Radiografía de la Justicia

El nivel económico y el apoyo familiar determinan el acceso a la judicatura en España, una carrera sin apenas becas

Toma de posesión de tres nuevos magistrados en el Tribunal Supremo en enero de 2020.

Una cierta interpretación del principio de igualdad sostiene que incluso en un país racista el negro más negro puede ser tan pobre como el blanco más blanco. Y es esa lectura de apariencia humorística la que conduce ya sin disfraz a preguntas como estas: ¿Hay igualdad para triunfar o solo para fracasar? ¿Puede alguien de un estrato social desfavorecido acceder a una carrera tan relevante como  la judicial en las mismas condiciones que alguien más acomodado?

La cuestión adquiere ahora un nuevo protagonismo por el debate reabierto tras el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y por lo que la izquierda considera una clara derechización del mundo judicial. Pero más allá de la discusión que genera un bloqueo sostenido por el PP que roza ya los dos años tras aquel célebre whatsapp sobre cómo el partido seguiría controlando el Supremo “desde detrás”, más allá de la estricta bronca política se agazapan otras dudas que entroncan con las preguntas que abren este texto: porque convertirse en juez implica aprobar sin becas públicas –y en todo caso con una financiada por un banco– una oposición que, según la última estadística oficial,  requiere una media de 4,8 años de estudio constante y maratoniano. Y que exige la contratación de un preparador privado que cobra entre 150 y 200 euros mensuales de media según las distintas fuentes consultadas.

Todo lo enunciado hasta ahora lleva en línea recta a dos interrogantes de calado político: ¿se rige por un verdadero principio de igualdad la configuración del tercer poder del Estado, el único que no emana de las urnas, integrado a día de hoy por 5.341 jueces y cada vez con mayor peso en decisiones que tradicionalmente correspondían al poder legislativo y al ejecutivo? ¿Existe entre lo que ya casi todo el mundo conoce como el sesgo de origen social alguna conexión con el sesgo ideológico?

Lo planteado en el párrafo anterior está ahora sobre el tablero. Pero debajo subyace otra incógnita tan o más compleja: la de si es necesario mantener un sistema de acceso a la judicatura cuyas características son las que obligan al opositor a convertirse durante cinco años en un “espartano”. Inequívoco en su significado, es el adjetivo que acuña Escarlata Gutiérrez, fiscal especializada en criminalidad informática y delitos económicos y quien en 2017 introdujo en un artículo la siguiente advertencia: que el sistema español de acceso “requiere años de preparación que son costeados íntegramente por el opositor (y su familia) y nada garantiza que finalmente se consiga la plaza”. A la pregunta de si entraña problemas que el tercer poder del Estado sea el único donde no media elección directa por los ciudadanos, la fiscal responde ahora así: "Sí es el único poder no elegido [en las urnas] porque debe estar integrado por técnicos. Somos aplicadores del derecho. Asépticos en lo posible. Asépticos aplicando normas. Profesionales altamente cualificados".

Una fuente de sacrificios familiares que nadie cuantifica

Sin padres desde que casi acababa de terminar Derecho, Escarlata Gutiérrez cuenta que se pagó el preparador de oposiciones trabajando un día a la semana como dependienta. Lo rememora y se le percibe en la voz no una nota de orgullo sino una completa escala musical de satisfacción. “Sin duda –añade– tendría que haber becas. O subvenciones por razones económicas. Esa formación es para el Estado y me la estoy pagando de mi bolsillo”. Y cierra el círculo así a la pregunta de si la segregación económica alienta que la judicatura tenga un carácter conservador: “¿Gente conservadora? Gente, pienso yo, que está acostumbrada a la cultura del esfuerzo y el sacrificio”.

No hay forma de poner números a cuánto cuesta en euros incorporarse a ese tangible aunque extraoficial cuerpo de opositores a la carrera judicial o fiscal. En un país donde en la casa en que comen dos comen tres, nadie ha calculado a cuánto asciende el concepto vivir de los padres cinco años más pese a que casi todos los opositores de la carrera judicial, salvo excepciones heroicas, terminan abocados a ello. Básicamente, porque resulta demoniaco combinar con un empleo una preparación que, como recuerdan todos los entrevistados, se traduce en jornadas de estudio de ocho o diez horas diarias.

Ni se ha calculado tampoco en cuánto se sitúa lo que cabría denominar también aquí como lucro cesante: es decir, el sueldo que deja de ingresar el opositor porque aunque tuviese una oferta no podría trabajar si su objetivo consiste en aprobar. Quienes lo logran entran en la Escuela Judicial con una media de edad de 28 años y salen con 30.

A ese coste difuso pero más que notorio de sacrificio familiar para mantener a su hijo o hija sin que aporte ingresos adicionales se le suma la tarifa del juez preparador ante quien el opositor “canta” lo que luego ha de reproducir ante el tribunal. Y se añade también el coste de los temarios: el del primer examen oral cuesta entre 200 y 300 euros, como detalla Mariano López, titular del juzgado de primera instancia número 8 de Las Palmas y uno de los preparadores consultados: en su caso, preparador gratuito como miembro de Juezas y Jueces para la Democracia. López agrega otro gasto: las actualizaciones de la normativa legal, suministrada por editoriales y que implica un desembolso anual de unos 50 euros. Y uno más, pero este emocional y capaz de dejar muescas: “Una chica que preparo ayuda a su padre en una floristería. Pero hay veces que no puedes parar para hacer un ramo. Hay una limitación económica relevante. Es limitante. Y encima, genera al opositor una sensación de culpabilidad”.

El sistema español de acceso a la judicatura por el turno mayoritario o conocido como “libre” –el de oposiciones, no el minoritario reservado a juristas de reconocido prestigio y larga experiencia– es “muy memorístico”, redondea ahora Escarlata Gutiérrez. Y hace del opositor el espartano que ella misma mencionaba al inicio de su relato. O una especie de memorioso sin límites o, como define el juez Carlos Gómez, director de la Escuela Judicial entre 1999 y 2002, miembro Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y ahora único candidato a la presidencia del Tribunal Superior de Baleares. "Vivimos –diagnostica– en un país de desconfianza. Existe una oposición a juez porque no nos fiamos de que la Universidad dé una formación sólida".

¿Necesita España, como viene a decir Gómez, que la puerta de la judicatura se abra solo a quienes se comporten como en el siglo XIX, cuando un magistrado se veía forzado a ir “a un pueblo remoto llevando el código en la cabeza”? ¿Sigue teniendo vigencia el sistema de oposición instaurado tras la revolución de 1868, la Gloriosa, pese a que la consulta de cualquier texto legal está hoy al alcance inmediato de todos gracias a internet? En su opinión, por supuesto que no. Y es ese sistema, largo, pedregoso y sin ayudas públicas, el que en la práctica permite el ascenso a la carrera judicial de quienes pertenecen a una familia con mejores condiciones económicas.

A falta de estudios sociológicos sobre el actual perfil de la magistratura española –el CIS hizo uno en 1983 pero no hay rastro de ninguno posterior–, las estadísticas anuales del CGPJ aportan desde 2011 cinco datos esclarecedores: qué porcentaje de los jueces de cada promoción tienen familiares de hasta segundo grado vinculados al ámbito jurídico y cuántos de esos parientes son jueces; en cuántos casos ninguno de sus progenitores posee estudios superiores; cuántos opositores a la carrera judicial han contado con el soporte económico de sus padres; y cuántos de ellos han disfrutado de una beca.

Antes de 2011 no hay información accesible en el CGPJ sobre los estudios universitarios de los padres de opositores, factor estrechamente vinculado al rango social. Ni la hay sobre la dependencia económica. Ni sobre las becas públicas, que en 2012, en medio de una crisis galopante, desaparecieron del mapa.

La sobrerrepresentación del sector jurídico

La media de las dos últimas décadas sí indica que el 5,96% de quienes aprobaron las oposiciones tiene un familiar de hasta segundo grado que ocupa un puesto como juez. Y que un 19,21% guarda ese mismo parentesco con alguien que desempeña otra profesión jurídica. En España, los jueces representan el 0,001% de la población.

“Es evidente que los que han estudiado Derecho y se dedican a una profesión jurídica no son el 19,21% del censo. Y que saltar del 0,001 al 5,96% indica que sí pesa tu familia en si accedes a la judicatura”, asegura tras reclamar el anonimato uno de los consultados para este reportaje.  

Con su apellido por delante, es uno de los magistrados más conocidos del país, el valenciano Joaquim Bosch, portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, quien dispara otro dardo: “Existe un sesgo social en el acceso a la judicatura provocado porque la oposición exige un tiempo medio de cinco años que una familia de clase obrera difícilmente se puede permitir. Esa asimetría social puede tener reflejo en la propia judicatura”. ¿Y existe un sesgo ideológico derivado de a qué segmento social pertenece el juez? Bosch cree que sí: "Está empíricamente demostrado que a mayores ingresos suelen inclinarse a posiciones conservadoras. Y en la judicatura solo hay una minoría de clases más desfavorecidas".

En esa misma línea, el máximo dirigente de Más País, el diputado Íñigo Errejón, anunció hace una semana que su formación está preparando una propuesta para modificar el sistema de acceso. Hay, dijo Errejón, “un signo de clase evidente”. Y añadió algo más sobre la entrada en la carrera judicial: “No es que los que ingresan no sean buenos, es que ingresan los mejores entre aquellos que se lo pueden permitir”.

Desde una posición opuesta, María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ofrece una cifra que rechinaría por ridícula de no revelar un hecho inquietante y lanza una pregunta: “Si ves lo que nos pagan, que es incluso 125-200 euros por una guardia de una semana en un pueblo, ¿crees que haces eso siendo rico? No es necesario ser rico para opositar”.

Del Barco niega tajante casi lo único en que coinciden todos los medios de comunicación cuando se refieren a la mayoritaria APM: el carácter conservador de una asociación que cuantifica en 1.350 su número de afiliados, lo que equivale a uno de cada cuatro jueces: “No somos conservadores. Ni de izquierdas ni de derechas sino de la Constitución. El sistema nos obliga a cumplir la norma. ¿Decir que hay que ponerse mascarilla es ser conservador?”. Como colofón argumental, la decana acude a otro dato de su propia biografía y a otra pregunta: “Mis siete mejores amigos en la carrera son de clase trabajadora. ¿Crees que alguien con dinero va a estar en un zulo estudiando durante años ocho horas? Yo he estudiado siempre con becas”. La APM, remacha, concede becas y dispone de preparadores gratuitos para quienes carecen de medios.

Implantadas por el Ministerio de Justicia en 2006 durante la etapa del socialista Juan Fernando López Aguilar, las becas estatales para opositores a la carrera judicial y fiscal desaparecieron en 2012 tras la llegada de Mariano Rajoy a Moncloa. Ahora, y con la excepción de las que sigue ofreciendo el Ejecutivo vasco, solo hay becas privadas: tanto la APM como la asociación Francisco de Vitoria, conceptuada como conservadora moderada, ofrecen ayudas privadas a los opositores.

“Con la eliminación de las becas, el principio de igualdad en el acceso a la carrera quedó roto completamente. Se las cargaron en 2012 por aquello de los recortes, la herencia recibida y tal y porque metieron la tijera allí donde más duele: la gente que menos tiene”. Quien, machete argumental en mano, se lanza a degüello contra la desaparición de aquellas ayudas es Mariano Fernández Bermejo, fiscal del Tribunal Supremo hasta que se jubiló a comienzos de año y ministro de Justicia con Zapatero de febrero de 2007 al mismo mes de 2009. Aquellas becas públicas –“el gran momento de mi predecesor, Juan Fernando López Aguilar, que fue quien creó el marco jurídico en 2006”- concedían hasta 3.000 euros anuales a los opositores que cumpliesen determinados requisitos, tanto de renta como de méritos. “Ayudaron -enfatiza Bermejo- a mucha gente que de otra forma no habría podido opositar o que habría supuesto un sacrificio absolutamente desproporcionado con todas las secuelas que eso deja”.

En 2011, el último año de las becas concedidas a opositores a la carrera judicial por el Gobierno central, el 19,03% de quienes superaron los exámenes y completaron luego los dos años de práctica en la Escuela Judicial declararon haber recibido una. En la promoción que en septiembre de este año 2020 protagonizó la entrega de despachos más polémica por la ausencia de rey solo el 3,23% disfrutó de ayudas, todas de carácter privado salvo en el caso de País Vasco.

En 2011 y con la economía a la baja desde tres años antes, contó con el soporte económico de sus padres el 92,04%. En la promoción recién incorporada ahora a los tribunales, la tasa subió hasta el 98,39%. En la que ahora se encuentra cruzando el ecuador de la siguiente promoción (2019-2021), el porcentaje de quienes se apoyan económicamente en sus padres ha bajado al 94,57% y los que han obtenido becas, al 4,89%.

Becas para futuros jueces financiadas por la banca

Pero esas becas son privadas salvo en el País Vasco, aunque las estadísticas no permiten distinguir cuántas tienen su origen en esa excepción territorial. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha rescatado las becas estatales. Los portavoces del Ministerio de Justicia apuntan a que el Centro de Estudios Jurídicos, el organismo que las otorgaba, “está trabajando en una propuesta para paliar esa situación”.

Exceptuando las del País Vasco, las ayudas son hoy las que otorgan las dos asociaciones mayoritarias: la APM y la Francisco de Vitoria (AJFV). En ambos casos, las financia el principal banco del país, el Santander. Y eso le resulta inconcebible al preparador Mariano López: “En Luxemburgo, donde estuve siete meses en estancia en el Tribunal de Justicia de la UE, no daban crédito a que un banco diese becas a quienes aspiran a convertirse en jueces. Ni italianos ni rumanos ni franceses ni alemanes, nadie daba crédito a que esto se hiciera en España”. La beca -concluye el juez de Las Palmas- o es pública o no porque estás privatizando la preparación de los jueces”.

Y es a esas, a las ayudas públicas sujetas al BOE, a las que se refiere la portavoz en Cataluña de Juezas y Jueces para la Democracia, Prado Escoda. Titular del juzgado de lo Penal 1 de Reus (Tarragona), revive su experiencia con el tono angustioso de quien una noche sueña que otra vez se enfrenta a un peligro superado: “Sin esa beca que daba el Ministerio…, no sé qué habría sido de mí”. La jueza recuerda hasta qué punto la salvaron del naufragio. Tras aprobar el primer examen, obtuvo una de la última hornada. De hecho, cuando el Gobierno las eliminó de un plumazo se encontraba todavía enfrascada en el temario.

Tras años de zozobra, con familia de clase media a la que con laconismo describe como una de las que la crisis “también azotó”, Escoda cruzó el Rubicón de la carrera judicial gracias a su pareja, así que se cuenta entre los entrevistados que saben de primera mano lo que es provenir de un estrato menos favorecido que otros.

¿Influye la extracción social en que la balanza de la judicatura se incline hacia la derecha como indican los datos de afiliación, que sitúan a las asociaciones conservadoras en cabeza? Escoda cree que intervienen aquí varios factores: “La ideología de tu casa; los recursos económicos de que dispones; que muchos llevan dentro aquello de ley y orden y entienden que la misión es conservar el orden establecido más que impartir justicia y compensar desequilibrios; y que aún hay un núcleo muy importante de cierta edad y representantes de aquellos que accedieron a la carrera en un momento en que era más difícil. Un juez está hasta los 65, 67 pero hay algunos que siguen más allá”.

Con un tono más coloquial, el exministro Fernández Bermejo subraya que el origen social posee menos relevancia en la ideología de los jueces de lo que algunos creen: “Gente que ha ingresado con mucho esfuerzo y que ha tenido que sudar tinta resulta que son los más reaccionarios. Y hay gente que ha tenido la cosa fácil y ha salido totalmente distinta. Yo mismo”.

“El sesgo social no es determinante [en el sesgo ideológico] y ni siquiera importante”, agrega. En España, la agitación de casos como el del procés o de otros de gran calado como Gürtel o los ERE de Andalucía han puesto sobre la mesa una cuestión nunca resuelta: la de si un juez puede realmente abstraerse de su ideología a la hora de investigar o de dictar sentencia. Es el magistrado Carlos Gómez quien aporta un dato apenas conocido: que en Alemania es legal que un juez pertenezca a un partido. “En Francia también, pero nunca pueden ser dirigentes”, agrega. 

En su opinión, el sistema de acceso a la judicatura debe sin duda cambiar. Y aproximarse, por ejemplo, al de Alemania, donde quienes finalizan Derecho se someten a un primer “examen de Estado” y quienes entre ellos eligen el camino de la judicatura pasan a los dos años, “y previa preparación pública” - es decir, financiada por el Estado- a un segundo examen de Estado. Hay más ejemplos para observar: en Francia, saber argumentar posee mucho mayor peso que aprenderse de memoria la legislación como una interminable lista de reyes medievales. Y la entrada en la Escuela Nacional de la Magistratura se produce con mucha más rapidez que en España, detalla el magistrado.

Gómez cita otros caso desconocido para la mayoría: en Holanda, ser juez depende de que el aspirante supere un test psicológico: “Se presupone que lo conocimientos jurídicos se han adquirido en la carrera de Derecho. Entrenan seis años. Es el Estado quien lo paga porque van haciendo prácticas”.

Y es llegados aquí donde cae un jarro de agua fría sobre quienes alientan una fórmula de elección directa. En EEUU –explica Carlos Gómez– los jueces llegan a serlo por votación ciudadana. Pero lo que a primera vista parecería un logro democrático a imitar constituye una trampa para leones atendiendo a lo que deja al descubierto el magistrado: porque son los grandes bufetes, con los intereses que representan, los que apoyan (y financian) las campañas de quienes aspiran a vestir la toga judicial. Y eso les confiere de antemano poder sobre sus patrocinados. Poder (privado) sobre el tercer poder (público) del Estado.

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