El Gobierno exige el cumplimiento de la acogida de menores y no teme un freno judicial
El Gobierno exige que las comunidades autónomas cumplan con la reubicación de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla y no teme que prosperen los recursos del PP y de Castilla-La Mancha que pretenden frenar esta medida en los tribunales, según informa EFE.
El cruce de declaraciones ha continuado este miércoles, cuando se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el último decreto aprobado para poner en marcha el reubicación obligatoria de estos menores por todo el país, que fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad y entra en vigor el jueves.
La meta es derivar a alrededor de tres mil menores y también a los que lleguen a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de septiembre. Al margen de este proceso, el Gobierno está comenzando a asumir la atención de otro millar de menores solicitantes de asilo, tal y como le ordenó el Tribunal Supremo.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han advertido de que las comunidades autónomas están obligadas a cumplir con la ley que regula esta derivación y que de no hacerlo habrá consecuencias legales y tendrán que actuar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
"No me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse a acoger en sus territorios y aceptar la tutela", ha asegurado Torres en Televisión Española, donde ha explicado que si alguna lo hiciese, "lógicamente tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación".
Ambos ministros han defendido que los parámetros no dan ventajas a ninguna comunidad y son objetivos y transparentes: pueden pedir el traslado de menores las autonomías que tripliquen el ratio de acogida de 32,6 menores por cada cien mil habitantes y se aplicarán además parámetros como el esfuerzo previo, la renta, la insularidad o la situación fronteriza.
Ni el Gobierno ni Canarias ven recorrido a los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo por parte de once autonomías, dos de las cuales pedirán la suspensión cautelar de este sistema.
Al respecto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha argumentado que tanto el Supremo como el Constitucional han abogado por anteponer la protección de los menores y que además el tribunal de garantías señaló que la cuestión de los menores era una "competencia concurrente de comunidades y Gobierno de España".
Canarias pide humanidad
Canarias, que triplica el ratio de migrantes que debería acoger, ha pedido humanidad al resto de comunidades autónomas, con el argumento de que acoger a 4.000 menores no puede ser un problema en un país con 49 millones de habitantes.
Clavijo ha denunciado además xenofobia y fascismo: "Hay que aprender a gestionar la cuestión migratoria con dignidad y no utilizarla como una herramienta para la política xenófoba y fascista que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de piel. Hemos gestionado la llegada de cientos de miles de ucranianos sin esta contestación por parte del populismo de derechas xenófobo y fascista que estamos viendo".
Por su parte, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha firmado este miércoles la petición al Ministerio de Infancia y Adolescencia para que declare la contingencia migratoria en Canarias, el último paso legal para activar los traslados de los menores migrantes no acompañados a otras autonomías y aliviar la presión en los territorios de primera acogida.
La contingencia migratoria es una figura recogida en el nuevo decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que, según ha afirmado la consejera autonómica, con esta medida se hacen efectivos los procedimientos necesarios para poner en marcha los traslados entre comunidades e insiste en la necesidad de que el Estado acelere sus ritmos de trabajo para dar cumplimiento a la Ley.
La titular de Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno regional precisa además en un comunicado que, a partir de la declaración de contingencia migratoria, los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas deberán ser enviados a otras comunidades autónomas en un plazo de quince días.
También ha agregado que los que se encuentran ya en Canarias y superen la cifra asignada deberán ser enviados a otras autonomías antes de mitad de marzo de 2026, que es la fecha señalada en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
En cuanto a los medios necesarios para ejecutar estos inminentes traslados, señala Delgado que "llevamos mucho tiempo trabajando con el Gobierno de España para poner en marcha la distribución de los menores extranjeros no acompañados e imagino que están esforzándose para cumplir con la ley y contar con las infraestructuras necesarias”.
“En Canarias estamos adoptando medidas extraordinarias, que se traducen en la contratación de personal de refuerzo para resolver lo antes posible los expedientes necesarios para proceder, lo antes posible, al traslado de estos menores”, concluye Candelaria Delgado.
Quejas de varias comunidades del PP y de Castilla-La Mancha
Entre tanto, continúan las quejas de otras autonomías. Denuncian imposición y falta de diálogo, mientras que el Gobierno recuerda su plantón en la Conferencia Sectorial de Infancia, de cara a abordar una regulación que, ante la ausencia de acuerdo, permitía al Ejecutivo fijar los parámetros.
Este miércoles, Andalucía ha vuelto a denunciar un trato de favor al País Vasco, que el Gobierno niega, y ha reclamado de nuevo que se le aplique el criterio de frontera, que actualmente solo se aplica a Ceuta y Melilla.
Castilla-La Mancha, gestionada por el PSOE, ha defendido que es imposible la acogida sin financiación estatal suficiente, mientras que La Rioja ha pedido el dato concreto de cuántos menores debe acoger.
Además, la presidenta balear, la popular Marga Prohens, ha calificado de "amenaza y matonismo" la advertencia de Torres de que si se incumple la ley actuarán las fuerzas de seguridad del Estado. "¿Me enviarán a qué a las fuerzas de seguridad?", ha cuestionado.
Por el momento, los datos de futuras derivaciones que se conocen son provisionales y se deben recalcular a la baja, restando al millar de solicitantes de asilo que atenderá el Estado.
Sin esa resta, Andalucía (677 jóvenes), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571) son las comunidades que más menores deben recibir. En la lista seguían Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156) Asturias (144) Región de Murcia (133) Navarra (188) e Islas Baleares (49).
Por el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque la Generalitat catalana anunció su intención de atender como mínimo a 31.
Canarias pide la declaración de contingencia migratoria para activar traslados de menores
La consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha firmado este miércoles la petición al Ministerio de Infancia y Adolescencia para que declare la contingencia migratoria en Canarias, el último paso legal para activar los traslados de los menores migrantes no acompañados a otras autonomías y aliviar la presión en los territorios de primera acogida.
La contingencia migratoria es una figura recogida en el nuevo decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros y que, según ha afirmado la consejera autonómica, con esta medida se hacen efectivos los procedimientos necesarios para poner en marcha los traslados entre comunidades e insiste en la necesidad de que el Estado acelere sus ritmos de trabajo para dar cumplimiento a la Ley.
La titular de Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno regional precisa además en un comunicado que, a partir de la declaración de contingencia migratoria, los menores migrantes no acompañados que lleguen a las islas deberán ser enviados a otras comunidades autónomas en un plazo de quince días.
También ha agregado que los que se encuentran ya en Canarias y superen la cifra asignada deberán ser enviados a otras autonomías antes de mitad de marzo de 2026, que es la fecha señalada en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
En cuanto a los medios necesarios para ejecutar estos inminentes traslados, señala Delgado que "llevamos mucho tiempo trabajando con el Gobierno de España para poner en marcha la distribución de los menores extranjeros no acompañados e imagino que están esforzándose para cumplir con la ley y contar con las infraestructuras necesarias”.
“En Canarias estamos adoptando medidas extraordinarias, que se traducen en la contratación de personal de refuerzo para resolver lo antes posible los expedientes necesarios para proceder, lo antes posible, al traslado de estos menores”, concluye Candelaria Delgado.
Ceuta pedirá la declaración de contingencia migratoria para el reparto de menores
La ciudad autónoma de Ceuta ha comenzado a preparar la documentación para elevar al Gobierno la solicitud formal de declaración de contingencia migratoria extraordinaria, al igual que ha hecho Canarias.
Según ha informado el Ejecutivo ceutí, la petición se fundamenta en que la ciudad supera en un 629% la capacidad de acogida que le corresponde en virtud de la nueva normativa. El Real Decreto fija que Ceuta debería acoger a 27 menores, mientras que en la actualidad tutela y atiende a más de 510 niños y adolescentes llegados de manera irregular.
La administración local ha adelantado que reclamará al Gobierno central la “máxima celeridad” en la aplicación de la “ley en vigor” para garantizar que a partir de ahora los menores puedan ser redistribuidos de forma equitativa entre las comunidades autónomas, aliviando así la presión que soporta Ceuta desde hace años.
La intención del Ejecutivo presidido por Juan Vivas es tener toda la documentación lista este jueves, coincidiendo con la entrada en vigor del real decreto, para que la solicitud formal pueda ser remitida de inmediato al Gobierno. La declaración de contingencia migratoria extraordinaria permitiría a la ciudad activar mecanismos de apoyo y agilizar la derivación de los menores.
El Ejecutivo de Ceuta ha insistido en que la situación que atraviesa es insostenible, tanto por la saturación de sus recursos de acogida como por las dificultades para atender adecuadamente a los menores y con esta petición, confía en que la normativa aprobada sirva para dar una respuesta eficaz a una problemática que ha venido denunciando de manera reiterada.
Baleares estudia pedir al Gobierno la declaración de contingencia migratoria
La Abogacía de las Islas Baleares estudia la fórmula para solicitar al Gobierno la declaración de contingencia migratoria con el propósito de no recibir a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla, y centrarse así en la atención de los cerca de 700 que tiene a día de hoy.
La intención del Govern es presentar esta declaración porque los 'consells insulars', competentes en la atención de menores, soportan una sobreocupación de un 1.000%.
Según el decreto del Gobierno, para poder pedir la contingencia migratoria, la comunidad debe triplicar su capacidad de acogida, que en el caso de Baleares es de 406 menores, según estableció el Ministerio de Juventud e Infancia el pasado 31 de marzo para regular las condiciones del reparto. A Baleares le correspondería acoger a 49 de estos niños, según el decreto.
Fuentes del Ejecutivo autonómico han insistido a EFE que Baleares continuará cuidando de los menores migrantes no acompañados que han llegado en patera a las islas, cuya cifra se incrementa semana tras semana, pero que no cuenta con medios materiales y humanos para ocuparse de los de otras comunidades.
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En lo que va de año han llegado de forma irregular a las Islas Baleares 4.819 migrantes (mayores y menores de edad), mientras que la cifra total de 2024 fue de 5.882 migrantes.
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha afirmado este miércoles que las islas no se encuentran en situación de contingencia migratoria, como ocurre en Canarias y Ceuta, aunque ha considerado que podrían estarlo en el futuro y que dicha categoría podría ser solicitada por el Govern al Estado.
Rodríguez ha señalado que el Ejecutivo balear, con su intención de pedir la contingencia migratoria, plantea soluciones “pensando solo en las Islas Baleares” y no en la dimensión de un problema que debe abordarse a nivel estatal, con una respuesta “coordinada, sensible, digna y humanitaria como país”.
