De un MIR jurídico a una escuela pública: lo que Europa exige a sus futuros jueces, pero España no

Memorizar textos legales enteros para recitarlos después a velocidad de vértigo. Esa es casi la única habilidad que en España se exige para convertirse en juez. Ni los idiomas, ni sus aptitudes generales o de expresión (oral o escrita), ni la capacidad de análisis de los problemas sociales, económicos y políticos a los que se tendrán que enfrentar -fundamentales para acceder a la judicatura en los países de nuestro entorno- cuentan en el principal sistema de acceso a la judicatura: la oposición. Magistrados y expertos universitarios alertan desde hace años de las grandes carencias del principal método de selección de nuestros magistrados y reclaman su homologación con el de países de nuestro entorno en una sociedad cada vez más globalizada y compleja, sin que el problema logre entrar a fondo en la agenda política.

La calidad y formación de los jueces incide en la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia. Y, desde hace años, esa imagen no es buena. Según el último Eurobarómetro sobre España de la UE, el 56% de los españoles considera que la independencia de los jueces y magistrados españoles es bastante mala o muy mala y señalan como causa al poder político y a los intereses económicos. El bloqueo por el PP de la renovación del Consejo General del Poder Judicial desde hace cinco años, tiene que ver con esa visión, pero, en los últimos tiempos, grupos políticos como Unidas Podemos y después Sumar han reclamado también que se destierre la tradicional oposición (instaurada en el siglo XIX) al considerar que genera un sesgo conservador y de clase en la carrera. Sin mucho éxito. La ausencia de debate político sobre la cuestión contrasta con el peso que se le da en el campo académico.

El propio órgano de gobierno de los jueces ya abordó en 2011 la cuestión. El sistema propuesto planteaba la obligatoriedad de un máster reconocido por el Consejo y el Ministerio de Justicia, un test de preselección. Y la “racionalización del temario” para evitar la memorización sin sentido –“las bases de datos han hecho obsoleto el requisito de poseer un conocimiento exhaustivo de un ordenamiento jurídico complejo y cambiante”, decía el informe elaborado por tres vocales-. Además, la propuesta introducía un examen escrito actualmente inexistente, el conocimiento de una lengua extranjera y una prueba sobre la personalidad o aptitud del candidato para ser juez. Pese a que la propuesta se debatió en el pleno del CGPJ, acabó en un cajón y no se ha vuelto a abordar, según fuentes de ese órgano.

 “Lo único que ciertamente propicia el [actual] sistema es la ejercitación de la memoria”, sostiene el magistrado emérito del Tribunal Supremo Perfecto Andrés en un reciente artículo. Encerrarse en completo aislamiento para retener y recitar no enseña a apreciar los hechos, a interpretar las leyes o a motivar sus resoluciones, algo que, una vez dentro, los jueces deberán aprender por sí mismos, sin una formación previa. El magistrado apuesta por sustituir el modelo de la oposición por la creación de un centro de formación “con un cuadro docente de alto nivel y plural” seguido de varios años de prácticas. La prueba para acceder a ese centro debería valorar sus “aptitudes y capacidades” y su preparación no debería superar la duración de un curso académico, en lugar de la media de cinco años de preparación que exige el examen actual.

Se trata de un sistema similar al francés, en el que la formación de los jueces corre de cargo de la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), dependiente del Ministerio de Justicia. El acceso a esta institución comporta la superación de un máster de preparación de un año tras el cual se hacen las pruebas de acceso. A diferencia de en el sistema español, en el que quien no supera la oposición no obtiene ningún reconocimiento académico, en Francia, quien supera el máster pero no llega a la ENM, sí obtiene un título de posgrado para dedicarse a otra profesión. El tribunal no está formado solo por magistrados, como en España. También por profesores universitarios, abogados, psicólogos, altos funcionarios y profesionales de otras áreas, como periodistas, filósofos, historiadores…

Además de contenido jurídico, las pruebas de acceso evalúan “el conocimiento y comprensión del mundo contemporáneo”, como señala Iñaki Esparza, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco. Cuestiones como “un ejercicio sobre una cuestión actual de relevancia social en Francia, respecto a la que el candidato habrá de analizar los aspectos jurídicos, sociales, políticos, históricos, económicos, filosóficos…”. También puntúan el inglés y otras lenguas extranjeras e incluyen una conversación sobre una cuestión de actualidad “para valorar la personalidad del candidato, su trayectoria y su motivación”. Una vez dentro de la ENM, el candidato a juez recibe una formación teórica y práctica de 31 meses a cargo del Estado con un sistema de evaluación continua hasta que accede al su primer destino.

Pero el sistema que se ha planteado políticamente en los últimos meses no es el francés, sino el alemán, consistente en un examen de Estado. Sumar presentó el pasado febrero en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a estudiar “la viabilidad de un examen similar el del médico interno residente (MIR)”, superado el cual los candidatos entrarían en la Escuela Judicial, un centro público y gratuito, “donde adquirían todos los conocimientos y habilidades prácticas” para ejercer como jueces, sin tener que encerrarse durante una media de cinco años, memorizando temas 10 horas al día y seis días a la semana sin apenas contacto con la realidad.

En Alemania, tras superar el examen de Estado, dirigido a todas las profesiones jurídicas, los aprobados cobran un sueldo público y, durante un periodo de formación de dos años, deben pasar por un tribunal, una fiscalía, un organismo de la administración y una entidad de asesoramiento legal, como una notaría o un despacho de abogados. Sus tutores durante ese período no solo evalúan su nivel de preparación, sino también su aptitud, diligencia o motivación, como explica la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia Rosario Serra. Tras esa formación deben realizar un segundo examen de Estado con pruebas orales, escritas y casos prácticos. Los que aprueban y quieren ser jueces, presentan su solicitud y están a prueba durante tres años, pasados los cuales son calificados de aptos o no aptos.

Desde el Gobierno, la única medida para reformar el sistema que se ha tomado es la creación de un sistema de becas. Su objetivo es paliar los largos años de estudio que implica la oposición y garantizar que todos y no solo los más privilegiados puedan afrontar los gastos que supone y la carencia de ingresos durante la preparación. Sin embargo, esas ayudas exigen la contratación de un preparador, normalmente jueces o fiscales que suelen cobrar en metálico. “Los candidatos no siempre pueden obtener de ellos las facturas o justificantes que precisarían para poder optar a alguna de las becas”, explica Serra, que añade que es “un secreto a voces” que muchos de estos preparadores no declaran estos ingresos.

En España, es solo tras el enorme esfuerzo de años que supone la oposición que los candidatos reciben formación pública, teórica y práctica, en la Escuela Judicial, pero lo que realmente da acceso a la judicatura es el examen. El problema exige una reforma de una ley orgánica, la del Poder Judicial y, por lo tanto, implica un importante acuerdo político y social que, por el momento, no parece cercano. Mientras tanto, los expertos se siguen preguntando. ¿Es así como queremos elegir a nuestros jueces?