Exfiscales, exjueces y caros bufetes: el ejército legal de los investigados del 'caso Montoro'
El caso Montoro, en el que se investiga una supuesta trama dedicada a conseguir reformas legislativas a medida a cambio de importantes pagos, deberá enfrentarse en los próximos meses a una gran prueba de fuego: la resolución de la montaña de recursos interpuestos por las defensas. Es un examen clave del que depende la continuidad de la causa. Al fin y al cabo, el objetivo principal de los investigados es la declaración de nulidad de todo lo actuado, un torpedo en la línea de flotación del caso. Una batalla para la que cuentan con un ejército legal de primer nivel, del que forman parte grandes bufetes y reconocidos abogados que, en algunos casos, hicieron carrera en la judicatura o la Fiscalía.
En los últimos meses, los imputados han interpuesto más de una veintena de recursos y escritos. En ellos, se alega una supuesta indefensión. Cargan contra la decisión del instructor de mantener durante siete años el secreto de sumario. O hablan de una supuesta falta de competencia objetiva y territorial del juez que investiga al entender que el asunto debería haberse investigado en Madrid por ser en la capital donde se encuentra Equipo Económico –ahora Global Afteli–, el despacho que se encuentra en el epicentro de la trama, o el Ministerio de Hacienda. "La investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona ha contaminado todo el proceso", apuntaba un escrito de Global Afteli y Manuel de Vicente Tutor, uno de los principales investigados.
Ambos aparecen representados por José Antonio Choclán, un reputado penalista que tras cambiar la toga de magistrado –llegó a ejercer en la Audiencia Nacional– por la de letrado ha estado presente en algunos de los casos más mediáticos. En Gürtel, por ejemplo, defendió durante un tiempo a Francisco Correa. En Púnica, al empresario David Marjaliza. También ha tenido entre sus clientes a la exalcaldesa de València Rita Barberá, al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, al futbolista Cristiano Ronaldo, al entrenador José Mourinho y, más recientemente, al empresario Víctor de Aldama o al cantante Julio Iglesias. Su despacho también ha asumido la defensa de Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria.
No es el único exmagistrado entre las defensas. Los escritos incorporados al sumario de quien fuera subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, aparecen firmados por Adolfo Prego de Oliver, que en el pasado ha ejercido como letrado, por ejemplo, de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Antes de dar el salto a la abogacía, fue durante más de una década magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde fue el ponente de la admisión de la primera querella contra Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Y durante casi siete años, de noviembre de 2001 a septiembre de 2008, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP.
En el bloque defensor hay otros juristas que decidieron en su día dar el salto de lo público a lo privado. Al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro lo representa Javier Gómez-Ferrer Senent, abogado del Estado en excedencia. Igual que Carlos Luis Rubio, quien firma los escritos de Equipo Económico. Este último es socio director de Cortés Abogados, un bufete en el que también ejerce Daniel Campos, fiscal en excedencia –desempeñó su labor en Antidroga o Anticorrupción y llegó a ser coordinador de Delincuencia Económica en la Fiscalía de la Audiencia Nacional– que representa a otros dos socios del despacho que se encuentra en el centro de la trama.
Exfiscales y potentes bufetes
El ‘caso Montoro’, una investigación atascada por el aluvión de recursos y diligencias pendientes
Ver más
En el Ministerio Público también hizo carrera en su día Enrique Remón, uno de los letrados que firmaba en noviembre los escritos de los hermanos Menéndez Menéndez: Rogelio, exasesor del Gabinete del ministro de Hacienda, y Santiago, ex director general de la Agencia Tributaria. O Jesús Santos Alonso, quien hiciera lo propio en nombre de los tres investigados vinculados a la gasista Air Liquide. El letrado del caro bufete Baker & Mackenzie, quien ha ejercido durante mucho tiempo la defensa del PP en los tribunales y que cuenta con una lista de clientes VIP –desde el expresidente del BBVA Francisco Martínez hasta el futbolista Neymar–, fue en su día teniente fiscal de la Audiencia Nacional.
También el exfiscal Anticorrupción Carlos Sáiz, quien lleva la defensa del ex director general de Tributos Diego Martín-Abril. En su caso, lo hace desde el despacho Gómez-Acebo & Pombo. Con una facturación en 2024 superior a los 100 millones, según Expansión, no es el único gran bufete al que han recurrido los investigados. También está Uría Menéndez y Ontier, cuyo abogado Alfonso Trallero, quien ha tenido entre sus clientes al extesorero del PP Luis Bárcenas, representa a otros dos investigados. O Pérez-Llorca, quien lleva a la gasista Abelló Linde y todos sus imputados.
Y también Cuatrecasas, el segundo bufete con mayor cifra de negocios y a quien, según una reciente investigación realizada por infoLibre junto con la red European Investigative Collaborations (EIC), utilizó el Gobierno de Israel para influir en reformas legislativas y procesos penales.
