Elsa y Abdelsalam se compenetran a la perfección. Basta con observarlos, reunidos en la Casa de la Hospitalidad, en Lyon, el miércoles 11 de marzo, para darse cuenta de ello. “Somos a la vez compañeros de trabajo y amigos”, precisan. Elsa cofundó la asociación LEA, siglas de Lien, écoute, accompagnement (Vínculo, escucha, acompañamiento), y aprendió árabe al relacionarse con ciudadanos sudaneses a los que acompaña en sus misiones. Abdelsalam es eritreo y llegó a Francia en 2022, tras huir de Sudán. Obtuvo protección internacional y continuó sus estudios en un “DU passerelle” (curso de acceso a la universidad, ndt), destinado a personas refugiadas.

“Necesitaba ayuda con los trámites administrativos”, recuerda. “Así fue como conocí a Elsa”. Ella cuenta que enseguida le propuso hacer voluntariado en la asociación, al ver que habla tigrigna (lengua del Estado etíope de Tigray, que también se habla en Eritrea). Abdelsalam podría ser contratado tras las prácticas de larga duración que está realizando.

En enero, al no tener noticias de su primo Sofian, que también había partido de Sudán con la esperanza de llegar a Europa, Elsa hizo todo lo posible por ayudarle. “Me llamó llorando un viernes por la noche, me dijo que ya no sabía a quién creer.” En ese momento, alguien le contó que había visto cómo sacaban del agua el cuerpo de Sofian.

La embarcación en la que viajaba, que debía llegar a la isla griega de Lesbos desde Dikili, en Turquía, naufragó en la noche del 10 al 11 de enero. “Llevaba dos meses en Turquía. Estuve en contacto con él todo ese tiempo. Pero desde el 4 de enero no había tenido noticias suyas”, explica.

Abdelsalam se niega a creerlo. No puede contactar con los amigos de Sofian que sobrevivieron al naufragio, ya que han sido encarcelados. “Este tiempo de incertidumbre duró unas horas. Pero fue muy largo psicológicamente”, subraya Elsa, que acabó llamando a la guardia costera turca esa misma noche para que le confirmaran la información.

Al teléfono, su interlocutor empieza por enumerar los nombres de los supervivientes. “Fue horrible” El de Sofian no aparece entre ellos. Varios náufragos siguen entonces desaparecidos. Pero se han recuperado dos cadáveres: “Sofian estaba en la lista”, continúa. “Toda la información sobre él coincidía. Llevaba su pasaporte encima, así que eso permitió identificarlo”. Media hora después de esa llamada, Abdelsalam recibe un mensaje de voz de un primo que también le anuncia que Sofian ha muerto.

Elsa llama por teléfono a un amigo de Abdelsalam y le pide que pase por su casa para no dejarlo solo. A continuación, les propone ir a su casa para “organizarse”. “Empezamos a ver cómo podríamos ir juntos a Turquía”. Al mismo tiempo comienza “toda una odisea para localizar el cuerpo” de Sofian, que, según les dicen, ha sido trasladado a Esmirna.

El tanatorio indica que solo conserva los restos mortales durante diez días. Abdelsalam es un refugiado y no puede viajar fuera del espacio Schengen sin visado. Por lo tanto, deben acudir al consulado de Turquía al día siguiente para intentar obtener un “visado de urgencia”. “Pero eso no existe. Así que tuvimos que explicar la situación en detalle, presentar el certificado de defunción de Sofian, que habíamos conseguido recuperar a distancia.”

El funcionario que los atiende les hace “un montón de preguntas”, pero al final les sugiere que compren el billete de avión, dando a entender que el visado se les concederá. “Para mí era importante ir”, explica Abdelsalam. “Para los padres de Sofian también. Quería que lo enterraran como es debido”.

Elsa no duda ni un segundo en acompañarlo, consciente de que su presencia, como miembro de una asociación europea, podría ayudar. Al día siguiente de su llegada a Esmirna, el miércoles 14 de enero, la pareja se dirige al depósito de cadáveres y consigue ver lo que queda de Sofian. Abdelsalam lo identifica.

Es la primera vez que ve un cadáver: está conmocionado, pero también aliviado, porque ya no hay ninguna duda sobre su fallecimiento. Para los familiares de los exiliados desaparecidos en el mar, el duelo es mucho más difícil cuando nada materializa la muerte.

“Llamé a sus padres por videollamada para que ellos también estuvieran seguros de su fallecimiento.” Primero el padre. “A su madre se lo mostramos después del lavado mortuorio. No paraba de preguntarme: ‘¿Cómo está?’, como si aún estuviera vivo. Yo le respondía que había muerto.”

El entierro está programado para el viernes, día sagrado en la religión musulmana, en el cementerio municipal de Esmirna. El trámite solo cuesta 20 euros, para sorpresa de Elsa. Abdelsalam y Elsa intentan después recuperar los efectos personales del difunto, pero en vano. El traficante, en cambio, un sudanés, devuelve a Abdelsalam la suma pagada por su primo, es decir, 1.500 dólares. “Si no consigues cruzar, allí te devuelven el dinero”, le susurra, señalando la diferencia con Libia.

Quedan por aclarar las zonas de sombra en torno al naufragio, provocado por la guardia costera griega, según dos supervivientes a los que Mediapart ha podido localizar. Era la 1 de la madrugada, la embarcación que transportaba a Sofian se acercaba a las costas griegas. “Vimos un barco con tres hombres a bordo que se acercaba a nosotros”, relata Muhanad, de 20 años, originario de Darfur. “Nos dijeron que no tuviéramos miedo, que nos iban a escoltar hasta Grecia”.

Pero uno de los hombres, encapuchado y armado según Muhanad, subió a bordo. “Empezó a navegar muy rápido, dando media vuelta hacia Turquía. Luego regresó a su barco y dieron vueltas muy rápido a nuestro alrededor”.

Al parecer, la hélice del barco griego perforó entonces la embarcación neumática, dejando que el agua se filtrara a bordo. “Cayeron al agua dos personas. La gente empezó a ahogarse, otros a aplastarse unos a otros presa del pánico.” Vuelve a ver a Sofian situado en la proa, pero rápidamente aplastado por otros pasajeros. Abdelsalam suspira al volver a escuchar la historia una vez más.

Mohanad continúa su relato. Dice que llamó a los guardacostas turcos, que llegaron a la zona en “diez o quince minutos”. “Lanzaron una escalera y la gente que pudo subir lo hizo, los demás se quedaron. Nadie nos ayudaba.” El cuerpo de Sofian, que ve flotar en el agua, es recuperado por otro barco. Ya demasiado tarde.

Taha, de 22 años, sudanés originario de El Fasher, relata lo mismo (se contactó a ambos por separado, por teléfono). “Había tres hombres. Uno de ellos subió a nuestro barco. Nos llevaron de vuelta a aguas turcas antes de embestirnos. Ese era su objetivo.”

Pero Taha, atormentado por el naufragio, dice que a veces lo sueña por las noches. “Vi morir a gente delante de mí. Caí al agua, nadé para salir y llegar hasta los guardacostas turcos cuando llegaron a rescatarnos.” No ha vuelto a intentar la travesía desde entonces. Por tierra, “se ha vuelto complicado”. Por mar, se enteró de una historia similar a la suya poco después. Está traumatizado.

Al ser preguntados por Mediapart, los guardacostas helenos afirman no tener constancia del “incidente descrito” en sus registros. Sin embargo, el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate turco les informó de una operación de rescate llevada a cabo esa noche por los turcos, entre las zonas marítimas de Dikili y el sureste de Lesbos. Añaden que las investigaciones solicitadas por ese mismo centro “para identificar a posibles personas arrastradas por la corriente hacia la zona griega” no han dado resultados.

En cuanto a las acusaciones formuladas por los supervivientes, la Guardia Costera griega destaca que la vigilancia de las fronteras marítimas de Grecia y de la UE se lleva a cabo “las 24 horas del día con eficacia, un alto sentido de la responsabilidad, profesionalidad y un respeto absoluto por la vida humana y los derechos humanos, de conformidad con el derecho internacional y europeo”. Rechazan “categóricamente cualquier acusación de actividades ilegales” y mencionan que, desde 2015, han realizado más de 6.500 intervenciones y han rescatado a más de 271.000 personas.

Una carta a la que Mediapart ha podido acceder, emitida por la fiscalía de Dikili y firmada de puño y letra por el fiscal, en la que se autoriza el entierro, menciona: “Una embarcación neumática que transportaba a 37 migrantes intentaba llegar a Grecia” el 10 de enero de 2026, “hundida por las fuerzas griega”. También menciona “cuchillazos”, dando a entender que el análisis de la embarcación pudo revelar rastros de cortes; pero los testigos interrogados por Mediapart sostienen que fueron precisamente los golpes provocados por las maniobras de los griegos, así como la hélice del motor de su barco, los que contribuyeron a perforar los flotadores de la lancha neumática.

Se han registrado varios naufragios frente a las costas de Grecia, uno de los cuales, ocurrido el 3 de febrero, suscitó polémica cuando los supervivientes relataron el mismo escenario que Mohanad y Taha: la guardia costera griega habría embestido la embarcación a toda velocidad, provocando la muerte de quince exiliados.

Como reveló Reuters, las autopsias demostraron que las víctimas habían fallecido a causa de “heridas” o “lesiones craneales y cerebrales graves”, lo que sugiere que la embarcación de migrantes sí fue embestida por la guardia costera. En los últimos años, se han documentado regularmente casos de devoluciones ilegales llevadas a cabo por la guardia costera griega, poniendo en peligro la vida de otras personas.

“Sabemos que a veces hacen eso. También le quitan el teléfono y el dinero a la gente que cruza”, comenta Taha. “Suponemos que es para no dejarnos entrar en Europa”, interpreta por su parte Mohanad. “Suelen actuar así, nos sacan de aguas griegas, nos llevan de vuelta a aguas turcas y nos dejan allí. Mueras o no, a ellos les da igual.”

Mohanad ha vuelto a intentar la travesía desde el naufragio, en dos ocasiones, sin conseguir alejarse de la costa. “Es imposible dar marcha atrás. Así que iré a Europa por todos los medios. O llego allí o muero en el mar”, dice quien tiene como objetivo Inglaterra.

“Europa no merece la muerte de mi primo”, opina Abdelsalam, quien también recuerda que otras embarcaciones de exiliados fueron “hundidas” entre Turquía y Grecia en enero. Sofian tenía “lo necesario en Sudán”, donde su padre es propietario de varios negocios.

“Quería venir a Europa para estudiar. Su familia no sabía que había dejado la universidad y que pensaba cruzar así.” El joven había obtenido inicialmente un visado de estudiante para la parte turca de Chipre, y luego había trabajado en la construcción durante un año en la parte griega de la isla, por un salario de 1.700 euros.

“Después se trasladó a Estambul e intentó cruzar por tierra, pagando 4.500 euros a un traficante. Pero fue una estafa.” Ese intento fallido le valió pasar un mes en centro de internamiento.

“Hablaba todo el tiempo con Sofian por teléfono. Unas semanas antes de que se subiera al barco, me decía que pronto estaría conmigo, que quería estudiar en la universidad, que ya había empezado a aprender francés… Que cuando tuviera la nacionalidad francesa, podría dar la vuelta al mundo”, recuerda Abdelsalam, a quien Sofian también le había hablado de las crisis y la guerra que azotan Sudán.

Si la Unión Europea (UE) concediera visados, ellos “no tendrían que correr esos riesgos”. “No puedes hacer nada con un pasaporte sudanés o eritreo, son países pobres. El pasaporte europeo, en cambio, te permite viajar a cualquier parte. Así es el mundo.”

¿Tiene la UE parte de responsabilidad en la muerte de su primo? “Sí. Grecia lo mató”, afirma rotundamente. Para que su muerte no caiga en el olvido, Elsa y él han querido contar su historia. Ahora están pensando en presentar una denuncia para que la justicia europea se ocupe del caso.

Traducción de Miguel López

Los dos investigadores de Human Rights Watch (HRW) en Israel y Palestina, uno de ellos el jefe del equipo de la organización, renunciaron este martes a sus cargos después de que la entidad bloqueara un informe que concluye que la negación de Israel al derecho al retorno a los refugiados palestinos es un "crimen de lesa humanidad", informa EFE.

Se trata de Omar Shakir, quien dirigió el equipo durante aproximadamente diez años, y de Milena Ansari, investigadora adjunta del equipo.

En la carta de renuncia de Shakir, a cuya copia tuvo acceso EFE, él alega que "algunos miembros de la organización, impulsados ​​por prejuicios, presiones, política o cobardía, han intentado manipular" sus conclusiones, y que el constante retraso de la publicación del informe que estaba finalizado le impide seguir representando a HRW.  "Sin embargo, a lo largo de mi mandato, el proceso de revisión garantizó la publicación de los hechos tal como los documentamos", completa Shakir en la carta.

Añadió que "la decisión de nuestro director ejecutivo, a finales de noviembre, de suspender la publicación de nuestro informe sobre la denegación del derecho al retorno de los refugiados palestinos, cuya publicación estaba prevista para el 4 de diciembre", así como "su continua anulación del proceso normal de investigación y su insistencia en que solo se publiquen las conclusiones que él dictaminó, han comprometido nuestro absoluto compromiso con la ley y los hechos", critica.

El informe, titulado Nuestras almas están en los hogares que abandonamos: La negación por parte de Israel del derecho al retorno de los palestinos y los crímenes contra la humanidad, fue retenido durante meses, e incluso se pidió a los investigadores "limitar la determinación de crímenes de lesa humanidad a las personas recientemente desplazadas en Cisjordania y Gaza", pero no a los palestinos y descendientes cuyo retorno ha sido denegado desde 1948.

"Esta propuesta de limitar la determinación de crímenes de lesa humanidad carece de fundamento jurídico o fáctico", insiste Shakir, sobre un informe cuya determinación de crimen de lesa humanidad se basa en el análisis jurídico establecido en tres publicaciones anteriores de Human Rights Watch, incluido un informe de 2023 sobre las Islas Chagos en el que se dictaminó ese mismo crimen a manos de Reino Unido.

Shakir carga contra HRW, y alega que "una organización de derechos humanos con principios" no debería temer ser acusada de ir en contra de la "preferencia" israelí de que este país "mantenga una mayoría demográfica judía en Israel/Palestina, forjada, por supuesto, mediante la limpieza étnica y mantenida durante el apartheid".

La no publicación "refleja las mismas tendencias autoritarias y discriminatorias sobre las que informamos. No es el Human Rights Watch para el que he trabajado todos estos años". 

Desamparados es sin duda el término más adecuado para describir la expresión que Mediapart descubre en los rostros de Illia, de 37 años, y su esposa Viktoriia, de 43, en la plaza del Hôtel-de-Ville de París. En la tarde del martes 16 de diciembre, la pareja dejaba sus maletas en la acera, al pie de un árbol, a la espera de que la asociación Utopia 56 les dijera si se les podía ofrecer un alojamiento para pasar la noche.

Allí es donde cada día se reúnen personas exiliadas o sin hogar con la esperanza de conseguir un refugio, aunque sea improvisado, para pasar la noche. Kira, la pequeña de Illia y Viktoriia, de 9 años, pasa el tiempo sentada sobre un trozo de tela jugando con el teléfono de su madre. La luz del teléfono ilumina a ratos su inocente carita. Ni una sonrisa, ni una palabra. Pero tose, estornuda y escupe en la alcantarilla desde que se resfrió en el aeropuerto, donde la familia se vio bloqueada.

“Nuestra hija se encuentra muy mal y está muy estresada por esta situación”, susurra su madre, que intenta como puede que se tome unas cucharadas del plato caliente que reparten los voluntarios de la asociación. “Hemos pasado quince días en el aeropuerto, sin comida, sin dinero y sin poder ducharnos”, añade el padre, que nos muestra una foto de su hija tumbada en el suelo en Roissy-Charles de Gaulle. ¿Cómo han llegado a esta situación?

La familia ucraniana, originaria de Donetsk, se lo pregunta todos los días. El 1 de diciembre fue devuelta a Francia desde Noruega, donde se había trasladado tras ver rechazada su solicitud de asilo tanto por la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (Ofpra) y posteriormente por el Tribunal Nacional de Derecho de Asilo (CNDA), ante el que había presentado un recurso, que fue desestimado definitivamente el 13 de marzo de 2025. “Fue entonces cuando decidimos probar suerte en Noruega”, explica Illia.

Pero no es tan sencillo: el reglamento europeo conocido como “Dublín” obliga al primer Estado miembro de la Unión Europea por el que transitan los exiliados a estudiar su solicitud de asilo. Las autoridades noruegas les aplican ese reglamento (Noruega y otros países no UE se han asociado a él, ndt) y se dicta una orden de traslado a Francia. Antes de irse a Noruega, deciden dejar a su hija mayor, Olena, de 16 años, con su tío paterno en Dinamarca. También dejan allí sus efectos personales y un coche que habían comprado anteriormente en Francia.

Pero sus desgracias no terminan ahí. Al ser readmitidos en Francia en virtud de este reglamento, la pareja recibe una notificación de obligación de abandonar el territorio francés (OQTF), alegando que su solicitud de asilo ha sido rechazada en Francia. La Prefectura de Policía de París, responsable de esta medida de expulsión, y el Ministerio del Interior, a los que se ha solicitado una respuesta, no contestan.

“Nos sentimos como en una cárcel”, dice Illia, quien precisa que la policía de fronteras les “confiscó” sus documentos de identidad a la espera de la ejecución de la OQTF. “Francia nos quita nuestros documentos y nos deja en la calle. Ahora tenemos la sensación de que no solo hay que protegernos de la guerra en Ucrania”, sino también de la amenaza de una expulsión a un país en guerra. “No nos dejan quedarnos aquí y tampoco podemos volver allí”, se lamenta Viktoriia.

Con la ayuda del abogado Samy Djemaoun, la familia presenta un recurso para impugnar la OQTF y solicita una revisión de la solicitud de asilo, con nuevos elementos que, según Illia, justifican la necesidad de protección. “En Ucrania me han catalogado como terrorista por mi supuesto apoyo a Rusia, lo cual es falso.” En Rusia se le busca para que se incorpore a los batallones de soldados movilizados en la guerra de invasión de Ucrania. “Mi abuela me dijo que habían enviado una citación a nuestra casa”, dice, mostrando un documento traducido del ruso al francés, con una fecha de citación fijada para el 3 de febrero de 2025.

El caso de la familia es un poco particular: originarios de los territorios ocupados por Rusia, en la región de Donetsk, la pareja tiene documentos de identidad tanto ucranianos como rusos. “En 2014, cuando comenzó la guerra, los rusos tomaron estos territorios y nos obligaron a obtener un pasaporte ruso. Desde entonces, tenemos dos.” También hablan ruso, como muchos ucranianos originarios de esos territorios.

Abandonaron Ucrania en 2022, cuando comenzó la nueva etapa de la guerra, y vivieron primero en Polonia, “un tiempo en Alemania y en Dinamarca”, para luego establecerse en Francia en enero de 2024. “Al principio, esperábamos irnos a Irlanda. Pero mi mujer no tenía pasaporte internacional, así que nos quedamos en Cherburgo”, explica Illia.

Vivieron allí tres meses y luego se instalaron en Perpiñán durante un año. Entonces se acogieron a la protección temporal activada a escala europea poco después de 2022, para hacer frente a la llegada de refugiados ucranianos a los países de la UE, lo que les permitió obtener un permiso de residencia provisional en espera de que terminara el conflicto.

Este sistema, que solo se aplica a los ucranianos, ha sido prorrogado por la UE hasta marzo de 2027. Un recibo de autorización de residencia temporal hasta marzo de 2025, al que Mediapart ha tenido acceso, confirma que la pareja se acogió a él antes de solicitar asilo. “Hicimos ese trámite para tener una situación más estable y segura”, explica la pareja. Como ha documentado Mediapart, la acogida de los ucranianos ha podido estar desorganizada y se ha apoyado en la solidaridad de ciudadanos franceses, a veces desilusionados al constatar la inacción del Estado.

“Nada les impide volver a solicitar la protección temporal”, comenta Didier Leschi, director de la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (Ofii). Illia y Viktoriia temen no obtener alojamiento ni ayudas para poder vivir en Francia con este estatus. “Los ucranianos son acogidos automáticamente a una protección temporal en cuanto se presentan en la prefectura, lo que les da acceso automáticamente a las condiciones materiales de acogida [CMA] con el pago de una prestación”, continúa Didier Leschi, que se muestra sorprendido por su situación.

Mientras tanto, su solicitud para acogerse a las CMA en el marco de su solicitud de revisión del asilo ha sido rechazada por la Ofii, alegando que se trata de una solicitud de revisión, como lo atestigua la notificación de denegación consultada por Mediapart, con fecha del 15 de diciembre. La familia debe sobrevivir en la calle, con tres grandes maletas y tres mochilas, en las que guardan sus “cosas más importantes”. “Esta familia se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad, con evidentes riesgos de persecución, y la administración se empeña en mantenerlos así”, denuncia Samy Djemaoun.

La decisión de denegación de la CMA ha sido impugnada por el abogado, que destaca la acumulación de dificultades que se ciernen sobre la familia. “Lo tienen todo: OQTF, asilo en revisión, denegación de la CMA y en la calle.” El 17 de diciembre, tras ponernos en contacto con la Ofii, finalmente se les invitó a unirse al dispositivo de alojamiento destinado a los ucranianos en la Porte de la Villette, en París, tras diecisiete días como vagabundos. A continuación, se les derivó a un hotel en Val-d'Oise, con gran alivio para ellos.

En el discurso sobre el apoyo a Ucrania y a los ucranianos, “existe la idea de que se les protege, pero al mismo tiempo se toman medidas que son diametralmente opuestas a esa protección”, señala el abogado. Destaca además que, en el caso de Illia, Viktoriia y su hija, “se produjo una serie de acontecimientos bastante sintomáticos de la forma en que la OFII trata a los solicitantes de asilo cuando no son ucranianos”, hasta que la oficina, advertida, rectificó.

Traducción de Miguel López

“¿Refugiados? Sí, hay algunos en el barrio: se alojan en casa de una china. Está muy cerca de aquí: la siguiente calle a la izquierda, la primera casa, la de color amarillo pálido”. En esta tarde de otoño, la luz se atenúa rápidamente y el anciano que nos responde tiene prisa.

A finales de mayo, el asesinato de un “migrante” despertó la inquietud de los habitantes de este suburbio apartado de Belgrado, cerca del aeropuerto: fue encontrado muerto un hombre, apuñalado, “bañado en un charco de sangre”, según los medios de comunicación serbios. ¿Se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas rivales de traficantes?

Surge la pregunta porque la zona es conocida por las diversas viviendas de bajo precio alquiladas por los traficantes, que alojan allí a sus clientes antes de introducirlos en la Unión Europea a través de Hungría o Croacia. Pero es imposible saber más datos: el caso se silenció rápidamente y nuestras preguntas al ministerio del Interior quedaron sin respuesta.

Desde principios de año, en Serbia ha aumentado considerablemente el número de muertes violentas de migrantes: una en un tiroteo con la policía en la frontera con Croacia, dos en peleas con armas blancas al sur de Belgrado, sin contar los heridos, pero también dos cadáveres descubiertos en el bosque cerca de Hungría.

“Varias bandas se disputan el control del mercado”, analiza Milica Švabić, jurista de la ONG KlikAktiv, para explicar este recrudecimiento de la violencia que las autoridades intentan ocultar. Sin duda porque contradice el discurso oficial, según el cual la migración irregular ya no es un problema. Belgrado puede además basarse en las cifras oficiales de la agencia europea Frontex, que indican una caída de más del 90 % en los cruces ilegales de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) por la ruta de los Balcanes, tras el pico de 2022.

“La UE y los países balcánicos tienen mucho interés en alegrarse de este fuerte descenso: valida las enormes inversiones realizadas en los últimos años en la supuesta seguridad de las fronteras”, señala el investigador y activista humanitario Stevan Tatalović. “Pero, en realidad, nadie sabe cuántas personas utilizan hoy en día la ruta de los Balcanes.”

Este especialista en asilo y control de fronteras recuerda que en los centros gestionados por el Estado serbio solo se registra una pequeña minoría de exiliados, lo que sirve de base para el establecimiento de las estadísticas nacionales. “Solo los más vulnerables acuden allí por voluntad propia, cuando están heridos o se quedan sin dinero. Los demás son llevados a la fuerza por la policía.”

Los exiliados se han vuelto invisibles sobre todo en la ruta de los Balcanes, ahora dividida, para mayor discreción, en una multitud de itinerarios. Las junglas que proliferaban han desaparecido casi por completo, aunque todavía quedan muchos rastros de su paso: “La ropa, zapatos, mochilas, papeles, fotos, gafas, cochecitos y pañales que encuentran los excursionistas no son basura, sino huellas de la brutalidad del régimen fronterizo europeo”, estimaba a finales de 2024 la red croata Gradovi-utočišta (“Ciudades refugio”).

La mayoría de las personas que cruzan los Balcanes sin papeles son alojadas en viviendas anónimas y transportadas en vehículos privados hasta los puntos de paso. “Los traficantes se encargan de todo e incluso les desaconsejan hablar con los trabajadores humanitarios, haciéndoles creer que estamos confabulados con la policía”, lamenta Milica Švabić. “Al aislarlos, los ponen en una situación de total dependencia, lo que da pie a todo tipo de malos tratos imaginables.”

Los riesgos que se corren para escapar de las autoridades se materializan concretamente en las tumbas con la inscripción “NN”, por nomen nescio (nombre desconocido), cada vez más numerosas en los cementerios, especialmente cerca de las fronteras. Hay varios cientos, quizá más, según las ONG, que lamentan que no se disponga de estadísticas oficiales.

“Durante años, todo el mundo decía que la ruta de los Balcanes era mucho más segura que la del Mediterráneo, a pesar de las devoluciones y la violencia policial. Paradójicamente, la llegada de Frontex la ha hecho más peligrosa”, insiste Stevan Tatalović.

Los traficantes son cada vez más violentos y, entre otras cosas, multiplican los secuestros para extorsionar a las familias. En Bosnia-Herzegovina, la banda afgana BWK ha dado mucho que hablar: sus miembros, muy jóvenes, están acusados de haber secuestrado y torturado a decenas de exiliados. Tres de ellos han sido juzgados y condenados a veintidós meses de prisión firme por tráfico de migrantes.

“Solo vemos la punta del iceberg”, asegura Silvia Maraone, una trabajadora humanitaria italiana que lleva mucho tiempo en Bosnia-Herzegovina. “Los refugiados no hablan de la mayor parte de los actos violentos porque necesitan a los traficantes para continuar. Ya no se puede cruzar la frontera por la ruta de los Balcanes sin esos grupos criminales: mantienen un mercado cautivo basado en el miedo”, añade.

Señala que su modus operandi es el mismo que en Libia. “En los Balcanes son principalmente bandas afganas, mientras que en Libia son libios. Pero el sistema es el mismo: te secuestran, te torturan, te violan, te rompen los huesos y envían los vídeos a tus familias para pedirles rescates de 3.000 o 4.000 euros. Puede parecer poco, pero para ellos es mucho dinero. Una vez que las familias pagan, las personas son liberadas. Las transferencias se realizan a través de cuentas de Western Union o MoneyGram.”

La policía local no parece muy preocupada por esas historias. “El año pasado acompañamos a una persona que quería presentar una denuncia tras haber sido secuestrada y haber sufrido abusos sexuales. Pero en la comisaría se rieron en su cara”, cuenta Snežana, una treintañera que dirige la delegación serbia del colectivo No Name Kitchen, presente a lo largo de toda la ruta de los Balcanes.

Para ponerse en contacto con los traficantes basta con buscar en TikTok. La red social está repleta de cuentas y contenidos que los promocionan. “Estas personas son expertas en el arte del marketing digital”, reconoce Miodrag Jevtić, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Serbia. Ahí se pueden ver vídeos que muestran a un hombre cortando con unas tenazas la alambrada que separa Hungría de Serbia o encontrar promociones, como la de este joven que posa sentado debajo de un tren con el comentario “Ahorra 50 £, es decir, 200 para una familia de cuatro”. Algunas cuentas incluso ofrecen servicios dignos de agencias de viajes: paquetes desde Peshawar (Pakistán) a Londres o desde Serbia a Italia, con un vídeo que muestra el medio de transporte que se utiliza en cada etapa: coche, autocaravana, autobús, tren.

Algunos muestran a sus clientes satisfechos y a sus ayudantes sobre el terreno, como @radwansosi, un marroquí afincado en Turquía según su biografía, que ofrece “entregas a Bulgaria, Serbia y Austria”. Otros dejan directamente su número de teléfono, a menudo con el prefijo +90, el de Turquía. También hay quienes presumen de su éxito posando ante famosos monumentos europeos y ofreciendo a sus seguidores, que pueden llegar a ser decenas de miles, sus sabios consejos para una emigración exitosa.

Las bandas no dudan en presumir, firmando sus vídeos y adornándolos con emojis de ninjas, coronas, águilas o rifles de asalto para mostrar su fuerza. Los BWK siguen presentes, a pesar de las condenas de algunos de los suyos, pero hay muchas otras bandas: 313, 511, 400-59, Prince Jalal, AK-47, Afg01, Rambo o Wolf DZ, etc.

Alaban el poder de sus armas, sus ganancias, sus conexiones con bandidos locales (un afgano del 511 se graba con albaneses de Kosovo) y se burlan abiertamente de las policías europeas. Sus innumerables vídeos dan a entender, además, que les pasan masivamente —familias enteras o furgonetas repletas— y confirman que operan abiertamente en los campamentos oficiales.

Hemos preguntado a Frontex cómo se lleva a cabo la vigilancia en las redes: su portavoz explica que la agencia debe actuar “respetando la legislación de la UE, en particular en materia de protección de datos personales”, y que “no tiene competencia para vigilar las redes sociales”. Las acciones de sus aproximadamente 700 agentes desplegados en los Balcanes Occidentales (Serbia, Kosovo, Macedonia del Norte, Albania, Montenegro y Bosnia-Herzegovina) se centran, por tanto, únicamente en el terreno, con el fin de “gestionar eficazmente las fronteras de Europa, protegiendo al mismo tiempo a las personas que las cruzan y a quienes las custodian”.

TikTok sirve de escaparate para los traficantes, pero los intercambios continúan de forma más discreta en aplicaciones clásicas como Snapchat, WhatsApp o Telegram, utilizando mensajes efímeros para no dejar rastro. Así nos lo confirmaron unos marroquíes con los que nos encontramos en Belgrado. “En una ocasión decidí tirar mi teléfono cuando la policía me detuvo”, confiesa uno de ellos.

Un grupo de unos quince jóvenes de entre 17 y 34 años ha venido a descansar y a recoger algo de ropa de abrigo a las instalaciones de Info Park, la última organización de la capital serbia que dispone de un espacio de acogida abierto a los exiliados. Después de pasar aproximadamente una semana escondidos en una “jungla” a las afueras de la capital serbia, esperan su traslado “a lo largo del día» a la frontera húngara.

“Son 15 euros por noche bajo un techo, pero como no teníamos suficiente, tuvimos que dormir fuera”, cuenta Hamza, originario de Fez. Este asistente veterinario se decidió a marcharse solo, a pesar del embarazo de su mujer. “La falta de trabajo y el endurecimiento de la represión política”, justifica, antes de añadir: “Mi hija nacerá dentro de tres meses”. Para entonces, espera haber llegado a Francia, donde tiene familia, “en Niza, Marsella y Burdeos”.

“En Serbia pagué una tarifa fija por tres intentos de game [expresión que se refiere al cruce ilegal de fronteras, ndr], pero todos fracasaron”, explica. “Tuve que esperar a que mi familia me enviara dinero para volver a intentarlo. Rezo para que esta vez funcione”.

Desde 2023 se han disparado los costes de los cruces a causa del refuerzo de los controles fronterizos vinculado al despliegue de Frontex en todos los Balcanes Occidentales y a la entrada de Croacia, Bulgaria y Rumanía en el espacio Schengen. “20.000 euros para ir de Afganistán a Alemania es una cantidad enorme. ¿Quién puede permitírselo?”, se pregunta Milica Švabić. Según los testimonios recopilados por su ONG, KlikAktiv, y confirmados por otros, cada vez más exiliados son explotados, incluso sexualmente, para pagar sus deudas y continuar su viaje.

¿Qué hacen los Estados de la ruta de los Balcanes para luchar contra las redes de traficantes? “No mucho”, responden al unísono las organizaciones humanitarias, que comparten la misma conclusión: se producen algunas detenciones, pero siempre son los peones los que caen. “Los jefes tienen pasaportes europeos y se burlan de las fronteras”, señala Stevan Tatalović, refiriéndose también a los vínculos con las redes criminales locales.

En todas partes, las autoridades repiten el mismo discurso: los Balcanes son solo una tierra de tránsito. El mensaje va dirigido tanto a la opinión pública, en plan “no se preocupen”, como a los exiliados, para hacerles entender que su lugar no está allí. Desde 2008, Serbia solo ha concedido asilo a 118 personas, de las cuales solo una en 2025. En esas condiciones, ¿cómo sorprender que los campos oficiales estén hoy casi vacíos y que las actividades de los traficantes prosperen?

La historia de K. y A. es un triste ejemplo de ello: esta pareja de baluches iraníes fue rechazada, a pesar de que su expediente recogía diversas persecuciones. Recurrieron, pero también se pusieron en contacto con “la mafia”, como ellos dicen, para intentar seguir. Pero la policía croata y luego la húngara los detuvieron y los devolvieron a Serbia.

En cuanto a las ONG, cada vez les resulta más complicado cumplir su misión. No solo se criminalizan sus actividades, sino que su número se reduce drásticamente en la ruta de los Balcanes. La causa es la caída de la financiación internacional, indexada a las estadísticas oficiales de pasos fronterizos. “Antes de la COVID-19, había unas quince en Serbia, hoy se pueden contar con los dedos de una mano. El resultado es que ya casi nadie puede trabajar sobre el terreno”, se lamenta Stevan Tatalović. Si nada cambia, pronto solo quedarán los traficantes junto a los exiliados en este itinerario a las puertas de la UE. Sin duda será mucho peor.

Traducción de Miguel López

El mar se fue encrespando y les tragó furioso. Aylán, el niño sirio, y su hermano y su madre, se hundieron en la sombra y murieron ahogados. ¿Ahogados? ¿O cayeron abatidos por todos? Que cada cual deduzca lo que crea verdadero. Yo pienso que murieron por manos homicidas, aunque el mar los lanzara a una playa siniestra. Tenía su boquita taponada de arena y besaba la tierra que no quiso acogerlo. Le hicieron una foto letal, espeluznante, que ha recorrido el mundo electrizando a todos. Nadie vino a salvarlo de su trágica muerte. Ni los ángeles suyos ni los ángeles nuestros. Muy pronto olvidaremos su final lacerante y será sepultado su recuerdo por siempre. Pero nunca pensamos que son muertes diarias, que cada noche caen personas inocentes, que cada tarde vuelan infantes por el cosmos, en busca de otra tierra que sea algo más justa.

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Alfonso Jiménez es socio de infoLibre.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, ha presentado alegaciones y también un recurso de reposición contra el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ordenado por el ayuntamiento de esta localidad, según ha informado EFE.

La Secretaría de Estado de Migraciones ha presentado estas alegaciones y este recurso en el plazo legal establecido para oponerse al cierre de un centro que cuenta con 570 plazas para solicitantes de asilo, según han indicado a EFE fuentes del Ministerio de Inclusión.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, han asegurado que las alegaciones y el recurso presentados por el Ministerio "forman parte de la tramitación habitual de cualquier expediente como éste y no modifican en absoluto la decisión de cierre del centro, que no cuenta con la licencia correspondiente de uso".

Este centro, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está gestionado por la ONG Accem, y tiene ocupadas 395 plazas, la mayoría -178- por ciudadanos ucranianos y el resto por personas procedentes de Afganistán (49), Mali (43) y Venezuela (29), según informó la oenegé a EFE.

El pasado mes de julio, Pozuelo de Alarcón inició el procedimiento para cerrarlo con el argumento de que carece de licencia para esta actividad, pues la que tiene, vigente desde 2013, es para un uso de centro de formación con auditorio y garaje.

La Comunidad de Madrid y el PP apoyaron el proceso para cerrar este centro, el último paso dado por el consistorio después de que trascendiese que el Gobierno barajaba trasladar a estas instalaciones a 400 menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias, a lo que se oponían tanto el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como el municipal de Pozuelo de Alarcón.

El Gobierno puso en marcha este centro en marzo de 2022 para dar una respuesta a la emergencia migratoria derivada de la invasión rusa a Ucrania y fue el primer Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) al que siguieron otros tres en España, ubicados en Málaga, Barcelona y Torrevieja (Alicante).

Fueron creados para recibir y asistir a los desplazados por la guerra y gestionar, en menos de 24 horas, su protección temporal en España -que otorga permiso de residencia y trabajo y acceso a los servicios sociales españoles de forma inmediata- para su posterior derivación a otros recursos más adecuados.

En marzo de 2023, el centro de Pozuelo de Alarcón empezó a atender a personas solicitantes de asilo de otras nacionalidades además de la ucraniana y entre ellos hay núcleos familiares con menores acompañados.

El planeta vive hoy la mayor crisis de desplazamiento forzado de su historia. A finales de 2024, más de 122 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares por guerras, violencia o persecución. De ellas, más de 43 millones han cruzado una frontera internacional en busca de refugio. Estas cifras no son una anomalía, sino la expresión de una tendencia sostenida: vivimos en una era de desplazamientos prolongados, donde cada vez es más difícil regresar, y donde los países con menos recursos siguen asumiendo la mayor parte del esfuerzo de acogida.

El último informe de CEAR, presentado con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, ofrece un diagnóstico claro. En Gaza, más de 55.000 personas han perdido la vida desde octubre de 2023 y dos millones sobreviven en condiciones de encierro absoluto, sin acceso a agua, asistencia médica ni refugios seguros. En Sudán, la guerra ha provocado el mayor éxodo interno jamás registrado en África. En Afganistán, las mujeres son privadas de derechos básicos. En Venezuela, millones de personas siguen huyendo de una crisis estructural. Y en Ucrania, la guerra continúa desplazando a miles cada día.

En este contexto, España no ha sido ajena a su responsabilidad. Nuestro país fue en 2024 el segundo de la UE en número de solicitudes de asilo. El volumen ha puesto a prueba las capacidades administrativas del sistema, pero también ha evidenciado el compromiso de nuestra sociedad y de las instituciones. En los últimos años, se han dado pasos importantes para consolidar un modelo de acogida más estable, profesionalizado y orientado a la inclusión.

Sin embargo, los desafíos persisten. La creciente externalización del control migratorio, el auge de discursos xenófobos y la instrumentalización del derecho de asilo amenazan con erosionar consensos básicos. No se puede proteger a quienes huyen si se normaliza cerrar fronteras, levantar muros o delegar la responsabilidad en terceros países con dudosos estándares democráticos.

En este escenario, el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo puede ser un punto de inflexión. España, con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, ha tenido un papel activo en su impulso. Pero su aplicación deberá ser vigilada con atención: solo será legítimo si respeta los principios del derecho internacional, garantiza la solidaridad entre Estados miembros y refuerza las vías legales de acceso a la protección. No basta con gestionar menos llegadas: hay que proteger mejor.

Más allá de las cifras y los tratados, el 20 de junio debe servir para recordar algo esencial: las personas refugiadas no huyen porque quieran, sino porque no tienen otra opción. No necesitan compasión, sino derechos. Requieren condiciones para rehacer su vida, participar en sus comunidades, contribuir desde la seguridad. Por eso, la verdadera solidaridad se mide en políticas públicas, recursos y voluntad política.

Este Día Mundial de las Personas Refugiadas no es una jornada más. Es un termómetro de coherencia democrática. De nada sirve declararse defensor de los derechos humanos si se tolera la indiferencia ante quienes los han perdido todos. En 2025, toca responder con hechos.

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Luc Andre Diouf Dioh es portavoz de Migraciones del Grupo Parlamentario Socialista.

Algunos se preguntaron si “era el Mossad”. Otros se preguntaban si se encontraban ante “un fiscal” en lugar de ante un agente de protección. Para los palestinos que han podido salir de Gaza, la entrevista en la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (Ofpra), encargada de determinar si pueden beneficiarse de protección en Francia, supone una triple violencia.

La violencia de la guerra genocida a la que han sobrevivido, la del exilio que se les ha impuesto para poder seguir con vida tras numerosos desplazamientos forzados en Gaza y la de la sospecha a la que se han enfrentado al llegar a Francia, al darse cuenta de que se les consideraba una amenaza potencial más que refugiados.

Esas entrevistas confidenciales, en las que participan un solicitante de asilo, un intérprete, un abogado (en ocasiones) y un agente de protección en las oficinas de la Ofpra, suelen durar varias horas y son muy duras para quienes deben relatar los peligros o persecuciones que han sufrido en su país de origen. Pero desde hace algún tiempo, la seguridad ha pasado a primar sobre el asilo, hasta el punto de que los agentes de la Ofpra dicen tener la sensación de “hacer de policías” (leer aquí nuestra investigación).

“Tuve la impresión de estar siendo interrogado”, resume un palestino que prefiere mantener el anonimato. Las preguntas que le hicieron “no estaban pensadas para hablar de Gaza y el genocidio que se está produciendo allí”, sino para “conocer tu opinión sobre Hamás y lo que ha hecho”. Dice que pudo describir la situación en Gaza y la destrucción de todo lo que allí existía: lugares de vida, escuelas, hospitales y otras infraestructuras.

Pero enseguida “le preguntaron si había estado en Hamás o si conocía a miembros de Hamás, y eso varias veces”. “Insistieron en mi familia, para saber a qué se dedicaba cada uno”, afirma. El agente también le habría preguntado sobre el 7 de octubre: “Quería saber qué habíamos hecho ese día. Esperaba que condenara el ataque”. El hombre dice que fue una entrevista “difícil”, durante la cual no hubo “ninguna consideración” por todo lo que había pasado. Dice que se sintió “liberado” al salir de la Ofpra: “No quería pasar ni un minuto más en ese lugar”.

“Me preguntaban sobre todo si pertenecía a Hamás, si sabía manejar un arma, si algún miembro de mi familia trabajaba para las fuerzas armadas. Todas esas preguntas equivalían a preguntarme si era militante o si tenía vínculos con algún grupo militante”, cuenta otro palestino. También le interrogaron sobre sus familiares. Y con todo detalle: tíos, tías, primos, incluso lejanos.

“Me percibían como un peligro. Las preguntas eran muy específicas y parecían más acusaciones que una entrevista para evaluar mi solicitud de asilo”, continúa. El agente de la Ofpra habría intentado “presionarlo”, como si lo estuviera “interrogando por un delito”. “Las preguntas no se referían a la situación humanitaria ni a las historias horribles que vivimos en Gaza”. Excepto una: “El agente me preguntó si había estado cerca de la muerte. Respondí que sí y pasó a otra cosa”.

Para él, la entrevista fue “intensa” y salió de ella “preocupado”. Lamenta que no le preguntaran por su situación familiar y por los seres queridos que dejó atrás. “El asilo es legítimo para alguien que ha vivido mi situación, pero tuve la impresión de estar infringiendo la ley o haciendo algo malo”.

“Las preguntas eran precisas y se centraban en los más mínimos detalles”, cuenta una palestina de Gaza, “sin tener en cuenta los sentimientos de la persona cuando evocaba un acontecimiento difícil o un asesinato cometido ante sus ojos”. Aparte de las preguntas de carácter privado, que tienen por objeto verificar la veracidad de los hechos y del relato y no son sorprendentes en una entrevista de asilo, añade que le preguntaron por “las afiliaciones políticas” de sus familiares.

No se esperaba esas preguntas, dice, “a las que ya se había enfrentado con los servicios de inteligencia israelíes”. “Era como si quisieran demostrar que todos los palestinos son culpables, independientemente de su afiliación política”, añade, precisando que se sintió “muy nerviosa” al término de la entrevista.

Normalmente, en una entrevista para solicitar asilo, las preguntas se refieren en primer lugar al estado civil y a los datos personales del interesado, y luego a su trayectoria y a los peligros o persecuciones a los que se enfrentaría si regresara a su país de origen. Las preguntas varían, por tanto, en función de la historia de cada persona y de su nacionalidad (dependiendo de si existen situaciones de conflicto en el país de origen o no).

En el caso de los palestinos procedentes de Gaza, “dedican más tiempo a buscar motivos de exclusión [para denegar la solicitud de asilo, ndr] que a buscar motivos de protección”, lamenta una fuente que desea permanecer en el anonimato. Según ella, “el 80 % de las preguntas” se refieren a la seguridad: “¿Qué opinas de Hamás?”, “¿Qué opinas del 7 de octubre?”, “¿Crees que fue un acto de resistencia?”, “¿Sabes manejar un arma o has manejado alguna vez un arma?”, etc.

“Los solicitantes de asilo no lo entienden. Hay una gran diferencia entre la tragedia que han vivido y las preguntas que se les hacen”, dice esa fuente, que precisa que “sus relatos pueden hacer llorar a los abogados, intérpretes o agentes de protección”, ya que están llenos de horrores.

“Es la primera vez que se sinceran. Están estresados, han huido de una zona en la que se está cometiendo un genocidio y donde sus familias corren peligro de muerte cada día”, añade otro interlocutor. Según nuestras informaciones, algunos agentes de la Ofpra han roto a llorar durante las entrevistas, disculpándose por tener que hacer tales preguntas. Otros se sienten bastante cómodos con las preguntas que hacen.

Preguntas muy inesperadas para estos supervivientes de Gaza, ya que, como otros, han tenido que esperar más de un año para ser evacuados, debido a las largas investigaciones de seguridad para obtener el visado y el permiso para salir de Gaza. “No han venido a Francia ilegalmente ni de forma expresa”, subraya una de las fuentes ya citadas. “El agente de protección era amable, pero es como si el sistema le obligara a hacer esas preguntas”, concluye el primer palestino citado.

Traducción de Miguel López

Primero hubo que comprarles ropa, calzado, cepillos de dientes, productos de higiene personal, detergente, comida para rellenar en la nevera y en los armarios del piso alquilado para ellos. Después hubo que acompañarlos a hacer los trámites administrativos, al banco, a la CAF (Caja de subsidios familiares) y al colegio de los niños.

En abril llegaron a Francia diecisiete palestinos y palestinas de Gaza, universitarios y artistas, junto con sus familias, sin nada más que la ropa que llevaban puesta, sus teléfonos móviles y algunos documentos. Órdenes del ejército israelí. Tuvieron que dejar atrás Gaza, lo que quedaba de sus vidas y lo que pudieron salvar de sus respectivos trabajos.

Llegaron con el agotamiento de dieciocho meses de guerra genocida y el inmenso deseo de poder, por fin, retomar su trabajo. El deseo de encontrar un lugar sin bombas, sin la búsqueda diaria de comida, agua y leña para sobrevivir, que obstruye la mente y mina el cuerpo.

Eso es lo que ofrece el programa Pause (Programa nacional de acogida de emergencia para científicos y artistas en el exilio), puesto en marcha por el Collège de France desde 2017 para científicos y artistas de todo el mundo que se encuentren en peligro en sus países.

“No hacemos labor humanitaria, acogemos a colegas eminentes que sufren, como está perfectamente documentado y demostrado, un educidio. La decisión de acogerlos se tomó hace meses, coincidiendo con la destrucción sistemática de las universidades de Gaza”, asegura Norig Neveu, historiadora especializada en Oriente Próximo contemporáneo en el Instituto de Investigación y Estudios sobre el Mundo Árabe y Musulmán (Iremam) de la Universidad de Aix-Marsella. “Era importante ponerlos a salvo para que pudieran trabajar y preservar la cultura material e inmaterial de Gaza con el fin de poder reconstruirla posteriormente”.

La Universidad de Aix-Marsella acoge a dos investigadores, Youssel Elqadra, poeta y especialista en literatura, y Abdellatif Abou Hachem, doctor en islamología y reconocido erudito en manuscritos antiguos de Gaza.

“Su presencia es una oportunidad inconmensurable”, prosigue Norig Neveu. “Abdellatif Abou Hachem tiene un conocimiento enciclopédico de la cultura letrada, de su construcción, de sus textos, de los archivos, incluidos los textos clásicos árabes. Aportará mucho a nuestro programa sobre la predicación durante el periodo otomano”.

Los beneficiados del programa Pause no son, por tanto, refugiados. De hecho, no gozan de este estatus, sino de un visado de talento, un permiso de residencia y un salario. Y el programa no está solo reservado a los palestinos de Gaza. Desde 2017, se han beneficiado de él sirios, afganos, yemeníes, turcos, ucranianos y rusos.

Los candidatos presentan una solicitud. Su expediente debe incluir un lugar de acogida (un laboratorio de universidad, una escuela de arte, una escuela de cine, una asociación cultural nacional, regional o departamental) que se comprometa a hacerse cargo del 40% de su salario, mientras que Pause se encarga del 60% restante. La evaluación la realizan comités científicos o artísticos. Los beneficiarios reciben entonces los permisos necesarios para venir a Francia.

Los gazatíes presentan particularidades con respecto a los sirios, ucranianos o rusos acogidos en gran número en los últimos años.

En primer lugar, suscitan menos entusiasmo que sus colegas de otras nacionalidades. Generalmente ha sido necesario mostrar perseverancia y convicción para encontrarles lugares de acogida, incluso y quizás sobre todo en el ámbito universitario. Este se mostró, en el primer año de la destrucción del enclave, tan reacio acogerlos como a organizar debates sobre la guerra en Gaza o a permitir la expresión de los estudiantes e investigadores.

Aquí, como en otros ámbitos, es mejor ser intelectual o artista ucraniano que palestino. También en términos económicos, por cierto. Tras perder los fondos europeos asignados desde 2017, cuando se inició el programa, hasta 2021, Pause ha logrado mantener su presupuesto e incluso aumentarlo gracias a una considerable ampliación de la ayuda de su principal patrocinador, el ministerio de Educación Superior e Investigación.

“En 2022, con la guerra contra Ucrania, se produjo una fuerte movilización de los poderes públicos”, explica Laura Lohéac, directora del programa. “Recibimos 4 millones de euros adicionales del ministerio de Educación Superior e Investigación. Los de Cultura y Asuntos Exteriores también aumentaron sus contribuciones. Nuestro presupuesto pasó entonces de 4 a 9 millones de euros. Hemos podido acoger a 200 ucranianos y un centenar de rusos”.

Pero, lamentablemente, han vuelto los tiempos difíciles, y son los palestinos quienes más lo van a sufrir. Con un presupuesto que ha vuelto a caer a 3,5 millones de euros para 2025, frente a unas necesidades estimadas en cerca de 8 millones, Pause está con el agua al cuello.

“Ni siquiera sabemos si podremos garantizar un segundo año a nuestros beneficiarios, cuando el programa prevé un año renovable”, prosigue Laura Lohéac. “Además, ya no podemos responder a más solicitudes, y recibimos cada vez más procedentes de Gaza”. En el primer trimestre de 2025, solo cinco palestinos de Gaza han accedido a la condición de becarios. Y el obstáculo no radica en la calidad de las candidaturas, sino en la escasez del presupuesto de Pause.

Otra particularidad, destacada en un llamamiento lanzado por más de 350 académicos, se refiere al peligro inminente que corren los ganadores del programa que aún se encuentran en Gaza, así como todos aquellos que podrían optar a él. Porque si sus colegas de Ucrania, Rusia, Yemen, Turquía o Siria no pueden trabajar en sus países y corren graves riesgos, los artistas e intelectuales de Gaza pueden morir en cualquier momento.

“Es un culturicidio”, afirma Marion Slitine, antropóloga especializada en la escena artística palestina y pieza clave en la acogida de artistas de Gaza con su asociación Maan, colaboradora de Pause. “Las voces que dan testimonio de la vida cotidiana están en el punto de mira: poetas, músicos, artistas visuales, cineastas... Todos lo han estado. También han empezado a perder sus talleres, sus casas. Poco después del inicio del genocidio, empecé a recibir llamadas. Nos decían que querían salir de ese infierno. Y sigue así”.

“Estamos llegando a un punto álgido de peligro de muerte. A escala del programa, nunca hemos conocido un peligro tan grande para los becados”, asegura Marianne Poche, responsable del acompañamiento de los científicos en Pause. “Además, su llegada es muy compleja. Antes de mayo de 2024, algunos pudieron salir de Gaza por sus propios medios, a través de Rafah. Pero desde mayo de 2024, el territorio está herméticamente cerrado. Y ahora hay que organizar verdaderas evacuaciones”.

Estas dependen exclusivamente de la buena voluntad de las autoridades israelíes, que controlan todos los puntos de paso. Los que llegaron en abril deberían haber llegado a Francia meses antes: todos son admitidos de 2024. Doce siguen aún atrapados en la Franja de Gaza. De hecho, eran trece los que esperaban una nueva evacuación, pero uno de ellos, el arquitecto e investigador artístico Ahmed Chami, falleció el 13 de mayo. No sobrevivió a las heridas causadas por un bombardeo israelí una semana antes.

El ministerio de Asuntos Exteriores lleva meses negociando con Israel para que autorice la salida de los beneficiarios. Una persona que conoce el caso afirma que el retraso se debe a la exigencia israelí de que los becados salgan sin sus familias. Negativa rotunda. El programa Pause prevé, en efecto, la acogida de los científicos y artistas, así como de sus familias. En el contexto de la guerra genocida en Gaza, la separación sería, además, insostenible. El obstáculo se ha superado, no sin dificultades.

Unos días antes de Navidad, todo el mundo creyó que por fin había llegado el momento. Fue una falsa alarma y una prolongación del infierno para todos aquellos que, en Gaza, habían vislumbrado un rayo de esperanza. Finalmente, llegaron a Francia. Casi a escondidas.

Las autoridades francesas querían sin duda evitar la polémica, ya que el debate sobre la situación en Gaza sigue siendo muy candente, pero no lo consiguieron. Apenas pisaron suelo francés los académicos y los artistas, las redes sociales se incendiaron. Militantes pro palestinos acusaron a Francia de participar en la limpieza étnica llevada a cabo por Israel y aprobada por Donald Trump. Un sinsentido en el marco del programa de acogida de científicos y artistas, afirman todos aquellos que lucharon hasta la extenuación para sacar a sus colegas del infierno de Gaza.

“Esas personas fueron seleccionadas para el programa mucho antes de la llegada de Trump y sus declaraciones. No tiene nada que ver. Se trata de personas que no podían seguir ejerciendo su trabajo, que corrían peligro de muerte”, precisa Marianne Poche. “El programa Pause ofrece a esas personas la posibilidad de retomar sus actividades profesionales, reconstruirse, reconstruir sus familias, integrarse en una actividad en Francia con sus colegas y, posteriormente, volver a sus países, al menos eso esperamos, y ellos también”.

Traducción de Miguel López

Mohammad Alrshedat, originario de Deraa, Siria, vive en Austria desde hace más de tres años. Ha aprendido alemán y trabaja como techador en Viena. Pero todavía siente un vacío inmenso: su mujer y sus dos hijos de 9 y 10 años viven en Turquía y llevan más de un año esperando reunirse con él. Sin embargo, el gobierno de coalición entre conservadores (ÖVP), socialdemócratas (SPÖ) y liberales (Neos) ha anunciado su voluntad de suspender la reagrupación familiar.

Esta decisión le ha conmocionado profundamente. “Mi sueño se ha hecho añicos. Lo tenía todo planeado, quería que mi familia se viniera conmigo, que mis hijos fueran a la escuela, que pudiéramos construir algo en este país. Ahora todo eso se ha acabado”, cuenta Mohammad Alrshedat con amargura. “Ahora no sé qué hacer”.

Esta suspensión de la reagrupación familiar, una primicia en la Unión Europea (UE), es uno de los proyectos estrella del nuevo gobierno y, en particular, de los conservadores, que anteriormente habían negociado, sin éxito, con la extrema derecha del FPÖ para formar una coalición. “Hemos alcanzado el límite de nuestra capacidad de acogida y por eso estamos presionando el botón de stop”, justificó la ministra de Integración, Claudia Plakolm (ÖVP). Para ella, “la probabilidad de una integración exitosa disminuye con cada nueva llegada. [...] Austria necesita mano de obra cualificada, no un flujo de parados”.

Esta decisión se inscribe en un contexto de tensión en el país en torno a cuestiones migratorias. En las elecciones legislativas de septiembre de 2024, la extrema derecha del FPÖ registró una victoria histórica al obtener casi el 29 % de los votos. Aunque no logró entrar en el Gobierno, sigue siendo la primera fuerza política del país.

Para aplicar esta medida, el Gobierno debe modificar primero la ley de asilo para poder suspender, por decreto, el proceso de decisión relacionado con la reagrupación familiar. En concreto, los familiares de los refugiados y de los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria podrán seguir presentando una solicitud, pero esta quedará sin efecto mientras el decreto esté en vigor, inicialmente durante seis meses, según el deseo de la coalición.

Pero la reagrupación familiar está regulada y protegida por el derecho europeo. Para justificar esta suspensión, la coalición invoca la “cláusula de emergencia” de la Unión: el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), según el cual el derecho nacional puede prevalecer excepcionalmente sobre el derecho europeo en caso de amenaza para el orden público y la seguridad interior. El gobierno destaca la supuesta saturación del sistema educativo y las dificultades de integración de los recién llegados y ha informado a la UE de su decisión.

Podría haber algunas excepciones, como en el caso de los menores que se han quedado en el país de origen y que podrían reunirse con sus padres en Austria o, por el contrario, de aquellos que han venido solos al país y que podrían hacer venir a sus padres.

Eso ha provocado la ira de la extrema derecha, que denuncia una medida insuficiente, limitada en el tiempo y que se verá obligada a ser eludida debido a esas excepciones. El FPÖ había defendido, durante la campaña de las elecciones legislativas, la suspensión total del derecho de asilo. Para los Verdes, por el contrario, el texto no aporta ninguna solución a los problemas que enfrenta el sistema educativo y constituye una “erosión del Estado de derecho”.

Para justificar esta infracción de las normas europeas, el Gobierno se basa en un estudio que pretende demostrar que las personas que llegan en el marco de la reagrupación familiar son más difíciles de integrar que las que han solicitado asilo en Austria. En los primeros años tras su llegada, tienen menos probabilidades de encontrar empleo y aprenden alemán más lentamente. Según una de las autoras del estudio, el problema es que los resultados se han distorsionado y presentado de manera incorrecta en el debate público. El impacto en el empleo y el conocimiento del idioma se reduce con el tiempo de permanencia.

Además, varios expertos dudan de que el proyecto cumpla con la legislación europea. ¿Cómo se puede invocar un riesgo para el orden público y la seguridad interior cuando las cifras de reagrupación familiar están disminuyendo drásticamente? En 2024 llegaron en este contexto un total de 7.762 personas, la mayoría de ellas menores. En febrero solo llegaron 60.

Además, las dificultades encontradas, especialmente en las escuelas, varían mucho según los estados federados: “Será interesante ver cómo Austria justifica una situación de emergencia a escala nacional. Porque, si bien es innegable que tenemos un problema en algunas partes del país, el derecho europeo no tiene en cuenta el federalismo. En cuanto a la integración, Viena hace la mayor parte del trabajo y los demás estados federados hacen muy poco y eluden su responsabilidad”, afirma Lukas Gahleitner, jurista de la organización de ayuda a los refugiados Asylkoordination.

El especialista habla de una “violación calculada del derecho”: “Hasta cierto punto, se trata de un proyecto ideológico. El gobierno quiere demostrar que es uno de los primeros de Europa en hacerlo. [...] Es una política populista que no aporta ninguna solución, sino que, por el contrario, crea problemas”.

Su asociación tiene intención de llevar algunos casos ante los tribunales austriacos, con la esperanza de que ellos recurran al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para anular esta reforma. Otra posibilidad es que la Comisión Europea presente por sí misma un recurso por incumplimiento ante el tribunal, una vez que se presente la orden.

Esta medida refuerza el sentimiento de estigmatización que viven los refugiados sirios, los más afectados por esta decisión. En diciembre, el ministro del Interior, Gerhard Karner, ya había anunciado “un programa ordenado de repatriación y expulsión a Siria” tras la caída del régimen de Bachar al-Assad. Desde entonces, varios miles de sirios han recibido una carta informándoles de la apertura de un procedimiento para retirarles su condición de refugiados.

Mohammad Alrshedat es uno de ellos. Aún así, hay pocas posibilidades de que estos esfuerzos tengan éxito dada la inestabilidad que reina en el país desde la salida del dictador, pero el impacto en la moral de los refugiados es muy real: “Ya no tengo ninguna motivación. Antes iba a hacer deporte todos los días, sin importar lo duro que fuera mi trabajo, pero ahora ya no tengo ganas de nada”, describe.

A su lado, Ahmad al-Hariri, miembro de una asociación de la comunidad siria, asiente con la cabeza: “Estamos organizando un café lingüístico y vemos que cada vez viene menos gente. Nos dicen: ¿para qué aprender alemán si no nos quieren? Sin embargo, estas personas quieren aprender y llevar una vida normal. Creo que el objetivo del gobierno no es solo suspender la reagrupación familiar, sino no tener más refugiados en el país”.

A finales de enero, más de 4.600 personas seguían esperando una respuesta a su solicitud de reagrupación familiar, entre ellas 3.600 sirios.

Traducción de Miguel López

“¿Ves esa catedral? Está construida con piedra volcánica, eso es lo que la hace tan atípica”. Solo seis meses después de su instalación en Clermont-Ferrand, Islam Idhair no puede evitar decir algo para vender los tesoros arquitectónicos locales. Porque ese patrimonio cultural es ahora también suyo, ya que aspira a reconstruir su vida aquí, con su esposa Heba, al aire libre de Auvernia, lejos de las playas devastadas de Gaza.

“Clermont fue la elección de mi amiga Marine Vlahovic. Nos recomendó un lugar muy tranquilo después de nuestra salida de Gaza”, recuerda Islam. Junto al zumbido de los drones y el estruendo de las bombas, no cabe duda de que los ruidos de los martillos neumáticos que han invadido el centro de Clermont desde hace más de un año le parecen un suave silbido.

Pasadas las primeras semanas de adaptación, facilitadas por el francés fluido de Islam, la pareja se acostumbró rápidamente a la vida en Clermont. Nos encontramos con Islam y Heba en la terraza de una cafetería, en la plaza Jaude, donde ambos tienen ahora sus rutinas. “Lo de siempre, Jérôme”, dice Islam al camarero, que le sirve su expreso doble.

Volver a disfrutar de los pequeños placeres cotidianos es el comienzo del camino hacia una nueva vida, cree firmemente la pareja. Porque no les queda nada de su vida anterior. Sus recuerdos, los dibujos de los niños, las fotos y retratos colgados en las paredes, los souvenirs de viajes, todo quedó enterrado bajo su casa en Rafah, pulverizada por una bomba israelí durante el primer mes de la guerra.

Y aún así, si solo hubiera perdido eso aquel 21 de octubre de 2023.  Los cuatro hijos de Islam y Heba murieron ese día atrapados bajo los escombros y aplastados por las toneladas de cascotes causados por la explosión. El ataque se llevó a sus dos hijos, Ayman, de 13 años, y Aous, de 5, y a sus dos hijas, Iman, de 12, y Andalous, de 10.

“La mitad de mis recuerdos se han borrado desde que vivimos nuestra dramática situación”, advierte Islam. Pero en el relato que hace de ese espantoso día no omite ningún detalle.

Como hacía todos los días, Islam había salido a hacer la compra para la familia antes de comenzar su jornada laboral. “Quince minutos después de llegar, oí unas grandes explosiones. Inmediatamente me tapé la cabeza con los brazos”, cuenta. Islam no se equivoca. Ese misil iba dirigido a él y a los suyos. Se encontró de golpe sepultado por los escombros, enterrado por su propia casa. En estado de shock, a pesar de todo, encontró la fuerza para tragar pequeños escombros para poder respirar. Después de tragar el cuarto trozo, se atragantó y empezó a desesperarse.

(vídeo)

“No había luz, estaba oscuro y estaba solo. Tenía heridas por todas partes. Tenía sueño, pero una voz interior me obligaba a mantenerme despierto”, detalla, de manera objetiva, casi desapegada, como si contara una desgracia de viaje. “Entonces oí voces, un montón de gente que gritaba fuerte. Luego las voces se fueron acercaron despacio y empezaron a retirar escombros y a buscar.”

Nos muestra los vídeos de su “milagro”, como él lo llama. Su mujer, que también se había salvado por milagro, acababa de salir de casa para ayudar a una vecina cuyo hijo pequeño estaba llorando desconsoladamente. Estaba a cincuenta metros de casa cuando ésta fue alcanzada por un dron israelí.

“Por desgracia, no hubo milagro para nuestros cuatro hijos”, relata, sin que se perciba aflicción ni rencor en su voz. Heba, con la mirada perdida, le oye revivir la secuencia de ese espantoso día, sin escucharle realmente, con la cabeza a veces en sus pensamientos, a veces centrada en su teléfono. Físicamente está presente, pero su mente está en otra parte.

Después de ser desenterrado de los escombros, Islam fue llevado rápidamente al hospital, donde le mostraron los cuerpos inertes de sus cuatro hijos, uno a uno. Nos enseña en su teléfono las fotos de sus dos hijos y dos hijas, envueltos en un sudario blanco, con sus rostros juveniles hinchados y llenos de cortes. “A pesar de que se han ido, siguen estando con nosotros. Nos centramos en los buenos recuerdos, son los que nos fortalecen y nos ayudan a seguir adelante con nuestra vida”, intenta convencerse.

En retrospectiva, ahora está convencido de que su casa fue atacada debido a su profesión. Desde el 7 de octubre de 2023, trabajó sobre el terreno, tomó fotos, recopiló testimonios, documentó los bombardeos indiscriminados israelíes contra civiles, especialmente para medios de comunicación francófonos con los que solía trabajar: Radio France, Libération, L'Humanité, La Croix, etc. Para él, hoy es evidente que Israel mata a periodistas para ocultar al mundo los crímenes que su ejército comete en Gaza.

“Empezaron prohibiendo el acceso a los periodistas extranjeros, ahí nos dimos cuenta de que esta guerra no se parecería a las que habíamos conocido antes”, recuerda Islam, que vivió los conflictos de 2008-2009, 2014 y 2021. “Luego, fueron a por todos los periodistas que trabajaban para medios extranjeros. Todos mis amigos periodistas están heridos o muertos”.

Su abogado en Francia, Raphaël Kempf, concuerda y pide que se abra una investigación para determinar las responsabilidades dentro del ejército israelí: “También era octubre de 2023, un momento en el que se estaba desarrollando el uso del algoritmo que permite designar objetivos en la Franja de Gaza y que, en mi opinión, tiene el efecto de apuntar especialmente a los periodistas. Ignoro si la elección de apuntar a Islam se debe a ese algoritmo o a un oficial”.

Siguieron siete meses de supervivencia en Gaza, de sobresaltos y temblores ante la más mínima deflagración, de revivir una y otra vez ese dramático día 21 de octubre. Cada día el conflicto se enquistaba un poco más y la posibilidad de una intervención terrestre de las tropas israelíes hacía temer lo peor a los amigos franceses de Islam, que seguían preguntando por él a diario, a pesar de la mala conexión.

Una de sus allegadas, la periodista Marine Vlahovic, recientemente fallecida, incluso le enviaba cada poco dinero para comprar lo necesario para sobrevivir en el enclave palestino y le puso en contacto con psiquiatras y psicólogos franceses, a los que consultaba y que le recetaban medicamentos por teléfono. “Nuestros amigos nos encontraron una agencia de turismo egipcia que cobraba 10.000 euros por cruzar la frontera para dos. Les respondí que ni siquiera tenía 100 euros”, cuenta Islam.

Sus amigos, periodistas franceses para los que Islam trabajó como intermediario, se encargan de reunir esa cantidad creando una hucha. El 1º de mayo de 2024, Islam y Heba logran salir del infierno de Gaza, unos días antes de que el ejército israelí entre en Rafah obligando a huir a más de un millón de gazatíes que se habían apiñado allí. Llegan a El Cairo, donde pasan de un alojamiento a otro durante cinco meses, a la espera de su visado para Francia.

Conseguido el documento, Islam y Heba llegan a Francia el 11 de octubre y se instalan en Clermont-Ferrand al día siguiente. ”Vivimos en un pequeño apartamento que nos ha proporcionado el centro de acogida para solicitantes de asilo. Estamos bien aquí, tenemos todo lo que necesitamos en cuanto a gastronomía. Pero sobre todo, por fin estamos a salvo”, suspira Islam con alivio.

Aunque su solicitud de asilo aún está en proceso de evaluación, Islam ya expresa su gratitud a Francia, que le da la oportunidad de “reconstruir su vida, su familia, lejos de las bombas”. Quiere mostrarnos su tarjeta de transporte, que apenas le cuesta cuatro euros al mes, así como una tarjeta de compra que la Oficina Francesa de Inmigración e Integración (OFII) recarga cada mes con 320 euros. Una vez que se acepte su solicitud de asilo, espera poder encontrar trabajo rápidamente. “Esperamos que Francia esté orgullosa de nosotros algún día, orgullosa de que hayamos logrado rehacer nuestras vidas”.

Declama su esperanza con cara de resignación y afirma que, a pesar del drama que le ha arrebatado a sus hijos, no tiene nada en contra de nadie, no siente odio. “No quiero que haya familias al otro lado que vivan el mismo dolor que nosotros. Prefiero la tolerancia y la paz”, repite, como para autoconvencerse. “En este conflicto se necesitan más personas que hablen de paz en lugar de guerra, de vida en lugar de muerte, de convivencia en lugar de ira.”

No tiene nada en contra de nadie, excepto de los países árabes, cuyo abandono no puede digerir. “Miro lo que Europa ha hecho por Ucrania y pienso que la Liga Árabe no ha hecho nada por nosotros. Nos alegramos cuando los países europeos nos ayudan, porque no están obligados a hacerlo. La Liga Árabe es otra cosa, somos miembros, compartimos la misma religión, hablamos el mismo idioma, su indiferencia no tiene excusas”, se irrita.

Pero prefiere no hablar de todo eso. Su atención se centra ahora en aprender sobre las pasiones locales: el rugby, los quesos. Como para acelerar el proceso de adaptación a la que espera se convierta en su ciudad de adopción. Pero sobre todo para olvidar el dolor del duelo y el desarraigo y sacar a Gaza de su cabeza. “A veces me despierto por la mañana pensando que estoy en Gaza, luego abro la ventana y veo las montañas”.

Islam asegura que por nada del mundo volvería a Gaza, aunque gran parte de su familia todavía esté allí. “Gaza, para mí, es la muerte. Aunque la guerra termine, no volveremos. Ya he dado suficiente por Gaza, ya he pagado mi factura. He perdido toda mi vida. Quiero dormir sin tener miedo de ser bombardeado nunca más, ni temer perder a un hijo. Gaza es la muerte”.

Traducción de Miguel López

¿Cuántos palestinos han muerto o resultado heridos por las bombas, cohetes, proyectiles y balas israelíes desde el inicio de la guerra de Gaza, lanzada en represalia por el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023?

Aunque la tregua que entró en vigor el 19 de enero ha permitido la liberación de 290 prisioneros palestinos detenidos en Israel a cambio de la liberación de 7 rehenes israelíes retenidos desde hace más de quince meses en la Franja de Gaza, el relativo y momentáneo silencio de las armas nos lleva a hacer un balance humano de este episodio excepcionalmente destructivo del interminable conflicto israelo-palestino.

Por desgracia, este balance es provisional, dada la fragilidad del alto el fuego. Y también porque la violencia devastadora de los ataques israelíes ha transformado todo el enclave palestino en un inmenso campo de ruinas que podría ocultar un verdadero cementerio.

Actualmente es imposible evaluar el número de gazatíes sepultados bajo los escombros de sus casas, el 92% de las cuales han quedado destruidas o gravemente dañadas.

Además, según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF) publicado el pasado diciembre, “decenas de miles de supervivientes quedarán marcados de por vida, tanto física como mentalmente. Las heridas de guerra suelen requerir múltiples operaciones y años de rehabilitación y cuidados. Estos servicios, que hoy faltan cruelmente en Gaza debido a la destrucción de la infraestructura sanitaria y a la grave escasez de equipos médicos, seguirán sin estar disponibles durante mucho tiempo, dados los plazos necesarios para restablecerlos”.

Los autores del informe añaden: “Por regla general, hasta un 4% de los heridos de guerra necesitan cirugía reconstructiva. En Gaza, se calcula que más de 4.000 personas necesitarán cirugía compleja y rehabilitación completa.”

Por su parte, la OMS afirma que “más de 22.500 personas, alrededor de una cuarta parte de los heridos en Gaza, han sufrido lesiones de por vida que requieren rehabilitación inmediata y a largo plazo. Los supervivientes de la guerra sufren quemaduras graves, fracturas complejas y, en muchos casos, han sido amputados. En Gaza se han practicado entre 3.105 y 4.050 amputaciones”.

Según cifras del gobierno israelí, el 7 de octubre de 2023 murieron casi 1.200 personas, entre ellas 33 niños y varios ciudadanos extranjeros, y más de 250 fueron tomadas como rehenes por combatientes de Hamás. De ellos, han sido liberados 161 y se cree que han muerto 35. Fuentes militares israelíes informan de que, desde que comenzaron las operaciones terrestres en Gaza, han muerto 405 militares israelíes y 2.500 han resultado heridos.

Del lado palestino, el Ministerio de Sanidad, controlado en Gaza por Hamás y cuyas cifras son validadas y publicadas por Naciones Unidas, cifra el número de muertos en algo más de 46.600, de los cuales 16.200 son hombres, 7.216 mujeres, 13.300 niños, 3.440 mayores de 65 años –es decir, demasiado viejos para combatir– y 110.000 heridos.

Según Naciones Unidas, en vísperas de la tregua, el 91% de la población sufría “inseguridad alimentaria aguda” debido a la destrucción de los recursos agrícolas (pozos, huertos, invernaderos y barcos pesqueros destruidos, ganado sacrificado) y a la prohibición israelí de los convoyes de ayuda humanitaria. Esta prohibición se ha levantado en principio gracias a la tregua. ¿Pero por cuánto tiempo?

Mientras que la inmensa mayoría de la población –1,9 millones de 2,22 millones en octubre de 2023– se ha visto desplazada por la guerra, obligada a refugiarse en albergues precarios, la mitad de los 36 hospitales del territorio sólo funcionan parcialmente y la mayoría de los dispensarios han sido destruidos o dañados. Todo el sistema sanitario local, que ha perdido un millar de empleados y 130 ambulancias, carece de medicamentos básicos y de material médico y quirúrgico.

Con el añadido de la falta de electricidad y agua potable, la promiscuidad de las viviendas improvisadas y la falta de higiene básica a la que están condenados los desplazados, esas durísimas condiciones de vida hacen que la supervivencia de los numerosos heridos y amputados sea más que incierta, y llevan a los especialistas a ver con reservas las cifras oficiales de víctimas civiles.

“La violencia perpetrada por las fuerzas israelíes ha causado daños físicos y psicológicos a una escala que desbordaría cualquier sistema sanitario funcional, por no hablar de un sistema sanitario destruido por una ofensiva devastadora y un bloqueo que dura ya diecisiete años”, precisa el informe de MSF.

Intentar hacer un balance humano del conflicto en estas condiciones no es fácil. Sin embargo, al presidente de Médicos del Mundo, que cuenta con un equipo de cincuenta personas sobre el terreno, le parece “coherente con la situación sanitaria, militar y geopolítica” la estimación de 186.000 muertos presentada el pasado mes de julio por tres investigadores de salud pública en la sección “correspondencia” de la web de la revista médica británica The Lancet.

Partiendo del principio de que “los conflictos armados tienen repercusiones indirectas en la salud, más allá de los daños directos causados por la violencia”, han aplicado, basándose en los precedentes de Burundi y Timor Oriental, una “estimación conservadora” de cuatro muertes indirectas por una directa a la cifra de 37.396 muertos registrada el 19 de junio en la web del ministerio de Sanidad de Hamás. Esto arroja la cifra de 186.000 muertes.

Pero unos meses después, The Lancet publicó otra estimación, considerada la más seria y aceptada por la mayoría de los especialistas. A diferencia de la cifra publicada en julio, no se trataba de una simple estimación enviada al apartado de correspondencia de los lectores en la web de la revista, sino del resultado de una investigación seria y de un cruce de fuentes. Los cinco autores son especialistas en salud pública, profesores o investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres o de las universidades de Cambridge, Nagasaki o Yale.

Su artículo de 9 páginas fue sometido a la validación y aprobación de sus pares antes de su publicación, como es habitual en The Lancet. Su investigación, que abarca el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024, se basa en el uso de tres fuentes: la lista de defunciones elaborada por el ministerio de Sanidad, la recopilación en Internet de las declaraciones de defunción de las familias y los obituarios publicados en redes sociales. Tras comprobar, cruzar y eliminar duplicados, los investigadores estimaron en 64.260 el número de fallecidos durante el periodo elegido.

Esta cifra es un 41% superior a la de 37.877 víctimas declaradas en la misma fecha por el Ministerio. Según los autores del artículo, esto corresponde al 2,9% de la población del enclave, es decir, 1 muerto por cada 35 habitantes. En comparación con la población actual de Francia, esto equivale a una sangría de 1.940.000 personas.

“Si aplicamos la misma tasa de infravaloración de las pérdidas a los cuatro meses siguientes al periodo estudiado”, escriben los cinco universitarios, “podemos considerar plausible que el número real de víctimas humanas en Gaza supere los 70.000 muertos”.

“Nuestros resultados”, añaden, “también subestiman el impacto real de las operaciones militares en Gaza, ya que no tienen en cuenta las muertes no relacionadas directamente con el traumatismo, como las derivadas de la interrupción de los servicios sanitarios, la inseguridad alimentaria, la falta de agua y las deficiencias del sistema de saneamiento. Nuestras proyecciones indican que la población de Gaza podría haber sufrido otras 2.680 muertes por enfermedades no transmisibles, 2.720 por enfermedades infecciosas endémicas, 11.460 por posibles epidemias y 330 por complicaciones neonatales durante el periodo comprendido entre febrero y agosto de 2024”.

Los investigadores de The Lancet señalan también que una encuesta sobre el terreno, imposible dadas las condiciones de seguridad y las dificultades de acceso a Gaza, habría permitido realizar estimaciones serias sobre este punto.

“Nuestros trabajos", concluyen, “subrayan la necesidad urgente de un mayor acceso de la ayuda humanitaria a toda la Franja de Gaza y de proteger al personal sanitario, las ambulancias y los centros de salud para que los heridos puedan recibir a tiempo los cuidados necesarios”. En general, creen que es indispensable que haya iniciativas diplomáticas en favor de un cese inmediato y permanente de las hostilidades. Como en otros lugares, parece importante la rápida apertura de investigaciones sobre posibles crímenes de guerra para garantizar la aplicación de la justicia e identificar a los responsables”.

Sobre este último punto, hay lugar para la duda.

Netanyahu, sintiéndose reforzado, incluso en sus peores proyectos, por el regreso al poder en Washington de su amigo y protector Donald Trump –el primer ministro israelí es el primer mandatario extranjero invitado a la Casa Blanca–, tiene menos intención que nunca de poner fin a una guerra que le permita escapar de los juicios por corrupción que le esperan. Y de la probable comisión de investigación sobre su responsabilidad en los “errores” que condujeron al atentado terrorista del 7 de octubre de 2023.

Esta comisión de investigación se crearía sin duda al día siguiente del cese efectivo de la intervención militar en Gaza. Netanyahu se enfrenta a enormes y contundentes responsabilidades por haber iniciado la guerra y por la estrategia devastadora aplicada bajo su autoridad, por no decir a petición suya.

Esos actos le han valido una orden de detención del Tribunal Penal Internacional y que su país tenga que responder ante el Tribunal Internacional de Justicia por sospechas de genocidio. Estos dos órganos judiciales de la ONU no están reconocidos por Israel ni por Estados Unidos, pero sus fallos no son menos incómodos, cuando no infames, para aquellos, ciudadanos o Estados, a los que se dirigen. Al menos a los ojos de los ciudadanos o pueblos comprometidos con el Estado de Derecho.

Fue con la aprobación de Netanyahu, si no por iniciativa suya, como se aplicó desde el comienzo de la guerra la devastadora “doctrina Dahiya”, que debe su nombre a un barrio chií de Beirut arrasado por la aviación israelí en 2006. Una doctrina que no distingue entre objetivos civiles y militares e ignora deliberadamente el principio de proporcionalidad de la fuerza, que es la base del derecho de la guerra.

Como reveló The New York Times el 26 de diciembre de 2024, Netanyahu autorizó que el Estado Mayor, alegando una “amenaza existencial” inexistente, introdujera un cambio fundamental en sus reglas de enfrentamiento, permitiendo a un oficial de rango medio ordenar un ataque sin la aprobación de un superior.

Esa decisión iba acompañada de un aumento del umbral de daños colaterales aceptables, que pasó de 10 a 20 víctimas civiles por ataque. Dada la excepcional densidad de población de la Franja de Gaza (6.000 habitantes por km2), se entiende que las 30.000 bombas de precisión lanzadas durante las siete primeras semanas de la guerra causaran 15.000 víctimas. Y que el balance de catorce meses de guerra sea el que conocemos hoy: más de 70.000 muertos y un horizonte de escombros.

En este contexto, las “visiones” de Trump sobre el futuro de la región, que comenzarían con la “limpieza” de Gaza y la expulsión de los palestinos a Jordania y Egipto, no sólo revelan la abrumadora y peligrosa indigencia geopolítica del multimillonario presidente de Estados Unidos, que ve Oriente con un simplismo ciego y aterrador.

También ponen de relieve la complicidad entre Trump y Netanyahu, que siempre ha soñado con expulsar a los palestinos de su patria para reconstituir el bíblico “Gran Israel”. Y que parece decidido a continuar en Cisjordania la limpieza étnica iniciada en Gaza, indiferente a la condena moral que provoca ese proyecto y al crimen contra la humanidad que constituye según el derecho internacional.

Traducción de Miguel López

A partir del jueves 30 de enero, la enorme sede de la UNRWA, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, situada en Jerusalén Este, mantiene cerrada su verja azul celeste con los colores de la ONU. Ya no habrá nadie en la garita de los guardias, donde inspeccionan con un espejo los bajos de cada vehículo. Las oficinas estarán desiertas, al igual que los almacenes, los garajes, la gasolinera y los aparcamientos. En resumen, esa pequeña ciudad que es la sede de la agencia de la ONU, en el distrito de Sheikh Jarrah, pasará a ser en una ciudad fantasma.

El 25 de enero, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, envió una carta a António Guterres, secretario general de la institución internacional, exigiendo el cierre de la sede, que hizo pública en la red social X.

Esa es la única certeza en un momento en el que entran en vigor dos leyes aprobadas por la Knesset (el parlamento israelí) y publicadas el 30 de octubre de 2024 en el equivalente israelí del Boletín Oficial.

Las dos leyes atacan frontalmente a la UNRWA. Son la culminación de una larga campaña de desprestigio, que culminó con la acusación de que la agencia era cómplice de Hamás y de grupos armados palestinos. Como ha informado Mediapart (aquí y aquí), esas acusaciones nunca han estado respaldadas por pruebas serias.

La primera ley prohíbe “las actividades de la UNRWA en territorio israelí” que, para los legisladores, incluye Jerusalén Este, ocupada y anexionada por Israel. La segunda prohíbe los contactos entre miembros de las administraciones israelíes y los de esa agencia de la ONU.

Respecto a la aplicación de esos textos no se conocen más detalles. El ministerio israelí de Asuntos Exteriores, contactado por Mediapart, no había respondido en el momento de la publicación de este artículo.

El diario Israel HaYom, próximo a la derecha israelí, reveló en noviembre de 2024 que los terrenos de la sede de la UNRWA iban a ser confiscados por la Autoridad de Tierras israelí para construir 1.440 viviendas. Es decir, para ampliar el asentamiento judío en el barrio de Jerusalén Este que ya rodea la sede de la ONU.

El 20 de enero, Yuli Yoel Edelstein, diputado del partido Likud de Benjamin Netanyahu, declaró al comienzo de un debate a puerta cerrada en la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, que él preside: “Digo inequívocamente que la ley se aplicará. Está hecho y firmado. Sugiero a estas partes, e incluso les insto, a que en lugar de perpetuar el sufrimiento, encuentren soluciones”.

También reiteró las acusaciones contra la agencia: “La UNRWA, además de ser generadora y participante activa en el terrorismo, es también una organización que perpetúa el estatuto de refugiado. Las leyes que aprobamos hace unos tres meses y que entrarán en vigor a finales de mes representan un cambio histórico”.

Les preocupa el propio alcance del trabajo de la agencia: se dedica, en los Territorios Palestinos Ocupados y los países circundantes, a los refugiados de 1948 expulsados de sus hogares por el avance de las milicias judías y luego del ejército israelí, y a sus descendientes. Su mandato es, por tanto, un recordatorio de que la cuestión de los refugiados y el derecho al retorno es permanente.

“Los israelíes están convencidos de que si desaparece la UNRWA, desaparecerá la cuestión de los refugiados”, explica Jørgen Jensehaugen, investigador del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (Prio). “Y se puede seguir argumentando que de iure y de facto esto es erróneo, pero toda la presión, todo el ataque político a la UNRWA se basa en esa creencia”.

Son difíciles de prever las consecuencias prácticas de la aplicación de esos dos textos; todos los expertos contactados por Mediapart coinciden en este punto. Entre otras cosas, porque los textos son muy ambiguos. Pero serán “desastrosas”, según un informe de Prio publicado el 22 de enero: “Los efectos exactos son difíciles de prever. Variarán según las zonas de intervención y los sectores en los que opere la UNRWA”.

Los empleados internacionales de la agencia de la ONU ya no tienen visado de trabajo a partir del 29 de enero. En la práctica, esto significa que ya no tienen derecho a desempeñar su mandato en Jerusalén Este, Cisjordania o la Franja de Gaza. Ya no están protegidos por la inmunidad de la ONU.

Esto significa también que ya no pueden exigir pasar por un puesto de control israelí, por ejemplo entre Jerusalén y Ramala, o entre Naplusa y Tulkarem, o un paso fronterizo entre Israel y la Franja de Gaza.

En cuanto a los cerca de 5.000 empleados palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este ocupada, también podrán ver sus movimientos aún más obstaculizados que hasta ahora.

“Sobre el terreno, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, nuestros interlocutores son los militares. Hasta ahora, si nos encontrábamos bloqueados en un control del ejército, nos poníamos en contacto con nuestro servicio de enlace, que a su vez se ponía en contacto con el servicio competente del ejército, el Cogat. A partir de ahí, podían pasar varias horas, pero el mensaje bajaba del Cogat al soldado del control y al final conseguíamos pasar”, explica Jonathan Fowler, portavoz de la UNRWA. “¿Qué pasará a partir del 30 de enero? No lo sabemos.”

La prohibición de todo “contacto” en la segunda parte de la legislación no está clara. “¿Hablar con un militar es un contacto?”, resume Jonathan Fowler. Si es así, ya no habrá ninguna posibilidad de prevenir los conflictos. Por ejemplo, durante las incursiones en los campos de refugiados de Cisjordania, nuestros contactos en el ejército israelí nos informan de que los niños no deben abandonar la escuela. Si dejamos de tener este contacto, la vida de los niños corre peligro. Lo mismo ocurre en la Franja de Gaza con la entrega y distribución de la ayuda. Sin esta coordinación, podemos imaginar los peores escenarios. Por ejemplo, dejar de poder utilizar el puerto de Ashdod para descargar la ayuda”.

Israel afirma que puede sustituir a la UNRWA por otras agencias, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para la distribución de alimentos o la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la sanidad, en particular para vacunar a la población de Gaza. Pero, según los expertos, estas agencias no disponen de la infraestructura necesaria para sustituir a UNRWA.

“Desde el alto el fuego en Gaza, hemos traído comida suficiente para alimentar a más de un millón de personas”, explicaba Jonathan Fowler a Mediapart el pasado 23 de enero. Es cierto que a veces colaboran otras agencias de la ONU. Pero ellos no tienen nuestra capacidad. Antes de la guerra, teníamos 13.000 empleados en Gaza, muchos de ellos en educación. Hoy tenemos 5.000 empleados de logística. Una agencia como el PMA tiene 200, así que ¿cómo puede sustituirnos? Nos encargamos de toda la cadena logística. De hecho, somos la cadena logística. Porque es UNRWA quien almacena y distribuye”.

La prohibición de UNRWA, si se aplica estrictamente como exigen la derecha y la extrema derecha israelíes, desorganizará toda la ayuda humanitaria, en un momento en que ésta vuelve a entrar masivamente en Gaza y la población la necesita desesperadamente.

A más largo plazo, más allá de la emergencia absoluta, ninguna de las agencias de la ONU podrá crear una red de escuelas y centros de salud comparable a las de Cisjordania y la Franja de Gaza.

Antes de que estallara la guerra, el 7 de octubre de 2023, casi la mitad de los 650.000 alumnos del enclave palestino estaban matriculados en escuelas elementales de la UNRWA. En Cisjordania son más de 45.000. Las clínicas y dispensarios atienden 3,5 millones de consultas al año.

“Desde un punto de vista racional, una operación externa que paga por hacer cosas que Israel debería haber hecho y que reduce el riesgo de escalada porque los niños están en la escuela, recibiendo una educación y viviendo una vida mejor y más estable, debería ser algo bueno para Israel, ¿no?” continúa Jørgen Jensehaugen. “Israel sale ganando. Alguien lo hace para que ellos no tengan que hacerlo. Y eso reduce el riesgo de escalada del conflicto. Pero el odio ideológico hacia UNRWA es tal que la explicación racional no importa”.

Sobre el papel, Israel se ve atrapada con estos dos textos. Como señala el jurista internacional Johann Soufi, “no cabe duda de que, según el derecho internacional, Israel, como potencia ocupante de los territorios palestinos –en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este–, está obligada a garantizar la continuidad de los servicios públicos. En realidad, la UNRWA alivia a Israel prestando servicios que, de otro modo, tendría que pagar, financiera y logísticamente, la potencia ocupante”.

Es difícil imaginar que el gobierno israelí reconozca sus obligaciones como potencia ocupante y asuma la responsabilidad de los servicios sociales y las escuelas. La opción de la Autoridad Palestina es irrelevante, dada su falta de recursos y su negativa política y jurídica a ocupar el lugar de la ONU.

“Israel y otros Estados preferirían sin duda la creación de una nueva agencia humanitaria con funciones similares a las de la UNRWA, pero sin vínculo histórico o político directo con la cuestión de los refugiados palestinos de 1948”, dice Johann Soufi. Pero eso no sucederá, porque sólo la Asamblea General de la ONU, que creó la UNRWA, puede poner fin a su mandato y crear una nueva agencia. Sin embargo, como ilustran las resoluciones adoptadas en los últimos años, la mayoría de la Asamblea General apoya la creación de un Estado palestino y, en espera de ello, el papel de la UNRWA en la prestación de ayuda humanitaria y la gestión de una gran parte de los servicios públicos. Nos dirigimos, pues, hacia un punto muerto total, jurídico, práctico y político”.

Porque, en realidad, ningún Estado capaz de presionar a Israel acudirá al rescate de la UNRWA. Estados Unidos está comprometido con Israel y, para la presidencia de Trump la detestación del multilateralismo, simbolizado por las Naciones Unidas, es un mantra. En cuanto a la Unión Europea, muy dividida ante la guerra contra Gaza, lleva mucho tiempo mostrando su impotencia.

Traducción de Miguel López

El vicealcalde de Jerusalén, Arieh King, celebró este jueves el cierre de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que describió desde como una entidad "ilegal" en el país, tras la entrada en vigor de dos leyes que vetan la continuación de sus actividades educativas y sanitarias en territorio israelí, así como cualquier contacto con el Gobierno hebreo.

"Estamos celebrando el primer día de la ley contra la UNRWA, contra esta organización nazi y enemiga", dijo a EFE el vicealcalde Arieh King, frente a la sede de esta agencia, localizada en el barrio palestino de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este.

"Durante años, décadas, pensaron que podían hacer lo que quisieran y educar a los árabes en Jerusalén contra los judíos y contra Israel. A partir de hoy es ilegal", añadió el funcionario, que había convocado esta mañana a los vecinos de Jerusalén a una "celebración" de clausura, a la que apenas acudieron una decena de participantes.

Israel acusa a la UNRWA de tener vínculos con Hamás, aunque de momento solo ha presentado pruebas no concluyentes contra una docena de sus alrededor de 13.000 trabajadores en la Franja de Gaza. Diplomáticos creen que el objetivo final de estas leyes para Israel es buscar deshacerse del estatuto de refugiados del que hoy gozan más de 5 millones de palestinos —contando a los desdencientes de los 700.000 expulsados en 1948—; pese a que su desmantelamiento no lo eliminaría.

"La UNRWA, en lugar de ayudar a los refugiados a que se integren hace lo contrario. UNRWA se alimenta de la pobreza y de las precarias condiciones en las que mantienen a la gente", continuó King, que dijo que ya es hora de que dejen de vivir en campamentos y que, a partir de ahora, estudiarán bajo el mismo currículum educativo que cualquier israelí.

A las 11:05 hora local (9:05 GMT), uno de los acompañantes de King colgó una bandera israelí de la puerta principal de la sede de la URNWA; desalojada ya ayer por sus trabajadores, entre ellos medio centenar de extranjeros que —ante la falta de visados— serán relocados a su otra sede en Jordania.

Y poco después, tras un brindis con champán y zumo de uva, el grupo de israelíes comenzó a tapar con graffiti el cartel de la UNRWA, en el que podía verse el logo de la entidad y la frase: "Oficina de terreno de Cisjordania" escrito en árabe y en inglés. Poco después, entre borrones, solo se distinguía una Estrella de David.

"Me complace que este edifico (la sede de la UNRWA) vaya ser usado por los judíos que viven alrededor, y no por los nazis que han estado aquí por tanto años", dijo King.

Aunque la ley solo les prohíbe operar en suelo israelí, en la práctica, la política de no contacto con funcionarios gubernamentales impide a los trabajadores de la UNRWA tener visados o tarjetas diplomáticas, así como coordinar con el Ejército israelí el cruce de puestos de control militares y el acceso de mercancías a una Gaza devastada, donde la UNRWA sigue siendo el principal proveedor de ayuda humanitaria.

Este lunes, pese a la sombra que se cierne sobre la entidad, su máximo responsable, Philippe Lazzarini, insistió en que las operaciones de la agencia continuarán pese al veto, y aseguró que "la solución no es transferir" sus poderes a otras oenegés sino que "traspasarlas a un Estado e instituciones palestinas".

La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los refugiados palestinos (UNRWA) destacó este jueves la importancia de alcanzar un cese al fuego en la Franja de Gaza. "En 15 meses después del inicio de la guerra en Gaza (...) Es necesario que llegue más ayuda humanitaria a Gaza y un alto el fuego es más crucial que nunca", escribió esta agencia en redes sociales.

La UNRWA señaló que cientos de miles de palestinos viven hacinados en tiendas de campaña instaladas en centros que anteriormente funcionaban como escuelas administradas por la agencia. "Los patios de recreo de los niños son ahora hogares para los desplazados", agregó.

Las escuelas de la UNRWA que albergan a desplazados han sido objeto de ataques por parte de Israel en reiteradas ocasiones, bajo el argumento de que milicianos de la organización islamista Hamás las utilizan como centros de operaciones y para almacenar armas. El 90% de la población de Gaza, aproximadamente 1,9 millones de personas, ha sido desplazada de sus hogares, muchos de ellos completamente destruidos. La mayoría vive en la denominada "zona humanitaria" en Mawasi, al sur de la Franja, donde las bajas temperaturas invernales están causando estragos.

Según autoridades locales, al menos ocho personas han muerto por hipotermia, siete de ellos bebés con pocos días de vida. Esto ocurre en medio de nuevas negociaciones sobre una tregua en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamás que giran en torno a un cese de hostilidades de entre seis y ocho semanas que incluiría la liberación de 34 rehenes, informó a EFE una fuente palestina cercena a las conversaciones el martes.

El número total de muertos en la Franja ya roza los 46.000, después de que los bombardeos israelíes de las últimas 24 horas (hasta las 00.00 del miércoles) dejaran al menos 51 muertos y 78 heridos, según el recuento de los hospitales publicado hoy por el Ministerio de Sanidad gazatí. Del total de fallecidos, hay al menos 17.841 niños cuyas vidas se ha cobrado esta guerra que ya ha cumplido 15 meses.

Los anuncios no se han hecho esperar. Nada más hacerse oficial la caída del dictador Bashar al Assad, varios países de la Unión Europea (UE) han declarado que suspenden las solicitudes de asilo de los ciudadanos sirios que han buscado refugio en su territorio, revelando un oportunismo indecente ante la tragedia vivida por el pueblo sirio y las dificultades del exilio.

Ese es entre otros el caso de Alemania, que destacó en 2015 por acoger a casi un millón de sirios que habían huido de la guerra. La oposición conservadora de derechas no se ha andado con rodeos: “¿Qué pasaría si el Gobierno federal dijera a todos los que quieran volver a Siria, que les fletaremos vuelos y que recibirán una cantidad por salida de 1.000 euros?”, se atrevió Jens Spahn, vicepresidente del grupo CDU/CSU en el Parlamento alemán.

Ante la “incertidumbre actual”, la oficina encargada de examinar las solicitudes de asilo en Alemania (Oficina Federal de Migración y Refugiados) ha decretado la “congelación de las decisiones sobre procedimientos de asilo aún en trámite”, explicó la ministra alemana del Interior, Nancy Faeser. La portavoz de la Oficina explicó que estaba siguiendo la evolución de la situación en Siria.

Italia, Suecia, Noruega y Dinamarca también han anunciado la congelación de las solicitudes de asilo de esa nacionalidad, mientras que Austria ha anunciado su intención de expulsar a los refugiados sirios que viven en su territorio. “He ordenado al ministerio que prepare un plan de repatriaciones y expulsiones ordenadas”, declaró el lunes 9 de diciembre el ministro austriaco del Interior, Gerhard Karner.

En Francia, en un comunicado, la Oficina Francesa para la Protección de los Refugiados y Apátridas (Ofpra) afirmó estar “siguiendo de cerca la situación en Siria”. “Como siempre, la evolución de la situación en el país de origen de solicitantes de asilo puede conducir a una suspensión temporal de las decisiones sobre determinadas solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, en función de los motivos alegados”, señala.

Como era de esperar, el ministro francés del Interior, Bruno Retailleau, que no cesa de criminalizar a los inmigrantes desde un prisma ideológico y electoral, ha anunciado su intención de poner en “pausa” la acogida de refugiados sirios. El ministerio del Interior francés ha declarado este lunes que “trabaja en la suspensión de las solicitudes de asilo en trámite procedentes de Siria”, tras la caída del régimen de Bashar al Assad este fin de semana, tal y como informó AFP el 9 de diciembre.

“El ministro del Interior en funciones, que gestiona asuntos corrientes, anuncia que gestiona un asunto que ni siquiera es de su competencia cuando está en pleno ejercicio de sus funciones. La Ofpra goza de independencia funcional. ¿Y algunos alaban la competencia de Bruno Retailleau?”, afirma Thibaud Mulier, constitucionalista y profesor de derecho público.

Para todos estos países europeos, la liberación de Siria y de su pueblo parece un regalo del cielo. Ya no se trata de alegrarse por las libertades recuperadas por un pueblo –todavía inciertas–, sino por la idea de poder deshacerse de los refugiados acogidos en el pasado, como si se tratara de un mero stock de mercancías. Todo el mundo parece olvidar que el estatuto de refugiado también puede concederse por motivos distintos de la guerra, como la religión o la orientación sexual.

La ONG Médicos Sin Fronteras considera que se trata de una “instrumentalización de los migrantes con fines políticos” y de un “afán profundamente vergonzoso” de restringir el derecho de asilo. “Apenas dos días después de la caída de Al Assad en Siria, varios países europeos han aprovechado la ocasión para anunciar públicamente que dejaban en suspenso las solicitudes de protección de los sirios bajo el procedimiento de asilo en su territorio”.

¿Cómo hemos podido llegar a esto? En realidad, la voluntad de ciertos países de la UE (y de otros países del mundo) de devolver a los refugiados sirios no es nada nuevo. En los últimos años se ha endurecido la retórica contra ellos, como cuando Dinamarca y Suecia optaron por restringir la protección a la que tenían derecho, al considerar que la ciudad de Damasco, en un país asolado por la guerra y los conflictos, era una zona “segura” para los refugiados.

Para entender mejor lo que esto significa hay que penetrar en las entrañas del sistema europeo de asilo y medir las consecuencias de tales medidas: si una región de un país, o un país en su conjunto, se considera “seguro”, los exiliados de estas zonas pueden ser devueltos, sin violar el principio de no devolución impuesto por la Convención de Ginebra sobre los Refugiados.

En agosto, por ejemplo, Alemania se jactó de haber reanudado las expulsiones de afganos, tres años después del regreso de los talibanes al poder, alegando que representaban una amenaza para la sociedad. También se planteó la cuestión de los sirios.

En Francia, en enero de 2023, Amnistía Internacional y Cimade alertaron sobre dos intentos de expulsión de sirios, después de que la prefectura se hubiera puesto en contacto con las autoridades sirias, a pesar del riesgo que corrían si eran deportados. “Nuestras organizaciones piden al gobierno que aclare su posición recordando a las prefecturas las obligaciones internacionales de Francia, que prohíben tajantemente la devolución de una persona a un país donde corre el riesgo de morir, ser torturada o sufrir otros malos tratos”, afirman.

En un informe publicado en 2021, Amnistía Internacional describía la violencia sufrida por los refugiados sirios que regresaban a su país, incluidas detenciones arbitrarias y desapariciones, por no mencionar los casos de tortura. Entre las personas entrevistadas había refugiados que habían buscado refugio en países vecinos como Turquía, Líbano y Jordania, y que habían sido expulsados, a pesar de la noción de país “seguro”.

Esta cuestión de los países seguros, que impide a ciertos Estados expulsar a nacionales de países no seguros, se está debatiendo a nivel europeo. Italia ha luchado denodadamente por sacar a Egipto y Bangladesh de la lista de países  “no seguros” para poder expulsar a sus nacionales... Hasta que un tribunal italiano anuló la expulsión de varios exiliados, en virtud de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Al mismo tiempo, la UE no oculta su deseo de expulsar a los exiliados que no tienen derecho a ninguna protección: el Pacto Europeo de Migración aprobado la primavera pasada debería facilitar la tarea a los Estados miembros, y el reciente acuerdo firmado entre Italia y Albania para externalizar las solicitudes de asilo a este tercer país ya ha sido tomado como fuente de inspiración por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Traducción de Miguel López

Asma Alwaka tiene muy difuminados sus recuerdos sobre Siria. Más que imágenes, de hecho, conserva los sonidos. El de las bombas, el de los llantos, el de los gritos. Tenía apenas 9 años cuando la guerra la obligó a huir de su casa. A ella, a sus cuatro hermanos y a sus padres. Desde 2011 su vida consistió en eso: en huir de una ciudad a otra. No permanecían más de un año en ninguna. "La guerra nos hacía movernos constantemente", recuerda desde el otro lado del teléfono. Por eso decidieron emprender otro viaje más largo. Uno que tras diez días les llevó hasta Turquía, desde donde consiguieron ser trasladados como refugiados a España. Hoy celebran la caída de Bachar al Asad, pero asumiendo que es tarde para recuperar lo que han perdido tras casi catorce años de conflicto. "Hemos perdido familia y nuestra casa, ¿para qué vamos a volver?", se pregunta.

Le ocurre algo parecido a Rasmi Al Akhdar, que lleva 40 de sus 58 años en España. Él también huyó de Al Asad, pero de Al Asad padre. La caída de Bachar no ha supuesto sólo el fin de su mandato, sino también el de un régimen que en sus 53 años de existencia ha sido "responsable de unos crímenes contra la humanidad cuyo alcance no llega a imaginarse fuera del país", explica Leila Nachawati, profesora de comunicación y especialista en Oriente Medio. "Prisiones como la de Sednaya han sido auténticos campos de exterminio. La mayoría de las personas que estaban desaparecidas en realidad fueron asesinadas y quienes salían a manifestarse eran reprimidos con sadismo y crueldad", relata. Por eso hay que celebrar lo ocurrido. "Una y otra vez", remacha.

Y así lo han hecho. Rasmi llevaba deseando vivir este momento desde que tiene memoria, casi el mismo momento en el decidió hacer las maletas. "Quería labrarme el camino y un futuro que allí veía totalmente perdido", recuerda. Estaba a punto de cumplir los 18 años que le obligaban a cumplir un servicio militar obligatorio que duraría, mínimo, dos años y medio. Y no quería. "Eso te trunca completamente la carrera", dice. Lo esquivó gracias a que se matriculó en unos estudios superiores que luego consiguió trasladar a una universidad española, donde estudio Informática. Lo que sí le apetecía.

El servicio militar al que también querían someter obligatoriamente al hermano de Wafaa Almala también fue la última señal que les mostró que debían salir de Siria. En su caso fue en 2013, dos años después del inicio de la guerra. "Él tenía entonces 30 años y estaban buscando chicos para el ejército. Además fue ese el momento en el que más miedo teníamos. Los bombardeos eran cada vez mayores, así que teníamos que salir inmediatamente. Sí o sí", recuerda. Lo que no podían ni siquiera prever es que lo harían por tanto tiempo. "Llegamos con la idea de volver en cuanto pudiéramos, pero todo ha sido demasiado largo", relata.

En todo este tiempo, Asma, que ya tiene 22 años, ha aprendido castellano, tiene un grado medio y estudia uno superior. Rasmi se ha casado por segunda vez y cuida, ahora, de su cuarto hijo. Y Wafaa, de 35 años, ha pasado hace apenas tres por el altar. Por eso los tres piensan mucho la respuesta cuando se les plantea si volverán a su país. "Es complicado", reconoce esta última. Pero al menos, añade, sabe que sí podrá viajar. Aunque sea por periodos más cortos de tiempo. "Podré volver a juntarme con mi familia, ir con mi marido, ver a mi hermano después de 13 años", dice, todavía con tono de incredulidad. "En cuanto me jubile pasaré muchísimo más tiempo allí. Me apetece muchísimo", reconoce Rasmi, que ha regresado alguna vez, sobre todo antes de la guerra, para poder ver a su familia. Aunque siempre con billete de vuelta.

Desde que comenzó la guerra en 2011 ha habido 13 millones de sirios y sirias que han obtenido la protección internacional, según los datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Casi un millón de ellos están en Europa y 16.807 se encuentran en nuestro país, que todavía tiene pendientes de resolver 1.580 solicitudes que no meterá en un cajón. Así lo confirmó este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que descartó seguir los pasos dados por otros países como Italia o Alemania, que ya han apartado las solicitudes de los sirios del montón de expedientes pendientes. "En estos momentos, las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios son pequeñas, no es como en otros países de la Unión Europea. No es necesario tomar ninguna medida adicional", señaló el ministro.

En cualquier caso, las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos descartan que la cantidad deba ser el baremo que decida paralizar o no las solicitudes. Amnistía Internacional, por ejemplo, pidió expresamente a Europa no mezclar la caída de Al Asad con la "política antirrefugiados". Más que nada porque, señalaron desde la organización, "cinco décadas de brutalidad y represión no pueden deshacerse de la noche a la mañana".

Así lo considera también Nachawati. "No se pueden congelar las solicitudes de asilo porque Siria todavía no es un país seguro al que volver. Hace apenas una semana de la caída de una dictadura y mucha gente no tiene ni un hogar al que regresar. Forzar su vuelta es abocar a Siria al desastre", afirma la experta. La situación allí continúa siendo extremadamente compleja. Ya no sólo por los distintos grupos locales que han representado la oposición al régimen, sino por la injerencia de otros actores internacionales. "Siria lleva más de una década secuestrada por Irán, Rusia y Turquía y ahora también ha entrado en juego Israel, que pretende reconfigurar Oriente Medio con una política de tierra quemada y desplazamientos que les permita ampliar su presencia colonial", apunta.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció este jueves que el ejército de Benjamin Netanyahu ha ocupado, desde el pasado domingo, unos 300 kilómetros cuadrados de territorio sirio adyacente a los Altos del Golán. Lo hizo en una zona desmilitarizada en unas acciones que defendieron como "limitadas y temporales" y destinadas únicamente a la protección y seguridad de su población. Por ahora, según ha aclarado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, las tropas no se moverán durante los meses de invierno.

Diferentes países europeos han paralizado el proceso de peticiones de asilo de ciudadanos sirios tras la nueva coyuntura creada por la caída del régimen de Bachar al Asad, mientras en los países vecinos a Siria los regresos de nacionales son todavía escasos y con cautela, según informa EFE.

El derrumbe del régimen de los Al Asad, que durante medio siglo ha dirigido Siria, ha abierto expectativas de un cambio que permita el regreso de sus nacionales, que durante años han escapado y buscado refugio en diferentes países.

Según datos de Acnur los desplazados sirios han pedido asilo en más de 130 países, aunque la gran mayoría vive en naciones vecinas dentro de la región: Líbano, Jordania, Irak, Egipto y sobre todo Turquía, donde hay unos tres millones.

La ONG Amnistía Internacional instó este martes a los gobiernos europeos a "revertir inmediatamente" las decisiones de suspender las solicitudes de asilo a los sirios y les conminó a no sacrificar la seguridad de estos ciudadanos en aras de "las políticas antirrefugiados" que imperan en el continente, por considerar que la situación en Siria es extremadamente volátil.

Aunque Europa no es el principal foco de refugio de los sirios desplazados sí hay países que desde hace años acogen a esos nacionales, como Alemania, adonde llegaron masivamente a mediados de la pasada década hasta acercarse al millón.

Ahora la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) de Alemania no tramitará por el momento más solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos sirios tras la caída del Al Asad y a la espera de la evolución de los acontecimientos. La portavoz adjunta de Interior, Sonja Kock, indicó que "existe la posibilidad de rebajar la prioridad de las decisiones de asilo", una opción a la que puede recurrir la BAMF en situaciones poco claras, como la actual en Siria. En otras palabras, las decisiones de asilo no quedan resueltas sino que se vuelven a colocar al final del montón y se priorizan otras decisiones de asilo, precisó, lo que afecta actualmente a 47.270 solicitudes de sirios.

En la misma línea se ha situado el Ministerio del Interior del Reino Unido (casi 5.700 solicitantes en la actualidad), que paraliza las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios hasta "evaluar" la situación actual, dijo el Home Office británico en un comunicado. La ministra británica del Interior, Yvette Cooper, comentó que la razón de la decisión de frenar las solicitudes reside en la necesidad "monitorizar de cerca" el rápido desarrollo de los acontecimientos en el país árabe, sumido en la incertidumbre.

Por su parte, el Gobierno francés ha secundado a otros países europeos y ha decidido congelar el trámite de asilo. "Hemos decidido adoptar una medida inspirada en la alemana. Hace una hora decidimos la suspensión del examen de las demandas de asilo", confirmó una fuente de Exteriores.

Países como Austria (casi 15.000 solicitantes según datos de ACNUR de 2024), Países Bajos (13.000), Bélgica (más de 4.000) y Suiza (algo menos de medio millar) han congelado también las peticiones a la luz de los nuevos acontecimientos. Suiza recibe cada año varios cientos de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, siendo 2015 el año en el que éstas alcanzaron su cifra máxima, al superar las 4.700.

A lo largo de este martes las autoridades migratorias de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega se han sumado a otros países europeos y han anunciado que paralizan la tramitación de solicitudes de asilo de ciudadanos sirios, como reacción al derrocamiento del régimen autoritario de Bachar al Asad.

La excepción es España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este martes que la suspensión de los trámites para las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios en España "no es necesaria" y "no está encima de la mesa". Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros tras ser preguntado sobre la decisión de algunos países de la Unión Europea.

"En estos momentos, las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios son pequeñas, no es como en otros países de la Unión Europea que han tomado ya medidas. No es necesario tomar ninguna medida adicional porque a diferencia de otros países europeos donde sí representan una parte muy importante de las solicitudes de asilo, aquí no es el caso", ha expresado.

"Si en algún momento vemos que la situación cambia y que es necesario tomar otra decisión se tomaría, pero en estos momentos no es necesario y no está encima de la mesa", ha añadido Albares, que ha indicado que ha trasladado esta información al Ministerio del Interior.

En 2023 se concedieron 927 estatutos de refugiado y 126 protecciones subsidiarias a ciudadanos sirios, mientras que se archivaron 218 solicitudes y se denegaron 92, según los datos facilitados a EFE por Interior. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2024, España ha recibido 1.393 solicitudes de protección internacional de ciudadanos sirios.

El alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, ha subrayado que la nueva situación en Siria podría permitir que "la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo pueda avanzar hacia soluciones justas", aunque puntualizó que la situación es aún incierta. Sin embargo, al estallido de felicidad por la caída de Al Asad se une la cautela de quienes podrían emprender el camino de retorno a casa.

Así, algunos de los tres millones de refugiados sirios registrados en Turquía podrían empezar a regresar a su tierra y, este martes, las autoridades turcas han abierto un nuevo paso fronterizo, pero las cifras de candidatos al retorno son aún modestas, según los medios turcos. Aproximadamente medio millar de refugiados sirios retornan cada día a su tierra, casi el doble de lo ocurría antes de la caída del régimen, señalaron este martes las autoridades turcas, que están acondicionando los pasos fronterizos para asumir un flujo de hasta 15.000 personas.

El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo en la televisión turca NTV que los pasos fronterizos abiertos hasta ahora tenían la capacidad de gestionar cada día unos "3.000 retornos voluntarios y dignos", suficiente hasta ahora, pero la previsión es incrementarlo hasta cinco veces.

Jordania recibió a más de 1.300.000 sirios desde el inicio de la crisis siria en 2011, según el ministro del Interior jordano, Mazen al Faraya, para quien "lo que impedía que un refugiado sirio regresara era principalmente una cuestión de seguridad y el servicio militar obligatorio en Siria, y otros temían ser perseguidos por el régimen que había en ese momento, pero ahora ya no". Sin embargo, Al Faraya explicó que "aproximadamente 100 personas regresaron de Siria a Jordania" este martes, lo cual indica por el momento poca disposición al retorno. 

En teoría, no deberían realizarse controles en las fronteras interiores de la Unión Europea (UE). Sin embargo, después de una reciente reforma del Código de Fronteras Schengen, son posibles en casos excepcionales cuando un país considera que el orden público o su seguridad interior pueden verse amenazados.

Eso ha bastado para que Alemania haya decidido reintroducir los controles fronterizos, y para que Nancy Faeser, ministra alemana del Interior, lo anunciara públicamente el lunes 9 de septiembre. Estos comenzarán el 16 de septiembre. “Estamos reforzando la seguridad interior y manteniendo nuestra línea dura contra la inmigración ilegal”, declaró la ministra, señalando las “amenazas actuales del terrorismo islamista y la delincuencia transfronteriza”.

Según ella, el Gobierno ha informado a la Comisión Europea y a sus vecinos inmediatos de esta decisión, que parece destinada sobre todo a satisfacer al partido de extrema derecha AfD (Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania) –que se impuso en las últimas elecciones regionales en Turingia y Sajonia, en el este del país–, pero también a los conservadores de la CDU-CSU.

El martes 10 de septiembre por la tarde se celebró una cumbre sobre migración para adoptar esta medida y encontrar compromisos con la descontenta oposición, que sigue pidiendo más restricciones a los movimientos migratorios. Aunque los conservadores de la CDU-CSU no estuvieron seguros de participar hasta el último momento, finalmente anunciaron su asistencia a la cumbre el martes por la mañana: “Veremos si tenemos el mismo punto de vista y si podemos actuar juntos”, declaró a Der Spiegel Friedrich Merz, líder del grupo.

Los Verdes se apresuraron a denunciar “intentos de chantaje simplemente ridículos”. “Friedrich Merz se comporta como un niño rebelde”, dijo la líder del grupo parlamentario de Los Verdes, Irene Mihalic. Los representantes de la CDU-CSU también decidieron dar un portazo en mitad de la reunión, según informó Der Spiegel, al considerar que las negociaciones habían fracasado.

La principal medida debatida en la cumbre fue la creación de centros para encerrar a los inmigrantes en la frontera mientras se examina su situación, deportarlos si no desean solicitar asilo, o devolverlos al primer país de la UE por el que pasaron, que es el responsable de su solicitud de asilo según el Reglamento de Dublín. Si no hubiera suficiente capacidad de detención, los afectados podrían ser puestos en prisión preventiva, “debido al riesgo de fuga, para asegurar el procedimiento y evitar que se escondan”, dice Der Spiegel.

Para reforzar la idea de “firmeza” en la cuestión migratoria, el gobierno anunció el lunes que se harían deportaciones en frontera para evitar que los exiliados entren en Alemania de forma supuestamente ilegal. Una medida solicitada por el líder del grupo de la oposición que puede ser contraria al derecho internacional y a la Convención de Ginebra sobre los Refugiados si los afectados no pueden solicitar asilo a pesar de que lo deseen.

La Comisión Europea ha pedido medidas “proporcionadas” y “estrictamente excepcionales”, aun considerando posible el retorno de los controles en las fronteras interiores de la UE. Ya ha anunciado que “evaluará la situación” una vez anunciadas oficialmente todas las medidas.

Los países vecinos, por su parte, ya ven con malos ojos que se “devuelva” a los exiliados que han atravesado su territorio camino de Alemania. Nada más anunciarse esta medida el lunes, el ministro austriaco del Interior, Gerhard Karner, advirtió de que su país no acogería a ningún migrante devuelto por Alemania en la frontera. “No hay margen de maniobra”, declaró, citado por el diario Bild.

El martes, el primer ministro polaco Donald Tusk calificó de “inaceptable” la decisión del gobierno de Olaf Scholz y dijo que en las próximas horas hablaría con “los demás países afectados para ponerse de acuerdo urgentemente sobre una reacción en el seno de la UE, con todos los vecinos del Estado alemán”. Tusk también pidió que se “vigilen y aseguren” las fronteras exteriores de la UE, explicando que eso era lo que “necesitaba Polonia”.

El giro de Alemania en materia de inmigración ha sorprendido a muchos. Con más de dos millones de personas admitidas desde 2015 (por no hablar de los ucranianos, que suman más de un millón de refugiados), el país sigue ahora una pauta de repliegue, impulsada por la extrema derecha europea, estableciendo un vínculo directo entre seguridad e inmigración y criminalizando a los exiliados que, en la inmensa mayoría de los casos, quieren encontrar refugio en Alemania y rehacer sus vidas tras sufrir la guerra o la pobreza.

Nancy Faeser ya se ha jactado de haber podido rechazar a cerca de 30.000 migrantes desde octubre de 2023, gracias sobre todo al refuerzo de los controles en sus fronteras con Polonia, República Checa, Suiza y Austria. Peor aún, el pasado agosto Alemania también reanudó las expulsiones de ciudadanos afganos, tres años después de que los talibanes tomaran el poder.

En tal contexto, es una primicia destinada a responder a ciertos ataques y crímenes que implican a exiliados, como el ataque con cuchillo perpetrado la noche del 23 al 24 de agosto en Solingen por un sirio sobre el que pesaba una orden de expulsión, o el de Mannheim, perpetrado por un joven afgano, el pasado mes de mayo.

“Se trata de ciudadanos afganos, todos ellos condenados por la justicia y sin derecho a permanecer en Alemania, sobre los que pesan órdenes de expulsión”, explicó el portavoz del Gobierno, Steffen Hebestreit, en un comunicado.

Explicó que había pedido apoyo a “socios regionales clave”, sin especificar cuáles, para facilitar esas deportaciones a Afganistán, donde muchos hombres y mujeres están arriesgando sus vidas. Han sido deportados veintiocho refugiados afganos.

Traducción de Miguel López

Un total de 100.137 personas han solicitado asilo en España entre enero y julio de este año, según ha señalado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y recoge Europa Press. Asimismo, la ONG ha indicado que la mayoría de los solicitantes son procedentes de Venezuela (37,8%) y Colombia (25,8%), Perú (6,7%), Malí (6,3%) y Senegal (4,9%). En cuanto a su perfil, el 57,1% han sido hombres y el 42,9% mujeres.

Igualmente, ha añadido que solo una de cada diez solicitudes consigue protección y que casi cinco de cada diez son denegadas, más de la mitad (53,6%) a personas de Colombia. En concreto, han sido denegadas el 47%, 13% favorables y el 40% por razones humanitarias.

"Aunque los conflictos han aumentado y tienen mayor intensidad en todo el mundo, las personas que huyen de sus hogares por la situación que viven en sus países de origen siguen afrontando enormes dificultades para conseguir refugio", destaca CEAR en un mensaje recogido por Europa Press en la red social X.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de establecer vías legales "para evitar muertes en las rutas y replicar buenas prácticas para todas las nacionalidades, como los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que permiten agilizar las solicitudes de asilo ya en el territorio".