Los centros de estafa, puntos de ciberfraude global muy presentes en el Sudeste Asiático y determinantes para la economía camboyana, han sido señalados como uno de los posibles detonantes del enfrentamiento armado que estalló el jueves entre Tailandia y Camboya y que se extiende este domingo por cuarto día consecutivo a lo largo de su frontera compartida.

La primera ministra suspendida de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, dijo el sábado que el actual conflicto entre Bangkok y Nom Pen podría estar relacionado con los planes de su Gobierno para combatir estos centros trasfronterizos de estafas en línea, con una gran implantación en Camboya.

Paetongtarn indicó que Camboya "podría haberse sentido ofendida" por la megaoperación iniciada a principios de año de forma conjunta entre China, Tailandia y Birmania (Myanmar) para desmontar estos centros, presentes en varios países del Sudeste Asiático y donde se llevan a cabo prácticas que implican esclavitud y tráfico de personas.

El líder opositor camboyano, Sam Rainsy, ya señaló a finales de junio que el influyente exlíder de Camboya y actual presidente del Senado del país, Hun Sen, habría iniciado una retórica "antitailandesa" ante los esfuerzos del país vecino por desmantelar estos 'hubs' de ciberfraude.

Muchos de estos locales comenzaron siendo casinos ligados al blanqueo de capitales de bandas criminales y durante los confinamientos por la pandemia de covid-19 pasaron al espacio digital, con sofisticados engaños ayudados de alta tecnología e inteligencia artificial (IA).

Sus empleados -la mayoría jóvenes extranjeros con conocimientos tecnológicos y de idiomas, según el Informe Global sobre Trata de Personas de la ONU del pasado diciembre- son forzados a embaucar a terceros a veces mediante argucias amorosas o falsas promociones financieras.

Testigos y extrabajadores de estos centros los describen como miniciudades donde quienes no cumplen objetivos son esposados, torturados y forzados a permanecer en su interior.

China, Tailandia y Birmania pusieron en marcha un plan conjunto para acabar con estos centros estrechamente vinculados a las mafias chinas, y Bangkok empezó en febrero a repatriar a centenares de personas de varias nacionalidades implicadas en dichas actividades.

Este negocio genera más de 43.800 millones de dólares anuales, según el Instituto para la Paz de EEUU, y es muy lucrativo para Nom Pen. Una investigación de Humanity Research Consultancy (HRC) estima que Camboya ingresa por estafas cibernéticas entre 12.500 y 19.000 millones de dólares cada año, cifra que equivale a hasta el 60 % de su PIB.

"El fraude transnacional es uno de los muchos intereses delictivos que cuenta con complicidad del Estado en Camboya" y la magnitud de los ingresos hace que esta industria sea crucial para que el gobernante Partido Popular de Camboya sobreviva, dice HRC.

El opositor Rainsy señaló por su parte que Hun Sen podría haber visto peligrar "las fuentes de financiación ilícita" que mantienen en el poder a su clan, ahora con su hijo, Hun Manet, como primer ministro.

Amnistía Internacional (AI) acusó el mes pasado a las autoridades de Camboya de ser cómplices de estos delitos en auge en la región, tras lo cual la Policía del país ha detenido a más de 3.000 extranjeros acusados de pertenecer a centros de estafa.

La organización denunció en un documento que en estos centros "se han cometido o continúan cometiéndose abusos contra los derechos humanos, como trata de personas, tortura y otros malos tratos, trabajo forzoso, trabajo infantil, privación de libertad y esclavitud".

La histórica disputa por cuestiones territoriales entre Tailandia y Camboya se reavivó el pasado mayo con la muerte de un soldado camboyano en una refriega entre ambos Ejércitos, tras una década de calma en sus relaciones bilaterales, en las cuales ha tenido un papel protagonista la amistad entre el clan de Hun Sen y el de los Shinawatra.

Después de la mencionada escaramuza, el influyente exlíder camboyano filtró una llamada con Paetongtarn en la que la política -hija de Thaksin Shinawatra, anterior primer ministro y muy cercano a Hun Sen- cuestionaba el rol de un comandante del Ejército tailandés en el conflicto territorial que arrastran los países vecinos.

Al salir a la luz la conversación telefónica, una crisis política se desató en el Gobierno de Paetongtarn.

El partido conservador Bhumjaithai, que era el segundo mayor socio de la coalición gobernante, abandonó el Ejecutivo, y el Tribunal Constitucional suspendió temporalmente a la mandataria e inició un proceso para determinar si cometió una "grave falta ética" al criticar al alto cargo militar, a la espera de una resolución que podría derivar en su destitución definitiva.

El conflicto entre Tailandia y Camboya se extendió este sábado a lo largo de la frontera común en dirección sur, entre llamadas a la contención y a alcanzar una solución pacífica por parte de ambos países, cuyos ataques mutuos se cobran al menos 32 muertos, decenas de heridos y miles de desplazados.

La contienda, de cuyo inicio Bangkok acusa a Nom Pen y viceversa, estalló el jueves, en un recrudecimiento de la histórica disputa territorial que mantienen ambas naciones, los Ejércitos de las cuales protagonizan por tercer día consecutivo hostilidades, a pesar de una aparente voluntad de querer alcanzar un cese al fuego.

La noche del viernes, las dos partes se mostraron abiertas a la propuesta de alto el fuego del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, líder del país que ostenta la presidencia rotatoria de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que forman parte Tailandia y Camboya.

Además, tanto Bangkok como Nom Pen trasladaron al Consejo de Seguridad de la ONU, que celebró una reunión de emergencia en Nueva York la víspera para tratar la situación, su deseo de que los ataques se detengan y se alcance una solución pacífica.

Mientras que en primera instancia las hostilidades se concentraron en puntos de las provincias fronterizas de Surin, Buriram, Sisaket y Ubon Ratchathani, hoy se extendieron hacia el sur y llegaron a Trat, en el Golfo de Tailandia.

Las fuerzas camboyanas iniciaron un ataque a las 5:10 hora local (22:10 GMT del viernes), según las fuerzas navales de Tailandia, que "lograron repeler la incursión" y pusieron en marcha una nueva operación en Trat.

Ocho distritos en esta provincia y en la colindante Chanthaburi están bajo la ley marcial desde última hora del viernes, cuando fue decretada por el Comando de Defensa Fronteriza tailandés con vistas a facilitar el movimiento de tropas, policías y civiles.

La tarde del sábado, la Segunda Región del Ejército tailandés -división desplegada en el noreste del país- aseguró que Camboya perpetró ataques con artillería y lanzagranadas, así como aéreos, si bien no se registraron nuevos decesos.

Asimismo, las fuerzas tailandesas alertaron de la muerte de un general camboyano en una refriega en Phu Makheua (provincia de Sisaket), si bien las autoridades de Nom Pen no han confirmado más pérdidas.

Los enfrentamientos, en los que se han empleado cazas F-16 y cohetes BM-21, dejan 19 bajas confirmadas del lado tailandés (13 civiles y 6 militares) y 13 del lado camboyano (8 civiles y 5 soldados), así como varias decenas de heridos y cerca 180.000 desplazados.

Tanto Tailandia como Camboya elevaron la situación al Consejo de Seguridad de la ONU y, en la reunión del organismo el viernes, el representante camboyano ante Naciones Unidas, Chhea Keo, solicitó "un alto el fuego inmediato" y una "solución pacífica", según recogen medios oficialistas.

Bangkok, por su parte, condenó ante el organismo "en los términos más enérgicos posibles" la "indiscriminada e inhumana" actuación de Nom Pen.

El ministro de Exteriores tailandés, Maris Sangiampongsa, ofreció hoy una rueda de prensa en la que aseveró: "Tailandia reafirma su compromiso de resolver las disputas por medios pacíficos, con base en los principios del derecho internacional. El país está dispuesto a cooperar con la comunidad internacional para mantener la paz y la estabilidad".

El conflicto por cuestiones territoriales entre los dos países asiáticos parte del acuerdo sellado en marzo de 1907 entre el entonces Reino de Siam (actual Tailandia) y Francia, que ocupaba el territorio que ahora es Camboya, para intercambiar el control de algunas regiones y establecer una línea que definiera la frontera entre ambas naciones.

Según Tailandia, la demarcación real de la frontera se desviaba del texto de aquel tratado y la discordia, que se arrastra hasta la actualidad, ha provocado varios enfrentamientos en la historia, incluidos combates intermitentes entre 2008 y 2011 que dejaron una treintena de muertos.

La disputa se reavivó el pasado mes de mayo, cuando un soldado camboyano murió en un intercambio de disparos entre los dos Ejércitos.

Dos de los líderes más destacados de los Jemeres Rojos en Camboya han sido declarados este viernes culpables de genocidio y condenados a cadena perpetua por un tribunal apoyado por Naciones Unidas, casi cuatro décadas después de la caída del régimen.

Las Cámaras Extraordinarias en la Corte de Camboya (ECCC) han asegurado que Nuon Chea, el "número dos" e ideólogo de los Jemeres Rojos, de 92 años, y el expresidente Khieu Samphan, de 87 años, han sido declarados culpables de crímenes contra la humanidad y genocidio contra la minoría musulmana cham y los vietnamitas, aunque el tribunaleximió a Samphan en el segundo caso por falta de pruebas concluyentes sobre su intencionalidad.

Se trata de la primera vez que altos cargos de los Jemeres Rojos son declarados culpables de genocidio y condenados a cadena perpetua por ese motivo.

Además, el magistrado declaró a los acusados culpables de crímenes contra la humanidad -incluidos asesinato, exterminio, deportación, esclavitud, tortura, persecución por razones políticas, religiosas y étnicas- crímenes de guerra y actos inhumanos, como desapariciones, matrimonios forzados y violación.

El exsecretario adjunto de Khmer Rouge del Partido Comunista de Kampuchea Nuon Chea. Europa Press

"Hoy se ha hecho justicia", dijo a la prensa el subsecretario general de Asuntos Legales de la ONU, Miguel de Serpa Soares, tras la vista.

"Aunque la justicia ha prevalecido, nuestros pensamientos están con las víctimas de los crímenes inenarrables que se cometieron en este país", añadió.

Las defensas, que habían rechazado las acusaciones al considerar que la responsabilidad e intencionalidad de los acusados no había sido probada, mostraron en cambio su disconformidad y anunciaron que presentaran recursos de apelación.

"No estamos contentos con el veredicto", dijo a la prensa el abogado de Khieu Samphan, Kong Sam Onn, que calificó el fallo como "muy confuso".

El Tribunal de Camboya ya les condenó a cadena perpetua en 2014 tras determinar que eran culpables de "exterminio, persecución política y otros actos inhumanos, entre los que se encuentran los traslados forzosos, las desapariciones forzosas y los ataques contra la dignidad humana".

Se cree que alrededor de 2 millones de personas murieron a causa de trabajos forzados, enfermedades, hambruna y purgas políticas bajo el régimen de los Jemeres Rojos, liderado por Pol Pot, entre 1975 y 1979.

El dirigente murió en 1998 en el último bastión de la guerrilla maoísta en la selva del norte de Camboya, prisionero de sus propios correligionarios y meses antes de su disolución. 

El tribunal, dirigido por Camboya y Naciones Unidas, fue establecido en 2005 con el objetivo de juzgar a los principales responsables de los crímenes cometidos en la época de los Jemeres Rojos. El proceso judicial ha recibido numerosas criticas debido a su elevado coste, 300 millones de dólares, y la intromisión constante del gobierno camboyano. 

En la actualidad, la corte tiene abiertos dos casos más contra cuatro cargos intermedios pese a la oposición de jueces y fiscales camboyanos del tribunal y la obstrucción del gobierno, en cuyas filas hay varios ex jemer rojo, incluido el primer ministro, Hun Sen, quien se opuso a la apertura de nuevas causas.

Hun Sen, el hombre fuerte de Camboya desde 1985, ya lo había pronosticado a finales de octubre. Estaba seguro en “un 99%” de que el Tribunal Supremo, que preside una persona cercana a él, ordenaría la disolución del principal partido de la oposición camboyana. Ahora ya es una realidad. El pasado jueves 16 de noviembre, la Justicia camboyana ordenó la disolución del Partido de Rescate Nacional de Camboya (CNRP), acusado de traición. Esta decisión supone el culmen de una campaña de represión de la oposición que dio comienzo en agosto.

Con la disolución del CNRP, Hun Sen elimina al único partido que podría haberle arrebatado la victoria en las elecciones generales de julio de 2018. “El primer ministro parece que temía perder las elecciones y ha recurrido a la opción nuclear para destruir a la oposición”, señala Brad Adams, director para Asia de la ONG Human Rights Watch.

Como consecuencia de esta decisión, las competencias de los representantes locales y nacionales del CNRP van a ser redistribuidas entre otros partidos –Partido del Pueblo Camboyano incluido, el CPP de Hun Sen– a menos que estos cargos electos pasen a engrosar las filas del Gobierno. De momento, sólo un diputado ha aceptado esta oferta. En la Asamblea Nacional, los escaños de los diputados en su mayoría recaerán en el partido realista Funcinpec, que obtuvo menos del 4% de los votos en las últimas elecciones legislativas, mientras que el partido del primer ministro recuperará la casi totalidad de los cargos locales. El Tribunal Supremo también ha inhabilitado por un periodo de cinco años a 118 miembros de la oposición.

Para los analistas de la vida política camboyana, la disolución del CNRP no ha sido ninguna sorpresa. En febrero, y después en julio de 2017, se introdujeron enmiendas a la ley de partidos políticos, incluyendo con ellas la posibilidad de acabar con un partido “que conspira con criminales” o “que amenaza la seguridad nacional”. A Kem Sokha, presidente del CNRP, detenido desde el 3 de septiembre, se le acusa de traición por mencionar, en un encuentro con la diáspora camboyana, los consejos recibidos de especialistas norteamericanos, dirigidos a favorecer una alternancia democrática en Camboya. Más de la mitad de los diputados del partido en la oposición tienen, en estos momentos, la condición de refugiados en el extranjero, donde algunos han iniciado la petición de asilo. El expresidente del CNRP, Sam Rainsy, en el exilio en París desde 2015, ya fue condenado en rebeldía en 2016 por “difamación”.

La Justicia camboyana es conocida por su falta de independencia frente al poder, según ha documentado, en un informe reciente, la Comisión Internacional de los Juristas. El presidente del Tribunal Supremo, Dith Munthy, hombre próximo a Hun Sen, desde los 80 forma parte del comité permanente del CPP, una de las más altas instancias del partido en el Gobierno.

El CNRP, fundado en 2012, nace de la fusión entre el Partido de los Derechos Humanos, dirigido por Kem Sokha, y el Partido de Sam Rainsy, dos formaciones cuyos dirigentes están vinculados al funcionamiento democrático de las instituciones, rechazando comprometerse con el Gobierno de Hun Sen.

Sam Rainsy, exministro de Finanzas entre 1993 y 1994, apartado del Gobierno por sus posicionamiento demasiado firme en la lucha contra la corrupción entonces endémica, cultivó durante mucho tiempo su imagen de paladín del liberalismo político y del Estado de Derecho en muchas embajadas occidentales, azuzando el sentimiento antivietnamita en sus intervenciones con la población camboyana. Por su parte, Kem Sokha ha dirigido el Centro camboyano para los Derechos Humanos, financiado inicialmente por el International Republican Institute, una organización americana próxima al Partido Republicano, antes de fundar el Partido de los Derechos Humanos.

El CNRP se constituyó tras los buenos resultados electorales registrados por la alianza de estos dos partidos en las elecciones locales de 2012. Pese a los casos de fraude, denunciados sobre todo por la ONG Human Rights Watch, se encuentra muy cerca, en los resultados de las elecciones legislativas de 2013 y de las elecciones locales de 2017, del partido en el poder, hasta el punto de convertirse en una amenaza para el CPP, cuya reputación entre la población se encuentra mermada por la corrupción y el clientelismo. Tal y como apunta Sebastián Strangio, periodista y autor de Hun Sen’s Cambodia (La Camboya de Hun Sen, Yale University Press), estas victorias deben enmarcarse en el cambio demográfico del electorado camboyanos: más de un tercio de los electores tienen menos de 30 años y, por tanto, son menos permeables a la fórmula política que dio el éxito al CPP, basado en la promesa de estabilidad política y en el acceso a los servicios básicos, en un país agotado por el régimen de los jemeres rojos y la guerra civil posterior.

Un primer ministro en el poder desde hace más de 30 años

Hun Sen, exjefe de los jemeres que desertó a Vietnam antes de que el país pusiera fin al régimen del terror de Pol Pot, es uno de los jefes de Gobierno de más edad del mundo y ya lleva más de 32 años en el poder. Tras llegar con el Ejército vietnamita en 1979 como ministro de Asuntos Extranjeros, poco a poco se hizo con el régimen de Hanoi. Marcado por el rechazo de los países occidentales a reconocer el régimen de los vietnamitas –los jemeres rojos representaron a Camboya en la ONU hasta finales de los 80–, a menudo recuerda que Estados Unidos, que apoyó un golpe de Estado y que realizó bombardeos masivos en el país, al margen de la guerra de Vietnam, no le puede dar lecciones.

El hombre fuerte de Camboya, de 65 años, anunció que pretendía permanecer otros 10 años más en el poder. Adepto a la estrategia del palo y de la zanahoria, ha logrado permanecer en el Gobierno gracias a una amplia red clientelar, amenazando regularmente al país con una guerra civil en caso de alternancia. En 1997, materializaba un golpe de fuerza en Phnom Penh. Las tropas fieles a Hun Sen redujeron a la facción realista con la que debían compartir el poder, torturaron y ejecutaron a varios responsables militares rivales y efectuaron saqueos. Desde que se convirtió en primer ministro, el país ha conocido diferentes oleadas de asesinatos de opositores, el último el del analista político Kem Ley, abatido en julio de 2016 delante de una gasolinera de Phnom Penh. Ninguno de estos asesinatos ha sido objeto nunca de una investigación independiente en profundidad, tal como recuerda Amnistía Internacional en su último informe anual.

Los medios de comunicación independientes y la sociedad civil camboyana, especialmente dinámicas, dada la relativa libertad de la que gozan hasta ahora, comparado con sus países vecinos del Sureste de Asia, pagan las consecuencias de la actual campaña de represión. El Cambodia Daily, uno de los dos grandes diarios en lengua inglesa del país, sacaba su última edición a comienzos de septiembre, después de 24 años. Un mes antes, el Gobierno le había reclamado, de buenas a primeras, 6,3 millones de dólares, en concepto de impuestos impagados, sin que mediase auditoría previa alguna de las autoridades fiscales. Días después, más de una docena de radios independientes perdía la licencia para emitir; a finales de agosto, los empleados norteamericanos del National Democratic Institute eran expulsados; a mediados de septiembre, dos empleados de Mother Nature, una asociación que lucha contra la explotación ilegal de recursos, eran detenidos y la ONG, disuelta; el Comfrel, un colectivo de organizaciones que trabajan por la democratización de Camboya, era considerado coconspirador durante la audiencia en el Tribunal Supremo.

Discurso antiamericano y acercamiento a China

La actual deriva autoritaria ha estado marcada por referencias constantes a un complot orquestado por Estados Unidos para acabar con el régimen. Después del arresto del presidente del CNRP, Hun Sen declaraba que “detrás de Kem Sokha siempre se encuentra la misma mano, la de Norteamérica”. Las acusaciones de complot, que motivaron su detención, se basan en el vídeo de una conferencia dada en 2013, en la que el líder opositor dijo haber recibido el apoyo de Estados Unidos para formar una oposición democrática. Afirmó, en resumen, que le habían animado a crear el Centro Camboyano por los Derechos Humanos, fundado en 2002. El régimen se ha referido, en numerosas ocasiones, a la existencia de conspiración para llevar a cabo una “revolución de color” en Camboya, pasando por alto que estas revoluciones se han caracterizado por movilizaciones masivas de ciudadanos contra regímenes corruptos y autoritarios. A mediados de septiembre, un portavoz del Gobierno anunciaba la creación de un think thank chino-camboyano para estudiar las causas de las revoluciones de color y emitir recomendaciones para prevenirlos.

Camboya, recientemente, ha experimentado un acercamiento a China en el panorama internacional. Según Chheang Vanharith, investigador asociado en el Instituto de Estudios de Asia del Sudeste, con sede en Singapur, la atracción de Camboya por China se “explica por el apoyo chino a las élites camboyanas para contrarrestar las presiones de Estados Unidos y de sus aliados relacionados con la democracia. Camboya se beneficia también del poderío económico chino, que ahora es el principal donante e inversor en el reino”. Los países miembros de la OCDE (entre los que no se encuentra China) han reducido sensiblemente la ayuda al desarrollo con destino a Camboya desde 2015.

Si bien el reino camboyano nunca ha sido verdaderamente con un Estado de derecho, numerosos analistas políticos consideraban el pasado viernes que asistimos al fin “de la democracia” en Camboya. Según el director adjunto de Human Rights Watch para Asia, Phil Robertson, se trata de un “asesinato político de los Acuerdos de París” de 1991, que pusieron fin a la guerra civil y supusieron el comienzo de la experiencia democrática camboyana.

Traducción: Mariola Moreno

Desde los juicios de Núremberg sabemos que para alcanzar una cantidad suficiente de justicia es necesario juzgar a los máximos responsables de los crímenes, que víctimas y victimarios sepan que no existe la impunidad. Es más sencillo cuando los victimarios han perdido la guerra, como sucedió con Alemania y Japón. En la derrota, los asesinos pierden la posibilidad de escribir la Historia.

Tras una guerra con las armas llegan la guerra de las emociones y la de las palabras, y los milagros económicos que con la excusa de la paz perpetúan la derrota de los nadies. Sucedió en Centroamérica, sucede en África, puede suceder en Colombia.

También ayudan el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia y en su sección dedicada a Ruanda en el establecimiento de una verdad judicial. Y los tribunales especiales de Camboya y Sierra Leona creados bajo el amparo de Naciones Unidas. La justicia no consiste solo en el castigo de los que parecían por encima de las leyes, también es necesario escuchar el relato de las víctimas, como sucedió en la Sudáfrica de Nelson Mandela con la llamada Comisión de la Verdad.

Hablar. Y sentir que se escucha a las víctimas que son las perdedoras permanentes. La paz no restituye a los muertos. A veces, como en España, no restituye ni los cuerpos.

Escuchar a los que padecieron el abuso es una forma esencial de justicia porque donde se cometen crímenes masivos es imposible que la justicia oficial, la de la toga y las leyes, llegue a resolver cada caso. Es esencial establecer un relato colectivo capaz de explicar lo ocurrido, asentar la verdad objetiva, algo que es posible gracias a la ciencia representada, entre otros, por los antropólogos forenses. Sin un relato verdadero y justo es muy difícil construir una paz sana y sostenible.

Después de la Segunda Guerra Mundial quedó establecido como hecho irrefutable que los nazis asesinaron a seis millones de judíos, además de otros cinco millones de no judíos, en los campos de exterminio. En varios países europeos se consideró delito negar el Holocausto. Después de una guerra atroz primó la necesidad de sanear a las sociedades afectadas. Uno no puede sanearse si retuerce la historia, si pone sordina a la barbarie.

La Alemania derrotada tuvo que sobreponerse a la destrucción física de sus ciudades y de sus infraestructuras, y al horror de haber sido protagonista en el exterminio industrial de millones de personas. Alemania se levantó saneada de ese lodo y ayudó junto a varios de los vencedores de 1945 a la creación de lo que hoy es la Unión Europea. No es un espacio perfecto, sobre todo en los últimos tiempos, pero ha cumplido un papel vital: evitar más guerras entre europeos en un continente manchado de sangre. La UE es un ejemplo de que existe salida del laberinto del odio.

Si resulta difícil el proceso de depuración desde la derrota de los victimarios, lo es más cuando los que perpetraron los mayores crímenes ganaron la guerra. A la URSS le llevó años admitir los crímenes masivos del estalinismo y la existencia de los Gulag. El telón de Acero fue también una venda de acero en miles de comunistas europeos que veían en la URSS un modelo alternativo al capitalismo, que por aquellos años de Guerra Fría aún andaba con rostro humano.

Los países que han padecido dictaduras sufren una pérdida colectiva de honestidad. Es lo que me dijo en Praga el escritor Ivan Klima. Incluye el extravío del sentido de que hay un espacio de todos en el que la sociedad civil se constituye para imponer la democracia o formas de saneamiento de la democracia.

España padeció una guerra civil y una dictadura durante 40 años que asentó el relato de los vencedores como el único posible. Arrastramos una doble impunidad. No hubo castigo (ni verdad) jurídico ni se escucharon las voces de las víctimas.

Han pasado 40 años desde que se restauró la democracia (porque hubo democracia en la Segunda República), una cifra que permite empatar a los 40 años de franquismo, como si pudiéramos decir, tras 40 años de ignominia hemos conseguido 40 de regeneración. Ya somos un país sano. Pero no lo somos porque carecemos del relato científico, no hay verdad judicial porque jamás se juzgó nada, jamás se investigó nada.

Cuarenta años después siguen decenas de miles de personas enterradas en cunetas y fosas comunes, una cifra que supera los 100.000 desaparecidos, o no localizados como prefiere decir el historiador Santos Juliá. Sólo nos supera la Camboya de los jemeres rojos. Nos resulta más fácil ver dictadores lejos que debajo de nuestra alfombra. Vendemos como un éxito que un rey haya pronunciado de pasada la palabra dictadura tras 40 años de democracia cuando la tardanza resulta vergonzosa.

No ha habido un esfuerzo por parte del Estado en edificar una paz sana. Heredamos una habitación de aire viciado y muebles rotos y así la mantenemos como si cualquier cambio pusiera en peligro la concordia. Es una paz basada en la mentira, el silencio y el desprecio a los que lucharon por la libertad o padecieron la represión.

El acto solemne de los 40 años de democracia fue una exhibición de los defectos de una España plagada de corrupción que condecora a los actores de la represión en vez de abrazar a sus víctimas. Hay una corrupción ética por encima de la económica que la permite y alimenta. Que un PSOE con 202 diputados en otoño de 1982 no se atreviera a hacer suya la búsqueda de los fusilados es una prueba del extravío.

El multitudinario entierro de Timoteo Mendieta, el pasado domingo, 78 años después de su fusilamiento, fue un acto de decencia. Para su hija, Ascensión Mendieta, de 91 años, no había pasado el tiempo: estaba enterrando a su padre como si hubiera muerto ayer. Le dieron sepultura en un féretro entero y no en una pequeña caja con los restos. Fue un acto de dignidad para su familia y para España.

No solo es el Gobierno actual y el PSOE de Felipe González, es también la UGT. ¿Qué ha hecho la UGT por sus muertos? ¿Qué hizo por Timoteo? Y es la Iglesia, predicadora de valores de concordia mientras calla ante las víctimas del franquismo y se hace con propiedades y mezquitas de manera casi clandestina. Han pasado 40 años, pero el avance es circular.

Descansa en paz Timoteo Mendieta.

"La acusación de brujería es muy grave en Camboya. Podría hacer grandes bromas sobre el tema, pero la verdad es que no quiero jugar con eso", afirma Marga Bujosa Segado, mallorquina de 39 años, recién deportada desde Camboya. La historia de sus dos últimas semanas ha sido vertiginosa. Expulsada de Camboya el pasado miércoles 17 de agosto tras su asistencia a una protesta pacífica en Phnom Penh, la capital, ahora trabaja como camarera en Tossa de Mar, en la costa de Girona, mientras continúa enfrascada en su tesis sobre la resistencia de las mujeres del barrio de Beoung Kak, escenario de un agresivo programa de expropiaciones y desalojos en un contexto de malestar social. Y desde aquí Bujosa asiste atónita a cómo las autoridades camboyanas intentan destruir su imagen lanzando acusaciones sin fundamento contra ella.

Bujosa, licenciada en Ciencias Políticas, visitó por primera vez Camboya en 2007 y se instaló allí en 2009. Máster en Cooperación al Desarrollo, decidió especializarse en género. Actualmente realiza su tesis en el marco del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género de la Universidad de Granada.

Su trabajo se centra en la "resistencia" social en el barrio de Beoung Kak, fundamentalmente de mujeres que "fueron víctimas de desalojo forzado", en el contexto de agresivas operaciones urbanas promovidas por las autoridades locales.

"Más de 4.000 familias fueron expulsadas en Beoung Kak", explica Bujosa, que reside en este mismo barrio. La investigadora incide en que las movilizaciones son encabezadas fundamentalmente por mujeres. "Los hombres tienen miedo de la violencia de la policía. Las mujeres son agredidas en menor medida. Las mujeres lo hacen para proteger a sus parejas", explica.

Bujosa incide en que su trabajo de campo era de carácter etnográfico, es decir, descriptivo de costumbres, comportamientos y tradiciones. "He participado en actividades que el Gobierno considera políticas o de oposición", explica Bujosa, que denuncia que "el Gobierno del Cambodian People's Party se está radicalizando y presionando, por no decir eliminando, todas las voces discordantes". Ella describe su papel en las protestas así: "Documentar las actividades". Y añade, cuestionada sobre el interés concreto de su estudio: "Yo investigo sobre la resistencia de estas mujeres, más que sobre las vulneraciones de los derechos humanos".

'Black Monday'

El lunes 15 Bujosa acudió a la comisaría donde se encontraban dos mujeres detenidas durante las protestas que cada semana se celebran en el conocido como Black Monday, en las que se exige respeto a los derechos humanos, así cómo la liberación de activistas presos. El mismo martes fue detenida. "Les dije que estaba haciendo una investigación etnográfica. Tengo mi pasaporte y mi visado. Al final me enviaron a casa sin pasaporte, diciéndome que lo guardaban por motivos administrativos", explica Bujosa.

Se fue "intranquila", porque sabía que sin pasaporte podía ser detenida y expulsada en cualquier momento, recuerda. Antes de su liberación había sido golpeada, denuncia. "Cuando me dijeron que no me daban el pasaporte, insistí. El jefe de inmigración me amenazó y me dijo que si no quería irme sin pasaporte, me deportaban o me metían en la cárcel. Yo dije que quería llamar a la embajada. Mi teléfono estaba fuera, así que pidió que me impidiesen salir. Varios agentes se tiraron contra mí. Creo que su intención era asustarme".

"Patadas en la barriga"

Cuando llegó al barrio, unas amigas le advirtieron, para su sorpresa, de que las autoridades habían ya hecho público que había sido "deportada". "Yo intenté pensar que no iba a pasar", afirma. Pero sí pasó. Fue al día siguiente, miércoles 17. "Me dijeron que tenía que ir a recoger el pasaporte. Yo pensaba que querían tenerme allí todo el día esperando, pero me comunicaron que me iban a deportar", cuenta Bujosa, que denuncia que sufrió una agresión aún más grave que el día anterior.

"Me metieron en una celda. Al principio me dejaron con un teléfono, porque tenía que arreglar el tema del billete. Luego el mismo que el día anterior me había impedido la salida vino con seis más para quitarme el teléfono. Me dieron tres patadas en la barriga y otra en el costado. Creo que era más para asustarme que para hacerme daño", afirma. Bujosa asegura que los agentes grabaron un vídeo de la agresión. Las autoridades camboyanas lo niegan.

Regreso a Barcelona

Le dieron tiempo para hacer su maleta en el apartamento. Cuando salió del mismo, la esperaban diez agentes de policía de inmigración, que la metieron en una furgoneta y la llevaron al aeropuerto, según informó The Cambodia Daily. Bujosa cogió al avión "sobre las 21.30 horas" y, tras perder un primer enlace en Bangkok (Tailandia), llegó a Barcelona el viernes por la mañana, detalla.

La investigadora asegura que nadie del Ministerio de Exteriores se ha puesto en contacto con ella. "A mí me da igual, la verdad", dice. El Ministerio de Asuntos Exteriores explica a infoLibre que tiene escaso margen de maniobra, ya que la decisión sobre las expulsiones entra dentro del marco de soberanía de los Estados, aplicando su propia legislación. Exteriores defiende que la Embajada en Bangkok –no existe delegación diplomática española en Camboya– estuvo informada del proceso de deportación de Bujosa, que hubo el máximo interés y que realizó las gestiones que fueron posibles. Exteriores califica el caso de Bujosa como "bastante excepcional".

Residente allí desde 2009

Reticente a hablar de su vida personal, Bujosa se limita a decir que Camboya, donde residía en una vivienda en alquiler, era su "casa". "Vivía allí desde 2009. Allí tenía mi vida. Quiero volver, aunque no sé si podré. Quiero que me digan por qué me echaron. Ni siquiera me lo han dicho oficialmente. Quizás con el tiempo pueda entrar normalmente en el país, no lo sé. Ahora voy a dejar pasar un tiempo", afirma.

Bujosa tenía previsto terminar su tesis en febrero de 2017, aunque su expulsión de Camboya puede retrasarlo. Exteriores señala que el ministerio está "abierto a realizar las gestiones que sean posibles" en caso de que quiera regresar.

"No podemos dejarla vivir en este país"

Las autoridades locales señalan que la deportación de Bujosa se debe a su participación en el Black Monday y a que no tiene permiso de trabajo. Bujosa afirma que esta excusa es falsa, ya que no está trabajando, sino realizando una investigación de campo como doctoranda. "Ella es extranjera y se unió a manifestaciones y protestas contra nosotros. ¿Hay decenas de miles de extranjeros que viven en Camboya que se comportan como ella? No. Sólo hay una", dijo el jefe de investigación del departamento de inmigración, Uk Heisela, a The Cambodia Daily. Y añadió: “Cuando hay manifestaciones, solemos ver su cara, sobre todo durante la campaña del Black Monday, cuando se vestía de negro. No podemos dejarla vivir en el país porque sus actos afectan a nuestra seguridad pública".

La ley en Camboya no permite a ningún extranjero unirse a "acciones contra el Estado", en palabras de Uk Heisela. El portavoz del ministerio del interior Khieu Sopheak afirmó: "No podemos dejar a los extranjeros decidir nuestro futuro. En otros países cerca de Camboya, si los extranjeros se comportan de esta manera, acaban en la cárcel. Tiene suerte de que nuestra ley diga simplemente deportación [...] Ella no es camboyana. ¿Por qué tenía que unirse a ellos [a los que protestan]? Debería ceñirse a su propio trabajo".

Acusaciones infundadas

Bujosa ha recibido muestras de apoyo públicas y a través de los medios de comunicación en Camboya. Su denuncia de haber sido golpeada también ha recibido difusión. La reacción de las autoridades ha sido acusar públicamente a Bujosa de brujería, de usar contra los agentes artes marciales, de tomar drogas... "Si realmente la hubiéramos pateado, estaría muerta. [...] Intentó usar artes marciales contra nosotros", declaró el jefe de investigación del departamento de inmigración, Uk Heisela, a The Cambodia Daily.

Es más, Heisela aseguró que los agentes se "preocuparon" de que Bujosa "pudiera ser una bruja" al ver que les había tomado fotografías con su móvil, porque podía hacer "magia negra en nuestros estómagos".

Una acusación para excluir y estigmatizar

La acusación de brujería es utilizada frecuentemente en Camboya como mecanismo de exclusión y para estigmatizar socialmente. "Por supuesto", afirma Bujosa, "si me quisieran muerta lo estaría porque no hay ningún control en su sistema de detención. Hacen lo que quieren sin seguir ninguna norma y son violentos", añade, aunque subraya que siempre tuvo la impresión de que los agentes eran agresivos con ella para asustarla, más que para dañarla físicamente. "Todas las acusaciones son completamente falsas e intentan destruir mi imagen", afirma. El motivo, asegura, es "el apoyo" que ha recibido tras su detención y deportación.

Bujosa es la segunda persona de nacionalidad española deportada por Camboya en el último año y medio. Alejandro González-Davidson, de la ONG Mother Nature, fue expulsado en febrero de 2015 por su participación en campañas medioambientales.

Nam Bek Bern es la última en entrar. Deja dos bolsas de arroz hervido en el suelo y se sienta sobre los tablones. Una de las jóvenes reparte el pescado en platos. Es la hora del almuerzo y Bek Bern ha invitado a dos compañeras de la fábrica Lian Fa a comer en el que pequeño tabuco de madera de apenas 6 metros cuadrados en el que convive con una amiga. Tiene algo que contarles. Está embarazada, por tercera vez. Deberían sonreír, pero las mujeres del textil de Camboya saben lo que eso significa. Nam Bek Bern perderá su trabajo. El engranaje humano que abastece las tiendas de todo el mundo no puede detenerse a esperarla.

En el bullicioso universo que conforman las factorías que rodean Phnom Penh, la capital de Camboya, las mujeres embarazadas son una amenaza. La ley les otorga derechos a jornadas reducidas, descansos más frecuentes y una baja de tres meses por maternidad. Demasiados privilegios en un sector en el que productividad es un eufemismo que oculta una moderna forma de esclavitud.

Bek Bern está preocupada. Es consciente de que en unos meses ya no podrá ocultar su estado bajo las fajas y los vestidos flojos. "Si te quedas embaraza te despiden sin compensación. Eso fue lo que me pasó con mi segundo hijo", asegura mientras revisa las mazorcas de maíz que lleva para comer durante el turno de tarde. Ahora su situación es todavía más problemática: tiene ya 38 años y a esa edad es difícil que la vuelvan a contratar. A partir de los 40, las empleadas del textil suelen quedar relegadas al trabajo clandestino, en casa, con encargos a precios por debajo del mercado.

Sin los 140 dólares que obtiene en Lian Fa, Bek Bern no podrá mantener a su familia. "Tengo ya dos hijos. Uno de 14 años y el pequeño de 3. Viven en el campo". En la fábrica algunas de sus compañeras le han hablado de abortar. Es una práctica habitual entre las jóvenes, según los testimonios del último informe de Human Rights Watch. Bek Bern prefiere no hablar de ello.

-"Tengo que irme a trabajar. Se hace tarde".

La factoría de Lian Fa se encuentra a unos 15 kilómetros de Phnom Penh. A medida que nos alejamos del centro de la ciudad grandes infraestructuras de hormigón conquistan el paisaje, elevándose sobre la silueta de construcciones bajas de la capital. Afuera, pequeños mercados bullen con la entrada y salida de los trabajadores: hay puestos de comida preparada, refrescos y pequeños ultramarinos itinerantes. También venden ropa. Ropa barata para vestir a los que visten a Occidente.

A la hora del almuerzo los trabajadores de Lian Fa salen en masa de la factoría. Hoy Bek Bern tiene invitadas. Una puerta oxidada flanquea el angosto pasillo que conduce a la vivienda. Tres mujeres suben de una en una las escaleras, apoyando los brazos en los muros de los edificios colindantes. Hay que avanzar con cuidado, los escalones de madera alabean con cada pisada. Han comprado pescado y papaya al vapor. Sacan cuatro platos, dos rosas, uno blanco y otro azul, y los disponen sobre una estera roja. La temperatura supera los 35º grados, pero el único ventanuco de la habitación permanece cerrado. Una de las jóvenes enciende un ventilador. Están sudando.

Nam Bek Bern entra unos minutos después. Trae dos bolsas de arroz hervido. 1.000 rieles. Una de las jóvenes reparte el pescado en platos. Tienen dos cucharas de acero y dos de plástico. Durante la comida Bek Bern lleva el peso de la conversación. Es la mayor. Cuando terminan, apilan los platos en una de las esquinas y vierten los desperdicios en una bolsa plástica Después, abren la diminuta ventana para airear la estancia. Aquí es donde van a dormir esta noche.

La habitación apenas tiene unos 6 metros cuadrados. Bek Bern y su compañera pagan 10 dólares mensuales cada una por ella. El baño y la cocina están abajo, en la casa del arrendatario. Ambas guardan sus pertenencias en dos maletas que copan una de las esquinas. En la otra, dos sillas de plástico y un recipiente en el que amontonan algunos botes. Unos círculos blancos decoran la pared del fondo.

Ninguna de ellas puede permitirse un lugar mejor. El salario de los trabajadores del textil está fijado por ley en 128 dólares mensuales para 2015. Con las horas extras, pueden llegar a ganar algo más de 140. "Con ese dinero no se puede vivir en Phnom Penh", remarca Sokny Say, secretaria general del sindicato FTUWKC. El salario mínimo se estima entre los 157 y los 177 dólares.

Algunas trabajadoras han dejado de comer para poder hacer frente a las necesidades de sus familias. Un círculo perverso que las debilita hasta que desfallecen o caen enfermas. Entonces simplemente son sustituidas. En 2013, más de 1.000 personas se desmayaron en las fábricas del textil y por primera vez tres personas perdieron la vida tras repetidas jornadas de trabajo extremo.

Las grandes multinacionales del sector, Inditex, C&A, H&M, N Brown Group, Tchibo, Next, Primark o New Look, confeccionan parte de sus colecciones en Camboya. Realizan los encargos a grandes proveedores locales con licencias de exportación. Estos son los que firman los acuerdos de responsabilidad de los que luego hacen gala las grandes compañías. En sus factorías se respetan los salarios, los horarios y las condiciones laborales. Sin embargo, la producción de estas fábricas es insuficiente para satisfacer las draconianas condiciones fijadas en los contratos: tiempos de entregas, calidades y precios.

Por ello, las empresas locales recurren a la subcontratación. Un esquema piramidal que excluye a las multinacionales de cualquier responsabilidad: ellas cuentan con un certificado que garantiza que sus prendas sea han elaborado siguiendo los estándares internacionales. Sin embargo, la realidad en Lian Fa es bien distinta. Allí se fabrican, según el sindicato FTUWKC, prendas para Inditex, entre otras marcas. "Las condiciones aquí son muy duras. No conceden permisos ni cuando uno está enfermo", afirma Nam Bek Bern.

Ausentarse del trabajo por enfermedad conlleva una deducción desproporcionada del bonus de asistencia. "Si tienes permiso te reducen algo menos de 50 céntimos, pero si no te puede quitar hasta el 50% del salario", atestigua Bek Bern. Los permisos y los certificados oficiales médicos son muy complicados de obtener, por lo que muchos empleados acuden a su puesto enfermos, atrapados en la necesidad de mantener lo que se conoce ya como el killer bonus.

Los capataces presionan a sus trabajadores para cumplir con los objetivos de producción. Les insultan. "Zorra, puta, tienes el cerebro de un perro. Dime, ¿tienes un cerebro humano o en el cerebro de un perro? Trabaja más rápido". Les castigan. Los dejan fuera, solos, al sol, para que sientan vergüenza delante de sus compañeros. Les amenazan constantemente con el despido. Las embarazadas son un objetivo prioritario. La mayoría abandona al llegar al tercer trimestre.

Mientras caminamos hacia la fábrica, Bek Bern se adelanta unos metros para charlar con unas compañeras. Cuando llegamos al portalón verde que da acceso a la factoría ya la hemos perdido de vista. No quiere que la vean con nosotros. "A los jefes no les gustaría", nos aclara Pheoun So Phian, quien fue despedido hace más de un año de Lian Fa tras intentar crear un sindicato.

(…)

Ha pasado poco más de un mes desde nuestro encuentro con Bek Bern.

"Siento tener que decirte que Nam Bek Bern ha sido despedida hoy. Por favor, cuenta lo que ha pasado. Sokney"

¿Qué ha ocurrido? ¿El embarazo?

El embarazo… y la entrevista.

Hoy en Lian Fa el miedo es un silencio atroz.

Conocí a Freddy Peccerelli en la Ciudad de Guatemala hace dos años. Sabía del trabajo de su equipo en Bosnia-Herzegovina, en la identificación de las víctimas de Srebrenica, la matanza 8.000 varones musulmanes en julio de 1995, asesinados por las tropas serbobosnias comandadas por Ratko Mladic. Peccerelli es uno de esos héroes anónimos para el gran público que rara vez saltan a los titulares en los medios de comunicación o inundan las televisiones globales. Es una pena; personas como él, o como el fisioterapeuta italiano Alberto Cairo en Kabul, mejorarían las listas del premio nobel de la Paz.

Antes de ver el siguiente vídeo de TED, en el que Peccerelli explica su trabajo en Guatemala, un país con más de 40.000 desaparecidos, apuntarles dos cosas. Cuando hablamos en su oficina le pregunté si trabajaba para los muertos. Él me respondió con elegancia, sin afear mi torpeza: "No, trabajo para los vivos". También explicó que el día que anunciaron la creación del primer banco de ADN para identificar a los desaparecidos esperaba largas colas de familiares a la puerta del centro. Pasaron los días sin que nadie se presentara. La razón, dijo, es que es un paso muy complicado pasar de buscar al familiar del mundo de los vivos al mundo de los muertos.

La desaparición es un crimen continuado, además de ser uno de lesa humanidad y uno de guerra que no prescribe y que es perseguible en todo el mundo, menos en España, que se bajó del frente de la justicia universal en aras del beneficio en los negocios pese a ser firmante de todos los tratados de derechos humanos.

Aquí algunas direcciones de interés:

-The task of reading Guatemala's bones (de Amnistía Internacional).

-Proyecto Desparecidos en Guatemala.

-Una entrevista en The New York Times a Peccerelli.

-El reportaje que escribí para Jot Down: Guatemala, la transición requisada.

-Una rapera esencial, Rebeca Lane

La desaparición forzada es un problema universal. En América Latina afecta a Guatemala, Perú, Argentina y Chile, sobre todo, durante dictaduras militares o gobiernos democráticos que se enfangaron en la guerra sucia contra la guerrilla, como fueron los casos de Fernando Belaunde Terry y Alberto Fujimori en Perú. Irak y Camboya cuentan por miles sus desaparecidos.

España es el segundo país de mundo en desaparecidos durante y después de la guerra civil; en la mayoría de los casos se trata de fusilados que no fueron devueltos a sus familias sino enterrados en cientos de fosas comunes. España no los busca de manera oficial.

El caso de México es dramático. El número de desaparecidos supera los 20.000. En la mayoría de los casos se trata de asesinatos cometidos por los carteles de la droga, narcopolíticos y policías corruptos. El caso más llamativo de los últimos meses es el de Ayotzinapa. La aparente implicación del Estado en el crimen ha provocado una ola de indignación en todo el país. Los familiares rechazan las investigaciones oficiales, solo confían en los fiscales argentinos que han desmontado la primera versión oficial de la Procedería General de la República.

Un desaparecido es un inexistente. Le quitaron la vida, también la dignidad. En España son los hijos y los nietos los que tratan de encontrar a los invisibles, a los silenciados. Es difícil construir la paz desde el olvido y la impunidad. En España pasó mucho tiempo, ya no es un caso judicial solo de justicia.

Una dirección de interés: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Como en el caso de Guatemala, este tipo de iniciativas de la sociedad civil requieren de ayudas particulares para poder hacer su trabajo.

De los dramas contemporáneos, ninguno tan olvidado como el cometido por los jemeres rojos de Pol Pot en Camboya entre 1975 y 1979. “Entraron en la capital el 17 de abril. Cuando fueron derrocados por las tropas vietnamitas se contabilizó la cifra de 1,7 millones de muertos, lo que suponía casi un tercio de la población del país”, escribe el cineasta camboyano Rithy Panh en su libro La eliminación (Anagrama), escrito con la colaboración del escritor francés Christophe Bataille.

El delirio Jemer Rojo estuvo inspirado en un maoísmo extremo mezclado con un culto al campesino e ideas nacionalistas milenarias que su líder, Pol Pot, había adquirido en su juventud al visitar los templos de Angkor, cumbre de la civilización camboyana: “Si nuestros antepasados pudieron hacer esto, podemos hacer cualquier cosa”, dijo entonces. Tras sus estudios en París, regresó en los años 1950 a Camboya, donde se unió al Partido Comunista y a su guerrilla. Francia, potencia colonizadora, había dejado el país en manos de un rey que se convertiría en presidente, y contra los que Pol Pot y sus jemeres rojos batallarían hasta hacerse con el poder tras la toma de la capital, Phnom Pehn, en 1975.

Rithy Panh era entonces hijo de un funcionario del Ministerio de Educación y de una ama de casa. Clase media camboyana criada en la cultura jemer pero que había asimilado ciertos hábitos europeos e ilustrados impuestos por la colonia. Todos hubieron de abandonar Phnom Pehn, en un éxodo obligado por los jemeres rojos sin organización ni orden, lo que supuso la muerte de miles de personas que vagaban por los campos hambrientos y desorientados, pagando el precio de la obsesión campesina del líder.

Además del abandono de la “burguesa” capital, los jemeres rojos trasladaron al campo a cerca del 40% de la población total del país, según consigna Panh en este libro estremecedor. “No tuvimos tiempo de sentirnos fascinados ni siquiera convencidos. Fuimos desplazados de inmediato. Condenados a morir de hambre. Separados. Aterrorizados. Privados de palabras y de cualquier derecho. Nos rompieron. Nos ahogaron con hambre y miedo”, escribe. Todos debían ser campesinos y cultivar arroz, en busca de la autonomía que traería un futuro de tres raciones de comida diaria.

"No creo en la reconciliación por decreto"

“A los trece años perdí a toda mi familia en pocas semanas. Mi hermano mayor, que se marchó solo a pie hacia nuestra casa de Phnom Penh. Mi cuñado, médico, ejecutado en una cuneta. Mi padre, que decidió no seguir alimentándose. Mi madre, que en el hospital de Mong se echó en la cama donde acababa de morir una de sus hijas. Mis sobrinas y mis sobrinos […]. Me quedé sin familia. Me quedé sin nombre. Me quedé sin rostro. Y fue así como seguí con vida, porque me había que dado sin nada”, dice Rithy Panh.

Treinta años después de la caída de los jemeres rojos tras la invasión vietnamita, Panh comenzó a visitar en su celda camboyana al torturador de uno de los campos de “reeducación” más temibles, el S21, y comenzó una suerte de indagación sobre la psicología del personaje y sus motivaciones. A veces recuerda a la Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén, y otras a Martin Sheen hablando con el atribulado teniente Kurtz en Appocalypse nowAppocalypse now.

“No creo en la reconciliación por decreto. Y todo cuanto se resuelve muy rápido me asusta. Es la pacificación del alma la que conduce a la reconciliación, y no a la inversa”, escribe sobre el torturador y el juicio que le espera. Es este un libro sobre la imposibilidad de la superación, que tiene en la metáfora del suicidio de Primo Levi décadas después de recobrar la libertad, su metáfora más certera. Solo es posible salvarse (que no superarlo) tratando de comprender y saber, algo que el autor facilitó con películas como La gente del arrozal, Bophana, una tragedia camboyana, S21, la máquina roja de matar y Duch: el maestro de las forjas del infierno.

Porque Rithy Panh denuncia lo poco que se ha hablado de la Camboya de los jemeres rojos (que la renombraron Kampuchea Democrática) y las complicidades personales (como la de Noam Chomsky) e institucionales que tuvo. “Lo que hiere es el silencio. El silencio acerca de las extracciones de sangre, las vivisecciones o los niños asesinados. El silencio acerca de las violaciones: cuando se vive en la crueldad, incluso las relaciones sexuales son crueles”.

Pol Pot, como tantos otros dictadores, murió en 1998 en la cama, sin haber pagado penas. En este caso en una estera en medio de la jungla camboyana, adonde se había marchado tras la caída de su régimen. No manifestó nunca contrición ni pesar. Su régimen acabó en cuatro años con casi un tercio de la población de su país, y marcó de por vida a unos supervivientes que, como Rithy Panh, lo cuentan en libros estremecedores como este. Las causas de las muertes fueron variadas, pero, en palabras del autor, “en determinado grado de hambre, de miseria y de tristeza ya no se sabe de qué muere uno”.