Una jueza investiga el misterio de las ayudas públicas millonarias a El Correo Gallego

La magistrada Ana López-Suevos intenta reconstruir el rastro del dinero que recibió El Correo Gallego en su etapa de mayor deterioro económico. En la causa se analizan las ayudas públicas concedidas por la Xunta durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y los pagos procedentes de la Televisión de Galicia, que según los informes policiales pudieron acabar integrándose en una operativa de desvío y ocultación de fondos. La investigación se inicia en 2022 y sigue abierta, ya que la UDEF continúa aportando nuevos indicios. Feijóo llega a Madrid ese mismo año.

Con una trayectoria de línea editorial conservadora, El Correo Gallego ha funcionado durante décadas como uno de los principales respaldos mediáticos a las políticas del Partido Popular en Galicia, primero bajo Manuel Fraga y después bajo Alberto Núñez Feijóo.

José Manuel Rey Novoa no llegó a El Correo Gallego como un inversor externo que compra un medio para reforzar su influencia; se hizo con él desde dentro, mediante una progresión lenta, silenciosa y sostenida en el tiempo. Su carrera arranca como trabajador de la casa, pero pronto escala posiciones clave hasta consolidarse como figura central del periódico. En 1987 ya era director, y en los años siguientes amplía su poder en la estructura de Editorial Compostela hasta convertirse en administrador único, controlando tanto la línea editorial como la gestión económica de la empresa.

Es durante los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo cuando Rey Novoa consolida su condición de propietario de facto del principal periódico de la capital gallega. En ese periodo, su posición accionarial se refuerza y El Correo Gallego intensifica su papel como apoyo editorial al Partido Popular, heredando una larga tradición iniciada en tiempos de Manuel Fraga.

La confirmación de su control total llega en 2020, cuando Rey Novoa negocia la venta del 60% de Editorial Compostela a otro empresario. En todas las informaciones aparece ya descrito como “primer accionista” del grupo, señal inequívoca de que, antes de esa operación, tenía en sus manos la mayoría decisiva del capital y el mando absoluto sobre la empresa.

Ese poder interno, acumulado durante décadas bajo el manto del Partido Popular, es el que ahora examina la justicia: la gestión financiera bajo su control terminó en un concurso de acreedores declarado culpable, en una inhabilitación de cinco años dictada por un juzgado mercantil y en una investigación penal abierta por la jueza Ana López-Suevos, titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Santiago de Compostela por presunto blanqueo de capitales, administración desleal y movimientos opacos de fondos procedentes de administraciones públicas.

Los investigadores de la UDEF centraron su atención en un crédito de 2,5 millones de euros que la Xunta de Galicia nunca debía haber concedido y en la creación de una serie de empresas pantalla para evitar pagar a los trabajadores y a los acreedores, además de una red familiar que se dedicaba a comprar propiedades inmobiliarias.

La UDEF sospecha que El Correo Gallego seguía recibiendo dinero público mientras sus trabajadores llevaban más de dos años sin cobrar. De hecho, a los agentes que investigan el caso les ha llamado la atención la facilidad del empresario para conseguir dinero público, y así lo han reflejado en sus informes, en manos ya de la jueza que instruye la causa. Además de ese crédito de la Xunta, también está bajo el foco un acuerdo por medio del cual la Televisión de Galicia era cómplice de los regates que el empresario le hacía también a Hacienda. 

Los trabajadores de El Correo Gallego denunciaban impagos mientras la Xunta seguía aprobando convenios y, finalmente, un préstamo millonario

Cuando El Correo Gallego entró definitivamente en barrena, con trabajadores sin cobrar durante meses y una deuda que ya no podía ocultarse, no se trataba de una crisis repentina ni imprevisible. El deterioro económico del grupo editor, Editorial Compostela, era conocido desde hacía años. Sin embargo, en ese contexto, la Xunta de Galicia presidida por Alberto Núñez Feijóo no solo mantuvo su relación económica con el periódico, sino que dio un paso más: le concedió financiación pública directa cuando la empresa ya hacía aguas. La UDEF destaca la “facilidad” con la que Editorial Compostela obtuvo el crédito de 2,5 millones de euros.

A través de XesGalicia, el brazo inversor de la Xunta, el Gobierno gallego, en 2018, aprobó un préstamo de 2,5 millones de euros a la empresa editora de El Correo Gallego. No se trataba de publicidad institucional ni de una subvención cultural, sino de un crédito público otorgado a una compañía privada que ya arrastraba impagos, conflictos laborales y una situación financiera extremadamente delicada. Aquel dinero no evitó el naufragio: la empresa acabaría entrando en concurso de acreedores y el periódico perdería gran parte de su estructura.

El préstamo no fue un hecho aislado. Antes y después de esa operación, la Xunta siguió firmando convenios y acuerdos económicos con Editorial Compostela. Bajo distintos conceptos: difusión informativa de la capitalidad de Santiago, promoción institucional o fomento del uso del gallego (aunque usasen castellano), el grupo recibió ingresos públicos recurrentes en los años previos al colapso. En la práctica, esos convenios funcionaron como una vía de oxígeno financiero para un medio que ya no era viable por sí mismo.

La cuestión clave no es solo cuánto dinero público recibió El Correo Gallego, sino cuándo lo recibió. Según la documentación y las informaciones publicadas, parte de esos fondos llegaron cuando la empresa ya acumulaba deudas con la plantilla, con la Seguridad Social y con Hacienda. Los trabajadores denunciaban impagos mientras la Xunta seguía aprobando convenios y, finalmente, un préstamo millonario. El resultado fue demoledor: el dinero público no salvó el proyecto, pero sí prolongó artificialmente una agonía empresarial que acabó dejando a decenas de empleados en una situación límite.

Años después, ese flujo de dinero público ha adquirido una dimensión judicial. La justicia mantiene abierta una investigación contra el exdirector y expropietario del diario, José Manuel Rey Novoa, y otros exdirectivos, por presuntos delitos económicos. La causa se centra en un posible desvío u ocultación de fondos, el uso de un entramado de cuentas y sociedades y maniobras para eludir el pago a acreedores y trabajadores tras el hundimiento del grupo. La investigación cuenta con informes de la UDEF y ha dado lugar a decisiones relevantes: en octubre de 2025, la jueza impuso una fianza de más de un millón de euros y advirtió de embargos si no se consignaba esa cantidad.

La causa penal sigue viva. Son ya tres años de instrucción. Con la UDEF entregando todavía informes y la jueza tomando declaración a los investigados, los tiempos judiciales no invitan al optimismo: la apertura de juicio oral no será inmediata. En causas económicas de esta complejidad, entre sociedades pantalla, cesiones de créditos y dinero público de varias administraciones, la fase de instrucción suele prolongarse de tres a cinco años. Con estos precedentes, la fecha más probable para un eventual juicio se sitúa entre finales de 2026 y 2027.

A ello se suma un antecedente clave: en 2024, un juzgado mercantil declaró culpable el concurso de acreedores de Editorial Compostela y condenó a Rey Novoa a cinco años de inhabilitación por irregularidades en la gestión de la empresa. No es una sentencia penal, pero sí una resolución judicial que describe una administración gravemente dañina del grupo.

Pero si hubo un actor decisivo en la supervivencia artificial del entramado dirigido por Rey Novoa fue la Televisión de Galicia (CRTVG). Según la investigación policial, la TVG garantizaba a El Correo Gallego una “cuota fija” de producción externa cercana a los dos millones de euros anuales, un sistema de reparto interno que asignaba a cada grupo mediático un trozo del pastel de contratos pagados con dinero público. Esa cuota —que debía servir para financiar programas y contenidos— se convirtió, en manos del empresario, en una vía para obtener liquidez fuera del alcance de Hacienda, de los trabajadores y de los embargos judiciales. Con las cuentas de Editorial Compostela embargadas, Rey Novoa procedió a ceder a sociedades intermediarias los derechos de cobro que tenía frente a la TVG, convirtiendo esos pagos públicos en dinero rápido fuera del alcance de los embargos. Vendía anticipadamente esos pagos a productoras “intermediarias” por apenas una fracción de su valor real, y estas, posteriormente, cobraban íntegramente de la cadena pública.

La CRTVG no puso ninguna objeción a ese tipo de operaciones hasta que la UDEF descubrió el juego.

Una empresa con deudas públicas no puede recibir dinero público. Por eso el crédito de 2,5 millones de euros a El Correo Gallego resulta tan anómalo: exige explicaciones políticas

El crédito concedido por la Xunta a la editora de El Correo Gallego tampoco tuvo el final que se esperaría de una operación “rigurosa”. Nunca fue devuelto, pese a que se trataba de financiación pública canalizada a través de XesGalicia. La empresa entró en concurso de acreedores y acabó colapsando sin haber reintegrado el dinero. Hoy en día, no consta que la Xunta haya recuperado esos fondos, lo que convierte el préstamo en una de las decisiones más controvertidas del apoyo institucional al periódico: dinero público concedido a una empresa ya en crisis, sin retorno conocido y hoy bajo el foco de una investigación penal por posible desvío y blanqueo.

La Policía considera este mecanismo un “acuerdo incomprensible” que permitió al empresario esquivar obligaciones fiscales y laborales mientras seguía recibiendo dinero público articulado desde la propia Xunta. La Federación de Sindicatos de Periodistas resume el funcionamiento del sistema de forma lapidaria: la TVG acabó actuando como “autopista financiera” que facilitó que Rey Novoa moviera fondos de administraciones como la Xunta, y la propia CRTVG mientras mantenía nóminas sin pagar.

La Xunta de Galicia, presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo, decidió invertir dinero público en un medio privado en crisis, sin que hasta hoy se haya explicado con claridad qué informes de viabilidad justificaron ese préstamo ni qué garantías reales se exigieron para proteger el interés general. Tampoco se ha aclarado por qué se siguieron firmando convenios mientras la empresa dejaba de pagar a sus trabajadores. ¿Qué controles fallaron para que ese dinero acabara, presuntamente, formando parte de un circuito opaco hoy bajo investigación judicial?

La operación no solo llegó al Parlamento, sino que fue defendida por la propia Xunta. La respuesta oficial está publicada en el Boletín del Parlamento. Para el Gobierno de Feijóo la empresa era “operativamente viable” cuando recibió 2,5 millones de euros, pese a los impagos de nóminas y las múltiples deudas que arrastraban y que hoy investiga un juzgado.

En condiciones ordinarias, una empresa con deudas con Hacienda y la Seguridad Social no puede recibir dinero público. Por eso el crédito de 2,5 millones de euros que XesGalicia otorgó a El Correo Gallego resulta tan anómalo: exige explicaciones políticas porque se concedió a una empresa que, según la UDEF y los autos judiciales, ya arrastraba impagos y deudas que habrían bloqueado cualquier ayuda pública normal.

La justicia investiga si parte del dinero público recibido por Editorial Compostela fue desviado u ocultado, mientras la Xunta, pese a conocer el deterioro económico de la empresa, no activó mecanismos de control ni nadie exigió responsabilidades por el uso de esos fondos.

Solo con los datos oficiales conocidos, Editorial Compostela recibió durante los años de Feijóo al frente de la Xunta al menos entre 5,5 y 6 millones de euros en convenios, subvenciones directas sin ningún tipo de control y un préstamo público de XesGalicia. A esa cifra habría que añadir, además, la publicidad institucional y los contratos con la Televisión de Galicia, que no están completamente cuantificados.

La causa penal abierta investiga si el gestor de El Correo Gallego utilizó de forma irregular fondos procedentes de dinero público, sin que Feijóo haya dado hasta hoy explicaciones sobre por qué siguió financiando a la empresa ni qué controles ejerció sobre ese dinero.

Si se confirma judicialmente que hubo desvío u ocultación de fondos públicos, la pregunta ya no será solo qué hizo el empresario, sino por qué se permitió que Rey Novoa siguiera recibiendo dinero público cuando los impagos a los trabajadores y las deudas con Hacienda y la Seguridad Social lo ahogaban y la empresa ya era inviable.

Somos todo oídos, señor Feijóo.

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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.