras entró en concurso de acreedores. Varios directivos de Pemex que negociaron el acuerdo, entre ellos Emilio Lozoya, fueron procesados en México por blanqueo de capitales y pago de sobornos. Todo quedó en un enorme fracaso, pero para entonces las elecciones ya habían pasado.

En paralelo, Conde gestionó la salida de la crisis financiera de las cajas gallegas. Novagalicia Banco, resultado de la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, recibió 9.050 millones de euros públicos para su rescate. En diciembre de 2013, el financiero venezolano Juan Carlos Escotet la compró por 1.003 millones y la convirtió en lo que hoy es Abanca. Los 8.000 millones restantes son dinero público que nunca se ha recuperado.

Los cuatro gestores que pilotaron la fusión terminaron imputados. Dos de ellos ingresaron en prisión por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la entidad se hundía y pedía dinero público. Conde tuvo que enfrentarse además a las protestas de los afectados por las preferentes, un producto financiero híbrido, a medio camino entre la deuda y las acciones, que acabó privando de sus ahorros a miles de personas.

La última gran operación de Conde al frente de la Consellería de Economía tampoco ha sido transparente. En 2021 firmó, como presidente de Impulsa Galicia, la sociedad público-privada creada por la Xunta para captar fondos europeos, un memorando de entendimiento con la papelera portuguesa Altri para instalar una fábrica de celulosa en Palas de Rei (Lugo).

La Xunta controlaba entonces el 48,2% de Impulsa Galicia a través de su participación directa y de sus otros socios, Abanca, Reganosa y Sogama. Pese a ese control, el Gobierno gallego sigue negando el acceso al memorando alegando que Conde no lo firmó como conselleiro, sino como representante de una entidad privada en un “negocio jurídico privado”.

La sociedad se disolvió en 2023, ya con Conde fuera de la Xunta, y su papel lo asumió Recursos de Galicia. El proyecto de Altri en Palas de Rei que generó un fuerte rechazo social en las comarcas afectadas, fue archivado definitivamente el viernes pasado.

Conde ha combinado esa gestión, llena de claroscuros, con un discurso constante contra el Gobierno central. Achacó al Ejecutivo de Pedro Sánchez “no dar respuesta a las prioridades de Galicia” y calificó de “verdadera chapuza” el reparto del Perte del vehículo eléctrico, del que depende buena parte de los 25.000 empleos que genera el sector del automóvil en Galicia, con la fábrica de Stellantis en Vigo como principal activo.

El mismo conselleiro que reclamaba una rebaja fiscal para “dinamizar el tejido productivo” fue quien defendió la reforma laboral de 2012 y tachó de “estética” la presencia de la ministra Yolanda Díaz en la manifestación del Primero de Mayo de 2022. Su agenda, de inspiración liberal y alejada del intervencionismo, convivió con la gestión de un concurso eólico anulado que generó indemnizaciones y sentencias en contra, hasta que la propia Xunta acabó renunciando a ser socia mayoritaria en las empresas del sector.

Antes de hacerse amigo de Feijóo y entrar en política, Conde había desarrollado una carrera en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), formada por católicos laicos pero vinculada a la Conferencia Episcopal. Allí fue profesor de Estructura Económica entre 1995 y 2009 y llegó a vicerrector de Relaciones Internacionales. Su padre, César Conde, dirigió la sucursal de Caixa Galicia en Monforte y fundó una de las primeras autoescuelas de la comarca de Lemos. A su mujer, la periodista Cruz Martínez, corresponsal desde hace 30 años de la Radio Galega en Madrid —la emisora pública controlada por la Xunta—, la conoció dándole clases de conducir.

Su familia, su mujer y sus dos hijos, siguió residiendo en Madrid durante los años en que él ejerció como conselleiro en Santiago. Conde viajaba casi todos los fines de semana a la capital, una doble vida que él mismo ha reconocido como la parte más dura de su etapa gallega.

Pese a su cercanía personal con Feijóo, nunca entró en las quinielas para sucederle al frente de la Xunta, papel que recayó en Alfonso Rueda. Tampoco él se movió para disputar esa pugna. Su ascenso ha sido siempre el de un gestor, no el de un candidato.

Fue el propio Rueda quien, al asumir la presidencia de la Xunta en 2022, reivindicó su continuidad llamándolo “Paco” en público y calificándolo de “imprescindible” para el Gobierno gallego. Conde tuvo entonces la opción de volver a Madrid de la mano de Feijóo, que ya lo había incorporado a la dirección nacional del PP, pero optó por quedarse un año más al frente de la vicepresidencia económica.

Esa doble vida entre Madrid y Galicia terminó en 2023, cuando Feijóo lo designó como cabeza de lista del PP por Lugo al Congreso, con la vista puesta, según la mayoría de los observadores, en situarlo en el Consejo de Ministros o a su lado en Moncloa tras una victoria electoral que en la calle Génova daban por segura. Hoy, con el PP en la oposición, preside la Comisión de Defensa, es portavoz de la Comisión de Industria y Turismo y forma parte de las comisiones de Economía, Comercio y Transformación Digital y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El sueldo mínimo de un diputado que preside una comisión y fue elegido por una circunscripción distinta de Madrid ronda los 7.000 euros mensuales en catorce pagas, unos 100.000 euros al año. Sin contar la asignación como portavoz que le haya concedido el partido, que se desconoce porque su declaración de ingresos en el Congreso sólo incluye datos de 2022.

Conde forma parte de ese grupo de incondicionales que siguieron a Feijóo desde Galicia y del que forman parte también los diputados Pedro Puy y Rosa Quintana, así como su círculo más estrecho de confianza: el secretario general del partido, Miguel Tellado; Mar Sánchez, su mano derecha desde los tiempos de Correos; Luis de la Matta, director de comunicación, y Marta Varela, asesora y redactora de discursos, además de Álvaro Ortiz, especializado en Derecho y coordinador parlamentario. Todos ellos, salvo De la Matta, ocupan hoy un escaño en la Cámara Baja.

El Grupo UDEF II de la Policía Nacional en A Coruña entregó el 13 de octubre de 2022 al Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela un informe de 67 páginas sobre la financiación pública que la Xunta de Galicia canalizó hacia el diario El Correo Gallego a través de Xesgalicia, la gestora de capital riesgo de la propia Xunta, en el que queda claro que la concesión de 2,5 millones al periódico, que ya estaba en quiebra, nunca debió haberse realizado. 

El documento se incorporó a las diligencias previas 185/2022 abiertas contra los responsables del periódico mediante una providencia de la magistrada Ana López-Suevos, que se limitó a unir el escrito a la causa y darle traslado a las partes personadas, sin adoptar ninguna medida contra la Xunta.

No obstante, el informe policial reconstruye, con las actas originales del consejo de administración de Xesgalicia, cómo se aprobaron 2.500.000 euros para Editorial Compostela SA , la empresa que entonces editaba El Correo Gallego —hoy en manos del grupo editorial Prensa Ibérica—, en plena crisis financiera de la cabecera. Y documenta que, semanas antes de esa aprobación, un informe de riesgo ya incorporado al expediente de Xesgalicia advertía de que la empresa tenía casi un 63% de probabilidades de no devolver el dinero.

Editorial Compostela cerró 2017 con una cifra de negocio de 5,95 millones de euros, un resultado neto de solo 87.000 euros y un activo total de 28,5 millones. La plantilla había pasado de 156 empleados en 2016 a 91 en 2017, tras una renegociación de la deuda financiera que en 2016 ya había supuesto quitas de 4,6 millones de euros.

Pese a ese ajuste, el grupo arrastraba una deuda financiera de 17,2 millones de euros, con Abanca como principal acreedor, con préstamos por 11,8 millones y pólizas de crédito por 1,2 millones. El grupo tenía siete nóminas pendientes de pago a sus trabajadores, una deuda con antiguos empleados de 4,4 millones y una deuda con administraciones públicas de 2,2 millones. El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) –un organismo público de la Xunta diseñado para servir de cauce a la concesión de ayudas, préstamos, avales e instrumentos de financiación a las empresas gallegas– avalaba, además, el 40% de un préstamo de 3 millones.

La dirección del Igape encargó a Deloitte una revisión independiente del plan de negocio, entregada el 23 de abril de 2018. El informe hablaba de una “grave crisis de liquidez” y advertía de que, sin una inyección de dinero fresco, la empresa entraría en concurso de acreedores. Esa inyección dependía, sobre todo, del apoyo institucional de la Xunta a través de Xesgalicia, por 2,5 millones de euros.

Xesgalicia no dijo que sí a la primera. El informe de la UDEF recoge que la gestora pública trasladó inicialmente un rechazo a la propuesta de reestructuración, porque en un escenario de caída de ingresos publicitarios la empresa no podría devolver la deuda.

Para reforzar su solicitud, la dirección de Editorial Compostela aportó contratos de arrendamiento y convenios que, según constató la UDEF a partir de datos de Hacienda, no tuvieron ninguna facturación real entre 2018 y 2022. Los investigadores concluyen que esos documentos, con la Universidad Liberquaré, con Farma Soluciones, con Besteiro Servicios Audiovisuales y con el Grupo Quatrium, se aportaron para inflar los ingresos futuros del grupo y facilitar la entrega del préstamo.

El 17 de septiembre de 2018, mientras Xesgalicia tramitaba la operación, quedó incorporado a su propio expediente un informe de la agencia de calificación Axesor sobre Editorial Compostela. Es el documento que la UDEF describe como determinante para entender lo que sucedió después.

El informe concluye que la sociedad tenía “una situación muy próxima a la insolvencia”, con una posibilidad de incumplimiento de sus obligaciones de pago del 62,86%. Le asigna una puntuación de un punto sobre diez y la declara de “máximo riesgo de impago”.

Axesor detalla los motivos. Editorial Compostela mostraba un comportamiento irregular en ficheros de morosidad, no atendía puntualmente sus obligaciones, y sus fondos propios representaban solo el 3,71% del total de sus fuentes de financiación. El nivel de efectivo y activos líquidos era reducido, y la empresa tenía difícil acceso a nueva financiación para el corto plazo.

La recomendación del informe era muy simple: “No se aconseja realizar operaciones con esta entidad”. Axesor fijaba la cantidad de crédito comercial recomendada en 0 euros, frente a una media sectorial de 719.430 euros para empresas de tamaño similar.

El propio informe de la UDEF, al reconstruir esta parte del expediente, lo resume sin rodeos: “Era obvio que la situación financiera de la empresa no aconsejaba la concesión de un préstamo por el alto nivel de impago que existía, como así resultó”, escribe el inspector jefe del grupo policial que lo redactó.

El análisis de riesgo incluía también un mapa de las empresas vinculadas a Editorial Compostela. Xeogal Publicacións SL recibía la calificación de riesgo máximo, Código Televisión SL y Anova Multiconsulting SA quedaban en riesgo moderado, y solo CTVSA se libraba con un riesgo mínimo.

Pese a ese informe, el proceso interno de Xesgalicia siguió adelante. El comité de dirección informó favorablemente el 24 de septiembre de 2018 elevar la propuesta al consejo de administración. Al día siguiente, el 25 de septiembre, el propio comité de dirección aprobó por unanimidad someter la operación al consejo, en una reunión a la que asistió Francisco Conde López, entonces conselleiro de Economía de la Xunta y presidente del consejo de administración de Xesgalicia, que más tarde asumiría también la vicepresidencia de la Xunta.

Pero la aprobación definitiva no llegó en una sesión del consejo. Llegó por escrito. El acta número 217 del consejo de administración de Xesgalicia, fechada el 23 de noviembre de 2018, recoge que la concesión del préstamo se decidió “mediante el procedimiento de votación por escrito y sin sesión”. 

Ninguno de los consejeros citados, entre ellos el propio Francisco Conde, un representante del Igape y varios vocales de la Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, expresó su oposición.

Dos días antes, el 21 de noviembre de 2018, un documento interno titulado Procedimiento de adopción de acuerdos por escrito y sin sesión del consejo de administración de Xesgalicia explica por qué se optó por esa vía. El texto señalaba que, “siguiendo instrucciones del presidente del consejo de administración del Xesgalicia —el propio Conde— y por razones de urgencia, se ha decidido proponer la adopción del acuerdo de concesión” del préstamo mediante votación escrita, sin convocar una sesión presencial del órgano.

El préstamo, de hasta 2.500.000 euros, se concedió con garantías, un vencimiento fijado en el 31 de diciembre de 2022, una carencia de amortización hasta el 31 de diciembre de 2020 y un interés del Euribor trimestral más cuatro puntos porcentuales.

El Correo Gallego es una cabecera fundada en 1878, de tirada modesta y línea editorial afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga hasta la de Feijóo. Lo llamativo de la ayuda millonaria del Gobierno que entonces presidía el hoy líder del PP no es solo que tuviera como destinatario a un diario afín en quiebra, sino que, antes de recibir el dinero, el hombre que controlaba el periódico, José Manuel Rey Novoa, presumía ante su consejo de administración de que la Xunta tenía “voluntad” para aliviar lo que él mismo llamaba “la mochila financiera” del diario.

En esas mismas actas, que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación por tráfico de influencias, Rey Novoa aseguraba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para conseguir el préstamo. Lo hacía mientras negociaba con una Xunta entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, que acabó concediéndole el dinero.

Al revisar toda la documentación entregada por Xesgalicia, la UDEF hizo una observación adicional sobre el estado del expediente. Los investigadores constataron que Xesgalicia “no disponía de un expediente escrito unificado y aparentemente completo”, y que se encontraron más documentos en el contenido informático facilitado que en la documentación en papel entregada inicialmente.

Esa falta de un expediente único es, según el propio informe, la razón por la que hubo que cruzar el material en papel con las carpetas digitales para reconstruir el proceso completo de aprobación del préstamo, incluida la fecha exacta en la que se incorporó el informe de riesgo de Axesor.

El expediente policial recoge otro indicio que apuntaba en la misma dirección que el informe de Axesor. En el informe de auditoría de las cuentas de 2019, la firma ACR Auditors Group se negó a emitir una opinión sobre las cuentas anuales de Editorial Compostela, “debido al efecto muy significativo” de las cuestiones que describía en su informe.

Un año después, el 31 de agosto de 2020, el auditor independiente Crowe llegó a la misma conclusión sobre las cuentas de 2019. La denegación de opinión se basaba en saldos de 2.681.483 euros que la auditora consideraba de dudoso cobro, una cifra que, de eliminarse, dejaría el activo y el patrimonio neto de la empresa sobrevalorados. La propia nota de la auditoría advertía de que la sociedad se encontraba en causa de disolución.

El deterioro no se detuvo con el préstamo. La UDEF recoge que, en octubre de 2020, la deuda de Editorial Compostela con su plantilla ya ascendía a 4,7 millones de euros, “el talón de Aquiles” de la empresa, según la expresión que el propio administrador, José Manuel Rey Novoa, empleaba para describir la situación.

Los hechos posteriores confirman la advertencia de Axesor. Según consta en el informe, Editorial Compostela nunca atendió ninguna de las amortizaciones del préstamo, la primera de las cuales vencía el 31 de diciembre de 2020. Solo pagó intereses hasta el devengo del 31 de diciembre de 2019, por un total de 88.104,97 euros.

Desde diciembre de 2019, poco después de cumplirse un año de la concesión del crédito, la empresa dejó de pagar. Xesgalicia envió una primera carta reclamando el impago el 3 de diciembre de 2020, por 20.416,44 euros. Una segunda carta, del 17 de junio de 2021, elevaba la deuda reclamada a 264.434,56 euros. Ante la falta de respuesta, el 7 de febrero de 2022 el expediente pasó a los servicios jurídicos de Xesgalicia para iniciar la reclamación judicial.

El 21 de marzo de 2022, el departamento financiero de Xesgalicia reclamó formalmente 1.130.715,17 euros, de los cuales 950.000 euros correspondían a amortizaciones de capital no atendidas desde diciembre de 2020, y el resto a intereses devengados y no pagados.

Editorial Compostela entró después en concurso de acreedores. En ese procedimiento, según el informe de la UDEF, Xesgalicia reclamó la totalidad del préstamo concedido más los intereses pendientes, por un importe total de 2.712.245,22 euros. Pero nunca se personó en la causa penal que se sigue contra Rey Novoa en un juzgado de Santiago.

En las últimas semanas, las acusaciones de “ingeniería electoral” lanzadas por el PP contra el Gobierno de España por la concesión de la nacionalidad a descendientes de personas exiliadas —contemplada desde hace un cuatrienio en la Ley de Memoria Democrática— devolvieron el foco sobre el mal llamado voto emigrante. Esto es, sobre el Censo de Residentes Ausentes (CERA), cuyo apoyo electoral los populares siempre procuraron con intensidad, muy especialmente en Galicia, donde ya supera el medio millón de inscripciones.

Mientras, en su calidad de actual líder estatal del PP, el expresidente Alberto Núñez Feijóo alimenta esa controversia, su sucesor en la Xunta daba el visto bueno definitivo a una significativa operación en el núcleo central de ese CERA para Galicia, en Argentina (casi 180.000 inscripciones correspondientes a las circunscripciones gallegas a 1 de junio de 2026), en cuya capital el Gobierno gallego va a estrenar nueva sede. Lo hará tras comprar un céntrico local por casi un millón y medio de euros.

El Consello de la Xunta del pasado 15 de junio trató el informe de una compra que dotó de fondos ya el pasado mayo. Fue entonces cuando transfirió 1,42 millones desde el programa de imprevistos de los Presupuestos Generales de 2026 a la Consellería de Emprego e Emigración “para hacer frente a los gastos de adquisición y adecuación” de un local situado en el número 990 de la avenida Belgrano de Buenos Aires, donde hasta finales de 2024 funcionó una sucursal del Banco Galicia.

Con una superficie de 730 metros cuadrados distribuidos en tres niveles —subsuelo, bajo y primera planta—, el Ejecutivo gallego dice comprarlo con la intención de “ampliar la capacidad de servicio a la ciudadanía” y “reforzar la visibilidad institucional”. Incluso antes del inicio de las reformas, la Xunta instaló ya un gran letrero corporativo en el exterior de un espacio para el que contempla funciones administrativas y también la celebración de eventos culturales, “encuentros institucionales y reuniones empresariales”, así como finalidades de promoción turística.

Indica la Consellería que las nuevas instalaciones prevén contener, asimismo, una “oficina de retorno y atracción de talento” al amparo de la Estrategia Galicia Retorna. Todo, bajo el principio político general del “compromiso de la Xunta con la comunidad gallega en el exterior, con especial atención a Argentina” y a Buenos Aires, que ensalza con la “tradicional” consideración de “quinta provincia gallega”.

En este contexto, la Secretaría Xeral da Emigración acaba de organizar una presentación de la nueva sede para “representantes de los centros gallegos y miembros de la colectividad gallega”, acto presidido por su titular, Antonio Rodríguez Miranda, y por el delegado de la Xunta en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro. Ambos cargos fueron integrados en 2022 por Feijóo en la dirección estatal del PP como “secretario en el exterior” y “representante en Iberoamérica”, respectivamente.

Indica Emigración que en ese encuentro “se explicaron las características de la nueva sede”, que “nace con la vocación de convertirse en la casa de todos los gallegos en Argentina y en un escaparate permanente de la Galicia actual”. “Será mucho más que una oficina administrativa”, aseguran.

La Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo concedió en 2018 un préstamo de dinero público de 2,5 millones de euros a la empresa editora del diario El Correo Gallego, en un momento en que el propio consejo de administración del periódico reconocía por escrito una situación financiera de quiebra. Lo recoge un auto judicial dictado el pasado 20 de mayo por un juzgado de Santiago y al que ha tenido acceso infoLibre.

El crédito fue concedido a través de Xesgalicia (Xestión de Capital Risco de Galicia), la sociedad pública de capital riesgo de la Xunta, y el Igape (Instituto Galego de Promoción Económica), el organismo autonómico de fomento económico. Ambos dependen del Gobierno a través de la Consellería de Economía, en ese momento dirigida por Francisco Conde, mano derecha y amigo personal de Feijóo, hasta el punto de formar parte del selecto grupo de dirigentes del partido que le han acompañado desde Galicia en su etapa en Madrid. 

En teoría, el dinero se concedió dentro de una reestructuración financiera que Editorial Compostela, la sociedad propietaria de la cabecera, negoció ese año con sus acreedores. Abanca, el principal de todos ellos, perdonó entonces al periódico más de 5,5 millones de euros de deuda.

Lo llamativo de la ayuda millonaria del Gobierno de Feijóo no es solo que tuviera como destinatario a un diario afín en quiebra, sino que, antes de recibir el dinero, el hombre que controlaba el periódico, José Manuel Rey Novoa, presumía ante su consejo de administración de que la Xunta tenía “voluntad” para aliviar lo que él mismo llamaba “la mochila financiera” del medio.

En esas mismas actas, citadas en el auto pero que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación por tráfico de influencias, Rey Novoa aseguraba que iba a “movilizar toda su capacidad de influencia” para conseguir el préstamo. Lo hacía mientras negociaba con una Xunta entonces presidida por Alberto Núñez Feijóo, que acabó concediéndole el dinero.

El Correo Gallego es una cabecera fundada en 1878, de tirada modesta y línea editorial afín al PP desde la etapa de Manuel Fraga hasta la de Feijóo. El periódico dejó de pertenecer a Rey Novoa y su entorno en noviembre de 2022. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña adjudicó entonces Editorial Compostela, dentro del concurso de acreedores, al grupo Prensa Ibérica, propiedad del empresario Javier Moll, que ya edita en Galicia Faro de Vigo y La Opinión A Coruña. La operación se cerró por 1,6 millones de euros, con una deuda acumulada de 20 millones. Prensa Ibérica asumió entonces 32 de los 46 contratos laborales que quedaban en la plantilla.

El auto que ha sacado a la luz un posible caso de tráfico de influencias para conseguir un crédito de 2,5 millones está firmado por la magistrada Ana López-Suevos. Se dirige contra los anteriores responsables del periódico y ordena continuar el procedimiento penal contra Rey Novoa y otras diez personas físicas y jurídicas por un presunto delito de alzamiento de bienes, previsto en el artículo 257 del Código Penal.

El alzamiento de bienes consiste en ocultar o sacar patrimonio de una empresa para impedir que los acreedores puedan cobrar sus deudas. La resolución añade un cargo de apropiación indebida, del artículo 253 del Código Penal, contra Rey Novoa y contra Ángel María Remesar Zabaleta, histórico directivo del diario. 

La causa se inició por la denuncia de varios antiguos empleados de El Correo Gallego que pasaron meses sin cobrar sus salarios, aunque a ella se sumaron el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Ministerio Fiscal. Ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado en los juzgados para tratar de recuperar el dinero público prestado y que el periódico nunca devolvió.

El juicio oral no tendrá lugar hasta 2027, cinco años después de la presentación de la primera denuncia, según las previsiones de Francisco Méndez, el abogado que lleva la acusación en nombre de nueve extrabajadores del diario. Pero las primeras reclamaciones por impagos se remontan a 2018.

El Correo Gallego arrastraba problemas financieros desde antes de la pandemia, algo que ya aparecía en sus cuentas anuales. La crisis del covid-19 aceleró un deterioro que el consejo de administración admitía por escrito en 2018, según consta en el auto de la jueza.

Fue en ese contexto cuando Rey Novoa negoció el préstamo de Xesgalicia e Igape. El auto cita también campañas publicitarias de la Xunta y convenios institucionales como fórmulas a corto plazo con las que el máximo responsable del periódico, con la ayuda indispensable de la administración dirigida por Feijóo, trataba de mantener el diario en marcha.

Gracias al dinero del préstamo, Editorial Compostela saldó deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Eso garantizó, a su vez, según recoge el auto, el cobro de convenios como el firmado con la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), otra de las vías habituales a través de las cuales la Xunta ha financiado durante décadas a los diarios gallegos para asegurarse líneas editoriales complacientes.

Pese a ese alivio contable, la deuda con la plantilla siguió creciendo. En octubre de 2020 alcanzaba ya los 4,7 millones de euros, según los cálculos incorporados a la causa.

En febrero de 2022, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña admitió a trámite el preconcurso de Editorial Compostela. La empresa terminó solicitando el concurso voluntario, declarado el 22 de junio de ese mismo año.

El grueso del auto se apoya en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ratificado por un inspector del grupo en su declaración del 9 de abril de 2025 ante el juzgado.

Según ese informe, Editorial Compostela, Código Televisión, Anova Multiconsulting, Think First y la Agrupación Deportiva El Correo Gallego funcionaban como un único grupo empresarial con “unidad de caja”. Los ingresos de unas se usaban para pagar gastos de otras, de modo que el dinero no se acumulaba en las cuentas embargables de la editora para así eludir los compromisos con los acreedores, entre ellos los trabajadores.

El informe detalla movimientos concretos. De los más de 11,1 millones de euros ingresados en una sola cuenta de Editorial Compostela, 8,94 millones acabaron en la Agrupación Deportiva El Correo Gallego, una asociación sin apenas actividad real más allá de organizar una carrera popular, según reconoció el propio Remesar Zabaleta ante los investigadores.

La Inspección de Trabajo llegó a conclusiones similares en un informe propio. Detectó que la publicidad del periódico se facturaba indistintamente desde varias de esas sociedades y que unas avalaban las pólizas de crédito de las otras.

Junto al préstamo autonómico, el auto documenta decenas de préstamos privados que entraron en las cuentas del grupo a lo largo de los años, buena parte de ellos sin que conste su devolución. Entre los prestamistas aparecen empresas y particulares gallegos, así como sociedades vinculadas a personas con antecedentes por estafa.

La resolución judicial recoge también operaciones de vaciamiento patrimonial. En junio de 2021, Rey Novoa vendió sus acciones de Editorial Compostela, valoradas en más de 1,19 millones de euros, y su participación en Think First por un precio simbólico de 1 euro a Open Knowledge Consulting, sociedad de Arsenio Olmo Chaos.

La operación se revirtió meses después mediante un pacto de retroventa, también por 1 euro. El auto señala que Olmo Chaos y su socio Romualdo Soriano Medina acumulan varias causas judiciales por presuntas estafas a empresarios que buscaban financiación.

Entre las vías de ingreso del grupo figuran también contratos con la CRTVG, una compañía controlada también por la Xunta de Feijóo. Código Televisión ofreció como garantía a favor de la financiera privada Visualiza Business el derecho de cobro de dos producciones para la televisión pública gallega, SoanCampás y 48 horas para o sí, por las que la CRTVG llegó a pagar 494.000 y 400.000 euros respectivamente.

De ese segundo contrato, según el auto, solo 48.400 euros llegaron a Visualiza Business pese al importe total pactado. Think First dio en garantía de forma similar el cobro de otro contrato con la CRTVG, por 1,1 millones de euros, a favor de la sociedad CTV.

Mientras el grupo empresarial garantizaba el pago a la Seguridad Social y a Hacienda, las nóminas se abonaban de forma irregular, según constata el auto. Varios extrabajadores obtuvieron sentencias favorables en la jurisdicción social que no pudieron ejecutar por la insolvencia declarada de las empresas.

El Fogasa tuvo que abonar 1.839.069,70 euros a los extrabajadores dentro del concurso de acreedores. De esa cantidad, la administración concursal solo ha devuelto al fondo 138.231,36 euros, por lo que restan pendientes 1.700.838,34 euros.

Los trabajadores personados en la causa reclaman además una responsabilidad civil que suma, entre los distintos grupos representados por sus procuradores, más de 1,02 millones de euros.

El abogado de los trabajadores, que está a punto de conseguir sentar en el banquillo a Rey Novoa, recuerda ejemplos sangrantes para los empleados. Entre las prácticas irregulares del hombre que controlaba el periódico y que muestran hasta dónde desviaba el dinero que recibía, en su mayor parte de una Xunta en la que, según sus propias palabras, tenía gran influencia, destaca la compra de un piso de 400.000 euros a nombre de su mujer. O el pago de un salario mensual a su hija cuando vivía en Miami (Estados Unidos), ajena al periódico, mientras los empleados estaban sin cobrar.

infoLibre ha preguntado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a través de la dirección de comunicación del partido, por qué Xesgalicia, presidida por Francisco Conde y empresa de la Xunta, concedió 2,5 millones a El Correo Gallego cuando ya estaba en quiebra. También si ejerció algún tipo de influencia José Manuel Rey Novoa para conseguir que la Xunta le concediese ese préstamo, como él mismo afirmó ante su consejo de administración, echando mano de sus contactos con Conde o con él mismo. Y también por qué ni Xesgalicia, ni el Igape ni la Xunta se han personado para tratar de recuperar judicialmente el dinero público prestado, que nunca fue reintegrado.

Feijóo, a través de su servicio de prensa, ha declinado responder estas preguntas y ha señalado que las cuestiones debían dirigirse al actual Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda. La respuesta del Ejecutivo autonómico, después de calificar este asunto, que se está ventilando ahora en los tribunales, de “tema antiguo”, ha sido de defensa de la concesión del crédito.

“Las líneas de financiación que se le concedieron a esta empresa, como todas las que proceden de fondos públicos, cuentan con la necesaria justificación económica y jurídica”. Las decisiones que se adoptaron, añade la respuesta oficial del actual Gobierno gallego, “tenían el objetivo de garantizar la viabilidad del proyecto empresarial y el mantenimiento del empleo”. “Ni las decisiones adoptadas por la empresa ni las declaraciones de sus entonces responsables competen a la Xunta”. El Ejecutivo de Rueda no aclara en su respuesta si Rey Novoa intentó ejercer influencia para obtener el crédito o el motivo por el que la Xunta no reclamó judicialmente por vía penal la devolución del dinero.

El alboroto volvió a tener, como de costumbre, el mismo epicentro. La aprobación en la Comunidad de Madrid de una ley para “otorgar al concebido no nacido la condición de miembro de la unidad familiar” para supuestos como la “concesión de subvenciones que utilizan como criterio la renta” o expedir títulos de familias numerosas, en la línea de lo que el PP madrileño había prometido hace siete años, desencadenó el debate sobre un posible giro de los populares más a la derecha o su seguimiento de medidas en boga en territorios como los EE UU. Incluso una promesa de Alberto Núñez Feijóo de extender tal medida a todo el Estado si llega al Gobierno de España.

Una parte relevante del alboroto obvia que la esencia de estas medidas y promesas puede tener muchas implicaciones, pero ninguna de ellas es una completa novedad. No en vano, se trata de una política que cumple estos días quince años, los que ya han transcurrido desde la aprobación por el PP gallego en el Parlamento de la ley de apoyo a la familia y a la convivencia, que junto a diversos aspectos de la política social estableció “asimilar a descendiente el hijo o hija concebido o concebida” para obtener la consideración de familia numerosa o monoparental en el acceso a ayudas públicas.

Para acogerse a esa ley es necesario obtener el llamado “certificado de niño/a concebido no nacido” a través de la Consellería de Política Social. En 2019, el departamento que dirige Fabiola García explicó, a preguntas de Praza.gal, que ya llevaba expedidos “algo más de 400 certificados” para que los “concebidos no nacidos” fuesen “asimilados a la categoría de descendientes”. Este diario trasladó a la Consellería la misma pregunta respecto a los datos acumulados hasta este 2026. En el momento de la publicación de esta información aún no había obtenido respuesta.

En la actualidad, Política Social sigue destacando en su información pública al respecto que “Galicia fue la primera comunidad autónoma de España en permitir a la familia con hijos concebidos, pero aún no nacidos, beneficiarse de lo que les corresponderá tan pronto nazcan”. Este reconocimiento, no obstante, no es admisible en todos los ámbitos de la propia Consellería, caso por ejemplo de la reserva de plazas en escuelas infantiles, tal y como acaba de acreditar una reciente recomendación de la Valedora do Pobo que este departamento del Ejecutivo gallego decidió no admitir. Las órdenes de matrícula prohíben expresamente tramitar la solicitud de plaza mientras el menor no nace.

[Sin escuela infantil por nacer a mitad de año: la Xunta rechaza la petición de la Valedora de “evitar la discriminación”]

Aquella ley de 2011 encabezaba su capítulo de “políticas públicas de apoyo a la maternidad” fijando como uno de sus “principios rectores” la “protección institucional del derecho a la vida”. Y señalaba como uno de sus ámbitos de actuación la “promoción” de “campañas de sensibilización” destinadas, entre otros aspectos, “a la protección del derecho a la vida en formación”.

Estas líneas de actuación seguían un camino político asumido por el PPdeG apenas dos años antes, en 2009. Fue entonces cuando, tras obtener la mayoría absoluta que les permitió retornar a la Xunta con Feijóo al frente, aceleraron en el Parlamento la aprobación de la “ley por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada”. Fue la traducción normativa de una iniciativa legislativa popular promovida desde la llamada Red Madre, una organización impulsada desde el antiabortista Foro Español de la Familia que consiguió así introducir en la legislación gallega la protección del “derecho a la vida en formación desde la concepción” y el cómputo de “miembros adicionales” de la familia para acceder a ayudas “desde el momento de la fecundación”.

Sobre estas bases, los gobiernos presididos por Feijóo aprobaron otras normas y planes. Fue el caso del Plan integral de apoyo a la mujer embarazada 2012-2014. En desarrollo de la ley de la Red Madre, contemplaba la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de las ayudas previstas en materia social, familia y vivienda”.

En una línea prácticamente idéntica, el VII Plan Estratégico de Galicia para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2017-2020 anexó a las medidas para “potenciar los recursos de atención y apoyo para garantizar una asistencia integral a las mujeres embarazadas” la “valoración de la vida en formación (nasciturus) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de acceso a ayudas y otros recursos públicos”.

La siguiente edición del plan de igualdad, vigente desde 2022 y hasta el próximo 2027, no incluye esa mención. En cualquier caso, el cómputo de hijas o hijos “concebidos y no nacidos” como miembros de la unidad familiar sigue figurando en órdenes de ayudas y otras medidas, caso por ejemplo de los nuevos umbrales de renta para el acceso a viviendas protegidas, aprobados por el Consello de la Xunta el pasado mayo, o de las subvenciones para hacer obras de “habitabilidad” en “infraviviendas”, convocadas a principios de año.

Aunque con matices, este pasado lunes el propio Feijóo se refería a estas medidas de sus propios gobiernos al afirmar, durante una entrevista en Antena 3, que si logra “responsabilidad de Gobierno” en el Estado, “haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”. “Lo hice en el año 2011 en Galicia” y ahora “la presidenta de la Comunidad de Madrid lo reiteró y lo amplió”, especificó.

Preguntado al respecto, el actual presidente de la Xunta evidenciaba este lunes que lo que señala como “ventajas importantes” para “muchas mujeres, incluso antes del nacimiento” ya “existen en Galicia desde hace muchos años”. “Todas estas medidas vienen del anterior presidente de la Xunta y nosotros, por supuesto, las mantuvimos”, señala Alfonso Rueda, quien matiza que se le “escapa” si existen “condicionantes que a nivel estatal pueden llevar a hacerlo por ley”, como sugiere ahora Feijóo.

¿Cuatro mil viviendas son muchas o pocas? Como prácticamente toda cifra: depende. En cifras redondas son las que continúan en manos de los bancos y otras entidades financieras y están vacías en Galicia, según los datos del censo oficial de la Xunta a los que Praza.gal pudo acceder al amparo de la Ley de Transparencia tras evitar el Gobierno gallego entregarlos al Parlamento. Y supone un volumen prácticamente idéntico al de pisos de promoción pública que la Xunta asegura estar en condiciones de construir en esta legislatura.

Concretamente, las cifras del censo indican un total de 4.081 viviendas vacías propiedad de bancos en 130 ayuntamientos. Y la Consellería de Vivenda asegura que las promociones de pisos públicos que ya tiene “en ejecución” —término que engloba desde los trámites previos hasta la construcción propiamente dicha— son ya algo “más de 4.000”. Con las obvias diferencias en cuanto a las localidades en que se encuentran unas y otras.

Como muestra el gráfico interactivo sobre estas líneas, más de la mitad de esas 4.081 viviendas vacías en manos de la banca son titularidad de la Sareb, el banco malo constituido por el Gobierno de España en colaboración con el sector financiero durante la gran recesión para absorber activos inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorro rescatadas —entre ellos, 5.000 millones en bienes procedentes de Caixa Galicia y Caixanova—. Por tanto, a priori, serían susceptibles, por las últimas reformas promovidas por el Gobierno de España, de integrarse en la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47, creada por el Ejecutivo para centralizar su política de vivienda pública y favorecer promociones de alquiler protegido.

Por detrás de la Sareb destaca como segundo gran banco propietario de viviendas vacías en Galicia el Santander, con 600. El resto se distribuyen en volúmenes muy inferiores entre más de una treintena de empresas, de bancos a fondos de inversión inmobiliaria. La presencia de Abanca entre ellos es residual (24 viviendas a nombre de Abanca Corporación Bancaria y 49 en manos de su división inmobiliaria) precisamente porque el grueso de los activos tóxicos pasaron a la Sareb antes de la compra de Novagalicia Banco por el venezolano Banesco.

Pero, de vuelta a la pregunta inicial: ¿son muchas o pocas? En comparación con las viviendas protegidas en general —y de promoción pública en particular— en las últimas legislaturas, son un volumen muy considerable. Así, por ejemplo, en la pasada legislatura gallega —la de la dimisión de Alberto Núñez Feijóo como presidente— quedaron terminadas en Galicia apenas 281 viviendas. En la anterior (la salida de las elecciones de 2016) habían sido pocas más, 337. Y en la previa, la iniciada con los comicios de 2012, quedaron en 622.

Hay que remontarse a la primera legislatura con Feijóo en la Xunta para encontrar una cifra de viviendas protegidas más abultada. Fundamentalmente por proyectos heredados del Gobierno de coalición PSdeG-BNG, en aquel período de 2009 a 2012 se finalizaron algo más de 6.000 pisos protegidos. En el mandato de socialistas y nacionalistas, entre proyectos propios y provenientes del fraguismo, fueron más de 12.000. Durante todas las legislaturas de los años 90, con Fraga en la Xunta, también se superaron las 10.000 por mandato.

El grueso de las viviendas protegidas levantadas a lo largo de la autonomía irá perdiendo paulatinamente esa condición, dado que —en función de la normativa vigente en cada momento— van quedando sin restricciones para ser compradas y vendidas sin precio tasado ni tener que dirigirse a población inscrita en el Registro de Demandantes de la Xunta. Como informó Praza.gal a partir de una amplia investigación de Civio, de aquí a 2030 Galicia va a perder algo más de 35.000 viviendas protegidas, por lo que tanto las vacías en manos de los bancos como las de promoción pública proyectadas por la Xunta no compensarían, ni de lejos, esa pérdida.

Cuatro mil viviendas tampoco son muchas en comparación con otro indicador clave: la demanda de vivienda protegida. Alimentado por los anuncios de esas cuatro mil viviendas de promoción pública —y del desarrollo de suelo residencial en diversas localidades para otras 20.000 protegidas—, el Registro de Demandantes viene batiendo sucesivos récords y, en el momento de la redacción de esta información, el 2 de julio de 2026, ya tenía inscritas casi 34.400 peticiones.

Hace apenas un año eran poco más de 22.000, lo que sitúa por encima del 50% el crecimiento interanual de una demanda que 4.000 viviendas apenas cubrirían. No en vano, 4.000 viviendas equivalen a apenas el 12% de las inscripciones en el registro de demandantes de vivienda protegida.

Las olas de calor y los episodios de altas temperaturas son cada vez más frecuentes y su intensidad es cada vez mayor a causa del cambio climático. También en Galicia. En mayo y junio sufrimos ya varias semanas con récords de temperatura en muchas localidades. El fenómeno se repetirá este fin de semana en la mayor parte del país, anticipando un verano y un futuro inmediato en el que el calor (y sus consecuencias para la salud) serán noticia y exigirán actuaciones a las administraciones. Por ejemplo, con la creación de refugios climáticos, de momento inexistentes en Galicia. El pasado mes de enero se anunció la creación en Ourense del primer espacio de este tipo.

Los refugios climáticos son espacios en edificios públicos (bibliotecas, centros culturales, escuelas, centros cívicos, iglesias...) o en el exterior (parques, jardines...) que ofrecen confort térmico durante los períodos de altas temperaturas, bien porque están climatizados o porque permiten estar a una temperatura inferior gracias a contener árboles o espacios de sombra. Están pensados sobre todo para la infancia y para las personas de mayor edad, que son quienes más sufren los efectos de las temperaturas elevadas.

Greenpeace ha publicado el informe Ciudades al rojo vivo, en el que analiza la existencia de estos espacios en las 50 capitales de provincia del Estado. En el documento destaca la carencia de refugios climáticos públicos en las cuatro capitales provinciales gallegas, en contraste con lo que sucede en otras comunidades autónomas. Los refugios climáticos son más habituales en ciudades de territorios meridionales o mediterráneos que sufren altas temperaturas, como Barcelona, Murcia, Málaga o Lleida. Pero, ojo, también son numerosos en zonas del norte, como el País Vasco (cerca de 300 en sus tres capitales provinciales) o La Rioja.

La organización ecologista destaca que solo 1 de cada 3 capitales de provincia en el Estado cuenta en la actualidad con esta medida, con redes más numerosas en Euskadi y Catalunya y su total ausencia en Galicia, Asturias, Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Baleares.

“El verano que conocíamos ya no existe. El calor es un problema de salud pública que cada año mata en España a miles de personas y no estamos respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone, ni para frenarlo ni para adaptarnos a sus impactos”, alerta Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace, que señala que “los refugios climáticos son una medida efectiva a corto plazo para proteger a las personas del calor extremo”.

Sin embargo, estos son aún muy escasos, su número no ha crecido lo suficiente en el último año y, además, en algunas ciudades “existen refugios aislados o en número insuficiente, que no se consideran en el análisis al no constituir una red que permita a la población tener acceso a protección de forma equitativa”.

El documento destaca que “el norte ya no es un destino para escapar del calor”, pues “durante los momentos de altas temperaturas de mayo y la ola de calor de junio, sus ciudades destacaron por las constantes alertas rojas sanitarias” y, a pesar de ello, “Oviedo, Santander, Lugo y Santiago no cuentan con ningún refugio climático”.

Greenpeace destaca que “horarios, espacios inadecuados y no tener en cuenta a la ciudadanía son las tres principales barreras que lastran la efectividad de los refugios climáticos”. La organización subraya que estos espacios deben abrir todos los días de la semana y durante todo el día (especialmente durante el mediodía y las tardes).

En el caso de los espacios, critica la existencia de refugios sin zonas de descanso, agua o, en el caso de exteriores, sombra suficiente. También existen espacios cuya catalogación como refugios “resulta cuestionable”, como sucede con las estaciones de transporte, o sin gratuidad clara como mercados, museos y espacios comerciales.

En cuanto a los ejemplos positivos, destacan, sobre todo en Cataluña, los microrrefugios, espacios donde el pequeño comercio de barrio participa en la protección de la ciudadanía de forma gratuita. Otra buena práctica es la apertura de patios escolares a la comunidad para su uso como refugios, una medida que, a pesar de las limitaciones de horario, “refuerza la necesidad de adaptar los centros educativos para transformarlos en verdaderos refugios climáticos por su potencial de proteger a todo un barrio más allá de las horas lectivas”.