LA REFORMA DEL GOBIERNO

Menos sesgo de clase y más pluralidad: el Gobierno democratiza el acceso a una judicatura en manos de élites

Un juez vestido con su toga mira su reloj.

Conservadurismo, elitismo y desconexión con la sociedad. Son los efectos que el actual sistema de oposiciones para acceder a la carrera judicial imprime en gran parte de sus miembros, según los expertos. El Gobierno ha decidido democratizar ese sistema de acceso para dar cabida en el cuerpo a todos los estratos sociales, también los más desfavorecidos. En primer lugar, mediante la creación de un centro público de capacitación de los candidatos, una novedad en un sistema de entrada que hasta ahora permanecía en manos de preparadores y academias privadas. También mediante la institucionalización de las becas ya existentes que, de salir adelante la reforma, duplicarán su cuantía para que todos puedan permitirse opositar. La reforma aprobada este martes por el Ejecutivo también modifica el modelo tradicional oral y memorístico para introducir criterios prácticos que permitan conocer, no solo la capacidad de retención, sino "las competencias técnicas y analíticas" de los aspirantes.

El nuevo centro público de capacitación de candidatos será el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), perteneciente al Ministerio de Presidencia y Justicia. Hasta ahora, esa institución se ocupaba de la formación inicial de los fiscales, abogados del Estado y letrados de la administración de justicia (antiguos secretarios judiciales) que acababan de sacarse la oposición. También se encarga de la formación continua de esos cuerpos y organiza para ellos cursos sobre igualdad, violencia machista y tutela judicial de niños y adolescentes. Si el texto aprobado por el Gobierno sale adelante, esa institución ofrecerá también la posibilidad de preparar los exámenes de ingreso, no solo a esos cuerpos, sino también a la judicatura. "El reconocimiento del Centro de Estudios Jurídicos como centro público y oficial de preparación complementa la oferta privada aportando a la labor de preparación altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia", dice el anteproyecto en su exposición de motivos.

Con la nueva regulación, el CEJ será también la institución que conceda las ayudas públicas para que no solo los más pudientes puedan acceder a estos procesos de selección. "La cuantía de estas ayudas nunca podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, se concederán anualmente y podrán prorrogarse hasta un máximo de cuatro años", establece el anteproyecto. Esa disposición implica, como mínimo, duplicar la cuantía de las becas que, actualmente, pueden alcanzar los 550 euros mensuales. El salario mínimo propuesto por el Ministerio de Empleo para 2025 es de 1.185 euros mensuales. Se trata de acabar con uno de los principales sesgos en en el cuerpo. "La judicatura (...) tiene clase", recordaba en un reciente artículo la catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia Elena Martínez García. "No todos los aspirantes pueden estudiar cuatro años más después de terminar la carrera porque no todas las economías domésticas pueden permitírselo".

Otra de las críticas de los expertos al actual sistema de acceso es el método de estudio, basado únicamente en la memoria. Tras un examen tipo test que sirve de criba, los aspirantes a juez retienen más de 300 temas para recitarlos de carrerilla ante su preparador y después ante el tribunal en dos exámenes. El Consejo General del Poder Judicial elaboró un informe en 2011 que pedía "la racionalización del temario" para evitar la memorización sin sentido y recordaba que las bases de datos "han hecho obsoleto el requisito de poseer un conocimiento exhaustivo de un ordenamiento jurídico y cambiante". "Lo único que ciertamente propicia el sistema es la ejercitación de la memoria", sostiene el magistrado emérito del Supremo Perfecto Andrés. "Encerrarse en completo aislamiento para retener y recitar no enseña a apreciar los hechos, a interpretar las leyes o a motivar sus resoluciones, algo que, una vez dentro, los jueces deberán aprender por sí mismos", añadía.

Los preparadores y una prueba donde no prime la memoria

El anteproyecto reduce a una las pruebas orales que "en ningún caso podrá consistir en una mera exposición memorística". En ella, los candidatos deberán mostrar sus "competencias técnicas y analíticas" así como "una preparación técnico-jurídica suficiente concretada en el conocimiento de la norma jurídica", pero también "analizando con corrección los problemas que plantean y obteniendo conclusiones generales". A ella se suma "una prueba escrita eliminatoria" consistente en la resolución de uno o varios casos prácticos. En este segundo examen se valorará la "capacidad de redacción escrita y argumentación, lógica deductiva, razonamiento y motivación en relación con el supuesto supuestos que se sometan a su valoración.

La reforma también pone orden en la actividad de los preparadores, en la que, tradicionalmente se han dado muchas corruptelas. Muchos jueces (también fiscales y miembros de otros cuerpos) recurren a ella como una segunda fuente de ingresos, muchas veces no declarada. El texto obliga a los magistrados que quieran dedicarse a esta actividad a reclamar del Consejo la correspondiente licencia de compatibilidad. Además, los jueces-preparadores que la obtengan deberán formar parte de un registro oficial publicado por el órgano de gobierno de los jueces.

Por último, el anteproyecto se asegura que, en cada convocatoria, un cuarto de las plazas deban ser cubiertas por el denominado cuarto turno, el sistema de acceso para juristas de reconocida competencia con más de 10 años de experiencia, que deben acceder mediante una prueba escrita –la elaboración de un dictamen que muestre su pericia profesional– previa a una baremación de méritos. El nuevo sistema obliga a convocar ambos métodos de entrada al mismo tiempo para evitar lo que ocurría hasta ahora, la falta de organización por el CGPJ de pruebas para estas vacantes que dan acceso directo a la categoría de magistrado. Con ello se busca aportar perspectivas y sensibilidades diferentes al cuerpo. El sistema se extiende por primera vez también a la carrera fiscal.

Una comisión de ética para los excesos

La comisión de ética del Consejo General del Poder Judicial es el único órgano que elige directamente los jueces y magistrados. Sus seis miembros, dos magistrados del Supremo, tres magistrados y un juez, una vez elegidos por sus compañeros, seleccionan a un profesional de reconocido prestigio en el mundo académico. Su sistema de elección hace que todos sus integrantes procedan de la derecha judicial lo que, en los últimos años ha provocado dictámenes sorprendentes, como el que avaló las concentraciones de jueces con toga ante las sedes de los órganos judiciales contra la ley de amnistía.

Varios jueces y exvocales consultados por infoLibre subrayaron la necesidad de su reforma para que emita pronunciamientos -que no conllevan castigo- sobre determinados excesos en la carrera que quedan sin sanción debido a la limitación de la responsabilidad disciplinaria del Consejo, que impide entrar en las decisiones estrictamente jurisdiccionales de jueces y magistrados o exige que en casos de faltas de respeto a otros poderes -como en el caso del juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara que llamó "psicópata" al presidente del Gobierno o el magistrado de la Audiencia Eloy Velasco, en sus ataques a la exministra Irene Montero- el investigado las cometa invocando su condición de juez.

El anteproyecto reforma la comisión limitando sus miembros procedentes de la carrera a cinco. Los cuatro restantes, catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral, serán designados por el Congreso y el Senado. La modificación busca introducir pluralidad en el órgano para que sus decisiones sean menos corporativas.

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