el gobierno de los jueces

Perelló consuma con su oposición a la reforma judicial cinco meses alineada con la derecha

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, y la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo de España, Isabel Perelló, conversan tras el acto de entrega de despachos a los 137 integrantes de la LXXIII promoción de la Carrera Judicial.

Recitar más de 200 temas como un papagallo ante un juez preparador que, a menudo, cobra en sobres. Pasar una media de cinco años encerrado diez horas al día memorizando leyes y sentencias que están al alcance de todos en bases de datos desde hace lustros sin ningún contacto con la realidad en lo mejor de la vida. Con el riesgo de que sea un esfuerzo que vaya a la basura, en caso de no sacar la oposición. No valorar los idiomas, ni las habilidades prácticas, ni la capacidad de redacción o motivación. Tampoco los conocimientos sociales, políticos o económicos. Sin un examen psicológico previo. Ese es el modelo de acceso a la carrera judicial que la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, la progresista pero propuesta por los conservadores Isabel Perelló, defiende como "democrático", según el discurso que dio este jueves en la entrega de despachos de la 73 promoción de la carrera judicial.

El discurso de Perelló, como otros posicionamientos anteriores, ha causado sorpresa y perplejidad en el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. La defensa del sistema actual de acceso a la carrera se produce la misma semana en la que el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de reforma que busca mitigar el sesgo de clase que, según los expertos, existe en la carrera mediante la creación de un centro de preparación público –el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Presidencia y Justicia– y duplicando las becas para los opositores hasta los 1.184 euros mensuales para los aspirantes (ahora el máximo es de 550). No obtener ingresos durante la preparación es uno de los principales obstáculos para que los licenciados y licenciadas con menos renta lo intenten. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar no dudan de que su intervención pública demuestra, una vez más, su alineamiento con los conservadores. Estos consejeros critican abiertamente que, sin previo debate en el órgano, la presidenta posicione al Consejo en la oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Perelló accedió al cargo de presidenta del CGPJ con un marchamo de progresismo –es miembro de Juezas y Jueces para la Democracia– y feminismo. Pero las iniciales esperanzas de renovación puestas en su elección se han desvanecido en la izquierda judicial en los casi cinco meses que han pasado desde su elección. Su resistencia a la modificación de la oposición –algo que ya planteó el propio Consejo en 2011, que llegó a proponer un máster previo avalado por el órgano y una prueba de personalidad– llega solo una semana después de que mostrara su oposición a la anterior iniciativa del PSOE, la reforma de la acción popular para evitar sus abusos. A petición de los vocales a propuesta del PP, el 15 de enero, la presidenta se mostró a favor de aprobar una declaración que exigiera a las Cámaras que el CGPJ se pronunciara sobre ella y pidió al resto de integrantes del órgano que sopesaran la preparación de un texto para el próximo pleno del 29 de enero. La mayoría de vocales de izquierda se oponen tajantemente a la iniciativa.

Su tacticismo a favor de la derecha también fue muy criticado por sus compañeros progresistas en el nombramiento de las tres vocales del Consejo que forman parte del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Los vocales de ambas sensibilidades pactaron previamente que en el órgano hubiera mayoría progresista –con las consejeras Esther Erice y Lucía Avilés y la conservadora Esther Rojo–. Sin embargo, Perelló reclamó para sí la presidencia, lo que supuso el veto de Avilés, única vocal procedente de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE). Poco después la delegó en Erice provocando un empate entre conservadores y progresistas y dejando fuera a una de las consejeras de talante más feminista.

El resultado más inmediato de esa decisión fue el tibio comunicado que emitió el Observatorio tras los improperios, faltas de respeto y cuestionamiento del juez Adolfo Carretero a la víctima de los presuntos abusos sexuales del exportavoz de Sumar Íñigo Errejón. La nota se limitó a condenar la filtración del vídeo de la declaración -sin su publicación es más que probable que ni siquiera se hubiera redactado una nota- sin ningún posicionamiento expreso sobre lo sucedido. Días después, el Consejo se vio obligado a abrir una investigación disciplinaria contra el juez después de que se presentaran 900 quejas contra él en el buzón de atención al ciudadano del órgano de gobierno de los jueces.

Uno de los deberes que puso el Parlamento al nuevo CGPJ tras su renovación el pasado junio fue la elaboración de un informe con una propuesta para reformar la elección de los 12 vocales del órgano que proceden de la carrera judicial. Perelló ya se ha pronunciado al respecto y lo ha hecho alineándose también con los conservadores (y también con el PP). El grupo de trabajo encargado de elaborar el primer borrador pidió a la Sala de Gobierno del Supremo -que también preside Perelló- su opinión. Y esta, de manera unánime, es decir, con el voto de la presidenta, propuso que, o bien esos 12 vocales fueran elegidos directamente por todos los jueces y magistrados, como defiende la derecha judicial, o que los seleccionados de ese modo fueran al menos ocho, lo que garantizaría a los conservadores (con mayoría aplastante en la carrera) el control perpetuo del organismo constitucional. El sector progresista, al que teóricamente pertenece Perelló, defiende que esos 12 vocales, como hasta ahora, sean elegidos por el Parlamento para garantizar la pluralidad.

Desde su nombramiento, la presidenta no ha dado entrevistas. A diferencia de sus antecesores, tampoco ha hecho declaraciones a los periodistas a la entrada o salida de los actos institucionales a los que asiste. Pero el pasado 13 de diciembre sí reaccionó después de que el presidente del Gobierno dijera ante un corrillo de redactores en la copa de Navidad de Moncloa que el PP juega "con las cartas marcadas" en el mundo judicial por tener información privilegiada y adelantar decisiones de los tribunales. Los vocales progresistas consideraban que el Consejo no debía pronunciarse, al tratarse de unas palabras dichas en un entorno informal. Pero la presidenta volvió a actuar unilateralmente e hizo público un comunicado en el que recordó que "la independencia judicial constituye uno de los pilares básicos del Estado de derecho". También rechazó el cuestionamiento "generalizado y permanente", "atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos", lo que a juicio de Perelló "menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia".

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