Perelló pasa a la oposición sin complejos y critica que el Gobierno cree las 500 plazas que el CGPJ le pidió

Dirige un órgano constitucional y es la sexta autoridad del Estado. Pero desde que Isabel Perelló accedió a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no ha dado una sola entrevista en medios de comunicación. Sin embargo, aprovecha cada discurso en sus actos protocolarios para meter el dedo en el ojo al Gobierno. Este martes, el escenario ha sido la entrega de despachos de la nueva promoción de jueces. La presidenta ha asegurado que la creación de 500 plazas judiciales –la mayor de la historia– anunciada por el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a petición del propio CGPJ, "no aborda ni resuelve el problema de fondo". Perelló ha alertado del "grave déficit de jueces", pero se queja de que el Ejecutivo cree los puestos necesarios para paliarlo y anuncia que su organismo carece de competencias para colaborar en el proceso en contra de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las palabras de la presidenta del Consejo han causado un profundo impacto en el sector progresista del Poder Judicial y también en el Gobierno, presente en el acto. El déficit de jueces por habitante en España respecto a los países europeos de nuestro entorno es una queja secular de la judicatura. De la de derechas y de la de izquierdas. Para paliarlo, en primer lugar, hay que crear las plazas judiciales necesarias para que después se puedan cubrir con nuevos jueces. El propio CGPJ reclamó al Gobierno el año pasado 507 nuevas plazas y señaló los tribunales concretos en los que había que crearlas. El Ejecutivo anunció hace dos semanas la creación de 500 nuevos puestos en lo que supone el mayor incremento jamás aprobado. El departamento de Bolaños siguió, además, el criterio del Consejo y los situó en los destinos en los que el órgano de gobierno de los jueces se lo reclamaba. A Perelló, ahora, le parece, sin embargo, una mala idea.

"El reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales es una buena noticia, pero no aborda ni resuelve el problema de fondo", ha dicho Perelló ante el rey y Bolaños. "Aun cuando se amplía el número de plazas o despachos, no incrementa el número real de jueces disponibles. Se crean plazas adicionales, pero sin aumentar a la vez el número de jueces, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando". Es decir, que si antes el problema era que no había suficientes plazas judiciales, ahora el obstáculo va a ser cómo cubrirlas, porque de no hacerlo, el atasco judicial no irá más que en aumento –por culpa del Gobierno, según la presidenta– con más puestos a cubrir con la misma plantilla. Lo dijo como si el organismo que dirige no tuviera herramientas para el ingreso de más plantilla para los nuevos puestos.

En España existen dos métodos principales para ingresar en la judicatura. El primero es el turno libre, la oposición pura y dura, cuatro o cinco años recitando de memoria como un papagayo, desconectado de la sociedad y pagando los servicios de un preparador que normalmente es un juez o fiscal que completa así sus ingresos mensuales. El segundo es el denominado "cuarto turno", por el que, en teoría, deberían cubrirse una de cada cuatro plazas mediante un concurso de méritos entre juristas de reconocida competencia (abogados, catedráticos, fiscales, letrados de la administración de justicia, registradores, abogados del Estado...) con más de 10 años de experiencia.

Esta segunda vía ha sido sistemáticamente postergada por los sucesivos Consejos que se han negado a convocar esas plazas como impone la ley. El 25% de la judicatura debería estar formada por juristas con experiencia previa en otros campos, pero la resistencia del CGPJ a facilitar su entrada hace que no lleguen al 10%. Fuentes del Ejecutivo aseguran que las plazas que el órgano de gobierno de los jueces ha dejado de cubrir por este método de ingreso superan las 700 desde la aprobación de la reforma legal que lo introdujo en 1985. La institución que dirige Perelló es la única que puede garantizar que exista ese porcentaje de magistrados procedente de otras profesiones jurídicas, porque es la única competente para convocar los concursos con los que acceden a la carrera. Mientras que las plazas de juez previstas para opositores se ofertan cada año –las convoca conjuntamente el Gobierno y el Consejo– , las previstas para juristas con más de 10 años de ejercicio profesional –que convoca exclusivamente el Consejo– salieron por última vez en 2023.

La coyuntura parlamentaria actual del Gobierno le impide cubrir mediante opositores las 500 plazas que va a sacar. El problema es la falta de apoyo para aprobar los Presupuestos, que ha obligado a prorrogar los de 2023, en los que solo se previó una convocatoria para 200 aspirantes. El proyecto de ley de las nuevas cuentas del Estado que, por el momento permanece paralizado, prevé la convocatoria, en 2026, de 400 plazas por ese método, pero mientras no se apruebe, se quedarán en la mitad. El CGPJ, sin embargo, carece de esas restricciones financieras al ser un órgano constitucional con presupuesto propio, por lo que, según fuentes del Gobierno, del propio Consejo y de las asociaciones judiciales, podría perfectamente aprobar una nueva convocatoria del cuarto turno. Solo el Consejo puede conseguir que un cuarto de los jueces procedan de otras profesiones jurídicas como establece la ley, pero se niega a hacerlo.

Sin embargo, Perelló, en su discurso de este martes, ha anunciado lo contrario. Que el Consejo que preside no tiene la menor intención de paliar esta falta de jueces que denuncia mediante los mecanismos a su alcance. "El Poder Judicial carece de presupuesto y de competencias para aumentar el número de jueces", ha afirmado. Después ha lanzado un dardo al ministerio que atendió su petición de crear 500 plazas: "Es necesaria una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional". Es decir, que, según la presidenta, pese a que los nuevos puestos se crean a petición del Consejo, todo se ha hecho mal. La preferencia de Perelló por los opositores en lugar de por los juristas de reconocida competencia casa con la de la derecha judicial. Una gran parte de los que ingresan en la carrera por oposición acaba en las asociaciones profesionales más conservadoras y corporativas.

La presidenta del CGPJ es consciente de que una convocatoria de cuarto turno es, actualmente, la vía más rápida para cubrir las nuevas plazas creadas por el Gobierno con magistrados estables y de carrera. Si no se sacan esas plazas habrá que recurrir a las sustituciones ordinarias –que el titular de una plaza ejerza las funciones de otra por un salario mayor–, los jueces recién salidos de la Escuela Judicial y en expectativa de destino o los jueces sustitutos. Así se lo transmitió el departamento de Bolaños al Consejo en una reunión que mantuvieron el pasado 27 de enero. Los dos vocales conservadores que asistieron al encuentro, como parece hacer ahora Perelló, reclamaron que el Gobierno convocara oposiciones, algo que, con presupuestos prorrogados, asegura que no puede hacer.

En esas conversaciones el Ejecutivo explicó que sus intenciones son convocar en los próximos tres años un total de 2.600 plazas que, teniendo en cuenta las jubilaciones previstas para ese período (1.000), supondrían un aumento de la plantilla judicial de 1.600 personas (de los 5.900 actuales se pasaría a 7.500). La idea es convocar cada año 360 plazas para opositores y 120 para juristas de reconocida competencia. Otras mil plazas serían cubiertas por los jueces sustitutos que se acojan a un proceso de regularización de su situación laboral. El problema es que, para que esos planes se conviertan en realidad tendría que aprobarse el proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal –el que reforma el sistema de acceso a ambos cuerpos– que, sin embargo, como los Presupuestos, se encuentra paralizado ante la falta de apoyos del Ejecutivo en el Parlamento.