“No hay ningún tipo de contaminación”, ha vuelto a afirmar Christophe Michaud, uno de los cuatro abogados de Nestlé ante el tribunal correccional de Nancy (Meurthe-et-Moselle), denunciando “un ambiente extraño, en el que se respira un veneno de sospecha por todas partes” hacia su cliente.

La multinacional comparece ante la justicia desde el 23 de marzo por haber abandonado y almacenado entre 2016 y 2024, y “de manera oculta y encubierta”, toneladas de residuos, es decir, 470.000 metros cúbicos, compuestos principalmente por botellas de plástico y vidrio, pero también por placas de amianto. El mismo día de la apertura del juicio, Nestlé difundió un comunicado en el que insistía en la ausencia de contaminación por microplásticos en sus aguas.

Pero eso no es lo que revela una nota confidencial de junio de 2022, que Nestlé se ha cuidado muy bien de no entregar a la justicia, pero que Mediapart ha podido conseguir. En ella, bajo el título “Vertido de PVC en las zonas de Vittel”, Nestlé precisa que, debido a la presencia de estas toneladas de residuos en sus instalaciones desde la década de 1960, existen varios riesgos. El primero es judicial, ya que la nota reconoce una “infracción de la legislación francesa”. El segundo es el de su reputación, que podría verse empañada. Y el tercero se refiere “a la calidad de las aguas subterráneas”.

Un peligro que, sin embargo, la multinacional refuta ante la justicia. A ello añade las consecuencias financieras de la limpieza de las instalaciones, estimadas en más de 60 millones de euros. Una solución cuyo importe parece insignificante en comparación con sus beneficios, pero a la que se opone con una alternativa de menor coste: el “confinamiento de las instalaciones”.

En 2022, cuando Nestlé redactó esa nota, la Fiscalía de Nancy llevaba seis meses con una investigación preliminar abierta sobre sus vertidos ilegales. Se encargaban de ella los agentes de la Oficina Francesa de Biodiversidad (OFB) y los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Delitos contra el Medio Ambiente y la Salud Pública (Oclaesp).

Durante sus tres años de investigaciones, Nestlé no les informó en ningún momento de esa nota, ni de las constataciones que en ella se recogen. Por el contrario, la multinacional ha negado cualquier riesgo de contaminación ambiental que pudieran provocar esos vertidos de plásticos, en particular sobre la calidad de las aguas.

Así, en septiembre de 2024, Luc Desbrun, entonces director de operaciones de las fábricas de Nestlé en Los Vosgos y destinatario de la nota, es interrogado por la gendarmería en el marco de las investigaciones. Sobre los residuos, considera que “la naturaleza ha recuperado sus derechos. Caminamos sobre la última capa de botellas”. Recuerda que Nestlé “heredó” esos vertederos cuando la empresa compró las fábricas en 1992, y considera que no tiene ninguna “responsabilidad por los vertidos históricos”. Afirma “no reconocer la infracción”, aunque sí se haya admitido internamente.

El responsable del laboratorio central de Nestlé, Nizar Benismail, también interrogado por los investigadores, no muestra mayor transparencia. Al ser preguntado sobre la presencia de microplásticos en el interior de las botellas de Contrex, Hépar y Vittel comercializadas en Los Vosgos, asegura que los “resultados son, en general, muy buenos”.

Debido a la propia composición del envase, las aguas embotelladas pueden estar contaminadas con partículas de microplásticos. En el caso de Nestlé, teniendo en cuenta los vertidos, los investigadores trataron de averiguar si estos habían contaminado las aguas subterráneas incluso antes de que fueran embotelladas con la etiqueta de “minerales naturales”.

Como ya revelamos, el laboratorio encargado por la Fiscalía de Nancy había detectado elevadas concentraciones de microplásticos, especialmente a la salida de los pozos de agua de las marcas Contrex y Hépar. Esos informes fueron luego anulados por el tribunal.

Durante su interrogatorio por parte de la gendarmería, en julio de 2024, el director del laboratorio central de Nestlé se muestra categórico. La contaminación detectada en el marco de la investigación es el resultado de errores cometidos durante la toma de muestras. Por el contrario, los análisis de su laboratorio, el “primero acreditado en Francia” en este ámbito, no habrían revelado la más mínima contaminación. Los niveles de microplásticos encontrados en las aguas comercializadas por Nestlé están, según él, cerca del límite de cuantificación, un límite decidido internamente y fijado en 8 microplásticos por litro (mp/L). Es decir, insignificantes.

Por debajo de ese umbral, Nestlé considera que la contaminación es “procedente del laboratorio” que realiza las muestras. Y, ligeramente por encima, las concentraciones de microplásticos pueden entonces “proceder del tapón o del cuerpo de la botella, y no del agua que contiene”, explica el director del laboratorio de Nestlé Waters a los gendarmes.

Con toda seguridad, afirma que Nestlé no tiene microplásticos en sus aguas. Como mucho, los niveles pueden “en ocasiones, ser superiores a 8, [rozando los] 10-15 microplásticos por litro”. Nada que ver, pues, según él, con los niveles de 515 y 2.096 mp/L encontrados en el marco de la investigación.

Pero, aun así, las declaraciones del representante legal de Nestlé son incompletas. Al contrario de lo que afirma, las concentraciones de microplásticos que se han constatado en las botellas no son de 10 o 15, como él sostiene, sino de 70, e incluso 106 mp/L. Son, por tanto, entre 8 y 13 veces superiores al umbral límite.

Así lo atestiguan los informes de análisis de su propio laboratorio de febrero y diciembre de 2020, correspondientes a las aguas de marca Vittel, resultados a los que Mediapart ha podido acceder. Nestlé se negó a responder a nuestras preguntas cuando les contactamos. A estas alturas, el origen de esos microplásticos sigue siendo incierto. No obstante, los documentos que hemos obtenido, algunos de los cuales no han sido entregados a la justicia por Nestlé, sugieren nuevos encubrimientos por parte de la multinacional.

Esa falta de transparencia por parte de Nestlé resulta bastante problemática ya que el juicio que se celebra en Nancy hasta el 27 de marzo se basa esencialmente en los elementos y declaraciones proporcionados por la propia empresa. Como señaló el fiscal durante la segunda jornada de la vista, la ausencia de peritajes independientes sobre la contaminación por microplásticos crea “un profundo desequilibrio” en este juicio.

También se mostró sorprendido “de que los vertederos de plástico abandonados desde hace décadas no hayan provocado contaminación”.  Le parece indispensable “recurrir a un perito independiente”, tanto “para el esclarecimiento de la verdad” como para “la sociedad y los habitantes que viven cerca de estos vertederos”.

El abogado de las asociaciones de defensa del medio ambiente, François Zind, recordó las prácticas fraudulentas imputadas a la empresa, en particular el uso de tratamientos prohibidos para la desinfección de sus aguas minerales naturales, frecuentemente sujetas a contaminación bacteriana o química.

Sin embargo, estas solicitudes de información complementaria fueron rechazadas de nuevo por el juez el 24 de marzo, que decidió continuar con el juicio. El miércoles 25 de marzo declararán los representantes legales de Nestlé, entre los que se encuentran el exdirector de operaciones Luc Desbrun y el responsable de laboratorio, Nizar Benismail.

Traducción de Miguel López

La Casa de Alba esta a un paso de poder volver a utilizar el agua de Doñana para regar su finca Aljóbar de Aznalcázar, cercana al acuífero. Ya lo consiguió durante una década, en los que robó supuestamente entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos de agua. Ahora, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, podría volver a permitirlo pese a que la Guardia Civil y la Fiscalía acusan a la familia de expoliar el acuífero sin permisos.

La empresa Eurotécnica Agraria, vinculada a la Casa de Alba y encargada de la gestión de la finca, podría recuperar su permiso original, que les permitía volver a 605.150 metros cúbicos por año en tres parcelas de 222 hectáreas, gracias a la Confederación. El único paso que falta es el remate de un procedimiento administrativo para los permisos de riego.

Ecologistas en Acción ha considerado "sorprendente" que días después de conocer que la instrucción se alargaría otros seis meses más, la CHG haya modificado, de forma provisional, una concesión de aprovechamiento que supondría extraer agua de más puntos y no solo de un pozo en esta finca por parte de Eurotécnica Agraria SA.

Este nuevo paso ha sido concretado, en un informe-propuesta de la Comisaría de Aguas al que ha tenido acceso EFE, en el marco de un expediente de transformación de derechos sobre aguas privadas a concesión de aguas públicas, en el que se pone de manifiesto la viabilidad técnica y se reconoce un plazo de vigencia durante 20 años, entre distintas "condiciones específicas".

"Resulta sorprendente que la administración que tiene que velar por el interés general y el correcto uso del agua en la cuenca, conociendo la instrucción judicial prorrogada y que ha tenido que informar al juzgado sobre los daños a las masas de agua subterráneas, esté informando de forma provisional, pero favorable, a que usen los pozos investigados en su concesión de agua", ha señalado a EFE un portavoz de los ecologistas.

Esta organización considera que la resolución de la CHG puede ser "usada" por la empresa para solicitar al juzgado el archivo de las diligencias. "Lo lógico sería esperar a que se resolviera la vía penal y, en consecuencia, actuar en vía administrativa a posteriori", ha concluido.

A principios de este septiembre el juzgado decidió prorrogar seis meses más la instrucción sobre estos recursos hídricos vinculados a la Casa de Alba, una decisión adoptada tras la solicitud por parte de la Fiscalía al tratarse de una causa de "cierta complejidad técnica" y a la espera de concretar el posible daño que las extracciones de agua pudieron causar en el medio ambiente.

Por otra parte, el representante legal de Eurotécnica Agraria se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en la instrucción judicial abierta por unos pozos no autorizados administrativamente.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la persona compareciente en nombre de la sociedad investigada se ha acogido a su derecho a no declarar y ha apuntado únicamente que se remitía a lo que ya trasladó la persona física investigada en la instrucción que se sigue en la Sección Civil y De Instrucción del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), Plaza número 1.

En este caso ya declaró como investigado el nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien señaló el pasado 20 de febrero que se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial.

Según las fuentes, además el compareciente ha sido debidamente informado de que en esta causa se investiga una presunta extracción ilegal de aguas por medio de pozos no autorizados administrativamente, con el posible perjuicio al medioambiente que estas captaciones han podido causar durante distintos años.

La comparecencia de Eurotécnica Agraria haría que no fueran necesarias otras declaraciones de los consejeros delegados de la referida sociedad, entre cuyos miembros del Consejo de Administración están los hermanos Cayetano, Eugenia, Fernando José y Luis Martínez de Irujo.

El 19 de marzo de 2025, Muriel Lienau, directora general de Nestlé Waters, que hasta diciembre de 2024 dirigió Nestlé Francia, compareció ante la comisión de investigación del Senado sobre las prácticas de la industria del agua y las responsabilidades de los poderes públicos. Le hicieron la siguiente pregunta: “¿Se han contaminado sus aguas con materia fecal, PFAS o pesticidas y han necesitado tratamiento para poder ponerse a la venta?”.

Muriel Lienau respondió: “Todas nuestras aguas son puras en manantial”. Solo hubo, matizó, “una desviación esporádica en 2024” en uno de los manantiales de Perrier, que ya ha sido suspendido. Sin embargo, no dice ni una palabra sobre las aguas de los Vosgos.

Sin embargo, Mediapart ha tenido acceso a una nota “confidencial” de junio de 2022 que dice precisamente lo contrario. Nestlé tendrá dificultades para impugnar su contenido, pues los autores son sus propios ingenieros. Y tampoco podrá alegar ignorancia porque la nota se envió a los principales directivos del grupo. En particular, al vicepresidente de la multinacional, Marco Settembri, a la responsable jurídica internacional, Leanne Geale, y a la jefa de calidad de productos, Natasa Matyasova. En Francia,  también son destinatarias la presidenta del grupo, Muriel Lienau, y la directora de Nestlé Waters en ese momento, Sophie Dubois.

Tres meses después de esta nota que detallaba la contaminación fecal del manantial Essar que abastece a las aguas Hépar, el Elíseo autorizó a Nestlé, el 29 de septiembre de 2022, a seguir utilizando ese mismo manantial.

¿Tendrá el director general de Nestlé, Laurent Freixe, que comparecerá ante los senadores este miércoles 9 de abril, algo que aportar sobre esta nota? Cuatro de sus agentes (dos hidrogeólogos, el responsable de tratamiento de aguas y un ingeniero encargado de recursos hídricos) escriben que, en vista de la inspección que realizaron del 13 al 17 de junio de 2022 en la planta de los Vosgos, donde se embotellan las aguas Contrex, Hépar y Vittel, “la calidad microbiológica del agua bruta (Hépar y Contrex) y los procesos implementados no cumplen con la normativa francesa sobre EMN [aguas minerales naturales, ndr] que indica que el manantial debe estar libre de patógenos […] y que el tratamiento no puede modificar las características microbiológicas y químicas del agua”.

Teniendo en cuenta la “no conformidad” con la normativa francesa y el nivel de contaminación del agua, el riesgo se califica de “crítico” (el grado más alto en el sistema de calificación de peligros de la empresa). Sin embargo, Nestlé ocultará estos datos a las autoridades de control.

En junio de 2022, justo cuando se envió la nota alarmista a sus directivos, la fábrica de Nestlé acababa de ser objeto de una inspección de la Agencia Regional de Sanidad (ARS) en el marco de una investigación llevada a cabo por la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS) sobre las prácticas fraudulentas de las empresas de aguas minerales. Pero la multinacional se guarda muy bien de transmitir este embarazoso documento a los órganos de control, ocultando así el alcance de la contaminación.

Un año después, en julio de 2023, cuando la Dirección General de Sanidad (DGS) se puso en contacto con la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES) para verificar el riesgo sanitario, y en particular virológico, que plantean las prácticas de Nestlé, sus conclusiones resultaron incompletas, a la luz de esta nota confidencial y los análisis que figuran en ella. La ANSES califica entonces las contaminaciones microbiológicas de origen fecal de “a priori transitorias”, cuando en realidad son muy frecuentes según la nota.

De hecho, este documento recopila dos años de exámenes exhaustivos y análisis semanales. De enero de 2020 a marzo de 2022, los análisis revelan la presencia regular de bacterias coliformes, Escherichia coli, enterococos o Pseudomonas aeruginosa en numerosas perforaciones.

Más de siete veces al año, el agua que abastece al 50 % de las botellas de Hépar contiene materia fecal, lo que debería haber llevado a la empresa a suspender el embotellado de esta agua. Cerca de 98 de 116 muestras semanales (el 85,8 % de los resultados) muestran otras bacterias patógenas que también hacen que el agua de Hépar no sea potable. Una de las principales fuentes de Contrex también está contaminada 85 semanas de 116.

Pero Nestlé dice que debe seguir vendiendo como si nada. Para ello, debe desinfectar su agua, aunque la normativa vigente prohíbe aplicar una filtración de 0,2 micras, que podría eliminar los rastros de contaminación.

Con este tipo de filtración, el agua ya no sería “pura”. A priori, ya no podría calificarse de agua mineral, perdiendo todas las ventajas de su composición natural (en minerales y oligoelementos) y, de facto, debería venderse al mismo precio que el agua del grifo, es decir, cien veces más barata.

En su nota, los ingenieros de Nestlé son muy claros: explican que para “proteger” la fuente más contaminada de Hépar, se instaló una microfiltración (a 0,2 micras) desde junio de 2022. Y les preocupa además que el filtro de 0,2 micras que van a generalizar para las fuentes más contaminadas “todavía no está autorizado”.

Estos escritos constituyen, por tanto, un desmentido formal a las alegaciones de Nestlé, que lleva meses asegurando que los tratamientos de microfiltración no pueden asimilarse a una desinfección.

Lejos de poner fin al fraude, Nestlé prefiere contar con un aliado de peso,  el Elíseo, a pesar de estar perfectamente informado de las “vulnerabilidades” de Nestlé, como demostró el martes 8 de abril el ponente de la comisión de investigación, el senador socialista Alexandre Ouizille.

De hecho, el 11 de julio de 2022, Alexis Kohler, secretario general del Elíseo, acompañado por Victor Blonde, asesor en Matignon (sede del primer ministro, ndt) y en el Elíseo, se reunió con Ulf Mark Schneider, director general de Nestlé, en el marco de la cumbre Choose France. En ella se aborda el uso de filtros para “corregir la calidad de las aguas Vittel, Contrex y Hépar con posibles impactos en las plantas afectadas y un desafío de comunicación para gestionar bien la secuencia”.

El 26 de septiembre, el Elíseo, de acuerdo con los ministerios de Industria y Sanidad, propone autorizar la producción de Hépar “de forma transitoria”, en “todas las perforaciones”, a pesar de que algunas de ellas presentan “vulnerabilidades”, y recurrir, en contra de la normativa vigente, a una filtración de 0,2 micras.

Este proyecto será aprobado el 23 de febrero de 2023 por el gobierno tras la validación del Elíseo. Las botellas seguirán vendiéndose... Nestlé no cambiará su sistema y seguirá cometiendo fraude durante más de diez meses, extrayendo agua especialmente contaminada de uno de los manantiales de Hépar (cuya perforación, Essar, fue suspendida en mayo de 2023).

Contactado por Mediapart, Nestlé sigue ofreciendo los mismos elementos de comunicación: “la microfiltración no es un tratamiento no conforme” y “la seguridad alimentaria siempre ha estado garantizada”. Cuando se le preguntó sobre la frecuencia de contaminación de sus aguas explotadas ininterrumpidamente desde al menos 2020, precisó que había suspendido algunas perforaciones “debido a su sensibilidad a los imprevistos climáticos”.

Esta nota también revela otra disfunción que tampoco se comunicó a las autoridades: la falta de limpieza frecuente de los elementos de desinfección, ocultados hasta 2022, para evitar que los inspectores de la ARS los descubrieran: “El tratamiento del agua (microfiltros) de Hépar se encuentra en un edificio aislado. […] Los microfiltros se han instalado en una habitación separada, las tuberías de alimentación y retorno de esta unidad de tratamiento están ocultas en una habitación subterránea […]. Son muy difíciles de limpiar”.

A eso se refieren los ingenieros cuando hablan de una “situación muy crítica”.

Nota confidencial de Nestlé de junio de 2022, en su totalidad y en su versión original en inglés. Nestlé

Traducción de Miguel López

Nuestros aljibes naturales están desapareciendo bajo los efectos combinados del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Esto es, en esencia, lo que revela el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre la valoración de los Recursos Hídricos 2025, publicado el viernes 21 de marzo.

“Las montañas representan el 25 % de la superficie terrestre, pero generan hasta el 60 % de los flujos anuales de agua dulce en el mundo”, recordó Abou Amani, director de la División de Ciencias del Agua de la Unesco, durante la conferencia de prensa de presentación del informe. No obstante, el estudio de la ONU indica que los glaciares de todo el mundo “se están derritiendo a un ritmo sin precedentes” y que las aguas de las cadenas montañosas suelen ser “las más expuestas y vulnerables” a la catástrofe ecológica.

“Para finales de siglo, los glaciares del Himalaya podrían perder hasta el 80 % de su volumen actual”, señaló en la misma conferencia la glacióloga Heidi Sevestre. “Ningún glaciar del mundo se libra hoy en día de los desajustes climáticos”.

A modo de ejemplo, el informe de la ONU subraya que en África oriental, los glaciares del monte Kenia y del Kilimanjaro deberían desaparecer antes de 2040. En los Alpes, los efectos del calentamiento global en los glaciares, la nieve y las aguas de montaña podrían conducir a una disminución del caudal anual de los ríos de un 35 % para 2100 en comparación con 2006.

Los glaciares del Hindu Kush-Pamir, en la región del Himalaya, se están reduciendo a un ritmo alarmante: en el período 2011-2020, su deshielo se aceleró en un 65 % en comparación con la década anterior. Peor aún, en América Latina, varios de ellos ya han desaparecido, como el Ventorrillo (México), el Chacaltaya (Bolivia) o el Humboldt (Venezuela).

Estos datos corroboran un análisis inédito de la evolución mundial de los glaciares —excluidos los casquetes polares de la Antártida y Groenlandia— durante el período 2000-2023, publicado en febrero en la revista Nature. Un consorcio internacional de científicos ha estimado que, desde el año 2000, los glaciares del mundo han perdido el 5 % de su volumen inicial. Cada segundo, su deshielo produce el equivalente a tres piscinas olímpicas de agua.

Los glaciares de los Alpes y los Pirineos han perdido aproximadamente un 40 % en menos de un cuarto de siglo, lo que sitúa a estas cordilleras entre las zonas del planeta con mayor pérdida relativa de hielo. Los investigadores también han registrado un preocupante récord de pérdida de masa glaciar a escala global en 2022 y 2023, como consecuencia de las sucesivas olas de calor.

Ante este ritmo sin precedentes, las consecuencias para la población humana resultan desastrosas. Como ha precisado Abou Amani, “más de mil millones de personas viven en regiones montañosas, y más de dos mil millones dependen directamente del agua procedente de las montañas, por su agua potable o sus medios de subsistencia”.

Las zonas montañosas y sus recursos hídricos son fundamentales para sectores económicos como la silvicultura, la ganadería o la producción de energía. “En 2013, el 85 % de la energía hidroeléctrica producida en América Latina procedía de fuentes situadas en zonas altas”, se puede leer en el informe de las Naciones Unidas.

La situación actual es, como mínimo, crítica: en los países del Sur, al menos la mitad de los habitantes de las zonas rurales de montaña están expuestos a la inseguridad alimentaria, “siendo las mujeres y los niños los más amenazados”, insiste el informe. Cuatro mil millones de personas, es decir, la mitad de la población mundial, ya se enfrentan a la escasez de agua durante parte del año.

Según los expertos de la ONU, el deshielo de los glaciares y la disminución de las precipitaciones relacionadas con el cambio climático afectarán “hasta dos tercios de los cultivos de regadío” en todo el mundo. En Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, el agua de montaña es crucial para el cultivo de alimentos básicos como la patata, el maíz y la quinoa. En esos países andinos, la agricultura representa “entre el 3 y el 13 % del producto interior bruto y emplea entre el 7 y el 34 % de la población activa”, detalla el informe.

Por último, la ONU especifica que algunos de los principales ríos dependen en más de un 90 % de fuentes de montaña, como el Colorado, cuyo agua es esencial para unos 40 millones de personas en América del Norte. Sujeto a la sequía durante los últimos veinte años, el Colorado podría ver empeorar la degradación de la calidad de su cuenca hidrográfica con el calentamiento global, que hace que las precipitaciones caigan más en forma de lluvia, un agua que se vierte en el valle mucho más rápidamente que la nieve de las montañas.

A pesar de la importancia clave de las montañas en nuestro planeta, que se encuentran “en la confluencia de las crisis del agua, el clima y la biodiversidad”, el informe concluye que los glaciares y las aguas de montaña están asombrosamente lejos de las prioridades diplomáticas internacionales. De hecho, las políticas en torno al agua se estructuran generalmente en torno a las “cuencas fluviales más pobladas”, reduciendo las montañas a fuentes de suministro en origen de los usuarios. En cuanto a los glaciares de montaña, siguen adoleciendo de lagunas en materia de “actividades de vigilancia e investigación a largo plazo”.

Y los expertos de las Naciones Unidas recuerdan, en forma de alerta: “De una forma u otra, todos vivimos río abajo de una montaña”.

Traducción de Miguel López

En los últimos días del mes de noviembre se ha representado en la capital valenciana una comedia musical de Daniel Tormo y otros, basada en textos de Lope de Vega, con el mismo título que la comedia considerada de capa y espada de Lope, que se perdió: El agua de Valencia. El espectáculo, que tenía que estrenarse en los primeros días de noviembre, fue aplazado por la dana y se ha reducido a una semana.

Ni la comedia, con título tan significativo de Lope ni la de Tormo se refieren al agua como tema principal y fuente de vida y muerte en Valencia y su provincia, a pesar de que para la época de Lope ya se habían producido 11 riadas catastróficas en Valencia desde que hay datos de la primera en 1321. Tampoco en la de Tormo, porque, según referencias, “combina humor, drama y espectáculo para acercar al público la rica tradición del Siglo de Oro”. “Como en las mejores comedias urbanas de Lope de Vega, esta es una historia de unos jóvenes que aman, escriben, luchan y tratan de hacerse un hueco en un mundo que no siempre les favorece”.

Quien sí se ha explicado con mucho detalle y documentación sobre el agua de Valencia es el paisano valenciano e historiador Justo Serna, el cual en un artículo en Babelia ( 8/11), escribe como título y resumen "La lluvia no sabe llover, una historia cultural de las riadas en Valencia”. Describe Serna y coloca a Valencia, sus caseríos  y sus huertas, desde su fundación en la época romana, sobre “una superficie aterrada del río Turia en la Hispania Citerior”. Sus consecuencias: las riadas periódicas  y ahora la catastrófica dana. Un artículo-tratado imprescindible y solvente para una reconstrucción eficaz y duradera de la grandísima destrucción de la dana. A pesar de que pertenecemos al primer mundo, y de que se desoyeron las alarmas y que la indignación está justificada, sin la ayuda del Estado no se hubiera reconstruido un puente sobre el Turia en Riba-Roja en un mes. Creo que fue Compromís el que hizo un encendido elogio del grito: “solo el pueblo salva al pueblo”. La solidaridad ha sido abundante, necesaria, pero retirar 120.000 vehículos, y reponerlos, restablecer las comunicaciones, las viviendas, las escuelas e institutos, la red eléctrica y de aguas no se puede lograr sin los recursos e impuestos del Estado. El neoliberalismo fracasa en estos tiempos.   

Con un cuarto del siglo XXI transcurrido, no podemos sino relacionar directamente la dana con el cambio climático derivado del desarrollo intenso industrial a nivel mundial de todos los países. La acción del hombre sobre la naturaleza y los recursos limitados que la misma nos ofrece es innegable. Un primer dato: según WWF, “en España, el 24 de mayo ya habíamos consumido todos los recursos que la tierra puede regenerar en ese año. En términos económicos sería como agotar el saldo disponible y entrar en números rojos”.

Se debate en estos tiempos si la vida comenzó en el agua, pero lo que no admite discusión es que sin agua no hay vida duradera y extensa. Un recurso escasísimo. Si nos atenemos a los datos históricos, de los 25 episodios registrados de riadas desde 1321 a 1957,  hubo 4  riadas en el siglo catorce, 3 en el siglo quince, 5 en el dieciséis, 3 en el diecisiete, otras 3 en el dieciocho, 5 en el diecinueve y una en el veinte, la de 1957.  Ahora que algunos siguen haciendo apología del franquismo, el desvío del Turia se inauguró doce años después ¿ qué hubiera pasado si la riada de 1957 hubiera tenido las consecuencias catastróficas de la dana? La prevención no es una cualidad que nos haya distinguido a los españoles. Nuestra tradición cristiana y acientífica nos lo ha impedido. Fraga Iribarne reiteraba desde la tribuna: ”La lluvia la manda Dios”. La deducción, pues, no es que las riadas hayan sido más frecuentes últimamente, pero sí más intensas y más destructivas. La relación con el cambio climático es innegable, porque las danas son más globales, tanto en España como en el resto del mundo.

El agua, pues, es un recurso natural escaso. Cuando llueve sin control, porque destruye bienes y arrastra a personas indefensas, pero también cuando se prolongan los periodos de sequía con resultados también muy catastróficos. Conociendo que la tierra es un planeta azul porque el 97% en ella lo ocupa el agua de los mares y océanos, solo poco más del 2,5%  es agua dulce, pero no apta para el consumo inmediato porque está congelada en un 70%. El agua potable representa solo el 0.007%, siendo las aguas subterráneas, aguas invisibles, pero de una importancia incalculable.

Las  aguas subterráneas y los acuíferos son imprescindibles para muchos usos. Por su enorme  utilidad  en la agricultura, sin tener en cuenta su utilidad pública más allá, se han construido cientos de pozos ilegales para el riego por parte de particulares. También de las aguas subterráneas, de los acuíferos y de los manantiales se sirven las industrias y empresas para el embotellado de sus aguas. Agua que se nos vende en las tiendas, quioscos y supermercados a un precio no barato. Según la Federación Europea de Aguas Envasadas ( EFBW), ”en 2018, España fue el cuarto país de la UE que más agua embotellada consumió. Superó los 6.300 millones de litros de agua”. Puedo certificar, por experiencia propia, ese afán consumidor. En un tiempo en el que yo veraneé unos años en Denia, los veraneantes primeros de julio y agosto llenaban sus carros en los supermercados, junto a otros productos, con decenas de botellas de agua. 

Según las noticias difundidas por los medios, en  los primeros días de la dana, la UME distribuyó 200.000 litros de agua embotellada. Al no poder restablecerse  la red de tuberías y el servicio a las viviendas, muchas destruidas, es de suponer que esa cantidad se haya multiplicado por dos o por cinco. Porque su consumo depende de la confianza que se tenga en  el agua que llega por los grifos.  Puede que sea el momento de debatir si la captación, explotación y comercialización de las aguas minerales naturales y la de los manantiales esté en manos de industrias y empresas particulares que obtienen con ella importantes ganancias.       

Dice el art. 1.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas: las aguas continentales, superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico. A su vez, el Real Decreto 1798/2010 de 30 de diciembre regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano. Este texto es una transposición de las normas y directivas europeas. ¿Ha llegado el momento de que la Comisión Europea, recién aprobada, el Parlamento europeo y los gobiernos que la integran revisen a quién corresponde la competencia de la captación, explotación y comercialización de las aguas señaladas? Es el momento. La modificación del clima lo exige.

PD: Otro asunto del que comentar. En cinco días se cierra el plazo para presentarse a las elecciones de Presidente de la Federación española de fútbol, que se resiste a morir en su forma de gobernarla y no quiere renunciar a la Presidencia. Inhabilitado en su día Rubiales, inhabilitado ahora Pedro Rocha por la Audiencia Nacional, los barones territoriales manejan que Rafael Louzán, otro inhabilitado, se presente a las elecciones de Presidente. Los barones territoriales, que llevan años viviendo de la Federación y del fútbol, pretenden seguir con  el fortín que han creado durante décadas. Acuso al Gobierno y a la ministra de Educación y Deportes y al Consejo Superior de Deportes de su escasa  intervención. Acuso al fútbol femenino de sustraerse a su responsabilidad y acción para intervenir al grito de “Se acabó". Nuestra Lucha es una lucha global. He visto una foto de Teresa Abelleira con Rafael Louzón, a raíz de la conquista del Mundial. Los barones saben cómo ganarse a las futbolistas importantes para que influyan en las demás. Acción, acción, acción.

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Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.

El 27 de Julio de 2023, el Secretario General de Naciones Unidas nos avisó de que hemos pasado de la era del calentamiento global a la de la ebullición global. Aquí, en España, las temperaturas son insoportables. No hay agua y Andalucía “se seca”.  

La Unión Europea y organizaciones de Naciones Unidas como la FAO y el PNUD proponen dejar de ver a la Naturaleza como perversa, como un enemigo al que domesticar en aras al progreso y la modernidad, sino, precisamente, que planteemos soluciones en las que contemos y nos aliemos con la naturaleza. De esta manera podremos mantener y mejorar el bienestar de los ciudadanos ante estos retos fuera de control.  

De acuerdo con el último informe de seguimiento de la sequía del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), a principios de agosto la cantidad de agua embalsada en las cuencas de Andalucía estaba entre las peores de España. Especialmente las de Guadalete-Barbate (18,7%), Guadalquivir (20,8%), y  Mediterráneas Andaluzas (28,9%). Las previsiones meteorológicas ya advirtieron de una primavera seca y un verano muy seco, largo y caluroso. Es equiparable a la gran sequía del 91 al 95, pero en esta además de la duración y de la reducción de las precipitaciones, se añaden las olas de calor, factor hasta ahora inédito, y señal del cambio climático. Ahora mismo las temperaturas están alcanzando récords históricos y si el nuevo año hidrológico continúa como el actual, ¿los pueblos y ciudades de Andalucía habrán entrado  directamente en “ebullición”? 

La reducción de las reservas en los embalses y el descenso de los niveles de los acuíferos se explican en parte por la falta de lluvias y la evaporación, pero fundamentalmente por los desembalses recurrentes para las campañas de riego y por las extracciones de agua de los acuíferos, que no se han recuperado por el  aumento continuo de hectáreas de riego –y que utilizan el 77% de los recursos disponibles– . 

La provincia de Córdoba lleva viéndose especialmente afectada desde hace años pero ahora ya está llegando la sequía a toda Andalucía, incluso a sitios donde nunca había habido problemas de agua. Es el caso de una docena de localidades y aldeas de la sierra de Huelva, donde ya están sufriendo cortes en el suministro  doméstico, entre ellas Aracena e Higuera de la Sierra, uno de los lugares en los que se encuentran parte de los embalses que abastecen al área metropolitana de Sevilla. Con los cortes de agua se espera poder aumentar las reservas de los depósitos municipales de estas localidades al evitar durante las horas de la noche las fugas de agua, que se producen por el mal estado de las redes de distribución.  

En Málaga, el embalse de la Viñuela, que es el principal reservorio de agua para consumo humano de muchos de los municipios de la Axarquía, y con una importante demanda para su uso en regadíos de la comarca, contiene solo 14 hectómetros cúbicos, el 8,48 % de su capacidad total.  

Por el momento en Jáen, Granada y Almería no ha habido restricciones de agua para la población o para sus  visitantes, aunque puede que ocurra si persiste la falta de lluvias. El Negratín en Granada es el segundo embalse más grande de Andalucía y está tan solo al 21% de su capacidad. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha estado restringiendo las dotaciones de agua para riego. Los regantes del arroz en la desembocadura decidieron por ello no producir este año y vender “sus dotaciones reducidas” a los regadíos de Almería a través del trasvase Negratín-Almanzora, desde la cabecera  del río. Sin embargo, la cesión de derechos desde este punto es un mecanismo que en situaciones extremas como esta supone que se usen los recursos al límite, cuando de otra manera se hubiesen mantenido en el río o disponibles en los embalses como margen de seguridad para los municipios de la propia cuenca.  

Además, existen crecientes y sostenidas demandas de agua de riego incluso para cultivos de secano. Ante la falta de lluvias, el regadío quiere asegurarse agua a cualquier precio. El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), bajo la dirección y coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, está llevando a cabo la operación chaak contra el presunto uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales en la zona de la Axarquía malagueña, donde han sido investigados 299 aprovechamientos hídricos, entre pozos, sondeos o balsas.  

En Granada la propia planificación hidrológica de la CHG está planteando proyectos como el del trasvase de agua del río Castril desde el Embalse del Portillo, lo que se ha encontrado con una oposición sostenida, cuando no una verdadera guerra del agua entre David y Goliat, por parte de los agricultores tradicionales y las poblaciones del altiplano de Granada. El Castril, quizá uno de los pocos ríos protegidos que se mantiene en un estado mejor que bueno en Andalucía, se desviaría por una conducción para el abastecimiento de Baza, porque depende de un acuífero cuyas extracciones no se controlan y está sobreexplotado. La presión principal es para que el riego del olivar pueda multiplicar sus beneficios y para la incipiente agricultura intensiva que se está instalando en el Altiplano de Granada, con empresas agroindustriales de la región de Murcia, que se están desplazando al reclamo que supone la ampliación de riegos de 7.000 nuevas hectáreas. Un ejemplo de lo que  está por venir en otros sitios de España ante el drama de la sequía. 

Es evidente que ha llegado el momento de actuar de otra forma frente a la falta de agua. Se ha avanzado desde la última gran sequía como en Almería por el avance de la desalación. Sin embargo, la trasformación del  modelo de ciudad y de la economía para hacerla menos dependiente del agua es urgente y necesaria.  Tradicionalmente en España, como en muchos otros lugares, los problemas de falta de agua se han tratado de  solucionar buscando más recursos, lo que es imposible ya que llueve cada vez menos. Sin embargo, para que las necesidades puedan seguir siendo cubiertas en el futuro, nuestro foco debe estar en facilitar, y no impedir, las funciones del ciclo hidrológico natural, además de ajustar nuestros usos de agua a los recursos disponibles. Para ello es necesaria una transformación del modelo de ciudad y un cambio estructural de la economía, especialmente la de regadío, protegiendo al regadío tradicional y apoyando la transición justa hacia otra forma  de desarrollo rural.  

Este nuevo planteamiento se justifica, entre otras cosas, porque nuestros acuíferos –el gran recurso  estratégico frente a las sequías y el cambio climático– están en gran medida agotados o tremendamente deteriorados por la contaminación, especialmente en el medio rural donde, muy a menudo, se carece de alternativas de fuentes de agua. En muchos lugares de Andalucía y del resto de España, el uso del agua subterránea no es sostenible y la cada vez más reducida precipitación es incapaz de regenerar nuestros acuíferos al mismo ritmo que extraemos para regar. Por si fuera poco, impermeabilizamos nuestras ciudades, con lo que impedimos la infiltración en nuestros acuíferos del agua de la que dependemos y el pavimento aumenta el efecto Isla de Calor.  

La sequía es un fenómeno impredecible, pero ya convertido en estructural como compañero de viaje. Un  fenómeno que hace imprescindible más planificación ante la incertidumbre, y más flexibilidad. Requiere blindar realmente los sistemas de los abastecimientos ante la contaminación y las fugas, modificar los sistemas de monitoreo que tenemos, y tener en cuenta no solo el impacto de las sequías en la actividad agraria sino también en la economía de las zonas urbanas, en el bienestar de las personas y el medio  natural. Por ello, de acuerdo con nuestra legislación, el consumo humano es el último uso que se restringiría pero vemos que esto no es tan sencillo y no es siempre el caso. Las áreas urbanas de más de 20.000 habitantes están obligadas por ley a tener planes de emergencia, con acciones que van desde  campañas de concienciación por un consumo responsable al racionamiento. Hay planes en Cádiz, Sevilla, en los sistemas de Emproacsa, Huesna, Lucena, Puerto Real o Chiclana de la Frontera. Sin embargo, en estos momentos, en el Guadalquivir, de los 19 municipios mayores hay cuatro que aún no los han presentado. La situación en las cuencas internas gestionadas directamente por la Junta de Andalucía va más  allá y exige que los preparen los municipios de más de 10.000 habitantes. ¿Pero hasta cuándo vamos a estar  sin movernos en la dirección adecuada apuntada? 

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Josefina Maestu es economista del Agua, profesora Honorifica de la Universidad de Alcalá, exdirectora de la Oficina de Naciones Unidas del Decenio del Agua.

Luis Babiano es antropólogo del Agua y gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS).

El 53 % de los mayores lagos del mundo están en declive y almacenan menos agua que hace tres décadas, según un estudio que publica ha publicado la revista Science. Estos depósitos naturales contienen el 87% del agua dulce líquida superficial de la Tierra. Además, proporcionan servicios ecosistémicos esenciales y son un componente clave de los procesos biogeoquímicos mundiales.

Según los autores, liderados desde el instituto CIRES de la Universidad de Colorado en Boulder (EEUU), este decrecimiento se debe principalmente al cambio climático –por el aumento de las temperaturas y la reducción de los caudales que provocan la evaporación–, el consumo humano y la sedimentación en los embalses.

“Se trata de una especie de ‘desastre progresivo’, ya que se produce a lo largo de años y décadas. El resultado de la sedimentación, por ejemplo, será que los embalses podrán almacenar menos, con lo que serán menos fiables para el suministro de agua dulce y energía hidroeléctrica, sobre todo en países con embalses bastante antiguos”, dice a SINC Fangfang Yao, investigador visitante del CIRES, actualmente en la Universidad de Virginia (EEUU).

La descarga de sedimentos puede ayudar a su eliminación. Las tasas de sedimentación de los embalses se aceleran con el cambio climático, debido al aumento de las precipitaciones extremas, así como a alteraciones del terreno como incendios forestales, corrimientos de tierras o la deforestación. “Si tomamos medidas sobre estos aspectos, se puede paliar el impacto del cambio climático en los embalses”, argumenta el científico, que se motivó para realizar esta investigación a raíz de la desecación del Mar de Aral entre Kazajstán y Uzbekistán.

El estudio se centró en el almacenamiento de agua en lagos y embalses con datos de nueve satélites diferentes utilizando una técnica innovadora para reconstruir los datos de almacenamiento de agua en el pasado. Con esta nueva metodología, los autores pretenden dar a los gestores del agua y a las comunidades una idea de cómo proteger mejor estas fuentes de agua, fundamentales para los ecosistemas regionales. Además, proporcionan un mapa interactivo con las tendencias y controladores del almacenamiento mundial del agua de los lagos.

Entre las masas de agua estudiadas se encuentran 17 lagos peninsulares, 13 de ellos en territorio español. “Aproximadamente la mitad (entre el 40% y el 60%) de los grandes lagos de la península ibérica estaban perdiendo agua. En general, los lagos de Europa occidental están en declive. Pero dos embalses recientemente llenados, los lagos Baixo Sabor y Alqueva, en Portugal, muestran un aumento del almacenamiento de agua. El lago Alarcón, en España, también muestra un aumento del almacenamiento de agua”, puntualiza el investigador.

Los resultados del trabajo subrayan la importancia de tener en cuenta estos efectos en las futuras estrategias de gestión de los recursos hídricos superficiales. Las actividades humanas directas, como la construcción de presas y el consumo de agua, así como el actual cambio climático, amenazan cada vez más estos recursos hídricos esenciales.

“Hay que tener cuidado con el uso del agua en los años de sequía. Si los agricultores se preocupan en exceso por la pérdida de cosechas y utilizan demasiada agua para regar, puede amplificar la sequía y provocar descensos de nivel en los lagos aguas abajo.

Aumentar la concienciación y hacer que se informe sobre el uso del agua será útil para evitar desastres medioambientales en los lagos durante los años de sequía”, continúa Yao.

Para el nuevo trabajo, el equipo utilizó 250.000 instantáneas del área de los lagos captadas por satélites entre 1992 y 2020 para estudiar la superficie de 1.972 de los mayores lagos de la Tierra. Recogieron los niveles de agua con nueve altímetros de satélite y utilizaron datos de agua a largo plazo para reducir cualquier incertidumbre.

En el caso de los lagos sin registros a largo plazo, emplearon mediciones del agua realizadas con instrumentos más recientes en los satélites. La combinación de mediciones de nivel con indicadores de superficie a más largo plazo, es lo que les permitió reconstruir el volumen de los lagos décadas atrás.

“La pérdida de agua de los lagos prevalece en las principales regiones del mundo, como el oeste de Asia Central, Oriente Medio, el oeste de la India, el este de China, el norte y el este de Europa, Oceanía, Estados Unidos, norte de Canadá, sur de África y la mayor parte de Sudamérica”, afirma el experto.

Yao y su equipo también evaluaron las tendencias de almacenamiento en los embalses. Y descubrieron que casi dos tercios de los más grandes experimentaron pérdidas significativas de agua.

"La sedimentación dominó la disminución global del almacenamiento en los embalses existentes", asegura Ben Livneh, otro miembro de CIRES.

Aunque la mayoría de los lagos del mundo se están reduciendo, el 24% experimentó aumentos significativos en el almacenamiento de agua. Los que están en crecimiento tienden a estar en zonas poco pobladas del interior de la meseta tibetana y las Grandes Llanuras del Norte de Norteamérica, así como en zonas con nuevos embalses, como las cuencas de los ríos Yangtsé, Mekong y Nilo.

Los autores calculan que aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, 2.000 millones de personas, reside en la cuenca de un lago que se está secando, lo que indica la urgente necesidad de una gestión sostenible de los recursos hídricos.

"Si el consumo humano es un factor importante en la disminución del almacenamiento de agua de los lagos, entonces podemos adaptarnos y explorar nuevas políticas para reducir la disminución a gran escala", concluye Livneh.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia Sinc, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

El cambio climático podría obligar a unas 216 millones de personas de seis regiones a desplazarse dentro de sus países para el años 2050, según un nuevo informe del Banco Mundial recogido por Europa Press.

La segunda parte del informe Groundswell, publicada este lunes, concluye que los "impactos del cambio climático de evolución lenta" sobre la disponibilidad de agua, la productividad de los cultivos y el aumento del nivel del mar van a someter a los medios de subsistencia y al bienestar humano a una presión cada vez mayor.

El análisis se basa en un primer informe publicado en 2018, siguiendo el mismo enfoque de modelización basado en escenarios, que abarcaba el África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina, añadiendo proyecciones de Asia Oriental y el Pacífico, el norte de África y Europa Oriental y Asia Central.

Así, el informe indica que "la migración interna provocada por el clima podría aumentar en las próximas tres décadas", afectando "a las regiones más pobres y vulnerables con mayor intensidad" y amenazando con revertir los avances en materia de desarrollo. Según las proyecciones, en África Subsahariana hasta 86 millones de personas tendrían que migrar por el cambio climático para 2050, mientras en Asia Oriental y el Pacífico podrían ser hasta 49 millones y en Asia Meridional, 40 millones.

 "Los países podrían ver la aparición de focos de migración climática ya en 2030, que luego seguirán intensificándose y expandiéndose", han manifestado al respecto Kanta Rigaud y Viviane Clement, las dos autoras principales del informe.

Han añadido que, no obstante, "la ventana para actuar sigue abierta". "Ciertamente, reducir las emisiones y garantizar que el desarrollo sea ecológico, resiliente e inclusivo es el núcleo para frenar el coste humano del cambio climático", han subrayado. Según el informe, reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y garantizar un desarrollo inclusivo y resistente podría reducir la migración climática interna hasta en un 80 por ciento.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno está trabajando para ampliar la prohibición de los cortes de suministros básicos como agua, luz y calefacción a personas vulnerables, aunque no ha precisado si esto se incluirá en el decreto antidesahucios o en otro aparte, según informa Europa Press.

"El Ministerio para la Transición Ecológica fue el órgano que promovió que hubiera prohibición de corte de suministro de luz, agua o calefacción y vamos a seguir trabajando en esta dirección, pero sería anticipado transmitir si va a ir en el mismo decreto ley (de desahucios) o en otro", ha precisado Montero este martes 1 de diciembre durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En cuanto al decreto antidesahucios, la ministra ha indicado que el Ministerio de Fomento "está trabajando por incorporar a colectivos que no estaban en el decreto ley anterior, que eran prepandemia", es decir, colectivos que ya estaban en una situación de vulnerabilidad antes de la pandemia provocada por el covid-19.

"El Gobierno, por boca del ministro Ábalos, ha ido trasladando en las últimas semanas que se encuentra trabajando en la reedición de un decreto que permita prolongar esta situación incluso ampliándola a colectivos previos a la pandemia que también podrían tener vulnerabilidad", ha precisado la portavoz del Gobierno, al tiempo que ha añadido que esperan poder presentar el decreto "en breve".

La sequía más dura de la historia de España se produjo de forma continuada entre 1991 y 1995. Sus efectos fueron devastadores tanto para la ciudadanía, a quien se llegó a limitar el consumo de agua en un 30%, como para el sector agrícola, que perdió entre 30.000 millones y 42.000 millones de euros con las malas cosechas. La situación de escasez puso de manifiesto el insostenible sistema hidrológico del país y una gestión de sequías que no era, ni mucho menos, la más adecuada.

¿Qué pasó?

Entre 1991 y 1995 se produjo el ciclo de sequías más grave de la historia del país. Durante los tres primeros años, los recursos hídricos se encontraban al 28% de su capacidad habitual, y en 1995 se redujeron al 15%, lo que llevó a que doce millones de personas sufrieran restricciones en el consumo de agua en sus fases más duras —en algunos casos, la demanda tuvo que reducirse al 30%—. Hubieron de tomarse medidas urgentes que, a corto y medio plazo, buscaban paliar los estragos de un periodo seco que el entonces director general de Obras Hidráulicas definió como "a todas luces el peor del siglo".

La situación de sequía llegó a su fin con las lluvias de diciembre de 1995 y no ha vuelto a darse una situación similar hasta la de 2017, en algunos casos comparable por su incidencia en las zonas más áridas de España.

Este fenómeno no es desconocido en nuestro país. El Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (CRED, según las siglas en inglés) destaca el sureste de España y las islas canarias como una de las zonas más áridas, al tiempo que una de las principales demandantes de agua, lo que lo convierte en un territorio especialmente vulnerable a las sequías. De ahí que fueran las regiones más afectadas por los ciclos secos de 1991 a 1995.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

Algunas fuentes apuntan a que el inicio del ciclo de fuertes sequías puede remontarse incluso al verano de 1989, en el que las deficiencias de agua en el Duero y un sistema del río Zadorra obligaron a limitar al consumo, primero para el regadío agrícola y, más tarde, para el área metropolitana de Bilbao. Aquel año, 1,2 millones personas tuvieron que adaptar sus necesidades de agua corriente a los nuevos horarios, que solo les permitían utilizarla de seis de la mañana a seis de la tarde. A pesar de todo, el periodo más grave tuvo lugar entre 1991 y 1995, con especial incidencia en los dos últimos años del periodo.

Las precipitaciones se miden en términos de año hidrológico que, en España, va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. Así, en el año hidrológico 1993/1994 se registraron 200mm —200 litros de agua por metro cuadrado—, mientras que en el siguiente año hidrológico la cantidad se redujo a 196mm. Es decir, prácticamente la mitad que los años anteriores, cuando se habían recogido unos 365mm de media, y mucho menos de lo que se considera un índice normal de precipitaciones, en torno a los 650mm.

La ciudadanía se vio obligada a reducir su consumo de agua hasta en un 30%. En el caso de Sevilla, que se vio especialmente afectada por la sequía del Guadalquivir, se impusieron restricciones al consumo de diez horas diarias, en las que la población recibía agua de escasa calidad. Los sevillanos se vieron en la tesitura de tener que comprar agua embotellada, lo que suponía un gasto conjunto de unas 1.000 millones de pesetas mensuales —unos seis millones de euros—. Incluso se llegaron a poner en marcha planes de evacuación ante la imposibilidad de abastecer a la población.

Tampoco las plantaciones agrícolas se libraron de los estragos de la sequía. El regadío consume normalmente el 80% de las reservas de agua anuales. Más del 40% de las superficies de cereales, patatas y cultivos forrajeros se quedaron sin agua, lo que supondría unos 120 millones de euros en pérdidas solo en 1995 —para todo el periodo, las pérdidas se estiman entre los 30.000 millones y los 42.000 millones de euros—.

Existen dos formas de hacer frente a una sequía: como crisis, aportando soluciones inmediatas y no previstas en los presupuestos anuales con el objetivo de suplir la falta de agua e indemnizar las pérdidas económicas; o como un escenario más en el plan de costes anual, en el que la previsión es un factor clave. A pesar de la constancia de las sequías en España, la estrategia siempre ha sido del primer tipo. Sobre la noción de que nuestro país tiene un déficit estructural de agua, la sequía se entendía, simplemente, como un agravante que se sucede de forma ocasional y con diferente grado de intensidad.

La sequía de 1995 forzó un cambio de paradigma a este respecto y, en los dos últimos años del ciclo seco, se intentó implementar algún tipo de previsión—tanto legal como económica— para mitigar los efectos del estiaje. Se pasó de una gestión de crisis a una gestión de riesgos.

Se puso en marcha la elaboración del Plan Hidrológico Nacional (PHN) que, no obstante, el Consejo Nacional de Aguas bloqueó. El PHN se centraba demasiado en los trasvases de agua entre comunidades como única solución al desequilibrio de abastectimiento entre las regiones del país, lo que "exacerbó las guerras del agua". Así lo indica el geólogo Manuel Ramón Llamas en una investigación sobre el caso, afirmando que esta crispación entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana ya existía, pero que en esta ocasión llegó a afectar incluso a Portugal.

En lugar del PNH, se desarrolló un Plan de Metasequía a finales de 1994, que sería implementado si la situación no mejoraba en la primavera siguiente. Su objetivo era, casi exclusivamente, atender los desabastecimientos provocados por la sequía. Como la temporada estival de 1995 fue tan dura, se planteó la creación de pozos comunitarios que suplieran la falta de agua en las regiones más necesitadas. Sin embargo, las lluvias de finales de año paralizaron cualquier plan en esta dirección, como también frenaron la idea de invertir en empresas de perforación.

La sequía de 1995 resaltó la importancia de conocer los recursos de agua subterránea de los que se disponían y, lo que es más importante, conocer los acuíferos de los que extraerla. Un estudio del Instituto Geológico y Minero de España apunta que el éxito o fracaso de las extracciones de agua subterránea en esa época se vio directamente condicionado por el nivel de conocimiento que se tenía sobre el acuífero.

¿Cómo se informó de ello?

La tensión creciente en la ciudadanía por efecto de las limitaciones en el consumo del agua se reflejó también en la prensa, que criticó ampliamente la actuación del Gobierno y la falta de consenso sobre la reforma hidráulica que los expertos consideraban esencial para prevenir crisis similares en el futuro. Tuvo especial relevancia en la prensa el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional, que había levantado todo tipo de tiranteces sociales y políticas.

Destacan titulares como los que ofrecía ABC sobre la "incapacidad" de Josep Borrell, por entonces ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y principal impulsor del fallido PNH. Desde El País se atendía la polémica de los trasvases como un "tema espinoso". Ya en 1996, con los estragos de la dura sequía todavía presentes, este medio publicó un editorial titulado "Agua sin plan" en el que criticaba duramente la inactividad del nuevo Gobierno con respecto a la planificación hidráulica: "España requiere un Plan Hidrológico, empeño en el que el PSOE fracasó. La llegada del PP podía hacer esperar que conseguiría alumbrarlo, y no ignorarlo".

¿Qué consecuencias tuvo?

Las restricciones al consumo de agua por parte de la población y el sector agrícola son las dos consecuencias más graves e inmediatas de la sequía, pero van fuertemente ligadas a una consecuencia de carácter económico. Se produjeron pérdidas productivas anuales de entre 30.000 y 42.000 millones de euros y el Estado invirtió en medidas de emergencia que costaron unos 600.000 euros en total.

En 2001, se aprobó un Plan Hidrológico Nacional que, entre otras medidas, contemplaba la implantación de un sistema de indicadores de estado hidrológico, imprescindibles para conocer el estado de las cuencas y preveer la necesidad de abastecimiento y que se aprobaron finalmente en 2007. Además, proponía el desarrollo de Planes Especiales de Sequía de los Organismos de cuenca y Planes de Emergencia para los Abastecimientos urbanos en poblaciones de más de 20.000 habitantes.

Una de las soluciones habituales contra las sequías, los trasvases de agua entre cuencas, suponían un importante conflicto entre la región de origen del agua y la de destino. Por ello, empezaron a adoptarse otro tipo de medidas. De acuerdo con una investigación difundida por el Instituto de Publicación Digital Multidisciplinario, la desalación es la "alternativa más apropiada" a los trasvases para España, ya que el recurso primario —agua de mar— no depende de las condiciones climáticas y es más que abundante en la costa mediterránea. Gracias a este método, el estudio asegura que se han reducido notablemente las consecuencias negativas de la sequía en la cuenca del Segura, aunque no pudo implementarse en 1995 por falta de recursos tecnológicos.

El agua que abastece al sudeste español sigue siendo principalmente la que procede de trasvases (48,74%), pero la desalación representa ahora un 20,25% del total y el reciclaje de aguas residuales un 4,79%. La desalación no se ha incorporado aún a la demanda del sector agrícola porque supone un coste demasiado elevado. Por su parte, la reutilización de aguas residuales es una de las alternativas "que mejor se adaptan a los principios de desarrollo sostenible", pero su rechazo por parte de la sociedad para un uso doméstico impide que pueda implementarse con un mayor impacto.

Las consecuencias ecológicas de la sequía de 1995 no fueron cuantificadas por las instituciones oficiales. En su lugar, Greenpeace elaboró en 2017 un informe sobre el impacto de este fenómeno en la naturaleza, en el que destaca su incidencia sobre los incendios forestales, pero también en la fauna de ciertas regiones, en especial, sobre el oso pardo y algunas aves.

¿Qué aprendimos?

En los últimos 25 años se han introducido cambios estructurales en el tratamiento de las sequías que han permitido que se pase definitivamente de una gestión de crisis a una gestión de riesgo. Durante 2017 y 2018 se revisaron los Planes Especiales de Sequía para que concordaran con los nuevos criterios de los Planes Hidrológicos de 2016 en cuanto a establecimiento de recursos, caudales ecológicos, condicionantes del cambio climático y demandas. Además, se redefinieron los conceptos de sequía y escasez de modo que los planes de actuación se ajustaran a cada caso.

Por otro lado, debemos tener presente que el cambio climático influirá notablemente en la incidencia de las sequías, de modo que, si la situación no mejora y las temperaturas globales siguen aumentando, se producirá una importante reducción de las precipitaciones que, además, se volverán más irregulares. En concreto, las lluvias en la península se reducirán en torno a un 15%, al tiempo que aumentarán los periodos secos y la desertificación del territorio.

La creación del SINAC no tuvo en cuenta los criterios normativos ni principios definitorios de la normativa de las Naciones Unidas en relación al agua. La constitución de este Sistema se simultaneó con la publicación de la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que define el alcance y contenido del derecho humano al agua. Si bien se podría haber aprovechado para incorporar todo lo referido a la participación, transparencia y rendición de cuentas que se contemplaba en esta Observación General, no se hizo.

La configuración del Sistema se basó en:

a) Concretar los procedimientos de acceso a la información recopilada y la obligatoriedad de reportar anualmente el estado de la calidad del agua de consumo humano, los incumplimientos, las características de las zonas de abastecimiento e infraestructuras y las inspecciones sanitarias.

b) Definir los usuarios del SINAC, que incluyen a los municipios, empresas abastecedoras, laboratorios y administraciones autonómicas y central. Como también la forma de gobernarlo que, siendo coordinado por el Ministerio, sería gestionado por un Comité Técnico formado por representantes de los usuarios del Sistema. Con esto, cumplía el ordenamiento legal establecido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, toda vez que se reconocía el papel regulador de los ayuntamientos de los servicios del ciclo.

c) Obligar a que las entidades responsables del suministro y la calidad del agua -municipios, que son los titulares del servicio, gestores de abastecimiento, autoridades sanitarias y Ministerio de Sanidad- aporten los datos necesarios para asegurar la transparencia en el ciclo integral en lo referente a la calidad del agua de consumo.

En este sentido, resulta paradójico que un instrumento destinado a favorecer la transparencia en el ciclo integral urbano del agua no se ajuste a estos principios cuando se trata de su gobierno y funcionamiento interno. Efectivamente, en la gestión del SINAC, a través de su Comité Técnico, no se contempla la participación de la ciudadanía ni se cuenta con un reglamento público que establezca los criterios de elección de sus integrantes, los plazos de funcionamiento, su planificación ni los procedimientos de transparencia y rendición de cuentas de este órgano de gobierno. Por lo que se refiere al acceso a la información, la destinada a la ciudadanía está ciertamente restringida y su acceso a través de la aplicación informática disponible es muy limitada y no se ajusta a las buenas prácticas internacionales en relación con los datos abiertos, lo que disuade de su utilización. Consecuentemente, no se cuenta con un instrumento esencial y adecuado para la rendición de cuentas del SINAC.

El Tribunal de Cuentas, en su Informe 1.344 de Fiscalización sobre el control sanitario del agua, detecta una serie de deficiencias en el propio SINAC relativas a la necesidad de generalizar la recopilación de datos a todos los municipios del Estado. Esto es, la de asegurar la actualidad y representatividad de los datos recopilados y su necesaria revisión y homogeneización. También apunta a la falta de justificación de las coberturas del abastecimiento y las dotaciones mínimas garantizadas -que son datos aportados a instituciones internacionales como la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud-. Señala, a su vez, la carencia de procedimientos de seguimiento de los incumplimientos detectados y de la realización de las medidas correctoras y la necesidad de que todos los laboratorios que realizan los controles del agua estén debidamente acreditados -en 2017 no consta que el 53,14% lo estuvieran-. Por último, el Tribunal resalta que en los informes anuales que preceptivamente tiene que publicar el SINAC deben reflejarse las deficiencias en la calidad de los datos que se hayan detectado, cosa que no se hace en la actualidad.

En resumen, el Tribunal de Cuentas pone en evidencia una serie de carencias de funcionamiento del SINAC que afectan desde la recopilación de datos hasta la publicación de la información sobre el estado de la calidad del agua de consumo humano. Configuran, de este modo, un escenario que es necesario reconsiderar y corregir inmediatamente. Sin embargo, a pesar de lo contundente del informe, no se tienen noticias de que se hayan abordado las medidas para solventar las deficiencias detectadas.

En este contexto, la Red Agua Pública (RAP) reivindica una urgente y profunda revisión del SINAC que, en el contexto actual, resulta especialmente necesario por el papel relevante que puede jugar tanto en la revisión de la Directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, como en su transposición a la legislación española. Tal revisión debería contemplar, al menos, los aspectos siguientes:

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Gonzalo Marín y Erika González son miembros de la plataforma Red Agua PúblicaGonzalo Marín Erika González

A Nestlé le crecen los enanos en Francia. Tras conocerse el proceso judicial abierto contra una representante municipal de Los Vosgos [Este de Francia] por beneficiar ilegalmente a la multinacional, ahora las perforaciones efectuadas por la firma suiza y la pasividad de las autoridades públicas se encuentran en el disparadero. Se estima que la multinacional ha extraído más de mil litros de agua, al margen de la ley, para su comercialización como Contrex y Vittel. Agua que podría haberse destinado a los municipios de la zona, donde los recursos escasean.

En la denuncia, presentada este lunes 15 por France Nature Environnement (FNE), UFC-Que choisir Vosges y la Association de sauvegarde des vallées et de prévention des pollutions (ASVPP), se acusa a Nestlé de “explotación de perforaciones y extracciones de agua sin permiso” en las localidades de Vittel y Contrexéville. Una infracción que puede ser sancionada con un año de prisión y 75.000 euros de multa.

En total, las asociaciones han denunciado al menos nueve de los 28 sondeos explotados por la empresa, frente a las ocho perforaciones que recientemente reconocía Nestlé “en proceso de regularización administrativa”. El 13 de mayo se daba una versión oficial tras la emisión del programa Pièces à conviction, que reveló algunas de estas malas prácticas. La multinacional, que ha encargado la comunicación de este asunto a una agencia parisina especializada en comunicación de crisis, no ha querido responder a las preguntas de Mediapart (socio editorial de infoLibre).

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Mediapart, los nueve pozos de Nestlé en litigio parece no estar sujetos a “ninguna autorización para operar”. Las organizaciones ecologistas y de consumidores se basan, en concreto, en un estudio de impacto realizado por la empresa Antea sobre la actividad del embotellador suizo en la región en febrero de 2019, en el que se enumeran nueve de estos pozos en los siguientes términos: “Explotación para la que se ha solicitado una solicitud de autorización de extracción”.

Este documento técnico estudia el daño ocasionado por Nestlé a los débiles recursos hídricos de la región. Y los números son de vértigo. Sólo uno de los pozos ilegales, bautizado como Great Source, extrajo más de 900.000 metros cúbicos de agua del subsuelo sin ninguna autorización entre 2007 y 2017, para venderla embotellada bajo la marca Contrex. Otro, llamado Grande Source Sud, bombeó más de 600.000 metros cúbicos de agua entre 2013 y 2017, que luego se comercializó bajo la marca Vittel. A esto, hay que sumarle cientos de miles de metros cúbicos de agua extraídos anualmente de los otros siete pozos de Nestlé para ser embotellados, con fines termales o de riego. O lo que es lo mismo, cientos de millones de litros anuales.

La Prefectura de Los Vosgos está al tanto de la existencia de estos pozos ilegales desde hace varios años, como lo demuestra un decreto de noviembre de 2016. En este documento administrativo, que las asociaciones esgrimen como prueba de la benevolencia con que los poderes públicos tratan a Nestlé, se invita a la empresa a enviar “al prefecto, en el plazo de un año a partir de la firma del presente decreto, una solicitud de autorización en virtud del artículo L214-3 del Código del Medio Ambiente” para la toma de muestras de las perforaciones en litigio. Casi cuatro años después, el procedimiento aún no se ha completado y el agua sigue fluyendo.

Acusada directamente, la prefectura de Los Vosgos le resta importancia: “No hay ninguna exclusiva en las supuestas revelaciones del Collectif Eaux 88. El trabajo de regularización de las autorizaciones relativas a las perforaciones de Nestlé Waters es un trabajo iniciado hace mucho tiempo. Se trata de un proceso técnico complejo, algunas de las autorizaciones son antiguas. Dicho proceso sigue los pasos establecidos en el procedimiento reglamentario, que se basa en estudios de impacto que validan la admisibilidad para el entorno”.

Jean-François Fleck, responsable de Vosges Nature Environnement y coautor de la denuncia, rechaza de plano estos argumentos: “La antigüedad de la explotación de ciertas perforaciones no es una excusa. Deberían haber sido regularizados o haber presentado una solicitud de autorización para perforar ya en 1993”.

Más allá de la denuncia, las asociaciones pretenden demostrar la parcialidad del Estado a la hora de arbitrar entre las necesidades hídricas de las localidades y Nestlé. Para ello, las asociaciones toman el ejemplo de la gestión de las aguas de la capa freática del Muschelkalk. Este embalse de la región está considerado un recurso hídrico alternativo para las poblaciones locales desde 2013, para hacer frente al déficit crónico de la capa freática de la arenisca del Triásico inferior.

El nivel de esta última ha venido disminuyendo desde los años 70, tanto “debido a un contexto hidrogeológico particular como a una alta concentración de extracciones”, según el Servicio Geológico Nacional de Francia. En 2016, en contra de todas las expectativas, el agua del Muschelkalk queda excluida de los escenarios de sustitución por la Comisión Local del Agua (CLE, por sus siglas en francés), incluso considerando durante un tiempo la construcción de tuberías para el agua potable.

¿La razón oficial de la exclusión del agua de Muschelkalk por parte de la CLE y la Prefectura en 2016? El agua de la superficie estaría en parte demasiado mineralizada y sería demasiado cara de explotar. Además, las perforaciones municipales tendrían que ser aprobadas primero por Nestlé. Una nota técnica de la prefectura de marzo de 2018, a la que ha tenido acceso Mediapart, muestra que algunos de estos argumentos presentados por el Estado eran simple y llanamente falsos. “No hay ninguna exclusividad de Nestlé Water Supply Est sobre los depósitos hidrominerales de Vittel y Contrexéville, ni ninguna autorización que se deba obtener”, precisa el documento, contradiciendo a su propia institución.

Sin embargo, la nota confirma que la empresa embotelladora disfruta de una posición dominante en esta capa. Nestlé “puede pedir al prefecto que suspenda los trabajos” en cualquier nueva perforación “hasta que presente una solicitud de ampliación de sus perímetros de protección y la obtenga”. En otras palabras, cuando a la empresa suiza no le gusta una operación de perforación, aunque sea legal, puede hacer que se suspenda.

Si el mastodonte del agua mineral controla las aguas subterráneas de Los Vosgos de esta manera, es porque el Estado le ha permitido obtener dicha ventaja. En 2015, mientras que los expertos públicos siguen desaconsejando oficialmente el uso de las aguas subterráneas del Muschelkalk en los municipios con problemas de suministro, a Nestlé se le conceden dos perforaciones a hurtadillas. Para Jean-François Fleck, presidente de Vosges Nature Environnement, esta situación se asemeja a una “estrategia de explotación monopólica de esta capa freática por parte de Nestlé Waters con la complicidad del Estado”. Una estrategia destinada a preservar el empleo a toda costa, en un departamento que ya tenía una de las tasas de desempleo más altas del Este del país antes del confinamiento.

Hoy en día, a medida que crece la controversia en torno a los pozos que ha concedido a Nestlé a lo largo de los años, la prefectura de Los Vosgos está abriendo tímidamente la puerta a la utilización del agua del Muschelkalk para uso comunitario. “Si bien los acuíferos calcáreos del Muschelkalk contienen potencialmente una gran cantidad de agua, ésta no es necesariamente explotable debido a la heterogeneidad del acuífero (generalmente de baja productividad, con una mineralización que puede ser elevada)”, explican los servicios de la prefectura, antes de admitir que este recurso “encaja con el enfoque multiyacimiento”.

Para Jean-François Fleck, este ajuste de la doctrina de la prefectura sobre la explotación del agua del Muschelkalk esconde cierta hipocresía. “El Estado reconoce el potencial del acuífero con reservas que no son dignas de Nestlé Waters, a quien concede cientos de miles de metros cúbicos de agua potable al año sólo en la zona de Suriauville. ¡Volúmenes de agua que pueden ser fácilmente canalizados a las redes públicas locales!”, añade el responsable de la asociación.

Aunque aún se espera una solución duradera para los recursos hídricos de la región, se prevé que el verano será caluroso y seco en el este de Francia. En el verano de 2018, la Prefectura reconoció a 38 comunas –incluidas Contrexéville y Vittel– la condición de “desastre natural por los daños causados por la sequía”. Las localidades de Lignéville y Dombrot-le-Sec tuvieron incluso que ser abastecidas con camiones cisterna, mientras que el fabricante suizo de agua embotellada saca agua de calidad, potable, a sus puertas.

En lo peor de la crisis, la multinacional llegó a proporcionar a los habitantes de Lignéville “1 botella de agua por persona y día”, para que no abusaran del agua corriente.

Traducción: Mariola Moreno.

Leer el texto en francés:

Las consecuencias de la pandemia que afrontamos revelan realidades que no percibíamos. Hemos empezado a redefinir prioridades, a considerar la utilidad real de la ciencia, a hablar en términos de probabilidad, no de certezas; a trabajar en base a escenarios, no en plazos; a demandar datos, indicadores y gráficos, no consignas; a actuar con flexibilidad, no con dogmas; a comprender la necesidad de la resiliencia frente a la optimización mal entendida; a conjugar la responsabilidad individual con la corresponsabilidad colectiva; a descubrir el poder de la colaboración frente a la polarización. Ahora, los pasos atrás son tan importantes como los pasos hacia adelante y las rectificaciones pueden ser actos de responsabilidad y no solo las dimisiones. 

Uno de los primeros conceptos que hemos aprendido en esta etapa es el concepto de servicios esenciales. Mientras discutíamos si las peluquerías y las tintorerías eran o no servicios esenciales, el Real Decreto del 14 de marzo, que declaraba el estado de alarma para hacer frente a la crisis del covid-19, no recogía el reconocimiento expreso de los servicios de abastecimiento y el saneamiento de agua como esenciales. Esto fue subsanado rápidamente el 22 de marzo con la publicación de una nueva Orden, no a petición de partidos políticos en su labor de control al Gobierno, sino gracias a la colaboración de agentes del sector que mostraron su responsabilidad para garantizar la prestación de esos servicios.

Mientras nos abalanzamos durante los primeros días de confinamiento a adquirir productos de primera necesidad y descubríamos nuestra, a veces irracional, composición de la cesta de la compra, todos los días hemos realizado decenas de actos inconscientes que implican el consumo de agua: lavarnos las manos, los dientes y tirar de la cadena, ducharnos, cocinar alimentos con agua, lavar ropa y platos, fregar suelos o adquirir fruta, verduras, carnes, etcétera, alimentos que a su vez han requerido grandes cantidades de agua.

Detrás de cada grifo y de cada inodoro hay una gran cantidad de trabajadores esenciales (más de 27.000 empleos directos solo en el ciclo urbano del agua) que trabajan para que a todos nos llegue todo el agua necesaria con una alta calidad. A los que se suman los empleos procedentes de laboratorios, fabricantes, servicios asociados y todos aquellos trabajadores que suministran a industrias y al sector agrario, consumidores de más del 70% del total. 

El agua ha sido uno de los servicios esenciales que ha desarrollado su labor de forma más silenciosa, un sector que ha adoptado medidas adicionales de protección y cuya comisión de seguimiento semanal —en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con los principales actores— no ha generado ruedas de prensa posteriores ni atención mediática. Además, estamos ante uno de los sectores que más aportan a la innovación, como muestran los avances realizados para que las aguas residuales sean una vía para la evaluación y detección precoz de este virus e incluso de futuras pandemias.

Todos tenemos claro que hay cuestiones que deben cambiar tras la pandemia, ¿y el agua? ¿Nos hemos preguntado algo sobre el agua? Desde los cortes de suministro causados por las sequías de la década de los noventa y su politización con motivo del trasvase del Ebro, el sector ha procurado mantenerse fuera del foco mediático. Esto, unido a su éxito a la hora de ofrecer un servicio ininterrumpido de alta calidad a precio asequible, ha convertido al agua en un sector silencioso, no exento de retos de futuro que deberíamos entender y atender.

Los distintos escenarios climáticos nos indican que, a pesar de los esfuerzos para aplanar la curva, el cambio del clima ya está aquí y aún no hemos preparado a nuestra sociedad para los riesgos y cambios que vamos a vivir. El cambio climático va a generar en nuestro país un incremento de las temperaturas medias, un alargamiento de los veranos, de las noches tórridas, de las olas de calor, un aumento de la temperatura del agua marina, del nivel medio del mar, una disminución de las precipitaciones, de los caudales medios de los ríos y de la recarga de los acuíferos; además de una expansión del clima de tipo semiárido, un incremento de las sequías y de los sucesos de lluvias torrenciales e inundaciones.

Esto provocará numerosas consecuencias, entre las cuales destaca la disminución de los recursos hídricos, en cantidad y en calidad, lo que va a tener implicaciones para la agricultura y la ganadería, el abastecimiento urbano, la producción hidroeléctrica, la industria, el turismo y la salud de nuestros ecosistemas. El recientemente publicado Informe Peseta IV (Projection of Economic impacts of climate change in Sectors of the UE based on bottom-up Analysis) señala a España como uno de los países de la UE que más sufrirá las consecuencias de la crisis climática. Más de 29 millones de españoles vivirán en áreas con estrés hídrico.

Los retos del agua

El agua es clave en este cambio climático, pero, ¿hemos previsto cómo adaptarnos a él? Aquí tenemos una buena noticia: existe un plan de desescalada para una nueva normalidad climática. En el mes de mayo se publicaron dos nuevos borradores de planes de adaptación al cambio climático, uno europeo y otro estatal, donde el agua cobra especial protagonismo. España fue pionera en publicar un plan estatal de adaptación al cambio climático en 2006, pero nunca ha existido un ambiente social más propicio para comprenderlo que el actual, marcado por el covid-19. El cambio climático y la crisis del virus comparten similitudes y lecciones que mejorarán nuestra lucha frente a los riesgos climáticos. 

Además, al igual que el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Estado cuenta con la Oficina Española de Cambio Climático y, al igual que el Instituto de Salud de Carlos III, existe la Agencia Estatal de Meteorología, entre otros. Pero, ¿dónde reside la mala noticia? Simplemente en un temor: ¿Haremos caso en la toma de decisiones a la Oficina Española de Cambio Climático como ahora lo hacemos al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia Sanitarias o seguiremos relegando sus consideraciones como hacíamos con ambos antes de esta crisis sanitaria, o quizá solo lo hagamos cuando ya la amenaza tenga un impacto desbordante?

Son muchos los desafíos del agua. La planificación hidrológica sigue siendo esencial, si bien no puede basarse en el pasado. Lo que antes ocurría, ya no va a suceder. Se debe trabajar con la incertidumbre de los modelos climáticos y sus escenarios, apostar por el trabajo científico y técnico para actualizar el conocimiento sobre el impacto del cambio climático en la gestión de los recursos hídricos. Resulta necesario, asimismo, crear para cada cuenca hidrográfica una estrategia de adaptación a largo plazo, que además atienda a nuestra asignatura pendiente, alcanzar una adecuada calidad de las masas de agua. 

El sector que más hay que atender es el agrícola, con un consumo de agua en España estimado superior al 70%. La agricultura debe mejorar su corresponsabilidad. Ya no solo sirve la modernización de regadíos, sino que, además de acabar de desarrollar la reutilización y la desalación, también debe adoptar planes ante la sequía y planes de adaptación que transformen sus modelos de explotación de acuerdo a las exigencias climáticas. Esto requiere también apoyo a la producción local, a su comercialización e incentivar a los agricultores. 

Encrucijada económica

Si hemos visto la importancia de la capacidad del sistema sanitario y la necesidad de generar sistemas resilientes ante situaciones fluctuantes, sería necesario conocer la situación de nuestras infraestructuras del agua. Según un estudio de la Cátedra Aquae de Economía del Agua de la UNED y AEAS, solo para el ciclo urbano del agua, se estima que España posee un valor aproximado de estas infraestructuras de 207.492 millones de euros (redes y plantas de tratamiento de agua potable y depuradoras de aguas residuales, entre otras infraestructuras). 

En la renovación de este patrimonio se invierten 585 millones de euros anuales, entre un 70% y un 80% menos de lo necesario. Esto está provocando un envejecimiento del sistema. Si no se mantiene y se fortalece, como ha pasado con el sistema sanitario, puede sufrir problemas reales operativos, especialmente cuando se tenga que hacer frente a sucesos extraordinarios.

Otro gran reto es la gobernanza. Nuestro intricado desarrollo normativo y nuestra compleja estructura administrativa, en un recurso que reúne a actores e intereses contrapuestos, ha generado una forma de organización que requiere cambios, como demuestra la próxima publicación del Libro Verde de la Gobernanza del Agua. Este informe tiene como objetivo avanzar en la construcción colaborativa de un modelo de gobernanza del agua que permita afrontar todos estos restos presentes y futuros.  

Esta pandemia puede cambiar nuestra forma de pensar, permitir que comprendamos mejor estos fenómenos globales para realizar una gestión más preventiva y adaptativa que minimice riesgos, sitúe como prioridad la salud y no deje a nadie atrás. Pero, no nos engañemos, nos encontramos en una encrucijada representada por dos maneras de proceder.

Por un lado, se encuentran aquellos que consideran necesario reactivar la economía de la forma más rápida posible, incluyendo la desregularización de las normativas fiscales y ambientales, consideradas como lastres para la economía. Este es el camino que parece que ya han emprendido Gobiernos autonómicos como Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia o Madrid, relajando las exigencias ambientales a nuevos proyectos o ampliaciones, facilitando la ocupación del dominio público hidráulico o anunciando modificaciones de leyes para liberar aún más suelo, vieja receta con viejas consecuencias. 

En segundo lugar, están quienes consideran, ahora más que nunca, que esta situación supone una oportunidad para activar la economía bajo el enfoque de un pacto verde europeo o Green New Deal, que incluya una mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollo de la economía circular y conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Este último es el camino expresado el pasado 9 de abril, cuando más de una decena de ministros de Medioambiente de la UE pidieron que los programas de reconstrucción se alineasen con los planes para atajar la crisis climática y la pérdida global de biodiversidad, utilizando el Green New Deal europeo como marco para impulsar esta recuperación.

Por supuesto, elegiría el segundo camino. No obstante, se generarán transformaciones reales cuando surja lo que los epidemiólogos denominan inmunidad de rebaño, cuando más de un 60% de la población tenga anticuerpos, es decir, hayan cambiado de forma de pensar. Tampoco sabemos si estos anticuerpos durarán el tiempo que requiere estas transformaciones o serán doblegados por la necesidad de una subida inmediata de un indicador miope y cortoplacista como el PIB.

Para conseguir que este pacto verde europeo y sus planes de desarrollo, como el Plan de Acción de Economía Circular o la nueva Estrategia Industrial Europea, impregnen a la sociedad, es necesario que permee a través de procesos de diálogo, espacios de trabajo y acciones participativas. Es necesario, ahora que todos vamos a tener que realizar un gran esfuerzo de recuperación, que al menos aprovechemos esta oportunidad para activar cambios.

* Este artículo está publicado en el número de junio de tintaLibre, a la venta en quioscos. Puedes acceder a todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí o suscribirte aquí.aquí

La reserva hidráulica ha vuelto a bajar esta semana, en concreto, 178 hm3, hasta situarse al 58,9% de su capacidad total, debido a la escasez de precipitaciones. Así, lo embalses almacenan actualmente 32.738 hm3 de agua.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico, las precipitaciones han sido escasas esta última semana en la vertiente Atlántica y casi nulas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián, con 13,5 l/m2.

Por ámbitos, la reserva se encuentra al 78,1% en Cantábrico Oriental; al 73,2% en Cantábrico Occidental; al 80% en Miño-Sil; al 83,5% en Galicia Costa; al 85,7% las cuencas internas del País Vasco; al 73,2% por ciento, el Duero y al 54% el Tajo.

Además, Guadiana está al 41,2%; Tinto, Odiel y Piedras, al 80,3%; Guadalete-Barbate, al 51,8%; Guadalquivir, al 47,6%; la Cuenca Mediterránea Andaluza al 54,3%; Segura, al 39%; Júcar, al 47,3%; Ebro, al 79,2%; y las cuencas internas de Cataluña, al 92,8%.

De este modo, los embalses guardan 32.738 hm3 de agua, una cifra muy similar a la del año pasado (32.801 hm3), pero inferior a la media del último decenio, que se sitúa en 36.796 hm3

Cierra el mandato 2015-2019, que prometía marcar un hito con las llamadas "remunicipalizaciones", es decir, el rescate de servicios públicos para su gestión directa por parte de los ayuntamientos. Aún es pronto para saber si este interés ha supuesto sólo un paréntesis en medio de una época de privatizaciones o la apertura de una larga etapa de reversión. Lo que sí se puede saber ya es que la conclusión del periodo llega con el ambicioso plan de "desprivatizaciones" –el otro término al uso– cumplido sólo a medias. Jamás se había avanzado tanto en la materia, en un cambio de tendencia que se da significativa pero no única en los llamados "ayuntamientos del cambio", aquellos gobernados por fuerzas vinculadas a Podemos, IU y otros partidos a la izquierda del PSOE. Pero queda mucho, sobre todo en la gestión del agua. El panorama resultante se podría resumir así: se ha desprivatizado más que nunca, pero menos de lo previsto.

"Ha habido un cambio, claramente. Es un comienzo. Esto es un aprendizaje. Se necesitan cuatro años más, o incluso más tiempo, para consolidarlo. Yo creo que dentro de cuatro años habrá más pueblos y ciudades con gestión pública", señala Luis Babiano, gerente de la Asociación Españolas de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). Babiano ciñe su análisis al agua, el servicio municipal más sensible. Aeopas estima que el 50% de la gestión municipal del agua en España está en manos privadas. Pero no es un estudio oficial. Ni la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ni el Gobierno ofrecen estudios oficiales sobre el volumen de servicios gestionados por privados.

Para llenar este vacío, la Plataforma por la Remunicipalización de Madrid acaba de publicar un informe, que abarca de 2010 a 2019 y que –admiten sus autores– no garantiza que no se escapen desprivatizaciones que hayan pasado inadvertidas. Con los datos ofrecidos, contrastados con los de Aeopas y los manejados por sindicatos y fundaciones defensores de la gestión pública de los servicios públicos, es posible componer una panorámica de las remunicipalizaciones en España. Y salta a la vista una primera conclusión: el empeño ni es exclusivo, ni es original de los "ayuntamientos del cambio", que sí le han dado fuerza, cohesión, dirección y liderazgo, situándolos en primera línea del debate político local.

La segunda conclusión es cuantitativa: en el periodo 2010-2019 se han municipalizado al menos 90 servicios, un fenómeno que no abarca sólo rescate de servicios de gestión privada parte de ayuntamientos, sino también de mancomunidades, así como algún caso aislado de creación de nuevo servicio público antes inexistente. Más de 65 servicios corresponden al periodo 2015-2019. La cuenta se ha hecho por servicios. Es decir, si se rescata una concesión con dos servicios no se considera una remunicipalización, sino dos. La comunidad donde más remunicipalizaciones ha habido es Cataluña (26); paradójicamente, es la autonomía con mayor índice de concertación en la educación y la sanidad. Después van Madrid, Andalucía (16 cada una), Castilla La Mancha (9) y Galicia (5).

Las desprivatizaciones abarcan agua, recogida de residuos, limpieza viaria, de playas y de edificios, ayuda a domicilio, atención al ciudadano, televisión local, mantenimiento de arbolado y jardinería, aparcamientos, multas, recaudación, laboratorio, alumbrado, grúa, piscina... La remunicipalización más abundante es la de la gestión del agua, con 25 servicios. "A veces se habla sólo de remunicipalizar. Y es importante. Que se haya remunicipalizado en Valladolid es un avance importantísimo. O en Terrasa [que rescató el servicio tras 75 años en manos privadas]. Pero no sólo hay que mirar ahí, o a lo que han conseguido las grandes ciudades. Ha habido avance en la gestión. Las empresas del agua de Sevilla, Cádiz y Córdoba, emblemáticas, muy robustas, que ofrecen servicios de calidad, han hecho avances en transparencia y rendición de cuentas", señala Luis Babiano.

No sólo los gobiernos "del cambio"

No hay que mirar sólo a los ayuntamientos con marchamo de "cambio": Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Santiago, Ferrol y Cádiz. Ha habido desprivatizaciones en otros municipios. Y antes. Cazorla (Jaén), Lucena (Córdoba), Mogán (Gran Canaria), Torrelavega (Cantabria), Ermua (Bizkaia) y los municipios barceloneses de Arenys de Munt, Figaró-Montmany, Vilalba Sasserra y Santa Maria de Palautordera, entre otros, municipalizaron el agua antes del actual mandato. Pasaia-Pasajes (Gipuzkoa) lo hizo con la limpieza en 2014. Guardamar del Segura (Alicante) es otro municipio pionero. El fenómeno predomina en la izquierda, pero no es exclusivo. Arteixo (A Coruña), estando gobernada por el PP, remunicipalizó el agua en 2013 por los incumplimientos de la concesionaria Aqualia.

Medina Sidonia (Cádiz), tras la entrada de IU en 2011, culminó en 2015 el proceso con el agua, la recogida de residuos y la limpieza. "No me gusta llamarlo 'remunicipalizar'. Prefiero 'renacionalizar'", afirma su alcalde, Fernando Macías, que afirma que cuando FCC se encargaba de la limpieza había una zona, el Prado de la Feria, que estaba fuera de contrato. "Había que hacerlo como servicio extraordinario. Se encarecía mucho", señala.

Dificultades técnicas

El alcalde Macías, que ha impulsado una gran empresa de servicios públicos (Medina Global) y presume de haber sido pionero en la implantación del "mínimo vital", admite que los procesos de privatización son de gran complejidad técnico-jurídica. Los ayuntamientos empeñados en la remunicipalización coinciden en que las conocidas como "leyes de austeridad" aprobadas durante la etapa del PP (2011-2018), la reforma de la administración local y la reforma del artículo 135 de la Constitución dificultan la tarea.

Además, los modelos de colaboración público-privada tienen tradición en España. "Desde el siglo XIX vienen empleándose fórmulas de colaboración público-privada, tanto contractuales como institucionales, que han conocido en estos últimos 15 años una fuerte expansión", señala el catedrático de Derecho Administrativo José María Gimeno Feliú en su artículo Remunicipalización de servicios y derecho comunitario (2016). "La técnica de remunicipalización –añade– tiene importantes límites derivados del derecho europeo".

De Botella a Carmena

Para ninguno de los gobiernos "del cambio" las remunicipalizaciones han sido un camino de rosas. Pero tampoco se han quedado en el dique seco. En todas ha habido avances, a pesar de las dificultades. El Ayuntamiento de Madrid, durante el periodo de Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha municipalizado la funeraria –que gestiona cementerios, tanatorios y crematorios–, cinco aparcamientos, el teleférico de la Casa de Campo y el servicio de alquiler de bicicletas Bicimad. Queda en el tintero Calle 30, que gestiona la M-30. "Lo tenemos avanzado. Es una empresa mixta, lo ideal es que pase a ser 100% municipal", señala Jorge García Castaño, concejal de Economía y Hacienda. También se retrasa la remunicipalización de tres polideportivos. Las cosas no son fáciles técnicamente.

"Los contratos firmados durante la etapa de [Ana] Botella de limpieza viaria y alumbrado público acaban en 2021", explica García Castaño. ¿Se descarta alguna remunicipalización? No es que se descarte, explica el concejal, "pero con las escuelas infantiles hemos optado por una gestión indirecta que da entrada a la economía social y no prima el precio". "Estamos satisfechos", añade. En cuanto al agua, el caso de Madrid es particular porque corresponde al Canal de Isabel II. Su gestión es pública y no exclusivamente municipal.

Colau: del agua a Betevé

Con Ada Colau en la alcaldía, el Gobierno local de Barcelona ha comprobado que la casuística de la remunicipalización es amplia. Se ha desprivatizado la atención a mujeres, así como varias guarderías municipales, mantenimiento de arbolado y control de plagas. El ayuntamiento ha creado una comercializadora energética y ha habilitado servicios como el dentista municipal. "Es un servicio que no existía en lo público y hemos creado", señala Eloi Badía, concejal de Presidencia, Agua y Energía.

El gran caballo de batalla ha sido el agua, de gestión mixta y que ha enfrentado al Gobierno de Colau con Agbar. No se ha logrado remunicipalizar. "Ha habido mucha litigiosidad, sobre todo con el agua. Agbar ha judicializado incluso la consulta ciudadana. Estamos perplejos, y a la vez más convencidos que nunca [de la gestión pública del agua]", añade. También se han quedado en el tintero la funeraria y la atención domiciliaria. Queda pendiente la ejecución de un acuerdo con las educadoras de calle para su "internalización", explica Badía.

En el canal de televisión local Betevé, explica el concejal, "nos encontramos con una cesión ilegal de trabajadores". "Eran servicios externalizados con los trabajadores en las dependencias municipales, con ordenadores del ayuntamiento. Una intrusión", explica.

Badía asegura que la situación general era de "descontrol". "Nos hemos encontrado situaciones en que estaba privatizado el pliego y el seguimiento, todo".

El escollo del agua

La dinámica de las dos mayores ciudades se extiende al resto. Algunos logros, algunos retos pendientes. Valencia ha recuperado aparcamientos y servicios culturales y ha creado nuevos mecanismos de control sobre la gestión. El alcalde, Joan Ribó (Compromís), ha descartado remunicipalizar el agua por el alto coste de romper la concesión.

Zaragoza (con el gobierno de Zaragoza en Común) ha rescatado el servicio de atención telefónica, tras un proceso lleno de sobresaltos judiciales. El Gobierno local está en fase de recuperación de la depuración de aguas. El suministro de agua ya es público.

Santiago de Compostela (Martiño Noriega, Compostela Aberta) ha remunicipalizado la asesoría jurídica, el aparcamiento regulado y la grúa. Para el próximo mandato, el Gobierno local pretende remunicipalizar el agua. "En Santiago el servicio lleva 36 años en manos de la misma empresa, con un contrato que fue sucesivamente prorrogado a cambio de medidas cuestionables como la concesión de un préstamo de 2 millones de euros para la financiación de actividades culturales en 2010, que se acabó de pagar este año a un interés del 7%, préstamo que el propio Consello de Cuentas de Galicia consideró irregular", señala un portavoz municipal.

En Ferrol (Jorge Suárez, Ferrol en Común) se ha desprivatizado el servicio de socorrismo, pero no ha sido posible con la recogida de basuras, ni con el agua. A Coruña (Xulio Ferreiro, Marea Atlántica) ha avanzado en la desprivatización de bibliotecas. La gestión del agua es pública.

El Ayuntamiento de Cádiz, con el alcalde José María González Kichi gobernando en coalición de Por Cádiz Sí Se Puede e IU, ha rescatado servicios de salvamento y socorrismo, limpieza de arena y gestión de módulos de la playa –vestuario y sanitarios–, así como el izado y arriado de una bandera de España. El proceso ha dominado la agenda política local y aún tiene pendientes flecos judiciales. Fuentes municipales señalan que las "reticencias" del secretario y el interventor han puesto las cosas más difíciles de lo que ya eran. En Cádiz la gestión del agua es pública.

Óscar Puente contra el "lobby del agua"

Ningún gobierno local "del cambio" ha remunicipalizado el agua, bien porque ya es pública (Madrid, Cádiz, A Coruña), bien porque el proceso ha sido hasta ahora inviable. Sí lo consiguió el Ayuntamiento de Valladolid, concretamente en 2017. Y el tema aún colea.

El alcalde, el socialista Óscar Puente, se ha desatado esta misma semana denunciando en Twitter el mal perder de los perdedores de dicha privatización. Puente arremete contra el "lobby del agua" y expresamente cita a Ramón Tamames y a los exministros socialistas Francisco Caamaño y Valeriano Gómez, a los que acusa de promover la privatización de servicios a través del observatorio Osur.

"Neocaciquismo" y Jerez

De vuelta con Luis Babiano, el gerente de la Asociación Españolas de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) señala que aún queda camino para que se instale la idea de que "lo privado debe ser auxiliar de lo público, no al revés". "No olvidemos que en su día lo público floreció porque lo privado fracasó. En Sevilla, por ejemplo, fracasó la compañía de agua de los ingleses [The Seville Waterworks]. La privatización se había producido como una forma de neocaciquismo", señala.

¿Se proyecta ese "neocaciquismo hacia hoy? Babiano cree que hay ejemplos insoportables, como la privatización de la gestión del agua por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a manos del PP en 2012, con un contrato de 80 millones por 25 años adjudicado a Aqualia (FCC). "El agua se entendió aquí como caja financiera. Con los ingresos se enjuagaban algo las cuentas, se pagabas algunas deudas... A la larga es una gran pérdida", afirma Babiano. Habrá que esperar para ver regresar la gestión del agua en Jerez a manos públicas. De momento, en 2017, con un nuevo gobierno del PSOE, el ayuntamiento remunicipalizó la ayuda a domicilio. Algo es algo.

Río de Janeiro, Brasil. Junio de 1992. Políticos, diplomáticos, científicos, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) de 179 países se reúnen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). Durante el encuentro, denominado también 'Cumbre de la Tierra', se recomendó la creación de un día internacional dedicado al agua. Y lo aprobaron: designaron el 22 de marzo del año siguiente como el primer Día Mundial del Agua. Pero meses antes de llegar a esa fecha, la Asamblea General de las Naciones Unidas ya aprobó que no sólo se celebraría en 1993. Todos los 22 de marzo serían Día Mundial del Agua. Este viernes es el vigésimo sexto.

Se celebra, como todos los años anteriores, en torno a un lema: "No dejar a nadie atrás" es el de 2019. "Se trata de una adaptación de la promesa central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: todo el mundo debe beneficiarse del progreso del desarrollo sostenible", según explica la propia ONU. Y es que una de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible consiste en "garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos de aquí a 2030". "Por definición, eso significa no dejar a nadie atrás", dice la institución.

Porque hay gente atrás. Según el informe Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene, realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef, 2.100 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares. Además, una de cada cuatro escuelas primarias en todo el mundo carece de abastecimiento de agua potable, y los alumnos consumen agua de fuentes no protegidas o pasan sed —tal y como evidenció Unicef. Por otro lado, más 700 niños menores de cinco años mueren todos los días de diarrea causada por agua insalubre —también según Unicef. Y alrededor de 4.000 millones de personas padecen una escasez grave de agua durante, al menos, un mes al año —tal y como recogió un artículo en Science Advances.

Podríamos estar enumerando datos similares varios párrafos más. Y eso es una mala señal. Significa que, evidentemente, la desigualdad está presente hasta en lo más básico. Y que haya una desigualdad hidrológica es, en el fondo, un atentado contra un derecho humano. Así lo calificó la ONU en el año 2010, cuando reconoció que "el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos".

Imagen de la campaña del Día Mundial del Agua 2019. | ONU

Pero hay una causa que explica que haya personas a las que se deja atrás. Según la ONU, algunos de los "motivos de discriminación" por los que ocurre son el sexo y el género, la raza, la etnia, la religión, la nacionalidad, la discapacidad, la edad, el estado de salud, la tenencia de bienes, el lugar de residencia y la situación económica y social. "Otros factores, tales como la degradación del medio ambiente, el cambio climático, el crecimiento demográfico, los conflictos, los flujos de migración y los desplazamientos forzosos, también pueden perjudicar de manera desproporcionada a los grupos marginados por las repercusiones que tienen en el agua", añade Naciones Unidas. 

¿Y en España? También hay grupos marginados. Por ello, algunas de las entidades que gestionan el agua en ciudades españolas han puesto en marcha programas especiales para personas vulnerables. Pero solo tres garantizan a sus vecinos el suministro de un mínimo vital: Cádiz, Córdoba y Sevilla. Así lo pone al menos de manifiesto un informe elaborado por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) al que ha tenido acceso infoLibre. [y cuyo resumen se puede consultar en este enlace]. Estas son las únicas tres ciudades españolas que consideran el acceso al agua como un derecho humano, explica Luis Babiano, autor del estudio. 

150.000 hogares españoles se acogen a mecanismos de ayuda social

El lema escogido por la ONU para este Día Mundial del Agua, fácilmente se puede extrapolar a España. Y es que, en nuestro país, cerca de 150.000 hogares están sujetos a algún mecanismo de acción social para garantizar su acceso al agua potable. De estos, el 77% recibe ayudas a fondo perdido. Y de este porcentaje, el 4% lo hace para financiar los pagos sin intereses, según la Guía para la aplicación de mecanismos de acción social en la gestión del agua, consultada por este diario [se puede ver aquí] y elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). 

El documento aboga, precisamente, por lo que han implantado Cádiz, Córdoba y Sevilla: el agua es un derecho humano fundamental y, como tal, no debe ser "de ninguna de las maneras arrebatado por cuestiones meramente económicas". 

Además, recuerda que cada vez más operadores de servicios de agua urbana aplican diferentes mecanismos. Y lo necesario es que esto se extienda en el resto del territorio. En total, según informó Europa Press, los operadores de suministro de agua cubren el servicio a más de 16 millones de ciudadanos y destinan casi 8,5 millones de ayudas a hogares con dificultades económicas, mediante bonificaciones, fondos de solidaridad, etc. 

infoLibre ha querido saber, exactamente, de qué manera funcionan estas ayudas. Para ello, se ha puesto en contacto con las operadoras de distintas ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, València, Bilbao, A Coruña, Zaragoza y  Vigo. Ni este municipio gallego ni Emivasa, la operadora que gestiona el agua en València, contestaron a las preguntas formuladas. El resto, sí. ¿Cómo funcionan las ayudas a personas en riesgo de vulnerabilidad en las grandes ciudades españolas?

  Madrid: 49.616 contratos bonificados en 2018

El agua de casi la totalidad de la Comunidad de Madrid es gestionada por la empresa pública Canal de Isabel II. Fuentes oficiales explican que, efectivamente, disponen de "tarifas bonificadas que se aplican a distintos colectivos". El objetivo es intentar que ningún madrileño ni ninguna madrileña tenga dificultades para disponer de agua potable en casa por motivos meramente económicos. Así que el Canal aplica estas tarifas en tres bloques: "por exención social, por familia o vivienda numerosa y, desde enero de 2019, también por pensión de viudedad". 

De este modo, se bonifica parte del importe de la tarifa del agua a los perceptores de estas prestaciones, a las familias y viviendas numerosas y, por exención social, a las "entidades sin ánimo de lucro titulares de viviendas comunitarias o pisos tutelados", a los beneficiarios de una pensión no contributiva, de la Renta Mínima de Inserción o de la Renta Activa de Inserción "y a todas las personas en situación de especial exclusión que cuenten con un certificado de un trabajador social". A todas las personas cubiertas por motivo de exención social se les bonifica el 50% de la cuota fija. 

Pero no siempre ha funcionado así. Las bonificaciones a familias numerosas comenzaron en 1996, pero hubo que esperar diez años más, hasta 2006, para que las viviendas numerosas y la categoría de exención social percibieran algún tipo de ayuda. A partir de ahí, cada año, afirman las fuentes de la entidad, se han intentado ampliar a más colectivos. "Se han ido ampliando cada año para acercarse a las necesidades y, sobre todo, para facilitar los trámites", aseguran desde Canal de Isabel II. 

De este modo, las bonificaciones han crecido: tanto en el número de contratos beneficiados como en el importe. En diez años, el número de contratos bonificados han crecido en un 199%, pasando de ser 16.579 en 2009 a 49.616 en el año 2018. El importe, del mismo modo, pasó de ser de 749.885 en 2009 a 2.815.815 en el pasado año. 

  Barcelona: Fondo de Solidaridad creado durante la crisis

Aigües de Barcelona, la operadora que gestiona el agua en la ciudad Barcelona y en su área metropolitana, ha elaborado su propio lema para este viernes. Y sigue, con él, la línea de la ONU: Nadie sin agua. Según explican en la empresa, han intentado llevar esas tres palabras a la práctica. Lo han hecho, especifican, mediante "diferentes ayudas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad: el Fondo de Solidaridad, la tarifa social, las bonificaciones a los hogares en los que habitan más de tres personas y los hogares con personas discapacitadas y dependencia reconocida". 

Pero lo que destacan desde la entidad es, precisamente, el Fondo de Solidaridad. Se creó, según explican, en el año 2012, en plena crisis económica. Y es que su función era paliar, precisamente, los efectos de la recesión. "Conscientes de nuestra responsabilidad como prestataria de un servicio de primera necesidad", Aigües de Barcelona "creó en el año 2012 un Fondo de Solidaridad pionero en el sector para atender la situación de las familias vulnerables, aquellas que, debido a la crisis económica, no se podían hacer cargo del pago del recibo del agua". 

Consiste, concretamente, en un acuerdo con los servicios sociales de los ayuntamientos para que no se corte el suministro de agua a ninguna familia que no pueda pagar el recibo. Se han firmado, en concreto, convenios con 22 municipios del área metropolitana. Además, se ha condonado la deuda por los recibos atrasados. "Se trata de la deuda que acumularon desde que dejaron de pagar hasta que los servicios sociales de ayuntamiento los declaró en situación de vulnerabilidad y, por tanto, entraron a formar parte del Fondo de Solidaridad", informan. Desde que se puso en marcha, 24.922 familias —7.000 en la ciudad de Barcelona— dejaron de abonar el importe del recibo del agua correspondiente al consumo y 9.296 familias vieron condonada su deuda.

Pero las bonificaciones de Aigües de Barcelona no acaban en el Fondo Social. Según explican, en 2014 se creó una tarifa social que reduce el 25% el importe del servicio del agua sobre la tarifa doméstica de las personas en paro, jubiladas, viudas, las que perciben una pensión mínima contributiva por incapacidad permanente y los perceptores de la renta mínima garantizada. Esto ha beneficiado a 13.781 familias. 

"Desde hace años se promueven las bonificaciones para hogares de más de tres personas y se han impulsado otras medidas como los aplazamientos y flexibilidad de pago de las facturas para familias con dificultades", añaden.  Se han beneficiado, de esto último, 2.608 familias. 

  Bilbao: recibos bonificados en un 80%

En Bilbao, el agua es gestiona por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Es la entidad responsable del abastecimiento de agua potable y del saneamiento de las aguas residuales de, aproximadamente, un millón de habitantes de Bizkaia. Está integrado por ochenta municipios, además de por la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco. Y, al igual que ocurría en Madrid y Barcelona, es una entidad con programas especiales destinados a personas en situación de vulnerabilidad. 

Se decidió en el año 2016. Y el objetivo fue "posibilitar que las familias que se encuentran en una situación económicamente desfavorecida puedan realizar el pago de las facturas por los consumos domiciliarios, tratando de minimizar el impacto en su economía familiar". Así, desde el 1 de enero de 2017, las familias receptoras de la Renta de Garantía de Ingresos pueden acceder a una bonificación de la tasa de saneamiento. En ese momento, se estableció que se bonificaría en un 30%. Pero "a mediados del mismo ejercicio 2017 se incrementó notablemente el importe bonificado, estableciéndose en un 80%". Y ahora, desde el 1 de enero, funciona de este modo. 

En 2017 benefició a 981 facturas. Un año más tarde, a 1.755. Ahora, en 2019, el Consorcio prevé que se eleve hasta las 3.996. 

Por otro lado, el Consorcio también posibilita el pago fraccionado y su adecuación a las posibilidades del usuario "sin establecer recargos o intereses de demora". 

  Sevilla: el agua como un "derecho humano" básico

La empresa pública de agua del Ayuntamiento de Sevilla y de 11 municipios del área metropolitana, Emasesa, abastece, en la actualidad, a más de un millón de personas. Según informa la compañía, dispone de un "amplio programa" de medidas sociales que, además, se revisa año a año. Hasta aquí, es lo mismo que destacaban el resto de entidades públicas analizadas. Pero hay una diferenciación fundamental. En Emasesa consideran el acceso al agua un "derecho humano fundamental" que en ningún puede ser vulnerado. Menos por dificultades económicas. Así que, con el objetivo de protegerlo, dicen, "Emasesa, en colaboración con los servicios sociales municipales, viene desarrollando distintos programas de medidas sociales para garantizar que no se produzca ninguna suspensión de agua a quien no pueda pagarla. 

La consideración del acceso al agua como un derecho humano, no obstante, es reciente. Data del año 2017, cuando la normativa reguladora de Emasesa incluyó que "en ningún caso procederá a la suspensión del suministro para uso doméstico a aquellas personas usuarias que estén en situación de emergencia social válidamente acreditada por los servicios sociales municipales". Además de no hacerlo, dicen, se guía al usuario del procedimiento necesario para acceder a la ayuda necesario. Pero en ningún caso se le cortará el suministro. 

No obstante, las ayudas para personas en situación de vulnerabilidad vienen de antes. Comenzaron, en concreto, en el año 2015. ¿Y cuáles son? Por un lado, los pagos pueden adaptarse a las necesidades puntuales de los usuarios. Así, estos podrán fraccionarlo o aplazarlo total o parcialmente. Además, también dan la posibilidad de financiar hasta cuatro facturas consecutivas e individualizar los contadores con una obra financiada. 

Pero las ayudas han cambiado con los años. La normativa, según explican las fuentes de la entidad, ha incrementado los importes, ha cambiado las condiciones de financiación, etc. De este modo, las personas beneficiadas han aumentado, año a año, desde 2015. En ese momento, 1.319 personas se acogieron a los programas de ayudas. En 2017 ya fueron 7.799. Pero ahora, en 2018, descendieron hasta las 5.257.

Zaragoza: ayudas en función de los ingresos

En Zaragoza, el propio ayuntamiento elabora y gestiona ayudas relativas al consumo de agua. Estas, según explican sus fuentes, existen "desde hace muchos años". Pero eso sí, han cambiado. Antes solo existía una tipología de hogares en función de los ingresos pero, con la crisis, se añadieron dos más. Son lo que la institución llama "hogares tipo 1", "hogares tipo 2" —creados en 2009— y "hogares tipo 3" —estos últimos introducidos en 2017.

¿En qué se diferencian? En los ingresos. El propio ayuntamiento elabora unos tramos que, si no son superados, dan derecho a obtener la ayuda. La bonificación del consumo de agua puede llegar, en algunos casos, al 100%. 

Los "hogares tipo 1", los que menos ingresos anuales tienen, son también los mayoritarios. No obstante, sus beneficiarios se han mantenido prácticamente intactos desde hace diez años. En 2009 había 3.234 beneficiarios. En 2015 —último aportado por el Ayuntamiento—, 3.343. La evolución, por tanto, ha sido mínima, aunque mayor desde el año 2012, cuando los efectos de la crisis comenzaron a notarse con mayor crudeza. 

  A Coruña: ayudas creadas en 2015

En A Coruña, la empresa municipal de aguas, Emalcsa, también bonifica a las personas en situación de vulnerabilidad. Tal y como explican sus propias fuentes, existe un bono social con descuentos en la tarifa para personas en riesgo de exclusión social. Pero son muy recientes. Comenzaron en el año 2015 "como respuesta a la emergencia social causada por la crisis", por lo que el número de hogares beneficiado fue mínimo. En los dos años siguientes, sin embargo, crecieron: en 2017 hubo 213 viviendas que solicitaron la ayuda; en 2018 la cifra se situó en las 488. 

Y es que el bono social hidráulico se ha dado a conocer poco a poco. Como los de casi todas las demás entidades, está dirigido a cualquier cliente cuya mala situación económica haya sido acreditada previamente por los servicios sociales municipales. Una vez solicitado, si se concede, todas estas personas tendrán descuentos en su factura.

Aunque estos varían. "Los hogares que dependen de subsidios como la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) de la Xunta o la Renta Social Municipal del Concello de A Coruña no pagan nada por el agua. Tienen cuota cero", explican las fuentes de la entidad. Por otro lado, reciben un descuento del 75% en la factura los hogares en los que los ingresos sean iguales o superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) —que en 2018 se situó en 537,84 euros por persona y mes. Por último, los que sus ingresos se sitúen entre el 101% y el 150% del IPREM pueden obtener un descuento del 50%. 

15 de noviembre de 2016. Durante la madrugada se desata un incendio en una vivienda situada en la localidad tarraconense de Reus y en él fallece una mujer de 81 años, llamada Rosa Pitarch. Horas más tarde, se descubre el motivo del accidente doméstico: la anciana llevaba meses sin poder pagar el suministro eléctrico y la empresa distribuidora, Gas Natural Fenosa, le había cortado la luz, por lo que Rosa se alumbraba con unas velas que, accidentalmente, prenderían su colchón y acabarían con su vida.

El accidente de Rosa y su fallecimiento reabrió entonces el debate sobre la pobreza energética, un mal que ese mismo 2016 provocó que en torno a 900.000 personas sufrieran al menos una desconexión de sus suministros de luz, agua o gas, según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales. La Agencia Catalana de Consumo abrió una investigación y terminó determinando que Gas Natural Fenosa había incumplido la ley catalana contra la pobreza energética, por lo que la Generalitat impuso una multa de 500.000 euros a la compañía por haber cometido una infracción muy grave. No obstante, Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy– recurrió la sanción ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y fuentes de la compañía aclaran que ese recurso sigue tramitándose, por lo que la empresa aún no ha abonado ninguna cantidad.

Cataluña, precisamente, tiene una de las leyes más avanzadas de toda España contra la pobreza energética. En 2015, el Parlament aprobó por unanimidad una norma impulsada por la PAH y en la que, bajo el título de "medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética", prohíbe a las empresas cortar los suministros a personas vulnerables y les obliga a comunicarse con servicios sociales para conocer la situación de quienes impagan sus recibos, con el fin de que no se produzcan cortes a personas que no pueden pagarlos por dificultades económicas. Precisamente esta ley es la que, a juicio de la Generalitat, incumplió Naturgy, y de ahí la multa.

No obstante, y a pesar del revuelo que levantó el fallecimiento de Reus, la ley a nivel estatal sigue sin ser tan avanzada como la catalana, aunque es cierto que se han dado algunos pasos para tratar de ayudar a las familias vulnerables a evitar que las empresas les corten los suministros energéticos. Apenas un mes después del fallecimiento de Rosa Pitarch, PP y PSOE acordaron modificar la Ley del Sector Eléctrico con el objetivo de que figurara la prohibición de la interrupción del suministro eléctrico a las familias consideradas vulnerables por los servicios sociales, pero la regulación específica sobre qué se considera un consumidor vulnerable no se aprobó hasta diez meses después.

El cambio de gobierno ha traído nuevas promesas sobre la necesidad de abordar con más fuerza la lucha contra la pobreza energética, aunque por el momento no ha habido grandes cambios legislativos al respecto. No obstante, el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos hace un mes contemplaba que, "con la finalidad de garantizar el despliegue de la legislación en materia de pobreza energética, se pondrá en marcha un fondo de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas y los servicios sociales dependientes de las mismas den la protección necesaria a las personas vulnerables".

El decreto del Gobierno del pasado octubre

Sin embargo, la negativa de los partidos independentistas catalanes a negociar las cuentas para el año que viene por el encarcelamiento de varios de sus líderes complica que esta partida pueda finalmente ponerse en marcha, aunque ya se han aprobado varias medidas por decreto. Hace poco más de un mes, el Gobierno decidió ampliar la cobertura del bono social energético a nuevos colectivos, elevó un 15% el umbral de consumo que tiene derecho a descuento y, además, creó una nueva ayuda económica destinada a que estos colectivos puedan abonar el suministro de gas, que se abonará en forma de cheque y que tendrá como destinatarios a los mismos beneficiarios que accedan al bono eléctrico.

Además, el Ejecutivo aprobó también poder multar con hasta 60 millones de euros la imposición de condiciones, retrasos o dificultades por parte de las compañías a la hora de tramitar el bono social, y asimismo se aprobó extender la prohibición de los cortes de luz, un suministro considerado esencial, a algunos colectivos más de los que ya se beneficiaban de esta medida. Desde hace unas semanas, en aquellos hogares donde resida al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad mayor o igual al 33% o una persona dependiente en grado II y III, las compañías eléctricas no podrán cesar el servicio por impago. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono eléctrico que aprobó hace un año el PP. 

Por otra parte, el Gobierno se ha autoimpuesto un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto, hasta el próximo abril, para poner en marcha una "estrategia nacional contra la pobreza energética", de la que el Ejecutivo no ha ofrecido detalles pero que estará basada en ayudas para consumidores vulnerables "con verdaderos criterios de renta", según señaló la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera. La idea es que este plan incluya medidas que afecten a los más de 4,6 millones de personas que, según el Ministerio, se ven afectadas de una u otra manera por la pobreza energética.

La ley de Unidos Podemos, varada en el Congreso

No obstante, lo cierto es que los meses más duros del invierno pasarán sin que esta estrategia haya sido aprobada. Y también se encuentra en las primeras fases de su tramitación en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de Unidos Podemos de "emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética", una norma que fue presentada a principios de año y que el Gobierno de Mariano Rajoy vetó. El Ejecutivo socialista desbloqueó el pasado verano su tramitación, pero no fue hasta septiembre cuando el pleno del Congreso admitió la proposición a trámite, y ahora mismo se encuentra en fase de enmiendas en comisión.

La norma que pretende aprobar Unidos Podemos –y cuya admisión a trámite fue apoyada por PSOE, ERC, Compromís, PDeCat y EH Bildu– recoge muchas de las medidas que ya están en vigor en Cataluña a través de su ley autonómica. Al igual que con dicha norma, se establece por ley una "tarifa social" para hogares vulnerables que implica que ninguno de estos hogares pueda sufrir un corte del suministro. "En cualquier caso, el importe resultante de la renta de la vivienda y de los suministros no podrá ser superior al 30% de los ingresos de la unidad familiar considerada como vulnerable", señala la norma.

Para la totalidad de los hogares, además, la proposición de ley prohíbe los cortes a las familias que no puedan pagar los recibos por motivos económicos, y obliga a las empresas a que consulten a la administración antes de tomar ninguna decisión sobre el fin de los suministros de luz y gas a cualquier persona precisamente para garantizar que no se deja sin electricidad y agua caliente a familias vulnerables. Asimismo, de aprobarse esta ley, las compañías tendrían la obligación de hacer campañas publicitarias "informando a los consumidores sobre cómo pueden obtener el precio mínimo por el servicio", para evitar un problema frecuente: la desinformación de algunos clientes que no son conscientes de que pueden acceder a algunas reducciones en su factura.

Aigües de Barcelona sufraga la factura de 31.128 familias del área metropolitana que se encuentran en situación de precariedad económica, lo que la compañía asume como una "aportación solidaria", tras firmar protocolos con 21 ayuntamientos.

Lo ha explicado el ecólogo y presidente de la Comisión de Sostenibilidad de Aigües de Barcelona, Ramon Folch, en la presentación del Informe de Desarrollo Sostenible 2017, en que ha observado que "se habla mucho de pobreza energética, pero no se habla de pobreza hídrica, no porque no exista, sino porque no tiene consecuencias".

"Ni un solo corte se ha hecho a las personas que no han podido pagar el recibo por su situación económica", ha asegurado Folch, que ha hablado del sistema interno que tiene la empresa para saber si una situación de morosidad se da por falta de ética o por situación de vulnerabilidad social.

Ha detallado que la afectación supone un impacto de 3 millones de euros al año, a razón de 8.000 euros diarios, para la compañía, que cuenta con un millón de clientes.

En la presentación, Folch ha hecho un repaso de grandes cuestiones como filosofía empresarial, retos, calidad del agua, mitos y balance de 150 años de actividad de la compañía que –ha destacado– ha conseguido que Barcelona sea un "referente mundial" en la provisión de agua potable.

"La clave de nuestra filosofía sostenibilista, es que nos lo creemos", ha dicho Folch, que ha resaltado que esta mirada forma parte integral de la cultura de la empresa, que hace entre 1.000 y 1.500 controles diarios del agua.

Ha subrayado que el objetivo de Aigües de Barcelona "es conseguir una gestión sostenibilista del agua" en una política también a nivel territorial en Catalunya, con menos captación de agua del sistema del Ter para que recupere sus caudales.

Ha resaltado que toda la flota de vehículos potencialmente capaz de funcionar con corriente eléctrica lo hace, tratándose de 150 turismos, y quedan al margen todavía de esta incorporación 100 camiones, que se reconvertirán cuando salga un vehículo eléctrico de estas características al mercado.

"He vivido toda la vida con la dicha de 'qué mala es el agua de Barcelona', y es una verdad a medias", ha resaltado Folch, que ha observado que en todo caso, tiene un sabor a cloro, pero el gusto ha mejorado considerablemente y es más que segura.

El documento presentado con el director en Barcelona de Ernest&Young (EY), Antoni Capella, recoge las acciones de la empresa en relación con los valores y los 10 compromisos que determinan la política de desarrollo sostenible.

Desde 2015, la memoria de desarrollo se elabora siguiendo la guía de la Global Reporting Initiative (GRI), que es la única agencia que establece un protocolo y certificado sobre para un rendimiento de cuentas en relación a la sostenibilidad de forma "transparente y fiable".

En esta edición, se han basado en los nuevos estándares y han actualizado el análisis de materialidad ambiental para asegurar que responde a los temas en materia de sostenibilidad económica, social y ambiental más relevantes para sus grupos de relación.

La organización ecologista Greenpeace ha asegurado que la cuenca del Segura dispone de entre 500 a 800 hectómetros cúbicos más de agua que harían innecesario el trasvase desde el Tajo a esta cuenca y considera que las Administraciones han "manipulado y ocultado sistemáticamente datos" para justificar el trasvase.

El responsable de la campaña de aguas de la ONG, Julio Barea, ha manifestado que el trasvase Tajo-Segura nació por una "avidez de negocio" e interés económico más que por una necesidad real.

Por ello, afirma para justificar el trasvase "se han manipulado y ocultado sistemáticamente datos" y se ha mantenido la idea de la escasez de agua, tanto por políticos, como por administraciones y medios de comunicación "hasta que se ha grabado en el subconsciente de la ciudadanía".

En concreto, según el informe de la organización La trama del agua en la cuenca del Segura, la cuenca del Segura cuenta con entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de recursos renovables más al año de los que la Administración reconoce, por lo que Barea afirma que "no tiene déficit" e incluso asumiendo las demandas de su plan hidrológico de cuenca vigente para el horizonte de 2021 y sin contar con el agua que procede del trasvase Tajo-Segura.

A su juicio, bastaría con hacer un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos disponibles (entre ellos, los acuíferos) para mantener los actuales usos, aunque estos deben revisarse a la baja cerrando todos los regadíos ilegales y adaptando la agricultura al clima.

Sin embargo, advierte que desde entonces hasta la actualidad la política hidráulica de España se ha basado en "ocultar ese grave error y perpetuar un modelo totalmente insostenible" que está provocando una "grave crisis social y ambiental" tanto en la cuenca cedente como en la receptora.

Barea expone que en el estudio demuestra que el trasvase Tajo-Segura "puede cerrarse en tres años" sin poner en peligro el abastecimiento y los usos sostenibles de agua del Levante.

"No entendemos por qué se autoriza un nuevo trasvase, cuando los embalses de cabecera del Tajo rondan actualmente el 19 por ciento de su capacidad y no han comenzado a recuperar sus mínimos caudales ecológicos. Con el impacto del cambio climático, la solución de los trasvases es de una visión muy cortoplacista", destaca Barea que insiste en que el Segura podría desengancharse del Tajo "en un plazo máximo de tres años".

El Gobierno dio luz verde a un nuevo trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía a través del acueducto Tajo-Segura que implica la transferencia de 20 hectómetros cúbicos de agua al mes, el máximo permitido en la situación hidrológica actual, durante abril, mayo y junio, cuando se volverá a estudiar la situación, informó Europa Press.

Según la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, esta decisión se adopta "en cumplimiento de los acuerdos adoptados" por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, que se reunió el pasado 3 de abril.

El informe aprobado en esa comisión definió la situación hidrológica como excepcional y la calificó con nivel 3, pues el volumen de existencias efectivas en el conjunto de embalses Entrepeñas-Buendía, en la cabecera del Tajo, era a fecha 1 de abril de 2018 de 463 hm3, es decir, superaba los 400 hectómetros cúbicos a partir de los que se puede ordenar un trasvase.

El Ministerio de Agricultura toma así la decisión "constatada la situación hidrológica excepcional, nivel 3, en el mes de abril", en función de los volúmenes de existencias en los embalses de Entrepeñas-Buendía a principios del mes y considerando "las aportaciones previsibles para los próximos meses", tal y como especifica la resolución.

El último trasvase desde los embalses Entrepeñas-Buendía (Tajo) al Segura se autorizó el 10 de mayo de 2017, por un total de 7,5 hectómetros cúbicos, ya que después de esa fecha los embalses bajaron de los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada. Esa cantidad es, precisamente, el límite que marca la posibilidad o no de trasvasar.