Disciplina, formación y ética: lo que el CGPJ sí puede hacer para frenar los excesos de los jueces

Jueces, como Joaquín Aguirre, que se niegan a archivar una causa, la de la "trama rusa" del procés, pese a que sus superiores se lo exigen y le acusan de actuar en "fraude de ley". Casos difíciles de entender que, iniciados por querellas de escaso fundamento y en los que, tras meses de diligencias, el juez no es capaz de sacar nada en claro, como la que instruye Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Procesos insólitos para amplios sectores de la sociedad, como el abierto contra el fiscal general del Estado por el Tribunal Supremo por desmentir un bulo difundido desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso, en el que se han llegado a intervenir sus comunicaciones y a registrar la sede del Ministerio Público. Magistrados que llaman "psicópata" o "narcisista" al jefe del Ejecutivo o aprovechan conferencias para descalificar a exministras como Irene Montero. Decenas de jueces manifestándose con la toga puesta contra una ley, la de amnistía, que están obligados a aplicar...

La mayoría de los 5.500 jueces en activo que hay en España ejercen sus funciones con total profesionalidad e independencia, según recogen los principales indicadores europeos sobre la calidad objetiva de nuestra justicia. Pero las actuaciones de unos pocos en causas de gran trascendencia política han generado una enorme desconfianza entre amplios sectores de la sociedad que ven excesos en sus resoluciones y en sus comportamientos fuera del juzgado o tribunal en el que ejercen la jurisdicción. Pese a que los datos objetivos son buenos, los subjetivos no lo son tanto. El 50% de los españoles perciben como bastante mala o muy mala nuestra justicia en términos de independencia, según el último Eurobarómetro de la Comisión Europea, publicado en febrero de 2024, y siete de cada 10 culpan a la interferencia o presión de los políticos de esa sensación.

Se trata de percepciones, de sensaciones. Pero a ellas también contribuyen algunos datos objetivos. Como la creciente derechización del cuerpo. El pasado 26 de noviembre todos los jueces y magistrados estaban llamados a las elecciones para elegir a miembros de las salas de gobierno del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico. Los resultados fueron muy reveladores: de las 118 plazas en juego, solo dos fueron para candidatos progresistas. El resto las ocuparon las asociaciones más conservadoras y corporativas y menos de una decena, magistrados no asociados. El panorama es una disonancia entre un poder del Estado no electivo y muy escorado a la derecha y una sociedad que en las últimas elecciones generales dio la mayoría a las formaciones progresistas que hoy sostienen el Gobierno, a cuya política judicial esos colectivos conservadores de jueces y magistrados se oponen por sistema.

La polarización política tampoco ayuda. Todo lo que no se consigue en el Parlamento acaba en los juzgados con acusaciones gruesas de corrupción, "golpes de Estado" o "atentados contra la separación de poderes", muchas veces sustentadas en meros recortes de periódicos. Recientemente lo afirmó la magistrada del Supremo Ana Ferrer, que denunció el "crecimiento exponencial" de querellas contra políticos y demás aforados. "Escritos procedentes de actores políticos o grupos de presión con el exclusivo afán de instrumentalizar la justicia en defensa de determinados idearios", señaló, "que pretenden trasladar a los tribunales un clima de crispación y polarización" o "convertir la Sala [la de lo Penal] en una especie de buzón de desahogo de una ciudadanía que canaliza por esta vía su frustración". Algunos de esos escritos encuentran acomodo en jueces dispuestos a investigarlos. Aunque en algunos casos, como en el caso Neurona contra Podemos, se archiven años después sin ninguna consecuencia y tras provocar enormes daños políticos, mediáticos e incluso personales a los investigados.

Desde la ansiada renovación del Consejo General del Poder Judicial del pasado junio, con teórica mayoría progresista (11 a 10 contando con la presidenta, Isabel Perelló) la izquierda mira a ese órgano constitucional para exigir soluciones. ¿Pero qué puede hacer objetivamente el órgano de gobierno de los jueces para revertir esta situación? Veamos.

Los límites de la disciplina

La exigencia clásica al Consejo ante la sucesión de escándalos judiciales es "que actúe". Y actuar, suele significar sancionar. Sin embargo, la capacidad de la institución en este ámbito, el de la responsabilidad disciplinaria de jueces y magistrados, es mucho más estrecha de lo que la gente se piensa. Para empezar, el CGPJ tiene vedado intervenir en las decisiones que tome cada juez o magistrado mientras ejercita su función jurisdiccional. Es decir, por muy estrambóticas que parezcan algunas de las decisiones de Peinado en el proceso abierto a Begoña Gómez -como imputar a personas que previamente han declarado como testigos con obligación de decir la verdad, falsear testimonios o ir a Moncloa a tomar declaración a Sánchez- sus autos y providencias solo pueden ser cuestionados a través del catálogo de recursos que establece la ley ante tribunales superiores en rango que son los que deben corregir su criterio: la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo o, mediante recurso de amparo, el Constitucional.

En los casos en los que el juez ejerce su jurisdicción, el único límite que tiene es el Código Penal. Y ahí el CGPJ no puede hacer nada. Deben ser las partes del proceso, las personas que comparezcan en su curso o el Ministerio Fiscal quienes denuncien ante el juzgado al que el magistrado esté aforado -el tribunal superior correspondiente o el Tribunal Supremo- si consideran que el juez de turno puede haber cometido un delito. En el caso improbable de que se admita la querella o denuncia, el togado solo sería suspendido por el Consejo en caso de que se abriera juicio contra él. Si el proceso terminara en condena, es el Consejo el que debe expulsarlo de la carrera. "En los últimos años hemos asistido a varios casos de jueces condenados y expulsados, pero luego la Sala de lo Contencioso del Supremo ha revocado la expulsión", recuerda un magistrado madrileño. "En cualquier caso, llegar a una condena es muy difícil debido al fuerte corporativismo de la carrera: se trata de compañeros juzgando a compañeros", añade. Y recuerda el caso de un magistrado, José Antonio Martín Martín, que fue condenado por el TSJ de Canarias por asesorar a un narco al que debía juzgar y luego el Supremo lo absolvió. "Pese a su absolución, el Consejo lo expulsó por varias faltas disciplinarias, pero la Sala de lo Contencioso obligó a readmitirlo".

Es precisamente esa Sala del Supremo, muy benevolente con sus compañeros expedientados, la que modula el ejercicio de la acción disciplinaria del CGPJ. Su doctrina tuvo especial peso en el archivo del expediente disciplinario que se abrió en 2024 al juez de lo Mercantil de Madrid Manuel Ruiz de Lara por llamar "mentiroso" y "psicópata" al presidente del Gobierno en X, la antigua Twitter. Al solicitar al Consejo que se archivara el expediente que se le abrió, el Promotor de la Acción Disciplinaria (la figura que instruye las investigaciones del Consejo contra jueces) y el fiscal invocaron precedentes del Supremo que sostuvieron que, para poder sancionar a un juez por insultar a autoridades, debía invocar al hacerlo su condición de miembro de la judicatura, sin que fuera suficiente la simple "notoriedad" de esa condición. Es decir, que pese a que los ataques fueron públicos y perfectamente rastreables, y todo el mundo sabe que Ruiz de Lara es magistrado, eso no basta para sancionar sus improperios. El nuevo Consejo surgido de la última renovación le ha abierto una nueva investigación por volver a la carga en X. También al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, por rechazar lecciones de la exministra de Igualdad, Irene Montero, "desde su cajero del Mercadona". Ambas informaciones previas se han abierto con el voto unánime de los 20 vocales y su presidenta.

El juego de mayorías y minorías

Que se haya abierto una nueva investigación a Ruiz de Lara por unanimidad y también en el caso similar de Velasco, demuestra que el Consejo, pese a los precedentes que dicta el Supremo, sí tiene margen de actuación. Tanto el Pleno como la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces pueden reclamar al Promotor y al servicio de inspección que inicien las pesquisas en caso de que detecten la comisión de una posible falta. También pueden revocar las propuestas de estos de expedientar o sancionar a un juez o las que reclaman el archivo de estas investigaciones internas. Dependiendo si la falta es grave o muy grave son en última instancia los siete miembros de la comisión disciplinaria o los 21 del Pleno los que tienen la última palabra mediante votación. Pero su decisión es siempre recurrible ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, que puede anularla.

Así pues, el juego de mayorías y minorías en el seno del Consejo también influye en la mayor o menor dureza que emplea en el ejercicio de su potestad disciplinaria. Las investigaciones contra Ruiz de Lara y Velasco se han iniciado por unanimidad, pero también podrían haberse aprobado por mayoría, algo que parece difícil con la actual composición del órgano, en el que los conservadores -tradicionalmente más corporativos- y los progresistas están empatados a 10. La dinámica impuesta por la presidenta, la progresista (pero propuesta por los conservadores) Isabel Perelló, añade más obstáculos que ralentizan las decisiones en la institución, porque "se niega a llevar al pleno o a la permanente asuntos que no se hayan acordado previamente entre los dos bloques", según fuentes progresistas.

Uno de los jueces a los que sí se podría expedientar sería el de Joaquín Aguirre, al que la Audiencia de Barcelona ha acusado de actuar en "fraude de ley" al negarse a aplicar las resoluciones de ésta en la causa abierta por él contra Carles Puigdemont por la llamada "trama rusa" del procés y achivar el caso. "Sus superiores le han advertido de que podrían actuar contra él en caso de que vuelva a desobedecerles, pero si no lo hacen, el Consejo podría perfectamente expedientarlo y sancionarlo disciplinariamente", asegura otro veterano magistrado con muchos años de servicio en la Audiencia Nacional. "Solo se requiere la voluntad de hacerlo", añade.

Inspección, documentación, comunicación y formación

Pero, aparte del expediente y la sanción, el CGPJ tiene otras herramientas para tratar de prevenir estas decisiones de difícil comprensión que periódicamente se producen. "El Consejo tiene una posición privilegiada y cuenta con todas las herramientas necesarias para analizar por sí mismo la independencia y la calidad con la que los jueces prestan su servicio público", prosigue este último magistrado. "Como órgano de gobierno de la magistratura, tiene, además, el deber y la responsabilidad de poner en marcha las políticas públicas necesarias para intentar poner solución a las disfunciones que se produzcan y mejorar la percepción que tiene la sociedad de la carrera, que cada vez está más deteriorada".

Una de esas herramientas de análisis es el Centro de Documentación Judicial (Cendoj), que se encarga de la publicación de las sentencias y autos del Tribunal Supremo así como las de otros órganos (Audiencia Nacional, tribunales superiores o audiencias provinciales). "Pero también la inspección, cuyo trabajo puede usarse, no solo con fines disciplinarios, sino también para detectar carencias y problemas concretos". Con toda esa información se podrían poner en marcha, por ejemplo, informes técnicos que sirvan para formar a los jueces o guías de actuación ante cuestiones especialmente sensibles social y políticamente o actualizaciones en temas cada vez más vigentes como la tecnología, el cambio climático, nuevos derechos (LGTBI+, igualdad, paridad...), la polarización política o el recurso cada vez más frecuente a la desinformación.

Varios de los jueces y juezas consultados, algunos de ellos antiguos vocales del Poder Judicial, creen también crucial que el Consejo tenga un portavoz que trabaje en estrecha colaboración con el equipo de comunicación del órgano. "El CGPJ es el órgano de gobierno de un poder del Estado pero desde hace más de 10 años no habla a través de una persona concreta. La actual presidenta tampoco parece muy favorable a explicarse ante los medios, pero las decisiones judiciales, sean o no polémicas, también las del Consejo, necesitan muchas veces de cierta pedagogía para que la gente las entienda ¿Alguien se imagina que el Gobierno o los grupos parlamentarios no tuvieran un portavoz?", explica una antigua consejera. "Los ciudadanía tiene derecho a conocer y fiscalizar lo que hacen o piensan los jueces y los órganos que los gobiernan porque trabajamos para ellos", añade.

Potenciar la comisión de ética

"Un juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales". "Un juez deberá desempeñar sus tareas judiciales sin favoritismo, predisposición o prejuicio". "Un juez garantizará que su conducta, tanto fuera como dentro de los tribunales, mantiene y aumenta la confianza del público, de la abogacía y de los litigantes en la imparcialidad del juez y de la judicatura". "Un juez deberá asegurarse de que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable". Son algunos de los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial, aprobados por Naciones Unidas, suscritos por España y en los que se inspira, en parte, el código ético de los jueces y magistrados españoles aprobado por el CGPJ en 2016.

El organismo que aplica todos esos mandatos deontológicos es la comisión de ética judicial del Consejo, que resuelve mediante dictámenes las dudas sobre la actuación, tanto dentro como fuera de los juzgados, que le presenta cualquier juez. Esa comisión, además, puede elaborar, excepcionalmente, informes sobre asuntos o cuestiones que resulten de interés general y estén relacionados con el comportamiento ético que con arreglo a los principios recogidos en el código ético, se espera de los jueces y juezas, a instancia de las Salas de Gobierno de los tribunales, las juntas de jueces o las asociaciones judiciales. Sus decisiones no implican ningún tipo de sanción disciplinaria sino que funcionan como un mecanismo de autorregulación. Potenciar este organismo para que se pronuncie por los comportamientos especialmente controvertidos de los miembros de la judicatura es otra de las vías que los magistrados consultados proponen para atajar las disfunciones del sistema.

"El problema es su composición", explica una veterana magistrada. "Es el único órgano del Consejo no integrado por vocales; sus miembros los eligen los jueces y magistrados en activo entre sus compañeros y estos, a su vez, seleccionan al único integrante que no forma parte de la carrera, lo que hace que sus decisiones sean muy corporativas". Y a veces contradictorias. Desde su puesta en funcionamiento, la comisión de ética judicial del Consejo ha desaconsejado a los jueces participar en actos políticos y les anima a extremar las cautelas a la hora de acudir a manifestaciones. Sin embargo, en uno de sus dictámenes, aprobado el pasado 24 de febrero, avaló las concentraciones de jueces, con o sin toga, ante los órganos judiciales contra la ley de amnistía. "La asistencia a reuniones o concentraciones que muestran rechazo a cualquier actuación que, desde un honesto, meditado y sincero convencimiento, pueda afectar al Estado de derecho, se ajusta a los principios de ética judicial", sostuvo.