Conservadurismo, elitismo y desconexión: así marca el sistema de oposiciones a los jueces españoles

Lawfare, derechización judicial, falta de imparcialidad... El período de reflexión del presidente del Gobierno en el que meditó su dimisión tras la apertura de una investigación judicial contra su esposa basada en dudosas informaciones de prensa y algún bulo, ha vuelto a abrir el debate sobre los sesgos ideológicos de los jueces, mayoritariamente orientados al conservadurismo. El acento se ha puesto en la renovación del Poder Judicial, bloqueada por el PP desde hace cinco años. Pero, en un segundo plano, también en el principal sistema de acceso de los jueces españoles a la carrera: la oposición. Los expertos llevan años avisando de su caducidad. De que produce jueces elitistas y con una formación solo memorística alejada de los problemas sociales sobre los que, una vez en sus cargos, tienen la última palabra.

Que la judicatura esté escorada a la derecha -la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es la mayoritaria en la carrera desde hace lustros- es un hecho. Además, según expertos en Derecho Procesal y Administrativo, ese fenómeno está indirectamente ligado a su proceso de entrada en el cuerpo. Aprobar la oposición conlleva una media de cinco años de esfuerzo tras otros cuatro años de licenciatura y unos gastos -fundamentalmente el pago a un juez o fiscal preparador, los materiales necesarios y la manutención del aspirante- que, en algunos casos, superan los 500 euros al mes, según un informe de la asociación judicial progresista y minoritaria Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD). Se trata de una inversión que solo las familias más pudientes pueden afrontar.

“La judicatura tiene género [hay más mujeres que hombres, pero ellos llegan con más facilidad a las máximas responsabilidades], pero también tiene clase. No todos los aspirantes pueden estudiar cuatro años más después de terminar la carrera porque no todas las economías domésticas pueden permitírselo”, explica en un reciente artículo la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia Elena Martínez García. “No sería aceptable que solo las personas con una determinada capacidad económica puedan ser elegidos como parlamentarios y del mismo modo no es admisible que solo los ciudadanos con posibilidad de sufragar los costes de la oposición pudieran llegar a ejercer la función jurisdiccional”, sostienen desde JJpD.

El Gobierno puso en marcha en 2022 un sistema de becas para tratar de paliar estas desigualdades y democratizar el acceso a las pruebas para juez, fiscal, letrado de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales) y abogado del Estado. Su cuantía es de 550 euros mensuales. Martínez García considera que, sin embargo, esas ayudas -que implican la matrícula en una academia o la contratación de un preparador- no son suficientes. “El necesario apoyo económico por parte del núcleo familiar comporta que la carrera judicial esté conformada por un colectivo mayoritariamente conservador y, como mínimo, bien posicionado”, sostiene la catedrática.

Desde la izquierda a la izquierda del PSOE, hace varios años que se señala que este sesgo de clase que los expertos detectan entre los jueces debido a la oposición memorística se traduce en derechización. En febrero, Sumar presentó una proposición no de ley para que el Gobierno estudie la creación de un nuevo sistema de entrada, una suerte de “MIR jurídico”, es decir, un examen de Estado para recién licenciados cuya superación les habilite para una formación integral y remunerada en una institución pública tras la cual se establece una segunda prueba. Los que la superen podrán elegir entre los distintos cuerpos jurídicos en función de su calificación (jueces, fiscales, abogados del Estado…), como hacen los médicos con las diferentes especialidades.

Un ejercicio de "anacoreta"

La oposición, consistente en memorizar más de 300 temas para cantarlos ante un tribunal, plantea otros problemas que inciden en la calidad de la justicia. Durante la media de cinco años que el aspirante dedica a su preparación, lo hace completamente aislado de la realidad social a la que, tras obtener el puesto, se va a enfrentar cada día. El régimen al que suelen someterse los opositores durante ese período es de ocho a diez horas diarias de estudio de lunes a sábado, sin ingresos ni vacaciones. Un ejercicio de “anacoreta” para retener más de 300 temas “que ignoran en gran medida las tendencias científicas y dogmáticas del Derecho actual”, como sostiene el letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo Raúl Cancio en otro artículo.

Varios jueces jóvenes consultados por infoLibre confirman la desconexión social que supone estar varios años encerrados, memorizando y recitando. “Cuando mis compañeros de promoción y yo llegamos a la Escuela Judicial [el centro dependiente del CGPJ en el que los jueces completan su formación tras aprobar la oposición] parecíamos un grupo de Alcohólicos Anónimos sin ninguna otra experiencia que contar que el sufrimiento de los años de estudio enclaustrados que habíamos dejado atrás; tu vida se para por completo”, cuenta una joven magistrada del norte de España. Otros hablan de problemas de salud ligados al estrés que provoca el esfuerzo memorístico y la incertidumbre sobre su éxito, como caídas de pelo o aftas en la boca. También de problemas mentales o el recurso a ansiolíticos y antidepresivos. Las familias de los aspirantes sufren al ver a sus hijos e hijas pasar por un proceso tan duro.

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“La oposición conlleva una enorme pérdida de capital humano”, sostiene Gabriel Domènech, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. “En el mejor de los casos, apruebas, pero memorizar y recitar no es la mejor manera de aprender y lo que has estudiado no sirve casi para nada tras años aislado y sin apenas contacto social. Se trata de conocimientos poco útiles”, prosigue. “Pero es que, además, es muy probable que suspendas y lo estudiado no te sirva para nada a la hora de reciclarte en otra profesión”. En ese caso, los niveles de frustración pueden ser altísimos, según el profesor y los jueces consultados que advierten cómo muchos candidatos quedan marcados de por vida por el fracaso. “No es razonable que el acceso a la carrera conlleve ese enorme coste social y de tiempo”, concluye Domènech.  

Un proceso en manos privadas

Pese a tratarse de uno de los cuerpos jurídicos más importantes, el que tiene la última palabra en los asuntos más trascendentes para los ciudadanos, el Estado deja en manos privadas todo este proceso. Se trata de los preparadores, jueces y fiscales que, en muchos casos, obtienen una segunda fuente de ingresos gracias a sus pupilos. En la mayoría de los casos, el pago a estos profesionales se hace en metálico. En el colectivo es un secreto a voces que, en muchos casos, ese dinero no se declara a Hacienda. Solo una vez culminado el proceso, una vez pasada la oposición, los aprobados obtienen formación pública a través de la Escuela Judicial. Por otra parte, el proceso no conlleva ningún examen psicológico que evalúe si los aprobados pueden efectivamente ejecutar esa tarea.

Sacrificio personal, coste social y familiar, elitismo, conservadurismo… Domènech subraya que todos esos males no solo afectan al sistema de acceso de los jueces, sino también al del resto de altos cuerpos jurídicos de la administración, como abogados del Estado, letrados de la Administración de Justicia, diplomáticos, registradores, notarios… En una reflexión personal sobre su experiencia en las oposiciones, un joven notario recién accedido al puesto, escribió en una revista del gremio: “El opositor sigue siendo un ser humano, aunque cada vez lo parezca menos. Excepto tu familia y tus compañeros u otros opositores de oposiciones de dificultad comparable, muy pocos entenderán qué significa realmente lo que estás haciendo”.