Del Ayuntamiento a Génova: el PP se lava las manos ante el escándalo de la vivienda pública en Alicante

La primera oferta de vivienda pública en Alicante en 20 años ha derivado en un escándalo político que no cesa y que ha surgido después de la adjudicación de 140 casas construidas sobre un terreno privilegiado al que accedió Fraorgi, un promotor privado, gracias al Ayuntamiento dirigido por el popular Luis Barcala. La polémica estalló tras conocerse que la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, un arquitecto municipal y dos hijos de la directora general municipal, María Pérez-Hickman, fueron adjudicatarios de esas viviendas públicas, situadas en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan, una de las más exclusivas de la ciudad.

Estas viviendas de protección pública (VPP) se han vendido por la mitad del precio de mercado, alrededor de 200.000 euros de media, lo que rápidamente disparó la demanda en un contexto de burbuja inmobiliaria con precios desorbitados —el precio de otras viviendas en esa zona se sitúa entre los 350.000 y los 400.000 euros—. El residencial se levantó sobre un suelo municipal que pasó a manos privadas por 6,6 millones de euros a cambio de que la Administración se quedase una parte de los inmuebles. Sobre el papel, el promotor decidía a quién adjudicaba los pisos una vez construidos bajo unos criterios establecidos por la Generalitat.

Entre ellos está que que no poseyera otra vivienda, que la concedida fuera utilizada como primera residencia y que sus ingresos anuales, como unidad familiar, no superaran los 54.000 euros — con posibilidad de llegar a 66.000 euros si se cumplían una serie de requisitos—. El Ayuntamiento de Alicante ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por las posibles irregularidades, denunciadas también por los partidos de la oposición valenciana. Concretamente, el PSPV-PSOE apunta a cinco posibles delitos: prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, fraude a la Administración en la gestión de suelo público, estafa en el acceso a vivienda protegida y fraude de ley con incidencia penal.

El Ayuntamiento, la Generalitat y Génova se desentienden de lo ocurrido

Los socialistas no solo cargan contra Gómez y Pérez-Hickman —ambas han dimitido—, sino también contra el arquitecto municipal, Francisco Nieto, y al administrador único de la mercantil Fraorgi, Francisco Ordiñana, que actuó como gestora de la Cooperativa "Residencial Les Naus". Pero tras las dimisiones, el Consistorio liderado por Barcala ha tratado de escurrir el bulto. En palabras del vicealcalde, Manuel Villar, no se puede hacer más porque "no hay ninguna norma que regule el control municipal" teniendo en cuenta que el informe elaborado por la Generalitat a través de la Conselleria de Vivienda dice que los propietarios "cumplen los requisitos".

Sin embargo, según adelantó este martes el diario Información, otro documento—en este caso del Consistorio alicantino— avisó a finales de enero de que la lista de adjudicatarios de los inmuebles incluía beneficiarios "vinculados a personal municipal que había intervenido en la gestión del contrato". La denuncia presentada por el propio Ayuntamiento ante la Fiscalía apunta a que el Servicio de Gestión Patrimonial ya "alertó de que el personal interviniente en la gestión del contrato resultó adjudicatario de una vivienda protegida en el complejo construido" y señaló "posibles conflictos de intereses" derivados de esta adjudicación.

La vicepresidenta primera y consellera del ramo, Susana Camarero, también evitó asumir cualquier tipo de responsabilidad y aseguró que la Generalitat "no tiene ninguna relación con la adjudicación de las viviendas" porque "son adjudicadas por la promotora". Es la promotora, a través de la cooperativa, la que solicita a la Dirección Territorial de Vivienda "la confirmación de que los compradores cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda de protección pública establecida en el decreto", en palabras de Camarero.

Con todo, este martes su Consellería anunció más controles con el fin de evitar que se pueda producir algún tipo de fraude en futuras actuaciones. En concreto, se prevé constituir una comisión o mesa técnica formada por varios técnicos como órgano colegiado encargado de supervisar que los adquirientes de una VPP cumplan los requisitos establecidos para poder comprar una vivienda. Un anuncio que se produjo después de que este lunes trascendiera que uno de los técnicos del departamento autonómico aseguró que su esposa sí cumplía esas condiciones para comprar una de las viviendas de la promoción.

En Génova también guardan silencio. Ningún dirigente de la dirección de Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado sobre esta cuestión en los últimos días. En privado, fuentes consultadas por infoLibre aseguran que se trata de un "asunto local", que ya se han "asumido responsabilidades", en alusión a las dos dimisiones, y que el asunto está judicializado. Con todo, reconocen que se trata de un asunto sensible como es el de la vivienda, aunque los conservadores mantienen su apuesta de construir más vivienda liberalizando suelo.

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El PP es consciente del problema de la vivienda. Los datos señalan que el negocio inmobiliario se mantiene en ebullición. En España, la mayoría de las ciudades superan los precios máximos que se registraron durante los años de la burbuja inmobiliaria, antes de que la crisis de 2008 se llevase por delante el mercado y las economías de muchas familias. Aunque la crisis se ceba especialmente con los jóvenes, sus efectos se notan en muchas capas de la sociedad que ven cómo se marcan precios históricos en la compra y en el alquiler, algo que expulsa a los vecinos de sus barrios, especialmente en las grandes urbes.

El PP aboga por construir 200.000 viviendas al año en España como solución a los problemas de la vivienda pese a que según organizaciones como Funcas, este problema en España se debe principalmente a la especulación. Además de no querer aplicar la ley de vivienda en las comunidades presididas por el PP, también aboga por las exenciones de impuestos para propietarios y para quienes compren casas. Pero el PP quiere centrarse en otro tema: el supuesto problema de la okupación. El Plan + Vivienda que presentó en 2024, seis de los 16 enunciados estuvieron centrados en esta cuestión, pese a que afecta a un porcentaje ínfimo de la población.

A esto se le suma que la formación conservadora ha abogado históricamente por dar barra libre al turismo, destacando siempre los beneficios que comporta a nivel económico y obviando los perjuicios que cada vez están saliendo más a la luz. Para Feijóo el problema del turismo masivo no son las consecuencias que tiene sobre la población local, sino sobre el propio turista. Así, asegura que hay una "turismofobia" promovida por el Gobierno central que “produce inseguridad y desconfianza".