TRIBUNALES
El PP se revuelve contra la reforma de la acusación tras haber propuesto en 2013 excluir a Manos Limpias

Todos los gobiernos desde el de José Luis Rodríguez Zapatero al actual de Pedro Sánchez, pasando por los de Mariano Rajoy, lo han intentando. Limitar la acción popular para evitar sus abusos ha sido una prioridad tanto para el PSOE como para el PP en los últimos 15 años y los sucesivos Gobiernos de ambos signos han redactado sus propuestas para hacerlo. La más articulada por el partido que dirige Alberto Núñez Feijoo fue la elaborada en 2013, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón: el Código Procesal Penal. Y, en algunos aspectos, esta propuesta era más restrictiva que la presentada por el PSOE la semana pasada. Por ejemplo, además de a los partidos, el texto del PP excluía de la posibilidad de acusar por esta vía a los sindicatos, lo que, en caso de haberse aprobado, hubiera supuesto la supresión de la acusación popular más conocida: el colectivo de funcionarios Manos Limpias.
La propuesta del PP, encargada en 2012 por el Gobierno de Rajoy a un grupo de expertos, se articulaba de una manera muy similar a la propuesta de reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actualmente en trámite elaborada por el Gobierno –sobre la que el Consejo General del Poder Judicial informó positivamente el pasado diciembre– y la propuesta registrada por el PSOE en las Cortes el pasado 10 de enero. De un lado, se establecía una limitación de los colectivos y asociaciones que podían ejercer la acción popular. De otro, se regulaba un catálogo de delitos concreto en los que esos grupos podrían ejercerla.
Entre los grupos que no podían recurrir a esta figura en el Código Procesal Penal –no nato– de Gallardón se encontraban los partidos políticos, al igual que en el anteproyecto y la proposición de ley del PSOE. Pero también los sindicatos. Esta previsión incluida por el PP en su proyecto habría dejado fuera de las principales causas de corrupción a Manos Limpias, el pseudosindicato ultra cuyo líder, Miguel Bernad, fue condenado por la Audiencia Nacional por extorsión y estafa pero al que, tras presentar un recurso, el Tribunal Supremo absolvió. Manos Limpias, el colectivo que consiguió juzgar a la infanta Cristina en el caso Nóos en contra del criterio del fiscal, es quien está detrás de la primera querella presentada contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y que, casi diez meses después de su admisión a trámite, el juez Juan Carlos Peinado mantiene viva pese a no haber encontrado hasta el momento indicios claros contra ella.
El grupo dirigido por Bernad es también el autor de la querella presentada contra el hermano de Pedro Sánchez en un juzgado de Badajoz por supuesta prevaricación y tráfico de influencias, así como contra la Hacienda Pública, por su contratación como director de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz en 2017. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de esa capital, Beatriz Biedma, le tomó declaración el pasado jueves junto al presidente del organismo provincial, el socialista Miguel Ángel Gallardo. La Fiscalía recurrió el pasado 3 de diciembre la imputación de David Sánchez y otras ocho personas porque, al citarlos, la jueza no concretó ni los delitos existentes contra cada uno de ellos ni los delitos que les atribuía. En ninguno de estos dos casos, los que tocan más de cerca al presidente del Gobierno, el pseudosindicato de Bernad habría podido ser parte en caso de que, en su día, hubiera salido adelante la limitación de esta figura que quería aprobar el PP con su Código Procesal Penal.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentada por el PSOE, sin embargo, sí permite a priori la entrada de sindicatos en los procesos, pero sometiéndolos como al resto de acusaciones populares a unos límites más estrictos. El primero, el de que el colectivo del que se trate demuestre que tiene "un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado" en la causa en la que quiera personarse, un vínculo que deberá demostrar que mantiene a lo largo del curso de las actuaciones si no quiere ser expulsada. En segundo lugar, la propuesta del PSOE impide intervenir a estas acusaciones en la fase de instrucción y proponer diligencias, algo que solo podrán hacer en tras la conclusión del sumario. Tampoco tendrán acceso al procedimiento hasta ese momento. Estas restricciones buscan acabar con las continuas filtraciones de estas asociaciones durante la fase reservada de proceso. Una vez que se abra juicio -la fase pública- sí podrán proponer las pruebas que consideren pertinentes.
Donde la acusación popular no estaría permitida –ni la de Manos Limpias, ni la de ningún otro grupo– es en el caso abierto en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. Pero su exclusión no vendría por el tipo de organización o sus intereses corporativos, sino porque el delito investigado, revelación de secretos, no se encuentra en el catálogo de infracciones que permiten la personación de este tipo de colectivos. Tampoco la prevé el anteproyecto de reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puesto en marcha por el Gobierno y que el Consejo General del Poder Judicial, con el voto de los vocales a propuesta del PP, avaló por unanimidad el pasado diciembre. Sí hubiera cabido con el Código Procesal Penal de Gallardón, en el que, en el elenco de delitos en los que cabían estas acusaciones, sí estaban los "cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones". En cualquier caso, si saliera adelante la proposición de ley socialista, el caso no sería archivado ya que cuenta con un perjudicado que ejerce la acusación particular: Alberto González Amador, la pareja de Ayuso.
Más allá de esta última diferencia, el catálogo de ilícitos de los tres anteproyectos –el del PP de 2013, el del Gobierno de Sánchez de 2021 y la proposición de ley presentada por el PSOE este viernes– es muy similar: delitos relacionados con la corrupción, urbanísticos, medioambientales, de odio y de terrorismo. Los últimos dos textos (el del Gobierno de Sánchez y el del PSOE) incluyen además los cometidos contra el mercado y los consumidores, los de rebelión y los de genocidio y lesa humanidad, y reducen los del terrorismo al enaltecimiento y la justificación. Todo para acotar un tipo de acusación que ahora da acceso a los casos a cualquier ciudadano y que solo existe en España.
El PP ha sido especialmente combativo estos días con esta reforma planteada por el PSOE. Su secretaria general, Cuca Gamarra, avanzó el viernes que su formación luchará con todos los instrumentos a su alcance la propuesta de ley de los socialistas porque "solo busca impunidad para que no se investiguen delitos que afectan al Gobierno, al presidente Pedro Sánchez y a su entorno". "No quieren combatir la corrupción, lo que quieren lograr es la impunidad ante la corrupción que les acorrala", dijo la secretaria general de los populares en una rueda de prensa.