Contratos públicos millonarios (y opacos) para el entramado empresarial del cuñado de Feijóo
La comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia durante la pandemia —creada por el Pleno el 21 de marzo de 2024 y formalmente constituida el 2 de abril de 2024— incluyó entre sus primeras actuaciones un requerimiento exhaustivo de documentación a la Xunta de Galicia. Este requerimiento abarcaba los expedientes de Universal Support, Sum Talk Iniciativas y Nervo Group, empresas vinculadas al entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo, presidente autonómico durante los años investigados.
La comisión pidió contratos, adjudicaciones, comunicaciones internas y cualquier documento acerca de la relación entre la Xunta y el entramado empresarial del cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas Botas. Sin embargo, como ya había sucedido en la comisión de investigación del Parlamento gallego, la documentación remitida fue calificada de ‘parcial e incompleta’.
Faltan documentos, más de 1.100 contratos menores adjudicados al Grupo Eulen —donde la hermana de Feijóo desempeña un cargo directivo— no fueron enviados a la comisión. En los contratos que sí se remitieron, el objeto aparece en muchos casos bajo la etiqueta genérica de ‘otros’, imposibilitando conocer qué bienes o servicios se estaban financiando con dinero público. Esta opacidad alimentó las sospechas de un intento deliberado de limitar el alcance del control parlamentario.
La comisión de investigación del Congreso continuó con peticiones adicionales y comparecencias centradas en los contratos realizados durante la pandemia, situando el caso gallego entre los más cuestionados por su volumen, urgencia y vínculos familiares.
En Galicia, la oposición reclamó en varias ocasiones que la Xunta completara la entrega de documentación, incluidos los más de 1.100 contratos menores omitidos, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó cualquier nuevo requerimiento.
Sesenta millones de euros. Esa cifra incluye contratos de material sanitario, servicios de rastreo, call centers y otros encargos de emergencia que el Gobierno gallego tramitó por la vía rápida en los meses más duros de la Covid-19.
En el centro de esa trama aparece el nombre de Ignacio Cárdenas Botas, directivo del grupo Konecta y director comercial y de retail de Universal Support S.A., una empresa coruñesa de telemarketing propiedad de Konecta.
La concentración de adjudicaciones en una sola empresa, vinculada familiarmente al presidente autonómico de entonces, resulta difícil de compatibilizar con los principios de libre concurrencia y de prevención de conflictos de interés
Cárdenas es, además, hermano de Eva Cárdenas, pareja de Feijóo, lo que convierte cada euro público adjudicado a las compañías que dirige o con las que colabora en un caso de potencial conflicto de intereses que en cualquier democracia exigente dispararía todas las alarmas. ¿Se lleva algo Feijóo por adjudicar contratos públicos a su cuñado? Es una pregunta que lanzo al aire. No lo sabemos.
Universal Support no es una pyme local que pasara casualmente por allí: es la empresa que, según un informe del Consello de Contas de Galicia, más dinero recibió de la Xunta por servicios vinculados directamente a la gestión de la pandemia.
Entre 2020 y 2021, esta filial de Konecta facturó a la administración gallega 15,2 millones de euros procedentes de fondos Covid por servicios de atención telefónica, rastreo de contactos y otros encargos ligados a la emergencia sanitaria.
El detalle es todavía más incómodo: de esos 15,2 millones, 9,76 millones proceden de 12 contratos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) tramitados por la vía de urgencia, sin concurso abierto competitivo.
Universal Support se convirtió así en la principal beneficiaria de los contratos de call center y rastreo impulsados por la Xunta, concentrando una parte desproporcionada del negocio público en plena crisis sanitaria.
En paralelo a los contratos de emergencia, Universal Support dio un salto cualitativo: en abril de 2022 ganó un concurso del Sergas para gestionar el servicio telefónico de información sobre la covid por 4.058.533,72 euros, pese a presentar la oferta más cara de las finalistas.
Además, la compañía del cuñado de Feijóo carecía de experiencia previa en servicios sanitarios cuando comenzó a recibir estos encargos millonarios.
Si se suman los 15,2 millones en contratos de emergencia y fondos covid a los más de 4 millones del concurso de 2022, Universal Support alcanza ya los 19,2 millones de euros adjudicados por la Xunta solo en el ámbito de la pandemia, sin contar otros contratos anteriores o ajenos a la covid.
Esta cifra, que se repite en diversas investigaciones periodísticas, dibuja una relación continuada y estructural entre el Gobierno gallego y la empresa del cuñado del hoy líder de la oposición.
Pero la historia no se agota en los grandes números. Universal Support obtuvo además unos 200.000 euros en contratos menores y adjudicaciones directas "a dedo" de la Xunta mientras Feijóo era presidente, sin concurrencia pública y con un retraso de cuatro meses a la hora de publicar esos expedientes en el portal de transparencia.
El Gobierno gallego incumplió así los plazos de la Ley de Transparencia precisamente cuando se trataba de contratos especialmente sensibles por sus vínculos familiares.
La documentación presentada en la comisión de investigación del Congreso eleva todavía más el número de contratos: en el Diario de Sesiones de junio de 2024 se habla de hasta 42 contratos relacionados con la Covid concentrados en Universal Support, buena parte de ellos en el año 2021.
Esta concentración de adjudicaciones en una sola empresa, vinculada familiarmente al presidente autonómico de entonces, resulta difícil de compatibilizar con los principios de libre concurrencia y de prevención de conflictos de interés que marcan tanto la legislación europea como la estatal.
El argumento oficial de la Xunta, defendido por el exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña ante la comisión de investigación, es que todos los contratos se firmaron con arreglo a la ley y en un contexto de urgencia extrema, y que Universal Support ya trabajaba para el Samur en Madrid y fue capaz de poner 75 teleoperadores a disposición del Sergas en cuestión de días.
Pero la legalidad formal de un procedimiento no elimina por sí sola la sombra de trato de favor cuando el beneficiario es el cuñado del máximo responsable político que decide la contratación.
Los contratos con Universal Support se enmarcan además en un ecosistema empresarial más amplio, donde aparecen otras sociedades vinculadas al grupo Konecta y al propio Ignacio Cárdenas. La comisión del Congreso ha exigido a la Xunta toda la documentación sobre contratos, comunicaciones, subvenciones y ayudas concedidas entre 2008 y 2023 a Universal Support S.A., Sum Talk Iniciativas S.A. y Nervo Group Investment, todas ellas relacionadas con el mismo entramado empresarial
La solicitud incluye no solo los expedientes de contratación sino también correos, actas de reuniones y cualquier rastro de interlocución con esos grupos empresariales.
Varios medios gallegos han explicado que Ignacio Cárdenas ha ocupado cargos de dirección o apoderamiento en sociedades como Sum Talk Iniciativas S.A. o STD Multiopción, además de su posición en Universal Support, lo que refuerza la idea de un grupo de empresas que actúan en red para concurrir a diversos contratos públicos.
La documentación pedida por el Congreso pretende aclarar si esa red de sociedades operó de forma coordinada para maximizar la facturación pública en Galicia durante los años de gobierno de Feijóo.
El caso de Telemark‑Coremain, la UTE que gestiona el 112 en Galicia, añade otra capa de opacidad al cuadro. Telemark‑Coremain, vinculada también al entorno de Ignacio Cárdenas, recibió más de 15 millones de euros de la Xunta para la gestión del número único de emergencias.
Esta cifra incluye, entre otros, un contrato de 7.417.289,26 euros adjudicado en 2018 para el servicio de gestión del Centro Integrado de Atención de Emerxencias 112 Galicia.
La estrategia defensiva del PP se ha centrado en dos ideas: que todo fue legal y que, en plena pandemia, no había tiempo para más garantías procedimentales
La propia empresa Coremain reconoce en su web corporativa que participa en UTE con Telemark en el proyecto de gestión operativa del 112 de la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA), lo que confirma el peso de este consorcio en la externalización de un servicio tan crítico como la atención a emergencias.
La combinación de altas cuantías, contratos de larga duración y vínculos empresariales con el entorno del poder político de Alberto Núñez Feijóo dibuja un mapa de riesgos que, de nuevo, cualquier sistema serio de integridad pública debería haber analizado y mitigado.
La oposición gallega ha denunciado que, tanto en el caso de Universal Support como en el de Telemark‑Coremain, la Xunta construyó un sistema de externalización masiva de servicios públicos sin controles suficientes y con una clara puerta giratoria entre lo privado y lo institucional.
Ese modelo habría permitido a un puñado de empresas afines o vinculadas al entorno familiar de Feijóo concentrar decenas de millones de euros en contratos, mientras la administración reducía capacidad propia y se blindaba tras la excusa de la “gestión eficiente” y de la urgencia sanitaria.
En paralelo a la investigación parlamentaria estatal, el Parlamento de Galicia aprobó la creación de una comisión sobre contratación pública cuya ponencia final, recogida en el Boletín Oficial de enero de 2025, constata problemas de transparencia y control en el conjunto del sistema, aunque evita entrar a fondo en la dimensión familiar y de posible conflicto de intereses de los contratos vinculados a Universal Support o Eulen
La lectura de ese dictamen sugiere una voluntad de cerrar en falso el debate en Galicia mientras el foco político se desplaza a Madrid.
La comisión del Congreso, sin embargo, ha ido más allá al exigir no solo contratos y expedientes, sino también todas las comunicaciones y relaciones laborales, comerciales o mercantiles entre el hermano de la pareja de Feijóo y cualquiera de las empresas del grupo Konecta con la Xunta. Esa ampliación apunta a aclarar si hubo un uso sistemático de la posición de poder para favorecer a empresas del entorno familiar, más allá de la estricta literalidad de la legislación de contratos.
La Xunta también pagó en 2020 sobreprecios de hasta el 37% por la compra de material sanitario a Mape Asesores, la empresa gallega que propició ese año la comisión de 2 millones de euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por intermediar en la compraventa de ese tipo de material en lo peor de la pandemia.
En este contexto, la estrategia defensiva del PP se ha centrado en dos ideas: que todo fue legal y que, en plena pandemia, no había tiempo para más garantías procedimentales. Pero los hechos recogidos por las investigaciones periodísticas y por la propia documentación oficial —concentración de contratos, retrasos en la publicación, empresas sin experiencia sanitaria previa que se convierten en proveedores casi exclusivos— apuntan a un patrón de captura de lo público que excede con mucho las necesidades de urgencia.
Quedan, en todo caso, demasiadas zonas oscuras: no se conocen aún en detalle todos los importes y contratos con filiales como Sum Talk Iniciativas S.A. o Nervo Group Investment, aunque la documentación pedida por la comisión de investigación incluye expresamente esos nombres. Tampoco se ha esclarecido públicamente cuál ha sido exactamente el papel personal de Ignacio Cárdenas en la negociación de los contratos ni qué canales informales se utilizaron para que su empresa se situara siempre en la pole position de las adjudicaciones.
Lo que sí sabemos ya es que la Xunta de Feijóo levantó un ecosistema de contratos públicos en el que la línea entre el interés general y el interés familiar se volvió peligrosamente borrosa.
Y que, una vez estalló el escándalo, la reacción del aparato político no fue abrir ventanas y entregar toda la información, sino retrasar publicaciones, minimizar cifras y refugiarse en la coartada de la emergencia.
Frente a esa cultura del favor y de la opacidad, la exigencia democrática es clara: auditorías independientes, publicación íntegra y accesible de todos los expedientes, identificación de los beneficiarios últimos de las empresas adjudicatarias y, si se confirman las sospechas de trato de favor, depuración de responsabilidades políticas además de las eventuales responsabilidades penales.
Porque lo que está en juego no son solo los contratos de la Covid, sino la confianza de la ciudadanía en que los recursos públicos no se convierten en un negocio privado para el entorno familiar de algunos representantes del poder político.
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Cristina P. Marcote es autora del libro 'Feijóo y el narco'.
