La reforma del PSOE sacará a Vox o PP de los casos más mediáticos pero no asegura la exclusión de Manos Limpias
El PSOE trata de frenar el "uso abusivo" de la acción popular en plena ofensiva ultra en los tribunales. Los socialistas han registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley que fija ciertos límites a la hora de ejercer este tipo de acusación en los tribunales. El texto, con su disposición transitoria, sacará a PP y Vox de los casos más mediáticos en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ahora bien, no asegura la expulsión de otros colectivos como Manos Limpias o Hazte Oír de estos mismos procedimientos. Eso sí, su papel en el procedimiento, en caso de proseguir, quedaría relegado a un último plano.
La reforma, que será de aplicación a los "procesos en curso", busca introducir cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para que no puedan ejercer la acción popular, además de los menores de edad o los condenados en sentencia firme, "los partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculados a ellos" –como pudiera ser la Fundación Pablo Iglesias, Concordia y Libertad o Disenso–. Un veto que se extiende también a "las asociaciones profesionales de jueces y fiscales" –hasta ahora, la prohibición solo afectaba a los magistrados y miembros del Ministerio Público, pero no a sus colectivos–.
Estos cambios limpiarán de acusaciones populares algunas de las causas de mayor repercusión mediática. Así, de acuerdo con la proposición registrada, el PP, que en su día exigió una limitación que ahora critica de esta figura, sería expulsado del caso Koldo –donde ostenta la dirección de la acusación popular– o del procedimiento que se desarrolla en un juzgado de Badajoz contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. De ambas causas también saldría también la ultraderecha de Vox, que debería ser expulsada, del mismo modo, de la que afecta en un juzgado de la capital a Begoña Gómez, esposa del líder del Ejecutivo. Un caso del que quedaría fuera también Iustitia Europa.
No serían los únicos. El PSOE tampoco podría ejercer, como pretende, la acción popular en la causa por financiación ilegal que persigue al agitador ultra y eurodiputado Alvise Pérez. Y fuera quedaría también, como Más Madrid, del caso por fraude fiscal y falsedad documental que persigue a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En relación al empresario, la reforma también expulsaría a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales de la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo en el que el abogado de González reconocía la comisión de dos delitos de fraude fiscal.
Sin veto a los pseudosindicatos
Pero la reforma no garantiza la expulsión de otros colectivos ultras que ejercen la acción popular en todos estos procedimientos de gran impacto mediático. Es el caso de Hazte Oír o Manos Limpias. El texto registrado en el Congreso no impide ejercer la acción popular a las asociaciones, siempre y cuando no tengan vinculación política. Y tampoco a los sindicatos, que es como está inscrita la entidad que lidera el ultra Miguel Bernard. Algo que contrasta con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que lleva tiempo trabajando el Gobierno, cuyo anteproyecto sí que vetaba expresamente a las organizaciones sindicales para el ejercicio de la acción popular.
Esto no significa, sin embargo, que haya vía libre. Los colectivos que pretendan ejercerla deben demostrar "la relación o vínculo personal, social o profesional con el interés público que motiva su intervención en el procedimiento, así como la relevancia y suficiencia de dicho vínculo". Será el juez quien decida si dicho requisito se cumple o no. En caso de ser admitida, la acusación popular jugará un papel secundario: ni se le dará acceso a la causa ni podrá desarrollar actuación alguna durante la instrucción –por ejemplo, pedir al juez diligencias de investigación–. En definitiva, sólo se admitirá su plena intervención una vez finalice esa primera fase del procedimiento.
La proposición de ley, además, establece que no es suficiente con la acusación popular para que una causa siga viva. "Cuando no se formule acusación por el Ministerio Fiscal o por la acusación particular el proceso penal será archivado", reza el texto. Esto, en principio, no provocaría el archivo automático de algunas causas mediáticas. En el caso Koldo, por ejemplo, porque es la Fiscalía Anticorrupción quien lleva el peso de la acusación. Y en el que persigue a García Ortiz, porque aunque el Ministerio Público rechace el caso, la misma podría continuar porque González Amador ejerce como acusación particular.
En lo que respecta a Begoña Gómez, el Ministerio Público se ha opuesto desde el principio a la investigación, que se ha sostenido sobre las acusaciones populares. Ahora bien, eso tampoco garantiza que la misma se vaya a meter directamente en un cajón en cuanto entre en vigor la reforma legal. Todo depende de la manera en que se interprete el nuevo 104 bis que la reforma incluiría en la Lecrim. Un precepto que señala que el proceso no puede continuar solo con la acción popular "salvo por delitos en los que concurra un interés exclusivamente público". Gómez se encuentra investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
La reforma planteada pretende limitar también la admisión a trámite de querellas basadas en noticias de prensa. "[Se inadmitirá] cuando se base en meras hipótesis sin un mínimo fundamento de credibilidad, o en informaciones periodísticas o contenidas en cualquier medio o canal de comunicación o difusión sin otros datos o elementos fácticos que sirvan para acreditar indiciariamente los hechos denunciados", recoge la proposición. El Supremo ya dejó claro que "la mera aportación de recortes de prensa sin más constatación o acreditación" no era suficiente. Algo que, sin embargo, no ha impedido que se admitan a trámite las querellas de Manos Limpias contra la mujer y el hermano del presidente.
A medias en la derogación de los delitos de opinión
Las asociaciones de jueces y fiscales se han mostrado críticas con la proposición de ley. Aunque reconocen que durante años se ha hecho un uso abusivo de la acusación popular por parte de formaciones políticas, creen que la limitación que se hace de la misma es excesiva. "Es una limitación tan estrecha y tan restrictiva del ejercicio de la acción que viene a inutilizarla", ha dicho a EFE María Jesús del Barco, de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Edmundo Rodríguez, de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia considera desacertado que se excluya a la acusación popular de la fase de instrucción y se limite su participación al juicio oral.
El CGPJ critica los límites a acusaciones populares como Manos Limpias al considerarlos de "singular dureza"
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Con dureza han cargado también desde la derecha contra una propuesta que ellos hacían suya allá por 2017. "Ley de impunidad para la familia socialista. La idea tuvo que venir en alguna de las maletas venezolanas", ha escrito en redes sociales el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Del mismo modo, la reforma tampoco ha terminado de gustar en Sumar y Podemos, desde donde avisan de que el veto a ejercer la acción popular también a las administraciones públicas "puede poner en peligro su personación en casos de violencia machista".
Ambos partidos consideran que la proposición se queda corta. Sobre todo, en lo que tiene que ver con la derogación de los denominados delitos de expresión. "Es 'muy limitada, deberían revisarse otros tipos igualmente anacrónicos", sostienen fuentes moradas. La proposición de ley socialista deroga el delito de ofensa contra sentimientos religiosos, que los colectivos ultracatólicos llevan años utilizando como arma intimidatoria. Ahora bien, nada dice de las injurias a la Corona o las ofensas o ultrajes a España, a sus símbolos o a sus instituciones. Una ristra de delitos que sus socios de Gobierno, y la mayor parte de la izquierda parlamentaria, llevan tiempo exigiendo derogar.
Por su parte, Junts per Catalunya ha anunciado que presentará una propuesta propia ante una proposición que consideran "insuficiente, limitada" y que "no aborda el problema de fondo". "El lawfare y la politización de la justicia han afectado a los independentistas durante años. Si los socialistas hubieran actuado antes y no hubiesen mirado para otro lado, la dictadura de las togas no seguiría actuando impunemente", indica la formación de Carles Puigdemont en un comunicado.
