Perelló se apoya de nuevo en los conservadores para censurar la reforma de la acción popular del PSOE

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la progresista pero propuesta por los conservadores Isabel Perelló, se ha vuelto a alinear con estos últimos. El motivo es la proposición de ley del PSOE para la limitar la acción popular y evitar los abusos de las asociaciones que la ejercen. Perelló, junto con los vocales a propuesta del PP, apuestan por una declaración institucional que exija a las Cortes que las propuestas de modificación legal sobre materias procesales se envíen al Consejo para que este emita su parecer sobre ellas, algo no previsto en la ley, que solo obliga a contar con el informe del órgano de gobierno de los jueces en los proyectos de ley, es decir, cuando es el Ejecutivo y no uno o varios grupos parlamentarios los autores de la iniciativa. Perelló ha planteado a los vocales que sopesen la redacción de un comunicado para el Pleno del próximo 29 de enero. El sector progresista se opone al considerar que los grupos parlamentarios tienen el derecho a presentar las proposiciones que estimen pertinentes de acuerdo a lo que establece la ley.

La tormenta saltó en la última reunión plenaria, celebrada el pasado 15 de enero. Al finalizar el orden del día, en el turno de ruegos y preguntas, el vocal conservador Alejandro Abascal planteó que el CGPJ, sin mandato legal y sin que se lo haya solicitado nadie, redactara un informe sobre la propuesta del PSOE de reformar la acción popular para impedir que la ejerzan determinados colectivos –como los partidos políticos–, limitarla a un catálogo cerrado de delitos –de corrupción, urbanísticos, medioambientales, de exaltación del terrorismo y de odio– e impedir que las asociaciones que recurren a la figura puedan pedir diligencias al instructor en los casos en los que estén personadas. La proposición de ley incluye una disposición transitoria que establece que la nueva ley se aplicará a todos los procesos en curso desde el momento en que entre en vigor. Los vocales a propuesta del PP consideran que esta última disposición sería inconstitucional, según fuentes del Consejo.

La propuesta de los vocales propuestos por el PP encontró acogida en la presidenta, Isabel Perelló, que, si bien se manifestó en contra de que el Consejo redactara unilateralmente un informe sobre la proposición del PSOE, sí se mostró a favor de que elabore y apruebe en su caso una declaración institucional que exija al Parlamento que recabe la opinión del órgano de gobierno de los jueces sobre esta y cualquier otra proposición de ley que tenga que ver con materia judicial o procesal. Perelló ha planteado a los vocales que debatan el asunto para sacarla adelante en el próximo Pleno.

La propuesta de los vocales conservadores y el apoyo parcial de la presidenta causó un importante revuelo entre sus compañeros progresistas en el pleno del pasado miércoles. Los consejeros a propuesta del PSOE y Sumar consideraron que, a través de su iniciativa, Abascal estaba intentando por la vía de los hechos alterar el orden del día previsto para la reunión. Los progresistas consideran que sacar adelante una declaración de ese tipo supondría entrar de nuevo en la dinámica del anterior Consejo, que recurrió a este tipo de comunicados para erigirse en plataforma contra el Ejecutivo en materias como la ley de amnistía. El sentimiento mayoritario entre los vocales de la izquierda judicial es que la institución debe respetar el derecho a la iniciativa de los diferentes grupos parlamentarios. "Si la ley establece que solo los proyectos de ley del Gobierno y no las proposiciones de ley de los grupos deben contar con el informe preceptivo del Consejo es por algo", sostienen fuentes de ese sector.

El PP ha sido especialmente combativo estos días con esta reforma planteada por el PSOE. Su secretaria general, Cuca Gamarra, ha avanzado que su formación luchará con todos los instrumentos a su alcance la propuesta de ley de los socialistas porque "solo busca impunidad para que no se investiguen delitos que afectan al Gobierno, al presidente Pedro Sánchez y a su entorno". "No quieren combatir la corrupción, lo que quieren lograr es la impunidad ante la corrupción que les acorrala", dijo la secretaria general de los populares en una rueda de prensa, en referencia a casos como el de Begoña Gómez o el del fiscal general del Estado, en los que la acciones populares como el pseudosindicato ultra Manos Limpias, Vox, los ultracatólicos de Hazte Oír o los conspiranóicos del partido político Iustitia Europa están personados. Pese a que no cuentan con el apoyo de Fiscalía, ninguno de los dos casos se cerrarían en caso de que la reforma del PSOE fuera finalmente aprobada.

Algunas voces entre los progresistas creen que sí se podría debatir en el futuro una iniciativa para reclamar al Parlamento que recabe la opinión del CGPJ sobre las iniciativas legislativas en materia judicial o procesal de los grupos políticos, pero, en su opinión, debería hacerse más adelante y de manera absolutamente desligada de la proposición de ley actual sobre la acción popular para evitar que el órgano de gobierno de los jueces vuelva a ser percibido como un organismo de oposición al Ejecutivo o a los partidos.

Con su apoyo a una declaración institucional sobre la reforma de la acción popular, la presidenta, de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia pero que accedió al cargo a propuesta de los vocales conservadores, vuelve a aliarse con este sector. También lo ha hecho respecto a la propuesta de renovación del Consejo que este tiene que enviar al Gobierno y a las Cortes el 6 de febrero, al apoyar en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que al menos ocho de los 12 vocales de procedencia judicial fueran elegidos directamente por jueces y magistrados.

Además, Perelló se ha opuesto a que la ley de paridad, que exige un mínimo de presencia del 40% para cada sexo en los nombramientos, se aplique al conjunto de presidencias de cada tribunal y a la composición interna de cada una de sus salas. Pese a que ese es el criterio de la comisión de igualdad (en la que los progresistas son mayorías), la presidenta recabó un informe al gabinete técnico del CGPJ que estableció que la paridad debe aplicarse al total de nombramientos del Consejo a lo largo de los cinco años de su mandato.