El Gobierno desiste de reconducir la relación con ‘El País’ y la SER a las puertas de un año electoral decisivo

La batalla electoral que viene ya ha comenzado. Falta menos de un año para la celebración de elecciones en diez comunidades (Madrid, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Canarias, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja y Murcia, además de Ceuta y Melilla) y en todos los ayuntamientos de España. Y poco más para las generales, si Pedro Sánchez mantiene su calendario, lo que convierte los próximos doce meses en un escenario en el que el reparto de contrapesos del ecosistema mediático jugará un papel esencial.

En esa ecosfera informativa siempre han tenido, en el caso español, un peso muy relevante los medios orientados editorialmente hacia posiciones favorables a la derecha. Así lo demuestran los datos demoscópicos disponibles acerca de la percepción que los ciudadanos tienen de cada periódico, radio o televisión, combinados con sus audiencias. Con cabeceras que, sobre todo en los últimos años, no han dudado incluso en apoyar abiertamente a partidos como el PP y Vox.

Ese desequilibrio se ha vuelto más acusado en los últimos meses, mostrando un sesgo que muchos observadores del sector de la comunicación creen que irá a más. Fuentes de Moncloa consultadas por infoLibre confirman que el Gobierno da por agotados todos los intentos de reconducir la relación con el grupo Prisa, matriz de El País y la Cadena SER, después de que el presidente de la compañía, el gestor de fondos francoarmenio Joseph Oughourlian, decidiese hace un año poner fin al proyecto comandado por algunos accionistas minoritarios y una parte de los directivos del grupo para impulsar un nuevo canal de televisión en abierto, aprovechando que la reordenación del espacio radioeléctrico había dejado hueco a una nueva cadena.

En aquel momento, el presidente de Prisa llegó a comparar a Sánchez con Franco en un artículo en el que le acusó de “tratar de adueñarse” del periódico “desde el poder, bien directamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento”, en referencia a un supuesto intento de utilizar Telefónica para entrar en el capital de Prisa.

En la decisión de Oughourlian, que acabó con la salida de los directivos partidarios de la apuesta televisiva –entre ellos, el accionista mayoritario de infoLibre, José Miguel Contreras–, la marginación de los miembros del consejo que la apoyaban y la destitución de la periodista Pepa Bueno como directora de El País, pesó, según fuentes consultadas por este diario, la opinión de Mauricio Casals, hombre fuerte de Atresmedia en Madrid, cuyo grupo audiovisual es líder de audiencia en España. Casals, conocido en el sector con el apodo de “el príncipe de las tinieblas” por su legendaria capacidad para presionar tanto a empresas como a instancias gubernamentales, mantiene una estrecha relación con el presidente ejecutivo de Prisa.

Otras versiones, en cambio, atribuyen aquel conflicto –que acabó dañando la credibilidad de un periódico que en los últimos años había aumentado notablemente su número de suscriptores digitales y había tenido éxito a la hora de reducir, al menos en parte, su enorme deuda– a su principal acreedor, Pimco, una de las gestoras más influyentes del mundo en bonos y deuda, un segmento clave para bancos centrales, fondos de pensiones, aseguradoras y grandes patrimonios.

Pimco significa Pacific Investment Management Company y nació en California en 1971. Hoy forma parte del ecosistema financiero de Allianz, uno de los grandes grupos aseguradores y de gestión de activos del mundo, con base en Alemania (cotiza en la bolsa de Fráncfort). El principal accionista institucional de Allianz, con un 8,33% de la propiedad, es BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, que dirige desde Nueva York Larry Fink, el hombre más poderoso de los mercados financieros globales.

Oughourlian no es un estratega en el sector de la comunicación ni un empresario mediático al uso. En última instancia, es un gestor de fondos activista, alguien especializado en comprar acciones de empresas baratas y mal gestionadas, como era el caso de Prisa, cambiar la dirección, vender activos o reestructurar deudas —fase en la que se encuentra en estos momentos— y así hacer que la empresa valga más para poder venderla y ganar dinero.

El poder de Pimco

Su vínculo con Pimco, el principal acreedor de Prisa, es tan importante que esta empresa solo aceptó renegociar la deuda del grupo español si le garantizaban por escrito que Oughourlian seguiría siendo su presidente.

Así que el horizonte financiero de Prisa hasta 2029 está condicionado por una arquitectura de deuda que vincula la viabilidad del grupo al propio Oughourlian. Cualquier movimiento accionarial destinado a destituirle activaría un vencimiento anticipado de aproximadamente 240 millones de euros.

Esta estructura convierte la figura del presidente en un activo financiero en sí mismo, garantizando la paz con los acreedores a corto plazo, pero limitando drásticamente la capacidad de maniobra de la Junta General ante posibles cambios en la estrategia de gestión.

Así que, hasta 2029, Prisa opera bajo un “pacto de estabilidad forzosa” donde la gobernanza corporativa queda subordinada a las exigencias de sus acreedores institucionales. Pimco es, en la práctica, quien tiene la sartén por el mango.

Es en este contexto en el que ha tenido lugar un endurecimiento de la línea editorial de El País en contra del Gobierno tras la destitución de Pepa Bueno, primero, y más recientemente con el anuncio de la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER. Este mismo jueves se ha anunciado que será Aimar Bretos, actual responsable de Hora 25, quien conducirá desde septiembre el programa de mayor audiencia de la radio española, Hoy por hoy. 

A esto hay que sumar la decisión de Oughourlian, hecha pública esta semana, de reducir el consejo de administración del grupo de 14 a 11 miembros para echar de él al empresario Andrés Varela Entrecanales (propietario de algo más del 7% de las acciones), con la excusa de que es uno de los promotores de Siete, la empresa que se ha hecho con la licencia de un nuevo canal audiovisual en abierto en España y que comenzará sus emisiones el próximo otoño. 

Junto a Varela Entrecanales perderán su asiento en el consejo Isabel Sánchez —vicerrectora del Instituto de Empresa y doctora en Economía por la Universidad de California— y Béatrice de Clermont —exvicepresidenta de Desarrollo en Lagardère—, ambas alineadas contra Oughourlian.

Malestar en el Gobierno

Esta decisión ha sido recibida por el Gobierno como un paso más en la deriva del grupo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, la comentó con ironía: “La pluralidad editorial se traslada al Consejo”, anotó en la red social X.

El capital de Prisa, según el último registro de la CNMV (fechado el 13 de mayo de 2026), se articula en torno a un núcleo muy concentrado de accionistas significativos, entre los que sobresale el universo Amber/Oughourlian y varios socios internacionales y familiares.

Joseph Oughourlian figura personalmente con un 29,5% de las acciones, el mismo porcentaje que declara Amber Capital UK LLP, el fondo de inversión que él mismo fundó y dirige, con sede en Reino Unido. A este bloque se suma Oviedo Holdings S.à r.l., una sociedad holding luxemburguesa que posee otro 24,7% y que forma parte de la arquitectura de vehículos financieros a través de los cuales Oughourlian y Amber canalizan su participación en Prisa, sin actividad mediática propia, como puro instrumento inversor.

En el accionariado destaca también Vivendi SE, el grupo francés de medios y entretenimiento controlado por el multimillonario ultra Vincent Bolloré, con un 11,7%, que ya intentó en 2022 hacerse con el dominio del grupo y no pudo, precisamente por decisión del Gobierno. 

La razón es que Prisa es considerada una empresa estratégica, al ser dueña de dos de los medios de comunicación más influyentes de España. Eso permitió a Pedro Sánchez aplicar el real decreto antiopas aprobado durante la pandemia para proteger la industria nacional y que permite vetar que un extranjero posea más del 10% de empresas en sectores estratégicos —el Gobierno sí le permitió, el año pasado, pasar del 9,9 al 11,7% actual al convertir bonos durante la operación con la que Oughourlian redujo el peso de los accionistas críticos—.

También están entre los propietarios el holding Global Alconaba SL, que controla un 7,07% y está ligado a intereses financieros españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales, y el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, con un 3,3%.

Junto a ese núcleo duro internacional y financiero, perviven accionistas históricos y otros inversores relevantes que completan el mapa de poder de la compañía. Rucandio SA, patrimonial de la familia Polanco que durante décadas canalizó el control familiar de Prisa, conserva un 7,6% de los derechos de voto y sigue siendo el vehículo desde el que los herederos de Jesús de Polanco gestionan su presencia en el grupo. Control Empresarial de Capitales SA, el holding de inversión de la familia del magnate mexicano Carlos Slim, posee un 7% y representa la entrada de capital ligado a su conglomerado empresarial diversificado en telecomunicaciones, construcción y otros sectores.

Completan el cuadro el fondo Amber Capital Investment Management ICAV – Amber Global Opportunities Fund (5,2%), que forma parte del entramado Amber, Banco Santander (4,1%, combinando participación directa e indirecta), el empresario Adolfo Utor (4,9%), propietario de Baleària y uno de los cuatro socios del nuevo canal de TDT, y otros tenedores de menor tamaño.

‘Maquillaje‘ accionarial

La junta general de accionistas que previsiblemente sacará a Varela Entrecanales del consejo de administración de Prisa tendrá lugar dentro de un mes, el 29 de junio. Ese día, la propuesta de Oughourlian incluye también una operación de maquillaje del escaso valor de las acciones de la compañía. Se trata de llevar a cabo un contra-split de 10 a 1, que es como convertir 10 billetes de 30 céntimos en 1 billete de 3 euros: tienes menos “papeles”, pero el valor total es el mismo. No ganas ni pierdes dinero en el momento del cambio; lo que cambia es el número de acciones y el precio individual de cada una.

Las empresas hacen esto principalmente para mejorar su imagen. Cuando una acción cotiza a pocos céntimos, el mercado la ve como una empresa muy debilitada, de alto riesgo y propensa a movimientos especulativos bruscos. Al subir el precio artificialmente (de 0,30 € a 3 €), la empresa intenta parecer más sólida y estable (desde su salida a bolsa, las acciones de Prisa se han depreciado un 99,92%).

El grupo Prisa cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros, la segunda cifra más baja en años, pero siete millones más que en 2024, rompiendo la tendencia positiva del ejercicio anterior, cuando el grupo había logrado recortar su endeudamiento en 82 millones.

El plan estratégico aprobado a comienzos de año fijó dos objetivos que hay que leer conjuntamente. El primero es alcanzar en 2029 un resultado operativo de 240 millones de euros anuales. El segundo es que la deuda neta no supere tres veces ese beneficio, lo que sitúa el techo implícito en torno a los 720 millones. El recorrido neto de reducción que el grupo se ha autoimpuesto es de apenas unos 40 millones en cuatro años, muy lejos de los 82 que recortó en 2024.

La nueva televisión emitirá antes de otoño, apostará por la actualidad y el directo, y ya mira a las estrellas de RTVE

Ver más

La lógica no es de austeridad, sino de crecimiento. Lo que Prisa quiere cambiar no es solo el volumen de la deuda, sino su peso relativo sobre la capacidad de generar dinero, con Santillana y los activos de audio como vectores principales.

El escenario tiene dos condicionantes. El primero es que la ratio solo se sostiene si el beneficio operativo crece efectivamente hasta los 240 millones previstos. El segundo es que no todo el flujo de caja irá a amortizar deuda: una parte se destinará a la inversión que hace viable ese crecimiento.

Si la apuesta funciona, Prisa habrá salido de una de las espirales de endeudamiento más largas del periodismo europeo. Si no, los 757 millones de hoy seguirán siendo, dentro de cuatro años, el problema central de un grupo que controla algunos de los activos periodísticos más relevantes en español.