El militar retirado Luis Arroyo, hasta ahora ministro de Defensa de Perú, fue nombrado este martes nuevo primer ministro por el presidente interino, José María Balcázar, tras el cese de Denisse Miralles en el cargo, a solo un día de acudir al Congreso a pedir el voto de confianza.

Arroyo era desde el pasado 24 de febrero ministro de defensa dentro del gabinete encabezado por Miralles, tras la elección por parte del Parlamento del congresista izquierdista Balcázar como nuevo presidente interino de Perú, en reemplazo del destituido José Jerí.

A menos de un mes de las elecciones generales, Balcázar se vio obligado a cambiar a su mano derecha en el Ejecutivo al ver que Miralles no iba a lograr el voto de confianza por parte del Legislativo, donde varios partidos, que buscan ser parte del Gobierno o tener influencia en él, habían anticipado que votarían en contra.

En ese escenario, Arroyo fue el escogido por Balcázar para encabezar el gabinete ministerial con el objetivo de dar al Consejo de Ministros un enfoque mayor en seguridad, la principal preocupación de los peruanos ante el auge del crimen organizado en distintas partes del país.

En su trayectoria como militar, Arroyo comandó divisiones del Ejército en distintas partes del país y ocupó también cargos de mando en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera de Perú, donde opera el último remanente del grupo armado Sendero Luminoso, en connivencia con las mafias del narcotráfico.

Tras pasar al retiro, el nuevo primer ministro fue designado como jefe del Instituto de Defensa Civil (Indeci) en noviembre de 2025, bajo el mandato del presidente interino José Jerí, y tras la destitución de este pasó a ser ministro de Defensa con Balcázar.

Durante su periodo como ministro tuvo que enfrentar la atención a las emergencias producidas por las inundaciones registradas en diversas partes del país, un contexto en el que se estrelló un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea del Perú donde murieron 15 personas, entre ellos 4 militares y 11 civiles, familiares de la tripulación.

El cambio en la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú se produjo pese a los pedidos al Congreso de los principales gremios empresariales del país para que se le diese el voto de confianza a Miralles y no se elevase la inestabilidad política en el país, que acumula ocho presidentes en menos de diez años.

Con la muerte de Alfredo Bryce desaparece también un ímpetu literario que iba mucho más allá de la propia literatura, un abrazo de consistencia vívida y un profundo conocimiento de los resortes de la emoción.

Alfredo era una de esas personas que sedimentan amistades, rellenan los huecos que ha provocado el desánimo y se atrincheran en el humor como el máximo exponente de la vida. Además de un escritor de largo aliento, con estructuras líricas en cada una de sus narrativas, era un hombre bueno, con la fuerza de una bondad que iba regalando al mundo, sin nada a cambio, más que un abrazo, una sonrisa, tan solo una palabra.

Lo conocí hace mucho de la mano de Pepe Esteban y Chus Visor, quizá delante de un Pisco Sour o riendo después de una de aquellas anécdotas incuestionables que, aun sin tener un fondo de verdad, las iba trazando como si realmente hubieran sido vividas.

Alfredo sembró parte de mis estancias en Madrid de un tono de celebración y de nostalgia, como si ambas cosas fueran necesarias en su manera de transitar las cosas del mundo, ese mundo de Julius, abocándonos a un imaginario solvente en lo literario, pero también firme en el compromiso con su verdad.

Se fue a Lima para abandonar las noches largas de Madrid, los tiempos de la amistad sincera y el escalofrío de su narrativa. Se fue quizá para integrarse en otra manera de ver el mundo, en otro sabor en la punta de la lengua, quizá con más tristeza, aquella que proclamaba su tata cuando Alfredo preguntó: “Cómo estás”, para responder un tremendo “Dándole pena a la tristeza” .

Porque así quedó el escritor y el amigo, combatiendo entre la trinchera de la desesperación y el poder sanador de la literatura, entre la dureza de un sentimiento de tiempo ya no usado y los minutos lentos de Perú, los taimados momentos del retiro a su pesar.

Fue muchas cosas Alfredo, pero por encima de toda su estructura, aquella que empujó la creación de libros magníficos, estaba la bondad y la nobleza, la lucidez extrema en la ebriedad, el brazo preparado siempre para abrazar y, aunque perdida por un tiempo, una sonrisa abierta a la esperanza.

Descansa en paz, amigo.

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Javier Lorenzo Candel es poeta.

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del boom latinoamericano, ha fallecido a los 87 años, según confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales, informa EFE.

"Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores", señaló la Casa de la Literatura Peruana en la red social X.

La muerte del autor de novelas como Un mundo para Julius y La vida exagerada de Martín Romaña fue adelantada, en un primer momento, por medios como el diario El Comercio y la emisora RPP, que citaron a fuentes cercanas al escritor.

La información fue confirmada luego por Alvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, quien manifestó en X su "enorme pesar" por la muerte de Bryce Echenique, mientras que el también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides señaló que "esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique". "A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna", remarcó.

El también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides indicó a EFE que habló con un profesor de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, César Ferreira, íntimo amigo de Bryce Echenique, a quien le había comunicado el fallecimiento su pareja, Cecilia Grau. Benavides, en un mensaje en X, señaló que "esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique".

"No solo fue un grandísimo escritor, con un estilo absolutamente personal, certero, fino, lleno de deliciosos hallazgos que contribuyeron a edificar un inmenso mundo narrativo; fue también una gran persona y un amigo leal, cariñoso y lleno de detalles y atenciones", señaló.

Bryce Echenique, quien nació en Lima un 19 de febrero de 1939 y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), saltó a la fama tras obtener una mención honrosa en el premio Casa de las Américas de cuento de 1968 con su colección e relatos Huerto Cerrado.

Además de ser autor de novelas, cuentos, ensayos y memorias, Bryce formó parte de una tríada de grandes escritores peruanos contemporáneos, con el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el cuentista Julio Ramón Ribeyro, considerados los tres grandes narradores de la segunda mitad del siglo XX en Perú y entre los más destacados de Latinoamérica.

El Congreso de Perú eligió este miércoles al octogenario parlamentario José María Balcázar como nuevo presidente del país andino, en sustitución del derechista José Jerí, al que el Legislativo peruano destituyó en la víspera, tras apenas cuatro meses en el cargo y a falta de menos de dos meses para las elecciones generales, según recoge EFE.

Balcázar, de 83 años, fue el más votado por el hemiciclo peruano para ocupar la vacante dejada por Jerí como presidente del Congreso, lo que automáticamente le convierte en presidente interino de Perú ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025).

El legislador, del partido Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones de 2021, se convirtió en el mandatario de mayor edad de la historia del país, y en el octavo gobernante en casi una década de crisis política. Su misión será ejercer de manera interina como jefe de Estado hasta el 28 de julio, cuando deberá ceder el mando presidencial al ganador o ganadora de los comicios presidenciales que ya están en marcha.

El político, abogado de profesión, dio la sorpresa en una votación que tenía cuatro candidatos y donde la favorita era la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva, del partido derechista Acción Popular, a la que se impuso gracias al apoyo de la izquierda y de varios grupos de partido de derecha que rechazaban que Alva fuese presidenta. En la primera vuelta, Balcázar logró 46 votos frente a los 43 de Alva, los 13 del derechista Héctor Acuña y los siete del izquierdista Édgar Reymundo.

La sorpresa fue mayor cuando en la segunda vuelta obtuvo 64 votos contra los 46 de Alva, lo que le hizo quedarse con el sillón presidencial vacante.

En los días previos a esta votación, Balcázar ha llegado a anticipar que estaría dispuesto a indultar al expresidente Castillo, que cumple una condena de 15 años de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado protagonizado en 2022 para evitar una destitución por parte del Congreso.

Al igual que su predecesor, el nuevo gobernante de Perú acumula una serie de polémicas y cuestionamientos, pues si bien llegó a integrar la Corte Suprema de Justicia de Perú, fue expulsado de la magistratura por cambiar una sentencia ya firme, entre otras irregularidades.

Asimismo, protagonizó una gran polémica al defender los matrimonios infantiles y oponerse a un proyecto de ley que buscaba prohibir este tipo de enlaces.

En la sesión no participó Jerí que, pese a haber sido censurado el martes, no pierde su condición de congresista por el partido Somos Perú, por lo que podía haber participado en esta sesión, si bien declinó hacerlo y no se presentó a ella para elegir a su sucesora.

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales, lo que se convierte en el octavo cambio presidencial que vive el país andino en casi una década de inestabilidad política, iniciada tras los comicios de 2016, según recoge EFE.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Legislativo peruano resolvió sacar del poder a Jerí por las investigaciones abiertas en su contra en su corto mandato de apenas cuatro meses a raíz de varias reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado y presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias que previamente tuvieron reuniones con él en el Palacio de Gobierno.

Jerí ejercía de manera interina la Presidencia de Perú en su condición de presidente del Congreso, tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte (2022-2025) en octubre del año pasado, por lo que al ser censurado como máxima autoridad del Parlamento pierde automáticamente su condición de jefe de Estado encargado.

En un último intento por salvarse, el partido Somos Perú, al que pertenece Jerí, propuso que se suspendiese el debate para que la destitución se diese a través de la figura de la vacancia (destitución presidencial), lo que exigía los votos de dos tercios de la cámara, algo que no que fue aceptado por la mayoría del Parlamento.

El grupo de partidos conservadores que controlan el Congreso, y que inicialmente respaldaron la llegada al poder de Jerí, le retiraron su confianza a pocas semanas de las elecciones para distanciarse de la pérdida de popularidad del gobernante ante las revelaciones de las últimas semanas que motivaron que la Fiscalía lo investigue por tráfico de influencias.

El único partido que mantuvo en bloque su apoyo a Jerí fue el fujimorismo, en contra de que el país tenga un nuevo cambio presidencial como los que sí ha promovido y apoyado anteriormente contra otros mandatarios en el pasado.

Si bien Jerí podía haber participado en esa sesión en su condición de congresista, el mandatario optó por no hacerlo y quedarse en el Palacio de Gobierno, donde presidió el cambio de guardia.

La caída de Jerí fue tan rápida como su ascenso al poder: entró al Congreso en las elecciones de 2021 como suplente del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y pronto pasó de ser un legislador desconocido a presidir comisiones parlamentarias, luego dirigir el Legislativo entero, y de ahí saltar a la Presidencia en reemplazo de Boluarte.

Si bien enfocó su mandato en la lucha contra el crimen organizado, su popularidad inicial se fue deteriorando a medida que se descubrieron reuniones semisecretas con empresarios chinos, en particular una a la que acudió a un encapuchado, con la aparente intención de no ser reconocido.

El Congreso de Perú escogerá este miércoles en un pleno extraordinario al nuevo presidente interino del país andino. "Al haberse aprobado las mociones de censura, la mesa directiva del Congreso declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República. En consecuencia, se encuentra vacante el cargo de presidente de la República del Perú", indicó el presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

Al haber convocadas unas elecciones generales en menos de dos meses y ante la baja popularidad de los parlamentarios, las opciones de congresistas que generan consenso son limitadas. De los 130 parlamentarios, 57 son candidatos al Senado, 29 a la Cámara de Diputados y dos al Parlamento Andino, por lo que quedan 42 congresistas elegibles.

Muchos de ellos están cuestionados o inmersos en investigaciones por diversos temas por lo que resultará complicado que obtengan el apoyo suficiente para asumir el cargo.

Hasta el momento no hay candidaturas oficializadas, pero algunos nombres ya se barajan en medios locales, como la derechista Maricarmen Alva, de Acción Popular; el izquierdista José María Balcázar, y el militar retirado independiente Roberto Chiabra, quien está registrado como candidato presidencial y debería renunciar a su candidatura.

“Parece plastilina y huele a alquitrán”. Luis Díaz, líder de los pescadores de la playa de Aucayama, a 77 kilómetros al norte de Lima, amasa entre sus manos una plasta de arena oscura y compacta. 

El pasado 6 de enero, este pescador iza sus redes y, nuevamente, aparecen vacías. “Antes del derrame la biomasa era muy buena, sostenible, siempre había peces”, recuerda. La marea alta trae frecuentemente restos de crudo a las 28 playas golpeadas por el derrame de Repsol de enero de 2022. 

Cuatro años después del mayor desastre ambiental sufrido por Perú, los pescadores artesanales siguen sufriendo las consecuencias de la falta de rehabilitación de las playas. 

El 15 de enero de 2022, un ducto submarino de la refinería La Pampilla, de Repsol, en Lima, se rompió durante la descarga de un buque y vertió 12 mil barriles de petróleo al mar. El vertido se extendió a lo largo de 64 kilómetros de costa, afectando una extensión equivalente a 3.400 campos de fútbol. 

Tras el derrame, las autoridades peruanas impusieron a la petrolera multas y sanciones administrativas por 60 millones de dólares por brindar información “inexacta”, no delimitar correctamente las zonas afectadas y no realizar de forma adecuada la contención, recuperación y limpieza. 

Tres meses después del vertido, Repsol declaró las playas “limpias y listas para el monitoreo”. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA) revisó la limpieza, concluyendo que 71 de 97 sitios analizados seguían contaminados y exigiendo a Repsol planes para rehabilitar los ecosistemas dañados.

En octubre de 2023, Repsol presentó 18 planes de rehabilitación a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Pero 2 años y 3 meses después, según ha corroborado esta investigación, el Estado peruano no ha aprobado ninguno de ellos al considerarlos insuficientes.

Para dar luz verde a estos planes, la ley obliga al ministerio a solicitar la opinión técnica de seis entidades públicas: el Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la Dirección General de Salud Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua. Todas, sin excepción, han hecho observaciones. En total, hasta 606 alegaciones que Repsol no termina de subsanar. 

“Si tú haces un mal plan, usas información incompleta y elaboras un mal diagnóstico, vas a tener que subsanar observaciones y esto hace que todo el procedimiento demore”, explica Ana Leyva, abogada de la ONG CooperAcción, que ha analizado los planes de rehabilitación presentados Repsol y todas las observaciones de las autoridades peruanas. “En resumen, lo que planteaban hacer es seguir recogiendo bolitas de alquitrán y hacer un monitoreo”, explica Leyva como conclusión.

Diana Papoulias, bióloga marina y experta en toxicología acuática, ha analizado 12 de estos planes. En declaraciones para esta investigación, considera que presentan deficiencias técnicas. El informe de esta bióloga para la ONG CooperAcción cuestiona que Repsol proponga la “atenuación natural” como técnica de recuperación, es decir, “que el mar se limpie solo”. 

También afirma que la evaluación del daño ambiental está incompleta y tiene vacíos de información que excluyen zonas que Repsol consideró “inaccesibles”, pero a las que sí lograron ingresar para tomar muestras los técnicos de la autoridad fiscalizadora peruana. 

Según la información obtenida por esta investigación, cuatro de los seis organismos que evalúan los planes de rehabilitación aún mantienen observaciones vigentes. Dos –la Autoridad Nacional del Agua y la Dirección General de Salud Ambiental– ya tendrían opiniones favorables. Cuando ya no haya observaciones, Repsol iniciará el proceso de recuperación de los ecosistemas afectados. 

Desde esta investigación para infoLibre y Epicentro TV se solicitó a Repsol Perú y Repsol España una entrevista sobre las consecuencias del derrame y, al no obtener respuesta, se enviaron preguntas por escrito. Solo la Refinería La Pampilla, de Repsol Perú, remitió sus respuestas. 

Asegura que han proporcionado a las autoridades peruanas toda la información solicitada y que están a la espera del resultado final de la evaluación de los planes de rehabilitación por parte del Ministerio de Energía y Minas peruano, “confiando en la transparencia y rigor del proceso”. 

Repsol Perú afirma que la zona afectada se encuentra apta para actividades recreativas y económicas sin riesgo para la salud ni el medio ambiente, ya que cumple con estándares ambientales nacionales e internacionales. También informa que ha destinado 1.300 millones de soles (casi 382 millones de euros) a tareas de limpieza, recuperación y compensaciones a los afectados. 

En España, Repsol se ciñe a la información presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En ella, la compañía reitera que el vertido se produjo “por el movimiento incontrolado durante la descarga del buque”. La compañía y la aseguradora han demandado por 265 millones de dólares a Fratelli D’Amico Armattori, la armadora italiana del buque Mare Doricum, que efectuó la descarga de crudo. 

El Estado peruano ha emprendido un proceso administrativo contra Repsol y demanda 4.500 millones de dólares por daños materiales y morales. 

Para evitar un juicio penal, la petrolera llegó a un acuerdo con la Fiscalía peruana para pagar, junto con la compañía italiana, 1.156 millones de soles (294 millones de euros). Esta cantidad incluye lo gastado por Repsol en limpieza, contención del derrame y pago de indemnizaciones a los afectados. 

El reportaje audiovisual Derrame Negro, fondos verdes, que forma parte de esta investigación transfronteriza, aborda la paradoja que rodea el caso Repsol: mientras el derrame de petróleo en Perú sigue sin una rehabilitación aprobada, la petrolera española ha recibido hasta diciembre de 2024 más de 4.778 millones de euros del Plan de Recuperación de la Unión Europea, centrado en la transición ecológica y digital. 

El Gobierno hizo pública esta cifra en respuesta a una pregunta registrada por Ione Belarra, secretaria general de Podemos. 

En España, estas ayudas las gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Solicitamos, sin resultado, una entrevista a este organismo para abordarlos compromisos ambientales adquiridos por Repsol en terceros países al beneficiarse de estos fondos verdes, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

También tocamos las puertas de las direcciones generales de Justicia, Medioambiente y Energía de la Comisión Europea. Pero ni el Gobierno español ni la Comisión Europea respondieron a las preguntas planteadas para este reportaje. 

El caso Repsol es un ejemplo de un problema mayor: una empresa europea puede beneficiarse de fondos verdes, ser protagonista de un daño ambiental grave fuera de la Unión Europea y no rendir cuentas bajo estándares europeos. 

“A día de hoy, salvo que haya un impacto flagrante en el proyecto que se presente, no hay condicionalidad con la diligencia debida en terceros países para la obtención de fondos europeos”, explica Luis Rodríguez de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. 

Debido a este vacío legal, la Unión Europea empezó a diseñar hace más de una década una norma inédita: la directiva de diligencia debida. En abril de 2023, la comisión de Justicia del Parlamento Europeo aprobó una directiva que obliga a las empresas europeas a identificar y prevenir daños ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de valor, dentro y fuera de Europa.

Desde esta investigación para infoLibre y Epicentro TV se solicitó a la dirección general de Justicia de la Comisión Europea una entrevista sobre esta directiva, pero este organismo se amparó en que estaba en manos del Parlamento y el Consejo Europeo para no pronunciarse. 

Con la aprobación en diciembre de 2025 del Paquete Omnibus 1 en el Parlamento Europeo, la directiva fue debilitada.

“Con la nueva situación geopolítica, ha habido una presión de empresas europeas, que combinada con la presión de Estados Unidos, ha llevado a las instituciones comunitarias a replantearse la normativa de diligencia debida”, explica Fernando Carbajo, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca. 

La directiva de diligencia debida sólo se exigirá a empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros en facturación, y no empezará a aplicarse hasta 2029. Aun así, abre la puerta a que, en el futuro, empresas como Repsol puedan afrontar procesos de responsabilidad civil en España si no cumplen con la diligencia debida en materia de medioambiente. 

Mientras la Unión Europea debate durante años una norma para exigir responsabilidades a las empresas por los daños que causan fuera de sus fronteras, en Perú las consecuencias del derrame siguen sin resolverse.

Sin planes de rehabilitación aprobados, los pescadores encuentran pedazos de alquitrán en las playas que son cubiertos una y otra vez por la arena, formando capas de restos de crudo bajo la superficie. Para ellos, la remediación del mar es lenta. 

“Nosotros queremos saber cuánto tiempo van a estar nuestras playas contaminadas”, exige Luis Díaz, dirigente de los pescadores artesanales de Chancay. “Ni siquiera la limpieza se ha terminado al cien por cien y no sabemos cuándo se van a aprobar los planes de rehabilitación. Vivimos en la incertidumbre”.

Cuatro años después del derrame, Repsol parece querer dar el episodio por cerrado.

* Daniel Yovera (para Epicentro TV, Lima) y Beatriz Jiménez (para infoLibre) han llevado a cabo esta investigación con el apoyo de Journalismfund Europe

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas que presuntamente integraban la primera célula asentada en España del Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela, expandida a otros países, dedicada a ejecutar asesinatos, extorsiones, secuestros y a traficar con drogas y personas, según informa EFE.

La Dirección General de la Policía ha informado este viernes de esta operación, denominada Interciti, que tuvo una primera fase en marzo de 2024 cuando fue arrestado en Barcelona el hermano del líder internacional de la organización que pretendía expandir su estructura. 

En esta segunda fase, los agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han arrestado a 13 miembros del Tren de Aragua: ocho en Barcelona, dos en Madrid y tres en Girona, A Coruña y Valencia. Cuatro de ellos ya han ingresado en prisión por orden del juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional.

Los agentes han desmantelado también dos laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, conocida como tusi, una actividad habitual de esta organización y su principal fuente de ingresos junto con el tráfico de cocaína. 

También se han intervenido en cinco registros en Barcelona, Madrid, A Coruña y Girona diversas cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación de marihuana indoor. 

La Policía destaca que estas detenciones son el resultado de las investigaciones realizadas por un grupo de trabajo creado ad hoc en el Cuerpo para luchar contra la implantación de esta organización criminal en España y que en este caso han contado con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol-El Pacto 2.0 de la Unión Europea.

En marzo de 2024 los agentes detuvieron en Barcelona al hermano del Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua a nivel internacional. Fue arrestado en virtud de una Orden Internacional de Detención interpuesta por las autoridades venezolanas por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. 

Tras su localización y detención, los investigadores se centraron en determinar si el arrestado, que se había instalado en España, intentaba implantar y expandir su estructura en este país, con el fin de operar a semejanza de como lo hace en los países del continente americano de donde es originaria. 

Fruto de esas pesquisas, los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, con una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras.

Estas dos ramificaciones se dedicaban al "cocinado" de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas de cara a detectar a otros miembros del entramado, por lo que continúan analizando los efectos intervenidos en los registros y, muy especialmente, las ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente de actividad transnacional.

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional originaria de Venezuela; está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, y tráfico y trata de personas, entre otros delitos. 

Se considera que tuvo su génesis en el sindicato de obreros que trabajaban en la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela que recorría los estados de Aragua y Carabobo, de ahí su autodenominación como Tren de Aragua. 

Tras el inicio del proyecto en 2005, el sindicato cobraba por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a los contratistas. El grupo fue ampliando sus actividades criminales y cuando la construcción se paralizó en 2011, el sindicato ya actuaba como una banda criminal. 

Sin embargo, el Tren de Aragua, como se le conoce hoy en día, no se consolidó hasta 2013, cuando Héctor Rustherford Guerrero Flores, el Niño Guerrero, fue encarcelado en la prisión de Tocorón y estableció alianzas con miembros del sindicato. 

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos. De hecho, la banda está asentada ya en ciudades de Colombia, Perú, Chile y otros países. 

Allí escaló rápidamente en la jerarquía penitenciaria hasta convertirse en Pran, como se les conoce a los líderes carcelarios en Venezuela.

El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.

El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.

La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.

El proyecto de ley de destitución leído ante de la votación del Congreso señaló que se declara la "permanente incapacidad moral de la presidenta de la República y la vacancia de la presidencia de la República" peruana.

Detalló que este jueves se presentaron cuatro mociones de orden del día que propusieron la destitución de Boluarte por una causal establecida en la Constitución peruana.

Por ese motivo, resolvió declarar su "permanente incapacidad moral" y la vacancia de la presidencia, así como "en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido" en la Constitución peruana.

Esa sucesión indica que, al no tener Boluarte vicepresidentes, asume la jefatura del Estado el presidente del Congreso, cargo que ejerce actualmente el derechista José Jerí.

Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución. "En vista de que ha sido convocada y no se ha presentado se procederá con el proceso de vacancia", remarcó.

De inmediato propuso que comience un debate de las mociones, pero un grupo de parlamentarios planteó una cuestión previa para evitar ese proceso e ir de inmediato a la votación.

Poco antes, uno de los abogados de Boluarte, Juan Carlos Portugal, anunció en la red social X que la gobernante no iba a convalidar el proceso en su contra acudiendo al Congreso.

"Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas", aseguró.

Portugal acusó, en ese sentido, al Congreso de haber renunciado "a esta garantía" y consumar "su violación".

"Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al Parlamento nacional. No en estas condiciones", concluyó.

Otro de sus abogados, Joseph Campos, informó en la cadena estatal TV Perú que él le recomendó a la gobernante que no asista al Congreso porque desconocían el contenido de mociones de vacancia presentadas en su contra.

Todas las mociones de destitución presentadas contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y el Parlamento también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la Cámara.

El proceso fue irreversible después de recibir el respaldo de los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022 y cuando solo faltan seis meses de celebrarse las elecciones generales peruanas de 2026, convocadas para el mes de abril.

Entre los promotores del proceso de destitución hubo varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.

En el transcurso de la jornada se acumularon de manera repentina y sin previo aviso hasta cuatro mociones de destitución contra Boluarte, que de un momento a otro se quedó sola tras quedarse sin el apoyo de los socios que le han permitido gobernar desde hace casi tres años a cambio de abandonar el proyecto político de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), quien protagonizó un fallido intento de golpe de Estado frente a una posible destitución.

Boluarte deja el cargo como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3 % según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.

Al consumarse su destitución, debe asumir la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso, José Jerí, hasta la celebración de las nuevas elecciones, con lo que se convertirá en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte.

La Audiencia Territorial de Hamm, en el oeste de Alemania, desestimó la demanda del guía de montaña peruano Saúl Luciano Lliuya contra la compañía energética germana RWE, a la que acusaba como uno de los grandes emisores de CO2 de haber acelerado el cambio climático y provocado el deshielo del glaciar cercano a su comunidad en los Andes. La decisión del tribunal se produjo este miércoles después de sendas visitas de peritos, uno judicial y otro del demandante, a la localidad andina, donde evaluaron los riesgos del deshielo para la vivienda del agricultor peruano, según informa EFE.

El perito judicial, Rolf Katzenbach, había señalado que apenas había un 1% de probabilidad de que el inmueble sufriera daños, mientras la parte demandante había presentado un informe de un experto que señalaba que el riesgo de daño era del 30%.

Lliuya en 2015 había solicitado que RWE asumiera el 0,5% del coste de las obras de protección necesarias en la laguna de Palcacocha, proporción que vincula con las emisiones históricas atribuidas a la empresa desde el inicio de la industrialización. Ese porcentaje hubiera representado unos 20.000 dólares (unos 17.600 euros), de un dique de contención valorado en 4 millones de euros.

Roda Verheyen, la defensa del guía de montaña peruano, que había apelado con éxito en ese tribunal alemán en 2017 ayudado por la ONG ambientalista Germanwatch y la Fundación 'Zukunftsfähigkeit después de que otra instancia judicial desestimara en 2016 la demanda interpuesta en 2015, no consideró la sentencia una derrota. "La decisión del tribunal, que a primera vista parece una derrota por el sobreseimiento del caso, es en realidad una sentencia histórica que puede ser invocada por los afectados en muchos lugares del mundo", señaló Germanwatch en un comunicado.

Lliuya, que no pudo asistir a la lectura de la sentencia al ser temporada alta en las montañas, considera la sentencia "innovadora" y "un gran éxito", aunque en este caso concreto no se haya logrado la protección necesaria para el peruano.

En opinión de la Sala de lo Civil del tribunal, asegura la defensa, el riesgo de daños por inundación de un glaciar no es suficientemente alto en este caso concreto, es decir, en relación con la propiedad de Lliuya. No obstante, recalcó la abogada Roda Verheyen, "por primera vez en la historia, un alto tribunal europeo ha dictaminado que los grandes emisores pueden ser considerados responsables de las consecuencias de sus emisiones de gases de efecto invernadero". "Es cierto que el propio tribunal no consideró que el riesgo de inundación para mi cliente fuera suficientemente alto. Pero una cosa está clara: la sentencia de hoy es un hito y dará un impulso a las demandas climáticas contra empresas de combustibles fósiles y, por tanto, al abandono de los combustibles fósiles en todo el mundo", sostuvo.

El demandante agradece a los tribunales alemanes la seriedad con que se ha tratado su caso. El propio Lliuya aseguró desde su comunidad en Los Andes que "hoy las montañas han ganado, incluso si mi caso no va más allá, mi demanda ha conseguido algo importante". "Los principales responsables de la crisis climática deben asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos y pueden ser considerados legalmente responsables", indicó. Sin embargo, también se mostró decepcionado con la sentencia del tribunal, pues considera en contra de "los científicos especializados en glaciares que conocen la zona desde hace décadas que mi casa no necesita protección".

Telefónica, que acaba de renovar su cúpula, obtuvo en el primer trimestre del año una pérdida atribuida de 1.304 millones de euros, por los impactos de las ventas en Argentina y Perú, frente al beneficio de 533 millones de 2024, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según informa EFE.

Las operaciones en discontinuación (las desinversiones) le han supuesto al operador unas pérdidas de 1.731 millones, de los que 1.200 millones corresponden a la venta de Argentina (principalmente por diferencias de conversión acumuladas) y 500 millones a la de Perú, por préstamos, minusvalías de la venta y resultados de la compañía.

Si sólo se tienen en cuenta las operaciones continuadas, el resultado de la compañía es de 427 millones de euros, un 26% menos que el año pasado, tras caer sus ingresos hasta los 9.221 de enero a marzo, un 2,9% en términos reportados. Los orgánicos (sin tener en cuenta la variación de moneda) crecieron un 1,3%. La deuda financiera se sitúa en 27.049 millones, un 4,9% menos.

A mediados de enero, Telefónica eligió a un nuevo presidente, Marc Murtra, en sustitución de José María Álvarez-Pallete, y ha relevado parte de sus directivos, entre ellos el consejero delegado, que es Emilio Gayo.

Estos son los primeros resultados que presenta el nuevo equipo de dirección, que ha confirmado el dividendo para 2025 de 30 céntimos por acción en efectivo, que se pagará, el 50%, el 18 de diciembre de 2025 y el resto en junio de 2026.

Por regiones, los ingresos crecieron un 1,7% en España, hasta los 3.170 millones, y cayeron en el resto de mercados, un 7,2% en Brasil, hasta los 2.337 millones; un 2% en Alemania, hasta los 2.056 millones, y un 8,6% en su unidad de Hispam (Latinoamérica menos Brasil), hasta los 1.245 millones.

Además de las ventas en Argentina y Perú, el primer trimestre ha sido afectado por la depreciación interanual del real brasileño, que provocó un impacto negativo de 388 millones en los ingresos.

Sus accesos totales crecieron un 0,3%, hasta los 353,5 millones; tras aumentar sobre todo los de fibra, un 8,8%, hasta los 15,7 millones; en servicios mayoristas, un 7,9%, hasta los 28,5 millones; y en contrato, 0,9%, hasta los 120,6 millones. Sin embargo, cayó en televisión de pago, un 1,2%, hasta los 8,8 millones.

Telefónica lidera el apagado de la red de cobre en Europa con el cierre de más del 90% de las 8.532 centrales iniciales. Debido a requerimientos regulatorios, las restantes, 700 millones, se cerrarán en este mes.

El consejero delegado del operador ha afirmado que los resultados están en línea con sus expectativas y confía en que mejoren a lo largo del año, ya que se está en buen camino para cumplir los objetivos de 2025.

El operador está inmerso en la revisión de su estrategia y sigue dando pasos relevantes en la reducción de su exposición en Hispam, como se refleja con la reciente venta de Telefónica Argentina y Telefónica del Perú y la firma vinculante de la venta de Telefónica Colombia.

Alejandro Toledo, de 78 años, se hunde en su silla y mira con mala cara al fiscal anticorrupción. “Podemos afirmar que Alejandro Toledo pidió 35 millones de dólares a cambio de adjudicar el contrato de la [autopista] Interoceánica Sur a la empresa Odebrecht”, resumía el fiscal José Domingo Pérez, de unos cuarenta años, pelo blanco, frente al ex presidente el 15 de octubre. “¿He pedido yo algo a alguien?”, exclamó de pronto Alejandro Toledo, con voz ronca, interrumpiendo la acusación transmitida en directo. El presidente llama la atención al acusado, que cede con un lento movimiento de cabeza.

La fiscalía pedía una pena de veinte años y seis meses de prisión contra el ex jefe de Estado peruano entre 2001 y 2006 por haber aceptado el “pacto corrupto” del grupo brasileño de obras públicas Odebrecht.

Una semana después, en plena lectura del veredicto, Alejandro Toledo volvió a dirigirse a José Domingo Pérez, esta vez para insultarle en voz baja y con el micrófono apagado. El fiscal pidió que constara en acta el incidente.

Alejandro Toledo fue sentenciado a la pena solicitada por la fiscalía el 21 de octubre y regresó a la prisión de Barbadillo, donde estaba recluido desde su extradición desde Estados Unidos el 23 de abril de 2023. Ha presentado un recurso, pero éste no tiene efectos suspensivos.

A la salida del tribunal, José Domingo Pérez calificó la sentencia dictada contra Alejandro Toledo de “histórica” y “un mensaje contra la impunidad “, “porque no estamos condenando a un ex funcionario sino a un ex presidente”. El fiscal se congratula de este sólido resultado, en el contexto de las virulentas “campañas de calumnias” a las que se enfrentan los jueces anticorrupción. Estas campañas, orquestadas por el partido Fuerza Popular, pretenden aflojar la soga judicial que rodea a Keiko Fujimori, la hija del ex dictador, que estuvo en prisión preventiva durante año y medio entre 2018 y 2020 por haber recibido también fondos del grupo Odebrecht, y cuyo proceso podría comprometer su futura candidatura a las elecciones presidenciales previstas para 2026.

Desde la detención del último presidente, Pedro Castillo, en un fallido golpe de Estado en diciembre de 2022, los fujimoristas de Fuerza Popular pactaron con su vicepresidenta Dina Boluarte, también acusada de corrupción. El partido de Keiko consiguió así la aprobación de varias leyes que favorecen la impunidad y la apertura de una investigación penal contra magistrados anticorrupción por supuestas filtraciones que beneficiaron a la prensa independiente. Una maniobra destinada a debilitar a la fiscalía en la causa contra la líder ultraderechista.

En octubre, el ministro del Interior disolvió la unidad policial anticorrupción Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad) y pasó a retiro a su ex jefe, el coronel Harvey Colchado, que se había convertido en la bestia negra de los acusados. En diciembre, se disolvió el Eficcop (Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder), un equipo especial de fiscales anticorrupción. No les han perdonado el registro del domicilio de Dina Boluarte el 30 de marzo de 2024.

Tras la recopilación por parte de la web La Encerrona de fotos suyas luciendo medio centenar de relojes diferentes, entre ellos varios Rolex, la actual presidenta está inmersa en una investigación sobre su patrimonio no declarado. A finales de noviembre, su hermano, Nicanor Boluarte, huyó del país, acusado de haber creado “una organización criminal” destinada a nombrar funcionarios regionales, gobernadores, prefectos y subprefectos fieles a su hermana y a su partido.

En Perú, pocas corrientes políticas se han salvado de las investigaciones anticorrupción, y esto se debe principalmente a la corrupción sistemática empleada por el grupo constructor brasileño Odebrecht, omnipresente desde hace treinta años en el sector de las obras públicas, con un total de 76 proyectos.

El primero en caer fue Alejandro Toledo, apodado en su día “el cholo sano y sagrado”, haciendo hincapié en su papel de primer presidente indígena, por haber encarnado una cierta esperanza democrática al final de la dictadura de Alberto Fujimori, incluso en la izquierda y entre la población andina. Huyó en febrero de 2017, poco después de que los jueces peruanos celebraran las primeras audiencias de los ejecutivos de Odebrecht, en el centro del escándalo de corrupción “Lava Jato” (lavado exprés) que sacude Brasil.

Se creó entonces un “equipo especial” de fiscales anticorrupción y lo que siguió fue una investigación única en su género. Marcelo Odebrecht y su representante en Lima, Jorge Barata, dieron cuenta detallada de los pagos efectuados por su grupo en Perú entre 2001 y 2014, e implicaron a cuatro presidentes peruanos sucesivos: además de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), que se suicidó poco antes de su detención en abril de 2019, Ollanta Humala (2011-2016), en prisión preventiva, junto a su esposa Nadine Heredia, en julio de 2017 durante nueve meses, y finalmente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), en arresto domiciliario tras su renuncia en 2018.

Según los relatos y pruebas acumuladas por la fiscalía, Alejandro Toledo, entonces presidente, acudió el 4 de noviembre de 2004 al hotel Copacabana Marriott de Río de Janeiro con dos intermediarios para negociar en secreto con Odebrecht. El monto del soborno fue discutido en una suite presidencial del hotel por uno de los intermediarios con Jorge Barata, mientras Toledo y un amigo cercano, Josef Maiman, empresario en Costa Rica, esperaban en la habitación contigua.

“Jorge Barata dijo que habían llegado a un acuerdo por 35 millones”, recordó José Domingo Pérez durante su requisitoria. “En 2020, Josef Maiman explicó que Toledo le había preguntado en 2004 si estaba dispuesto a encargarse de recibir los fondos.”

La cantidad de dinero efectivamente pagada a Toledo ascendió a 20 millones de dólares, y el ex presidente admitió haber sido “ayudado” por su amigo Maiman para terminar de pagar la compra de su residencia en el lujoso distrito limeño de La Molina. Pero fueron pagadas otras sumas  a diversos actores del mercado de las autopistas interoceánicas, por un total de 30 millones. Estos pagos fueron realizados por el Departamento de Operaciones Estructuradas (DOS) de Odebrecht, que no figura en el organigrama de la empresa. Los pagos, totalmente ocultos, se hicieron “sin contratos, sin recibos, sin facturas”, y no pasaron por las cuentas de Odebrecht, explicó Jorge Barata.

“El caso Lava Jato destapó el sistema operativo de Odebrecht para obtener y mantener contratos”, afirma Gustavo Gorriti, el periodista que reveló por primera vez el pasado del gigante brasileño. “Era un sistema de corrupción muy organizado para ganar concursos y luego gestionar los sobrecostes y cargarlos a las obras realizadas”.

Jorge Barata también declaró ante los jueces que el “Estado” peruano había pagado de esta manera la corrupción. Aunque la falta de digitalización ha impedido corroborar su existencia durante la presidencia de Alberto Fujimori, el sistema utilizado durante el mandato de Toledo se perpetuó en varias presidencias, dependiendo de los objetivos de la empresa.

“En el caso de Alan García, las investigaciones acabaron con su suicidio”, explica Gustavo Gorriti. “Pero lo que sí determinamos es que había recibido dinero a través de cuentas de terceros, a través del departamento de operaciones estructuradas, en particular en la  Banca Privée d'Andorra (BPA), de donde habían salido varios millones de dólares. Y el titular de estas cuentas, Miguel Atala, confesó haber entregado los fondos a García. El caso está cerrado para García, pero continúa para otras personas, en particular funcionarios miembros de su partido”.

Alan García fue acusado de continuar la construcción de la autopista interoceánica iniciada con Toledo, la construcción de la línea 1 del metro de Lima y un megaproyecto de irrigación de la cordillera de los Andes con un río amazónico (Olmos). Después de una visita a Lima, Marcelo Odebrecht anotó: “AG [Alan García] en Olmos. Gestionar plazos; reunión personal. Disponibilidad máxima: 1 millón”.

La implicación del ex presidente Ollanta Humala, que sucedió a Alan García en 2011, tiene su origen en los pagos secretos de Odebrecht para financiar su campaña de 2011 –por valor de 3 millones de dólares– que confesó el mismo Jorge Barata. “La particularidad de esta contribución es que proviene de los vínculos financieros de Odebrecht con el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT)”, prosigue Gustavo Gorriti. “Odebrecht había abierto una cuenta administrada por un ex ministro de Lula [encargado de las finanzas entre 2003-2006 - ndr], Antonio Palocci, desde la que tenían el poder discrecional de subvencionar a aliados. Para ellos, Ollanta Humala era un aliado, y a través de Palocci, se pagaba dinero a Humala para su campaña”.

Marcelo Odebrecht explicó que atendió la solicitud del ex ministro para enviar estos fondos a Humala. “Estaba previsto que el monto que enviaba a Ollanta Humala sería descontado del monto acordado con ellos para apoyar al PT en general”, dijo. Los documentos de Palocci se refieren a este apoyo bajo el nombre clave de “proyecto OH”. A sugerencia del representante de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, el grupo optó por ofrecer a Keiko Fujimori una financiación similar. “Hemos podido determinar un cierto número de pagos a Keiko Fujimori, que ella no reconoce de ninguna manera, pero que también han sido admitidos por varias personas en el marco de declaraciones de admisión de culpabilidad”, resume Gustavo Gorriti.

El último presidente en el punto de mira de los jueces del “grupo especial Lava Jato”, Pedro Pablo Kuczynski, está acusado de haber recibido subvenciones del grupo Odebrecht a través de una consultora de su propiedad cuando era ministro de Economía de Alejandro Toledo.

También se han abierto otras investigaciones por corrupción, no relacionadas con “Lava Jato”, contra dos de los tres presidentes que sucedieron a Kuczynski, Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022). Vizcarra está acusado de corrupción en relación con dos contratos públicos adjudicados cuando era gobernador de la región de Moquegua, en el sur del país, entre 2011 y 2014. Al inicio de su procesamiento, a finales de octubre, aseguró no haber cometido “ningún delito”, frente a una fiscalía que ya pide para él una pena de 15 años de prisión. Una ex ministra testificó contra él a principios de diciembre.

Castillo, que está procesado por querer disolver el Parlamento antes de huir, también está acusado de corrupción. Las investigaciones han revelado la implicación de sus dos sobrinos, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en la adjudicación de contratos públicos en asociación con su ex ministro de Transportes, así como el funcionamiento de un “gabinete en la sombra” en un lugar no revelado, la “casa Sarratea”, donde se gestionaban acuerdos políticos y comerciales inconfesables.

El ascenso al poder de Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, tras un acuerdo parlamentario con el partido fujimorista Fuerza Popular y varias agrupaciones políticas (Alianza para el Progreso, Perú Libre, Avanza País y Podemos Perú), algunas de las cuales también están siendo investigadas, se ha traducido en la aprobación de una serie de leyes represivas.

“Actualmente gobierna una coalición antidemocrática, con partidos de derecha aliados a una izquierda conservadora –que yo ya no llamaría ‘de izquierda’ dada la postura homófoba de Perú Libre– que trabaja para que Dina Boluarte siga en el poder”, analiza la diputada Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú). “Han tomado el control total de las instituciones. Han modificado el Código Penal para que los partidos no puedan ser considerados organizaciones criminales y protegerse de las investigaciones. Han aprobado leyes para proteger a las organizaciones criminales”.

A finales de diciembre, la ONG Transparencia publicó una lista de 20 leyes, 15 de ellas promulgadas en 2024, que han “debilitado los pilares de la democracia y el Estado de Derecho”. Estas nuevas leyes modificaron los plazos de prescripción (mayo de 2023), los plazos de admisión de culpabilidad (marzo de 2024), excluyeron la responsabilidad penal de los partidos (10 de junio de 2024) y declararon prescritos los crímenes contra la humanidad anteriores a 2002 (agosto de 2024). La lista es larga. El proceso de “erosión democrática” en curso ha sido denunciado por Human Rights Watch (HRW).

Unos diez de proyectos de ley, entre ellos cinco presentados por Perú Libre, podrían acabar con la independencia del poder judicial. Uno de ellos pretende autorizar a los congresistas a consultar las causas judiciales en curso en todas las instancias penales del país.

Pero es en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el órgano independiente supervisor del nombramiento de jueces y fiscales, en el punto de mira del Congreso en 2023 y 2024, donde hay una mayor preocupación. Los nuevos miembros designados para la institución asumen sus funciones en enero. Y nadie sabe aún si la nueva Junta Nacional de Justicia resistirá las presiones del Ejecutivo y del Congreso para desmantelar el sistema de justicia anticorrupción.

Traducción de Miguel López

Es un homenaje del que podría haber prescindido. El periodista peruano Gustavo Gorriti, junto a Wael al-Dahdouh, jefe de la oficina de Aljazeera en Gaza, Carmen Joukhadar, corresponsal de Al Jazeera en Líbano, y el bloguero Ruan Xiaohuan, alias Program Think, encarcelado en China, ha sido propuesto por Reporteros sin Fronteras (RSF) para el “premio al valor” de la 32ª edición del Premio de la Libertad de Prensa, que se entregará el 3 de diciembre.

“Su trabajo ha conducido a la apertura de investigaciones penales y al derrocamiento de presidentes”, afirma RSF. Gustavo Gorriti es “atacado cada poco por campañas de difamación y desinformación”, y “también intimidado por procedimientos judiciales”. “A pesar de la presión, lucha por no revelar sus fuentes”.

Desde febrero, Gustavo Gorriti, de 76 años, fundador del portal de investigación IDL-Reporteros, de la ONG Instituto de Defensa legal de Lima (IDL), es objeto de una campaña de acoso judicial y mediático sin precedentes. El 3 de febrero, Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori (fallecido el pasado septiembre), cuyo partido, Fuerza Popular, ha formado parte de los sucesivos gobiernos de la presidenta Dina Boluarte, ha exigido que se “investigue a fondo” la relación de Gustavo Gorriti con los dos fiscales anticorrupción peruanos José Domingo Pérez y Rafael Vela.

Keiko Fujimori, a la espera de juicio por corrupción en el caso “Cócteles”, que se inició en julio y en prisión provisional desde hace 16 meses, presentó el 20 de febrero una querella de Fuerza Popular por “organización criminal, corrupción y tráfico de influencias” contra el periodista y siete altos magistrados, entre ellos el equipo de la fiscalía especial encargada de las ramificaciones en Perú de la investigación “Lava Jato” (lavado exprés, en portugués). Se trata de la investigación que sacó a la luz los pagos secretos realizados por el grupo brasileño de obras públicas Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

La denuncia fujimorista se basa en las declaraciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, destituida como fiscal de la Nación, quien, bajo la condición de arrepentido (“colaborador eficaz”), acusó, sin pruebas tangibles, a los jueces del caso Lava Jato de haber “entregado información confidencial” al periodista “a cambio de apoyo mediático”, y a Gustavo Gorriti de “dirigir las investigaciones”.

“Abrir una investigación por apoyo mediático a los fiscales anticorrupción no tiene sentido. Esto no tiene más que un objetivo: la censura”, comentó Juan Carlos Ruiz, uno de los abogados de IDL. Pero, contra todo pronóstico, a finales de marzo se abrió una investigación preliminar contra Gustavo Gorriti y los magistrados José Domingo Pérez y Rafael Vela por parte del fiscal Alcides Chinchay, especializado en delitos cometidos por funcionarios públicos. A falta de datos concretos, una de las primeras peticiones del juez fue “toda la información sobre los teléfonos utilizados durante cinco años por el periodista, entre enero de 2016 y abril de 2021”.

La iniciativa fue acogida inmediatamente con satisfacción por el eurodiputado español Hermann Tertsch, representante en América Latina del partido ultraderechista español Vox, impulsada por el Foro de Madrid creado en 2021 en torno a los líderes más prometedores del continente a ojos de la ultraderecha (como el chileno José Antonio Kast, nostálgico de Pinochet, el argentino Javier Milei y Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente brasileño) con el apoyo incondicional de los Fujimori, padre e hija, en Perú.

“Hay mucha esperanza en Perú de que las instituciones resistan por fin los ataques de los siniestros grupos de interés de la izquierda caviar de Gorriti y su tropa”, escribió Hermann Tertsch en la red social X, un mes después de su visita a Lima. El representante de Vox pidió “el fin de la impunidad de los conspiradores”. Atribuyendo a Gustavo Gorriti el papel de “orquestador [...] de una red de fundaciones y lobbies woke extranjeros”, el eurodiputado expresó su indignación por el hecho de que el fiscal haya dado al periodista un plazo para entregar su teléfono “en el que habría pruebas para enviarlo a prisión durante mucho tiempo”.

“El fiscal quería que le entregáramos la información de mis teléfonos, y mi respuesta fue no”, explica Gustavo Gorriti, contactado por Mediapart. “De ninguna manera voy a hacerlo. Sería faltar a mi deber de proteger a mis fuentes. Voy a hacer todo lo posible para que no se utilice ninguna información”.

El periodista ha presentado varios recursos y el 3 de septiembre acudió al Tribunal Constitucional para hacer valer su derecho al secreto de las fuentes. En la audiencia, el fiscal Chinchay argumentó que no quería verificar las fuentes del periodista, sino comprobar sus movimientos “por geolocalización”, sobre todo para determinar si había podido reunirse con los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela en su domicilio.

El Centro para la Libertad de Expresión, creado por la Universidad de Columbia (Estados Unidos), envió un dictamen jurídico al juez constitucional, subrayando que la apertura de una investigación penal contra el periodista constituía una violación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Se trata de una contraofensiva general, a largo plazo, de la extrema derecha y las fuerzas de la corrupción”, continúa el periodista. “El objetivo es desacreditar a los periodistas de investigación, a mí en particular, y a los fiscales especializados en corrupción, especialmente a los que llevaron la investigación del caso 'Lava Jato' en Perú, para cambiar el relato y hacer aparecer a los implicados como víctimas de una serie de calumnias fabricadas por conspiradores”.

Para Gustavo Gorriti, que vivió los días oscuros de la dictadura fujimorista –fue secuestrado por el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en abril de 1992–, la actual campaña es de un nivel superior a las orquestadas en su tiempo por Alberto Fujimori y su mano derecha Vladimiro Montesinos, que eran expertos en manipulación.

El periodista señala un “conjunto de medios”, “vinculados entre sí en cada una de las ofensivas”. “Las supuestas revelaciones comienzan en Willax Televisión [dirigida por el financiero Erasmo Wong, pivote de las relaciones de la extrema derecha peruana con Vox y uno de cuyos hermanos, Edgardo Wong, firmó el acta constitutiva del Foro de Madrid, lanzado por Hermann Tertsch - ndr] y son replicadas por los periódicos Expresso, La Razón, Noticias del País, y luego una serie de comentaristas supuestamente imparciales expresan su indignación por las revelaciones, que en un 99% son calumnias.” Esas sucesivas campañas “duran unos días, una semana, dos semanas...”, y “cuando se agotan, se lanzan otras, basadas en un punto que haya quedado en el aire en la anterior”.

En el último episodio, el ex asesor del fiscal, Jaime Villanueva, afirmó que en abril de 2019 Gustavo Gorriti le ofreció abrir una botella de vino para celebrar el suicidio de Alan García, presidente entre 2006 y 2011, quien se disparó en la cabeza cuando la policía acudía a detenerlo por el caso “Lava Jato”. Una “mentira” entre otras muchas, dijo el periodista, que se declaró conmocionado por la muerte.

“Han construido un verdadero edificio, una pirámide de calumnias”, dice Gustavo Gorriti. “Y lograron que algunos medios de periodismo supuestamente estándar, como El Comercio, reprodujeran algunas de las acusaciones extremas, lo que dio pie a los grupos corruptos de la fiscalía para abrir investigaciones hostiles”.

Aunque también ocupan titulares en la prensa fujimorista, los fiscales anticorrupción José Domingo Pérez y Rafael Vela siguen a cargo de las secuelas del caso “Lava Jato” en Perú.

En concreto, han cerrado las investigaciones sobre el ex presidente de izquierdas (2001-2006) Alejandro Toledo, entregado por Estados Unidos en 2023 tras seis años prófugo, y condenado en octubre a veinte años y seis meses de prisión, tras una acusación de José Domingo Pérez. El fiscal detalló los cargos contra Toledo, quien recibió 35 millones de dólares del grupo Odebrecht a cambio de que se le adjudicara la construcción de tramos de la Carretera Interoceánica Sur, que une la costa pacífica peruana con la costa atlántica brasileña.

Pero, al mismo tiempo, el fiscal Alcides Chinchay se comprometió a verificar la integridad de los dos magistrados involucrados en la investigación contra Alan García, y a interrogar a dos de los principales arrepentidos del caso Lava Jato, Miguel Atala, exdirector de PetroPerú, y Luis Nava, uno de los asesores presidenciales de García.

En el caso de García, Odebrecht había pagado por tres contratos: la continuación de la construcción de la carretera interoceánica, el proyecto Olmos para irrigar el lado Pacífico de la sierra con un río amazónico, y la Línea 1 del metro aéreo de Lima. Los millones para García habían sido dirigidos a Miguel Atala y luego entregados al asesor presidencial, según han admitido ambos.

“Las acciones del fiscal Alcides Chinchay forman parte de una campaña para denigrar a los miembros del grupo especial [Lava Jato]”, comentó el juez Rafael Vela. “Esta nueva ofensiva se produce en un momento crítico, ya que varios procesos, entre ellos el del Metro de Lima que involucra a ex funcionarios del gobierno [de García], están llegando a su fin”. Los fujimoristas, como los ex allegados a Alan García, esperan extraer de las investigaciones de Chinchay nuevos argumentos para impugnar los procesos y alimentar su defensa.

“El objetivo es destruir por completo las investigaciones ‘Lava Jato’ y ‘Lava Juez’”, advierte Gustavo Gorriti en el diario La República.

Lava Juez es otro caso más, iniciado en 2018 por IDL-Reporteros a partir de escuchas telefónicas que revelan una red mafiosa entre altos magistrados. Uno de ellos, César Hinostroza, magistrado de la sala penal del Tribunal Supremo, sospechoso de encabezar una red de corrupción conocida como Cuellos blancos del puerto (de Callao), que negociaba indultos y despidos, se esconde ahora en Bélgica. Sin embargo, ha acudido ahora a los tribunales para obtener la entrega de los archivos de audio de IDL-Reporteros y para impugnar el proceso. Y el 25 de octubre, el juez del Supremo Juan Carlos Checkley ordenó a la Fiscalía recuperar las escuchas de la web de investigación e interrogar a Gustavo Gorriti para que revele sus fuentes.

“Ya se nos ha dado traslado formal para que entreguemos información a la Justicia en los casos Lava Juez y Cuellos Blancos, y la Fiscalía ha registrado nuestras oficinas”, dice Gustavo Gorriti, “pero nos hemos defendido y opuesto a cualquier entrega, y lo hemos dicho con toda seriedad. Eso es lo que le voy a decir al juez Checkley”.

Según el periodista, la coalición gobernante “ha extendido su poder sobre las instituciones de control”, y “las dos únicas instituciones capaces de enfrentarse al clan de los corruptos”, la judicatura y la fiscalía, se encuentran en una situación frágil. “Hay magistrados que se oponen y que se van a oponer, pero hay otros que están dispuestos a transigir”, comenta Gustavo Gorriti.

Traducción de Miguel López

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha declarado este viernes que los relojes Rolex y las joyas por los que está siendo investigada fueron "un préstamo" de su "amigo" el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y ha reconocido que "fue una equivocación" aceptar estos artículos y que ya han sido devueltos, según ha recogido Europa Press.

"Sé que están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas. La verdad es solo una, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano, me los haya prestado quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país me llevaron a aceptar ese préstamo, los cuales ya he devuelto", ha asegurado Boluarte desde el Palacio de Gobierno, tras cinco horas de comparecencia ante la Fiscalía del país.

A este respecto, la presidenta ha añadido que, "como esos relojes no son de (su) propiedad no estaba obligada a declararlos en (su) declaración de bienes y rentas" y ha reiterado que todo lo que se ha dicho sobre los mencionados relojes y joyas "es falso".

Asimismo, Boluarte ha justificado la tardanza de sus explicaciones alegando que su abogado, Mateo Castañeda, le recomendó "responder y declarar" primero "ante la autoridad competente" y después "dirigirse al país". "Y eso es lo que estoy haciendo y eso es todo en cuanto a los relojes y las joyas", ha sentenciado.

Por otro lado, la mandataria peruana ha apelado a los fiscales del caso para pedirles "que sean más prudentes cuando califiquen sus denuncias" y que "no se conviertan en mesas de parte de alguna prensa tendenciosa".

"También les pido que cesen las filtraciones indebidas en todos los casos, no solamente en el mío, en todos los casos cuánto daño pueden hacer a los humildes ciudadanos y les pido a todos que pasemos esta página para ocuparnos de lo que realmente importa que es la Agenda Nacional", ha agregado.

La presidenta ha querido también "agradecer al Congreso de la República por su responsabilidad patriótica al haber otorgado al Consejo de Ministros un voto de confianza y por haber denegado dos mociones absurdas de vacancia".

"Basta de seguir operando con manos negras en contra del país, con estas patrañas y cortinas de humo que no benefician a nadie y solo le hacen daño a la patria y a su imagen internacional", ha concluido Boluarte, defendiendo que su Gobierno es "de hechos y no de esperanzas falsas".

Boluarte está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones. La Policía y la Fiscalía registraron el fin de semana el Palacio de Gobierno y la residencia personal de la mandataria.

Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado, según la investigación, motivo por el que la oposición liderada por el partido Perú Libre –izquierda– ha presentado una moción de vacancia por incapacidad moral contra Boluarte.

Tras la comparecencia de Boluarte, congresistas de distintas formaciones se han pronunciado para exigir una investigación precisa e imparcial por parte de la Fiscalía.

El 'caso Rolex' "confirma la necesidad de poder investigar con rigurosidad y objetividad estas situaciones" desde el Ministerio Público, ha señalado el parlamentario de Renovación Popular Alejandro Muñante, quien ha reiterado su llamamiento a la Fiscalía para que "corrobore o desmientea" las declaraciones de la jefa de Estado.

"Exhortamos a la Fiscalía, que está realizando las investigaciones, a que pueda realizar realmente un trabajo prolijo, objetivo, sin ningún tipo de influencia política. Por esa razón decimos siempre que hay que esperar y ser prudentes para tomar decisiones a nivel político", ha agregado y así lo ha recogido la agencia Andina.

Asimismo, desde Perú Libre, el diputado Jaime Quito ha criticado que "aquí ha habido toda una construcción de una historia paralela" y que Boluarte ha echado "la culpa al abogado para poder construir esta verdad", advirtiendo de que esta versión "se va a ir cayendo a pedazos porque no va a tener ningún sustento".

En este sentido, Quito ha criticado también "que en el Congreso no se esté tomando esta situación porque aquí hay mentiras".

Por último, Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú (CD-JP), ha coincidido en calificar las afirmaciones de Boluarte como una "mentira para eludir su responsabilidad en un hecho que hace muchísimo tiempo pudo haber esclarecido, pero que hoy parece una posible coartada".

"Si ella quería ser honesta ante el país pudo haberlo esclarecido desde el primer momento y no lo ha hecho. Lo que parece más bien es que ha habido un conjunto de ciertas coordinaciones, no lo sé, pero que seguramente las investigaciones permitirán esclarecerlo", ha reprochado Luque.

Perú Libre, el antiguo partido de la presidenta peruana, Dina Boluarte, ha conseguido las 26 firmas de congresistas necesarias para poner en marcha una moción de vacancia o censura contra la mandataria después de que no haya dado explicaciones sobre el origen de los relojes de lujo que luce habitualmente en sus comparecencias en el denominado caso Rolex. La Fiscalía ha registrado el Palacio de Gobierno y el domicilio de Boluarte, lo que ha desatado la crisis política, según ha informado Europa Press.

La moción plantea la "permanente incapacidad moral o física para como Jefa de Estado" de Boluarte apelando a los artículos 38, 102 y 118 de la Constitución Política de Perú. "Boluarte ejerce la más alta magistratura del Perú, que le exige un comportamiento ético y moral, que incluye un conjunto de reglas inquebrantables que contribuyen a la fortaleza de las virtudes y los valores básicos del individuo humano", argumenta.

En concreto, apela a las "conductas éticamente reprochables, de tal gravedad y flagrancia que resulte manifiestamente imposible que el presidente de la República siga en el cargo".

Ahora, la moción podrá ser votada por el Congreso peruano, el Parlamento unicameral formado por 130 representantes y presumiblemente los partidos de derecha y ultraderecha que respaldan a Boluarte impedirán que prospere la medida con el matiz de que formaciones como Alianza para el Progreso han advertido de que apoyarán la moción si la jefa del Estado no da explicaciones oportunas sobre el origen de los relojes.

Los partidos Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú y Alianza para el Progreso han respaldado a Boluarte tras su mensaje a la nación del sábado pese a que no dio ninguna explicación sobre los relojes por "petición" de su abogado y se han alineado con la tesis de que se trata de unos registros "inconstitucionales" como defiende la propia mandataria.

Los cuatro partidos que respaldan a Boluarte suman 47 escaños en el Parlamento peruano, lejos de los 65 que suponen la mayoría, aunque hasta el momento el apoyo de congresistas independientes alineados con estas formaciones han sido suficiente respaldo para garantizarle una mayoría.

"Apoyar una vacancia sería una obligación moral si es que el silencio de la presidenta Boluarte persiste y si en las investigaciones se siguen encontrando indicios de enriquecimiento ilícito", ha apuntado el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante.

El partido impulsor de la moción de vacancia, Perú Libre, ha reprochado a Boluarte su "victimismo" en la comparecencia pública tras los registros por los relojes de lujo. "Resulta que ahora es la víctima, que los culpables son los periodistas y que hay que marchar por la paz", ha apuntado el congresista Flavio Cruz.

Desde la organización feminista Flora Tristán han recriminado también a la presidenta que se haya escudado en el "sexismo". "Es inaceptable utilizar problemas estructurales como el sexismo y la discriminación como excusa para eludir la rendición de cuentas. Las autoridades están obligadas a explicar sus acciones y bienes ante la ciudadanía", ha apuntado en un comunicado.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha criticado también la comparecencia de Boluarte y ha recordado que los "periodistas tienen deber de fiscalizar el poder". "La Asociación Nacional de Periodistas del Perú reprueba la carga estigmatizante contra la actividad periodística del mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte", ha publicado la organización en X, antes Twitter.

Mientras, continúa la investigación de los hasta 14 relojes que un artículo periodístico desveló que había lucido en sus comparecencias. La Fiscalía ha publicado un comunicado defendiéndose de las acusaciones de Boluarte y ha informado de que en el registro se encontró la documentación de un Rolex adquirido en 2023. Boluarte había asegurado que los relojes databan "de antaño".

Boluarte está convocada para el próximo 5 de abril para dar prestar declaración y mostrar los relojes Rolex tal como había solicitado su defensa y después de no comparecer en citaciones anteriores.

La Fiscalía de Perú ha emitido este domingo un comunicado respecto a los registros "vinculados a la investigación en contra de Dina Boluarte", presidenta del país, en el marco del caso Rolex, que baraja posibles delitos de enriquecimiento indebido y omisión de consignar declaración de documentos relacionados con los relojes de lujo que utiliza la dirigente.

"La diligencia, llevada a cabo en el domicilio, despacho y residencia presidencial, en Palacio de Gobierno, la noche del 29 y primeras horas del 30 de marzo de 2024, se realizó por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; por tanto, está descartada que nuestra intervención haya sido ilegítima, inconstitucional y abusiva", ha argumentado la Fiscalía en la mencionada nota que recoge Europa Press.

Asimismo, desde el ente público han defendido, contrario a las acusaciones de la presidenta, que "el ingreso al domicilio de la investigada se ejecutó luego tocar el intercomunicador y haberse dado cuenta de las razones de la presencia fiscal y policial a la persona de Daniel Gómez Boluarte, solicitando el acceso voluntario al interior de la vivienda, quien indicó que 'esperen un momento'".

A este respecto, las autoridades han explicado que, pasados unos minutos, volvieron a llamar al timbre de la vivienda "en reiteradas ocasiones" sin obtener respuesta, por lo que procedieron al "descerraje de la puerta principal, tal como consta en el acta de allanamiento con descerraje y notificación de medida judicial".

Asimismo, el Ministerio Público ha negado su responsabilidad en la difusión de las imágenes del momento en que se produjo la entrada en la casa, alegando que no había miembros de la oficina de Imagen Institucional presentes en el lugar.

También se han desvinculado "de otras fotografías o vídeos de documentos, tarjetas, actas, etcétera, que vienen circulando por los diferentes medios de comunicación y redes sociales con relación a la mencionada acción fiscal".

"En la referida diligencia, no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió; sin embargo, se obtuvieron otros elementos de interés para la investigación", concluye la Fiscalía, que recuerda que "se ha citado formalmente a la presidenta de la República, para que exhiba los relojes y preste declaración el viernes 5 de abril de 2024".

La Fiscalía de Perú ha registrado este viernes la casa de la presidenta peruana, Dina Boluarte, en el marco de las diligencias relacionadas con el caso Rolex, ha informado el diario El Comercio y recoge Europa Press. El registro se ha llevado a cabo en torno a las 22.55 horas (hora local) de este viernes a manos de personal del Ministerio Público y efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), un día después de que el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, emitiera la orden.

La mencionada orden de registro e incautación afecta a un coche marca Honda que figura a nombre de Boluarte, así como a la vivienda en la que la presidenta reside en Lima y cuyas puertas han tenido que ser forzadas por los agentes de la Diviac para llevar a cabo esta diligencia, al no obtener mayor respuesta.

Medios peruanos han informado de que tras el registro de más de tres horas los agentes se han llevado del domicilio un maletín negro como los que se utilizan habitualmente para transportar ordenadores portátiles. La propia presidenta se ha desplazado hasta el Palacio de Gobierno donde se encuentran también varios ministros de su Gobierno.

Poco después de finalizado el operativo en el domicilio de Boluarte se han presentado agentes de la Fiscalía y de la DIVIAC en el propio Palacio de Gobierno para continuar con las diligencias en medio de un amplio despliegue policial con efectivos antidisturbios que bloquean los principales accesos a la sede gubernamental.

El fundador del partido Perú Libre y prófugo Vladimir Cerrón ha publicado en X un mensaje criticando a la presidenta. "Boluarte habrá comprendido que concesionarse a la derecha, pagar a sus medios de comunicación y ser desleal a su partido nunca son buena paga. Admita que la derecha la utilizó para derrocar 'constitucionalmente' a su compañero de camino (Pedro Castillo), pero lo paradójico es que usted está en el mismo camino. Todo apunta a un nuevo golpe blando", ha planteado.

Otras voces de la oposición han apuntado también a la necesidad de dimisiones. En cambio, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha restado importancia a la operación y cree que se quedará en "solo una anécdota". "Se va a dirigir a la Fiscalía cuando sea convocada. Ha pedido reprogramación y no se le ha concedido. Si juzga pertinente, dará delcaración ante la prensa. Se está haciendo una tormenta donde no debería haberla, no es una crisis, ni creo que sea tan grave", ha apuntado, según La República.

Para Adrianzén, esta operación policial "ofende" a la nación y es "desproporcionada". "Esto es insólito y llamativo, el ruido político (que genera) ahuyenta la inversión y eso hace daño a todos", ha argumentado antes de descartar dimisiones.

Estos hechos se producen después de que el fiscal supremo adjunto de Perú, Hernán Mendoza, denunciara este miércoles que la mandataria no había acudido a las citaciones para explicar la procedencia de los relojes y joyas de lujo por los que se le acusa de un delito de posible enriquecimiento ilícito que ahora investiga el Ministerio Público.

La presidenta peruana tenía programada una citación el martes por la tarde y el miércoles a primera hora de la mañana, si bien no asistió a ninguna de ellas, teniendo que ser postergadas.

Un abogado de Boluarte, Joseph Campos, ha asegurado sobre un reloj Rolex de los que posee la mandataria que se trata del "obsequio de un fan". "El reloj es un indicio, ¿qué pasa si eso es un obsequio de un fan enamorado?", ha argumentado, según recoge el diario La República.

Esta situación se produce cuatro días antes de la fecha prevista para la presentación del nuevo gobierno que lidera Adrianzén ante el Congreso para solicitar el voto de confianza.

Meta eliminó en 2023 dos redes de cuentas falsas en Facebook e Instagram creadas por otras tantas empresas españolas de software espía, Mollitiam Industries y Variston IT. La compañía de Mark Zuckerberg lo revela en su más reciente informe sobre amenazas, publicado este mismo mes y donde da cuenta de la supresión de seis redes distintas de cuentas falsas pertenecientes a ocho empresas con domicilio social en España, Italia y Emiratos Árabes Unidos. Las cuentas suprimidas las empleaban estas compañías para poner a prueba sus propias capacidades para infectar y extraer información de posibles objetivos.

Tanto Mollitiam Industries como Variston IT ya han sido señaladas por Reporteros sin Fronteras y por Google por sus actividades de espionaje al servicio de gobiernos extranjeros. Según publicó el año pasado infoLibre, Mollitiam ha vendido programas espía tanto al Ejército de Colombia, que los utilizó para espiar a periodistas, activistas y políticos, como a la dictadura de Vietnam. Reporteros sin Fronteras la incluyó en 2020 entre los 20 depredadores digitales de la libertad de prensa. La revista colombiana Semana desveló ese mismo año las operaciones ilegales que los militares habían llevado a cabo en lo que se conoció como el escándalo carpetas secretas. Pero tres años después, el Ejército seguía utilizando el software espía de Mollitiam, según desveló una investigación del consorcio Forbidden Stories, basada en una filtración de correos internos del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y en la que participó este periódico.

Otra investigación, llevada a cabo por la red de medios European Investigative Collaborations (EIC), a la que pertenece también infoLibre, destapó que Mollitiam había suministrado al régimen vietnamita, una dictadura comunista que persigue a los disidentes y muestra escaso respeto por los derechos humanos, uno de sus programas más publicitados, que lleva el nombre de Invisible Man.

Además, la empresa española firmó en 2019 un acuerdo de confidencialidad con la compañía francesa Nexa, que también había vendido su software estrella, Predator, al Gobierno de Vietnam. Al mismo tiempo, Mollitiam proporcionó a Nexa un folleto de presentación de sus sistemas de infección y control remoto invisible de objetivos conectados a internet. Es decir, le ofrecía las mismas herramientas de cibervigilancia en los que se había especializado la francesa y su socio israelí Intellexa. Esa fue una de las revelaciones de los PredatorFiles, la investigación de EIC que desveló la venta a dictaduras, con la complicidad europea, de material de vigilancia de estas empresas.

Mollitiam es una pequeña empresa con sede en Toledo, nacida en 2018 y con una facturación media de 1,12 millones de euros anuales entre 2019 y 2021. Sus promotores tienen una larga experiencia en el sector de la cibervigilancia. Los socios mayoritarios, Esther y Samuel Álvarez González, ya crearon en 2007 el Grupo In-Nova, que en 2016 trabajó para el Ejército de Brasil en la formación de un grupo de élite especializado en luchar contra el cibercrimen. Ya antes, en 2012, es la empresaria española en Perú, cuando la Fundación In-Nova, que ella preside, firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) peruano. En 2014 Esther Álvarez viajó a Ecuador, donde expuso sus conocimientos sobre ciberdefensa. Cuatro años después, In-Nova figuraba como habilitada en el Registro de Proveedores de Bienes Estratégicos del Gobierno ecuatoriano.

En Colombia, los hermanos Álvarez crearon la empresa In-Nova Colombia SAS, que dirige un proyecto de consultoría con el Comando de Apoyo Tecnológico del Ejército (COATE). Como publicó infoLibre, en 2016 In-Nova participó en un proyecto de cooperación tecnológica entre España y Colombia para la transferencia de conocimiento en relación con sistemas autónomos de navegación y plataformas aéreas, con aplicación en vehículos aéreos no tripulados (UAV o drones), dirigido a oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas.

Mientras, en España, Mollitiam vendió a la Guardia Civil en 2019 y por 302.500 euros un sistema de monitorización remota de comunicaciones desde móviles. También una herramienta para monitorizar redes sociales por 18.059, según publicó en su día El Salto. A In-Nova, el Ministerio de Defensa le adjudicó en 2015 el suministro de un prototipo de red de comunicaciones tácticas y, entre 2018 y 2022, cuatro contratos más por un importe total de 134.950 euros. Una de esas licitaciones fue para un sistema de interceptación.

Pues bien, según Meta, Mollitiam creó el año pasado una serie de cuentas falsas en Facebook e Instagram con las que ponía a prueba la capacidad de sus propias herramientas para infectar y extraer información de posibles objetivos. El informe detalla que la empresa toledana utiliza enlaces para loguear IP que le permiten rastrear las direcciones IP, la serie numérica que identifica a un ordenador u otro dispositivo en internet. También se dedica al phishing y a otras técnicas de ingeniería social –con las que se manipula a los usuarios para que revelen información confidencial, transfieran dinero o se descarguen programas maliciosos, por ejemplo– contra “opositores políticos, periodistas, activistas anticorrupción y contra los abusos policiales en España, Colombia y Perú”, asegura la compañía de Zuckerberg.

infoLibre ha preguntado a Meta por los periodistas, opositores y activistas que han sido objeto del espionaje de Mollitiam Industries tanto en España como en los otros dos países citados, pero la compañía estadounidense se ha negado a ampliar los datos incluidos en su informe. También le ha preguntado si ha presentado alguna denuncia en los tribunales de esos tres países, porque la ingeniería social es un delito. Facebook empezó a enviar en 2015 alertas de seguridad a los usuarios víctimas de ataques de este tipo de empresas o directamente de algún gobierno. También lo hace ahora con los usuarios de Instagram. Las actividades ilegales de Mollitiam Industrias en Colombia y Perú ya habían quedado al descubierto, pero no las llevadas a cabo en España, que Meta no ha querido concretar.

Tampoco Mollitiam y Variston han contestado a las preguntas que sobre el informe de Meta les ha enviado infoLibre.

La operativa de Variston IT es similar a la de Mollitiam Industries. “Usa cuentas falsas para desarrollar y probar exploits [programas que aprovechan las vulnerabilidades de una aplicación o sistema informático], compartiendo enlaces maliciosos y haciendo llamadas entre ellas en lo que parece un intento de validar su capacidad de ataque a iOS y Android”.

Variston IT es una empresa con sede en Barcelona cuyos propietarios y administradores son el alemán Ralf Dieter Wegener y el indio Ramanan Jayaraman. Según el ranking de empresas exportadoras de la empresa semipública Cesce –Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, que asegura las operaciones internacionales de las empresas españolas–, Variston exportó por valor de 14,36 millones de euros en 2021, casi un 10% más que el año anterior. Todas sus ventas fueron al extranjero. Fundada en 2018, tiene un capital social de 100.000 euros y una plantilla de 87 trabajadores. Según Meta, posee una filial en Italia, TrueLIT, también implicada en la creación de las cuentas falsas de Facebook e Instagram.

Sus actividades quedaron al descubierto cuando el Grupo de Amenazas de Google publicó en noviembre de 2022 que uno de los productos de Variston IT, Heliconia, explotaba vulnerabilidades de Chrome, Firefox y Microsoft Defender. En marzo de 2023 reveló que Variston o uno de sus clientes o socios había utilizado enlaces maliciosos enviados por SMS a usuarios ubicados en Emiratos Árabes Unidos. La página de destino a la que eran dirigidos los usuarios atacados era idéntica a la de Heliconia que había denunciado Google cuatro meses antes. En el descubrimiento de este ataque intervino también el Security Lab de Amnistía Internacional.

Meta y Google coinciden a la hora de advertir ante el enorme y rápido crecimiento de la industria del software espía. Estas empresas “han desarrollado capacidades que antes sólo estaban disponibles para gobiernos con mucho dinero y experiencia técnica”, destacaba Google en su informe de noviembre de 2022. La cibervigilancia puede ser legal dependiendo de las leyes nacionales de cada país, pero, añade, “a menudo se utiliza de manera perjudicial para llevar a cabo espionaje informático contra determinados grupos” de personas: periodistas, activistas de derechos humanos, opositores políticos o disidentes.

Incluso puede tener el apoyo financiero de los Estados. Es el caso de Mollitiam Industries. Para desarrollar una de sus herramientas, llamada Phoenix y que la propia empresa define como “un prototipo para la detección de posibles radicales en las redes sociales”, la empresa de Toledo contó con una subvención de 641.827 euros, abonados a partes iguales por la Unión Europea –a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)– y por el Gobierno español, a través del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación). La subvención le fue concedida en 2019 y el resultado fue “un sistema modular de monitorización masiva para producir inteligencia a partir de la descarga anónima de datos no estructurados procedentes de redes sociales, darknets y deepwebs”, tal y como se publicita en su página web.

Pero no fue la única ayuda pública que recibió Mollitiam Industries. En mayo de 2021, el CDTI le concedió 450.000 euros en una operación para promover la innovación empresarial en la que también invirtió el fondo del Gobierno vasco Easo Ventures. La subvencionó con otros 410.394 euros a través de los proyectos Cien y Eureka, según figura en las cuentas de 2021 de Mollitiam.

Además, una ayuda de 59.636 euros sirvió a Mollitiam Industries para desarrollar el proyecto Electro I+D, que mide el nivel de “resiliencia en redes OT (civiles y defensa) frente a ciberataques”. El 80% del dinero vino de Europa, vía Feder, y el resto lo puso la Junta de Castilla-La Mancha. Esas mismas instituciones le otorgaron 50.751 euros para el proyecto Cibermarkint, “una plataforma Osint de inteligencia artificial”. Finalmente, recibió del Gobierno manchego una nueva ayuda de 15.941 euros a través del programa Adelante Inversión.

En total, se embolsó más de 1,6 millones de dinero de los contribuyentes en cinco años.

Meta explica en el informe que sus hallazgos permiten rastrear dónde están enfocando ahora las empresas de software espía el desarrollo de sus herramientas. La creación de cuentas falsas para probar sus nuevas armas de infección es sólo una primera fase de lo que el informe de Zuckerberg llama “cadena de ataque” de los programas espía. “Aunque el debate público suele centrarse en la fase de explotación [la última, tras las de reconocimiento e intervención, cuando los dispositivos y cuentas de los usuarios ya han sido comprometidos], es fundamental interrumplir el ciclo de vida completo del ataque en las primeras fases”, advierte Meta.

El expresidente peruano Alberto Fujimori ha sido puesto en libertad este miércoles tras la orden de liberación emitida por el Tribunal Constitucional del país. Así, el exmandatario ha salido de la cárcel de Barbadillo a las 18.30 horas (local), según ha informado el diario peruano El Comercio, y a pesar de que una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se oponía a ello.

Tras su excarcelación, ha sido trasladado a la vivienda de su hija y excandidata presidencial Keiko Fujimori, que en principio será su residencia permanente.

Fujimori estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por las matanzas de civiles en Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, en diciembre de 2017 se benefició de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero que la Justicia tumbó apenas unos meses más tarde, en verano de 2018. Tras varios años de trabajo del equipo de abogados del expresidente alegando problemas de salud por su avanzada edad, el Constitucional ha acabado dando luz verde a su excarcelación.

Keiko y Kenji Fujimori, hijos del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), se han desplazado hasta el centro penitenciario donde se encontraba su padre ante los rumores previos sobre su liberación. Hasta el lugar también se trasladaron numerosos parlamentarios. Asimismo, decenas de simpatizantes del expresidente peruano se habían concentrado en los exteriores de la cárcel a la espera de que Fujimori saliese de prisión, un objetivo perseguido por él y su equipo de abogados desde hace años, pero que la Justicia ha impedido en varias ocasiones.

Además de su condena a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.

Para la directora de la oficina de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, "la liberación de Fujimori es una bofetada a las víctimas de atrocidades", por lo que ha planteado a la Organización de Estados Americanos (OEA) que examine su alcance, teniendo en cuenta "el contexto de la gravísima erosión del Estado de derecho y de la protección de los Derechos Humanos en Perú".

"Perú ha liberado a Fujimori sobre la base de un indulto humanitario que presenta vicios y en contra de las órdenes del principal tribunal de derechos humanos de las Américas", ha señalado Goebertus, que sitúa a Perú al nivel de Nicaragua y Venezuela en cuanto a ignorar el sistema interamericano. Por este motivo, la responsable de HRW ha señalado que "la comunidad internacional debe presionar al gobierno para que cumpla con sus obligaciones internacionales, incluidas las decisiones de la Corte Interamericana".

Si la inestabilidad política de los países se midiera con el número de presidentes en los últimos diez años, Perú podría calificarse como el más inestable del mundo con siete de ellos: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo.

El último, un maestro rural que ganó las elecciones en 2021, fue detenido el 7 de diciembre de 2022 y encarcelado sin juicio tras anunciar la disolución del Congreso y decretar un Gobierno de excepción. Estaba a punto de afrontar su tercera moción de vacancia presidencial en año y medio, pero había indicios de que esta vez se reunirían los 87 votos necesarios para desalojarlo del poder.

Laura Arroyo García, politóloga peruana que vive en Madrid, rehúye de lo que la mayoría de medios de comunicación calificaron como ‘autogolpe de estado’ al compararse con el de Alberto Fujimori en 1992.  

“Mientras Fujimori hacía su anuncio a todo Perú estaban las tropas y los tanques afuera del Congreso de la República para defenderlo, a Pedro Castillo ya iban a buscarlo las fuerzas armadas para llevarlo a prisión preventiva. No podemos llamarlo ‘autogolpe’ porque no tenía apoyo”, dice la analista. 

La periodista peruana Jacqueline Fowks atribuye parte de la inestabilidad política de Perú al abuso de las mociones de censura por incapacidad moral. Hasta 2020, sólo se había utilizado para romper con la parálisis política a la que también Alberto Fujimori había sumido a su país con su renuncia desde Japón en el año 2000.

Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo, asumió el poder después de que el congreso archivara la denuncia que había hecho contra ella por un caso de corrupción y conflicto de intereses, algo que Fowks no considera una casualidad. La periodista considera factible que haya habido una negociación para que ella accediera al poder a cambio de concesiones parlamentarias a la derecha y a ciertos grupos de poder. 

Aunque el encarcelamiento de Castillo echó gasolina al fuego, los analistas consultados para este reportaje coinciden en que la inestabilidad viene de atrás. Desde diciembre del año pasado han muerto decenas de personas por enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, con miles de heridos y encarcelados. 

“Mucha gente no denuncia la violencia por miedo a mayores represalias por parte de las fuerzas policiales y del ejército”, sostiene Pepe Mejía, portavoz del colectivo Peruanos y Peruanas en Madrid, que sitúa la cifra en 80 muertos como lo hace Amnistía Internacional. 

Cerca del 90% de la población desaprueba al Congreso y el 80% a Dina Boluarte. Los manifestantes exigen la renuncia inmediata de la presidenta, la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones. Sin embargo, los expertos consultados para este reportaje coinciden en que no bastan nuevas elecciones si cada presidente puede estar en el alambre de un ‘impeachment’ como Pedro Castillo.

También hay voces que exigen la creación de una nueva asamblea constituyente hacia una nueva Constitución, algo que Castillo perfilaba durante su mandato y que provocó parte de la reacción en su contra por parte de una oposición temerosa de perder sus privilegios.

Fowks y Arroyo identifican a los medios de comunicación como aliados clave de la derecha y de los grupos de poder que la apoyan. 

“La prensa en Lima atribuía todo mal a Pedro Castillo, de todo lo culpaban. No hace lo mismo con Dina Boluarte y, por otro lado, se refiere a los manifestantes como ‘aliados del terrorismo’ y ‘enemigos de la paz’”, dice Fowks. Para esta periodista, la solución a esta inestabilidad política pasa por una profunda reforma en los cuerpos de seguridad del estado, tanto policía como ejército y un saneamiento de los poderes del estado.

Mejía vislumbra la esperanza de futuro en las organizaciones populares y a un pueblo organizado frente a la izquierda institucional. “A largo plazo, se necesita una mejor representación. Es muy caro participar en política”, dice Fowks, con lo que coincide también Arroyo, pues el sistema actual impide que las personas alejadas de Lima y de las capitales de provincia tengan una participación en las políticas reales del país. Esta falta de participación embona con el racismo en Perú, donde viven más de 4 millones de personas indígenas que conforman 55 pueblos que hablan 47 lenguas. El país andino votó en 2007 a favor de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Fowks sitúa parte del origen de ese racismo a la respuesta que se dio en los años ’80 al grupo armado Sendero Luminoso.

“Les dieron a las fuerzas armadas manos libres para combatirlo sin ninguna supervisión. Si para matar a un terrorista arrasaban con un pueblo entero, daba igual”, dice la periodista, que cifra la violencia en casi 70.000 víctimas, 79% de ellas indígenas de habla quechua en situación de pobreza y campesinos.

La periodista afirma que la brutalidad policial y de las fuerzas armadas se repiten en la actualidad. Amnistía Internacional confirma el sesgo racial de la violencia en su informe ‘Racismo letal: ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú’.  

Mejía y Arroyo García.  coinciden en su reproche al gobierno de España no haberse pronunciado sobre el conflicto en Perú y utilizan la misma expresión: “se han puesto de perfil”.

Para Mejía, esto tiene que ver con los intereses geoestratégicos de España en Perú a través de empresas extractivas contra las que la sociedad civil también se ha levantado desde hace años, y que se benefician de la inestabilidad política del país andino. 

El portavoz de Peruanxs en Madrid destaca el apoyo explícito recibido por miembros de Podemos, de Izquierda Unida, de Esquerra Republicana y de EH Bildu.

El Partido Popular no se ha pronunciado y Vox también elevó exigencias al gobierno, aunque en sentido contrario: un apoyo expreso al gobierno de Dina Boluarte. En los últimos meses, representantes del partido de extrema derecha han visitado Perú y otros países de América Latina para propagar las ideas de la Fundación Disenso, su particular think tank. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, también hizo referencia a ese supuesto indigenismo, al que tildó de “nuevo comunismo”.

“Perú puede convertirse en un patio de entrenamiento de lo que puede ocurrir en otras partes del mundo ante el avance de la extrema derecha”, dice Arroyo. Por su parte, Mejía afirma que España debe tomar partido por la verdadera democracia en Perú.

“La defensa de los derechos humanos no tiene fronteras, España no puede permitirse que un país tan cercano en historia y cultura tenga una dictadura”, dice el portavoz de Peruanxs en Madrid, que así califica al régimen presidencialista “que tiene copado” al congreso y al poder judicial, con el apoyo de la policía y de las fuerzas armadas. 

En España viven 265.000, según datos del INE de 2022, de los cuales casi 144.000 tienen doble nacionalidad con posibilidad de votar tanto en elecciones generales como locales. Arroyo los invita, así como al público interesado en su país, a consultar medios como Wayka y al trabajo de periodistas como la propia Fowks.

Las autoridades peruanas no corren ningún riesgo con el capo serbio de la droga Zoran Jakšić. Hoy se encuentra en una prisión de máxima seguridad conocida como "Némesis" y diseñada para albergar a algunos de los convictos más notorios del país. Sin embargo, Jakšić no acabó en el centro de máxima seguridad de Perú por el procedimiento habitual de traslado de presos de alto perfil. Fue enviado a Némesis como castigo por planear una fuga violenta de su anterior centro, que estuvo a punto de conseguir. Un informe policial de alto secreto obtenido por el OCCRP, Investigace.cz y KRIK muestra que el audaz plan incluía armas pesadas para atacar a los guardias y provocar un motín en la prisión, así como un helicóptero para huir de la caótica escena.

Y Jakšić no estaba solo en el complot.

El informe de la policía peruana revela cómo Jakšić planeó la fuga de la prisión junto con líderes de otros tres importantes grupos de narcotraficantes. Todos ellos estaban detenidos, pero se las arreglaron para mantenerse en contacto entre sí y con aliados fuera de los muros de su prisión.

El plan fracasó cuando, el Día de los Inocentes de 2021, un recluso que actuaba como confidente de la policía informó a sus superiores de que algo grande estaba a punto de ocurrir en Ancón 1, la prisión en la que se encontraban tres de los conspiradores. "El enfrentamiento con los miembros de la seguridad de la prisión será violento y criminal", dice el informe policial.

Para entonces, los criminales ya lo habían organizado casi todo. Sólo les faltaban las balas, que habían sido compradas por grupos del crimen organizado y que iban a ser entregadas a Ancón 1 unos días después.

Se invirtió al menos un millón de dólares en el alquiler de helicópteros, así como en la compra de lanzagranadas RPG-07 y fusiles de asalto M-16 y AR-15. Tres de los narcotraficantes –serbio, brasileño y mexicano– incluso dejaron temporalmente de coordinarse en el tráfico de drogas para centrarse en la fuga, según el informe.

Cuando la policía informó a las autoridades penitenciarias del plan, el grupo fue desmantelado y Jakšić trasladado a Némesis. Pero los documentos facilitados a los periodistas muestran lo cerca que estuvo el plan de hacerse realidad y cómo lo pusieron en marcha los cuatro hombres, todos ellos miembros destacados de grupos de delincuencia organizada.

No está claro si los cuatro se conocían antes de ingresar en prisión, aunque sus grupos habían cooperado en el narcotráfico. La forma en que Jakšić y dos de sus cómplices acabaron en la misma prisión al mismo tiempo –y confabulados– es una historia de astucia y serendipia criminal.

infoLibre, colaborador de la red OCCRP, publica en exclusiva esta investigación en España.

En 2016 Jakšić fue detenido en Perú tras pasar años moviéndose entre países con hasta cuarenta identidades falsas. Hasta entonces, había logrado adelantarse a las fuerzas de seguridad internacionales que perseguían al Grupo América, que tenía conexiones con la inteligencia serbia y estaba vinculado a varios asesinatos en ese país, entre ellos el de un general de la policía.

Cuando fue capturado, Jakšić se había convertido en uno de los principales proveedores de cocaína a Europa y era buscado por las autoridades de Grecia, Argentina y Alemania. Pero cuando la OCCRP lo visitó, detenido en Perú en 2017, negó la mayoría de las acusaciones, admitiendo únicamente la posesión de un kilogramo de cocaína. "Soy inocente. No tienen nada contra mí", dijo Jakšić durante una entrevista en una celda privada con baño propio y dos teléfonos móviles.

Jakšić fue condenado posteriormente a 25 años de prisión por tráfico de drogas con Gavilán.

Gavilán cumplía entonces una condena de 16 años, pero su grupo había estado aprovechando el auge de la cocaína en Perú. Aunque la mayoría de las muestras de cocaína incautadas en la Unión Europea siguen procediendo de Colombia, Perú le sigue de cerca, según un informe del año pasado del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías. Según el informe, más de un tercio de las muestras de cocaína incautadas en la UE procedían de Perú.

La organización de Gavilán tenía su base en el centro de Perú, en un fértil valle donde confluyen tres ríos. La zona es el centro de la producción de cocaína del país. Desde allí cargaban pasta de cocaína en pequeñas avionetas, conocidas como "golondrinas", que volaban hasta pistas de aterrizaje en la selva de Brasil. Una vez llegado el cargamento, los distribuidores lo trasladaban por todo el mundo.

Desde la cárcel, Gavilán podía coordinar los tratos con Jakšić mediante llamadas telefónicas a su banda en el exterior. La policía escuchaba esas llamadas, y eso fue lo que llevó a la detención de Jakšić.

Jakšić fue enviado primero a la prisión Miguel Castro Castro, cerca de Lima, donde también estaba recluido Gavilán. Allí se encontraron y mantuvieron el contacto incluso cuando Jakšić fue trasladado a Ancón 1 tras planear una fuga a través de un túnel de 300 metros. El socio de Jakšić en el plan del túnel era Ayala, el miembro del cártel de Sinaloa que, según los medios de comunicación, fue encarcelado en 2005 cuando intentó enviar 875 kilogramos de cocaína desde Perú a través de México hasta Estados Unidos. Los dos reclusos planeaban conectar el centro del centro de máxima seguridad Miguel Castro Castro con una casa en construcción situada a 300 metros. Contrataron a trabajadores que consiguieron excavar 180 metros antes de que se frustrara el complot. Después, ambos fueron trasladados a Ancón 1, a una hora en coche del centro de Lima.

En Ancón 1, Jakšić se reunió con otro contacto, el miembro brasileño del Comando Vermelho Fonseca da Silva, también conocido como "Zé Luis".

Zé Luis había sido detenido en diciembre de 2018 acusado de tráfico de drogas, asociación con el narcotráfico y participación en una organización criminal. En julio siguiente, tras una vista judicial, se zafó de dos policías que lo escoltaban y escapó. Las autoridades de Perú lo detuvieron en noviembre de 2019 con documentos de identidad falsos de ese país, que según la policía había comprado por 10.000 dólares.

Tras la fallida fuga de la prisión de Ancón 1, Zé Luis fue dejado en libertad o se fugó, y más tarde fue asesinado en un "enfrentamiento" con las fuerzas del orden brasileñas en 2022.

El plan para escapar de Ancón 1, según el expediente policial, consistía en disparar y matar a los guardias de la prisión, provocando un motín. Luego, en medio de la confusión, Jakšić, Zé Luis y Ayala huirían en helicóptero. Les habían proporcionado armas: el grupo sólo esperaba las balas.

Desde la prisión Miguel Castro Castro, Gavilán ayudaba a sus socios a planear su huida de Ancón 1. Se encargaba de utilizar su red para organizar el helicóptero y las rutas que utilizarían sus socios criminales para salir de Perú.

El objetivo era volar en helicóptero hasta la región montañosa de Vizcatán, a más de 500 kilómetros de Lima, donde se había asegurado un helipuerto clandestino para aterrizar. Desde allí, los hombres viajarían en avión a Bolivia, según el informe policial.

Al final, toda esta planificación fue deshecha por un informante con nombre en clave 0321CA, que alertó a la policía de la trama el 1 de abril de 2021. Jakšić fue trasladado entonces a "Némesis", en referencia a la diosa griega de la venganza.

Ubicada en la Base Naval del Callao, cerca de Lima, entre los reclusos de la prisión se encuentra Vladimiro Montesinos, ex jefe de la agencia de inteligencia de Perú que ordenó la construcción de la prisión y posteriormente fue condenado por cargos que incluyen malversación de fondos, homicidio y abuso de poder.

El abogado de Jakšić, Huanca, dijo que ha presentado una denuncia contra los funcionarios que aprobaron el traslado de su cliente a la prisión de alta seguridad basándose en lo que calificó de información falsa. "No es miembro de una organización criminal, tampoco es líder de una organización criminal", afirma Huanca.

Aquí puedes leer la información original en inglés.