Feijóo, Escotet y Rey Novoa. Las piezas que un auto judicial obliga a revisar

Durante años, la historia de El Correo Gallego pudo explicarse como una más entre las múltiples crisis de la prensa tradicional: caída de ingresos publicitarios, transformación digital y dificultades para adaptar un modelo económico que había funcionado, supuestamente, durante décadas. Pero el auto judicial dictado el pasado 20 de mayo cambia el foco y sitúa una pregunta distinta en el centro del debate: qué ocurrió con el dinero público que continuó llegando mientras la situación económica del periódico se deterioraba.

Con una trayectoria de línea editorial conservadora, El Correo Gallego ha funcionado durante décadas como uno de los principales respaldos mediáticos a las políticas del Partido Popular en Galicia, primero bajo Manuel Fraga y después bajo Alberto Núñez Feijóo.

Mientras la deuda con Hacienda y los trabajadores crecía, y los problemas financieros se acumulaban, seguían entrando recursos destinados a sostener la actividad del grupo editor. De hecho, a los agentes que investigaron el caso, le llamó poderosamente la atención la facilidad del empresario para conseguir dinero público, y así lo reflejaron en sus informes.

Además de un crédito de la Xunta, también está bajo el foco un acuerdo por medio del cual la Televisión de Galicia era cómplice de los regates que Rey Novoa le hacía a Hacienda.

La magistrada Ana López‑Suevos considera en su auto que existen “indicios de criminalidad de bastante solidez” y sitúa a la antigua cúpula de Editorial Compostela a un paso de la apertura de juicio oral. La causa gira alrededor de un presunto alzamiento de bienes y de una operativa que habría dificultado el cobro por parte de acreedores y trabajadores.

El elemento que más atención ha generado en los investigadores es el préstamo de 2,5 millones de euros concedido por XesGalicia, una sociedad mercantil pública de la Xunta de Galicia, adscrita a la Consellería de Economía e Industria. El debate no se centra simplemente en si existió financiación pública; la cuestión es el contexto en el que se produjo y cuál era el diagnóstico real de la empresa en ese momento.

Según el auto y las referencias a la documentación interna, las propias actas del consejo de administración reflejaban una situación económica delicada y la necesidad de buscar soluciones inmediatas para mantener ingresos. La resolución judicial reproduce expresiones atribuidas a José Manuel Rey Novoa como la necesidad de “movilizar influencia” y contar con “voluntad política” para determinadas operaciones financieras.

Pero si hubo un actor decisivo en la supervivencia artificial del entramado dirigido por Rey Novoa fue la Televisión de Galicia (CRTVG). Según la investigación policial, la TVG garantizaba a El Correo Gallego una “cuota fija” de producción externa cercana a los dos millones de euros anuales, un sistema de reparto interno que asignaba a cada grupo mediático un trozo del pastel de contratos pagados con dinero público.

Esa cuota, que debía servir para financiar programas y contenidos, se convirtió, en manos del empresario, en una vía para obtener liquidez fuera del alcance de Hacienda, de los trabajadores y de los embargos judiciales. Con las cuentas de Editorial Compostela embargadas, Rey Novoa procedió a ceder a sociedades intermediarias los derechos de cobro que tenía frente a la TVG, convirtiendo esos pagos públicos en dinero rápido fuera del alcance de los embargos. Vendía anticipadamente esos pagos a productoras “intermediarias” por apenas una fracción de su valor real, y estas, posteriormente, cobraban íntegramente de la cadena pública.

La magistrada considera que existen “indicios de criminalidad de bastante solidez” y sitúa a la antigua cúpula de 'Editorial Compostela' a un paso de la apertura de juicio oral

La CRTVG no puso ninguna objeción a ese tipo de operaciones hasta que la UDEF descubrió el juego.

Existe otra importante pieza en la historia, y es el papel de ABANCA como uno de los principales actores de la reestructuración, con una quita superior a 5,5 millones de euros. La dimensión de esas cifras obliga a formular una pregunta incómoda: ¿Qué expectativas reales existían sobre la recuperación de la empresa?

El auto judicial desplaza la atención desde la mera supervivencia empresarial hacia el recorrido posterior de los fondos. La hipótesis investigada sostiene que determinados ingresos que debían llegar a Editorial Compostela habrían circulado por otras sociedades o estructuras vinculadas antes de terminar fuera del alcance directo de acreedores.

Los trabajadores aparecen como una de las partes más afectadas por ese proceso. Mientras se intentaba mantener la actividad y asegurar determinadas vías de ingresos, las deudas laborales continuaban aumentando. Más allá de la dimensión financiera, la investigación devuelve una realidad que a menudo queda relegada a un segundo plano: detrás de balances y préstamos hay salarios pendientes y trayectorias personales afectadas.

Incluso delimitando cuidadosamente el ámbito penal y el político, persiste una cuestión de interés público. Si la situación económica era tan delicada como reflejaban las actas internas y las posteriores conclusiones judiciales, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió con el dinero. También es qué mecanismos de seguimiento acompañaron unas operaciones diseñadas para prolongar la actividad de una empresa cuya situación parecía deteriorarse cada vez más. Era un pozo sin fondo.

El auto de mayo de 2026 no cierra una historia; probablemente abre otra. Durante meses, el foco estuvo colocado sobre la presunta operativa societaria descrita por la jueza Ana López-Suevos: movimientos de fondos, una supuesta unidad de caja entre empresas y una estructura societaria que habría dificultado el cobro a acreedores y trabajadores. Pero entre las páginas de la resolución aparecen otros elementos que merecen una segunda lectura.

Uno de ellos es el préstamo público de 2,5 millones concedido por XesGalicia en 2018. Nunca devolvieron el dinero.

¿Cómo es posible que El Correo Gallego continuase recibiendo subvenciones públicas cuando mantenía deudas con Hacienda y uno de los requisitos que deben cumplir todos los ciudadanos para recibir dinero público es, precisamente, estar al día con el fisco? La editorial esquivó el embargo de dinero público usando, paradójicamente, ¡más dinero público!

En octubre de 2018, el mismo año del préstamo de XesGalicia, El Correo Gallego concedió a José Manuel Romay Beccaria, mentor de Alberto Núñez Feijóo, el reconocimiento de “Gallego del Año 2018” en su gala anual, ¡qué casualidad!

En el acto estuvo presente Feijóo, que además intervino públicamente. De hecho, mantuvo una presencia institucional continuada en los actos de El Correo Gallego durante toda su etapa como presidente de la Xunta, participando en numerosas galas y pronunciando discursos institucionales.

La pregunta no es si existió el préstamo. Existió. La pregunta es qué evaluación se realizó antes de aprobarlo. ¿Qué informes económicos manejaba XesGalicia? ¿Qué previsiones de recuperación existían? ¿Qué garantías se aportaron? ¿Quién participó en los comités de decisión? ¿Hubo informes externos? ¿Hubo advertencias técnicas?

Gracias a la investigación de la UDEF sabemos que la cúpula de XesGalica desaconsejaba la operación, pero finalmente fructificó porque hubo insistentes y reiteradas llamadas telefónicas al conselleiro de Economía, Francisco Conde, un hombre de la máxima confianza de Feijóo, para que se concediese.

¿Quién llamó reiteradas veces con tanta insistencia? ¿Van a pedir los teléfonos móviles para poder conocer quién y por qué pidió conceder un crédito, a todas luces irregular, a Rey Novoa? ¿Y los expedientes administrativos? Las actas de los comités de inversión, los informes de viabilidad y los documentos internos pueden contar una historia muy distinta de la que ofrecen los comunicados públicos. Resulta llamativa la opacidad sobre la concesión del crédito.

La segunda pieza del rompecabezas conduce a la banca. La quita superior a 5,5 millones de euros asumida por ABANCA dentro del proceso de reestructuración. Escotet asume que perderá más de cinco millones de euros. Así, sin más. ¡Qué generoso! Su banco perdona una deuda millonaria al amigo de Feijóo. Y ahí aparece otro conjunto de preguntas: ¿Qué expectativas reales existían sobre la viabilidad del grupo cuando se adoptaron esas decisiones? Cuando concedieron el crédito, ¿ya contemplaban la posibilidad de una quita millonaria? ¿Esa quita fue completa o es una parte del crédito concedido?

Escotet aparece aquí por una razón objetiva: ABANCA era uno de los actores financieros relevantes en la operación y es, además, íntimo amigo del ex presidente de la Xunta de Galicia. ¿Llamó Feijóo a su amigo, Juan Carlos Escotet, para conceder el crédito y posteriormente para la quita de más de cinco millones de euros?

Recordemos que el empresario venezolano se hizo con el control de ABANCA a través de una operación de dudosa legitimidad, como ya he contado en este artículo.

Feijóo tiene un fondo de inversión de casi medio millón de euros en esa entidad bancaria. ABANCA es el soporte financiero de la Xunta de Galicia. Además, Escotet ahora dirige el club de fútbol Deportivo de A Coruña. Cuando ascendieron a segunda división, en 2024, el empresario venezolano prohibió a los jugadores celebrar el ascenso en el Ayuntamiento de la ciudad herculina porque gobiernan los socialistas. Fueron a Santiago de Compostela a celebrarlo con el presidente de la Xunta, y, como todos sabemos, del PP. Cuando menos, llama poderosamente la atención que Escotet se defina políticamente.

La tercera capa conduce inevitablemente a Feijóo, que presidía la Xunta cuando se aprobó la operación pública. ¿Qué grado de conocimiento tenía el Gobierno gallego sobre la situación económica real de la empresa? ¿Quién informó favorablemente? ¿Qué informes existían? ¿Qué advertencias aparecían? ¿Quién se reunió con quién?

Porque quizá el gran recorrido de esta historia no esté ya en el presunto alzamiento de bienes que investiga la jueza. Tal vez esté en otra pregunta más silenciosa: quién decidió seguir apostando recursos públicos y confianza institucional por una estructura que, según reflejan las propias actas internas, ya mostraba señales de ruina absoluta. QUIÉN.

La secuencia resulta difícil de ignorar. Rey Novoa habla, según recoge el auto, de "movilizar influencia" y de una necesaria "voluntad política" para sacar adelante una operación financiera. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo concede un préstamo público de 2,5 millones de euros. ABANCA participa en la reestructuración financiera del grupo con una quita de 5,5 millones de euros. Y años después, el dinero público acaba perdido mientras la empresa se hunde y las deudas con el fisco y los trabajadores, se disparan.

Es irregular a todas luces. Esperemos que la Fiscalía no se quede en el presunto delito de alzamiento de bienes que se le imputa a Rey Novoa y a su socio. Es deseable que quieran investigar por qué la Xunta de Galicia, presidida por Feijóo, subvencionó y prestó dinero público cuando ya las deudas eran un agujero negro insalvable.

Por qué un banco le perdonó una deuda de millones de euros. ¿Feijóo y Escotet van a ser llamados a declarar en el juicio para dar explicaciones? Dentro de unos días tendremos la repuesta.

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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.